INTRODUCCIÓN

Las dictaduras militares en América Latina fueron promovidas en el marco de la Guerra Fría con el fin de reprimir y exterminar a los movimientos populares que se oponían al capitalismo. Prueba de ello es la aplicación del Plan Cóndor por parte de los gobiernos dictatoriales, que consistía en un programa de intercambio de información y desaparición de personas (militantes, familiares, niños/as) entre diversos países de la región. En el caso de Argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional ejecutado por la Junta Militar tuvo el propósito de fortalecer el neoliberalismo mediante la desarticulación de cualquier oposición organizada y la aniquilación (física y política) de todas las personas que defendiesen intereses populares ( McSherry 2002). Para ello, los “lugares de retención de detenidos” –LRD según la terminología represiva– jugaron un rol fundamental, ya que eran los sitios concentracionarios donde se mantenía a esas personas secuestradas y en los que se las torturaba de forma clandestina. Las fuerzas represivas (militares –ejército, marina y aeronáutica–, policía y servicio penitenciario) planificaron circuitos de detención en todo el país que conformaban una red de intercomunicación. En cada ciudad existieron uno o más sitios con objetivos similares, donde se alojó a personas en condiciones infrahumanas durante meses y años, bajo el padecimiento de múltiples tormentos. Los centros clandestinos de detención y tortura de personas (CCDyT) constituyen la evidencia física de la violación sistemática de los derechos humanos llevada adelante por el Estado argentino durante la última dictadura cívico-militar. Con los años y los procesos judiciales realizados por cada circuito represivo (que incluye uno o varios CCDyT en cada ciudad), se comienzan a conocer los entramados locales, las complicidades civiles y la cantidad efectiva de sitios que formaron parte de esta red clandestina. Los procesos de marcación de espacios públicos y privados, como una herramienta de intervención simbólica y política, comenzaron a realizarse a fines de la década del noventa y continúan hasta la actualidad (Barbuto 2012). La práctica de marcar por parte de diferentes actores sociales incluye denuncia, visibilización y conmemoración; en ella se articulan narrativas y materialidades con el fin de construir memorias sobre el pasado ligado a prácticas genocidas (Ataliva 2008; Durán et al. 2014). Desde esa época, son numerosos los casos de ex CCDyT que fueron estudiados, marcados, puestos en valor y reabiertos como sitios de la memoria, los cuales, con los años, pasaron a integrar la Red Federal de Sitios de Memoria, actual Dirección Nacional de Sitios de Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2015), en el marco de la Ley Nacional 26.691.

Dentro de los circuitos represivos ideados, el área militar 124 de la provincia de Buenos Aires, al mando del Primer Cuerpo de Ejército, incluía los CCDyT de más de trece partidos, entre ellos, Olavarría. En este último, Monte Pelloni fue el más importante. Estaba a cargo del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” (en adelante, RT2) y en él permanecieron secuestradas al menos una veintena de personas con militancia política, gremial y social de la zona. En el proceso de búsqueda de justicia y reparación antes descripto, en el año 2008 Monte Pelloni se sumó a la Red Federal de Sitios de Memoria, pero recién diez años después se conformó oficialmente el Espacio de Memoria como tal, anhelo que las personas exdetenidas-desaparecidas y los organismos de derechos humanos (en adelante, ODH) de la ciudad de Olavarría persiguieron por muchos años. En este proceso, los y las arqueólogas locales hemos asumido un rol relevante al prestar colaboración científica en los procesos de justicia y reparación por los hechos de terrorismo de Estado, un proceso indiscutiblemente promovido por los ODH, las víctimas y la sociedad organizada. Dos ejemplos se destacan por ser pioneros como experiencias de recuperación de sitios de memoria que se convirtieron en política pública de Estado, en los que intervinieron arqueólogos/as de forma activa: el ex CCDyT “Mansión Seré”, Morón (zona oeste del conurbano bonaerense), y el ex CCDyT “Club Atlético”, en la Ciudad de Buenos Aires (Weissel et al. 2002; Di Vruno et al. 2008).

Hace más de 30 años que desde esta disciplina se desarrollan estudios acerca de la violencia estatal del pasado reciente ( Bellelli y Tobin 1985; Funari y Zarankin 2006; López Mazz 2006; González Ruibal 2007, entre otros). El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue pionero en la utilización de técnicas arqueológicas y bioantropológicas para la identificación de víctimas y en los procesos de restitución de los restos a los familiares (Doretti y Fondebrider 2001). Asimismo, se incrementaron y diversificaron los tipos de aportes brindados: procedimientos técnicos concretos, peritajes judiciales, investigaciones sobre las materialidades asociadas a las prácticas represivas, acompañamiento y análisis sobre la conformación de sitios de memoria, etc. (Fuentes et al. 2009; Zarankin y Salerno 2012; Biasatti y Compañy 2014, entre otros). Es en este marco en que cobra relevancia el trabajo en el ex CCDyT Monte Pelloni de Olavarría, y la descripción y análisis de su resignificación. Durante casi siete años, en este lugar los y las integrantes de la asociación Mutual por la Memoria (en adelante, MMO) realizaban visitas guiadas, pero sin que hubiera una intervención material en el predio. Tiempo después, convocaron a profesionales de la arqueología y de otras disciplinas para conformar un equipo de trabajo que tendría como objetivo constituir al sitio como Espacio de Memoria.

EL MARCO CONCEPTUAL

Antes de desarrollar algunos conceptos clave es importante resaltar el posicionamiento desde el cual se enmarca este trabajo, cuyas bases son el compromiso y el involucramiento para colaborar en la resolución de necesidades sociales concretas y la coproducción de conocimientos desde una episteme histórica que permitan, a la vez, superar lo estrictamente académico y “abrir la arqueología” (Curtoni y Chaparro 2008: 218). Esto no es novedoso, varios autores han planteado formas alternativas para llevar adelante la práctica arqueológica. González Ruibal (2012: 109) propone hacer una arqueología “abiertamente política en el presente y en el pasado […] práctica y acción, no sólo discurso”. Sin embargo, si se hace un rastreo más profundo, estos posicionamientos también pueden reconocerse en la arqueología social latinoamericana de la década del setenta, cuando ya se señalaba que la disciplina “no puede ejercerse con eficacia desde los refugios académicos. […] El futuro profesional no puede quedar reducido a la investigación pura y la docencia universitaria, a no ser que se quiera condenar a la antropología al estancamiento, al culto de lo exótico, a satisfacer meras curiosidades por el pasado y a jugar los juegos académicos permitidos” (Palerm 1980: 29-30).

A partir de este marco se presentan algunos conceptos que guían este trabajo. En primer lugar, la memoria es entendida como una facultad psíquica para recordar (y a la vez olvidar), subjetiva, selectiva e inconstante (Jelin 1995; Solís Delgadillo 2015). Atribuye significados a hechos del pasado generados en el presente y, a partir de ello, los ordena y construye secuencias narrativas (Ricoeur 1995); por lo tanto, es un recorte de lo acontecido. A pesar de parecerlo, varios autores plantean que ninguna memoria es exclusivamente individual, porque está continuamente modelada e influida por un marco social o colectivo (Jelin 2002a). Es en la esfera pública donde las distintas narrativas entran en tensión y donde se disputa la hegemonía de los discursos ( Halbwachs 2004). Asimismo, la memoria se sostiene “sobre un sistema de fechas, lugares y artefactos apoyados en el lenguaje que permiten inscribir lo que es de interés para un grupo y que están determinados por el tiempo y el espacio” (Solís Delgadillo 2015: 28). La arqueología que investiga sobre el pasado reciente se vale de esos recuerdos asociados a los objetos, las estructuras y los paisajes para focalizarse en los aspectos materiales de la memoria.

Por su parte, cuando se habla de universo concentracionario se hace referencia al modelo de instituciones de reclusión para la población civil creadas por los estados autoritarios del siglo XX, por fuera del ámbito del respeto a los derechos humanos. El término fue acuñado por David Rousset (1946) con el fin de explicar la administración de los campos de concentración en la Alemania nacionalsocialista: su ideología, sus normas sociales y su maquinaria de funcionamiento. Entre los mecanismos sistemáticos de desaparición de personas implementados por las dictaduras latinoamericanas, los centros de detención constituyen uno de los dispositivos más poderosos para destruir la identidad de los individuos secuestrados. Como bien plantean Zarankin y Niro (2009: 61), su disposición espacial y arquitectónica fue utilizada como una potente herramienta de disciplinamiento, ya que aseguraba confinamiento, limitación de movimientos y comunicación, y condiciones extremas de supervivencia. Estas acciones represivas, más la tortura, la privación de la visión y el alimento, y la sustitución de los nombres por números, despojaban de toda humanidad a los prisioneros. A esto se le sumaba el doble carácter “clandestino” de estos centros, ya que estaban al margen de toda reglamentación internacional relativa a la reclusión de personas y, paralelamente, funcionaban a la “luz del día” pero ocultos en edificios preexistentes o en espacios donde se realizaban otras actividades visibles y legales ( Calveiro 1998; Zarankin y Funari 2008).

Los centros memoriales y los museos de la memoria son una clase de museos que surgieron en la posguerra, momento en que el relato giraba sobre el testimonio de los sobrevivientes de un conflicto social (exterminio, represión, persecución, etc.). En estos centros, los debates más profundos se relacionan con qué se recuerda, qué se olvida y cómo representarlo, temas candentes que generan conflictos ya que, en la mayoría de los casos, los regímenes totalitarios siguen teniendo adeptos en el seno de la sociedad. En estos lugares de memoria (sensu Nora 2009) se manifiestan tensiones ideológicas y políticas, y paralelamente se ponen en relieve los sentidos que se resignifican en el momento en que, no solo parte de la sociedad civil, sino los gobiernos y sus políticas públicas implementan acciones con el propósito de consolidar y fortalecer los derechos humanos y políticos (Barbuto 2012; Mora Hernández 2013). Estos sitios, lugares, espacios y/o marcas vinculadas con algún hecho histórico de carácter traumático contribuyen a la patrimonialización de esa memoria (Silverman y Fairchild Ruggles 2007; Sosa González 2014). Una memoria no exenta de polémicas y desencuentros, y un patrimonio memorial que ha sido caracterizado en el mundo como “negativo”, “incómodo” o “conflictivo” (Meskell 2002; Cardona Gómez y Rojo Ariza 2012). Para poder comprender la vinculación de estos espacios con los procesos de activación patrimonial (sensu Prats 2005), es necesario explicar una serie de concepciones ligadas a esta dinámica. En primer lugar, no cualquier objeto/entidad/lugar se convierte en patrimonio. Para que ello suceda, debe haber un proceso de selección de aquellos elementos que son particularmente significativos para una comunidad (o, como en este caso, para un grupo de personas), que sirva de enlace con el pasado y, como consecuencia, se procure su rescate y preservación. En esa selección se otorga valor. Esta valoración no es inherente al bien sino que es adquirida y socialmente asumida (Ballart Hernández y Tresserras 2007). A partir de esto se puede considerar a los ex CCDyT como potencialmente patrimonializables, en la medida en que la sociedad los reconozca y los valore. En este sentido, la materialidad de estos espacios de memoria se vuelve trascendente solo en asociación con su valor testimonial, es decir, como evidencia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos allí ocurridas. Es allí donde, para que haya activación patrimonial, deben entrar en juego los poderes políticos, que por medio de la negociación logren alcanzar el mayor consenso social. En Argentina, en el año 2003 (y unos años antes), con la implementación de políticas estatales o la institucionalización de la memoria, como la llama Da Silva Catela (2014), se instaló una nueva memoria oficial (Estado + exdetenidos/familiares, etc.), uno de cuyos programas es la reconversión de ex CCD en sitios de memoria.

De todo este proceso deriva la complejidad de gestionar, interpretar y proteger a estos bienes; de lo cual se desprende la importancia de este trabajo, que da cuenta de su estudio, visibilización y salvaguarda, motores imprescindibles para la conformación de una memoria colectiva y para el aprendizaje orientado al futuro.

LA CONFORMACIÓN DEL ESPACIO DE MEMORIA MONTE PELLONI

El caso de Monte Pelloni

El ex CCDyT Monte Pelloni se localiza a 20 km de la ciudad de Olavarría (provincia de Buenos Aires), sobre la ladera este del cerro Largo, al cual se accede por la ruta nacional 226, por un camino de tierra señalizado. Funcionó en una casona ubicada en un predio de 240 ha y rodeada por gran cantidad de árboles plantados en la primera mitad del siglo XX. Las investigaciones realizadas indicaron que la propiedad del terreno pertenece al Estado nacional como reserva minera y que tuvo varias ocupaciones ( Chaparro y Curtoni 2019): una fundacional, de la familia Pelloni, entre 1891 y 1949, cuyos integrantes lo arrendaron, construyeron la casa, instalaron el vivero y plantaron el monte al que debe su nombre. Una segunda, ocupación militar, entre 1950 y 1985, cuando la dependencia nacional de Fabricaciones Militares (en adelante, FM) le otorgó al RT2 el usufructo del predio en el cual, entre otras actividades, se realizaba el adiestramiento de soldados y conscriptos. En la última dictadura cívico-militar-eclesiástica (1976-1983), ese regimiento utilizó la casona como lugar de detención y tortura ilegal de militantes de la ciudad de Olavarría y zonas aledañas. Con el advenimiento de la democracia se da la tercera ocupación, cuando FM cede el predio en préstamo de uso a la Escuela Agrotécnica N° 1 para la instrucción agrícola-ganadera de sus alumnos. Finalmente, en 2012 y luego de múltiples gestiones por parte de los ODH, FM le otorga a la MMO el predio en comodato por un plazo de 10 años, última etapa en la que se comienza a des(marcar) y resignificar el predio.

El proceso hacia la resignificación como espacio de memoria

Monte Pelloni fue uno de los sitios identificados por las víctimas a principios de la democracia en el marco de las investigaciones de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Sin embargo, recién con el nuevo siglo se fueron dando las condiciones necesarias para que comenzara a adquirir nuevos significados y, finalmente, ser convertido en un espacio de memoria. A lo largo del tiempo, varios hechos convergieron hacia ese propósito. Entre 2013 y 2014, en el marco de la investigación (Chaparro y Curtoni 2019), se incrementaron los asistentes al predio, de cuyas visitas –previamente pactadas– se hacían cargo los exdetenidos. Es a partir de esos años que afloraron nuevos sentidos (sensu Jelin 2002b) de recuperación y de reparación, tanto para las víctimas, como para los visitantes. Un ejemplo que muestra cómo se reforzaron estos sentidos tuvo lugar cuando se compartieron los trabajos de campo arqueológicos y las entrevistas in situ, que incluían evocaciones traumáticas, pero también toda clase de charlas, encuentros y comidas donde los sobrevivientes resaltaban el carácter “reparador” y proyectaban la concreción de un futuro espacio público.

A fines de 2014, este proceso de visibilización se potenció notablemente con la realización del Juicio Causa Monte Pelloni 1 en la ciudad y la sentencia por delitos de lesa humanidad a cuatro de los genocidas acusados. Parte de la sociedad olavarriense se sensibilizó ante la historia del CCDyT y la llevó a incrementar la asistencia, que de manera espontánea se acercaba al predio para recorrerlo, especialmente los fines de semana. También creció la demanda a la MMO de charlas y pedido de acompañamiento a las visitas por parte de escuelas secundarias. Para ese entonces, el lugar no contaba con ninguna clase de dispositivo que brindara a los visitantes información ni permitiese su interpretación, lo que obligaba a los integrantes de la MMO trasladarse y recepcionarlos con asiduidad. Con esta necesidad concreta “de hacer algo en el Monte para los visitantes” (Carmelo Vinci, comunicación personal, diciembre 2014), se decidió conformar un equipo que planificara y concretara la puesta en valor del predio. Finalmente, en 2017 se obtuvo un subsidio para activar el viejo anhelo de emplazar un museo o espacio similar de educación y reflexión en el Monte.

La planificación de un Espacio de Memoria

Durante un año, entre abril de 2017 y marzo 2018, parte del viejo equipo de investigación de la Facultad de Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) e integrantes de la MMO discutimos, planificamos y redactamos la misión y el Plan Integral de Gestión para el Espacio de Memoria que se estaba gestando (Chaparro y Bahl 2017). Antes de describir la primera parte del plan, es importante resaltar la modalidad de trabajo que se decidió llevar adelante en este proyecto, el cual se basó en un sistema participativo, de tipo directo e informal, donde todos sus integrantes dieron a conocer sus opiniones durante todo el proceso ( Acuña et al. 2003) (Tabla 1). Asimismo, se propició una cocuraduría, es decir, un proceso en el que todos los miembros interesados convergieron desde el principio para definir los objetivos del proyecto y para generar el programa o exhibición basado en los intereses de la comunidad (Simon 2010).¹ Para esto se conformó un equipo multidisciplinario (antropología social, arqueología, comunicación social, historia, derecho y educación), multiclaustro (estudiantes y docentes) y multiactoral (integrantes de ODH, docentes y estudiantes secundarios, etc.) que, además, buscó generar espacios de aprendizaje de contenidos específicos de los programas académicos y curriculares en situación de contexto real (la universidad y la escuela secundaria).²

Tabla 1. Proceso de trabajo: tipos de encuentros desarrollados para la construcción del Espacio de Memoria Monte Pelloni. 

Plan Integral de Gestión: grupos de interés y declaración de significancia del bien

Un plan integral de gestión es una herramienta de planificación estratégica a largo plazo (UNESCO, 2014). En este caso, fue estructurado en dos secciones: la primera parte incluyó la identificación y análisis de todos los grupos de interés implicados, la evaluación y el reconocimiento de las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades (conocido como FODA), que ayudaron a definir un diagnóstico del proyecto. Asimismo, se relevaron las valoraciones atribuidas (mediante entrevistas, charlas y encuestas) y los intereses implicados, y finalmente se confeccionó la declaración de significancia del bien. En la segunda parte del plan se incluyeron los programas de educación, preservación, interpretación, comunicación, monitoreo y evaluación, cada uno de los cuales fue pensado con objetivos, acciones e indicadores (Caraballo Perichi 2011).

El plan se realizó siguiendo los parámetros vigentes propuestos por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (2012). Se analizó su situación actual en relación con las condiciones de accesibilidad física, conservación, investigación y situación legal. Luego se identificaron los grupos de interés (Tabla 2) y se analizaron las relaciones de fuerza que se manifestaban entre ellos. Este análisis permitió resaltar la fragilidad de la relación con el segundo principal grupo de interés, FM, dada por la firma de un comodato para uso del predio solo por un plazo de diez años (desde 2012).

Tabla 2. Grupos de interés identificados. 

Monte Pelloni sigue siendo propiedad de FM, dependencia del Estado nacional que se dedica a explotar recursos naturales para la construcción de armas y otros insumos. Históricamente perteneció a diversos organismos del Poder Ejecutivo nacional, según los intereses de cada gestión de gobierno u orientación política, pero la mayoría de las veces, el mando directo estuvo en manos de cúpulas de las Fuerzas Armadas. Durante el período en que se aceptó el comodato, estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, y su dirección, a cargo de personal civil. Actualmente volvió al Ministerio de Defensa y a depender del mando militar, lo cual puede atentar contra la renovación del comodato y, por lo tanto, poner “en peligro” el Espacio de Memoria. Esta situación de vulnerabilidad se presentó y discutió en el seno de los talleres y reuniones con las personas exdetenidas e integrantes del MMO. Ellos decidieron consultar legalmente y evaluar las diferentes posibilidades a gestionar en el futuro para conseguir la tenencia permanente.

Posteriormente, el relevamiento de grupos de interés y los análisis de condiciones del sitio permitieron construir una matriz FODA, como tercer aspecto a considerar en el plan de manejo. Este ejercicio brindó un diagnóstico del estado de la cuestión previo a la construcción del circuito de interpretación. En cuarto lugar se confeccionó la declaratoria de significancia cultural del sitio (De La Torre 2002), a partir de sus valores asociados, entre los que se destacaron el testimonial, el histórico, el simbólico y educativo, los cuales están fuertemente vinculados.

A partir de los análisis antes descritos se desarrolló la segunda parte del Plan Integral de Manejo, que incluía la delimitación de la misión y la visión, las cuales fueron elaboradas junto a las personas integrantes de la MMO, familiares y militantes de ODH de Olavarría en el marco de los talleres participativos. A su vez, de los objetivos generales y los programas propuestos (de vínculos institucionales intra- e intercomunitarios, comunicacional, de conservación, de educación, de infraestructura), se desprendieron las acciones concretas para cada uno, con sus respectivos indicadores de rendimiento, y por último, el financiamiento y el control o monitoreo de toda la planificación (Avrami 2000; Bastidas y Vargas 2012) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Inauguración del Espacio de Memoria Monte Pelloni (foto de la autora). 

Figura 2. Vista de la casona y de la cartelería (foto de la autora). 

En los talleres se decidieron varias cuestiones clave, como por ejemplo, la forma que adoptaría Monte Pelloni, si de museo o centro de interpretación, o como sitio de memoria. Esta cuestión estaba vinculada al estado de conservación del predio, de la casona y de los objetos³ y/o documentos asociados. También se decidió y redactó la misión⁴ del lugar, la manera en que se iban a presentar temas sensibles como la tortura o cuestiones como la de definir si los exdetenidos/as eran considerados víctimas,⁵ entre otros. Todos los textos y las imágenes de los diez paneles fueron elegidos y redactados durante los talleres.

Desde el 24 de marzo de 2018 empezó a funcionar Monte Pelloni como Espacio de Memoria con un circuito autoguiado de interpretación. Se trata de un lugar gestionado por la MMO, con la que hay que comunicarse para poder acceder al predio y contar, si se quiere, con el acompañamiento de los exdetenidos. No cuenta con un cuidador, ni con apoyo estatal permanente ni trabajadores. Solo por un año recibió un subsidio para mantenimiento del corte de césped por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la cual se lo giró al Municipio de Olavarría. Durante 2018 el área de parques y paseos públicos se encargó de ese servicio en el predio.

ALGUNOS APUNTES PARA LA DISCUSIÓN

A lo largo de este trabajo se han expuesto una serie de cuestiones que ameritan ser retomadas para su consideración. En primer lugar, se puede discutir el rol específico que ejerce el o la profesional de la arqueología en estos procesos de recuperación de espacios ligados a la violencia estatal y la violación de los derechos humanos. Concretamente, el involucramiento de nuestra parte se ha dado en el momento de convocarnos para colaborar en la activación patrimonial del excentro clandestino, lo cual incluía la posibilidad de utilizar nuestros conocimientos para visibilizar los espacios represivos, los objetos asociados, los relatos vividos y las voces silenciadas. Pero también, y no es menor, hay que destacar que el interés de los integrantes de los ODH locales fue conformar una alianza estratégica con el sector universitario/científico, que les permitiría vehiculizar sus intereses en pos de la construcción del Espacio de Memoria. Es decir que ese rol de “experto”, que en otras instancias acecha y se busca trascender por la violencia epistémica que implica, en este caso concreto se transformó en una herramienta para la legitimación de una lucha y la recuperación de un lugar con el fin de la reparación histórica. Este es el mismo sentido que destaca Gastaldi (2014) para casos similares en la provincia de Córdoba (Argentina). Sin embargo, hay que señalar que a la hora de la realización de los talleres donde se decidían conjuntamente los ejes conceptuales y los relatos que iban a plasmarse en los guiones museográficos del circuito de interpretación, se decidió que nuestra voz fuese una más, pues primaban las de las personas sobrevivientes y los familiares de desaparecidos. Justamente, nuestro rol “de especialistas” fue desdibujado en el momento de la construcción de las narrativas del pasado en cuestión y esa fue una decisión personal, asumida de forma coyuntural. Esta simetría se generó especialmente en la intimidad de los talleres, posibilidad que ninguno de sus participantes podría haber dado en otro espacio, debido a la potencial presencia de personas que reivindicaran la dictadura o alguna clase de accionar represivo. Como bien plantea González Ruibal (2012), en esta clase de estudios y colaboraciones comunitarias sobre violencia estatal, no todas las formas de comprender el pasado son legítimas.

A partir de la reflexión anterior, se deriva un segundo tema de debate cada vez más presente y es el vinculado a los valores, supuestos, metas y formas que subyacen a la participación ciudadana promovida o anhelada desde los proyectos de arqueología (por ejemplo, Gianotti García et al. 2014; Rivolta et al. 2014, entre otros). A pesar de que, a simple vista, en estos trabajos se observa que la participación, más que un objetivo deseable, es un medio para alcanzar objetivos particulares (Crespo et al. 2017: 49), cabe preguntarse ¿qué tan genuina es la participación cuando se invita a diferentes actores sociales a tomar parte en proyectos ideados y dirigidos por los intereses de los arqueólogos? En el caso que aquí se analiza, fue impulsado por una demanda social inicial, lo que podría considerarse alejado de que “el otro ingrese pasivamente en una participación ajena”, como plantean Compañy y Biasatti (2014: 226). Sin embargo, esto no asegura que no se transforme en una “parodia” y se termine haciendo lo que el especialista considere. Para minimizar este riesgo es importante lograr el acuerdo explícito de generar una participación cocreativa entre las partes, eje que debe atravesar todo el proyecto, de principio a fin. Para Monte Pelloni, todos los miembros del equipo, los demandantes del proyecto (ODH), los profesionales y otros integrantes de grupos de interés (estudiantes y docentes universitarios) definieron desde el principio los objetivos (misión, visión) y la forma que finalmente adquiriría mediante los programas y la construcción del sendero. A su vez, a lo largo del proceso de trabajo, la participación se desarrolló de manera directa e informal en cada una de las instancias (organización interna, toma de decisiones, implementación o evaluación). Las herramientas que la permitieron y facilitaron (talleres, entrevistas, encuentros, grupos virtuales en redes sociales, etc.) estaban fundamentadas sobre la base de acuerdos previos (y la confianza), la reafirmación/refundación de otros nuevos, el respeto y el diálogo constante.

Por último, un tercer tema para someter a consideración es la importancia que posee la utilización de herramientas de gestión integral en los proyectos culturales (De La Torre 2002; Caraballo Perichi 2011), los cuales otorguen a la institución o grupo de demanda un documento escrito, como material de guía y consulta constante. En el Plan Integral de Gestión del Espacio Monte Pelloni se realizó un diagnóstico de su estado general, las valoraciones sociales implicadas, las alianzas y tensiones puestas en juego entre los diversos grupos de interés y la evaluación de la significancia del bien en cuestión. Asimismo, fueron incluidos el diseño, delimitación y proyección de los programas considerados necesarios para la sostenibilidad social y económica del proyecto.

COMENTARIOS FINALES

A lo largo de este trabajo se presentó el devenir histórico que permitió la conformación de un Espacio de Memoria en Monte Pelloni, donde se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. El análisis de este proceso de recuperación y resignificación implicó la profundización de cuestiones ligadas a su significación social, de los intereses que atravesaron la activación patrimonial, de los supuestos que guiaron la actuación profesional y las formas que finalmente adquirió. Algunas de las cuestiones derivadas del análisis fueron puestas a consideración. Primero, en relación con los roles que, como profesionales de la arqueología, se pueden asumir y los que finalmente se asumen, y las implicancias de participar de esta clase de proyectos. En segundo lugar, la importancia de la reflexividad ante los valores, supuestos, metas y formas que adquiere la participación ciudadana en estos proyectos de activación patrimonial y de memoria. Tercero, considerar a la planificación integral como una herramienta de gestión imprescindible en los proyectos de puesta en valor. Como cierre, cabe resaltar la potencialidad que aportan los trabajos de involucramiento social para la reconfiguración y la desacralización de la arqueología hacia una disciplina más comprometida y enfocada a brindar respuestas a inquietudes y demandas actuales de relevancia social.