ARTÍCULOS

"No hay como la palabra escrita para defender lo que uno hace": Usos de la producción documental en la gestión cotidiana de la niñez en el municipio de La Matanza

 

Agustín Barna

Agustín Barna. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Puán 420 (C1406CQJ). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-mail: learco@gmail.com

Recibido 13 de junio 2012.
Aceptado 26 de enero 2013

 

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RESUMEN

Este escrito indaga en torno a las variadas dinámicas que se despliegan alrededor de los documentos producidos diariamente por agentes estales, en dispositivos de intervención sobre niños "con derechos vulnerados", de un municipio del conurbano bonaerense. Cotidianamente se escriben, entre otros, diversos diagnósticos, variadas actas y múltiples informes. En buena parte de la literatura de las ciencias sociales suele interpretarse estos documentos como tecnologías para hacer legibles y cartografiables a las poblaciones, en el marco de formas contemporáneas de gobierno. Sin embargo, consideramos que interpretarlas exclusivamente como tecnologías de control social puede llevar a sobresimplificar las mediaciones que operan en los procesos cotidianos de gestión estatal de la niñez. Así, al focalizar en la dimensión más interaccional de la política de niñez, la producción documental también da cuenta de prácticas y sentidos de los agentes que operan en los márgenes del Estado, en la intersección entre los imperativos morales del enfoque de derechos y las prácticas de intervención cotidianas en contextos de desigualdad social. El propósito del siguiente artículo es analizar, desde el registro etnográfico, los múltiples usos no formalizados ni visibilizados de los documentos, entendiéndolos como una singular productividad, que se construye diariamente en ámbitos de gestión estatal de la niñez.

Palabras clave: Derechos del niño; Gestión de la niñez; Producción documental; Etnografía del Estado.

ABSTRACT

"There's nothing like the written word to defend what you do". Yses of the production of documents in the everyday management of childhood in La Matanza county. This paper explores the various dynamics that unfold around the documents produced daily by state agents, amid interventional devices, over children "with violated rights" in a township in the suburban area of Buenos Aires. Various records, several diagnoses and multiple reports are routinely written, among others. These documents can be interpreted as technologies to make children and their families legible and mappable, in the context of contemporary forms on the government of populations. However, we believe the exclusive focus on these technologies of social control can lead to oversimplifying the mediations which take place in the daily processes of childhood management operated by the state. In focusing on the interactional dimension of the policy on children, we can glimpse how the document production also reveals practices and meanings of state agents operating at the margins of the state, at the intersection between the moral imperatives of human rights focus and the everyday intervention practices in contexts of social inequality. The purpose of this article is to analyze, from an ethnographic perspective, the multiple -neither formalized nor visible- uses of the documents, understanding them as a unique productivity, which is built up daily in state branches intended for children management.

Keywords: Management of childhood; Children right´s; Production of documents; Ethnography oh the state.

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INTRODUCCIÓN

El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños es un complejo dispositivo institucional formalmente inaugurado en La Matanza¹ a principios del año 2007, a través de un convenio entre el municipio y la provincia de Buenos Aires, según lo estipulado en la Ley "De la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños"². Es, como marca la ley, el encargado de la gestión estatal de la niñez a nivel local y territorial.
Además de los espacios centralizados de dirección y coordinación, cuenta con un área de atención de casos, con tres sedes distribuidas en distintos puntos del extenso territorio del partido, encargadas de recibir demandas sobre "niños y niñas con derechos vulnerados" y de "articular", con otras dependencias, estatales y no estatales, mecanismos para revertirlas. Cuenta además con un área programática, conformada por una serie de programas y proyectos, entre los que se destacan un programa para niños y jóvenes infractores de la ley penal declarados no punibles por su edad, y un proyecto orientado al trabajo con chicos en situación de calle. Durante el año 2009 realicé trabajo de campo en dos de las iniciativas que conforman el área programática, mientras que en 2010 focalicé en una de las sedes de atención de casos, además de visitar asiduamente la unidad de coordinación y las reuniones del consejo local³ durante ambos años.
Una de las cosas que llamó poderosamente mi atención a lo largo del trabajo etnográfico en los distintos ámbitos del servicio local, y que será foco del presente trabajo, fue lo que percibí como una vasta producción documental. Cotidianamente se escriben, entre otros, diagnósticos sobre avances o retrocesos en los "casos"⁴; actas que operan como contratos semiformales donde se plasman acuerdos sobre "estrategias" con familiares, referentes o instituciones que intervienen en el entorno de vida próximo de los niños; e informes sobre niños, sus familias o ámbitos de internación (hogares y comunidades terapéuticas). Cada uno de estos documentos se adjunta a la carpeta de un "caso": legajos individuales de cada niño intervenido y, con el correr de los años y las intervenciones, pueden transformarse en enormes mamotretos difíciles de abordar e incluso de manipular. Con el paso del tiempo comencé a observar un mundo de prácticas y sentidos que giraban en torno a estos documentos y que trascendían, aunque incluían, los usos formales y normativos recientemente enumerados. Al agudizar la mirada en esta dimensión, comencé a percibir algo similar a lo que Veena Das y Deborah Poole graficaron al decir que "los mismos documentos a través de los cuales se busca fijar la identidad adquieren un diferente tipo de vida" (Das y Poole 2008: 39). Por detrás de los documentos pude comenzar a entrever relaciones, tensiones, disputas que, por algún motivo, se condensaban en ellos.
A lo largo de este escrito pretendo dar cuenta de cómo la producción documental estatal ha sido abordada por distintos estudios en las ciencias sociales, con aportes que van desde el rol funcional que asumió en la conformación del Estado moderno (Goody 1990; Weber 1996) hasta estudios que, enfatizando el lugar de lo biopolítico y el saber-poder, han permitido identificar relaciones de poder y dispositivos de control sobre las poblaciones (Scott 1998; Foucault 2006). Recientes trabajos también han alertado sobre la necesidad de dar cuenta de los procesos de apropiación que realizan sectores subalternos, que no reciben pasivamente el accionar de estos dispositivos (Gordillo 2006; Das y Poole 2008). Sin embargo, como intentaré desarrollar posteriormente, el registro etnográfico me permitió explorar singulares formas en que la producción documental se relaciona con las prácticas y sentidos de quienes median cotidianamente en las políticas estatales de gestión de la niñez.

LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL Y LO ESTATAL

El proceso histórico de conformación del Estado moderno, cuya culminación idealizada la representan las democracias occidentales, se encuentra ligado indisolublemente al desarrollo de una tecnología particular: la escritura. Jack Goody reconstruye el proceso histórico de conformación de los Estados modernos argumentando que sin la escritura hubiese sido imposible la constitución del estado burocrático, en la medida en que permitió desarrollar o agilizar la comunicación a distancia, la conformación de archivos y la despersonalización de las interacciones (Goody 1990). En términos de Weber, el expediente es uno de los enclaves del aparato burocrático en la denominada etapa legal-racional. Al describir las categorías fundamentales de la dominación legal afirma que "rige el principio administrativo de atenerse al expediente, aún allí donde las declaraciones orales sean de hecho la regla o estén hasta prescritas; por lo menos se fijan por escrito los considerandos, propuestas y decisiones, así como las disposiciones y ordenanzas de toda clase" (Weber 1996). En ese proceso de conformación de los Estados modernos, la escritura tuvo impactos significativos, tanto sociales como culturales, que dieron lugar al surgimiento de elites administrativas cada vez más desarrolladas y autónomas e incidieron en los modos de narrar, enumerar y sistematizar el mundo, siempre propenso a presentársenos caótico e inaprehensible.
Para el abordaje de corte etnográfico que se propone en este trabajo, es importante recuperar una serie de producciones que permitieron poner en tensión las ideas que conciben al Estado como un objeto a priori conceptual y/o empíricamente dado, y lo abordan como un ente discreto guiado por una lógica racional. A los fines de aportar a una perspectiva del Estado que dé cuenta de su heterogeneidad y de la importancia de las prácticas y rutinas cotidianas para su consolidación y nos permita así trascender las perspectivas institucionalistas y la impronta weberiana de racionalidad burocrática, retomamos aportes de diversos autores que comenzaron a conceptualizarlo en sus formas culturales y políticas más amplias y cotidianas (Sharma y Gupta 2006; Corrigan y Sayer 2007; Lagos y Calla 2007, entre otros). El trabajo de Corrigan y Sayer (2007: 45), por ejemplo, permite destacar la importancia de las actividades, rutinas y rituales cotidianos para percibir las formas de un Estado que nunca deja de hablar, mientras que los aportes de Sharma y Gupta (2006: 11) resultan claves para comprender que aquello que el Estado significa para las personas, ya sean trabajadores del Estado o clientes de este, se encuentra profundamente modelado por medio de las rutinas y procedimientos cotidianos de las burocracias.
Complementariamente, la propuesta de Michel- Rolph Trouillot invita a pensar un Estado permeable a la indagación etnográfica, entendido como un campo abierto con múltiples fronteras y sin fijación institucional. Plantea que "aunque unido a un número de aparatos, no todos ellos gubernamentales, el estado no es un aparato sino un conjunto de procesos" y que "su materialidad reside mucho menos en las instituciones que en el discurrir de los procesos y relaciones de poder" (Trouillot 2001: 127).
Perspectivas como estas permiten interpretar las prácticas cotidianas que corren por fuera de lo esperado en términos de racionalidad burocrática, no como desviaciones de un desarrollo ideal del Estado, sino como constitutivas a él y generadoras de una singular productividad estatal.
Volviendo al análisis de la relación entre el Estado y los documentos, encontramos que, hacia fines del siglo XX, un importante número de autores comenzaron a interpretar la producción documental estatal como particulares tecnologías de saber-poder. Entre ellos, una referencia ineludible la representa James Scott (1998), quien ha propuesto que, a través de la producción de una amplia variedad de documentos, el Estado hace legibles y cartografiables tanto a individuos como a colectivos, facilitando así tareas de control y vigilancia, pero también las acciones de provisión y asistencia. Estos mecanismos de legibilidad operan como una tecnología de saber-poder para el gobierno de la población (Ferguson y Gupta 2002; Foucault 2006), con acciones que van desde cuadricular ciudades, imponer apellidos, numerar documentos de identidad personales, realizar encuestas y censos, hasta codificar características biológicas aparentemente invisibles, como las huellas digitales o el ADN (Scott 1998; Torpey 2000; Appadurai 2001; Caplan y Torpey 2001; Troulliot 2001). Los diversos documentos que se producen cotidianamente en el Servicio Local de Protección de Derechos de La Matanza bien pueden interpretarse como dispositivos que permiten hacer legibles a los niños y familias objeto de la intervención estatal; aunque, como desarrollaré a continuación, entiendo que el análisis no debe detenerse exclusivamente allí.
El énfasis en interpretar la producción documental estatal como prácticas cartográficas y clasificatorias sobre poblaciones permitió trascender perspectivas weberianas que conciben a la producción documental exclusivamente como herramienta funcional indispensable para el eficiente devenir de la racionalidad burocrática. No obstante, parte de estos planteos que destacan los efectos de vigilancia y control inherentes a las prácticas estatales de legibilidad poblacional tienden a un mirar que podríamos denominar desde arriba, centrado en la producción de los efectos estatales sobre las poblaciones objetivo. En su preocupación por revalorizar la perspectiva del sujeto, encontrar racionalidad allí donde las visiones hegemónicas ven sólo caos subalterno y desnaturalizar las construcciones de sentido común dominante, la etnografía ha planteado sugestivamente la necesidad de visibilizar procesos que revierten o complejizan esta perspectiva en la que prima la unidireccionalidad vertical. Sin negar los dispositivos y mecanismos de legibilidad, el abordaje etnográfico permite comenzar a preguntarse cómo se viven y visualizan estas cuestiones mirando desde abajo (Gordillo 2006; Sharma y Gupta 2006; Das y Poole 2008).
El antropólogo argentino Gastón Gordillo, por ejemplo, no niega que el Estado se nutre de esa proliferación documental a los fines de perfeccionar sus dispositivos de control y vigilancia sobre poblaciones indígenas. Sin embargo, como lo demuestra en su trabajo sobre la resignificación de los documentos de identidad que realizan tobas del Chaco argentino, sugiere que este proceso también puede incrementar el poder relativo de sectores subalternos (Gordillo 2006). En una línea similar, Veena Das y Deborah Poole, en su trabajo sobre los márgenes del Estado, reconocen la importancia de los estudios que dan cuenta de las prácticas clasificatorias y cartográficas del estado, ya que destacan la relación de saber-poder en los nuevos modelos de gobierno que surgen con la construcción de la idea de población. Sin embargo, al focalizar en los sitios en los cuales las propuestas y legislaciones estatales son interpeladas, colonizadas por otras formas de regulación, apropiación e intervención, declaran que su interés no es tanto cómo el Estado hace legibles a las poblaciones a través de la producción documental. Pretenden destacar, más bien, cómo los mismos documentos a través de los cuales se busca fijar la identidad adquieren un diferente tipo de vida cuando tanto los funcionarios como los ciudadanos ordinarios los manipulan para diferentes fines (Das y Poole 2008: 39).
Encuentro estos aportes particularmente significativos, debido a que retoman la noción de legibilidad asociada a la producción documental del Estado, pero buscan revertir la mirada. Así, no focalizan exclusivamente en los efectos estatales sobre las poblaciones, sino que incorporan las novedosas prácticas y sentidos en torno a estos documentos que se despliegan en tensión con los procesos verticales de control y dan cuenta de singulares usos que sujetos, mayormente subalternos, les dan a estos papeles cargados de poder estatal.
Ahora bien, en diversos trabajos que se inspiran en la noción de márgenes del Estado (Das y Poole 2008), el reconocimiento de esos procesos de colonización se asocia a actores intersticiales que, por fuera del Estado y en interacción con él, no reciben pasivamente el accionar estatal sino que, de maneras creativas, disputan y se apropian de él (Farias 2009). Sin embargo, en el caso de mi investigación existe una importante diferencia. Me interesa visibilizar los procesos no planificados ni racionalizados que se despliegan al incorporar una perspectiva desde abajo pero, a diferencia de otros autores, no focalizo en las apropiaciones que realizan sujetos intersticiales de las poblaciones, sino en aquellas que realizan los trabajadores encargados de la gestión estatal de la infancia. Busco entonces, no necesariamente dar cuenta de qué sucede desde la perspectiva de aquellos que son objeto de la política, sino visibilizar cómo, en los procesos de mediación en la gestión estatal de niñez, los propios efectores de la política otorgan nuevos sentidos a estos documentos mientras construyen su propio lugar como trabajadores y legitiman su accionar cotidiano.
De este modo, en este trabajo focalizo en los múltiples usos no formalizados ni visibilizados de los documentos, entendiéndolos como una singular productividad, que se construye diariamente en la gestión de la niñez en Matanza. A continuación, para reflexionar sobre estas cuestiones, me basaré en el análisis de dos situaciones registradas durante "reuniones de equipo" de uno de los programas, articulándolas con otras, en distintas áreas del Servicio Local, registradas a lo largo del trabajo de campo.

APUNTES DESDE EL REGISTRO ETNOGRÁFICO

Comencé mi trabajo de campo en el área programática, en un principio por el lapso aproximado de un trimestre. Sin embargo, tanto la cordialidad y predisposición al diálogo y a la reflexión de los trabajadores, como el acceso privilegiado a la "cocina" de la política pública de niñez, me invitaron a continuar el trabajo de campo en dicha área por todo el año 2009. Los programas están conformados por uno o dos coordinadores, un pequeño número de "técnicos" (psicólogos o trabajadores sociales) y personal administrativo, y la fuerza de trabajo mayoritaria está compuesta por "operadores".
Durante ese año frecuenté prioritariamente los espacios denominados reunión de equipo. Allí, los coordinadores informaban a los trabajadores sobre novedades o modificaciones en los programas, se discutían estrategias de intervención sobre las poblaciones objeto, los operadores exponían los avances con los "casos" y se debatían las formas más adecuadas de resolverlos. También han sido los espacios donde se han planteado reclamos o inquietudes respecto de cuestiones gremiales, laborales, de recursos, y también sobre conflictos con otras áreas institucionales o problemas de convivencia interna. Uno de los motivos centrales por los que amerita reconstruir las interacciones que se despliegan en las reuniones de equipo de los programas es que allí se negocian y definen tanto los formatos generales, como las modalidades particulares -caso por caso- de las intervenciones sobre los niños y sus familias, en su dimensión más cotidiana y molecular. Asimismo, como intentaré demostrar a continuación, resulta un espacio privilegiado para dar cuenta de los sentidos que los trabajadores atribuyen a cuestiones tan diversas como el rol del Estado, las prácticas cotidianas de intervención, su propio lugar en el aparato estatal, los niños, las familias y la pobreza, entre otras.

I) Identidades profesionales, saberes en disputa y estrategias de legitimación: "El informe dice lo que vos sabés del tema. Es tu práctica conceptualizada"
En una fría y soleada mañana de agosto de 2009 me encuentro en una reunión de equipo de un programa del área programática⁵. Esta reunión es particular y se diferencia de otras, porque se encuentran presentes dos técnicos del Servicio Zonal⁶, que vienen a realizar actividades de supervisión. Ambos visitantes son conocidos de algunos integrantes del programa, no sólo por la relación profesional, sino también por compartir con ellos otros espacios no estatales de participación y militancia vinculada a la problemática de niñez de sectores subalternos en la región.
El encuentro se desarrolla en un ambiente que me sorprende por la cordialidad, confianza y afinidad política. Paulo, el coordinador del programa, les comenta a los visitantes la conformación actual del equipo de trabajo, haciendo énfasis en la escasez de recursos humanos para abordar la complejidad de la problemática que deben enfrentar. Luego de un rato, la charla comienza a girar en torno a las dificultades que encuentran los operadores del programa en el desarrollo de sus tareas cotidianas. Como en otras reuniones de equipo en las que participé, una problemática habitual que presenta el coordinador es la excesiva demanda sobre los operadores del programa desde otros ámbitos del Servicio Local para que realicen "visitas" a casas o instituciones donde viven niños que están siendo intervenidos por técnicos de esos ámbitos, en particular en situaciones que son vivenciadas como complejas, problemáticas o de difícil acceso. Poco a poco la charla va orientándose a lo que será el tópico de reflexión central de la jornada: "El rol del operador". Con base en percepciones compartidas de dificultades o limitaciones (escasez de recursos, falta de personal, dificultad para legitimar la especificidad de las tareas y metodologías de intervención, poca visibilidad de sus prácticas, entre otras) se comienzan a discutir algunos casos concretos.
Jaime, actualmente con tareas técnicas en el Servicio Zonal pero que cuenta con una larga tradición de trabajo como operador, luego de escuchar los planteos de los integrantes del programa, plantea:

[...] yo pensaba: ¿Cómo contrarrestar esta cuestión de que se los llame [a los operadores] para hacer esto o aquello, o cuando hay una urgencia, como si el operador solo interviene en las situaciones de urgencia? Porque puede entender o tener una acción desde la praxis, que por ahí el profesional no puede hacerlo, o va con la teoría el profesional y después no tenés una mediación. La mediación es el operador que tiene esa visión de la realidad o esa experiencia que va hacia el lado correcto, que tiene que ver con la experiencia de los pibes, con un montón de cosas. ¿Cómo contrarrestar esto?: Con informes. No hay como la palabra escrita para defender lo que uno hace. Es lo que te defiende, lo que dice la estrategia es ésta, no importa si fracasa, pero las voluntades de todos están apuntadas a trabajar esta estrategia, con lo cual vos le ponés las pilas a esta estrategia, no te pueden estar llamando todo el tiempo 'no, mirá, yo bombero no soy'. Si te empiezan a utilizar para otras cuestiones tenés que poder mostrar: 'no, esto es lo que hacemos, este es nuestro trabajo, así lo hacemos', sino te rompen el equipo enseguida. Y está también esta cosa de que los planteos del operador no son legítimos porque no sos profesional, y esto juega todo el tiempo. ¿Quién lo dice? Ah, un operador, bueh [...] Ahora, ¿Quién es el que sabe de la problemática? Y la respuesta la tienen ustedes.

Paulo, el coordinador, de aproximadamente 40 años de edad, que cuenta con experiencia como operador en el programa y con una vasta trayectoria de militancia sociorreligiosa, contesta en voz muy baja, como al pasar, que alcanzo a escuchar porque lo tengo al lado: "En la práctica sí... pero ¿quién lo reconoce?". Jaime, que parece no haber escuchado la intervención de Paulo, retoma su idea:

Los que saben de la problemática de los chicos son ustedes... entonces es eso, conceptualizar, sistematizar, hacer el informe, profundizar respecto de lo que se conoce y se construye como un saber y ustedes lo construyen como un saber, porque ustedes van construyendo un lenguaje respecto de eso. Eso es el fundamento de la intervención. El informe dice lo que vos sabes del tema, tu especificidad en la problemática que no la tiene nadie, no la tiene el psicólogo, no la tiene el antropólogo, no la tiene nadie. Es tu práctica conceptualizada. Entonces hacer la teoría que deviene de la práctica.... Está bueno que eso pase, trabajar eso en el equipo, porque si no, no tenés dónde agarrarte.

Paulo, que en más de una oportunidad me ha comentado que su nuevo rol de coordinador le genera alguna incomodidad ya que se siente muy identificado aún con el rol del operador, ahora sí, levanta la voz en un tono que todos escuchamos claramente y afirma:

Sí, pero vos fijate, la valorización concreta del rol del operador... es muy difícil. Por un lado es un avance, que gente común como nosotros, bien de abajo, pueda tener participación en la niñez, porque durante muchos años esa tarea la podían hacer sólo los profesionales, nadie más. Ahora de ahí en más... el conocimiento del técnico o profesional tiene un precio, el del operador no, porque es un conocimiento vivencial, porque no está legalizado (Fragmentos de lo discutido en reunión de equipo del programa del 10 de agosto de 2009).

En la actualidad, los dispositivos estatales locales de gestión de la niñez en la Matanza se estructuran con base en dos grandes categorías de trabajadores: los técnicos o profesionales y los operadores. En las normativas de protección de derechos de niño, mientras se enfatiza el rol de los profesionales en la conformación de los servicios locales, no se define el lugar de los operadores⁷. Sin embargo, en el Servicio Local de La Matanza, los operadores tienen presencia desde sus inicios.
Una disertación institucional sobre el Servicio Local en Matanza, realizada en un congreso de ciencias sociales en el año 2009, nos permite entrever ciertas visiones institucionales sobre los técnicos y operadores. Allí, un integrante del Equipo de Coordinación presentaba, mediante una serie de filminas, los avances en la institucionalización del servicio, las problemáticas más recurrentes y la composición de los equipos de trabajo. Al referirse a los profesionales afirmaba: "el SLPPD [Servicio Local] cuenta con profesionales de diversas trayectorias profesionales y académicas, ya que desde todas las perspectivas de las ciencias sociales es desde donde se logra abordar las complejidades crecientes de la sociedad". Mientras que al referirse a los operadores sostenía: "Se apuesta al reconocimiento de los operadores comunitarios como eje central de la intervención en el terreno; que se relacionan con la estrategia diseñada a largo plazo, que tiene que ver con el reconocimiento de las especificidades locales y la revalorización de las acciones en conjunto con la comunidad"⁸.
Mientras los primeros son presentados como aquellos que portan el saber legítimo y necesario para intervenir sobre la complejidad social, los segundos se restringen a alcanzar una capilaridad que permitiría tanto un conocimiento local pormenorizado, como la posibilidad de "tener más llegada" en la comunidad. Estos últimos elementos cobran singular valor en el contexto de las configuraciones actuales de las políticas de niñez que, en el marco del denominado enfoque de derechos, enfatizan tanto lo territorial⁹ como lo comunitario¹⁰.
Sin embargo, a lo largo de mi trabajo de campo se evidenció, en la cotidianidad institucional, la circulación de una multiplicidad de sentidos en torno a la constitución de determinadas identidades profesionales que disputan, entre otras cosas, roles, responsabilidades, competencias y saberes. Así, se puede percibir a las figuras simbolizadas de operadores y técnicos¹¹ encarnando un par en tensión, como dos imágenes identitarias que pendulan entre la militancia y el saber profesional como recursos legitimadores de saberes contrapuestos. En las diversas situaciones que presencié durante mi trabajo de campo, pude observar cómo los operadores suelen definir su pertenencia en oposición a la figura (reificada) del técnico, y construir su legitimidad apelando a un saber experiencial y a un compromiso con las problemáticas de niñez que precede y trasciende su relación laboral estatal. Suelen enmarcarlo en una trayectoria más amplia de trabajo en territorio con niños y jóvenes, que usualmente se relaciona con organizaciones sociales o sociorreligiosas de base, en muchos casos en los mismos barrios donde ellos han crecido o viven actualmente. Es habitual que tanto los propios operadores -aunque no exclusivamente ellos- se asocien a sentidos vinculados a lo barrial y territorial y en particular al "embarrarse" como oposición al "escritorio", asociado despectivamente al universo técnico. Aunque son conceptualizados como intermediarios o traductores entre "el Estado y sus 'poblaciones objetivo'" -de hecho, suelen ser seleccionados por provenir de barrios populares-, no siempre aceptan restringirse a esta definición y disputan las posibilidades de construir sentidos en torno a temáticas tan diversas como: derechos, niñez, familia, conductas esperables y desviadas, e incluso, las propias prácticas de intervención estatal sobre la niñez. Los técnicos/profesionales, por otro lado, tienden a construir su legitimidad en la tarea de gestión cotidiana, alrededor de la posesión de un saber profesional y de un expertise técnico, elementos tradicionalmente valorados en los ámbitos de la política social.
Un operador del programa, cuya reunión de equipo reconstruimos al inicio de este apartado, reflexiona sobre esto en una entrevista informal:

El Servicio no cuenta con muchos operadores territoriales, comunitarios, barriales. Y los técnicos no bajan mucho al territorio. Entonces, esto que te marca la nueva ley, el tema de que el chico pueda ser vinculado con la familia y con la comunidad queda un poco idealizado. Está bien, pero ¿quién hace este laburo?; y ¿cómo lo hacés? Te demanda mucho tiempo y esfuerzo, un laburo lento de mucho trabajo y recurso, y quizás no es tan mostrable políticamente. Nuestro trabajo como operadores apunta hacia ese lado, pero a veces no es fácil que se reconozca, que se valore. En eso tenemos que mejorar, encontrarle la vuelta (Extracto de entrevista informal realizada antes de la reunión de equipo del programa del 27 de julio de 2009).

En las interacciones con las poblaciones objeto de las políticas, es habitual que los operadores reivindiquen manejar un discurso más cercano a los niños y sus familias. En muchas situaciones, como consecuencia de esto, consideran que sus formas de abordaje e intervención resultan más apropiadas que las desplegadas por profesionales (en particular, aquellos con escasa experiencia) que, a juicio de algunos operadores, descansan excesivamente en un saber técnico en detrimento de un conocimiento profundo y vivencial de las experiencias de los chicos.
Ricardo es un operador del área de atención de casos, cercano a los 40 años de edad, proviene de un barrio humilde de La Matanza, está presente en el servicio desde sus inicios y cuenta con una trayectoria de militancia barrial con niños y jóvenes de más de una década. Es habitual que haga gala de sus modos informales, tanto en el trato con niños y sus familias, como en la interacción con sus pares y compañeros. En una ocasión retornábamos con Ricardo a la oficina del servicio tras una larga jornada en la que habíamos buscado, hablado y convencido de volver a un hogar a Jonathan, un chico de 11 años que contabilizaba tres escapes de hogares en esa misma semana. En el viaje de regreso recapitulábamos lo que había acontecido y él reflexionaba:

Viste que yo no hablo con palabras técnicas como las otras [se refiere a las trabajadoras sociales y psicólogas], hablo como se habla en el barrio. Trabajo con pibes así desde hace más de diez años y siempre me respetaron, de repente viene otro y lo deliran mal, pero conmigo no, yo me entiendo con los pibes. Cuando se les ponen a hablar las otras caretas, los pibes enseguida le sacan la ficha y le mandan 'no me sicologiés' (Extracto de registro de campo del 1º de julio del 2010).

Es importante destacar que estos sentidos que se asocian a las figuras simbolizadas de los operadores y técnicos, como cualquier universo de sentidos, no son fijos, ni se encarnan unívocamente en sujetos o ámbitos institucionales concretos, sino que mutan y son cotidianamente tensionados. He conocido técnicos que trabajan a la par de operadores y reivindican discursos similares, así como operadores tácitamente condenados por haberse "aburguesado" y haber perdido el compromiso que los caracterizaba. Sin embargo, que estas figuras simbolizadas no se encarnen necesariamente en personas concretas no quita que circulen cotidianamente y operen a modo de cierto sistema clasificatorio de prácticas y perspectivas institucionales.
Estas breves reflexiones quizás nos permitan iluminar la resignificación del informe en la reunión de equipo reconstruida a los inicios de este apartado. El informe, cuya función formalmente establecida es la de presentar las características de un "caso", la caracterización de un niño, su familia o cuidadores, su entorno, sus relaciones, la "problemática" que amerita la intervención estatal y las vicisitudes de esa intervención, convive con otros usos que emergen si hacemos foco, ya no en la letra de leyes y programas o en discursos públicos articulados, sino en las experiencias, percepciones y prácticas de los diversos trabajadores encargados de la cotidianidad de la intervención en dispositivos estatales de gestión de la niñez en La Matanza. La demanda explicitada en la reunión -de incrementar la propia producción documental del equipo- se enmarca en una necesidad de legitimar la tarea de los operadores de los programas, que vivencian su práctica laboral en una zona ambigua donde, por un lado, se sienten sobredemandados y, por otro, infravalorados. En esta situación emerge una disputa por posicionar y legitimar una determinada perspectiva, un tipo específico de saber y un determinado repertorio de prácticas que se condensan en las inquietudes con respecto al rol del operador.
En esta disputa, determinados efectores propios de las configuraciones actuales de la política de niñez -los operadores- parecen no contentarse con asumir pasivamente los roles asignados de maneras más o menos formalizadas, tanto por los ámbitos de diseño y planificación como por otras áreas del dispositivo local de gestión de la niñez y, desde su quehacer cotidiano, se apropian y resignifican la producción documental como una herramienta de legitimación de sus prácticas y saberes. Disputan, en resumen, su propio y distintivo lugar en la gestión estatal de la niñez de sectores subalternos. Si retomamos los aportes teóricos presentados en el apartado anterior y recordamos el énfasis que varios autores (Scott 1998; Appadurai 2001; Foucault 2006, entre otros) les otorgan a los documentos como tecnologías estatales orientadas a hacer legible la población, podremos rápidamente decodificar la producción de informes sobre niños y sus familias, mayoritariamente provenientes de sectores subalternos, en dicha clave. Sin embargo, a la luz de las recientes reflexiones emerge una situación paradojal. El flujo de legibilidad no parece ser unilineal, y hace legible, en un mismo movimiento, no sólo a las poblaciones destinatarias de la acción estatal, sino también a los trabajadores del Estado y, en este caso particular, al quehacer de los operadores. La producción de informes sobre la población objetivo y las estrategias de intervención por parte de los operadores no sólo "hablan" de los chicos y sus familias¹², también "hablan" de ellos mismos en un contexto en el que la legitimidad de la práctica de intervención está siempre bajo la lupa. En el mismo proceso en que -cual zoom- se hacen detalladamente legibles y cartografiables poblaciones de sectores subalternos, también se autolegibilizan y se legitiman las propias prácticas y saberes de estos trabajadores estatales.

II) Competencias ambiguas, responsabilidades difusas y sentimientos de fragilidad: "Hay que empezar a asentar todo en un registro, porque otras instituciones no hicieron lo que tenían que hacer y nosotros nos hacemos cargo de todo
" En una reunión de equipo como en muchas otras, los trabajadores del programa, sentados alrededor de una amplia mesa, mientras circulan dos mates, discuten en torno a un "caso". Javier, un operador muy joven, de unos 20 años, que empezó a trabajar a principios de este año, es el encargado de seguir a la familia en cuestión. Está visiblemente preocupado porque, según sus propias palabras, no le encuentra la vuelta a la situación. Recalca que la madre del chico es muy violenta, que él mismo vio como zamarreaba y gritaba constantemente a sus tres hijos. No lo tiene muy claro, pero le parece que ella ya tiene una denuncia por ese tema y además echaron dos veces al chico del colegio y hace tiempo que no está yendo a la escuela.
Paulo le pide que se tranquilice y que cuente más detalladamente cuál es el eje de la situación. Javier asiente y cuenta que primero la madre pidió que internaran a su hijo en un hogar escuela porque no lo podía controlar y el chico estaba de acuerdo. La madre le insistió a Javier durante una semana para que le consiguiera la escuela; luego, de manera inesperada, cambió radicalmente de parecer y a los gritos acusó públicamente a Javier y una compañera de querer encerrar a su hijo contra su voluntad. Rápidamente surge un debate colectivo, en el que los trabajadores del programa preguntan y opinan simultáneamente. Una de las dudas centrales es si efectivamente hubo una denuncia por violencia contra la madre presentada por la escuela a la que asistía el niño al Servicio Local ya que, de ser así, el área de atención de casos debería haber intervenido. La falta de conocimiento preciso sobre el accionar de otros actores institucionales como la escuela o el área de atención de casos, las cambiantes posiciones de la madre, las incertezas sobre la dimensión del maltrato y las limitaciones de los recursos disponibles para ofrecer alternativas a la familia, son algunos de los elementos que se entrecruzan y generan dudas a los operadores sobre los pasos más adecuados a seguir.
Karla, una experimentada operadora que, conjuntamente con Paulo, trabaja desde los orígenes del programa, se encontraba en otra habitación y se suma a la charla para intentar esclarecer el panorama: "Me parece que el Servicio¹³ al final no tuvo intervención, me parece que el director de la escuela hizo mención a que por otros chicos habían contactado al Servicio anteriormente y no había respondido, y entonces no denunciaban nada más. En este caso no fue derivado porque la institución, la escuela, no elevo el caso porque venían descontentos con el Servicio". Paulo, apelando a su experiencia y a su rol en tareas de coordinación propone:

De ahora en adelante en cada reunión que tengamos con cualquier persona o institución, hacemos un acta de lo que pasó en la reunión y de ser posible, la hacemos firmar. En este caso, dejamos asentado que el director de la escuela no sé cuánto no derivó al Servicio Local la problemática de la familia tal, por tal motivo y listo, firma de ustedes y de la autoridad con la que están hablando. Listo, y eso nos queda como registro de lo que pasó. Si no, estamos haciendo agua, no sabemos si la nota se elevó o no, si no, cargamos nosotros con toda la responsabilidad, con antecedentes de violencia, un padre que se fue. ¿Qué instituciones han intervenido con esta familia? No tenemos registro. Si las autoridades de la escuela les dicen que no derivaron cuando tendrían que haberlo hecho, eso tiene que estar asentado, porque la responsabilidad es compartida. No podemos cargar nosotros con toda la responsabilidad de algo que viene de hace mucho. No se hicieron las cosas como hay que hacerlas y nosotros nos desayunamos este quilombito. Hay que empezar a asentar todo en un registro, porque otras instituciones no hicieron lo que tenían que hacer y nosotros nos hacemos cargo de todo.

Y continua Paulo:

Con el tema de la madre que primero pidió internar al chico en una escuela hogar y después se dio vuelta acusando a Javier de querer encerrarlo, también tendríamos que haber hecho un registro y firmarlo por ella y nosotros, porque cuando están en caliente dicen una cosa y después cambian y quedamos pegados nosotros. Imaginate si hace una denuncia, no tenemos nada para cubrirnos (Fragmentos de lo discutido en reunión de equipo del programa del 13 de julio de 2009).

La situación etnográfica evocada permite identificar una serie de cuestiones problemáticas que interpelan a los procesos de gestión de la niñez en la intersección entre la propuesta institucional del enfoque de derechos y las prácticas de intervención cotidianas en contextos de desigualdad social. Las tensiones y negociaciones sobre quién recae la competencia y la responsabilidad última de intervención, así como sobre el accionar de las diversas instituciones intervinientes configuran problemáticas que atraviesan el quehacer cotidiano de los dispositivos de gestión estatal de la niñez.
Asimismo, la angustia que expresa Javier gira, en gran parte, en torno a la acusación de una madre de pretender encerrar a sus hijos, luego de que ella misma lo haya solicitado. Estos contextos de mutabilidad en los procesos de intervención sobre niños y sus familias representan un escenario habitual con el que deben lidiar los trabajadores en su accionar cotidiano. En muchas situaciones similares, tanto en interacciones con familias como con otras instituciones, ellos me han expresado las profundas dificultades y dilemas que esto les representa.
En el marco del enfoque y la retórica de los derechos del niño, rápidamente se constituyó un núcleo duro de sentidos que resuenan negativamente a los oídos de todos los actores involucrados en el campo y en general se asocian al paradigma preexistente, denominado tutelar o de patronato¹⁴. Encierro posiblemente encabece las listas de los términos más repudiados en el contexto actual (acompañado de cerca por otros como menor o institucionalización). Así, una acusación de pretender encerrar a un niño por la fuerza y sin su consentimiento ni el de su madre puede resultar particularmente nociva e hiriente, no sólo en el deber ser como trabajador estatal, inserto en un proyecto anclado en el enfoque de derechos, sino también en el plano de los valores éticos y políticos personales, que suelen ser pilares sobre los que se fundamenta la práctica laboral en estos campos. A juicio de Paulo, un documento que registrara la voluntad de la madre y el niño -de haber sido elaborado en el momento justo- hubiera operado como un escudo para protegerse de tan ignominiosa acusación.
El sentimiento de exposición que expresan los trabajadores frente a situaciones como esta fue una constante en los diversos ámbitos del sistema local de gestión de la niñez que pude frecuentar durante mi trabajo de campo. Encontré que esta sensación de angustia y de fragilidad que expresan diversos trabajadores se pone en juego muchas veces frente a situaciones dilemáticas en las que es difícil vislumbrar en el horizonte alguna alternativa clara de acción.
Así, entre muchas, una situación me llamó poderosamente la atención por la desazón que les generaba a los distintos actores intervinientes. Una psicóloga de una sede del área de atención de casos, fuertemente conmocionada, me comentaba a mí y a sus compañeros sobre un "caso", en el cual debía tomar una decisión en ese mismo momento. Las dudas giraban en torno a una mujer con antecedentes de maltratos físicos sobre su hija y un cuadro diagnosticado de esquizofrenia severa. La mujer estaba medicada pero, debido a testimonios indirectos, se sospechaba que no tomaba la medicación con la regularidad que debiera y se temía que tuviera nuevos brotes violentos. Caminando nerviosa por la oficina del Servicio nos decía:

Cualquier decisión que tome está mal. Cualquier decisión puede ser errónea, pero al ser todo tan ambiguo, también se puede fundamentar cualquier decisión. Si la madre está estable seis meses pero le agarra un brote al séptimo y le parte a la nena un palo por la cabeza cometimos un error terrible, pero si la madre sigue bien y estable toda la vida y vos tomás medidas más fuertes estás perjudicando a la nena y también estás cometiendo un error terrible. Cualquier cosa puede estar mal o bien y no se puede estar seguros de nada. La situación conflictiva está latente, la madre es una esquizofrénica grave, deja de tomar la medicación o le deja de hacer efecto y puede pasar cualquier cosa (Fragmentos de notas de campo en una sede de atención de casos del 2 de septiembre de 2010).

Las intervenciones cotidianas, desarrolladas en la intersección entre un complejo entramado institucional con dificultades para abordar los elevados estándares -normativos y morales- propuestos por la ley y los contextos signados por fuertes desigualdades sociales, parecen exponer a los trabajadores a angustias e incertidumbres Los mojones de donde asirse para construir narrativas inteligibles que permitan estructurar las intervenciones cotidianas son nebulosos, ambiguos y poco firmes, y configuran para estos trabajadores una experiencia habitual de fragilidad. La exigencia de registro documental planteada por Paulo a su equipo se constituye como un elemento que permitiría cierta protección frente a esa fragilidad cotidiana. Asimismo, en variadas situaciones he observado cómo trabajadores de distintos ámbitos del Servicio Local utilizan actas o informes (o la amenaza de su producción) como una herramienta en las múltiples y muchas veces tensionadas relaciones que deben entablar con otros actores en el marco de la multiactoralidad propuesta por el enfoque de derechos del niño.
En una mañana, también de septiembre, Anita, una técnica de una de las sedes del área de atención de casos, me contó indignada la "situación" de "una escuela" ¹⁵ que llegó por la tarde al Servicio Local con "un caso" evidente de maltrato físico sobre una niña por parte de su madre. No había dudas sobre la situación de maltrato, ya que las integrantes del Equipo de Orientación Escolar (EOE)¹⁶ de la escuela habían traído consigo un informe en donde detallaban tanto los dichos de la nena al llegar esa mañana a la escuela, física y emocionalmente afectada, afirmando ser duramente golpeada, así como un anexo médico certificando las lesiones. A medida que recapitulaba la situación, Anita se ofuscaba más y más con el accionar de la escuela, ya que las integrantes del EOE enviaron a la niña de regreso su hogar una vez finalizada su jornada escolar, en vez de dar intervención inmediatamente al Servicio Local por la mañana y, recién por la tarde, las representantes de la escuela se apersonaron en la sede del Servicio sin previo aviso y, obviamente, sin la niña.
Los trabajadores del Servicio estaban muy molestos por la forma en que se había manejado la escuela, ya que temían por la salud de la niña, pero también por las consecuencias administrativas que podría acarrear una situación como ésta, en la que evidentemente no se había procedido institucionalmente de manera idónea para "preservar los derechos de la niña". El accionar de los trabajadores del Servicio en esta compleja situación debía tener en cuenta ambos aspectos: intervenir rápidamente sobre la aparente situación de riesgo que corría la niña, pero también demarcar claramente las responsabilidades institucionales y dejar explicitado quiénes habían faltado a ellas. Anita les dijo a las representantes de la escuela que ellas debían buscar a la niña en su casa a la mañana siguiente y traerla junto con su madre a las oficinas del Servicio Local para intervenir rápidamente y evitar que la situación pasara a mayores. Ellas se quejaron alegando que esa tarea no le correspondía a la escuela y que el Servicio no podía obligarlas a hacerlo. Frente a esto, Anita les recriminó duramente el comportamiento institucional de la escuela y comenzó a redactar un acta narrando los hechos, a la que adjuntó el informe producido por las representantes de la escuela y el certificado médico que ellas mismas habían traído, al mismo tiempo que les comentaba que, si la situación con la niña se complicaba, los documentos en cuestión dejarían en evidencia su responsabilidad en la mala praxis institucional.
Con una copia del acta redactada y firmada en sus manos, las integrantes del EOE cambiaron rotundamente su actitud y pasaron a acatar todo lo que les exigían los técnicos del Servicio Local, sin emitir siquiera opinión, incluso aquellas tareas que nada tienen que ver con sus incumbencias institucionales, como adentrarse en una barriada popular a oficiar de citadoras para el Servicio Local. La interpretación de estas situaciones cobra mayor sentido si tenemos en cuenta que la corresponsabilidad es uno de los novedosos elementos que distingue a la ley 13.298, como una herramienta que permitiría "sustituir la práctica de la derivación". Si bien en la letra de la ley, "la construcción de relaciones de corresponsabilidad e interdependencia con el objeto de promover, proteger y restituir derechos en forma integral"¹⁷ se presenta como un bien en sí mismo, incuestionable y autoexplicativo, en la cotidianidad de las prácticas de gestión de la niñez a nivel local esta noción se vuelve difusa y es foco de disputados procesos de resignificación.
En las interacciones cotidianas inter e intrainstitucionales, los márgenes de responsabilidad y competencia que le caben a cada uno de los actores son foco de constantes renegociaciones, no carentes de tensiones y angustias. De este modo, la posibilidad de una abultada producción documental se presenta como una alternativa para demarcar las propias intervenciones, así como para evidenciar el accionar -o la inacción- de otras instituciones intervinientes. Una vez más, la función formal del acta y del informe, que en este caso se reduciría a dejar asentado el devenir de una intervención pluriinstitucional, convive con otros sentidos que sólo se comprenden si damos cuenta de las interacciones institucionales en torno a la gestión de la niñez desde la perspectiva de aquellos encargados de llevarla adelante en su dimensión más terrenal. Así, si logramos mirar desde la cotidianidad de las prácticas estatales, las funcionalidades de actas, informes o diagnósticos pueden asumir otro cariz y revelarse como herramientas indispensables para navegar las turbias aguas de la corresponsabilidad.
Asimismo, como pudimos entrever en la reconstrucción del dialogo con Anita, una herramienta, como la producción documental estatal, opera no sólo como un reaseguro que legitima el propio accionar y brinda una protección frente a la fragilidad e incertidumbre a las que estas interacciones exponen a muchos trabajadores, sino también puede constituirse en una herramienta versátil para inducir a otros actores a desempeñarse de una manera determinada.

A MODO DE CIERRE

En la primera situación etnográfica reconstruida en el presente trabajo, pudimos observar cómo se plantea la necesidad de incrementar la producción de documentos como un modo de visibilizar el accionar y los formatos de intervención de determinados efectores de la política de niñez -los operadores-, que buscan legitimar su práctica y un determinado corpus de saberes en un escenario donde su especificidad transita un espacio de ambigüedad y tensión. Para ello se exploraron visiones y sentidos que se construyen y disputan cotidianamente en torno a las figuras simbolizadas de técnicos y operadores, aquellos efectores encargados de la dimensión más interaccional de la política de niñez en La Matanza. En las subsiguientes, pudimos entrever el lugar de los documentos como recursos para desenvolverse en un complejo entramado interinstitucional de atención de la niñez que plantea novedosos desafíos, derivados de la noción de corresponsabilidad. Frente a experiencias de fragilidad de los diversos trabajadores que operan en los márgenes del Estado (Asad 2008; Das y Poole 2008), los documentos pueden constituirse en herramientas nodales para surcar situaciones, que muchas veces suponen la toma de decisiones dilemáticas, donde los alcances de las incumbencias y responsabilidades no se encuentran claramente definidos y son objeto de constantes negociaciones.
Entiendo estos procesos cotidianos, no como desviaciones de "burocracias de terreno" de una política prístina, sino como espacios singulares de productividad, que nos permiten, tal vez, comprender algo más de las complejas dinámicas que se despliegan en los procesos de gestión estatal de la niñez en contextos signados por la desigualdad social. De este modo, el Estado no sólo es colonizado en su interacción con el afuera, con actores no estatales, sino que, al focalizar la mirada en su dimensión cotidiana, podemos visibilizar los diversos espacios de mediación en la heterogeneidad al interior de aquello que denominamos Estado.
En otras palabras, la política de intervención sobre la niñez es un complejo multideterminado en el que confluyen, entre otros niveles de mediación: historias y tradiciones singulares de gestión de la infancia a nivel nacional, construcciones de frentes discursivos (Fonseca y Cardarello 2005) globales y locales, relaciones geopolíticas globales que se cristalizan en normativas transnacionales, procesos disputados de producción de legislación local, cierto grado de capacidad operativa de los arreglos institucionales locales, transformaciones y reformas sucesivas de las estructuras estatales; y un determinado diseño y planificación de "políticas". No obstante esto, es también, aunque sugestivamente poco visibilizado y muchas veces desdeñado, un heterogéneo conjunto de representaciones, prácticas e interacciones desplegadas por los encargados de llevar adelante la política en su dimensión más cotidiana y mundana.
Si bien la producción documental -en particular aquella que aporta información sobre poblaciones destinatarias y la que da cuenta del accionar institucional- cumple un rol clave para conducir la toma de decisiones frente a "casos", lo cierto, como vimos a lo largo de este trabajo, es que ese fin parece convivir con otros. Al focalizar en la dimensión más interaccional de la política de niñez, podemos entrever cómo la producción de documentos permite visibilizar las prácticas y sentidos de ciertos efectores estatales que desarrollan su accionar diario en una encrucijada signada por una percepción de infravaloración y sobredemanda. Documentos que operan al mismo tiempo como recursos legitimadores del accionar y de las modalidades de intervención de aquellos que maniobran cotidianamente desde los márgenes del Estado, así como herramienta para incidir en los desafíos que constantemente surgen en torno a la polisémica y disputada noción de "corresponsabilidad".
Asimismo, si bien es claro que gran parte de la documentación producida en el Servicio Local efectivamente hace más legible (Scott 1998) a una determinada población y, por ende, más eficaz tanto el control y la vigilancia como la provisión estatal, al mismo tiempo, otro proceso convive con este y resulta menos evidente. La producción documental también hace legible a quien la produce, deja huellas sobre un determinado accionar, sobre un hacer y, sobre todo, sobre una forma de hacer. No pocos efectores de la política de niñez en La Matanza encargados de su faceta más cotidiana y terrenal expresan de formas diversas sentirse efectivamente en los márgenes del Estado, en el sentido más literal del término. En estos contextos, la construcción de legitimidad en torno a la tarea cotidiana, a determinadas formas de llevarla adelante y a los saberes más idóneos para ello, es un proceso en constante movimiento, no carente de conflictos y en el cual la producción documental estatal parece jugar un rol significativo.

Agradecimientos

Mi gratitud a Soledad Gesteira, Soledad Torres Agüero, Julieta Grinberg y Gabriela Magistris por su tiempo, dedicación y cordialidad en la lectura y comentarios al presente texto. Un agradecimiento muy especial a la doctora Laura Santillán por su voluntad de dirigirme en mi investigación doctoral, que se hace acto cotidianamente en cada reunión, intercambio o lectura crítica, a los cuales no escapa el proceso de producción de este escrito. Gracias a los trabajadores de niñez matanceros por elegir día a día poner el cuerpo en la trinchera cotidiana y permitirme acompañarlos y reflexionar con ellos. Gracias.

NOTAS

¹ La Matanza es el partido más extenso (325,71 km2) y más poblado (1.772.130 hab., INDEC, censo 2010) de los 24 partidos que conforman el conurbano bonaerense, un gran conglomerado urbano y semirrural que envuelve a la Capital Federal. Es uno de los partidos con mayores índices de pobreza y desigualdad social (censo 2010; Objetivos del Milenio en el Municipio de La Matanza, 2009); sin embargo, también se destaca por su fuerte desarrollo de organizaciones de base y movimientos sociales que surgen al calor de uno de los procesos de ocupación y asentamientos populares más importante del conurbano (Manzano 2007).

² La Ley N° 13.298, sancionada a fines del año 2004, plantea entre sus ejes centrales la desjudicialización de las problemáticas de niños y niñas de índole social y asistencial, transfiere la atención primaria de tales problemáticas desde el Poder Judicial hacia las familias, a los organismos técnicoadministrativos locales y a las organizaciones de la sociedad civil. Los principios que la atraviesan son la descentralización y la corresponsabilidad. Una de sus consignas más destacadas, siguiendo el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es el giro en la concepción de los niños, antes objetos de intervención tutelar, ahora sujetos de derechos (Ley 13.298, Ley de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, disponible en http://www.sdh.gba.gov.ar/comunicacion/normativanacyprov/niniez/ provincial/prov_ley13298.pdf).

³ La reglamentación del artículo n° 15 de la ley 13.298 especifica que los Consejos Locales de Promoción y Protección de Derechos son los encargados de elaborar "el plan de acción a nivel territorial" y están integrados por representantes del Ejecutivo municipal (áreas de Desarrollo, Salud, Educación, Producción, etc.), representantes de organizaciones sociales con funcionamiento en el territorio del municipio, organizaciones de defensa de derechos humanos y estudios sociales, representantes de universidades y de colegios profesionales. Entre otras, tienen las siguientes funciones: realizar diagnósticos de la situación de infancia y familia y de la oferta de servicios, supervisar las organizaciones prestadoras de servicios, supervisar y colaborar con el servicio local, contralar el uso de recursos y trabajar en tareas de difusión y monitoreo.

⁴ La atención de casos conforma la actividad central del trabajo cotidiano de los técnicos y operadores de los Servicios. Es la forma por excelencia en que se estructura y ordena la intervención cotidiana en los Servicios Locales. En la literatura especializada esto ha sido un foco de críticas por fomentar, en articulación con enfoques psicologistas, las intervenciones individualizantes por sobre las problemáticas estructurales (Llobet 2009).

⁵ A los fines de preservar la identidad de los trabajadores, no solo modificaré sus identidades y omitiré los dichos que considero que los exponen, sino que también evitaré especificar a qué programa del área programática me refiero.

⁶ El artículo 18 de la ley 13.298 prevé la conformación de "Servicios Zonales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, con competencia territorial asignada por el Ministerio de Desarrollo Humano, e integrado por equipos técnicos multidisciplinarios y las siguientes funciones: Coordinarán y supervisarán el funcionamiento de los Servicios Locales, funcionarán como instancia superadora de resolución de conflictos, actuarán en forma originaria en aquellos sitios donde no existan Servicios Locales". En la práctica, aunque con severas dificultades, los servicios zonales representan la "pata territorializada" de las áreas encargadas de la gestión de la niñez de la provincia de Buenos Aires. Uno de los motivos de articulación entre el servicio zonal y el servicio local en Matanza refiere a la triangulación con instituciones de "contención" de niños, tales como "hogares" o "comunidades terapéuticas", ya que estas instituciones con subsidios estatales firman sus convenios con la Provincia y por lo tanto, son los zonales los únicos formalmente habilitados para solicitar y gestionar vacantes. Esto repercute en que el servicio local deba articular con el zonal para la ardua tarea de "conseguir vacantes".

⁷ La ley provincial n° 13.298 afirma que los servicios locales contarán con un equipo técnico-profesional y estarán conformados como mínimo por un psicólogo, un trabajador social, un médico y un abogado (art. 20), mientras que no hace ninguna mención a operadores. El Decreto n° 300 que reglamenta y operacionaliza la ley n° 13.298 desarrolla con más profundidad los artículos poco resueltos de la ley. Así, la reglamentación del articulo 20 brinda más detalles sobre la conformación profesional de los servicios y hace una mención secundaria e inespecífica sobre los operadores al afirmar: "La composición de cada equipo en lo relativo a la cantidad de profesionales y su diversidad en cuanto a su especificidad e incumbencia, así como los operadores y personal administrativo y de apoyo será determinado en cada caso de acuerdo a la singularidad y especificidad de cada distrito".

⁸ Presentación realizada en el congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en Buenos Aires en el año 2009.

⁹ Ley 13.298. Articulo 15 y su reglamentación.

¹⁰ Ley 13.298 articulo 30 y su reglamentación.

¹¹ Principalmente trabajadores sociales, psicólogos y abogados, pero también politólogos, antropólogos y comunicadores sociales.

¹² Entendemos este "hablar" sobre los niños y sus familias en un sentido similar al expresado por Foucault en Vigilar y castigar, cuando afirma que aquello que se registra son conductas, actitudes, virtualidades, un tomar en cuenta permanente del comportamiento de los individuos (Foucault, 2009: 247).

¹³ Si bien formalmente los programas forman parte del servicio local, es usual que los trabajadores de ellos se refieran al área de atención de casos, y particularmente a la unidad de coordinación, como "el Servicio", como si se tratara de una institución independiente del programa.

¹⁴ En otros trabajos he desarrollado cómo, con una multiplicidad de actores intervinientes -tanto globales y transnacionales como locales en cada contexto de implementación- se fue configurando una cierta retórica propia de los derechos del niño con una penetración inusualmente profunda en los más variados ámbitos asociados a la niñez. Tanto en la letra de las diversas normativas, como en la inagotable literatura proderechos del niño, muchos de sus lineamientos centrales se presentan como inmanentemente positivos, autoexplicativos y contrapuestos a las lógicas propias del Patronato. Esos lineamientos, en interacción con las dinámicas locales, van configurando ciertos tópicos que se tornan más visibles y significativos que otros (Barna 2012).

¹⁵ Es usual que los trabajadores del servicio se refieran de manera totalizadora a "las escuelas" independientemente de quiénes sean los sujetos concretos con que se interactúa, en este caso, integrantes del Equipo de Orientación Escolar.

¹⁶ Los Equipos de Orientación Escolar (EOE) son los equipos técnicos (trabajadores sociales, psicólogos, etc.) encargados de abordar desde la escuela las situaciones problemáticas que trascienden el contexto áulico y las dinámicas propias de la enseñanza-aprendizaje. Son una versión remozada de lo que anteriormente se denominaba "gabinete psicopedagógico o psicosocial" y son, en gran medida, los interlocutores habituales de las escuelas con el Servicio Local. Es también común que los trabajadores del Servicio Local se refieran a ellos como "la/el social de la escuela".

¹⁷ Ley n° 13.298, reglamentación del artículo n° 21.

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