PSICOLOGÍA SOCIAL, POLÍTICA Y COMUNITARIA

Acceso a la vivienda, derechos de territorio

Housing access and territorial rights

 

Petit, Lucrecia1; Muntó, Alejandro2

1 Lic. en Psicología, UBA. Doctoranda en Psicología, UBA. Beca de Investigación CONICET para el proyecto "Las construcciones psicosociales de memoria y de identidad en una comunidad mapuche". Investigadora Tesista del Proyecto de Investigación UBACyT P058 "Narrativas del desamparo. Conformismo, Mesianismo, opciones críticas". Docente de la materia Psicología Social, Facultad de Psicología, UBA. E-mail: lucrepetit@yahoo.com.ar.

2 Estudiante de Psicología, UBA. Becario de Investigación UBACyT en el Proyecto P058, dirigido por Margarita Robertazzi. Ayudante Alumno (ATP 2ª clase) en Psicología Social II, Facultad de Psicología, UBA. E-mail: alemunto@gmail.com.

 

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Resumen
El presente trabajo se propone estudiar las condiciones actuales del acceso a la vivienda en sectores sociales marginalizados y algunos de los efectos psicosociales sobre la población afectada, a través del análisis de dos casos específicos que los autores han investigado en profundidad: una cooperativa autogestiva de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, y una comunidad aborigen en la provincia de Chubut.
Se introduce la problemática a partir de la consideración de dos casos que cobraron notoriedad mediática durante el año 2010, y se discuten algunos aportes conceptuales en torno a las nociones de territorio y de organización en la comunidad. A partir del análisis de estos casos, se desprende por un lado la gravedad de los atropellos cometidos contra el derecho a la vivienda de las clases bajas y de las comunidades indígenas, así como también la capacidad de resistencia que las mismas poseen mediante su incipiente organización.

Palabras clave:
Vivienda; Territorio; Comunidades aborígenes; Organización; Autogestión

ABSTRACT
This paper aims to studying the current conditions of access to housing in marginalized social sectors and some of the psychosocial effects on the affected population, through the analysis of two specific cases that the authors have investigated in depth: a self-managed housing cooperative in the city of Buenos Aires, and an aboriginal community in the province of Chubut. The problem is introduced through the consideration of two cases that gained mediatic notoriety in 2010, and some conceptual contributions around the notions of territory and community organization are discussed. From the analysis of these cases, it is concluded on the one hand the severity of the abuses committed against the housing rights of the lower classes and indigenous communities, as well as the resilience potential that they possess through their growing organization.

Key words:
Housing; Territory; Aboriginal communities; Organization; Self-management

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I. Introducción
El presente artículo se enmarca en el proyecto UBACyT "Narrativas del desamparo: conformismo, mesianismo, opciones críticas" (código P058, programación científica 2008-2010), dirigido por la Dra. Margarita Robertazzi y co-dirigido por la Dra. Liliana Ferrari. Dicho proyecto se trata de un estudio de casos múltiples, intencionalmente seleccionados, que se propone indagar el impacto psíquico que producen distintas condiciones de trabajo y hábitat en grupos familiares vulnerabilizados; a la vez que relevar y analizar distintas propuestas públicas, privadas y autogestionadas frente a la problemática planteada. Para esto, se comprende el entramado histórico-social en el que emergieron, atendiendo a los procesos psicosociales implicados en trayectorias de continuidad y de transformaciones subjetivas, intersubjetivas y discursivas, abordando la investigación desde el paradigma psicosocial de la construcción y transformación críticas. La metodología propuesta es de tipo descriptiva, más específicamente un estudio de casos múltiples intencionalmente seleccionados, con un abordaje cualitativo.
En este artículo, nos centraremos especíicamente en dos casos para dar cuenta de la problemática vinculada a la vivienda, el hábitat y el territorio. El primero de los casos aborda la propuesta autogestiva de la Cooperativa El Molino, sita en el barrio porteño de Constitución, que pertenece al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). Allí, se vienen realizando desde diciembre de 2010, entrevistas semi-estructuradas tanto a los cooperativistas como a distintos informantes clave, así como observaciones participantes en distintas instancias de la actividad de la cooperativa -asambleas, comisiones, eventos especiales- con registro en un diario de campo.
El segundo caso, se centra en la comunidad indígena mapuche Mariano Epulef, ubicada en la provincia de Chubut. En el año 2010 se realizaron dos trabajos de campo, en los meses de febrero-marzo y en octubre. Se realizó un abordaje etnográico con observación participante, entrevistas en profundidad a actores claves, participación de ceremonias y festejos de la comunidad, coordinación de talleres y charlas informales con los pobladores.

La problemática se visibiliza en los medios
En los últimos meses de 2010, fueron noticia de los grandes medios de comunicación de la Argentina, dos situaciones que si bien se ubicaban en diferentes regiones del país, tenían un denominador común: la demanda de un lugar para vivir dignamente, que conlleva el reclamo por los derechos al territorio.
El 23 de noviembre en Formosa, muere el toba-qom Roberto López por la represión policial en un corte de ruta. La comunidad La Primavera estaba reclamando el derecho a vivir en su territorio histórico, respetando la forma de vida de la comunidad indígena. Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, el 7 de diciembre, cientos de personas provenientes de la villa 20 del barrio de Lugano, ocuparon el Parque Indoamericano, pidiendo el otorgamiento efectivo de viviendas, y sufriendo a su vez la represión policial. A ambos grupos se les violó el derecho de acceso a la vivienda, se los marginó y resultaron despojados de su lugar para vivir. A partir de este pantallazo mediático de la problemática de vivienda en el país, se desprende en primera instancia que los derechos humanos no parecen extenderse a todos por igual, ya que integrar una clase social baja, o ser de una etnia distinta, se vuelven factores limitantes para gozar de estos derechos.
De hecho, las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena. Las comunidades originarias y campesinas sostienen la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio; a su vez, denuncian violaciones sistemáticas a sus derechos y que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo (Aranda, 2010). Ya en una asamblea del año 2009, Roberto Lopez, el qoba-tom asesinado por la policía, había dicho ante sus compañeros: "Hay otra cuestión que quiero hablar, los criollos invaden con sus ganados nuestro territorio destruyendo todo medio de vida natural, a las autoridades les pedimos que pongan la ley en práctica, que nos ayuden a defender lo que es nuestro por derechos. (...) Por último quiero pedir que no se fije el límite, no queremos que nos encierren en una tierra que no tiene recurso. Esto nos condenaría a una muerte lenta, por ello pedimos: ¡devuélvanos nuestra tierra!" (blog de la comunidad QOM, extraído el 4 de marzo de 2011).
Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, la ocupación del Parque Indoamericano comenzó el martes 7 de diciembre del 2010, al no cumplirse la promesa de dar títulos de propiedad a los ocupantes de la villa 21. El gobierno porteño buscó y consiguió una orden judicial para desalojarlos en un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Metropolitana, lo que terminó en un episodio de represión violenta la noche del mismo martes, que deparó la suma de tres personas fallecidas como consecuencia del enfrentamiento. Un referente del asentamiento de Lugano, y vecino de una de las personas asesinadas, sostuvo ante los medios que para el gobierno porteño, fue un error prometer títulos de propiedad a los ocupantes de su villa: "No midieron las consecuencias de decir eso, eran 15 mil personas tomando tierras, fue algo masivo que nunca vi en estos años. Nos ilusionaron primero y después nos fusilaron, nos tiraron en nuestras propias casas, eso es lo peor" (Ruchansky, 2011).

II. Enfoques y perspectivas de análisis
Para abordar el objeto de estudio que nos hemos planteado, encontramos que resulta propicio considerar el enfoque teórico psico-comunitario, en la línea que lleva adelante este equipo de investigación. La Psicología Social Comunitaria es una disciplina que fue definida hace tiempo como el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social, para solucionar sus problemas y producir cambios en el ambiente y en la estructura social (Montero, 1982).
Entre los conceptos desarrollados por esta corriente, algunos resultan de especial interés para pensar los fenómenos observados dentro de la temática abordada. La resistencia, según Montero (2003), es junto con la protesta y la conversión, una de las formas en las que se expresa la influencia que ejercen las minorías, en un contexto de opresión por parte de grupos dominantes, y se asocia al despliegue de recursos que permiten a los grupos sometidos "mantener vivas sus creencias, sus costumbres y su identidad, desarrollándolas y conservándolas incluso en medio de condiciones adversas" (2003: 127).
Mientras que el fortalecimiento, de acuerdo con la citada autora (Montero, 2004), se define como el proceso por el que los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones - y transformándose al mismo tiempo a sí mismos. Ello presupone, de manera fundamental, la participación, que involucra la acción de los miembros de la comunidad en el marco de estrategias definidas colectivamente, en función de objetivos que apuntan siempre a satisfacer las necesidades sentidas y priorizadas por la comunidad. La relación de los protagonistas con esta última está caracterizada por el compromiso, que es aquel sentimiento ético de pertenencia, apego y obligación para con la comunidad (Montero, 2003) por el que los sujetos se involucran en acciones dirigidas al bienestar colectivo, muchas veces dejando de lado los intereses e incluso las necesidades personales.

Por otro lado, resulta de interés delinear algunos aspectos derivados de adoptar una perspectiva etnográica para encarar el trabajo en la comunidad. Es así que, tal como lo plantea Guber (2001), en el trabajo de campo etnográfico se obtiene información observando y participando, sistematizado en la observación participante. Entonces, la fuente de conocimiento será la experiencia y la testificación, sintetizado en el "estar allí". Como plantea Geertz, cuando el etnógrafo del tipo «signiicados y símbolos» intenta averiguar lo que un puñado de nativos piensa sobre algo, se pregunta «¿Cuál es la forma general de su vida?» y «¿qué son exactamente los vehículos en los que se encarna esa forma?» (1994:89). En palabras de Guber (1991), debemos reconocer cómo los actores coniguran el marco significativo de sus prácticas y nociones: "A ese universo de referencia compartido -no siempre verbalizable- que subyace y articula el conjunto de prácticas, nociones y sentidos organizados por la interpretación y actividad de los sujetos sociales, lo hemos denominado perspectiva del actor" (Guber, 1991:75). Esto exige registrar los múltiples aspectos que componen la vida social, cuidando de no alterar las prioridades conectivas propias del marco de referencia de los actores, por lo que es imprescindible la unidad entre el recolector de datos y el analista.
Geertz (1987), por su cuenta, piensa a la etnografía como "descripción densa", en tanto que la descripción etnográfica es interpretativa (lo que implica comprensión y explicación) y microscópica, rescata lo dicho por los nativos y lo registra, atendiendo a las fórmulas que ellos usan para definir lo que les sucede, a las interpretaciones que ellos hacen de su experiencia. El autor plantea que la vocación esencial de la antropología interpretativa no es dar respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino darnos acceso a respuestas dadas por otros (Geertz, 1987:40).
Para enriquecer el análisis de estas problemáticas, procuramos introducir algunas nociones sobre territorio. Recordemos la clásica deinición de Robert Sack (1983, 1986): "...territorialidad será deinida como el intento por parte de un individuo o un grupo de afectar, inluenciar o controlar a la gente, las cosas y las relaciones mediante la delimitación de un área y la determinación de un sistema de control sobre la misma, y esa área será llamada territorio". Corboz, por su cuenta, propone hablar de territorio como un horizonte de referencia, agregando que existen tantas definiciones de territorio como disciplinas relacionadas y que no cabe duda que el territorio, por más vaga que sea su definición, "constituye hoy en día la unidad de medida de los fenómenos humanos" (2001:19).
Renato Ortiz, en su libro "Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo" (1996) analiza los cambios producidos en el mundo, para comprender su nueva configuración, los modos en que es ocupado y las relaciones entre diferentes fuerzas sociales. Este autor propone operar con la noción de "líneas de fuerza" (1996:60) y pensar desde la transversalidad, al admitir que el espacio en el cual circulan las personas está atravesado por fuerzas diversas. Corboz dirá: "este territorio ya no consta solamente de extensiones y de obstáculos, sino de lujos, de ejes, de nudos" (2001:33), por lo que el territorio no es un dato sino que es el resultado de diversos procesos, modificándose espontáneamente y a la vez sufriendo las intervenciones humanas, o sea que cada territorio es único y la relación que con él se establece será siempre abierta (Corboz, 2001). Este autor lo piensa a su vez como una construcción, una especie de artefacto, constituyendo un producto, que por consiguiente hace del territorio un proyecto (2001). Y agrega que la necesidad de una relación colectiva que se establece entre una supericie topográica y la población que vive entre sus pliegues, permite concluir que no existe territorio sin la imaginación del territorio.
Puede decirse que al complejizar el análisis del espacio concreto e introducir dimensiones ambientales, se dejó de tomar al mismo como un mero escenario, como algo de fondo, para enfocarse en los múltiples factores que allí intervienen. En este sentido, las relaciones que los sujetos mantienen con y en el territorio están basadas en las representaciones que ellos poseen y los diferentes significados otorgados a lo que allí ocurre. Durante la vida cotidiana y en ciertas situaciones relevantes para una sociedad, los sujetos marcan, borran, inscriben y transitan por un territorio con el que se identifican y al que los une un sentido de pertenencia. Al incorporar las relaciones de poder y las disputas sobre los sentidos que se otorgan a esos territorios, permite la existencia de multi-territorialidades en un mismo espacio (Petit, 2010a).

Legislaciones y normativas
La legislación a nivel nacional en cuanto al derecho a la vivienda, que es a la vez la que rige en el territorio de la CABA y en el de la provincia de Chubut, es acorde a diversos acuerdos internacionales a los que suscribe la Argentina: entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y dentro de éste, la Observación General 4 "El derecho a una vivienda adecuada", y la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Amigo, 2009). Se reconocen allí tanto el derecho al acceso a la vivienda, entendido en un sentido integral (la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, que sean gastos soportables -en relación con los niveles de ingreso-, la habitabilidad, asequibilidad -a todos por igual, concediéndosele consideración prioritaria a los grupos en situación de desventaja-, lugar -ubicación que permita el acceso al empleo, servicios, etc.- y adecuación cultural) como el derecho a la ciudad por parte de todos los sectores sociales.
Sin embargo, ya las situaciones que trajimos a colación a partir de los casos mediáticos discutidos anteriorimente, dan cuenta de que estos derechos están lejos de verse realizados. En este sentido, respecto de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez señala que "se ha caracterizado por un desarrollo muy limitado en materia de políticas habitacionales. (...) Otra característica -ligada a su carácter de ciudad central del área metropolitana más relevante a escala nacional- ha sido el enfoque tradicional, implícito o explícito de las políticas urbanas durante décadas, consistente en transferir la pobreza a municipios periféricos, reservando el "derecho a la ciudad" para sectores sociales de mayores recursos". De esta manera, las acciones llevadas adelante desde el órgano ejecutor de la política habitacional municipal, la Comisión Municipal de Vivienda, posteriormente reformulada como Instituto de Vivienda de la Ciudad, han resultado históricamente deicientes o directamente inoperantes, según son juzgadas por quienes deberían ser sus destinatarios, así como -en ocasiones- por sus propios funcionarios (Robertazzi, Ferrari, Pertierra & Bazán, 2009).
En cuanto al marco legal que deiende el derecho indígena, la Ley Nacional Nº 23.302 (1985) sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, en su parte IV"De la adjudicación de las tierras", dispone la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, de tierras aptas. A nivel internacional es relevante recordar la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que aprobó en 1989 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Ley 24.071 en 1992 (que entrara en vigencia el día 3 de julio de 2001). En el Convenio, en la parte II sobre "Tierras", artículo 13, establece que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación. A su vez aclara que "la utilización del término "tierras" deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera".
En el artículo 14 se contempla que "deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan", a la vez que garantizar "la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión". Para el cumplimiento efectivo de las regulaciones que protegían a las comunidades indígenas, se sanciona en el año 2006 la Ley Nacional Nº 26.160, para relevar y demarcar los territorios de las Comunidades y para generar las condiciones tendientes a la instrumentación del reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria. En su artículo primero, declara la emergencia "en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país". Asimismo, establece la suspensión por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. Para asegurar el cumplimiento obligatorio de la ley 26.160, el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) diseñaron el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

III. Análisis sobre el acceso a la vivienda y al territorio

Para analizar los dos casos que aquí presentamos, utilizaremos algunos ejes analíticos que permiten establecer comparaciones entre ambas situaciones, y a la vez tejer relaciones al interior de cada caso, de modo que no se trata de cortes divisorios sino de detenerse en ciertos aspectos de los procesos donde los ejes se interconectan y se conforman relaciones dialécticas. Por ejemplo, los modos de organización social conllevan ciertas formas de participación y de compromiso, determinando cierto posicionamiento para reclamar y luchar por los derechos a viviendas dignas, a la tierra y al territorio.

Cooperativa El Molino
La vivienda, autogestionada
En el barrio porteño de Constitución, se ubica el predio -que solía pertenecer a un viejo molino harinero- correspondiente al grupo cooperativo de mayor tamaño de la organización autogestiva de vivienda que constituye el MOI, El Molino, abarcando cien grupos familiares. Esta cooperativa se forma a partir de la fusión en el año 2002 de dos grupos pre-cooperativos, Los Invencibles y 20 de Julio, que se habían originado en el marco de los desalojos masivos de las personas alojadas en hoteles-pensión durante los años previos, y que mediante la operatoria crediticia permitida por la Ley 341 (sancionada por la Legislatura porteña en el año 2000), que inancia a organizaciones sociales para la adquisición de terrenos y las obras de construcción y rehabilitación de viviendas (Rodríguez, 2009), compran el inmueble situado sobre la calle Solís.
Una de las cooperativistas fundadoras, que proviene de estos grupos originarios, recuerda la experiencia de resistencia colectiva que vivieron al momento de hacerse de un territorio para construir sus viviendas: "...la cooperativa Los Invisibles había conseguido un edificio acá en O'Brian, y nosotros habíamos conseguido uno por acá en Caseros y no me acuerdo la otra calle, que ese era para 50 viviendas, y la de ellos también era para 50 viviendas. Y cuando explota lo del 2001, se va todo el dólar, se pierden las dos propiedades, porque imaginate que se pasa a dólares, entonces no te la iban a financiar, no la ibas a poder pagar, entonces se perdieron esas dos viviendas, esos dos terrenos. ¿Entonces qué hicimos? No nos quedamos de brazos cruzados. Seguimos viniendo, buscando ediicio, acá, allá, ahí encontramos este Molino. Grandote. Que implicaba - aquel valía 50.000 pesos, el otro creo que valía algo de 65.000 pesos, este valía 850.000. Y encima vos juntabas 100 familias. Entonces dijimos "no, este". Primero no estábamos muy convencidos, porque ya nos habíamos enganchado, algunos de nosotros queríamos allá, porque viste que parece que bueno, lo primero que vos ves decís "ay esto, esto", y bueno. Pero después una vez que uno fue entrando, tomando la pertenencia, cuidando el lugar, ya no es un edificio más."
Esta cooperativista se refiere aquí al comienzo del proceso autogestivo de la vivienda, que conlleva una progresiva apropiación del territorio a través de la participación en esta organización social, en el marco de la resistencia a los constantes avances contra los derechos a una vivienda digna y a la ciudad, y que ocho años más tarde la llevó a ella misma a ser adjudicataria de una de las primeras veintiuna viviendas, construidas en la primera etapa de la obra, terminada en el 2010: "Después te puedo decir que lo que fue la adjudicación, que fue la última etapa, digo como emocionante y fuerte. Yo no te puedo explicar, no sé con qué palabras, pero te puedo decir que fue algo tan emocionante..."
Sin embargo, la adquisición de la propia vivienda no es aquí vivida como el inal del recorrido, sino como un paso más en el proceso colectivo de acceso al derecho a la vivienda, que conlleva en su perspectiva el avance de la organización como un todo: "Lo mismo que entraste acá, no es que se terminó, vos tenés que seguir luchando, vos te metiste acá adentro y creés que estás salvado, es mentira, porque acá nadie tiene salvado nada. Uno siempre tiene que estar parado en la fuerza de lucha. Nada de nada, uno en la vida no tiene ganado nada, tiene que seguir trabajando siempre, porque sino uno queda muy egoísta, (...) aparte porque hay 76 viviendas más por lograr acá adentro, y todas las que faltan en el MOI. Entonces bueno, es un trabajo continuo." Esta demostración de compromiso con la comunidad, da cuenta de la intensidad de los cambios subjetivos vividos en el paso por la experiencia autogestionaria dentro de la cooperativa, que opone resistencia a los procesos de creciente marginación previamente experimentados por estas personas.

Organización en la comunidad y repercusiones en los protagonistas
En efecto, todos los cooperativistas consultados coinciden en señalar un cambio profundo en su forma de ser, que algunos refieren como un "clic" producido al ingresar en la organización, a partir de su participación en la cooperativa de vivienda. Esta transformación se verifica, como decíamos, por el compromiso que varios de ellos exhiben ante su labor diaria en la misma. Su secretaria, por ejemplo, describe con las siguientes palabras su ejecución del rol para el que fue votada en asamblea por sus compañeros: "A mí me encanta el trabajo. Te come un montón de tiempo, pero uno lo da - a veces te da rabieta, pero lo das con gusto, uno se va integrando cada vez más a la cooperativa, y a la organización, obviamente. Cumplir con el rol que te da el compañero, porque el compañero te elige, como para cumplir un cargo, sea secretario, presidente, tesorero, los vocales, vos mínimamente tenés que cumplir tu trabajo, tratar de llevar adelante el compromiso que vos tenés que cumplir. Y es lindo, a mí me gusta, vuelvo a repetir. Pero es cansador."
Este sentimiento de ligazón tan fuerte con la comunidad, que según la conceptualización de Montero conlleva un proceso de gestación de identidad social en su seno (2004), es a su vez reforzado sistemáticamente por la organización a través de diversas herramientas, como ser el ejercicio de la llamada "ayuda mutua", que consiste en el trabajo de los propios cooperativistas en la construcción de su vivienda. Esto puede corroborarse en la conceptualización que de ella hace la propia organización: "La Ayuda Mutua es un aporte concreto en mano de obra que los cooperativistas y su grupo familiar hacen al proceso de obra. La Ayuda Mutua es obligatoria y cumple dos propósitos fundamentales. Reduce significativamente el costo de la obra y consolida los grupos cooperativos a partir de la relación que se genera trabajando todos en la misma dirección y en pos de un objetivo común. Fomentando la solidaridad y los valores de la cooperación." (página web del MOI, extraído el 15-3-11).
Así, las diversas instancias de participación en la organización autogestiva, van decantando en un efecto de fortalecimiento del lazo comunitario, lo que implica un mayor poder organizacional de la cooperativa, cuyo discurso es incorporado por sus participantes con mayor efectividad a medida que se extiende su historia en la misma. En este sentido, algunos de los cooperativistas reieren los procesos vividos en la comunidad en términos de la conformación de una "gran familia"; dice su tesorera, por ejemplo: "Acá es como que todos estamos juntos, vamos por el mismo lado, construimos nuestras casas, discutimos cómo las vamos a construir, nos peleamos, nos volvemos a amigar, es como... como toda una gran familia, termina siendo."
Pero, al mismo tiempo, este efecto de fortalecimiento se verifica en los propios protagonistas, a través de esas pequeñas transformaciones en las actitudes cotidianas, casi invisibles tomadas en el día a día, pero que apuntalan la formación de una conciencia crítica y comprensiva, a las que Farías (2008) ha señalado como propias del atravesamiento de un sujeto por la comunidad. El mismo presidente de la cooperativa El Molino parece intuir este concepto, cuando deine: "(...) el tema es ver cómo nosotros podemos ir cambiando pequeñas cositas, que al sistema no le gustan. Por ejemplo, conseguir una vivienda para el compañero, consiguiéndole un laburo, dándole la posibilidad de sentirse orgulloso de lo que hace. O sea yo, con esta cara de boludo, todos los días tengo que salir ahí a laburarla y a pelearla, bueno que todos los compañeros tengan esa posibilidad, salir a pelearla. Que tengan eso, mínimamente." Vemos así como los mismos protagonistas subrayan la superación de las limitaciones personales, a través de la integración en la comunidad, de sostener un rol en la misma.
De hecho, ya podemos ver corroboradas, en el discurso de los cooperativistas que hemos traído a colación, varias de las características que Montero (2003) asigna al proceso de fortalecimiento: participación, concientización, control, poder social, autogestión, compromiso, identidad social, politización, desarrollo y expresión concreta de capacidades individuales. Al respecto de estas últimas propiedades positivas del paso por la comunidad, podemos recordar las palabras de otra cooperativista del MOI, que expresaba de esta manera el cambio que percibió en sí respecto de su participación política, de signo contrario al proceso general de despolitización vivido en nuestra sociedad en las últimas décadas: "Por ahí uno, o por lo menos me pasaba a mí, que yo veía desde afuera, en cuanto a lo político, y quizás de que no entienda o no sabe cómo meterse en ese mundo, como que desconfía después de haber vivido el 2001, este... No sabía por dónde podía uno, o sea, por lo menos aportar algo, ¿no? participar en algo; no se me ocurría cómo. Y cuando entro al MOI, bueno, era una linda forma de poder participar de un proyecto, y... algo que tiene que ver con una lucha, con la vivienda, y no es poca cosa, ¿no?, la participación digo en lo político, en el terreno político, si se quiere. (...) Y la actividad misma en la cooperativa, es una forma de hacer política. Y para una persona que hasta hace 15 años le costaba hablar en público, de repente por ahí en una asamblea tenés que hablar, y... No es poco, lo que uno aprendió, en todo este tiempo, digo."
Efectivamente, el hecho de participar de una organización cooperativa autogestiva como medio para reclamar por -y de hecho ejercer- el legítimo derecho de acceso a la vivienda, marca un cambio tal en la postura subjetiva de sus protagonistas que ya lo podríamos caracterizar, junto a Rodríguez, como un "potente dispositivo transformador de carácter integral" (2009: 228).

Comunidad Mariano Epulef

Hacia la propiedad colectiva
"En esta tierra iban a existir sólo aborígenes". "El campo no es de nadie. Es de los aborígenes nomás" - (Comunidad Mariano Epulef, 2010)
La comunidad mapuche Mariano Epulef está ubicada en la comarca central de Chubut, departamento de Languiñeo. En 1919 llega el cacique Mariano Epulef junto con 28 familias y en 1923 le otorgan las 28 leguas de campo para la "reserva" por un decreto del presidente Marcelo T. de Alvear. Ese decreto no fue la última solución a los conlfictos y a las huidas de "quienes los perseguían", a la vez que estas persecuciones irían repitiendose con nuevos actores (policías, políticos, estancieros, terratenientes, jueces). Las cartas enviadas desde la Patagonia hacia Buenos Aires, dan cuenta de las disputas por el territorio, por lo que los decretos otorgados a las comunidades indígenas, no impidieron los despojos y expropiaciones del territorio. "En lo sucesivo, no podrá dejarse sin efecto las reservas indígenas existentes en los Territorios Nacionales, ni reducirse ninguna superficie de tierra fiscal, ocupada o explotada por indígenas hasta la fecha del presente decreto" (Carta del año 1945, con copia de un artículo del mismo año). A su vez, el reconocimiento del territorio implicó distinguir entre los "verdaderos indígenas", "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. solicitándole quiera certificar si los señores (...) domiciliados en la legua (...) son o nó aborígenes..." (nota del año 1954, proveniente de la Presidencia de la Nación). Asimismo, se evidencia el maltrato sufrido por los indígenas que habitan las "tierras fiscales" y el pedido de resolución de esas situaciones.
Conforme se fue reinterpretando la posesión en términos de propiedad privada, individual y no comunitaria, la posesión y los reclamos actuales sobre la tierra y el territorio, conllevan una interpretación en términos colectivos y no individuales, lo que opone una resistencia más solida a los persistentes intentos de expropiación por parte de las autoridades. La problemática actual de las comunidades indígenas podría sintetizarse en el pronunciamiento de 2008 del encuentro de comunidades mapuche-tehuelches de Chubut: "Exigimos la restitución de nuestros territorios. Denunciamos la usurpación y el alambrado de nuestro espacio territorial. Los pueblos Mapuche-Tehuelche de la Pcia. de Chubut exigimos a nuestros hermanos y hermanos unirnos en la lucha contra la explotación de la minería en forma indiscriminada sobre nuestros territorios."
La cosmovisión indígena y la forma de entender el territorio, se demuestra en la Declaración del IV Futa Trawun, Parlamento Mapuche realizado en 2004 en la provincia de Chubut: "Mientras el Estado se considera dueño del subsuelo para entregárselo a las mineras, continúa limitando nuestros espacios territoriales. (...) Nuestras demandas no se limitan a "la tierra que vuela con el viento", se refieren a todo el espacio territorial". A la vez, se piensa en un solo territorio y una misma problemática, de modo que si afecta a una comunidad, se está afectando al territorio y al Pueblo Mapuche. Como consta en la citada declaración: "al Territorio Mapuche hay que defenderlo donde sea".
Uno de los mayores reclamos, entonces, tiene que ver con los efectos de la propiedad individual y el cambio que produjo en las comunidades la división del espacio y el fraccionamiento de los campos, generando a la vez enfrentamientos internos entre las familias y una mayor vulnerabilidad ante los empresarios que se aprovechan de las situaciones económicas para comprar los campos. Como analiza Ramos (2004) "la noción de Territorio Mapuche es en sí misma una crítica a las concentraciones de tierras en manos de los monopolios extranjeros y nacionales. Éstas son el resultado de una historia que les ha expropiado su Territorio y los ha negado como Pueblo y, en ese marco, el retorno a la tierra--hoy ocupada por terratenientes--es la meta del proceso de comunalización que los mapuche han iniciado". Y concluye planteando que la noción de Territorio Mapuche es una crítica a las configuraciones hegemónicas del Estado y a los procesos de territorialización que las actualizan y confirman, de modo que el Territorio Mapuche es un modo de desconocer de poner en evidencia, de denunciar y de criticar el trazado de límites impuesto por la Nación, siendo límites que separan "entre lo público y lo privado, entre la política y la identidad étnica, entre la memoria hegemónica y las historias subalternas, entre distintos modos de practicar el espacio" (Ramos, 2004).

La lucha por el reconocimiento
Si el territorio es pensado en términos colectivos, los reclamos también se realizaron en forma colectiva, socializando las situaciones de cada comunidad, participando en reuniones y parlamentos, comprometiéndose así a defender el territorio Mapuche. En 2008 las comunidades de Chubut acordaron en exigir "la participación y consulta de los pueblos originarios sobre lo que afecta a nuestros territorios, recursos naturales y sobre todo el agua", basándose en el cumplimiento de la Ley de emergencia territorial Nº 26.160, afirmando: "Somos titulares de derecho, con titulo ó sin ello." En el Parlamento de 2010, las comunidades insistieron: "estamos aquí a pesar de la negación del Estado de la existencia del pueblo mapuche tehuelche de Chubut, estamos aquí para reaifrmar la plena existencia de este pueblo". En cuanto al territorio, "debemos estar unidos y ayudarnos unos a otros por que somos un pueblo inteligente, no entreguemos, no vendamos nuestro territorio, cuidémoslo, no podemos dejarnos avasallar. Nosotros debemos tomar las decisiones por Nuestro Pueblo". Los temas destacados como problemas fueron: el despojo territorial, el saqueo, el agua, la contaminación, la minería, el avance de las petroleras en las comunidades y el territorio en general, la recuperación de las tierras, el desarraigo de las comunidades.
En la década del ´90 el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) tuvo una fuerte presencia en la comunidad Mariano Epulef con el otorgamiento de títulos que regularizarían la situación territorial. Los pobladores tenían que optar por el título individual, familiar o comunitario, sin recibir el asesoramiento adecuado sobre las diferencias entre ellos, los beneicios y los límites de estos títulos. No es un dato menor que estas acciones hayan coincidido con la instalación de la Comuna Rural, desplazando paulatinamente a la Comisión Aborigen como órgano que representa a la comunidad (Petit y Ferrari, 2010).
En esos años, la Organización de Comunidades Mapuche-Tehuelche 11 de octubre (OCMT), creada en el año 1992 por miembros de diferentes comunidad de Chubut, tuvo una participación muy activa en Epulef. Con miembros de la OCMT que vivían en Esquel pero habían nacido en la comunidad, empiezan a armar asambleas "por la demanda de ayuda por la tierra". Realizaban reuniones de asesoramiento sobre las implicancias de los títulos, concientizando a los pobladores sobre la importancia de optar por el título comunitario, denunciando las usurpaciones y apoyando las recuperaciones de territorios ancestrales. La comunidad se tornó más activa, participando de actividades colectivas con otras comunidades, aianzando su pertenencia al Pueblo mapuche y reclamando por sus derechos. Una integrante de OCMT, sintetiza la tarea con la siguiente frase: "luego de varios años de trabajo, se retorna a la tierra con otra conciencia".
Según miembros de la OCMT, hubo dos situaciones que dieron otro rumbo a Epulef. Por un lado, quien sería el Jefe comunal, ejercía fuertes presiones para que no se opte por el título comunitario, argumentando que esa opción implicaba "que todo sería de todos" y que "se dejaría de tener las divisiones familiares de los campos"; por lo tanto, lo mejor era que "cada uno se asegure su parte" y obtenga su título individual. Por otro lado, cuando el IAC fue a Epulef -sin previo aviso- para otorgar lo títulos, los miembros de la comunidad más activos en la lucha por los derechos indígenas se encontraban en Esquel en una movilización junto a la OCMT. Los miembros de la comunidad relatan que se sentían desconcertados, confundidos, con poca claridad para tomar decisiones e influenciados por el discurso del que sería Jefe de la Comuna. Finalmente, la mayoría de los pobladores eligieron por el título individual -cuya duración es de 20 años- y otros no optaron por ningún título (Petit, 2010e). En base al análisis de Ramos (2004) sobre las acciones autogestivas de las comunidades, es una manera de poner en relieve la indiferencia y arbitrariedad de los procesos de territorialización del estado, reglados por leyes y requisitos burocráticos, siendo cuestionados y resistidos de manera colectiva.

Tensiones continuas
En la actualidad, la Comisión Aborigen de la comunidad Mariano Epulef, se vuelve por momentos una fiscalía que tiene que resolver de quién es un campo, quién tiene más derechos, qué papeles legitiman la tierra. Los pobladores presentan diferentes papeles del IAC -en su mayoría por "ocupación de campos"- muchos contradictorios entre sí, otros que ya no tienen vigencia, más otras certificaciones que no toman al IAC como ente legítimo para determinar el destino de las tierras indígenas. Los mismos integrantes de la Comisión expresan estar confusos con el tema de los títulos -por lo que tuvieron que involucrarse con las leyes sobre "ocupación de tierras con títulos"- a lo que se le añade el relevamiento territorial, que todavía no se implementó.
El fortalecimiento de la comunidad no dependerá pues de un título, sino del sentimiento de pertenencia a un pueblo, de la capacidad para ejercer una resistencia ante las constantes violaciones, de crear salidas colectivas y exigir al estado el respeto por las culturas, logrando quizás, dirigir otra vez el propio destino. A los interrogantes sobre la posesión se los cambió por pertenencia, y se le antepuso la identidad. El revisar lo valioso de "estar acá", llevó a recuperar las historias del pasado, resignificarlas y afirmarse como mapuche. Poder repensar el origen y debatir sobre un pasado común, lleva inevitablemente a situarse en términos comunitarios y a defender lo que los había mantenido unidos hasta ese momento (Petit, 2010e). Si "la puesta en práctica del Territorio implica el ejercicio de la autonomía" (Ramos, 2004)... Los procesos de transformación social y subjetivos, implican una relexión sobre la propia identidad. En esta línea, en la comunidad Epulef, donde se reprodujo el discurso impuesto de ser una "reserva", se está comenzando a pensar en cambiar y autodefinirse con "lof", que en mapuzungun, la lengua mapuche, significa justamente... comunidad.

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Fecha de recepción: 31 de marzo de 2011
Fecha de aceptación: 28 de agosto de 2011