Psicología Social, Política y Comunitaria

VIOLENCIAS DE GÉNERO: ACTORAS, PRÁCTICAS Y DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA

GENDER VIOLENCE: ACTORS, PRACTICES AND DEVICES OF PREVENTION AND ASSISTANCE

Lenta, M. Malena¹; Zaldúa, Graciela²; Longo, Roxana G.³

¹Licenciada y Profesora de Enseñanza Media y Superior, UBA. Magister en Psicología Social Comunitaria, UBA. Doctoranda en Psocología, UBA. Docente de grado y posgrado en la Facultad de Psicología, UBA. Becaria de CONICET. Investigadora en Proyectos UBACyT. E-mail: malena1917@gmail.com

²Profesora Titular Consulta (UBA). Especialista en Planificación (CENDES). Psicóloga (UNLP). Directora de Proyectos UBACyT. Profesora de Posgrado en UBA, UNER, UNR.

³Magister en Psicología Social Comunitaria, UBA. Doctoranda en Psicología, UBA. Licenciada en Psicología, UBA. Becaria de Doctorado UBACyT. Docente e Investigadora de la Facultad de Psicología, UBA.

RESUMEN
La incorporación de las violencias de género como componente de los DDHH, trasciende el ámbito privado. Se relaciona con las demandas de la sociedad civil, en particular del movimiento de mujeres, y de un sector de profesionales comprometidos con la salud colectiva. La perspectiva de salud basada en el género interpela prácticas y representaciones cristalizadas que reproducen desigualdades y requiere revisar paradigmas y prácticas sanitarias. Desde un enfoque de investigación cualitativa, se realizó un proceso dialógico con 26 participantes -profesionales de la salud y agentes comunitarias- que abordan la problemática desde diversos dispositivos de atención y prevención de las violencias de género, pertenecientes al ámbito de las políticas públicas estatales y de la sociedad civil en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se implementaron: entrevistas en profundidad; entrevistas colectivas y observación participante. Las representaciones tradicionales de género, las políticas sociales focalizadas y la fragmentación son nudos críticos de los dispositivos. Las prácticas de auto-valimiento y sororidad, y la reflexividad son instituyentes de la exigibilidad de derechos.

Palabras clave:
Género - Violencia - Exigibilidad de derechos

ABSTRACT
The incorporation of gender violence as a component of human rights, goes beyond the private sphere. It is related with civil society demand, in particular women´s movement, and a sector of professionals committed to health collective. The gender-based health perspective, challenges practices and representations crystallized that reproduce inequalities and requires review paradigms and sanitary practices. From a qualitative research approach, we realized a dialogical process with 26 participants - health professionals and community agents - that are addressing the issue from a variety of devices for the care and prevention of gender-based violence. Were implemented: in-depth interviews; groups interviews and participant observation. The traditional representations of gender, targeted social policies and fragmentation are critical knots of the devices. The practices of autonomy and sisterhood, and reflexivity are able to rights enforceability.

Keywords:
Gender - Violence - Rights enforceability

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las significaciones y las prácticas desplegadas en dispositivos de atención a mujeres en situación de violencia de género en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las tensiones entre paradigmas tutelares y con centralidad en la protección de los derechos humanos conforman un campo que interpela los límites y las posibilidades de la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la salud y el cuidado en las políticas públicas.
Los mecanismos de discriminación, invisibilización, subordinación, opresión y exclusión son fundantes de relaciones diferenciales de género y posicionan históricamente a las mujeres en situaciones de desigualdad e inequidad. Al identificar y problematizar los distintos modos que adquiere la violencia en la sociedad, Slavoj Žizek (2013) refiere al trípode de las violencias que actúa sincrónicamente y reproduce las inequidades de género. Este trípode está conformado por: la violencia sistémica, la violencia simbólica y la violencia intersubjetiva. La violencia sistémica es estructurante del sistema capitalista y los regímenes de opresión como el patriarcado y el racismo. La violencia simbólica es la del discurso en la enunciación del otro. Ambas son objetivas, pero invisibilizadas. En cambio, la violencia intersubjetiva que opera en el plano interpersonal con la modalidad psicológica y/o física, es un tipo de violencia visible y sancionable. Por eso, la violencia de género que opera en estos tres niveles no puede ser reducida en su abordaje a su vertiente visible. La violencia de género, instalada desde el sistema patriarcal que ordena culturas, costumbres, moral, normalidad en géneros desiguales conlleva al armado de discursos e ideologías de género, que hacen a que los episodios de violencia no solo no sean excepcionales; sino que hasta incluso puedan ser naturalizados o banalizados culturalmente.
Históricamente las más diversas formas de violencia y segregación se vieron fundadas por algunas características consideradas naturales e inferiorizantes: el sexo, el color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión, la opción sexual, etc (Femenías, 2013). Este tipo de construcción social y cultural permite que se consoliden procesos de invisibilización de la exclusión y la violencia, instaurados a través de un andamiaje que legitima y justifica la arbitrariedad de prácticas sociales establecidas como habituales entre los géneros (Zaldúa, Longo, Lenta y Sopransi 2014).
Un elemento fundamental utilizado por el movimiento feminista, fue la identificación de la violencia contra las mujeres como un problema de poder, es decir, producto de un sistema estructural de opresión de género. La violencia, entonces, es inseparable de la noción de género porque se basa y se ejerce en y por la diferencia social y subjetiva entre los sexos. El concepto de género va a situar a la organización sociocultural de la diferencia sexual como eje central de la organización política y económica de la sociedad (Velázquez, 2003).
La violencia de género abarca prácticas y actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres y diversidades sexuales, en los diferentes aspectos de su existencia. Es un todo que incluye un ataque material y simbólico que afecta la libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física de la persona.
En ese sentido, para el movimiento de mujeres, la violencia contra las mujeres ha sido concebida como un asunto de justicia. Es decir, no como un problema individual, privado, familiar o relacional, sino como un problema público y social estrechamente vinculado con la ciudadanía. Esta mirada remite a la distribución social de los derechos y deberes, de las cargas y los beneficios, donde las mujeres, en particular las violentadas, se encuentran en una situación de negación de sus derechos y beneficios (Sagot, 2008).
Las rutas críticas de la salud de las mujeres, definidas como el proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres cuando deciden romper con la situación de violencia, como así también las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones por parte de las instituciones, han sido estudiadas por diversos autores (Sagot, 2000; Tajer, 2009; Teitelbaum, Alé, Sampayo Guillaume y Hurtado, 2010). Este concepto contribuyó en el avance de la implementación políticas públicas con perspectivas de género en la atención en dispositivos y que colaboró en la identificación de los modos mediante los cuales las diferencias de género se transforman en inequidades en salud.
Desde un enfoque de acción y exigibilidad colectiva, el movimiento de mujeres y el feminismo plasmaron claramente que la violencia hacia las mujeres, no ocurre aleatoriamente, sino que deriva de una organización social de género, que privilegia lo masculino (Saffioti, 2015). Por ello, el planteo de la justiciabilidad de género se imbrica con la justicia social. Se trata de un concepto utilizado en relación con los proyectos de emancipación que promueven cambios legales, culturales, la participación y autonomía de las mujeres. Así, la justicia de género debe tanto abordar la dimensión económica de las desigualdades, como enfrentar las normas y patrones culturales que asignan a las mujeres un estatus inferior en la interacción social (Riquelme y Barrientos, 2014).
En las últimas décadas la violencia contra las mujeres ha tenido amplio reconocimiento social y ha llegado a ser considerada como “un problema de salud mundial de proporciones epidémicas” para la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), según un informe de Fernández Moreno (2015: 349). Desde 1993, la Organización Panamericana de Salud (OPS) reconoció la violencia como un problema de salud pública a nivel mundial. Además, se la ha ubicado como una situación grave de transgresión a los derechos humanos, que ha aumentado de forma alarmante en los últimos años.
A escala mundial, una de cada tres mujeres afirma haber experimentado violencia física y/o sexual en algún momento de su vida, habitualmente perpetrada por su pareja. Los cambios en la prevalencia de la violencia contra las mujeres a lo largo del tiempo son difíciles de evaluar dada la escasez de datos fidedignos y comparables, pero sin dudas resulta un problema muy extendido (ONU, 2015). No obstante, algunos estudios realizados en países como Reino Unido, demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida (Idem).
En términos prácticos, hablar de violencia hacia las mujeres supone destacar el fundamento sociocultural de esta violencia, abriendo la posibilidad de cambios e indicando las áreas sobre las que actuar (Ruíz y Pérez, 2007). A pesar de la mayor visibilidad pública que adquirió el tema de la violencia contra las mujeres en las dos últimas décadas éstas no han ido de la mano con el avance políticas públicas integrales, ni en la producción de datos cuantitativos y cualitativos que permitan relevar la magnitud del problema y el tratamiento del mismo. El déficit de información identificado en la región se evidencia en cada oportunidad en que los países producen informes de seguimiento a tratados o convenciones internacionales, como es el caso de los informes al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o los informes referidos a consensos regionales (Cepal, 2014ab).
En este marco, el problema de la violencia hacia las mujeres nos interroga acerca de ¿cuáles son las prácticas y abordajes prevalentes en los dispositivos de atención a las mujeres en situación de violencia? ¿Qué representaciones y significaciones existen en estos dispositivos? ¿Se interpelan sobre la eficacia de los abordajes asistenciales y preventivos? ¿Qué caminos críticos de autonomía y cuidado se facilitan? ¿Se promueve la interdisciplina y la intersectorialidad a través de redes integrales?

Cuestiones normativas y de políticas públicas
La dimensión normativa de protección de derechos y la implementación de políticas públicas promotoras de equidad, justicia social, no discriminación e inclusión son fundantes de la posibilidad de propiciar equidad de género, relaciones vinculares no dominantes y violentas y subjetividades productoras de nuevos sentidos de cooperación, autonomía y deseo.
La Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y su protocolo facultativo firmado en nuestro país en el año 2006, junto con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Belem do Pará, fueron los antecedentes internacionales que, entre otros, fundamentaron la formulación de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrolla sus relaciones interpersonales, promulgada en el 2009 y reglamentada por el decreto 1.011 del 2010.
En la región, 29 países cuentan con legislación de protección y algunos como el nuestro contemplan diversos tipos: las violencias físicas, sexuales y psicológicas que son las más reconocidas, pero también, la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva, la violencia económicopatrimonial y la violencia simbólica; con modalidades que se despliegan en los ámbitos domésticos, laboral, público y privado, institucional y mediático.
Asimismo, en 14 países de la región, se incorporaron leyes que contemplan el femicidio como figura agravada de homicidio. Esta recomendación incluida en la convención de Belem do Pará insta a incorporar políticas de prevención y sancionar al femicidio -entendido como muerte violenta de mujeres por razones de género que tenga lugar dentro de la familia, en la unidad doméstica, en relaciones interpersonales, en la comunidad, por parte de cualquier persona o que sea perpetuado o tolerado por el Estado y sus agentes, por acción u omisión-.
En el año 2012 se sancionó en nuestro país la ley 26.791 que incorpora el femicidio al Código Penal ampliando el artículo 80, inciso 1 con pena de reclusión a prisión perpetua para quien matara a su ascendiente, descendiente, cónyuge o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no violencia. En el inciso 4 incorpora la motivación por odio de género, orientación sexual, identidad de género o a su expresión. Asimismo, la figura de avenimiento ante casos de violación para exculpar al victimario fue suprimida y se reconocieron las violaciones en cautiverio de la Dictadura Militar y la ratificación de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en particular mujeres, niñas y niños.
En el Ministerio Público Fiscal, en 2013, se creó la Procuración para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para asistir a fiscalías en causas de secuestro extorsivo y trata de personas. A su vez, en el año 2014 se creó la Dirección de Orientación, acompañamiento y orientación de víctimas con programas especiales para víctimas de trata y explotación y maltrato y abuso sexual, violencia de género y violencia institucional. Dentro del avance en la protección de derechos se incluye normas que constituyen una ampliación de ciudadanía como la Identidad de Género. En particular, la militancia de las colectivas de gay, lesbianas y transgéneros tuvieron un papel protagónico en la formulación de la ley que reconoce la identidad auto-percibida y no patologiza las identidades trans e intersex. Recordar a Lohana Berkins¹ es clave para entender no solo sus aportes al campo de derechos humanos de las diversidades sino a las dimensiones ético-políticas emancipatorias.
También es necesario considerar otras normativas que propiciaron políticas públicas en los campos de salud sexual y reproductiva como la Ley 25.553 del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable o el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Éstas, junto con las modificaciones necesarias a la Ley de Trata y la Ley de Matrimonio Igualitario, fueron demandas de las organizaciones sociales. Así como también algunas normativas referidas a derechos económicos, sociales y educativos: jubilaciones a amas de casa, programas de formación laboral o la Asignación Universal por Hijo (aunque en este último caso, es cuestionable el lugar de las mujeres como gestora del derecho de niñas y niños).
Este campo normativo, que ha tenido un corrimiento relativo en relación a la mirada tradicional patriarcal y tutelar, ha instalado la justicia de género como un horizonte. Sin embargo, la traducción en políticas públicas es acotado y está fuertemente condicionado por los recursos financieros escasos y los obstáculos políticos e ideológicos.
La presentación del Plan Nacional de Acción 2014-2016 para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres presentado en 2015, si bien tardíamente, aporta como objetivo: generar e implementar a través de políticas públicas federales, desde un enfoque integral, interinstitucional e intersectorial con perspectiva territorial para el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en el marco de la Ley 26.485. A nivel de objetivos específicos, se propicia la creación de áreas particulares de género, hogares de protección integral, mesas intersectoriales, planes de acción y protocolos nacionales, provinciales y municipales de asistencia, salud, seguridad y justicia para mujeres en situación de violencia. A su vez plantean fortalecer el sistema de protección integral en la prevención, asistencia y acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia y propiciar condiciones de base en materia de educación, salud, vivienda, trabajo y participación política como presupuesto para la igualdad y equidad de género y, por último, consolidar el proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos, con el fin de elaborar estadísticas oficiales sobre violencia de género en el ámbito nacional.
Con limitaciones e insuficiencias en la ejecución de los objetivos propuestos, sin embargo, podemos considerar un aporte la sistematización de datos de la línea telefónica 144 y tratativas para organizar distintas fuentes de datos. Recientemente, con el cambio de gestión política del Consejo Nacional de las Mujeres, se presentó un nuevo plan de acción incluyendo la continuidad de los registros necesarios para el monitoreo y evaluación de impacto de las políticas públicas.
El Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) del año 2015, es producto de la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Mujeres (CNM) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Allí se centraliza y sistematiza la información disponible de mujeres y personas trans, de 14 años o más, víctimas de violencia de género, que se encuentran registradas por haber realizado una denuncia del hecho o por haber solicitado algún tipo de asistencia jurídica, sanitaria o de otro tipo, por ella misma o por un tercero, familiar o no, ante organismos estatales. Son proveedores de datos al RUCVM a nivel nacional, provincial o local, organismos estatales de los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo que hayan convenido con el INDEC las pautas, lineamientos y compromisos de trabajo.
En el procesamiento de información de dos años y medio, entre 2013 y julio de 2015, se consignaron 50.703 casos y las cifras más significativas en cuanto a los tipos de violencia registrados, fueron las violencias físicas 74 por ciento y las psicológicas 68,1 por ciento. Con menor registro están las violencias económicas, sexuales, la simbólica y otras.
En relación a las edades de las mujeres afectadas se observa que el 45,8 por ciento fue de 30 a 49 años, 18,3 por ciento de 18 a 24 años y 16,1 por ciento de 25 a 29 años. Los agresores en su mayoría fueron parejas o novios 50,2 por ciento y ex parejas 33,7 por ciento, haciendo un total de 83,9 por ciento.
Sobre los indicadores relevantes para analizar la situación de las mujeres víctimas de violencias, los de educación y trabajo, el informe señala que las personas víctimas tenían niveles de capacitación secundaria en un 53,1 por ciento y terciaria o universitaria 26,4 por ciento, pero un 51 por ciento de las mujeres víctimas carecía de ingresos propios. El tiempo de persistencia de situaciones de violencia fue también significativo: el 22 por ciento señaló vivirlas desde hacía 10 años; el 18 por ciento de 6 a 10 años, el 39,9 por ciento de 1 a 5 años y 1 año el 15,4 por ciento. De este primer registro surgen algunos interrogantes sobre la población que denuncia, sobre demandas de atención, accesibilidad, situación familiar y el tema de autonomía económica entre otros.

Metodología
La indagación de las significaciones y las prácticas desplegadas por las profesionales y agentes comunitarias de los dispositivos de atención y prevención de la violencia a nivel público y de la sociedad civil, fue realizado en el AMBA, en el período octubre de 2015 y marzo de 2016. El estudio se enfocó desde el paradigma cualitativo, en particular desde los análisis discursivos de las entrevistas en profundidad, entrevistas colectivas y emergentes de observaciones participantes.
El enfoque de la Investigación Cualitativa propone un campo de indagación en donde se entrecruzan disciplinas, problemas y estrategias pues presupone la complejidad de sus objetos de estudio, en tanto sujetos sociales. Tiene como objetivo comprender la realidad a partir de su interpretación, para intentar transformarla en ese proceso.
Siguiendo el planteo de Denzin y Lincoln (2012), la Investigación Cualitativa desarrolla un enfoque naturalístico que busca conocer e interpretar los acontecimientos sociales en el ámbito donde ocurren y ubica al investigador/a en el lugar de un bricoleur, es decir, de un ensamblador de diversos elementos para construir una investigación, a partir de los sujetos participantes, contextos, técnicas, métodos, experiencia del investigador/a y las interpretaciones que realice.
La inclusión del propio investigador/a en el centro del proceso investigativo, pone especial atención en los procesos intersubjetivos subyacentes a la relación entre el investigador/a y su objeto, es decir, los sujetos sociales participantes. Este enfoque, que se aleja de los requerimientos tradicionales positivistas que exigen un distanciamiento ascético entre el investigador/a y su objeto, exhorta al desarrollo de procesos sistemáticos reflexivos sobre el posicionamiento de clase, género y cultural desde el que el investigador/a se acerca al tema de estudio, la implicancia personal en el tema y los intereses políticos a los que responde el estudio.
La implementación de metodologías cualitativas, le confiere un potencial para aproximarse, a través de un análisis de tramas de sentido, a los factores que desencadenan tanto la aparición de los problemas, como el desarrollo de posibles alternativas de solución a los mismo (Obando, 2009).
Cabe señalar que la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones sociales y la atención sanitaria, tiene beneficios incuestionables: a corto plazo, la promoción de la equidad mediante la disminución de lagunas de conocimiento sobre salud de las mujeres; y, en el largo plazo, la mejora de la calidad general del conocimiento científico.
Acorde al problema planteado y al enfoque propuesto, en esta investigación se seleccionaron de modo intencional trabajadoras de 15 dispositivos destinados a mujeres en situación de violencia de género, pertenecientes al ámbito de las políticas públicas estatales y de la sociedad civil; ubicados en el partido de La Matanza (LM), en el partido de Almirante Brown (AB), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la Nación.

Tabla 1. Dispositivos de atención a mujeres en situación de violencia de género. Fuente: elaboración propia.

En relación a los dispositivos, 10 eran dispositivos del área pública, 3 eran organizaciones de la sociedad civil y 2 eran movimientos sociales. 11 de ellos estaban ubicados en CABA (5 de ellos dependiente del gobierno de la Nación, 3 de ellos pertenecientes al Gobierno de la CABA, 2 ONGs y 1 Movimiento Social). Del resto de los dispositivos, 3 de ellos eran de LM (2 dependientes del Municipio de LM y 1 ONG) y 1 de AB (Movimiento Social).
En cuanto a las personas participantes del estudio, se trató de 26 participantes mujeres (profesionales y agentes/promotoras comunitarias) de las cuales 23 eran profesionales miembros de equipos técnicos de las instituciones públicas y de la sociedad civil (10 trabajadoras sociales, 8 psicólogas, 3 abogadas, 1 politóloga y 1 socióloga) y 3 era operadoras sociales o comunitarias (1 acompañante terapéutico y 2 sin formación específica).
Al considerar a la comprensión y la interpretación de sentidos y significados como núcleo de la Investigación Cualitativa (Denzin y Lincoln, 2012), los criterios de validez del estudio estuvieron centrados en lograr: a. la Validez pragmática que se obtuvo a través de la explicitación hacia las participantes del estudio de los objetivos, propósitos, alcances y riesgos de su participación en la investigación; b. la Validez semántica, que refiere al reconocimiento del contexto en la construcción de significaciones por parte de las investigadoras, alcanzada por el acercamiento previo a los dispositivos involucrados en la investigación, el reconocimiento de los antecedentes de los dispositivos a través de fuentes secundarias y entrevistas previas, el registro de los instrumentos implementados mediante soportes magnetofónicos y el abordaje anterior de temas y problemas vinculados violencias y discriminaciones de género; y, c. la Validez hermenéutica, lograda al elucidar las ideas previas de las investigadoras en el trabajo realizado en equipo antes y durante el proceso interpretativo.
Conforme a los criterios éticos propios del enfoque relacional, se buscó respetar la autonomía y el asentimiento de las participantes en el estudio. Se trabajó con un consentimiento informado acerca de las condiciones, objetivos y características del estudio y garantizó tanto el anonimato de las personas como de los dispositivos a fin de allanar la libre expresión de las participantes. Los nombres de las personas y de los dispositivos que aparecen en este trabajo, son de carácter ficticio.

Resultados y discusiones
La comprensión de las narrativas de las participantes del estudio, actoras institucionales comprometidas con la atención y prevención de las violencias de género, a través de la triangulación de técnicas en un proceso colaborativo, permitió interpretar dos criterios claves: - nudos críticos, a modo de obstáculos para la implementación de los objetivos de los dispositivos; y - el desarrollo de prácticas instituyentes de subjetividades autónomas.
Desde la perspectiva ético política de cuidado, el poder compartido y la cooperación, en un movimiento analítico, incluimos la interpretación contextual e histórica de los dispositivos en la formación económico-social, las identidades sociales vinculadas a las prácticas del mundo del trabajo y las formas singulares, en un proceso interactivo relacional y de reflexividad.
Para este trabajo analizamos las prácticas y significaciones de actoras de los dispositivos acerca del quehacer institucional y las estrategias de intervención frente a las trayectorias de violencia por las que atraviesan las mujeres participantes de los mismos, el vínculo con otros dispositivos implicados y las afectaciones de la dinámica socio-histórica y la lucha por la justicia de género en dichos procesos. Sistematizamos los nudos críticos en los dispositivos de atención en dos dimensiones: a. la fragmentación de las políticas públicas; y, b. las modalidades de atención asistencialistas e insistencias de las representaciones tradicionales de género. Con respecto a las prácticas instituyentes sistematizamos tres dimensiones: a. desarrollo de propuestas de auto-valimiento de las mujeres; b. participación en experiencias de exigibilidad de derechos: Ni una Menos; y, c. reflexividad crítica de prácticas y dispositivos instituyentes.

1. Los nudos críticos en los dispositivos de atención de las violencias de género

1.a. La fragmentación de las políticas públicas
La incorporación de la justicia y la equidad de género en el ámbito de las políticas sociales es el resultado de un largo proceso que discurre en distintos escenarios y en el que participan diversos actores: el movimiento de mujeres, profesionales de la salud colectiva implicados, los agentes burocráticos del Estado en los distintos estamentos, las propias mujeres afectadas y su comunidad. Las tensiones y conflictos entre las lógicas de la tutela y la protección de los derechos, entre el control social y la restitución de derechos y entre la reinserción social y la reinscripción en la trama comunitaria, están presentes en el conjunto de las políticas sociales (Carballeda, 2008). Pero, la focalización y fragmentación de las políticas hegemoniza los modos de implementación:

“(…) es el gran problema de la política pública, digamos, que se piensa todo muy focalizado, no se ve nada integral, la parte sistémica, digamos, tenemos que articular salud, educación, desarrollo social, no existe, nosotras tenemos que sacar un turno como si fuera cualquiera, tenemos que hacer la fila como cualquiera, la vacante en el colegio hay que pelearla como cualquier ciudadano, está mal porque es la salud del mismo estado la que te tiene que dar salud, es el estado el que está a cargo de esa personal” (Ana, trabajadora social, Refugio CABA, entrevista colectiva).
“(…) uno piensa en el abordaje integral del problema de violencia y uno no puede pensar en trabajar con la mujer y no trabajar con los hijos o con las hijas, ese es el problema. Si no es como acotado, es recortado y, en realidad, volvemos a lo mismo, lo que se plantea es el abordaje integral, no el abordaje con la mujer y nada más y con la mujer con una atención psicológica” (Laura, trabajadora social, Centro de Atención LM, entrevista en profundidad).

En las narrativas se visualiza cómo el problema de la violencia de género exige ser considerado en su complejidad. Su abordaje no se resuelve ni con la sanción de leyes ni con el acceso a asistencia psicológica de modo exclusivo. Requiere una política de alcance integral que implique la asistencia y acompañamiento inmediato a las mujeres que realizan las denuncias, el análisis interdisciplinario de los determinantes y condicionantes de las situaciones de violencia y la capacitación intersectorial para la erradicación de las violencias.
La problemática exige pensar la violencia hacia las mujeres como una sólida construcción de relaciones, prácticas e instituciones sociales (incluso del Estado) que generan, preservan y reproducen poderes (acceso, privilegios, jerarquías, monopolios, control) de los hombres sobre las mujeres y, al mismo tiempo, conculcan poderes sociales–sexuales, económicos, políticos, jurídicos y culturales–a las mujeres (Lagarde, 2007):

“Uno de los obstáculos para la ruta crítica de la prevención de la violencia es las mujeres cómo pueden protegerse a través de lo que se llama la justicia de género. Aunque no haya una perspectiva de género en la justicia, totalmente, esa es la contradicción. (…) hay situaciones en que la mujer queda más inhibida, cautiva, encerrada, porque las medidas tienen unas cuestiones totalmente paradójicas, le dan tantos metros de perímetro y el violento vive en frente o muy cercano” (Jimena, Socióloga Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad).
“Me parece que el gran obstáculo es la justicia en sí misma (…) el botón anti-pánico, los refugios, son todas respuestas que da la justicia en donde la mujer es la que tiene que estar pendiente de que se cumpla la restricción, de refugiarse ella, de ocultarse ella, mientras que la verdad que los varones siguen incumpliendo y la justicia” (Mariel, Trabajadora Social Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad).

La mirada androcéntrica y patriarcal que se anuda a las políticas sociales focalizadas, oculta otros procesos que hacen parte constitutiva y constituyente de la consolidación y legitimación de las violencias de género: la feminización de la pobreza, la precariedad laboral, la discriminación o la subordinación de las mujeres en los ámbitos de participación social y la persistencia de las mujeres como responsables del cuidado de los hijos y de la esfera doméstica:

“Lo económico es lo principal, son mujeres que en lo general las parejas tienen cooperativas y no tuvieron un trabajo un poco más, digamos, un poco más valorado y ellas también son a veces cooperativistas y, digamos, es como que lo económico la afecta” (Claudia, coordinadora, Centro de Atención LM, entrevista en profundidad).
“(…) ella se levanta a las siete de la mañana y se va a trabajar y vuelve a las siete de la tarde todos los días. Eso se va armando con cada uno, a medida que se puede ir armando todo esto… “Bueno está bien, yo puedo ir a laburar, pero qué hago con los pibes”. Primero se ve si se puede conseguir un jardín comunitario para que puedan estar los pibes para que ellas puedan ir a trabajar, igualmente, aunque sea un jardín comunitario siempre algo hay que pagar. Entonces, digo, es todo un armado que la verdad que cuesta y mucho. Pero ahí es cuando se va haciendo más larga la estadía de ellas acá.” (Carla, psicóloga, Refugio LM, entrevista en profundidad).
“Sí, lo que vemos que es lo más difícil es sostener la denuncia. Muchas de ellas llegan con la denuncia, pero lo más difícil es el proceso de sostenerla, sobre todo la cuestión económica, a muchas les hace ir hacia atrás, teniendo en cuenta la limitación que tenemos de recursos humanos lo que tratamos de hacer es articular con otros lugares” (Julia, Trabajadora Social, Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad).

En los relatos de las participantes, el problema de la vivienda y el acceso a un trabajo digno aparecen como los principales obstáculos para el ejercicio de la autonomía de las mujeres, más aún cuando se trata de mujeres con hijos. Los propios procesos y trayectorias de las violencias cercenan los lazos sociales de las mujeres, tanto familiares como comunitarios. En los contextos de pobreza y exclusión social de los cuales son parte estas mujeres, el problema de agrava cuando el número de hijos aumenta o cuando la escolarización de las mujeres se interrumpe.
El problema de clase y las condiciones materiales de existencia, aparece como un elemento central que se anuda a las lógicas patriarcales que inciden en las trayectorias de las mujeres. El “aguante” de las situaciones de violencia a cambio de un techo o comida para ellas o sus hijos, surge como una “roca dura” al momento de tomar decisiones acerca del vínculo con el violento. Sin embargo, en los dispositivos de refugio o atención, estas problemáticas aparecen como un horizonte de problemas cuya salida se muestra parcial o rudimentaria, según las iniciativas de algunas actoras institucionales, sin integrarse con otras políticas públicas de reinscripción social que garantice la eficacia de las estrategias de autonomía.

1.b. Modalidades de atención e insistencias de las representaciones tradicionales de género
Las representaciones de género son elaboraciones discursivas acerca de las relaciones de jerarquía social entre varones y mujeres. La transmisión cultural de los roles sociales de género supone conductas esperadas y prácticas que reproducen y legitiman el orden hegemónico patriarcal. En el caso de la violencia, las representaciones tradicionales de género operan como obstáculos para el acceso a la atención, la prevención y la restitución de los derechos, tanto dentro como fuera de los dispositivos abordados.
En las narrativas de las trabajadoras participantes del estudio, representaciones de “mujer = falsa víctima” porque regresa con el agresor o “mujer víctima = culpable” porque “incita la violencia”, aparecen como representaciones de género que hegemonizan las prácticas de instituciones como la Justicia, la Salud o la Policía:

“En general, las instituciones reproducen la violencia, (…) Nosotros en salud nos enfrentamos a todas las lógicas, es más nosotros entendíamos que siendo equipo de violencia no podíamos permitir determinadas cosas, seguimos pensando lo mismo. Lo que vemos un poco del trabajo que estuvimos recorriendo, muy poco trabajo en las instituciones de equipos específicos que trabajan sobre violencia”. (Mariana, Psicóloga CeSAC CABA, entrevista en profundidad).
“Yo presenciaba en la comisaría de San Pedro que le ha dicho la policía: “Señora ¿por qué vino a hacer la denuncia? El Comisario Mayor tomándole la nota y Usted arreglándose con su marido”. Un maltrato.” (Celia, operadora comunitaria, Centro de Atención CABA, entrevista colectiva).
“Me parece que el gran obstáculo es la justicia en sí misma, el hecho de por ejemplo esto, el botón antipánico, los refugios, son todas respuestas que da la justicia en donde la mujer es la que tiene que estar pendiente de que se cumpla la restricción, de refugiarse ella, de ocultarse ella, mientras que la verdad que los varones siguen incumpliendo y la justicia”. (Tamara, Trabajadora Social, Programa Ministerial CABA, entrevista en profundidad)

Estas representaciones despolitizan e individualizan el problema de la violencia de género, legitiman las prácticas violentas e invisibilizan el poder disciplinador del patriarcado, produciendo nuevas victimizaciones de las mujeres. Pero también, al interior de los propios dispositivos estudiados, las representaciones tradicionales de género se anudan a las prácticas de algunos actores institucionales. Representaciones como “mujer=madre” y “mujer=objeto de tutela” insisten organizando muchas prácticas institucionales, que vuelven a vulnerar los derechos de las mujeres, limitan las decisiones sobre el propio cuerpo y la vida, y hasta reproducen violencias hacia trabajadoras de los dispositivos:

“Si el padre golpea a la madre y es buen padre con los pibes, entonces no pasa nada. Los chicos están presenciando, los chicos viven de alguna forma violencia eso trae consecuencias y daños como cualquier situación. Pero es todo un trabajo de instalarlo, por eso hacemos mucho hincapié nosotros en las capacitaciones para los profesionales, maestros” (Celia, Trabajadora Social, Programa Ministerial CABA, entrevista en profundidad)
“Muchas veces, además de la violencia institucional de los dispositivos, nos encontramos según la situación con situaciones de violencia de género que viene padeciendo la persona. (…) es muy usual es que la persona cuando te encontrás con ella te describa una historia de múltiples abusos sexuales, el diagnóstico va a ser “hebefrénica”, siempre ¿no? “Es una persona con tendencia a erotizarse, a tener relaciones sexuales con distintas personas”, o sea, se construye un diagnóstico en lugar de pensar la historia de vida. Y queda ese encasillamiento" (Mónica, Trabajadora Social, Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad)

2. Prácticas instituyentes y potenciadoras de autonomía
Frente a los obstáculos y límites mencionados, existen ciertas prácticas instituyentes, dentro de algunos de los dispositivos, que permiten pensar en algunos caminos críticos no solo para alojar a las mujeres en situación violencia, sino para producir nuevos modos de subjetivación autónomos y no alienados. En las narrativas abordadas, visibilizamos al menos tres dimensiones de esos procesos: a. desarrollo de propuestas de auto-valimiento de las mujeres; b. participación en la experiencia social de exigibilidad de derechos: Ni una menos; y c. reflexividad crítica en prácticas y dispositivos instituyentes.

2.a. Desarrollo de propuestas de auto-valimiento de las mujeres
Lograr las condiciones para el auto-valimiento económico de las mujeres es parte central de los procesos que se proponen desarrollar a las mujeres que atraviesan por los dispositivos. Las propuestas cooperativas y de formación en oficios aparecen como requerimientos clave para el sostenimiento de los proyectos a futuro:

“Tenemos cooperativas de trabajo, no es que nosotros le ocultamos a ellas que pueden estar dos o tres días y que esté sentada y esperando, no le comentamos a ella que tenga su salida económica porque eso es fundamental para una mujer, que ella pueda recibir su sustento, que ella pueda salir y buscarse, porque quizás el hombre o las mujeres por no decirlo vuelven de vuelta a su casa porque no tienen dinero” (Natalia, psicóloga, Centro de Atención CABA, entrevista colectiva).
“Como grupo de mujeres nos reunimos una vez por semana y después de ahí pensamos en proyectos y los vamos llevando a cabo y eso bueno, obviamente hay una cooperativa. Una panadería. Trabajamos diversas cosas, vamos viendo el tema, por ejemplo, medios de comunicación, de salud. Vamos viendo cuáles son las necesidades para ir trabajando, acompañando a las mujeres en las diversas problemáticas que se van presentando y también acompañando cuando hay situaciones" (Lorena, Trabajadora Social, Centro de Atención CABA, entrevista en profundidad).
“Nuestra práctica empezó con la realización de reuniones, para ver problemáticas en común de mujeres, ver cómo nos atraviesa el patriarcado. Después de estar en los espacios de la organización, sumando el trabajo en la casa, y viendo que somos las mujeres las que sostienen mayoritariamente las tareas de la organización” (Carolina, Politóloga, Centro de Atención CABA, entrevista en profundidad)

Otras modalidades de prácticas instituyentes de autovalimiento se visibilizan en las acciones de denuncia comunitaria al varón violento y de defensa colectiva de las mujeres agredidas. Las prácticas creativas favorecen también la transformación de las representaciones hegemónicas de género y alientan al desarrollo de redes comunitarias y relaciones sociales de sororidad:

“(…) lo primero que hacemos, el primer acercamiento es: “Mirá, somos un montón y estamos acompañadas y vamos a hacerlo juntas. No estás sola” Empezar a generar esa empatía, a partir de un montón de situaciones empezamos a generar esa capacidad de escucha, saber que está atravesada por un círculo de la violencia. El objetivo es crear vínculos sanos y puedas reconocerte con esa potencia creadora.” (Carmen, operadora comunitaria, Centro de Atención, CABA, entrevista colectiva).
"(...) el taller se configura y es exclusivamente de mujeres por una decisión (…) Fue sumamente necesario que ese abordaje a nivel individual acompañando la situación de cada una de las mujeres, pero también trabajarlo de manera colectiva en el espacio de mujeres” (Zulema, Trabajadora Social, Centro de Atención, CABA, entrevista colectiva).
“(…) los talleres de derechos humanos en Retiro, que fue un espacio muy importante. Hablás con Mónica, con un montón de compañeras de Retiro y te dicen: yo me acerqué a los derechos de las mujeres porque primero conocí todos mis otros derechos a través del taller de derechos humanos, con otros compañeros. Empezamos el taller de derechos humanos y empezaron a salir un montón de problemáticas, entre ellas, como éramos todas mujeres, la violencia, el aborto, mi cuerpo, todas cuestiones más generales pero que hacían también a su particularidad como mujeres” (Mirta, Abogada, Centro de Atención, CABA, entrevista colectiva).

La autonomía económica y el apoyo sororo conforman dos pilares fundamentales a ser (re)construidos desde las prácticas instituyentes, en tanto soportes indispensables para los proyectos futuros de las mujeres.

2.b. Participación en la experiencia social de exigibilidad de derechos: Ni una menos.
La situación de la violencia hacia las mujeres históricamente fue abordada por la preocupación del movimiento de mujeres y se han promovido diferentes iniciativas para enfrentar el problema. El 3 de junio de 2015, bajo la consigna “Ni una menos”, se desplegó una acción colectiva multitudinaria en todo el país de ejercicio de ciudadanía que cuestionó a la sociedad en su conjunto sobre la dimensión del problema de la violencia hacia las mujeres y sobre las escasas respuestas existentes por parte de las políticas públicas. La acción fue una práctica instituyente que interrogó a la sociedad en su conjunto e instaló. en el escenario social, a las mujeres como sujetas de derecho, interpelando a cada uno de los dispositivos:

“[a la movilización del 3 de junio con la consigna Ni Una Menos] lo viví como algo único con las mujeres del grupo, lo vivieron como algo emocionante que, a veces terminaba en lágrimas saber que había un montón… la mitad de las que estaban ahí eran víctimas y la mitad era gente que iba a apoyar por primera vez el Ni una menos (…) al Encuentro Nacional ya sabemos a qué vamos pero el Ni una menos fue gente que se notó que nunca había ido a un Encuentro de Mujeres y para defender los derechos de las mujeres” (Claudia, coordinadora, Centro de Atención LM, entrevista en profundidad).
“(…) cada vez hay más demanda, por ejemplo, antes... yo siempre trabajé en turno noche, antes prácticamente no teníamos trabajo porque nadie conocía que estaba esta posibilidad de poder ir de noche y ahora no paramos de trabajar toda la noche. O sea, son las 24 horas a full, entonces cada vez hay más demanda y nosotros tenemos limitaciones en cuanto a cantidad de profesionales” (Silvia, Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad).

La exigibilidad, en tanto acción colectiva de reconocimiento de las necesidades y su institución como demanda de derechos de ciudadanía, fue un punto de condensación para la problemática de las violencias de género, que devino en el acontecimiento del Ni una menos. El impacto en los dispositivos fue múltiple y diverso: desde el registro de la problemática, el aumento de la demanda de atención; como así también, en las afectaciones subjetivas y colectivas que señalan que es posible socavar las bases sociales de las violencias patriarcales.

2.c. Reflexividad crítica en prácticas y dispositivos instituyentes.
A partir del análisis retrospectivo de las vivencias, experiencias y prácticas realizadas desde los distintos dispositivos abordados y de las complejidades que caracterizan a las demandas y necesidades, encontramos que las actividades de formación, supervisión y actualización son revalorizadas y percibidas como estrategias de afrontamiento del trabajo que llevan adelante. La potenciación de procesos reflexivos, promueven el intercambio creativo y comunicativo hacia la construcción de herramientas de monitoreo estratégico que morigeran el impacto de trabajar con las situaciones de violencia y en contextos de precariedad social y laboral:

“Nosotras frente a cada caso de violencia tenemos que ver y pensar cómo actuar. No repetimos siempre el mismo accionar. La experiencia nos llevó a pensar que era importante evaluar. Por ejemplo, ahora ya no llevamos ningún niño/as o compañera embarazada cuando tenemos que actuar frente a un caso de violencia. Nuestras estrategias son diversas, siempre atendemos o tratamos de atender la situación particular”. (Sandra, Operadora Comunitaria, Centro de Atención CABA, entrevista colectiva).
“Trabajar con otro profesional y tener que pensar las cosas con otros también para ellos es un desafío: Es eso, incorporar la mirada de otra profesión me parece que abre un poco el panorama y está bueno, y hace a la forma de intervenir. También permite que haya muchas situaciones que hay que ponerse de acuerdo con los otros, entonces está bueno”. (Elsa, Trabajadora social, Programa Ministerial CABA, entrevista en profundidad).
“Nosotros, digamos, como que cada situación la pensamos en su particularidad, no hay una receta, no es que para todas las situaciones hacemos lo mismo” (Beatriz, Trabajadora Social, Programa Ministerial CABA, entrevista en profundidad).

Reformular la relación entre la crítica y los dispositivos, es el ejercicio activo de una crítica como condición necesaria de aquellas prácticas que operan a contrapelo de las actuales formas de gobernabilidad (Expósito, 2008), sin limitarse solo a señalaras, sino extrayendo las consecuencias de los que Foucault (2010) expresó como “no querer ser gobernados de esa forma”. Solo las prácticas de autonomía singulares y colectivas, permiten destruir los procesos interiorizados de control de sí como modos de disciplinamiento y socavar las matrices patriarcales, clasistas y racistas que organizan las relaciones sociales.

Conclusiones y discusiones
Desde la perspectiva cualitativa y ético política del cuidado, en un proceso cooperativo con efectoras de dispositivos de atención de las problemáticas emergentes de la violencia de género, realizamos un movimiento analítico interpretativo en tres campos: el contextual histórico, las prácticas y significados y las modalidades subjetivas. Ante el impacto de las violencias y la implementación de diversas respuestas político-técnicas que muestran obstáculos y debilidades en la exigibilidad y justiciabilidad de género, nos planteamos la necesidad de generar procesos interactivos relacionales y de reflexividad epistémica. Es decir, encuentros de problematización y teorización de las prácticas de las actoras de los dispositivos y de las investigadoras, que se realizan en y a través del sistema de relaciones que posibilitan transformaciones materiales y simbólicas.
Asumimos, desde la reflexividad crítica, la interpretación de las narrativas para comprender a las otras y a nosotras mismas, atravesadas por las dimensiones de poder del contexto social e institucional, y por las tensiones emergentes de las representaciones patriarcales y/o representaciones de autonomía de las mujeres; de las políticas focalizadas y/o políticas de integralidad; y, de las prácticas tutelares y/o prácticas que promueven la autonomía de las mujeres.
Se torna un desafío central la presencia de miradas integrales en las que se conecten la multidimensionalidad de la problemática. También, que los diversos dispositivos de prevención y atención, contemplen que la violencia de género abarca prácticas y actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres y diversidades sexuales en los diferentes aspectos de su existencia. La violencia de género es un todo que incluye un ataque material y simbólico que afecta la libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física de la persona. La superación de prácticas tutelares requiere de la problematización de los saberes y quehaceres de quienes trabajan en violencia con población vulnerable.
Las diversas experiencias develan la importancia de acciones vinculadas al fortalecimiento material, subjetivo y simbólico que tienda hacia la autonomía subjetiva y económica de las mujeres que se encuentran en situación de violencia. La autonomía de las mujeres se ve amenazada por la alta incidencia de la población sin ingresos propios -un tercio de las mujeres depende de otros para su subsistencia-, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres. Esta posición de desventaja afecta, en algunas situaciones, a los propios efectores de los dispositivos que vivencian como fracaso terapéutico cuando, a veces, las mujeres retornan con el violento. A su vez, se debe considerar como especialmente crítica a las situaciones de violencia que no se denuncian debido a la dependencia económica con el perpetrador y que pueden desencadenar femicidios. Los procesos de participación comunitaria facilitan prácticas instituyentes que posibilitan tramitar las situaciones de violencia y generar posicionamientos subjetivos autónomos. Son espacios que propician compartir experiencias con otras mujeres y percibir que es posible transformar lo antes impensable, lo que produce efectos en el cuidado de sí y su entorno. El cuidado, como proceso relacional, es constitutivo de una crítica develadora sobre la identidad de género, los estereotipos de femenidad y masculinidad, los modos de vida e iluminadora de su mundo y de su auto-identidad, lo que permite resignificar la autoría de las mujeres en su propia trayectoria de vida.

¹Nacida en 1955 y fallecida en 2016, Berkins fue una importante activista transgéneros, defensora de los derechos humanos e impulsora de la ley de Identidad de Género, entre otras normativas de respeto a las diversidades sexuales. Fue fundadora de Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALLIT), institución que presidió hasta su fallecimiento.

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Fecha de recepción: 30 de mayo de 2016
Fecha de aceptación: 16 de septiembre de 2016