ARTÍCULOS

Procesos transnacionales en el salar de Atacama-norte de Chile. Los impactos de la minería y el turismo en las comunidades indígenas atacameñas

 

Paola Bolados García

Paola Bolados García. Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Convenio de Desempeño de las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso. Blanco 1215, Depto. 101 (2340000), Valparaíso, Chile.
E-mail: paola.bolados@uv.cl

Recibido 16 de abril 2013.
Aceptado 5 de septiembre 2013

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RESUMEN

En este paper analizamos los procesos de globalización transnacional en el contexto interétnico y multicultural de la región del salar de Atacama-norte de Chile; asimismo, los impactos de las industrias de la minería y el turismo en la configuración de complejos culturales transnacionales en una zona geopolítica y económica estratégica. El trabajo entrecruza diversos niveles de análisis –discursos y prácticas-, y de agentes locales –indígenas y no indígenas-, regionales, nacionales y transnacionales, así como también heterogéneas escalas –comunidad, empresas, estado-, que dan cuenta de relaciones dinámicas y cambiantes en torno al control de los recursos naturales y culturales. Este trabajo también se refiere al nuevo contexto que plantea el neoliberalismo en el Chile posnoventa y las contradicciones de su política medioambiental y multicultural en contextos étnicos específicos.

Palabras clave: Complejos culturales transnacionales; Salar de Atacama; Minería; Turismo; Atacameños.

ABSTRACT

Transnational processes in the atacama desert of northern Chile: the impacts of mining and tourism on Atacameño indigenous peoples. In this paper, processes of trasnational globalization are analysed in the context of the ethnic and multicultural region of Salar de Atacama, northern Chile. The impact of mining and the tourist industry on the configuration of a transnational cultural complex in a strategic area and its geopolitical and economic importance are studied. The paper interweaves various levels of analysis (discourse and practice) agents (local, −Indigenous and non-Indigenous− and regional, national and transnational), and intersecting heterogeneous scales (community, companies, and state), which together have produced intense and dynamic partnerships and conflicts based on the control of natural and cultural resources. As such, this paper concerns the new context posed by neoliberalism in Chile post 1990 and the contradictions of its environmental policy in specific ethnic contexts.

Keywords: Transnational globalization; Salar de Atacama; Mining; Tourism; Atacameños.

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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, los estudios sobre transnacionalización experimentaron un agudo tratamiento tanto desde la antropología, la sociología, la economía, como de otras corrientes, tales como la crítica literaria y los estudios poscoloniales. Estos, particularmente, relevaron los efectos tanto sociales como económicos del nuevo orden mundial nominado por algunos como capitalismo global (Harvey 2006), capitalismo milenarista (Comaroff y Comaroff 2001), capitalismo transnacional, o bien conocido como parte de una nueva fase de liberalismo denominada neoliberalismo (Ferguson 1994, Taylor 2006). Gran parte de este corpus se centró en los desplazamientos forzados y sus efectos sobre la construcción de nuevas identidades y territorialidades fuera del espacio local tradicional, y mostró los imaginarios en contextos de diásporas, exilios y desterritorializaciones (Appadurai 2001; Bhabha 2002).
Sin desconocer este intenso y prolífero debate, diversos investigadores exploran sugerentes perspectivas, y consideran que este paradigma tiene un interesante potencial analítico en la medida que es capaz de superar su principal debilidad: "su inhabilidad [...] para pensar sobre las fuerzas del nacionalismo, [...] o la agresión imperialista" (Briggs et. al 2008: 626). De esta manera, lo transnacional se presenta como una categoría analítica que puede facilitar nuestra comprensión de las trayectorias fuera del marco establecido por la categoría de nación, dominante en los estudios sociales y antropológicos del último período. A su vez, nos permite relevar la agencia resignificadora de los procesos hegemónicos intervinientes en los tartamudeos del capitalismo transnacional (Tsing 2005: 5). En consecuencia, lo transnacional no lo estudiamos sólo y exclusivamente como un fenómeno contemporáneo, sino como un concepto/problema constitutivo y constituyente de lo social e histórico, cuyo potencial analítico y explicativo contribuye a entender la emergencia de grupos en procesos de diferenciación socioétnica. Observamos que procesos de identificación y memoria surgen desde experiencias y trayectorias sociales que se gestan o crean fuera del ámbito de lo que tradicionalmente se ha comprendido como el espacio de lo local o comunitario (Kearney 1995: 548); mientras que, paralelamente, su rastreo etnográfico nos redirige al estudio de las sedimentaciones complejas que revelan la lógica histórica sobre la cual se construyeron y construyen las que hoy conocemos como sociedades indígenas (Hill 1996; Bartolomé 2006). Estos procesos son incentivados desde instancias globales de producción cultural cuyos efectos se reflejan en las representaciones e imaginarios de los agentes sociales (instituciones, organizaciones, fundaciones, etc.). Estas, a su vez, contienen apropiaciones y contestaciones diferenciadas entre grupos y/o comunidades, las cuales se producen desde memorias inconexas y provenientes de heterogéneas trayectorias sociales. De esta forma, lo transnacional se vuelve un punto de intersección desde el cual recoger múltiples historias que, más que remitir a temporalidades consecutivas, se presentan como memorias heterodoxas en una región estratégica como es el salar de Atacama en el norte de Chile.
La historia de esta región y de sus grupos étnicos y sociales hoy identificados como "atacameños" ha estado marcada por una dinámica de interacción e intercambio bajo diversas ideologías y fronteras, y se revela como un paisaje resultado de variadas luchas y reconfiguraciones sociales y territoriales. Lo transnacional, en este sentido, contribuye -a nuestro entender- a escapar de las visiones nacionalizadoras y/o nacionalistas que tienden a representar lo atacameño exclusivamente como un fenómeno étnico moderno o bien un objeto/sujeto exclusivo de la arqueología. Ambas perspectivas quedaron consignadas en el informe final de la denominada Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato del año 2003 realizado a solicitud del estado de Chile, mediante el cual se buscó legitimar científicamente la preexistencia de las poblaciones originarias reconocidas en la legislación indígena del año 1993 (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato 2003). El informe mostró una variedad de perspectivas no del todo coincidentes respecto de la emergencia de una identidad atacameña: por un lado, la interpretación arqueológica enfatizó los intercambios e interacciones desde una identidad y una cultura protagónicas identificadas con el surgimiento de una nación atacameña en el periodo pre inca hacia el 900 DC¹. Del otro, la interpretación antropológica propuso lo atacameño como una identidad étnica producto de procesos modernizadores vinculados a la inclusión social de estas poblaciones a la república de Chile a fines del siglo XIX, producto de la Guerra del Pacífico en 1879, con la cual Chile consigue anexar estos territorios, antes pertenecientes a Perú y Bolivia. Entre ambas perspectivas, los estudios históricos de la zona aportan con abundante material documental una tercera tesis: un mapa interdigitado e interétnico conformado por poblaciones como los atacamas, lípes, tarapacas, omahuacas, camanchacas y proanches, quienes comparten y cohabitan una extensa área (hoy parte del sur boliviano, noroeste argentino y norte chileno). Estas interpretaciones constituyeron la base de la política multicultural del estado que caracterizó la década de los noventa en Chile, la cual pretendió otorgar visibilidad política a las poblaciones indígenas nacionales, a la vez que participación económica en los mercados regionales y globales (Boccara y Bolados 2008).
La región del salar de Atacama entonces se presenta como una amalgama resultante de geografías, relaciones sociales y poder (Ferguson y Gupta 2002; Moore 2005) configurada, entre otros elementos, por los grupos originarios diversos que han habitado en ella, la impronta que dejaron funcionarios coloniales y agentes modernizadores y civilizatorios como viajeros y cronistas que permitieron la actuación temprana de las ciencias naturales primero y luego de las sociales; la presencia de ideologías liberales y socialistas que marcaron los primeros conflictos obreros mineros en el territorio; la presencia de religiones como el cristianismo, especialmente el catolicismo y, en los últimos tiempos, el protestantismo en sus diferentes versiones evangélicas que se introdujeron en los Andes; las divisiones sociales del trabajo, que incorporaron actividades prediales y no prediales relacionadas con el turismo y la minería, la circulación de poblaciones migrantes tradicionales (quechuas y aymaras) y las migraciones transnacionales movilizadas por las actividades antes mencionadas, las políticas educativas de chilenización que operaron como fronteras simbólicas desde la república hasta la llegada de las políticas interculturales; las acciones extractivistas y depredatorias del medioambiente derivadas de una actividad minera centenaria; las privatizaciones de los recursos naturales no renovables como son las aguas superficiales y subterráneas en las últimas cuatro décadas, la participación e involucramiento de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales en la región del salar y la presencia masiva de servicios e instituciones estatales. Todas constituyen piezas de un puzle nada fácil de armar y cuyas historias, vistas desde la categoría de lo transnacional, abren nuestro horizonte de análisis más allá de la nación, lo nacional y otras categorías que de ella han surgido: minorías étnicas, comunidades indígenas, minorías nacionales, etcétera.
Discutida ya en términos generales la categoría de lo transnacional para entender los procesos de la región del salar de Atacama en el norte de Chile, le otorgamos especificidad a partir de la noción de Daniel Mato (2000, 2004) de "producción cultural de complejos transnacionales", la cual nos permitiría entender los impactos de las industrias de la minería y el turismo en esta región. A través de esta noción queremos señalar dos aspectos: el primero se refiere a las dimensiones socioculturales de estas industrias; el segundo, a su configuración en espacios sociales dentro de los cuales agentes tradicionalmente denominados locales, regionales, nacionales y transnacionales establecen en el tiempo relaciones que pasan por momentos de alianzas y negociación, mientras que en otro, por luchas y conflictos. De esta forma, nos negamos a ver a ambas sólo y exclusivamente como industrias económicas, sino fundamentalmente como productoras culturales en la medida en que participan y se constituyen en actores relevantes de la vida y el desarrollo de las poblaciones y de los grupos donde realizan actividades extractivas. En este caso, el salar de Atacama agrupa a las poblaciones que desde tiempos coloniales forman una unidad administrativa conocida como Atacama La Grande o Atacama la Alta y cuyo centro fue desde entonces la localidad de San Pedro de Atacama. Esta área geográfica refería a las localidades que rodeaban el salar y se distinguía de las agrupadas en el sector denominado Atacama la Chica o Atacama la Baja, cuyo centro fue el poblado de Chiu Chiu. Esta región, en las postrimerías del siglo XX, adquiere autonomía política y administrativa con la creación del Municipio de San Pedro de Atacama en el año 1981, cuando se independiza de la ciudad de Calama y se constituye en un municipio que a lo largo del tiempo adquirió carácter étnico. Una década y media después y producto de la implementación de la legislación indígena, esta región se configura en un Área de Desarrollo Indígena (ADI) -bajo la denominación colonial- de ADI Atacama La Grande, designación que el estado chileno utilizó para desplegar su política indígena y multicultural con cuantiosos recursos dirigidos a las entonces siete poblaciones originarias reconocidas en la ley, entre ellas la de los atacameños (Bolados 2012). No obstante, este proceso de reconocimiento y de patrimonialización promovido por el estado, luego de retornada la democracia en Chile, convergió con demandas socioétnicas pendientes cuya intensidad se expresó en un fenómeno étnico y político en el salar de Atacama durante la década del noventa, el cual mostró directas implicancias con la instalación y expansión de una minería y un turismo transnacional en la región. Ambas actividades industriales, minería y turismo, se configuraron así, y esta es nuestra tesis, en complejos culturales transnacionales, en tanto estimularon definiciones sobre el desarrollo local, la cultura e identidad atacameñas, los migrantes nacionales y extranjeros, el estado, las empresas, la participación de instituciones globales como ONG y otros organismos internacionales. A su vez, se constituyeron en activadores de nuevos circuitos de movilidad y prácticas de territorialidad en regiones indígenas de especial interés para las empresas transnacionales relacionadas con estas industrias.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, nuestro trabajo privilegia los efectos globalizantes y transnacionalizadores de estas actividades en un sentido amplio, así como sus impactos territorializadores consecuencia de la presión por configurarse simultáneamente en una región indígena, minera y turística en la nueva cartografía del capitalismo global. Un capitalismo milenarista que se caracterizará, entre otras cosas, por fomentar procesos de mercantilización de la cultura y la etnicidad mediante la exaltación de un indigenismo exótico y la aparición de un nativo ecológico (Doane 2007). Estos procesos experimentan contestaciones y resignificaciones en un contexto de formación de nuevas redes transnacionales formadas por actores locales, regionales, nacionales y transnacionales, que despliegan relaciones cambiantes en el transcurso del tiempo. En concordancia con lo que sostiene Mato, lo que nos resulta interesante aquí es relevar las "convergencias y divergencias" entre agentes; asimismo, los "aprendizajes mutuos, préstamos culturales, transacciones de conveniencia y otras formas de negociación, o de conflicto y resistencias, entre los intereses de unos y otros" (Mato 2004: 72). En consecuencia, observamos los procesos transnacionales en la región del salar de Atacama-norte de Chile como fenómenos contemporáneos con arraigo histórico, cuya intensidad es producto de múltiples acciones y una heterogeneidad de agentes intervinientes (Figura 1).

Figura 1. Mapa del salar de Atacama y sus comunidades, donde aparecen las concesiones mineras y geotérmicas, así como las diversas protecciones nacionales e internacionales relacionadas con el turismo y la biodiversidad.

LOS COMPLEJOS CULTURALES TRANSNACIONALES DE LA MINERÍA Y EL TURISMO EN EL SALAR DE ATACAMA

La década del noventa reveló ser un período paradigmático en cuanto se vieron desplegar procesos contradictorios. De un lado, los avances en cuanto a derechos y participación social indígena se canalizaron a través de políticas inter o multiculturales en varios países y sus respectivas legislaciones. Paralelamente, la progresiva incorporación de organismos internacionales con un discurso medioambientalista y de protección del entorno natural y cultural presionaron a agentes nacionales y transnacionales a adoptar políticas de responsabilidad social empresarial bajo el concepto/ paradigma de la sustentabilidad. El primer proceso se explica en parte por la transnacionalización de la problemática indígena o étnica (Stavenhagen 2001), la cual se tradujo en un acogida positiva a demandas históricas de los movimientos indígenas de las décadas anteriores (Bengoa 2007; Bello 2008). El segundo se relaciona con la globalización del discurso verde que se cristalizó en la Declaración de Río firmada en 1992², que obligó a las empresas a comprometerse con medidas de mitigación y políticas de buen vecino con las comunidades aledañas a sus faenas.
Estos avances, no obstante, se entrecruzaron con una consolidación del capitalismo transnacional en la región, luego de casi tres décadas de extractivismo. Industrias como la agricultura, la minería y el turismo entraron en conflicto respecto del acceso y disponibilidad de los recursos, especialmente el hídrico; asimismo, los impactos en el deterioro del paisaje y la calidad de vida de las comunidades comienzan a ser visibilizados, cuestionados y resistidos. Este movimiento fue incorporado no sólo por medioambientalistas opositores a megaproyectos contaminantes, sino que también fue liderado por organismos internacionales relacionados con los pueblos indígenas, quienes denunciaron impactos tanto en el desplazamiento de poblaciones, la contaminación de suelos agrícolas y cambios en sus actividades tradicionales.
El primer proceso se inicia en Chile con la aprobación en el año 1993 de la Ley Indígena³. La misma que permitió la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y con ella, de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), y que reconoció jurídicamente a las poblaciones originarias nacionales como "comunidades indígenas". El segundo se expresó en la Ley de Medio Ambiente promulgada el año 1994⁴, la cual incorporó el tema de la participación social y definió como elementos del patrimonio ambiental el resguardo de áreas de valor arqueológico, antropológico, paisajístico y turístico. Ambas acciones fueron parte de los compromisos de los gobiernos democráticos de la concertación que subieron al poder luego de 17 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989). Este proceso tuvo como objetivo compatibilizar democracia política y liberalismo económico abriendo las puertas a lo que algunos han llamado un neoliberalismo templado (Taylor 2006). No obstante, las paradojas de la democracia chilena (Paley 2001) se manifestaron tempranamente con el proyecto hidroeléctrico Ralco en la región del Bío Bío en el año 1997, el cual mostró las incompatibilidades y superposiciones entre la legislación indígena y medioambiental con la política energética sustentada en un modelo económico basado principalmente en las exportaciones de materias primas y cuyos impactos directos significaron el desplazamiento de familias pehuenches de sus territorios⁵. Este conflicto que se desató en el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) intentó ser reparado con los diálogos comunales del año 1998 por medio de un programa de etnodesarrollo denominado Programa Orígenes. Este megaproyecto fue ejecutado durante los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos (2000-2006) y Michell Bachelet (2006- 2010), período en el cual se terminaron de privatizar las aguas sanitarias en Chile y continuaron entregándose indiscriminadamente concesiones mineras y de aprovechamiento de aguas –superficiales y subterráneas– en el salar de Atacama.
En resumen, la estructura indigenista y multicultural que operó desde el retorno a la democracia en el salar de Atacama coincidió con la expansión de la industria minera y con lo que se conoció como el "boom turístico" desatado hacia fines de los años noventa en la comuna de San Pedro de Atacama (Bustos 2005). Estos procesos se tradujeron en un crecimiento sociodemográfico exponencial que se expresó en la variación intercensal entre los años 1992 y 2002 (INE 2002) y que mostró no sólo una duplicación de la población de la comuna de San Pedro de Atacama, sino también una mayor demanda de los recursos naturales y culturales asociados al recurso hídrico y a la venta del paisaje exótico de lo indígena atacameño. Junto con la fiebre de inversiones característica de los años noventa en esta área, la conflictividad social en la región del salar creció hasta que en la segunda mitad de la década siguiente, explotó con los conflictos ambientales de Pampa Colorada y Tatio, producidos en 2007 y 2009 respectivamente. El primero significó el rechazo de las comunidades al proyecto de extracción de aguas en el sector Pampa Colorada solicitada por la minera transnacional australiana BHP Billiton controladora de Minera Escondida, segunda productora de cobre en Chile. El segundo tuvo como protagonista al consorcio Geotermia del Norte, formado por la multinacional italiana ENEL y las empresas nacionales del estado CODELCO (Corporación del Cobre) y ENAP (Empresa Nacional del Petróleo), las cuales realizaron exploraciones geotérmicas cerca del sitio sagrado y turístico de los géiseres del Tatio, que fueron frenadas cuando se produjo la descompensación en una de sus fumarolas.
Las luchas protagonizadas por los habitantes de la región del salar de Atacama, tanto indígenas como no indígenas, revelaron no sólo las diversas visiones y cosmovisiones sobre el territorio entre los agentes, sino también y por primera vez de manera directa, mostraron la oposición explícita de la industria turística frente a la minera. Estos conflictos reflejaron la importancia de estas actividades para los agentes regionales, nacionales y transnacionales involucrados en la minería y el turismo del salar, pero también mostraron una posición distinta de los agentes indígenas respecto del control y el manejo de los recursos naturales y culturales. En este sentido, estos episodios configuraron un escenario y un posicionamiento inédito marcado por el rechazo de las comunidades indígenas y otras agrupaciones adheridas frente a la política energética que se pretendía imponer desde el gobierno nacional, la cual hasta ese momento había marginado a los agentes indígenas y no indígenas habitantes del salar directamente afectados por las intervenciones del desarrollo transnacional. Como describe un exdirigente minero e indígena que pidió ser citado bajo el seudónimo de Tajniri:

mirando un poco después y sacando la cabeza un poco más allá y mirando el horizonte de lo que estaba ocurriendo en aquellos años, estoy hablando de los años 90 o un poco 2000, mejor dicho 2001... me doy cuenta que efectivamente, incluso yo mismo era parte de un sistema que había sido instalado a partir del año 78, cuando se crea el decreto ley que modifica la constitución chilena dejando que el cobre sea explotado además por terceros, un poco subvencionado por el estado chileno, eh... lo curioso es que durante los 17 años de dictadura no se hizo nada, o sea... aparte de dejar esa puerta amplia abierta ahí, para que alguien la tome, ellos no dan ningún paso más allá, pero llega la concertación y la concertación... eh... abrió de par en par las puertas, a partir del gobierno de Aylwin ya salen los primeros pasos y en el gobierno de Frei se termina por, yo creo que fue el gobierno más nefasto que ha tenido Chile en ese aspecto... se firmó el tratado minero con Menem con Argentina... creo que nadie le ha tomado el peso a eso, pero es una cuestión tremenda... lo que hace que ambos países tengan una franja de territorio binacional para las transnacionales... lo otro es que se abren como ocho o nueve mineras en ese período y todas transnacionales y la excusa en ese instante era, 'bueno provoquemos empleo porque estamos en una etapa que Chile necesita desarrollo', que es la cuestión que creo yo nací con ese concepto en la cabeza y todavía no veo ¿qué es desarrollo? No lo entiendo... la cosa es que en ese instante ya con el modelo más que consolidado en Chile de este neoliberalismo... Con la presencia potente de las transnacionales en la explotación del cobre... Antiguamente el 75% del cobre era producido por chilenos, con empresas chilenas a través de CODELCO (Tajniri, comunicación personal, febrero 2012).

Este líder atacameño, cuya familia sufrió durante la dictadura la persecución política y marginación social y económica debido a la militancia de izquierda de su padre, dirigió a comienzos de los años noventa la principal asociación sindical de trabajadores mineros de Chile hasta que decidió volver a San Pedro de Atacama. Luego de un período de reencuentro con sus raíces y su identidad indígena en un contexto de efervescencia étnica, será el responsable de liderar, desde la principal organización atacameña, la oposición al proyecto geotérmico del Tatio. Luego de la experiencia con el conflicto de Pampa Colorada, consideró relevante unir fuerzas y convocar a una movilización más allá de las organizaciones indígenas, decisión que le significó la crítica y separación de los sectores más radicalizados de la protesta, que consideraban la "Defensa del Tatio" una lucha exclusivamente ancestral. Posteriormente se produjo el quiebre del Consejo de Pueblos Atacameños a partir de la salida de gran parte de las comunidades del Alto Loa, entre las cuales se encontraban Caspana y Toconce, hasta ese momento administradoras del sitio turístico Géiseres del Tatio. Pese a estos quiebres y rupturas, el proyecto logró ser detenido y la empresa fue sancionada por la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) por los daños ambientales producidos. Actualmente, y como una forma de permanecer en su tierra, este exdirigente sindical atacameño fundó un proyecto turístico capaz de armonizar el rescate de su cultura con un servicio de excelencia.
Los episodios de Pampa Colorada y el Tatio significan un antes y un después respecto de las políticas y acciones de sustentabilidad implementadas por las empresas mineras en el salar. Se levantó un precedente inexistente relativo a las luchas ambientales, y tanto las empresas mineras como el estado y las propias agencias turísticas reflexionaron sobre sus estrategias de acercamiento y relación con las comunidades. De hecho, estos conflictos incentivaron una profundización y expansión de sus discursos y prácticas de responsabilidad social, desarrollo comunitario y sustentabilidad vía creación y expansión de fundaciones o áreas corporativas enfocadas a contribuir en el "rescate y fortalecimiento de la cultura atacameña": y asimismo "al cuidado y protección del medio ambiente". Dentro de las comunidades y organizaciones atacameñas, estos conflictos significaron una polarización entre sectores que vieron en estas actividades "un lavado de imagen" o simplemente las "migajas de la minería" y otro dispuesto a establecer un marco de negociaciones con restricciones y una participación directa de la comunidad en los procesos de monitoreo de los proyectos desarrollados en su territorio⁶.
Junto con la pugna por el control y acceso a los recursos como el agua y el paisaje quedó en evidencia la incidencia en el sector del salar de Atacama de los impactos de las circulaciones masivas y permanentes de la llamada población flotante. Una miríada en permanente movilidad conformada por trabajadores de la minería directos y subcontratados; mano de obra de la construcción de grandes, medianos y pequeños hoteles; contingentes de funcionarios de los diversos servicios públicos; personal de agencias y operadores turísticos; científicos de diversas disciplinas y universidades tanto nacionales como internacionales que desarrollan proyectos en el sector; y cientos de turistas transitando las principales calles y sitios turísticos de la comuna, lo que provoca interacciones y tensiones entre agentes social y culturalmente heterogéneos.

GEOGRAFÍAS E IDENTIDADES EN PRODUCCIÓN: DE ATACAMAS A ATACAMEÑOS

Los hoy adscriptos como licanantay o atacameños formaron parte de una dinámica red de relaciones interétnicas dentro de una amplia región denominada circumpuneña, caracterizada por un modelo de complementariedad ecológica e interdigitación étnica practicada con grupos y regiones del actual noroeste argentino y sur boliviano (Martínez 1998; Hidalgo 2004). Los documentos coloniales y otras fuentes históricas se refieren a estos grupos como "los atacamas", con lo cual señalan una adscripción geográfica y lingüística de un grupo que comparte espacios y territorios comunes, así como herederos de una lengua extraña como el kunsa y cuya movilidad con diversos grados de diferenciación se debió reorganizar permanentemente de acuerdo con contextos cambiantes (Álvarez [1588] 1998). Uno de estos marcos fue el que obligó a estas poblaciones a incorporarse al proyecto republicano y modernizante de Chile a fines del siglo XIX, luego de que esta región -hasta ese momento perteneciente a la república de Bolivia- fuera anexada a Chile. La también llamada Guerra del Salitre se constituyó en el inicio de un periodo de expansión y consolidación de la minería industrial que se prolongó durante todo el siglo XX. Con este escenario, las fronteras geopolíticas y económicas se redefinieron sobre la base de un proceso de territorialización en torno a la actividad minera en la actual región de Antofagasta. Estas circulaciones definieron una ruta de movilidad que tuvo como eje la mina de Chuquicamata, la cual estimuló procesos de migración desde las localidades indígenas hacia la ciudad de Calama (Carrasco 2010). Ruta que se invirtió a partir de los años ochenta del siglo XX, primero con la entrada de dos empresas para la explotación del litio al salar de Atacama; segundo, con la creación de un distrito jurisdiccional independiente de la ciudad de Calama como fue la creación de la comuna de San Pedro de Atacama. Aunque resultan todavía escasos los estudios sobre el impacto de la minería en el salar, los realizados hasta el momento dan cuenta de la presión para que las comunidades se convirtieran en pequeños campamentos mineros y abandonaran actividades tradicionales vinculadas al pastoreo y la agricultura debido a la falta de agua (Yáñez y Molina 2008). Como lo constata el trabajo de Núñez, esta minería que denomina "moderna" para diferenciarla de la minería del salitre y del cobre del siglo anterior, pese a que frenó el despoblamiento, significó sin embargo, una progresiva sedentarización en comunidades atacameñas como Toconao y Peine (Núñez 2002: 12).
Una década y media más tarde, en 1996, estos procesos de retorno se intensificaron con la puesta en marcha Ley Indígena mediante la conformación del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama la Grande⁷. La confluencia de factores históricos, políticos, económicos y socioculturales tuvo como correlato la emergencia de procesos de revitalización socioétnica, caracterizados por la aparición de una primera generación de líderes indígenas que iniciaron una actuación protagónica en el municipio local y luego en otras agrupaciones indígenas que se formaron en ese período (Consejo de Pueblos Atacameños y CONADI principalmente). A partir de este proceso, la categoría de atacameños o lincanantay referirá a elementos de pertenencia a un pasado común en el cual se incorporan elementos de un discurso arqueológico (Ayala 2007), pero que a su vez activa procesos de construcción étnica basados en la pertenencia a una historia, una territorialidad y una religiosidad compartidas entre las comunidades del salar. Como lo describe Morales, la etnopolítica atacameña se caracterizará hacia adentro por estimular procesos de diferenciación étnica, mientras que hacia afuera "actuará como una ideología de la sujeción y asimilación de la diferencia en los procesos legales de reconocimiento multiculturalista" (Morales 2010: 153). Un comunero del ayllu de Solor en San Pedro de Atacama describe este proceso con las siguientes palabras:

lo que pasa en el 2007 después de 25 años de ausencia, entonces cuando yo era muy chico tenía mucha cercanía con San Pedro hasta que me fui a estudiar a la universidad a los 18 años, entonces de alguna manera para mí fue un shock este cambio porque de repente pasamos de que yo era sampedrino, de que no existía el concepto indígena... Yo recuerdo que en ese momento como que había una interfaz, es decir, nosotros veníamos al museo y ahí habían indios, en algún momento de la historia, del desarrollo de esta zona, habían indios... que no éramos nosotros no, ¡no por favor! ¡Cómo vamos a ser indios! De hecho, nosotros... yo me acuerdo que estudié en primero medio en la escuela de Calama, en el Liceo Industrial de Calama y nosotros teníamos un compañero 'el paitaco', o sea, nosotros le decíamos 'paitaco', que eran indios de mierda, o sea, nosotros nos reíamos de ellos, de hecho, nadie quería ser eso, ya, y llego acá y me encuentro con el shock que todos quieren ser indios o indígenas, entonces es como, es más, hay gente se siente orgullosa, es más, hay gente que incluso tiene como una historia, como una, como diríamos, como... toda una continuidad, ¡siempre fue así!, ¡nosotros descendientes de los tribus Paniri...! Esa era la visión que yo tenía de la cosa indígena en esta zona, como algo que pasó, nosotros ya no somos indígenas... Entonces cuando llegué fue un shock descubrir que sí había indios... y que además ¡yo era atacameño! ¡Era indio! (Gerardo Ramos, comunidad de Solor, febrero 2012).

En el transcurso de este período San Pedro de Atacama se convirtió en uno de los principales destinos turísticos tanto nacional como internacional, cuyo reconocimiento se hizo explícito en 2002, cuando el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR 2009) lo declaró Zona de Interés Turístico. Esta declaración fue particularmente útil para las comunidades y organizaciones del salar, que llevaron adelante la "Defensa del Tatio" y se refugiaron en esta declaratoria consagrada por el propio estado nacional para detener el proyecto de exploración geotérmica en el delicado sitio de los géiseres del Tatio. Simultáneamente, esta y otras acciones tanto del estado como de las organizaciones atacameñas favorecieron el surgimiento de experiencias de turismo cultural, étnico o rural, etnoturismo, etc.; en las cuales las comunidades se incorporaron de manera protagónica y lograron convertirse en coadministradoras de sitios emblemáticos como la Reserva Nacional Los Flamencos y de museos comunitarios como los de los ayllus de Tulor y Quitor.
En este contexto de expansión sociodemográfica producto de las presiones globalizantes generadas por los complejos culturales de la minería y el turismo en la región del salar, las comunidades indígenas atacameñas volvieron a la palestra nacional en el año 2011 por las solicitudes de exploraciones geotérmicas otorgadas por el estado a empresas transnacionales en todo el sector precordillerano⁸; por el decreto que abrió la licitación internacional del Sistema Nacional de las Áreas Silvestres Protegidas del estado conocidas como SNASPE, y por el preanuncio de la venta de las bases para la licitación internacional de litio como parte de las políticas del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014)⁹. Esta triple demanda sobre el territorio en el último período replanteó un escenario de tensiones entre agentes locales –indígenas y no indígenas–, agentes regionales y nacionales y empresas transnacionales, que reveló nuevamente la superposición de acciones entre la actividad minera y la turística en el salar y una nueva fase del proceso étnico local, que esta vez judicializó los conflictos contra el estado interponiendo recursos de protección.
Estas territorialidades y los imaginarios promineros y proturísticos que circulan en torno al salar de Atacama, son fomentados en gran parte gracias a la acción de los medios de prensa escrita y televisiva regional, y al trabajo de las áreas corporativas de las empresas donde se diseñan y planifican las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE). A través de ambas se propagan las concepciones tanto del estado como de los privados sobre lo que definen como sustentabilidad; asimismo sirven como espacios de difusión de los proyectos e inversiones de estos agentes y de su importancia en la economía regional y nacional. Sin embargo, y pese al enorme esfuerzo comunicacional que alimentan las empresas en favor de su actividad como fuente del desarrollo chileno, éstas no han podido aplacar el descontento expresado en las protestas y movilizaciones que se suscitaron en el último período. Estas protestas tienen como trasfondo principal la percepción de las externalidades negativas por sobre las positivas de la minería. No obstante, la prensa escrita regional insiste en destacar los impactos económicos positivos de la minería tales como las millonarias inversiones, la variedad de cartera de proyectos y los potenciales negocios asociados; cuyo efecto "no deseado" –como es el aumento de la inmigración colombiana–, es presentado como un efecto menor asociado y legitimado por un discurso xenofóbico y racializado que los incorpora en tanto delincuentes, traficantes de drogas o prostitutas.
Aunque las mismas autoridades son conscientes de que parte importante de los beneficios de la actividad minera no queda en la región y mucho menos en la comuna, la población ha comenzado a sentir el peso de cargar no sólo con la contaminación del ambiente sino con otros problemas asociados, por ejemplo, la infraestructura deficiente, la desigualdad social entre quienes pertenecen o no a la actividad minera, la inseguridad laboral, los problemas de salud asociados al alcoholismo, la drogadicción, etcétera. En el caso de las comunidades indígenas, tanto atacameñas y quechuas de la provincia del Loa, el descontento y sus demandas no se relaciona sólo con el problema redistributivo asociado a la explotación y agotamiento de sus recursos naturales, sino principalmente por la marginación en los procesos de participación y toma de decisión sobre los proyectos que se instalan en su región, comuna o localidad. La crítica principal en este sentido apunta a denunciar la exclusión en las decisiones que impactan en su territorio, lo cual pone en riesgo la posibilidad de desenvolverse a futuro en él, contenido esencial del concepto de sustentabilidad según la declaración de Río de 1992 (Organización de las Naciones Unidas 1992). Junto con la no participación, la exclusión y la marginación, las memorias de Pampa Colorada y Tatio revelaron el olvido e incumplimiento del estado de los compromisos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la propia ley indígena, instancias que salvaguardan el derecho a recibir una información clara y oportuna. A su vez, estos hechos llevaron a las áreas corporativas mineras a reorientar las estrategias hacia propuestas en el área productiva con fuerte énfasis en una lógica empresarial y de autoemprendimiento, con lo cual lograron desviar el eje de las tensiones y conflictos relacionados con el control del territorio y sus recursos, principalmente el agua. Sus acciones, en consecuencia, tendrán como meta mitigar los impactos sobre la comunidad, y realizar convenios directos con estas, todo lo cual desperfila progresivamente la importancia de organizaciones indígenas como el Consejo de Pueblos Atacameños.
Estas estrategias individualizadoras tienen en parte su asidero en la propia legislación indígena de los años noventa, que debilitó a organizaciones tradicionales al levantar a cada comunidad como una unidad jurídica independiente. Esto se pudo observar con claridad en el caso del Tatio, donde el Consorcio Geotermia del Norte formado por la italiana ENEL y CODELCO/ ENAP desplegó acciones directas con las comunidades de Toconce y Caspana, quienes tenían a cargo la administración del sitio Géiseres del Tatio, obviando al resto de organizaciones locales y provocando, como dijimos antes, una ruptura dentro del Consejo de Pueblos Atacameños. Frente a esta manera de administrar la información y a estas formas de exclusión en decisiones fundamentales que afectan al desarrollo cultural y medioambiental de las comunidades, estas se han apoyado cada vez más en redes transnacionales y nacionales¹⁰ como forma de contrarrestar estos megapoderes en pos de conseguir un mínimo de visibilidad sociopolítica y comunicacional para sus demandas. Pese a estas acciones de defensa, el salar de Atacama sigue siendo representado como un lugar por explorar y explotar recursos, sean estos naturales o culturales, y que hoy involucran a la energía geotérmica, áreas silvestres protegidas por el estado y privadas, como también recursos tan estratégicos como el litio. Esta misma idea la sostienen las autoridades regionales de distintas áreas, como la turística y la minera, y también la nueva institucionalidad medioambiental, quienes ven al salar como una región en pañales desde el punto de vista de su desarrollo, donde queda mucho por hacer y donde es posible compatibilizar los intereses tanto de la minería, el turismo y las comunidades. Estos son los fundamentos actuales para el incipiente desarrollo de lo que se ha llamado turismo minero, cuyo objetivo es difundir las actividades extractivas dentro de circuitos turísticos que se ofrecen. Se lo percibe así como una estrategia para acercar a la gente a conocer la actividad y cambiar su imagen respecto de esta. Asociado a lo mismo, el turismo de negocios es un interesante aliado para la gente que llega a la región y a la cual se la quiere invitar a conocer los atractivos turísticos, de los cuales, uno de los principales es la región del salar de Atacama. Una tercera actividad que viene sonando en la boca de la recién creada Subsecretaría de Turismo es el aún no trabajado turismo astronómico y que probablemente tendrá como punto de inicio la puesta en marcha del observatorio ALMA, el más grande del mundo. Mientras se despliegan las representaciones de la región en un proceso de desarrollo incipiente en cuanto a sus bondades y potencialidades, algunos sectores y comunidades originarias atacameñas denuncian, por el contrario, un desastre ecológico porque no se ha respetado los ciclos de la patahoiri –madre tierra en la lengua extinta kunza–, quien, hoy dicen sus dirigentes y sanadores, se encuentra trastocada y agotada por la sobreexplotación de sus recursos y de su gente. Las comunidades atacameñas consideran que el estado debería abandonar su actitud de transgresor de sus derechos y reconocer a la región –habitada desde hace milenios por grupos de hombres y mujeres dedicados al cultivo y al cuidado de los animales– como territorio indígena. Un proceso cuyas principales deficiencias y contradicciones se encuentran en el no reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de Chile y en la lenta implementación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobada en el 2008, convenio que, es necesario recordar, estuvo detenido 17 años en el Congreso chileno.

A MODO DE CIERRE

En este escenario global, los actores dominantes insisten en que la región del salar de Atacama apunte a constituirse en un centro de producción minera no metálica y de energías renovables como la geotermia, mientras paralelamente se pretende que siga siendo un destino turístico de renombre nacional e internacional. La pregunta que surge es, entonces, ¿cómo podría lograrse este objetivo, en medio de la conflictividad social permanente que en los últimos años ha caracterizado la región, y cómo esta podría satisfacer intereses tan opuestos como los de industria del turismo –que vive del paisaje y de la cultura–, los de la minería –que destruye el paisaje para obtener su producto– y los de las comunidades indígenas que buscan reconocimiento y legitimidad en tanto primeros habitantes de esta tierra? Los discursos y prácticas de la sustentabilidad que continúan inundando el salar no han sido suficientes para salvaguardar una política de los acuerdos y de confianzas con las comunidades indígenas y otros actores¹¹. Las acciones de mitigación que emanaron posteriormente a los conflictos de Pampa Colorada y el Tatio revelaron ser un campo en permanente estado de ebullición. Su carácter inestable e impredecible no implica, sin embargo, que las comunidades se encuentren plenamente cerradas al diálogo y la negociación. Ellas son las primeras en saber que su presente y su futuro se relacionan con la minería, y que sus alternativas de desarrollo dependen de este complejo transnacional. Paralelamente a este escenario de negociación, existe otro, liderado por el Consejo de Pueblos Atacameños, que tomó el camino de la judicialización de estos conflictos indígenas y ambientales, en algunos casos buscando instalar al turismo –industria que reporta retornos más directo y a más corto plazo a las economías atacameñas– como una defensa frente a la minería. Esta estrategia de defensa frente al avance de la minería, a su vez, coincide con las masivas actividades desplegadas en este último tiempo por el Servicio Nacional de Turismo y una nueva política nacional/regional que pretende "ordenar" e "intervenir" sobre el descontrolado turismo en la comuna de San Pedro de Atacama¹². Este ha cobrado impulso desde las nuevas instancias nacionales creadas recientemente como es la Subsecretaría de Turismo, cuyo estudio sobre áreas prioritarias del 2011 tenía aún como portada la iglesia colonial de San Pedro de Atacama (SERNATUR 2009). La creación de este organismo da cuenta de la voluntad política de consolidar esta parte de la región de Antofagasta como región turística dentro de los nuevos lineamentos económicos del país. Resumiendo, los conflictos del salar revelan lo transnacional como un espacio complejo y dinámico de relaciones entre actores locales, regionales, nacionales y transnacionales que interceptan y yuxtaponen intereses, imaginarios y voluntades. Un escenario de tensiones al interior de las comunidades y otros actores locales, como también entre las autoridades regionales de la Minería, de Economía y Turismo, Energía o Medio Ambiente. Mientras algunos actores locales –tanto indígenas como no indígenas– apuestan a la mesa de diálogo con la Subsecretaría de Turismo, otros más radicales tales como el Consejo de Pueblos Atacameños piden recuperar sus derechos ancestrales en tanto territorio indígena, rechazando una negociación más abierta con residentes nacionales y extranjeros, y trasladando su lucha a los tribunales nacionales e internacionales. La multiplicidad de acciones, políticas y presiones sobre el territorio interrogan no sólo por los efectos socioculturales asociados a esta complejidad, sino también por la capacidad de recarga del reconocido frágil ecosistema del salar de Atacama en un contexto de exigencias y protecciones medioambientales, que marchan paralelas a las concesiones permanentes de recursos naturales al mundo privado. Entonces, tanto el denominado patrimonio cultural que intenta salvaguardar la ley indígena del año 1993 como el patrimonio medioambiental que intenta defender la legislación del año 1994, se enfrentan a una crisis permanente de legitimidad y consenso. Aunque para muchos pueda aparecer el agua como el eje central del conflicto, la complejidad del salar de Atacama refiere, a nuestro entender, a dimensiones históricas e identitarias múltiples que provienen de la presión por constituir al salar simultáneamente en una región indígena, minera y turística. A su vez, esta deriva de la nula credibilidad hacia el estado y sus conglomerados transnacionales para avanzar en una política de participación real y efectiva, coherente con las diversas legislaciones y políticas implementadas por Chile en las últimas dos décadas; aunque las proyecciones insisten en que el cobre seguirá en alza y continuará siendo supuestamente el sueldo de Chile. Desde esta perspectiva, la sociedad chilena en general, pero en particular las comunidades para las que la actividad minera es central –como Calama, San Pedro de Atacama, e incluso algunos sectores de Antofagasta–, han tomado conciencia de la desproporcionalidad y las marginalidades asociadas a la actividad minera que trasladan el beneficio a otros sectores y regiones, en su mayoría fuera de Chile. Esta percepción y este descontento que tiene en el centro del huracán los problemas medioambientales y la crisis de los recursos naturales actuales han activado movilizaciones sociales que al parecer no van a desaparecer ni mucho menos disminuir. Estas tensiones permean la mayoría de los espacios sociopolíticos actuales en el salar de Atacama, y las comunidades ven hoy como mejor aliado al turismo, mientras acusan a la minería de avanzar sin respeto y por sobre sus derechos culturales. La crisis hídrica del salar producto de la excesiva demanda minera, y de manera más invisibilizada la turística, así como las presiones para implementar energías limpias en su producción, junto con las exigencias de un paisaje natural prístino abierto al turista, marcan el presente y futuro cercano de la región al tiempo que ponen en crisis los modelos de desarrollo económico y social. El actual código de aguas de 1981 impuesto durante el período de la dictadura y que separa el agua de la tierra -propiedad consustancial de la vida en la cosmovisión de pueblos originarios y campesinos como lo son las comunidades atacameñas del salar de Atacama- configura un territorio cuya superposición de mapas se traduce en una dinámica social cuya complejidad y heterogeneidad crecen. Un destino turístico camino a la destrucción, señalan algunos antiguos vecinos, mientras otros auguramos un pequeño/ gran negocio del litio para el estado y las transnacionales que partió mal, pero que –como fueron los ejemplos de Pampa Colorada y Tatio– reflejaron un capitalismo sin memoria y capaz de reinventarse que promete por un tiempo prolongado seguir otorgándole complejidad a este espacio social. Desde esta perspectiva, el salar de Atacama constituye, a nuestro modo de ver, un caso interesante para analizar los procesos de globalización transnacional en perspectiva histórica. Asimismo, se presenta a la región del salar como un ejemplo etnográfico grandilocuente relativo a los modelamientos del poder cuya historicidad se percibe en las memorias y prácticas sociales de los habitantes del salar. Ellas revelan elementos de un pasado reconstruido y atravesado por historias, ideologías y prácticas, donde la interacción transnacional ha sido un eje constitutivo de la sociedad atacameña. De igual forma, los procesos de globalización nos permiten observar los discursos y las prácticas transnacionales, al igual que sus reelaboraciones y traducciones en la construcción de identidades étnicas y sociales entre las comunidades atacameñas. Así también, la conformación de la minería y el turismo en complejos culturales transnacionales deja entrever la utilización de estrategias del pasado en el presente donde los recursos de la naturaleza y la cultura refieren tanto a las memorias de un pasado-presente relacionado con la tierra, como a ideologías inclusivas que desde la colonia inculcaron las prácticas de la propiedad, la territorialidad y la cultura como mercancías transables, las cuales coexisten, han coexistido y continuarán coexistiendo con las prácticas de reciprocidad andina que se llevan adelante en esta región.

Agradecimientos

Agradezco a CONICYT por el apoyo a través del proyecto posdoctoral FONDECYT 3120062 y a mi colega Mónica Montenegro por su ayuda en la traducción del resumen en inglés. También mis agradecimientos a los evaluadores, quienes realizaron interesantes sugerencias al manuscrito.

NOTAS

¹ Este informe fue resultado de un trabajo realizado por un número importante de investigadores, quienes, según su área de estudio, conformaron grupos de trabajo, comisiones y subcomisiones. Aquí nosotros nos referimos a los trabajos realizados por el grupo Pueblo Atacameño. El informe se encuentra disponible en el link http://www.corteidh.or.cr/ tablas/27374.pdf

² Desde 1992, con la convención sobre biodiversidad, la declaración de Río de Janeiro y Agenda XXI, se promueve y presiona a un desarrollo en equilibrio con el medio natural y cultural que propulsa un proceso de institucionalización a nivel global sobre el cuidado del medio ambiente, cuyos efectos impactaron tanto a las corporaciones transnacionales como a las estados nacionales para tomar medidas ante los avances de la contaminación y el cambio climático (Organización de Naciones Unidas 1992).

³ Nos referimos a la Ley 19.253 o Ley Indígena que establece normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas.

⁴ Ver en referencias Ley 19.300.

⁵ El proyecto hidroeléctrico Ralco fue uno de los primeros en alertar a las comunidades indígenas sobre las limitaciones y alcances reales de la legislación indígena y medioambiental. Asimismo, mostró la ambivalencia de los gobiernos democráticos de la concertación respecto de su política indígena y sus, entonces, directas colaboraciones con las empresas transnacionales. En este caso, se trataba de la empresa española ENDESA, la cual se convirtió en la controladora del tema energético en Chile hasta que en 2007 pasa a ser controlada por la italiana ENEL, una de las empresas socias del consorcio Geotermia del Tatio, involucrado en el conflicto del Tatio.

⁶ Estos beneficios se comprenden principalmente como mayor acceso y oportunidades de trabajo, capacitación, becas, convenios, etcétera.

⁷ Esta área indígena fue una de las primeras en funcionar en el norte de Chile y fue concebida por la política indígena de los noventa como una medida para focalizar los recursos y acciones del estado hacia los pueblos indígenas. Las comunidades del Alto Loa hasta ese momento formaron parte del ADI Atacama la Grande; no obstante, en el año 2003 y liderados por la comunidad quechua de Ollagüe, se constituyeron en un ADI independiente denominado Alto Loa.

⁸ Estas adjudicaciones fueron otorgadas a empresas transnacionales como las canadienses Polaris y Barrick-Zaldivar, la holandesa Transmark, las australianas Origin y Hot Rock y la norteamericana Ormat. Además de algunas que quedaron en manos de grupos nacionales como Colbun (relacionada a la familia Matte) y Antofagasta Minerals (controlada por la Familia Luksic). Estas fueron adjudicadas mediante decretos promulgados entre los años 2009 y 2011.

⁹ Esta licitación generó enormes críticas desde un grupo de parlamentarios de la oposición al gobierno, quienes presentaron un recurso de amparo por considerar que se trataba de una cuestión de estado que requería ser discutida en el congreso, y que terminó abruptamente como uno de los escándalos más grandes del gobierno en el último período. Esto en parte, por la enorme difusión mediática de parte de gobierno a un proceso que finalmente fue duramente sepultado por haber incurrido en errores tan fundamentales como otorgarle la concesión a la empresa SQM, con quien el estado mantenía litigios pendientes. Finalmente, este error significó la renuncia del subsecretario de Minería y la declaración de la licitación como desierta. Es preciso recordar que parte de la denuncia fue llevada adelante por las otras dos empresas que participaron y que no se adjudicaron la licitación, las mismas que dieron antecedentes de estos errores a nivel público y actualmente se encuentran considerando las posibilidades de querellar contra el estado por los perjuicios producidos por este episodio. Esta situación significó, por un lado, recordar las formas de privatización de empresas como SQM –en ese momento SOQUIMICH– durante la dictadura. Estas y otras informaciones fueron levantando un manto de dudas y oscuridades respecto de una de las dos empresas que concentran la producción de litio nacional y la cual tiene una presencia directa en las comunidades del salar de Atacama.

¹⁰ Se pueden mencionar las ONG internacionales de ayuda a los migrantes, como OCCIM, Pan para el Mundo y, en otro momento, a nivel nacional, el activo involucramiento del Observatorio de Derechos Indígenas (hoy de Derechos Humanos). Algunos grupos también han buscado apoyo en la Red Medioambiental Norte, como en el programa Chile Sustentable, liderado por la medioambientalista Sara Larraín.

¹¹ La Ley 19.300, conocida como la Ley de Medioambiente, fue promulgada en Chile en el año 1994. No obstante, entró en completa vigencia recién en el año 2001 luego de que se aprobara su reglamento operativo. Entre sus aspectos principales, la ley establece un sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), encargado de evaluar en un plazo determinado los proyectos presentados. Este proceso se inicia con la presentación de un EIA o Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa interesada. Además, señala los órganos del estado competentes, encargados de pronunciarse y las formas legítimas de participación ciudadana.

¹² Entrevista a la secretaria regional de Economía, Turismo y Fomento. Mayo de 2012.

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