ARTíCULOS

Desarrollo, territorio y conflicto en el nordeste de Misiones

 

Mabel Manzanal, Mariana Arzeno y Mariana Ponce*

* Mabel Manzanal es economista, Doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora Principal de Conicet, Directora del Programa de Economías Regionales y Estudios Territoriales (PERT), Instituto de Geografía, UBA, mabelmanzanal@gmail.com.
Mariana Arzeno es geógrafa, Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Investigadora Asistente de CONICET. Integrante del PERT, mariana_arzeno@yahoo.com. 
Mariana Ponce es socióloga, doctoranda del IDAES (Universidad Nacional de San Martín). Becaria Doctoral de CONICET. Integrante del PERT, mariana.ponce@fibertel.com.ar.

 Este artículo se enmarca en el contexto de los proyectos: PICT 0188 (FONCyT-Agencia), UBACyT F056 y PIP 1879 -CONICET, todos ellos dirigidos por Mabel Manzanal.

 

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RESUMEN

En el presente artículo se pone en cuestión la relación entre desarrollo y territorio en el nordeste de Misiones. Para ello se analizan tres ejes conflictivos: la disputa por la madera entre ocupantes de tierras privadas y empresarios madereros, el avance de la ocupación asociado al complejo tabacalero y las identificaciones contrapuestas que los actores realizan y exponen en su discurso acerca de estos contextos locales en estado de "resistencia" o enfrentamiento¹. Se focaliza en la dimensión espacial del desarrollo en tanto proceso de dominación y ejercicio de poder de unos actores sobre otros, precisando las diversas formas de uso y apropiación del territorio. 
Este análisis pone en evidencia las capacidades diferenciales de los actores y el poder desigual existente entre ellos; también da cuenta de las variadas situaciones de conflicto social que se generan cuando se profundizan las contradicciones, así como los diferentes modos de resolución y enfrentamiento que se instrumentan por parte del Estado y de los actores locales.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo; Territorio; Conflicto por la tierra; Misiones.

ABSTRACT

This article presents a discussion about the relationship between development and territory in the northeast of Misiones, Argentina. Three areas of conflicts are analyzed: the dispute for wood between squatters and logging companies, the increase of land occupation related to the tobacco industry and finally the conflicting identifications that the actors construct and expose in their discourse about this contradictory and contrasting context. The analysis focuses on the spatial dimension of development as a process of domination and exercise of power by some actors over others, pointing out the various forms of land use and ownership.
This study highlights the differential capacities of actors and the unequal power between them; it also shows the different situations of social conflict that are  generated when the contradictions deepen, and the different modes of conflict resolution that are implemented by the state and local actors.

KEY WORDS: Development; Territory; Land conflict; Misiones- northeast Argentina

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INTRODUCCIÓN

El nordeste de Misiones es un territorio sujeto a una dinámica política, económica y social compleja. Allí la actividad tabacalera, la forestal y la agricultura familiar entran en conflicto por los usos del territorio.

El caso que aquí se analiza, refiere a la apropiación y uso de los recursos en un área  correspondiente a algunas grandes propiedades privadas localizadas en la intersección de los municipios de San Pedro y Bernardo de Irigoyen. Se trata de una zona tradicionalmente sujeta a la explotación del bosque nativo por parte de diversas empresas.

Desde hace dos décadas, estas tierras han sido revalorizadas por su creciente demanda para destinarlas a forestación,² constituyéndose en campo de interés económico para antiguos y nuevos propietarios/administradores de las grandes propiedades. Al mismo tiempo, se convirtieron en un área disputada por pequeños productores, que las reclaman para encarar sus actividades agrícolas (sea de autoconsumo o vinculadas al complejo tabacalero). En un contexto de agotamiento de la reserva de tierras fiscales, el proceso de expansión de la frontera agrícola avanzó hacia propiedades privadas desde mediados de la década de 1980. Aunque con anterioridad, algunas de las grandes propiedades del nordeste habían sido ocupadas por trabajadores de las empresas madereras y sus familias, con la autorización de sus administradores y capataces.

En ese marco comienza a gestarse en la década de 1990 y se profundiza en la de 2000, un conflicto por la tierra³, que se inicia a partir de la presión ejercida por grandes propietarios para desalojar a los ocupantes.  

La resistencia organizada que se opuso al desalojo en el nordeste misionero, condujo a la sanción de la Ley 4093 en el año 2004, un instrumento legal hecho a la medida de la demanda de los ocupantes. Dicha Ley ordena: (i) la expropiación de una parte de las tierras ocupadas (casi la mitad de dos grandes latifundios - Colonizadora Misionera S.A. y Puente Alto S.A.- y dos propiedades completas más pequeñas -CATO S.R.L. y Ferbuel S.A.) y (ii) la venta a los ocupantes instrumentándose el pago respectivo a partir de cuotas. Además compromete al Estado provincial con el arraigo de esa población (otorgamiento de créditos para vivienda y producción, establecimiento de adecuadas vías de circulación y medios de comunicación, entre varios otros aspectos). Sin embargo, el conflicto persiste en las dos propiedades más grandes. La existencia de diversos intereses económicos y políticos ha llevado a una notoria dilación en la implementación de la Ley⁴.

Así, el área de estudio se convierte en un territorio disputado simultáneamente por: (i) las grandes empresas, interesadas en la explotación forestal del monte nativo y el desarrollo de la forestación; (ii) las tabacaleras, que participan indirectamente a través de los ocupantes vinculados al complejo tabacalero y (iii) las organizaciones de ocupantes que surgieron de la lucha y que orientan su accionar a la construcción de un modelo de desarrollo alternativo, basado en la agricultura familiar.

El objetivo de este trabajo es explorar, a partir de la sistematización y análisis de entrevistas realizadas a distintos actores involucrados⁵, las expresiones que asumen las relaciones de poder (en sus dimensiones material y simbólica) en los enfrentamientos que se dan entre ocupantes y empresas por la apropiación y el control del recurso tierra en el área de estudio.

 EL CONFLICTO  POR LA TIERRA EN EL NORDESTE DE MISIONES

El conflicto por la tierra en el nordeste de Misiones es resultado de las características que asumió el proceso de desarrollo en la provincia y en particular en el área de estudio. Consideramos que el desarrollo, en el sistema capitalista, es un proceso esencialmente contradictorio y conflictivo y está determinado por la respectiva estructura de relaciones de poder y dominación, objetivadas a través de normas, leyes y reglamentaciones, que conforman el aparato institucional hegemónico de cierto momento y lugar (Bourdieu, 2006; Quijano, 2000, Manzanal, 2010).

En este trabajo centramos nuestro análisis en la dimensión territorial del proceso de desarrollo del nordeste misionero.

El territorio, en tanto híbrido de materialidad y vida social, abriga acciones pasadas y presentes, siempre dotadas de poder desigual (Santos, 2009 [1996]; Silveira, 2008). En este sentido, podemos concebirlo como el ámbito espacial de imbricación de múltiples relaciones de poder, que dan cuenta de la capacidad diferencial de los actores en el control, dominio y uso del mismo (Haesbaert, 2006).

La dimensión espacial del desarrollo, en tanto proceso de dominación y ejercicio de poder de unos actores sobre otros, se expresa en diversas formas de uso del territorio. Esto pone en evidencia las distintas capacidades de los actores en su apropiación y control, lo que demuestra el poder desigual presente entre ellos. En ocasiones, esas capacidades diferenciales suelen derivar en situaciones de conflicto social, a veces más explícitas y evidentes y otras menos visibles e implícitas, que dan cuenta de las contradicciones y disputas de poder que vehiculiza todo proceso de desarrollo.

Desde esta perspectiva analizamos la relación entre desarrollo y las formas de construcción del territorio en el nordeste de Misiones a través de tres ejes conflictivos vinculados con: (i) la disputa por la madera, (ii) el avance de la ocupación de tierras asociado al complejo tabacalero y (iii) las identificaciones contrapuestas que los actores realizan y son puestas en discusión.  Los dos primeros, se vinculan con la disputa por el control y el uso de los recursos (tierra y madera) entre los distintos actores del territorio: empresas forestales, tabacaleras, Estado y ocupantes. Aquí lo que se pone en juego es, fundamentalmente, el poder material, concreto. El tercero, se manifiesta en el plano discursivo y refiere a las identificaciones que los actores directamente involucrados (ocupantes, empresas, Estado) elaboran sobre sí mismos, sobre sus acciones, en relación con el objeto en discusión y en contraposición al "otro" con el cual se enfrentan. Aquí aparece el poder simbólico, el poder de imponer significados, que influye en las acciones de los actores (sea por acción u omisión) y se constituye en expresiones simbólicas del territorio, configurándolo y  construyéndolo.⁶

 LA DISPUTA POR EL CONTROL Y USO DE LOS RECURSOS

Existen distintas lógicas de ocupación y uso del territorio que pueden convivir en un mismo ámbito, en muchos casos de manera conflictiva. Aquélla que logra generalmente imponerse es la que Haesbaert (2006: 95-96) denomina lógica de dominación político-económica y es la que establecen los actores dominantes (empresas, Estado) en su relación con el espacio. Para ellos el territorio es un recurso, un medio para obtener un fin (acumulación y ganancia), un ámbito productivo y generador de valor. Su accionar y muchas de las  políticas del Estado, tienden en general a hacer prevalecer esa lógica, fundamentalmente lucrativa. Frente a la cual aparece la de los actores hegemonizados, basada en una apropiación más simbólica en su relación con el espacio, donde predomina la visión del  territorio como lugar de vida, de abrigo, frente al carácter funcional como recurso (aunque esto también está presente). Esta lógica es la que caracteriza a los ocupantes. En el caso de aquellos organizados en torno a la lucha por la tierra además se refuerza discursivamente resaltando el carácter del territorio como "fin en sí mismo", lugar de vida presente y futuro, estableciendo una fuerte identificación de la familia con la tierra.

La dinámica del territorio en las últimas décadas se enmarca en esta contraposición de lógicas e intereses que dan forma al escenario conflictivo que aún hoy persiste, como veremos a continuación.

Desarrollo Contradictorio: entre la Conservación y la Explotación

El monte, para muchos ocupantes, en particular aquellos que participaron de la lucha y están organizados⁷, constituye hoy otra realidad frente a la que fue históricamente. Antes era un obstáculo a derribar para poder producir. Hoy se ha convertido en un recurso que es necesario conservar y usar en el marco de ciertas pautas de manejo. Esta transformación fue resultado de las campañas de asesoramiento realizadas por las ONGs que actúan en la zona. Entonces, actualmente y amparándose en la Ley 4093, los ocupantes reclaman sus derechos posesorios sobre este recurso.

Las empresas y el Estado, sin embargo, cuestionan este reclamo partiendo de un planteamiento que disocia la tierra (supuestamente, demanda original de los ocupantes) del monte (fuente de recursos económicos históricamente explotados por las empresas madereras). A partir de esta percepción y en la medida que la expropiación no se concreta, los propietarios se consideran con derechos sobre los recursos maderables que contienen las tierras a expropiar.

El vacío legal que genera la lenta aplicación de la ley, alienta el tradicional negocio ilegal de la madera, situación reconocida por los propios funcionarios de gobierno. De acuerdo a las versiones de distintos informantes, las empresas están sacando "todo lo que pueden" de las tierras que quedarían para los ocupantes, lo cual incluye la extracción de maderas prohibidas y en lugares no permitidos. Y esto ocurre bajo la mirada complaciente de las autoridades públicas.

Esto agudizó el conflicto luego de la sanción de la Ley y generó una situación de descontrol.  En el cual, además, terminan participando muchos de los ocupantes, ya que éstos venden a bajo precio la madera a contratistas que trabajan para los propietarios.

La aparente "complicidad" de las autoridades públicas con los empresarios, en lo que hace a la explotación de los recursos maderables a pesar de la restricción de "no innovar" que establece la Ley, responde en cierta medida al reconocimiento público de los funcionarios de que la madera pertenece a los propietarios:

"El ocupante irregular de una propiedad privada no tiene permiso para explotar la madera, no puede acceder al permiso, porque para acceder al permiso tiene que tener el título de propiedad o un permiso de ocupación legalmente adjudicado. Todos los ocupantes si extraen madera es ilegal. El propietario ¿Qué hace? Hay propietarios que incluso no pueden entrar a su propiedad, los ocupantes le amenazan incluso de muerte. Es imposible para el propietario controlar que 500 familias en su propiedad no extraigan madera. Entonces para poder tener acceso a esa madera ¿Qué hace? Le compran la madera en forma ilegal al ocupante, es decir, le compran su misma madera⁸" (Alto funcionario de la Municipalidad de San Pedro, 50 años aproximadamente, septiembre de 2008).

Esta postura desde el ámbito público a favor del accionar de las empresas, también se verifica al observar el tratamiento diferencial que proviene del Ministerio de Ecología (organismo encargado del control de la explotación de maderas nativas) según se trate de empresas o de ocupantes. Este Ministerio actúa con gran rapidez cuando se denuncia a un ocupante que extrae madera para refaccionar su vivienda o para realizar un rozado (llevando a la confiscación de la madera y de las herramientas de trabajo);  pero no actúa con igual celeridad cuando la denuncia de extracción ilegal (por ejemplo de especies prohibidas) la hace un ocupante en contra de la empresa. Así, los controles tienden a tener una efectividad diferencial dependiendo de quien se trate. Un ocupante hace referencia a esta acción desigual de las autoridades en los siguientes términos:

"Las mismas autoridades te prohíben laburar, hacer algo por tu familia,  no sé. [&...] las grandes empresas siguen explotando bosque, se siguen llevando toda la madera, de donde está prohibido sacan y llevan [&...]. Yo le dije al [&...] Director de Bosques, el tipo me dice "no, yo no puedo hacer nada porque estoy acá en Posadas, mando la comisión a investigar y no encuentra los troncos", le digo "pero venga, yo te llevo a los troncos donde están". Y hasta hoy no vinieron. Cuando vos le querés demostrar la realidad los tipos no vienen. Entonces, cuando vienen, vienen a quitar la motosierra del campesino que está haciendo limpieza en su chacra, [&...] pero los grandes camiones, las grandes máquinas que están cargando camiones son privilegiados por la misma Gendarmería, por la misma Ecología, por el mismo gobierno." (Presidente de organización campesina, 35 años, septiembre de 2009).

Las diferencias de poder existente entre los actores que se enfrentan en esta disputa son notorias. La madera nativa constituye un recurso valioso en juego, que las empresas siguen usufructuando y depredando.  Y lo logran a través de mecanismos ilegales y plagados de irregularidades (frecuentemente con la complicidad de las autoridades). Pero también sucede que los propios ocupantes participan de estos mecanismos ilegales, comprometiendo sus luchas, las de sus organizaciones y el sustento del bosque que les da de vivir.  Es claro que estas actitudes: (i) los debilitan en sus acciones conjuntas, en su fuerza organizacional, (ii) son producto de la necesidad de subsistencia, determinada por sus condiciones sociales, culturales y económicas marginales, (iii) son incentivadas por los propios propietarios y autoridades, que con esto consiguen, no sólo el rendimiento económico resultante de la explotación indiscriminada de la madera sino, fundamentalmente, desprestigiar a los ocupantes y debilitar su organización. Se trata, en definitiva, de una manifestación de la subordinación que padecen los sectores sociales de menores recursos.

Sabemos que la marginalidad en sí misma constituye una oportunidad del poder dominante para manipular y aprovecharse en su beneficio de las urgencias sociales de los más desprotegidos. Porque este ejercicio del poder otorga amplias posibilidades (por capacidad económica, cultural, social e institucional) para interferir en los procesos de organización social, promoviendo divisiones y, conjuntamente, buscando alianzas, muchas veces coyunturales, con  los más necesitados.

Por todo esto, las organizaciones y movimientos sociales se enfrentan a un doble desafío en sus disputas con el poder dominante: (i) por un lado, se trata de articular estrategias de lucha por una mayor igualdad frente a la apropiación y disponibilidad francamente desigual de recursos materiales y simbólicos; (ii) por otro, requiere capacitarse y fortalecerse para responder a las prácticas usuales de los sectores de poder, tendientes a interferir y debilitar a las organizaciones de productores, aprovechándose de las urgencias y necesidades sociales y económicas de muchos de sus integrantes y promoviendo toda forma de resquebrajamiento interno. Se trata de actos de dominación cuya finalidad consiste en desgastar y deslegitimar las luchas, las capacidades y el poder de los ocupantes.

El Avance de la Ocupación asociada al Complejo Tabacalero

A partir de las décadas de 1970 y 1980, algunas compañías internacionales tabacaleras  comenzaron a demandar una mayor cantidad de tabaco, lo que las llevó a expandir el área de producción en la provincia. Esto se produjo a través de la incorporación al complejo de pequeños productores familiares. En este sentido puede pensarse en una correlación directa entre las necesidades de expansión de las empresas tabacaleras y el avance de la ocupación, primero en tierras fiscales y, más recientemente, privadas⁹.

Para comprender este proceso debe tenerse en cuenta que las empresas tabacaleras establecen una agricultura de contrato con los productores, quienes proveen la materia prima para su agroindustria. Este tipo de vínculo entre la empresa y el productor asegura a este último un ingreso y el acceso a servicios sociales.  Por ello, hay muchas familias sin recursos ni capital, interesadas en ser partícipes de esta relación de trabajo. Todo indica que esta modalidad productiva ha influido en el avance de la ocupación de tierras privadas operado en el área.  De este modo el territorio se incorpora a la dinámica económica del complejo.  Y este proceso parecería haberse acentuado luego de la sanción de la Ley, en la medida que abrió nuevas perspectivas para la obtención de tierras de parte de productores provenientes de otras partes de la provincia.

Es así como la presencia de las empresas tabacaleras en el territorio se fue fortaleciendo, en tanto controlan el proceso productivo, regulan la producción y determinan cómo, cuándo, cuánto y dónde producir tabaco (Manzanal et al, 2009). Pero esto también conlleva a que los intereses de las empresas tabacaleras entren en conflicto con los de aquéllos que se dicen dueños de las tierras.

Es notorio señalar que el hecho de ser "intruso" en tierras privadas no constituye un impedimento para que las tabacaleras incorporen a estos productores en su cadena de producción.  Esto es un indicador más de la funcionalidad existente entre ambos procesos (ocupación de tierras privadas y expansión del área tabacalera)¹⁰.

En el presente, si bien no existen datos estadísticos, el proceso de ocupación de las tierras a expropiar sigue avanzando de la mano de productores tabacaleros provenientes de otras partes de la Provincia, situación en la que coinciden todos los informantes consultados.

Entonces, la relación entre la expansión del complejo tabacalero y la ocupación de tierras privadas, muestra otra contradicción importante del desarrollo provincial, a la que el accionar político parece no prestarle atención. Si la actividad tabacalera tiene parte de la responsabilidad por el avance de la ocupación de tierras privadas, la solución a este problema consiste en controlar y regular su modalidad productiva¹¹. Ello significa, incluso, acelerar los instrumentos y mecanismos dirigidos a su reconversión (como se está haciendo lentamente en algunas zonas del país y, con mayor decisión, en países como Brasil). Pero esto requiere que paralelamente se dé asistencia técnica, productiva y social a los productores y a sus organizaciones, para que ellos puedan también producir un proceso de transformación de su ciclo productivo. Este es el rol que el Estado provincial debería cumplir: velar por el interés general y proteger a las mayorías postergadas en lugar de gestar instrumentos y aplicar las leyes según beneficien o no a los más poderosos.

Desde luego que no desconocemos que la actividad tabacalera aporta más del 15% del total de exportaciones de la provincia y recursos a través del Fondo Especial del Tabaco-FET (del cual depende parte del financiamiento con el que cuenta el gobierno provincial) ¹². Precisamente, es detrás del poder que dan estos recursos que se cobijan y conforman alianzas estratégicas entre las empresas y el sector político, que no sólo dejan de lado los intereses de la mayoría de las familias de productores tabacaleros sino que también comprometen el futuro ambiental y productivo de la Provincia en general.  Porque la producción tabacalera, a pesar de constituir una actividad en expansión y fuertemente orientada al mercado externo, en su fase primaria se caracteriza por operar con productores que detentan altos niveles de pobreza y por sus prácticas contaminantes (con los consecuentes problemas de salud y agotamiento de los suelos, debido al uso excesivo de agroquímicos, propios de esta actividad - Baranger, 2007).

Por todo esto consideramos que la responsabilidad por esta situación de supuesta "ilegalidad" en la ocupación de la tierra debe adjudicarse al complejo tabacalero y al Estado provincial, en la medida que su mediación no logra revertir esta situación. Es decir, hay aquí una producción del territorio históricamente desigual que se profundiza en la actualidad y no sólo a través de sus contenidos materiales sino también simbólicos. En tanto domina un discurso que atribuye la responsabilidad de la ocupación de las tierras privadas a quienes en realidad son las víctimas. La ocupación de tierras privadas termina beneficiando al proceso de acumulación capitalista de las principales empresas tabacaleras del país y de la provincia. Y eso sucede bajo la mirada complaciente de un Estado provincial que permite estas prácticas y además las legitima, en tanto no sólo no acciona contra las empresas sino que avala su accionar al cuestionar a los ocupantes como "intrusos" o usurpadores de tierras privadas. De este modo, el Estado provincial muestra su alianza no sólo con las empresas sino también con los "supuestos" propietarios de las tierras.

Hay aquí, por lo tanto, una evidente expresión de la magnitud de diferenciación de poder entre los distintos actores intervinientes y antagónicos de este conflicto (por un lado, empresas tabacaleras, propietarios de tierras y Estado provincial y por otro, los ocupantes). Y es esto lo que en definitiva construye un modelo de desarrollo y de territorio cuya desigualdad compromete la vida y la salud de la población local.

SIGNIFICADOS EN DISPUTA: LAS IDENTIFICACIONES

En el contexto arriba descrito, las identificaciones que emergen de los sectores enfrentados sobre sus oponentes y sobre sí mismos, contribuyen a delimitar y legitimar el campo de acciones posibles; y conjuntamente constituyen una expresión de la construcción de poder simbólico entre unos y otros.

Para las empresas y el Gobierno, los ocupantes son "intrusos" y mayormente "brasileros".  Los ocupantes por su parte, cuestionan la veracidad del carácter de "propietarios" que dicen tener las empresas sobre las tierras, además de remarcar su condición "ausentista" y en algunos casos de "extranjeros" (chilenos).

El análisis de estas nominaciones que emergen del conflicto, nos lleva a indagar, como propone Edward Said (2004: 24) que las ideas, culturas e historias no pueden comprenderse sin estudiar al mismo tiempo su fuerza, es decir, sus configuraciones de poder. Se trata de ver que atrás de esas nominaciones existe un dispositivo político de construcción de alteridad, que es valioso en tanto logra imponerse como un discurso verídico sobre el otro que es producto de un intercambio desigual entre varios tipos de poder: poder político, poder intelectual, poder cultural, poder moral.

Estos dispositivos que menciona Said, pueden rastrearse en la construcción discursiva del otro en el conflicto por la tierra del nordeste de Misiones. Los actores involucrados retoman y hacen propio el discurso de aquéllos a quiénes enfrentan. Esto es visible en el cuestionamiento que tanto ocupantes como empresas hacen sobre: (i) el accionar ilegal, donde se identifica, a los ocupantes como intrusos (de parte de las empresas) y la situación irregular de las empresas y de sus titulares de dominio como "supuestos propietarios" (de  parte de los ocupantes) y (ii) la identificación con el territorio a nivel local y a nivel nacional, donde aparecen los ocupantes como brasileros y los propietarios como ausentistas y extranjeros.

Los actores dominantes usan estas identificaciones para sostener sus estrategias de control sobre el territorio mientras que los ocupantes las usan para defenderse. Pero en ambos casos trasladan al plano discursivo prejuicios y desvalorizaciones para deslegitimar al otro.

De acuerdo con Briones (2006) identidad y diferencia son efectos del poder. Para la autora, resulta fundamental el análisis de los contextos y de las relaciones sociales donde las prácticas y discursos de identidad operan porque es allí donde emergen o se activan ciertas identificaciones, que permiten vincular el accionar de los actores con la estructura de poder existente.

Nuestro análisis se centrará en señalar las identificaciones que emergen del conflicto, mostrando la tensión que existe entre los actores por imponer significados que consoliden su poder frente a los estándares de autenticidad vigentes. Analizaremos las identificaciones emergentes en los discursos (supuestos propietarios, intrusos; brasileros vs. empresas extranjeras) como modalidades específicas de poder que se construyen relacionalmente, teniendo en cuenta que las mismas operan en un contexto de disputa por la tierra.

Las Identificaciones vinculadas con el Accionar Ilegal

Como ya hemos planteado, la falta de cumplimiento de la Ley da lugar a situaciones irregulares que terminan favoreciendo a los sectores dominantes que siguen sin reconocer los derechos adquiridos de los ocupantes sobre los recursos en disputa (tanto la tierra como la madera).  Es por ello que las empresas continúan identificando a los ocupantes como "intrusos" a pesar que la sanción de la Ley 4093 les reconoce el derecho a trabajar y vivir en las tierras que ocupan.

Esta identificación negativa, intenta asociar y enmarcar las acciones de los ocupantes dentro de un marco de ilegalidad, lo que implica que sus acciones y reivindicaciones queden deslegitimadas ante la sociedad local y provincial.

Pero además, las empresas asocian ciertas actividades de los ocupantes con una lógica de mercado desconociendo, o haciendo que desconocen, que se trata de prácticas y dinámicas sociales características de la reproducción de la agricultura familiar en la Provincia. Esto se observa cuando mencionan que la finalidad de la ocupación de tierras esconde claros intereses económicos: como plantar tabaco que es un cultivo de renta que provee a los ocupantes de dinero en efectivo; o hacer un negocio inmobiliario, vendiendo a precio de mercado las tierras adquiridas en forma subsidiada por el gobierno. Sin embargo, la  práctica de compra y venta de las chacras entre ocupantes (movilidad territorial) es común en la zona: corresponde a la forma de acceso a la tierra que tienen los pequeños productores en Misiones.¹³

En realidad, la argumentación de los propietarios se vincula con la llegada de nuevos ocupantes, con posterioridad a la sanción de la Ley  y cuya situación,  para la regularización de la tenencia de la tierra, no está contemplada en la misma, dado que sólo se reconocerán derechos de aquellos que pudieran acreditar tres años o más de antigüedad al momento de sanción y promulgación de la ley provincial Nro. 4093, "Plan de Arraigo y Colonización".

Por su parte, los ocupantes retoman el discurso legalista que es utilizado por las empresas y de este modo lo equiparan con el de los propietarios, en sentido inverso.  En particular, lo hacen refiriéndose a dos situaciones que indicarían que las empresas están "fuera de la ley", lo que a veces sucedería conjunta y/o complementariamente. Cuestionan que realmente sean "propietarios" de las tierras.  Acusan a los empresarios de ser meros testaferros o contratistas y de no poseer los títulos correspondientes. Pero se les dificulta corroborar este hecho, porque las grandes propiedades son sociedades anónimas.  De todos modos señalan que, en las reuniones para tratar de llegar a un acuerdo previo a la sanción de la Ley, las empresas que se autodenominaban "propietarias" no podían acreditar fehacientemente esa condición; habiéndose probado, en algunos casos, que se trataba de arrendatarios que simplemente explotaban los lotes.¹⁴

Asimismo, plantean el accionar ilegal de las empresas a través de su endeudamiento fiscal, subrayando que muchos "propietarios" deben una gran cantidad de impuestos de varios períodos atrás. En ese sentido, Schiavoni (2005) afirma que en la mayoría de los casos de ocupación espontánea, los ocupantes prefieren asentarse en aquellas propiedades que saben que se encuentran con alguna irregularidad fiscal o en las que corroboran el ausentismo de los propietarios. Precisamente porque esto les facilitaría la regularización futura de la tenencia  a su favor y el reconocimiento legal por parte del gobierno.

Al igual que las empresas, también el discurso de organismos y funcionarios públicos (referentes de la Subsecretaría de Tierras, del Ministerio de Ecología, de los municipios) refiere a los ocupantes como "intrusos", desconociendo los derechos otorgados a través de la Ley 4093.

La pugna por las identificaciones también está presente en el accionar ambivalente del gobierno para reconocer al ocupante como sujeto de derecho.  Por ejemplo, cuando se interpela al gobierno para que facilite las condiciones de arraigo que están previstas en la Ley, como el acceso al servicio de energía eléctrica, que facilitaría y mejoraría considerablemente la vida cotidiana de los ocupantes. Esta demanda legítima y largamente reclamada, sólo es atendida por el gobierno, aparentemente, en épocas electorales. 

Vale resaltar que este comportamiento gubernamental es denunciado como un accionar político clientelístico tanto por los propietarios como por los mismos ocupantes. Y ello, independientemente que desde el sentido común pueda ser válido, corresponde a un análisis distinto y a una consideración diferente de parte de uno y otro sector.  Es decir, esta situación específica de coincidencia entre ocupantes y propietarios, en la interpretación directa de un hecho coyuntural, no responde a la misma lógica en cada caso, e indica, una vez más, la complejidad que presenta la trama de las relaciones de poder del territorio. 

La realidad no es objetiva, por ello iguales interpretaciones desde sectores de intereses opuestos estructuralmente, no dan cuenta de idénticos sentidos ni contenidos, pero sí de peligrosas funcionalidades para consolidar la independencia del accionar de quienes ocupan una posición subordinada en la estructura de poder,  respecto a las empresas y al gobierno.

En ciertas coyunturas las alianzas entre los sectores dominantes parecieran mostrar resquebrajamientos o suspenderse temporalmente en beneficio de otros proyectos que también buscan consolidar la dominación o avanzar en la capacidad y en el poder de gestión de los dominados.  Ante este tipo de situaciones, considerando la dialéctica contradictoria de los procesos sociales, resulta complejo evaluar su devenir.

Esto es visible, en coyunturas electorales, cuando el Gobierno promueve que los ocupantes, los "intrusos", sean considerados sujetos de derecho (por ejemplo, brindándoles el servicio de energía eléctrica) porque sus votos resultan necesarios a la hora de renovar sus mandatos. Circunstancias como éstas, en procesos democráticos, facilitan alianzas transitorias entre gobiernos y sectores marginales, que ambos buscan aprovechar.  El primero accede a los pedidos, no importando ni la posibilidad de un proceder delictivo por parte de los solicitantes, ni la potencial legalidad que les estaría otorgando y que podría traer complicaciones futuras con sus aliados en el poder.¹⁵ Los segundos, aceptando  prebendas de diferente tipo, aprovechan los beneficios personales directos que reciben, pero no siempre evalúan las consecuencias posteriores y que pueden llegar a comprometerlos respecto a su coherencia a nivel social y político.

El juego del poder, el cambio de alianzas y roles, es una constante que desde los sectores dominantes se afronta con mayor capacidad (socioeconómica e institucional) en cuanto a sus riesgos, ventajas y desventajas.  En cambio, para los sectores marginales, cuyas luchas se dirigen a la búsqueda de mayor autonomía y a la transformación de la estructura de relaciones de poder, el riesgo presente en estas alianzas coyunturales es mayor, porque no siempre es posible evaluarlo en todos sus alcances y consecuencias y porque la capacidad social, organizativa e institucional para afrontarlo es menor.  Reconocer y saber de estas limitaciones es central para los sectores dominados.

Por otro lado, en lo anterior vemos, como sostiene Briones (2006), que ciertas identificaciones -de "ocupantes con derecho" e "intrusos"- se activan en determinados contextos, respondiendo a intereses específicos, no siempre concordantes en distintas  circunstancias.  Entonces su señalamiento como legítimas o ilegitimas, influirá en la disputa por los recursos a la hora de identificar al adversario y definir acciones. 

En el contexto relatado, el accionar ambivalente del Estado, respecto a estas identificaciones, indica, más que incapacidad, la oportunidad política de acumulación de poder, aprovechándose de la necesidad de los pequeños productores para acceder y permanecer en sus tierras.

Adversarios Estigmatizados

La zona en estudio es un área de frontera seca entre Argentina y Brasil. Una de sus características distintivas es el flujo recurrente de hombres y mujeres de ambas nacionalidades, como así también la intensa circulación de mercancías, a través de la ruta nacional número 14, una de las vías más transitadas en el intercambio comercial del Mercosur.

Las identificaciones nacionales en una zona de frontera se vuelven entonces difusas, convirtiendo al territorio en un espacio que expresa manifestaciones de esta hibridación cultural, como por ejemplo, en el uso del "portuñol", mezcla de español y portugués, típico de la zona.

Pero corresponde señalar que esas identificaciones pueden ser utilizadas en forma negativa, es decir para cuestionar el otorgamiento de derechos.

Karasik (2000: 180) sostiene que la acción de designar argentinidades incompletas o falsas denota el poder de quienes suponen que pueden definir y ostentar "la verdadera" nacionalidad, planteando referencias identitarias nacionales excluyentes, en dónde emerge con fuerza la asociación unívoca entre una concepción esencialista de la nacionalidad y la adquisición y el disfrute de derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía que menciona la autora, pueden reflejarse en las constantes demandas de los ocupantes para acceder a los servicios y a las condiciones que les faciliten el arraigo y que están contempladas en la Ley.

En la mirada oficial del gobierno, a través de la Subsecretaría de Tierras y de los intendentes de los departamentos de San Pedro y Bernardo de Irigoyen, se avala la idea de que muchos de los ocupantes provienen de Brasil y que ejercen presión para acceder a tierras en la frontera:

"Brasil demanda tierras, por ejemplo, en los Estados del sur; el Estado de Paraná, tiene más de 10.000 familias que están demandando tierras ¿y a dónde cree que van a ir esos? Yo no quiero ser el patio trasero en este tema de Brasil [&...] Ahora, vos los tenés que documentar. Tienen hijos acá, les da cierto derecho. Se casan con algún argentino o se concubinan con algún argentino." (Alto funcionario del municipio de San Pedro, 55 años aproximadamente, septiembre de 2008).

Estas percepciones contrastan, de algún modo, con la información resultante del Censo de Ocupantes de Tierras (2005), que revela que el 87% de los titulares de los lotes eran nacidos en Argentina y el 96%  tenían  documento nacional de identidad argentino.

La identificación de los ocupantes como "intrusos  brasileros" es recurrente por parte de las empresas y funcionarios del gobierno:

"El 80% son todos brasileros, que cruzaron el charco, cruzan y se instalan&...acabo de recorrer 90 km con la camioneta hablando con la gente, tudo bem, tudo joia? Parece que estás en Camboriu&...están hace diez años, ocho años, van rotando&...el 60% esta nacionalizado&...hizo trámite y todo. Hay gente que todavía tiene familia allá, estamos a 30 km de frontera, frontera seca, olvidate de controlar." (Empresario maderero, 38 años, septiembre de 2008).

"Estamos invadidos de acá, y lo peor es que vienen echados de allá y los echados no son buenos, vienen los malos. Si hubiera sido gente buena, agricultores, con un proyecto, algo es otra cosa." (Técnico empleado de empresa maderera, 65 años aproximadamente, septiembre de 2008).

Por su parte, los ocupantes rechazan la asociación negativa con la nacionalidad brasilera y las malas costumbres de la cual son acusados y reafirman su nacionalidad argentina, haciéndolo visible en manifestaciones reivindicativas de derechos a través de la portación de símbolos patrios (como por ejemplo banderas argentinas) en la marchas frente a la Casa de Gobierno en Posadas. Aunque hay quienes sí reconocen su ascendencia brasilera positivamente y cuestionan, como propone Karasik (2000), la concepción esencialista de la nacionalidad:

"Yo soy argentino, tengo cruza con brasileros, pero en este país somos todos cruzados. Acá no hay ´ar-gen-ti-nos argentinos´, el que dice soy  ´argentino, argentino´ está mintiendo. Somos todos cruza."(Presidente de organización campesina,35 años, septiembre de 2008).

En el marco del conflicto, observamos entonces que las identificaciones y las estigmatizaciones son expresiones del poder simbólico, que se legitiman a través del uso cotidiano y habitual, del lenguaje, se naturalizan al formar parte de referencias identitarias en los discursos de las instituciones, de los medios de difusión y de la población general.  Cuando las estigmatizaciones se constituyen en identificaciones se consolida su poder simbólico (para quienes hacen uso de ellas). Desde el momento que se da un reconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía, los sujetos que las padecen se esfuerzan por revertir su legitimidad a través del cuestionamiento.

Al ser identificados como "intrusos", los ocupantes son señalados como infractores de la Ley. Del mismo modo procede la identificación negativa de "brasileños". Esta se utiliza para acentuar la falta de legitimidad de sus reclamos.  Es decir, para el gobierno y para las empresas no sólo se trata de personas que actúan por fuera de la Ley sino que reclaman tierras cuándo no les corresponde por ser nativos de otro país, extranjeros, sin derechos reconocidos para dichos reclamos. Sin embargo, vale mencionar que esta cualidad de extranjero no es aplicable para los casos de creciente concentración y extranjerización de tierras que se sigue dando en la provincia, con apoyo subsidiado de parte de los gobiernos. Y que, en el caso de Misiones, puede ejemplificarse con la empresa Alto Paraná del grupo chileno Arauco, que dispone de 256.000 has en otras partes de la provincia.

REFLEXIONES FINALES

La sanción del Plan de Arraigo y Colonización del año 2004 fue la solución institucional al problema de la ocupación de tierras privadas en el nordeste provincial. Sin embargo, el análisis realizado permite evidenciar que sirvió fundamentalmente para controlar un conflicto que iba adquiriendo una fuerza inusitada: uno de los principales logros de la Ley fue, de hecho, la relativa desmovilización de los ocupantes. 

Cuando se indaga en el escenario actual, observamos que ciertos mecanismos de control y uso de los recursos permanecen en gran medida bajo la órbita de las grandes empresas que siguen beneficiándose, a pesar que algunas de ellas se presenten como víctimas de la "intrusión" y de la inacción del Estado pasada y presente.

La situación de "descontrol" en relación con la explotación maderera sigue beneficiando a las empresas, además de ser contradictoria con la supuesta política de protección del monte nativo que el Estado provincial encamina desde hace varias décadas y que sólo parece activarse para detener el accionar de los ocupantes. Por su parte, las tabacaleras continúan avanzando en el territorio, aprovechando la necesidad de los pequeños productores integrados al complejo y la situación de incertidumbre que genera la lenta implementación de la Ley.

Las denominaciones con las que los sectores de poder se refieren a los ocupantes, ubicándolos al margen de la legalidad por ser intrusos y extranjeros, contribuyen a: (i) deslegitimar su accionar y sus reclamos, tanto los vinculados con la regularización de la tenencia como otros; (ii) justificar la lentitud o inacción en relación con sus demandas; y (iii) desvirtuar el nudo del problema que no entra en discusión y que tiene que ver con la profunda desigualdad de poder que se expresa, por ejemplo, en la distribución de la tierra, en la falta de control del Estado sobre el accionar de las empresas, en la política económica provincial y nacional tendiente a favorecer la inversión y la acumulación del gran capital en la provincia (forestal y tabacalero).

Asimismo, aludiendo constantemente al carácter ilegal del ocupante se consigue justificar socialmente la demora en la implementación de la Ley. Una Ley que para el poder representa peligros latentes y difíciles de ser controlados. Porque: (i) sentaría un precedente riesgoso para los sectores dominantes, por su posibilidad de ser replicado en otras zonas con tierras privadas factibles de ser ocupadas por población marginal; (ii) enfrentaría al Estado con sectores empresarios con mayor poder que los ocupantes; e (iii) instalaría la "inseguridad jurídica" para las empresas, cuyos intereses suelen ser más importantes para el Estado provincial que los de la mayoría de la población.

Entonces, pareciera que para resolver el problema de fondo se requiere revisar el accionar del Estado y de las grandes empresas. Y es claro que esto no es posible si no se produce una transformación en la estructura de poder. La alianza entre empresas y Estado no parece que vaya a cuestionarse a sí misma.  Por ello, las soluciones que ante el problema de ocupación se plantean se asemejan a medidas coyunturales, débiles para resolver el problema de acceso a la tierra de los pequeños productores. A menos que las organizaciones y movimientos sociales de los pequeños productores se fortalezcan y profundicen su accionar y su participación en diferentes ámbitos provinciales, nacionales e internacionales, buscando quebrar la "columna vertebral" del poder, interferirla y avanzar hacia una transformación de las relaciones de poder que actualmente dominan la conformación territorial.

 

NOTAS

1. El presente trabajo es una versión revisada y corregida de la ponencia "Desarrollo, territorio y conflicto en el nordeste de Misiones. Reflexiones en torno al proceso de regularización de la tenencia de la tierra", presentada a la 4ta Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo (GERD) "Campesinado y Agroindustria: Análisis sobre las transformaciones socioproductivas en Misiones, agentes y dinámicas", 12 y 13 de agosto de 2010, Universidad Nacional de Misiones, Programa de Postgrado en Antropología Social, Posadas.

2. Cabe destacar el rol fundamental del Estado nacional y provincial en la promoción de la forestación a través de subsidios o exenciones impositivas, así como también en la ausencia de regulaciones para impedir o limitar la creciente concentración y extranjerización de la tierra.

3. Sobre la historia de este conflicto, sus causas y diversas etapas ver Kostlin, 2010 y Schiavoni, 2005.

4. En relación con la implementación de la ley, el Gobierno provincial avanzó en la expropiación y mensura de las tierras correspondientes a cada familia en el caso de las dos propiedades más pequeñas que entraron en la Ley (Cato y Ferbuel). En cambio, en las dos propiedades más grandes (Colonizadora Misionera S.A y Puente Alto S.A) sólo se llegó a concretar las mensuras perimetrales y la tasación. Justamente uno de los motivos por lo que aquí no se estaría avanzando es la falta de acuerdo por la tasación realizada por el Estado (Manzanal  y Ponce, 2010).

5. Se trata de entrevistas realizadas en septiembre de 2008 y de 2009 a funcionarios de gobierno, empresas que se adjudican la titularidad de las tierras, ocupantes, referentes de ONGs y otros informantes claves.

6. Sobre la relación entre territorio y poder y sus expresiones materiales y simbólicas hay muchos aportes sustantivos desde la Geografía, de reconocidos autores como Lefebvre, Sack, Raffestin, López de Souza, y Milton Santos. Con respecto al tema que aquí nos ocupa, una aproximación a esta temática puede verse en Manzanal (2007: 33 y ss).

7. Un sector de los ocupantes de tierras privadas se encuentra nucleado en cuatro organizaciones de base, tres de las cuales se conformaron con posterioridad a la sanción de la Ley: Comisión Central de Tierras de Pozo Azul, Comisión de Campesinos por el Trabajo Agrario, Unión Campesina y Organización Campesinos por la Vida. Se trata de los que tuvieron una participación activa en la movilización y, actualmente, en el seguimiento de la Ley. Conjuntamente, existe otro sector de ocupantes que, si bien padece el mismo problema, no participa a favor de la regularización de la tenencia de la tierra por distintas razones, muchas de carácter personal o individual.

8. Resaltado de las autoras.

9. La superficie sembrada con tabaco pasó de 15.000 ha en la campaña 1990/91 a más de 27.000 ha en la campaña 2007/08, lo que significa una expansión promedio por año de más de 700 ha. Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.

10. De hecho, el Censo de Ocupantes realizado en 2004, indicaba que el 86% de los productores tabacaleros de las tierras privadas censadas estaban integrados a distintas empresas.

11. Más aún teniendo en cuenta que más de la cuarta parte del total de productores tabacaleros de la provincia están produciendo en condición de ocupantes de tierras privadas, según lo informado por un funcionario de gobierno (11/9/2009, Posadas, Misiones).

12. El FET se financia con el impuesto al cigarrillo (7% del precio de venta al público por cada paquete). Parte de esos fondos se destinan al pago de un sobreprecio a los productores (el 80%) y el resto financia planes de inversión para el sector. Los fondos del FET son administrados por la Provincia.

13. De todos modos también se da en el contexto del conflicto, la acción de los llamados "briqueros". Se trata de ocupantes ocasionales de tierras, que acceden a los lotes sin intención de radicarse, sólo para efectuar una mejora (un rozado, por ejemplo) que luego les permite "hacer el brique del lote" (intercambiarlo)  por dinero en efectivo u otros bienes.

14. Un integrante de una ONG de San Pedro menciona el accionar de un "supuesto propietario" que buscando llegar a un acuerdo durante "5 años se nos presentó en las mesas de negociaciones como el dueño de la tierra, después terminó siendo un contratista" (septiembre de 2008).

15. El accionar delictivo sería de aquellos ocupantes que se instalaron con posterioridad a la sanción de la Ley 4093 y reclaman al gobierno los derechos que están contemplados en la Ley, pero que, de acuerdo a la misma, no les corresponde. Cf. artículo VI.

 

BIBLIOGRAFíA

1. Arzeno, Mariana Y Ponce, Mariana 2010. "El conflicto sin fin. Negociaciones y disputas en torno a la aplicación del Plan de Arraigo y Colonización en tierras privadas del nordeste de Misiones". En: M. Manzanal y F. Villarreal (Org.) El desarrollo y sus lógicas en disputa en el norte argentino. Buenos Aires: Ediciones CICCUS.         [ Links ]

2. Baranger, Denis, Coord. 2007. Tabaco y Agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones. Edit. Universitaria, Universidad Nacional de Misiones, Posadas.         [ Links ] 

3. Baranger, Denis Y Schiavoni, Gabriela 2005. "Censo de ocupantes de tierras". En: Estudios Regionales, año 13, n°28, Universidad Nacional de Misiones, Posadas.  80 p.         [ Links ]

4. Bourdieu, Pierre 2006. "Los modos de dominación", en Bourdieu P. (2006), Como del Poder y Reproducción Social, Ferreyra Editor, Córdoba.         [ Links ]

5. Briones, Claudia 2006. "Teorías performativas de la identidad y performatividad de las teorías".   En Tabula rasa, junio de 2006.         [ Links ]

6. Haesbaert, Rogerio 2006. O mito da desterritorializaçao. Do "fim dos territorios" à multiterritorialidade, Bertrand Brasil, Río de Janeiro, 395 p.         [ Links ]

7. Karasik, Gabriela 2000. "Tras la genealogía del diablo". En: Grimson, A. (comp.): Fronteras, naciones e identidades, Buenos Aires, Ciccus-La Crujía, pp.152-184.         [ Links ]

8. Kostlin, Laura 2010. "Ocupaciones de tierras privadas y conflicto en el nordeste. La conformación de un ciclo inicial de lucha por la tierra en Misiones". En: MANZANAL, M. y VILLARREAL, F.  (org.) El desarrollo y sus lógicas en disputa en el norte argentino. Buenos Aires, Ediciones CICCUS.         [ Links ]

9. Manzanal, Mabel 2010. "Desarrollo, poder y dominación. Una reflexión en torno a la problemática del desarrollo rural en Argentina". En: Manzanal Mabel y Federico. Villarreal  (org.) El desarrollo y sus lógicas en disputa en el norte argentino. Buenos Aires: Ediciones CICCUS.         [ Links ]

10. Manzanal, Mabel 2007. "Territorio, Poder e Instituciones. Una perspectiva crítica sobre la producción del territorio". En: Manzanal Mabel, Arzeno Mariana y Beatriz. Nussbaumer (comp.), Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto. Buenos Aires: Ediciones CICCUS.         [ Links ]

11. Manzanal, Mabel; Arqueros, María Ximena.; Arzeno, Mariana. Y Nardi, María Andrea. 2009. "Desarrollo territorial en el norte argentino. Una perspectiva crítica". En: Eure, 35 (106), Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.         [ Links ]

12. Quijano, Anibal 2000. "El fantasma del desarrollo en América Latina, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,  Venezuela, Vol. 6 Nº 2, pp. 73-90.         [ Links ]

13. Said, Edward  2009.  Orientalismo. Editorial De Bolsillo, España 1997         [ Links ]

14. Santos, Milton 2009. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razao e Emoçao. San Pablo: EDUSP. 1996        [ Links ]

15. Schiavoni, Gabriela 2005. "La construcción de los 'sin tierra' en Misiones, Argentina", en Revista Theomai, N°12, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.         [ Links ]

16. Silveira, María Laura 2008. "Globalización y territorio usado: imperativos y solidaridades". En: Revista del CENDES, año 25, N°69, pp. 1-19.         [ Links ]