A diferencia de la Ley de Patrimonio Cultural, en esta norma se manifiesta expresamente el interés por poner los materiales al "servicio de la comunidad" para su propio "desarrollo" (art. 2 inc. 1 y 2) y "garantizar el ejercicio del derecho a la información, el acceso a la cultura y a la educación permanente (.) sobre temas locales y regionales que permitan el rescate de la identidad sanluiseña, la consulta y la recreación" (art.3 inc.1).

Cabe destacar que los pueblos indígenas no son contemplados en ninguna de las normas de patrimonio mencionadas, pese a las políticas desarrollada por el gobierno provincial en las últimas décadas de reconocimiento a los pueblos indígenasHuarpe y Ranquel considerados preexistentes en el territorio.En este marco, fueron restituidas tierras a dichas comunidades (ver Ley V-0600-2007).

Patrimonio, turismo y sustentabilidad

Las disposiciones legales bajo análisis se sancionaron en la primera década del siglo XXI, época en la cual la noción de sustentabilidad no estaba todavía incorporada en el discurso, como si ocurre enla normativa provincial aprobada en la segunda década, en la cual se comienza a considerar esta perspectiva. Se trata de leyes que creanplanes de gobiernotendientes al desarrollo provincial, talescomo el Plan Maestro de Turismo (Ley N° VIII-0722-2010) y el Plan Maestro de las Culturas 2013-2023 (Ley N° II-0872-2013).

En relación con el primero, es claro el objetivo respecto a "contribuir a la sustentabilidad económica, ambiental y social de la Provincia de San Luis (.) a través de la promoción del turismo (.),determinando los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y(.) estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad (art. 2). Asimismo, entre los principios rectores que señala la ley se encuentran la "Promoción del desarrollo regional equilibrado", la "Valorización y preservación del patrimonio natural y cultural de la Provincia" y la "Promoción de la integración social", entre otros aspectos relativos a la estructura económica y la innovación productiva (art.3).Es interesante cómo se definenen dicha norma las zonas turísticas del territorio de San Luis que se caracterizan por poseer "un criterio de integración de recursos culturales y naturales y de afianzamiento de la identidad provincial". Estas se corresponden con: a) Zona de los Inicios de la Tierra (Norte de Este a Oeste que incluye el Parque Nacional Sierra de Las Quijadas y el Parque Provincial Bajo de Véliz, entre otros), b) Zona de Serranías, Historia y Minerales(Centro de Este a Oeste que incluye Sistemas montañosos, Sitios históricos, áreas urbanas, manifestaciones culturales,Yacimientos mineros metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación yc) Zona de Originarios, Venados y Lagunas (Sur de Este a Oeste que incluye Pueblos Originarios; Explotaciones agrícolas-ganaderas; Lagunas, pastizales y venados) (art. 8). En estas áreas no se mencionan los sitios arqueológicos como bienes de interés turístico, pese a que la Ley de Patrimonio Cultural es anterior a esta norma y se adecua a la Ley Nacional de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, por lo que cuestiones referidas al turismo y la arqueología deberían haber sido consideradas.

Cabe destacar que esta ley aprueba el Plan Maestro de Turismo 2010-2020, queincluye diversos programas para su ejecución y seguimiento dentro de los que se destacan el de "Valorización Patrimonial" para la "identificación, planificación, puesta en valor, gestión y protección" de los recursos naturales y culturales (art. 9. b) y el referido a la "Participación y Capacitación", orientado a "capacitar a todos los actores públicos y privados" y a la "concientización y sensibilización de la comunidad" (art. 9.e).  En cuanto a la participación la ley también reconoce entre sus presupuestos,y a través de las funciones del Consejo Asesor Provincial de Turismo (art. 17), la importancia de "Fortalecer las relaciones con las comunidades y articular programas de participación ciudadana" (art. 19b).

En este sentido, la perspectiva turística aparece directamente vinculada con el patrimonio cultural y natural y con la necesidad de su valorización y preservación a partir de gestiones que, entre otras cosas, se orientan a la "sensibilización" y "participación" de la población local con respecto a los recursos provinciales. En este punto se destacael uso de los conceptos de "comunidad","identidad"e "integración social", los cuales aparecen articulados a estos procesos; y también el de "sustentabilidad",en su dimensión económica, ambiental y social, como objetivo central a cumplir a partir de los programas que establece la provincia.

Por otro lado, el Plan Maestro de las Culturas 2013-2023, aprobado por Ley II-0872-2013, tiene como horizonte promover el "desarrollo cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis (.) con eje en el fortalecimiento de una identidad puntana inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural"(p. 7). Esta idea central dedesarrollo cultural se afirma en el concepto de sustentabilidad que, como complementodel desarrollo económico, enfatiza la necesidad de "sostener todas las formas de capital y recursos (físicos, humanos, financieros, ambientales) para asegurar las necesidades de futuras generaciones" y plantea la importancia de atender a "la incidencia de los factores culturales sobre la calidad de vida" (p. 24).

Este plan,además de su objetivo macro de fortalecer la identidad y diversidad cultural de la provincia, propone estrategias para fomentar las "industrias creativas" como emprendimientos culturales. Asimismo se menciona la necesidad de contar con "gestión, infraestructura y participación ciudadana, orientadas a ampliar la democracia cultural e impulsar un sector cultural dinámico"(7). En este punto, el plan hace un fuerte hincapié en la democratización tendiente a "respetar e incentivar todas las expresiones de la cultura"; asimismo se menciona la importancia del "acceso igualitario a los medios de creación, producción, difusión, exhibición y consumo/participación de bienes y servicios culturales"y al involucramiento delos ciudadanos como "participantes activos en el ciclo de las políticas culturales" (p. 24). La participación, por lo tanto, aparece como un factor decisivo dentro de las intenciones políticas que la provincia persigue para la gestión de sus recursos culturales.

Cabe destacar que algunas de las principales metas del Planrefieren a la revalorización de las "tradiciones, folklore, historia y costumbres populares"; así como al fortalecimiento de "la identidad de los pueblos originarios, preservando y recuperando su cultura ancestral" y se hace mención a las Comunidades Ranquel y Huarpe, presentes en la provincia. La identidad puntana o "puntanidad"(8) es asimismo definida en dicho plan como "plural y diversa" que tienen sus raíces en las culturas ancestrales y se proyectó hacia el futuro, incorporando las expresiones de las nuevas culturas emergentes.

Finalmente se enfatiza la necesidad de "custodiar, preservar y expandir elpatrimonio cultural y natural, material e inmaterial de la provincia", en adecuación con lo postulado por la Ley Provincial de Patrimonio Cultural (p. 32).

Respecto de esta meta referida al patrimonio, el Plan enuncia una política provincial que, a largo plazo, secentra en "instalar la valoración social (.), a través de campañas de educación y difusión pública orientadas a transmitir la idea de patrimonio como herencia cultural,dada su función social y también como dinamizadora de ciertos sectores de la economía, incluyendo el turismo y el desarrollo urbano". A corto plazo,el plan enfatiza la importancia de implementar la ley de patrimonio cultural y la puesta en marcha de mecanismos culturales para "fomentar y sostener la investigación patrimonial" y "gestionar eficientemente, custodiar, preservar y expandir el patrimonio de la provincia" (p.73).

Ambos planes, el de turismo y el de cultura, aparecen relacionados en cuanto a los indicadores que cada uno establece para medir la eficacia en la implementación de las políticas culturales. Dentro de los puntos en común, el patrimonio se introduce como un concepto central, vinculado con la identidad puntana que es necesario fortalecer, pero además se contempla la posibilidad de ser utilizadocreativamente para el desarrollo sustentable regional desde su dimensión económica y/o turística. Cabe destacar que "la naturaleza" y "el ambiente"son aspectos que tienen un lugar explícito en estos documentos en relación con la necesidad de su preservación, tanto por tratarse de recursos no renovables, como porquedefinen la identidad puntana y modelan las expresiones culturales (9)(p.50). Asimismo, se mencionan los aspectos "inmateriales" o la dimensión "intangible" que integra la definición de patrimonio, destacándola como un componente constitutivo fundamental de la vida comunitaria. En este sentido, los recursos culturalesde la provincia se entienden desde una perspectivaintegral, dando cuenta de la diversidad de elementos que, aún resaltados punto por punto, funcionan demodo articulado y requieren ser consideradosentre las acciones de gobierno que se planifiquen en este campo.

No obstante, si observamos el repertorio patrimonial de la provincia que surge del listado de declaratorias de bienes culturales, se evidencia un fuerte hincapié en el patrimonio material e inmueble (ver Tabla 3).

Figura 3. Listado de bienes culturales de San Luis declarados a nivel provincial.

Por último, cabe mencionar los programas que se elaboraron en base a los lineamientos surgidos de los mencionados planes, como es el caso del Programa Cultura, dependiente de la Secretaría General de Gobernación, a través del cual se establece una agenda cultural con diversas actividades relacionadas con talleres sobre música, poesía, capacitaciones a artistas en diferentes localidades, muestras de arte, realización de visitas a la réplica del cabildo, entre otras (10). Asimismo, recientemente este programa, a través del Subprograma Patrimonio Histórico y Cultural, ha desarrollado proyectos como el de relevamiento de casas y edificios históricos (11) de la capital provincial -ver el siguiente apartado de ordenanzas municipales, punto A-  para generar un inventario que contribuya a la valoración y preservación de ese patrimonio. La puesta en marcha de estas acciones muestra una política de gobierno en la cual el patrimonio cultural integra las prioridades de la gestión provincial. En los últimos años se ha avanzado en la elaboración de un inventario y listado de bienes patrimoniales naturales y culturales, tangibles e intangibles de la provincia, muchos de los cuales han sido declarados mediante normas especiales (ver Tabla 3).

Ordenanzas Municipales

Para completar el panorama normativo cabe mencionar las competencias municipales sobre el patrimonio cultural que contempla la Constitución Provincial en sus arts. 247, 248 y concordantes y lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal (Leyes 1213-2159, Decreto-Ley 284-GyE-RL-581213-2159). Una característica destacada es que la provincia de San Luis le reconoce autonomía a sus municipios. A su vez, conforme a lo establecido en los arts. 17, 23 inc. d), 75 incs. b) y c), 76 inc.h), 85 inc.b) de la Carta Orgánica Municipal, se establece que los Municipios deben garantizar un medio ambiente equilibrado y salubre, promover la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. Asimismo, es competente en materia de planeamiento urbano, tomando en consideración los modos de vida y garantizando el racional establecimiento de los asentamientos humanos, fijando pautas para una apropiada densidad de los mismos, su infraestructura y servicios (Endere e Iturburu 2010).

En este marco caben mencionarse algunas de las principales y más recientes ordenanzas de patrimonio cultural sancionadas por los gobiernos locales de la provincia de San Luis, como es el caso de la ciudad de San Luis específicamente. Al respecto se describen brevemente las siguientes:

a) La Ordenanza de Patrimonio Histórico-Cultural de la Municipalidad de San Luis N X-0801-2018 (3496/2018) que adhiere a la Ley Provincial de Patrimonio Cultural, y así también decretos relacionados como el de "Declarar de Interés Municipal el Proyecto de Delimitación Espacial del "CASCO VIEJO" de la ciudad de San Luis, presentado por la Secretaría de Patrimonio Histórico y Cultural (Decreto Nº 1761-SLyT-2017) (12). En este último se destaca que "Los distintos bienes existentes en la Ciudad de San Luis, que por sus características contienen valores de tipo histórico, y/o cultural y/o arquitectónico y/o natural y/o arqueológico, merecen, conforme a la constitución provincial (Art. 68) y la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de San Luis (art. 75 y 76), la promoción por parte de los estados de su preservación, como de así también de aquellas fachadas e inmuebles que contienen valor histórico, arquitectónico, y cultural de la Ciudad. Que aún existen edificios que cuentan con 100 años o más de antigüedad con características propias de una época pasada y que merecen ser destacados en el ámbito de nuestra Ciudad".

b) La Ordenanza Nº 2785-HCD-99.- del Municipio de San Luis por la cual se regula la evaluación de Impacto Ambiental, definido como el estudio encaminado a identificar e interpretar, así como a prevenir las consecuencias o efectos sociales y ambientales que determinadas Acciones, Planes, Programas o Proyectos, pueden causar a la salud y al bienestar humano y al entorno, es decir a los ecosistemas en el que el hombre vive y de lo que depende.

La norma se fundamenta en la necesidad de garantizar el adecuado manejo del ambiente protegiendo los ecosistemas, asegurando las opciones de uso por parte de las generaciones futuras, bajo el concepto de Desarrollo Sustentable. Para ello adopta una política de evaluación de Impacto Ambiental que el Municipio desarrolla en orden a lograr el fin propuesto, la se funda en los siguientes principios: a) Los bienes protegidos por esta Ordenanza, no son susceptibles de ser parcializados en cuanto a su titularidad, por lo que cada habitante es considerado titular de un derecho a un bien indivisible, merecedor de la debida protección legal, en el ámbito de ese Municipio. b) Quienes con su actividad provocan de manera directa o indirecta, un impacto al medio ambiente o social, son responsables de soportar la carga económica derivada de evaluar y minimizar las consecuencias perjudiciales de su actividad. 

Conclusiones

A partir del análisis realizado se pueden efectuar algunas consideraciones generales respecto de la legislación y las políticas culturales de la provincia. En relación con las tres cuestiones que señalamos como claves, es decir la identidad, la participación ciudadana y la sustentabilidad socio-cultural del patrimonio, se evidencia una tendencia creciente a lo largo de los años, particularmente en la última década, a hacerlas explícitas en los documentos analizados, marcando una notable actualización en la temática. No obstante, ese énfasis se vuelve menos claro a la hora de analizar su puesta en práctica, muchas veces debido a la falta de reglamentación de las normas o de implementación de los planes y programas. Un aspecto no menos significativo es que en el sistema de protección del patrimonio cultural de San Luis conviven normativas y mecanismos de protección que responden a diferentes lógicas; mientras algunas se ajustan a las nuevas ópticas (i.e. presentan una visión integral, diversa, plural y participativa del patrimonio), otras mantienen una concepción tradicional, que centra su preocupación casi exclusivamente en la protección de los bienes culturales materiales e inmuebles. Si analizamos los listados de bienes culturales declarados de la provincia se observan dos etapas, la primera que termina en la década de los 90s se muestra una visión del patrimonio tradicional y erudito que pone el eje en el patrimonio arquitectónico e histórico; el listado pone el énfasis en el patrimonio patrio, colonial eclesiástico, así como en escuelas y lugares vinculados con poetas locales. A partir de 2004 se evidencia una nueva etapa en la que se comienzan a incluir paisajes de valor turístico (Ruta 5), elementos naturales con valor simbólico (algarrobo), se reconoce el patrimonio inmigrante (Edificio de la Sociedad Italiana), industrial (Chimenea del Aserradero) y del siglo XXI (Terrazas del Portezuelo), aunque siempre manteniendo el énfasis en los valores históricos y arquitectónicos. En relación a los bienes arqueológicos, cabe destacar que la provincia en 2004 declaró un listado de yacimientos con arte rupestre como bienes culturales, pero luego no se volvieron a incluir sitios arqueológicos en ninguna otra declaratoria, pese al crecimiento sostenido de las investigaciones en la provincia en la última década y la consiguiente identificación de nuevos sitios.

Cabe señalar además que no existen declaratorias vinculadas con el patrimonio intangible. De alguna manera podría afirmarse que persiste la tendencia a poner el énfasis en el patrimonio material sin considerar los componentes inmateriales y la dimensión humana.

Otra característica relevante de estas políticas es el claro interés en vincular el patrimonio cultural con la identidad puntana como un mecanismo para contribuir a su fortalecimiento. Esto se hace más evidente en épocas recientes en donde las disposiciones legales apuntan a la generación de programas que hacen hincapié en la "puntanidad", al tiempo que reconocen la diversidad cultural propia de la provincia y la inclusión de diferentes actores, en particular las comunidades indígenas Ranquel y Huarpe, por su carácter de preexistentes. No obstante, se presupone la adhesión comunitaria a las actividades culturales y la identificación con la identidad local sin mensurar su verdadero grado de implicación. Los destinatarios de estas políticas siguen siendo una abstracción, sin que se contemplen mecanismos específicos de participación. Sin embargo, debe destacarse el rol activo de asociaciones locales y algunos actores destacados del ámbito cultural, los cuales no sólo tienen visibilidad pública, sino que están efectuando también acciones conjuntas con diferentes instancias de gobierno (e.g. iniciativas relativas a la protección del Casco Viejo de San Luis). 

En este marco, discutir la sustentabilidad sociocultural del patrimonio genera el desafío para sus gestores de evaluar aspectos que permitan medir su alcance y que contribuyan a fortalecerla. Por ejemplo, una herramienta factible sería la construcción de indicadores en base al estudio de factores vinculados con la acción pública en relación a esta temática, teniendo en cuenta la función pluridimensional de la cultura y del patrimonio en los procesos de desarrollo.  En este sentido sería interesante explorar posibles cuestiones a considerar, tales como la accesibilidad física e intelectual al patrimonio (es decir, en qué grado sus destinatarios acceden al patrimonio); las percepciones comunitarias (qué sentido y valor le dan al patrimonio), las acciones de educación y sensibilización (qué acciones se realizan; con qué frecuencia y alcance; cuál es el impacto). Asimismo, sería relevante evaluar la participación en instancias de gestión que involucren algún tipo de toma de decisiones; así como la capacidad de autogestión comunitaria para generar emprendimientos culturales que tengan por objeto el patrimonio cultural y de sostenerlos en el tiempo, entre otros aspectos. 

Llevar a cabo estas instancias de evaluación requiere trabajar con comunidades relativamente pequeñas, grupos de interés seleccionados o ciudadanos involucrados en proyectos concretos. Aunque complejas, estas instancias son de gran utilidad para identificar dificultades, así como potencialidades de la gestión patrimonial y ofrecer una plétora de información empírica sustancial para orientar de manera continua la práctica de la gestión en vista a la sustentabilidad sociocultural del patrimonio.