INTRODUCCIÓN

Conservación y comunidades: una introducción

 

Brián G. Ferrero*

*Investigador Adjunto CONICET- CITER (Centro de Investigación y Trasferencia Entre Ríos), Universidad Nacional de Misiones

 

La conservación de Áreas Naturales Protegidas es, ante todo, un problema social, político y económico. Bajo esta idea organizamos, en noviembre de 2013, las "I Jornadas de Conservación y Comunidades en el Cono Sur. Participación, Alianzas y Conflictos en la Conservación de la Naturaleza", realizada en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina). Allí participaron especialistas de diversas regiones de Argentina, Brasil y Paraguay, discutiendo la problemática de la conservación de Áreas Naturales Protegidas en sus interacciones con poblaciones humanas, formas de percepción, clasificaciones locales de la naturaleza, territorialidad, etc. Si bien, no todas las presentaciones coinciden con la posición que aquí presentamos, consideramos que la conservación va mucho más allá de ser una sofisticada tecnología y un saber científico que posibilite mantener relaciones ecosistémicas. Las Áreas Protegidas (en adelante AP) son artefactos políticos que definen territorios, miradas sobre la naturaleza y sobre cómo la sociedad humana ha de relacionarse con eso que occidente (en un sentido extremadamente general) denomina naturaleza.

La relación entre conservación y comunidades ha sido compleja desde la creación de las primeras áreas naturales protegidas. Una historia repleta de tensiones, luchas y conflictos, que en general han sido considerados como externalidades, procesos ajenos a las AP. Si bien, a nivel global, la creación de AP se ha hecho, en muchos casos, desplazando a poblaciones indígenas y campesinas locales, y en otros, directamente expulsándolas, la actitud más común ha sido invisibilizarlas, hacer de cuenta que en las tierras donde se crean las AP no hay población, éstas son sobre todo espacios políticos. Las AP constituyen una forma de intervención que ha sido pensada en términos de 'gobernabilidad medioambiental', entendiendo la misma como "sinónimo de las intervenciones destinadas a introducir cambios en el medio ambiente relacionados con los incentivos, los conocimientos, instituciones, la toma de decisiones y comportamientos" (Lemos y Agrawal, 2006: 298), es decir, el conjunto de procesos normativos, mecanismos y organizaciones que la atraviesan. Es necesario tener presente que "la conservación es un nexo de relaciones entre las grandes organizaciones y los donantes, entre organizaciones y gobiernos, entre científicos y la población local y así sucesivamente" (Brosius, 2006: 683).

La tendencia general desde la creación de la figura de AP ha sido excluir a las poblaciones locales del acceso a los espacios protegidos, así como al uso de la flora, fauna, agua y tierra que allí se encuentren. Todo un campo de discusiones se abrió en torno a esto: ¿Es necesario excluir a las poblaciones que habitaron por siglos las tierras protegidas? ¿No es injusto excluirlas ya que éstas permitieron que existan las características, recursos, paisajes que se quieren proteger? ¿Deben ser excluidas también las poblaciones recientes, sin raíces ancestrales en el lugar? ¿Habrá poblaciones más privilegiadas que otras en tal sentido? ¿La promoción de programas de desarrollo para poblaciones vecinas a AP atrae más población, incrementando la presión sobre las AP? ¿Qué sucede cuando el establecimiento de AP representa un aumento en las restricciones al uso de Recursos Naturales, dificultando la vida cotidiana de poblaciones que han vivido en el lugar por siglos? Si la biodiversidad, como bien común global, es beneficiosa para todo el mundo, ¿hasta qué punto también lo es para las poblaciones locales? Si la conservación de la biodiversidad se busca a través de la creación de AP que no incluyen el uso de los recursos por parte de la gente ¿entonces, la gente está pagando el costo de un proceso que proporciona beneficios globales? A su vez, cuando un bien común se convierte en AP, suele pasar a ser de libre acceso, dada la dificultad que habitualmente los Estados del Tercer Mundo suelen tener para proteger las AP, de manera que esto lleva a que no se cumplen plenamente ni los objetivos de conservación, ni beneficia a las poblaciones locales (Berkes, 2004).

Las discusiones sobre el lugar que deben tener las poblaciones humanas en las AP y las tensiones que se generan en torno a su presencia se origina con las primeras AP que se crean en Occidente, donde se establecen las bases ideológicas y metodológicas del modelo de conservación que predominará durante el siglo XX y lo que va del XXI. Debemos señalar que si bien han existido otros territorios donde los gobernantes han excluido a la población de la explotación de los recursos, por ejemplo en la Inglaterra medieval o la India previa a la colonización europea, estas áreas no tenían por objetivo principal la conservación de la naturaleza, sino que han sido, en los dos casos mencionados, áreas de caza para las elites gobernantes (Arnold, 2000; Phillips, 2003).

Las primeras AP, que dan lugar al modelo actual de conservación, se crean durante la segunda mitad del siglo XIX. En la década de 1860 el gobierno colonial británico crea reservas naturales en colonias de África, Nueva Zelandia, Australia y Canadá (Phillips, 2003). El 1861 el gobierno portugués crea el Parque Nacional da Tijuca en Rio de Janeiro, el cual serviría como espacio de recreación a la nobleza y en 1864 se crea el Parque Nacional Yosemite. Pero el modelo de conservación que predominará será el que se sistematiza a partir del Parque Nacional Yellowstone creado en 1872, en el oeste de Estados Unidos. El "modelo tradicional de conservación" (según Phillps, 2005) establece que la principal forma de conservar la naturaleza es estableciendo áreas cerradas, controladas por el Estado. Tal modelo se difundió rápidamente por todo el planeta, gracias a la posibilidad que presentaba de ser adaptado a los imperativos territoriales de los Estados nacionales, muchos en proceso de consolidación territorial hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

El caso de Argentina ha sido paradigmático en este sentido, ya que los primeros Parques Nacionales (en particular el PN del Sur que luego ampliado sería el PN Nahuel Huapi y, por otro lado, el PN Iguazú) respondieron no solo a objetivos de conservar paisajes sobresalientes (lagos y bosques patagónicos y las cataratas del Iguazú, respectivamente), sino también a una necesidad de establecer presencia del Estado Nacional en territorios en disputa con otros Estados (chileno y brasileño) y con presencia indígena (sobre todo mapuches y guaraníes). A su vez, en este modelo se considera que la presencia humana, necesariamente, lleva a la degradación de la naturaleza, siendo entonces necesario separarlas de los espacios a conservar.

Lo que predominó en este modelo fue la concepción de la conservación estricta, sin presencia humana, como la forma privilegiada de salvar porciones de naturaleza. Desde tal perspectiva, cualquier intervención humana en la naturaleza es intrínsecamente negativa. La única presencia humana considerada positiva fue la de científicos, con visitas cortas e intermitentes y la del Estado determinando y delimitando territorios y, luego ejerciendo control y vigilancia. Esos lugares paradisíacos servirían también como lugares salvajes donde el hombre, en particular las poblaciones urbanas, pudiera renovar sus energías gastadas en la vida estresante moderna, así como llevar a cabo investigaciones científicas, particularmente desde las ciencias biológicas y de la tierra. No en vano muchos de los primeros parques nacionales se instalaron junto a hoteles, impulsando así el desarrollo del turismo de las nuevas sectores urbanos. "Parecería llevarse a cabo la reproducción del mito del paraíso perdido y buscado por el Hombre después de su expulsión del Edén. Este mito moderno, está, sin embargo, impregnado del pensamiento racional representado por conceptos como el de ecosistema, diversidad biológica, etc. Como afirma Morin (1986), el pensamiento técnico-racional, todavía hoy se ve parasitado por el pensamiento mítico y simbólico" (Diegues, 1996: 59).

De manera que desde mediados del siglo XIX ha predominado una forma de gestión de las ANP que no presta demasiado reparo al impacto sobre las poblaciones locales, imperando estilos autoritarios. El modelo que se aplicó fue de conservación de "arriba hacia abajo" (top-down), con Áreas que se diagraman, deciden y gestionan con muy baja, o directamente sin intervención, de las personas que viven en el lugar. Bajo este modelo se excluyó, en países de diferentes continentes, a las poblaciones nativas o, en el mejor de los casos, las invisibilizó. Por ejemplo el PN Yellowstone se creó en tierras que eran habitadas por indios Crows, Blackfeet y Shoshone- Bannock, quienes fueron descritos como "salvajes, demonios rojos, comedores de búfalos, de salmón, de tubérculos" (en Phillips, 2003). Estas comunidades no dejaron espontáneamente el área del Parque sino que fueron presionados por el Estado a abandonarla.

El desarrollo de las políticas de conservación, como conjunto de medidas destinadas a conservar o preservar espacios territoriales, se ha basado en la matriz dualista occidental que opone naturaleza y sociedad. La oposición entre sociedad y naturaleza, según Moscovici (1975) ha propuesto como "culturalismo", mientras Descolá (1996), lo ha denominado "naturalismo reactivo". Las áreas naturales no sólo enfatizan, sino que recrean y expanden las contradicciones de nuestra praxis cultural, al fundarse como modelos 'ecológicos' sobre una máxima antiecológica, la máxima que separa a los humanos del mundo natural, la máxima que crea la noción de naturaleza como lo no-humano (Latour, 2004).

La noción de Wilderness está en el centro de la distinción occidental entre naturaleza y sociedad, puesto que considera que ciertos espacios son "salvajes" en tanto no han tenido intervención humana, siendo por tanto, responsabilidad de los Estados a través de los Parques que así continúen. La noción "wilderness", subyacente a la creación de los parques al final del siglo XIX, fue usada para determinar grandes áreas no habitadas, principalmente después del exterminio de los indios y de la expansión de la frontera hacia el oeste. El capitalismo estadounidense ya se había consolidado, la urbanización era acelerada y se proponía que se reservaran grandes áreas naturales, substrayéndolas a la expansión agrícola y colocándolas a disposición de las poblaciones urbanas para fines de recreación.

La idea de una naturaleza prístina, anterior a las personas, presenta el problema de desconocer los procesos sociales, políticos y económicos que derivan en conflictos entre humanos por el uso de los recursos y, en su interacción con el resto de los seres vivos, promoviendo soluciones que no logran superar un punto de vista biofísico (Leal, 2002). En particular, implica desconocer que los humanos han intervenido en la características de la mayor parte de esos ambientes que se consideran de naturaleza pura, intocada. La idea de naturaleza contiene historia humana, aunque ésta suele pasar inadvertida, sin reparar en sus profundas relaciones con la sociedad. ¿Es posible pensar a la sociedad humana por fuera del mundo que habita, como una "sociedad contra-natura" (tal el término propuesto por Moscovici, 1968)? ¿o una historia de los últimos miles de años del mundo sin homo? Muchos de los llamados "paisajes prístinos" del planeta son en realidad "paisajes antropogénicos", producto de actividades humanas que han modificado su entorno natural generación tras generación (Gomez-Pompa & Kraus, 1992; Hirsch et al., 2011). Por ejemplo, puede mencionarse el caso de los bosques tropicales, que no se pueden entender como "selvas vírgenes" y como producto exclusivo de la naturaleza, ya que habitualmente son el resultado del manejo que han realizado sus habitantes durante miles de años. Dado lo anterior, es poco probable que estas áreas prístinas realmente existan (Gomez-Pompa & Kraus, 1992). El adecuado manejo de bosques es el verdadero desafío para la conservación, más que la demarcación y el aislamiento de áreas prístinas (Hall, 1990; Toledo & Barrera-Bassols, 2008). Asimismo, la historia de la evolución humana, desde hace 200 mil años, es historia de evolución cultural, no natural (Sahlins, 2010).

Este enfoque tradicional de la conservación se basa en modelos científicos donde se considera que los ciclos naturales guían el equilibrio ecológico, que corre el riesgo de ser alterado por las actividades humanas (Jeanrenaud, 2002). En su aplicación, estas concepciones mecanicistas suelen estar impregnadas por ideas colonialistas, donde las poblaciones locales, su demografía, sus formas de uso de los recursos son consideradas como elementos perturbadores de la naturaleza. Mientras que, por otro lado, las actividades llevadas a cabo por los occidentales, en particular funcionarios y científicos, en general no son cuestionadas con la misma contundencia, sino que son vistas como salvadoras (Colchester, 2003). Prevalece así una actitud paternalista hacia la naturaleza y las poblaciones locales (humanas y animales), donde las relaciones de poder son claras aunque no siempre explicitadas.

Aquí estamos haciendo hincapié en las críticas que ha recibido el modelo tradicional de conservación, éstas han surgido tanto de las poblaciones locales, las que con mayor dureza han recibido el impacto de éste modelo, así como de académicos de ciencias naturales y sociales, e incluso de funcionarios de las propias agencias de conservación (por ejemplo Chapin, 2000). Fisher et al. (2005:21) señala que las principales críticas se enfocan en aspectos tales como:

• el conservacionismo es etnocéntrico, ya que favorece ideas occidentales de naturaleza;
• es elitista, fallando en considerar las normas locales de derecho a la tierra y de manejo de los recursos naturales;
• se basa en modelos anticuados o ya antiguos que congelan el status quo ecológico, e ignora la dinámica de los paisajes influenciados por los humanos, de los cuales los ecosistemas forman parte;
• asume una auto-derrota, expulsando a la gente de los parques, con lo cual se genera una simplificación ecológica y así distribuyen en los límites externos las presiones sobre las áreas protegidas.

Además de los impactos sociales vinculados a la exclusión de poblaciones, las áreas protegidas plantean problemas ligados a las dificultades que encuentran las autoridades frente a las actividades ilegales que amenazan a las especies protegidas. A su vez, desde la ciencia ecológica, es creciente el reconocimiento de que muchas actividades humanas tienen un impacto positivo en el medio ambiente natural (en el enriquecimiento de la diversidad biológica, incrementando las áreas forestales, etc.), y de que una comprensión más profunda de las actividades de las comunidades rurales pone en valor las cualidades ecológicas de la forma de vida de tales sociedades. En este sentido ha sido fructífero el vínculo de la antropología, la etnobotánica y etnobiología con la conservación.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

Las sucesivas críticas hacia el modelo tradicional de conservación, dentro de diversos procesos políticos, impulsaron el surgimiento de un nuevo paradigma o modelo de conservación, que Phillips (2003) denomina "moderno". Este modelo se caracteriza por nuevas consideraciones ecológicas, tales como trabajar por fuera de las fronteras de las AP, a nivel eco-regional, generando corredores, mayor análisis del comportamiento animal, incorporación de los estudios en genética de poblaciones a la conservación. Pero en esta introducción no nos detendremos en tales aspectos, sino en las consideraciones sociales que muy gradualmente están introduciendo transformaciones en el modelo tradicional de conservación y que, sobre todo, tienden a incorporar a las poblaciones locales en el manejo de ANP.

Entre los factores políticos que contribuyen a este cambio, cabe mencionar la creciente democratización en los países del Sur y cierta tendencia a la devolución de poder desde los centros a los gobiernos regionales y locales (incluyendo pueblos indígenas), ligada ésta a los procesos de descentralización que tuvieron lugar durante la década de 1990. Esto llevo a que los gobiernos centrales no sean los principales creadores de ANP y a que los gobiernos provinciales y municipales comenzaran a involucrarse en la creación y manejo de éstas. A su vez ONGs y agencias internacionales empezaron a participar en la creación de ANP. Esto, en buena medida se debe a un cambio del lugar del Estado en la conservación, conforme se comienza a percibir que los problemas ambientales son globales las ANP en adelante comienzan a presentarse como una responsabilidad internacional (Phillilps, 2003).

El nuevo paradigma "moderno" de conservación tiene una de sus principales características en la gradual incorporación de las poblaciones locales al manejo de las AP. Esto se da, por un lado, considerando que los saberes y prácticas de las poblaciones locales son centrales para el desarrollo sustentable. Por otro, mucho más gradualmente y en ciertos casos, posibilitando que estas poblaciones tengan un rol activo en decisiones o en el manejo de las AP, para lo cual se promueve la participación o el empoderamiento de las poblaciones. No siempre este rol activo se propone como un espacio político, sino que muchas veces es pensado en términos administrativos, burocráticos o técnicos, es decir para resolver aspectos muy precisos del manejo de las AP (Ferguson, 1994).

Una de las fuente del interés de incorporar a las poblaciones locales radica en la comprensión de que ignorar o contradecir los intereses locales puede ser la base de la resistencia a los proyectos de conservación. Hay también un reconocimiento hacia las minorías étnicas y el lugar particular de la mujer en la relación con el ecosistema. Unido a esto se encuentra la emergencia, en las últimas décadas, de una doctrina y leyes de derechos indígenas, como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT (1989). Pero probablemente lo que mayor peso tuvo en este proceso son los movimientos sociales que se han denominado de "ecologismo campesino" (Viola y Vieira, 1992). Estos grupos llevan adelante críticas a un ambientalismo importado de los países industrializados que no refleja las aspiraciones ni los conceptos sobre la relación hombre-naturaleza en los países del Sur¹.

Otras fuentes derivan de la intervención de agentes con poder político y científico. Así, por ejemplo, ha tenido gravitante importancia la presión de las instituciones internacionales que demandan la participación local o alguna forma de co-manejo como condición para otorgar financiamiento. Mientras desde sectores académicos se producen y discuten categorías de conocimiento tales como "comunidades locales", "indigenismo", "tradición", todo lo cual impacta en los modelos de conservación. En este sentido se ha producido una profusa bibliografía académica sobre los diferentes modos de conocimiento y saberes nativos que ha sido aplicada a la comprensión de los ambientes locales y los procesos ambientales. Estos conocimientos también han sido utilizados como bases para interpretar las prácticas locales y cómo éstas contribuyen a la sustentabilidad ecológica y social. Mientras que el deseo de minimizar las resistencias de las poblaciones locales frente a las AP, es el factor movilizador de esta tendencia, el vínculo entre conocimiento, práctica y sustentabilidad es usado para promover la inclusión de las comunidades locales en la planificación e implementación de iniciativas de conservación. Pero, para estas mismas comunidades, la participación en la gestión suele no ser un tema de conservación sino una forma de retener el control sobre el medio ambiente que habitan (Mac Donald, 2004).

En un primer momento la relación con las poblaciones locales estuvo fuertemente signada por la aplicación de proyectos de desarrollo, en buena medida por considerar que el impacto negativo de las poblaciones locales sobre las AP se debían a la pobreza, prácticas tradicionales, factores culturales y la falta de conocimiento sobre los beneficios de las áreas naturales, lo cual llevó a un boom de programas de educación ambiental. Pero el optimismo de las agencias de desarrollo y de los gobiernos de los países en desarrollo fue aminorando a medida que los resultados de las intervenciones top-down y las inyecciones de capital no arrojaban los resultados esperados. Los administradores de las ANP se dieron cuenta rápidamente de que las soluciones técnicas chocaban con las desconcertantes resistencias locales y producían efectos ambientales inesperados. Se comenzó a evaluar que los pobres tienen que participar activamente en los programas si se espera un margen razonable de éxito (Barretto Filho, 2001).

La preocupación por el éxito y la eficacia de los programas fueron un motor importante en la incorporación de la crítica ecológica por el paradigma del desarrollo, que se dio por la vía de las instituciones y organismos internacionales y multilaterales que tenían en la promoción del desarrollo su razón de ser (Barretto Fihlo, 2001).

CONSERVACIÓN DE BASE COMUNITARIA

La discusión sobre las nociones de "natural" y "social" están adquiriendo un creciente peso en los debates sobre la conservación y esto se refleja en tres puntos centrales del nuevo modelo. Por un lado, se enfatiza la intervención humana en las características de los paisajes y ambientes naturales y se proponen distintas formas de conservación de base comunitaria (Brosius, 2003; Wilshusen, et al., 2002). Por otro lado, se ponen en valor y se desarrollan cálculos económicos sobre los servicios ecosistémicos de las ANP; por ejemplo se evalúan servicios tales como la polinización de cultivos, la renovación de los suelos, la purificación de aguas y la estabilización climática. Y, finalmente se desarrollan mecanismos financieros para valorar a estas Áreas (Zimmerer, 2006; Igoe, 2005; Sullivan, 2010).

El manejo comunitario de los recursos se ha convertido en un enfoque influyente en la conservación y gestión de los recursos en decenas de países, desde mediados de la década de 1980. Se ha aplicado al manejo de bosques, pesca, áreas naturales protegidas, entre otros recursos y espacios. Sus premisas básicas son que las comunidades no son simples receptoras de programas de conservación y desarrollo, sino que tienen algo que decir sobre la gestión de los entornos naturales próximos y los recursos, y pueden obtener beneficios de su gestión. Con esto el manejo de los recursos se tornaría más democrático y más sostenible que la gestión de las burocracias estatales centralizadas, de agencias no gubernamentales o internacionales, o de corporaciones. "No parecía que las comunidades podrían hacer un trabajo peor que las empresas, los estados, los organismos multilaterales y expertos en desarrollo, que después de todo, han causado una extraordinaria cantidad de daño humano y ambiental" (Brosius et al., 2005:1).

La mayor parte de los defensores de la participación local argumentan que hay muchas razones para considerar que las comunidades pueden administrar los recursos mejor que los Estados, ONGs o empresas. Señalan que las poblaciones locales, en general, presentan interés en asegurar que los ambientes de los que dependen se gestionen de forma sostenible. En especial, las comunidades con fuertes vínculos con lugares particulares tienen mayor conocimiento y comprensión de las ecologías locales, a su vez que presentan prácticas de manejo con profundidad histórica, mejor adaptados a las condiciones sociales y biofísicas locales, que las normas estandarizadas impuestas por los actores externos, tal como se observa en los estudios sobre gestión comunitaria de recursos (Ostrom, 2001; Durrenberger & Pálsson, 1987; Ferrero, 2012a). A su vez, y en sentido contrario, no es difícil demostrar que en muchos casos, los Estados han sido uno de los mayores enemigos de los grupos indígenas y de las "áreas naturales" indígenas que se han desarrollado fuera del control estatal (por ejemplo sitios sagrados, áreas de gestión comunitaria para pesca, caza, etc.) (Brockington et al., 2006). Algunos autores (McCarthy, 2004), consideran que la conservación comunitaria es una respuesta directa a los fracasos prácticos y morales de los diferentes enfoques centrados en el Estado de conservación y gestión de los recursos, que dominó los siglos XIX y XX. El modelo tradicional de conservación estricta enfrentó una crisis cuando se evidenció que los Estados y las organizaciones no gubernamentales de conservación no han podido llegar a excluir a las pobladores locales de muchos parques y otras áreas naturales protegidas.

A nivel institucional, el paradigma de conservación ligado a las comunidades encontró un punto de inflexión en la Conferencia de Rio de 1992. Allí, a partir del concepto de desarrollo sostenible, las agencias internacionales pusieron en cuestión la dinámica de crecimiento económico y el desarrollo industrial y más tímidamente se cuestionó la creación y acumulación de riqueza. Ese evento implicó un retorno de la cuestión de la pobreza en la agenda internacional, que tuvo cierta continuidad en la Cumbre del Milenio, en el año 2000 y en el Informe del Banco Mundial 2000/01 explícitamente titulado "Lucha contra la pobreza" (Banco Mundial, 2001). Todo esto favoreció un nuevo examen de la relación entre la conservación y la pobreza.

El contexto internacional de la década de 1990 favoreció el fortalecimiento de las alianzas entre las agencias de conservación con las poblaciones locales. Este abordaje posibilitó la aparición de un nuevo enfoque de la conservación denominado "Conservación con Base Comunitaria" (CBC) o "Administración de Recursos Naturales Basado en la Comunidad" (en inglés MCRN). Tal enfoque, que en primer lugar concierne a las regiones y poblaciones situadas fuera de áreas protegidas, propone una variedad de métodos de gestión y modelos de gobernanza que implican modelos de co-manejo implementados por diferentes agentes, tales como organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las comunidades locales, e impulsa el establecimiento de un estatus institucional formal para las zonas donde las comunidades son responsables de la gestión (Borrini-Feyerabend, et al., 2002).

CRÍTICA A LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN

Como se ha señalado, los proyectos de participación y el manejo comunitario de recursos naturales se proponen bajo la promesa de mayor inclusión y representación de los intereses de las poblaciones indígenas y rurales antes marginados, ofreciendo mayores probabilidades de gestión sostenible de los recursos, dos objetivos que para los Estados ha sido difícil de cumplir. Para muchos críticos, sin embargo, el giro hacia estos modelos participativos de conservación es complementario con al auge del neoliberalismo a nivel global a partir de fines de la década de 1970 y sobre todo durante la de 1980 (Igoe et al., 2007). Desde tales perspectivas, delegar el manejo del ambiente a las comunidades parece facilitar el ajuste estructural, en la medida en que proyecta la reducción de los gastos del Estado relativos a la conservación, a su vez que llevaría a un debilitamiento de las normas ambientales y una mayor libertad para las empresas interesadas en zonas determinadas. Muchas corporaciones multinacionales estarían encantadas al negociar con las comunidades locales en lugar de hacerlo con agencias estatales a escala nacional (Brosius, 2001). El manejo comunitario de los recursos también se benefició de cierta crítica generalizada hacia el Estado que fue central en el neoliberalismo.

Otro conjunto de críticas al modelo de conservación participativo, señalan que la idea de que las prácticas y relaciones comunitarias son esencialmente sustentables, con mayor igualitarismo y coherencia como actores sociales, suelen ser sobre todo artículos de fe. De hecho, para algunos de los críticos más severos de este turno, la "'comunidad autónoma' es una de las articulaciones de definición de reglas neo-liberal" (Watts, 2005: 197).

Los modelos participativos de gestión de ANP, también han sido considerados como nuevas formas de ejercer control sobre las poblaciones locales (MacDonald, 2005; Brosius et al., 2005; Brokington, 2004). Desde esta perspectiva, tales modelos encausan y disciplinan la acción política local, legitimando determinados reclamos y deslegitimando otros. A su vez, son los organismos de conservación los que estipulan las formas legales e institucionales en que las poblaciones locales pueden participar. En los proyectos donde la participación es propuesta desde arriba, desde las agencias de conservación, el disenso es permitido en pequeñas dosis, de manera que las alteraciones sustantivas a los proyectos son constreñidas. Por lo tanto, en estas críticas la "participación" representa como un régimen de civilidad que tiene por objetivo contener y domesticar el disenso (Brosius & Russell, 2003). Entonces, el manejo de recursos de base comunitaria no es sustituto de la construcción de agrupaciones que buscan reformas políticas (Berkes, 2004). Incluso Brosius (2006) sugiere que los gobiernos suelen ser entusiastas sobre los proyectos de desarrollo y conservación de base comunitaria u otras formas de descentralización, en tanto estos proyectos de hecho desvían la amenaza de que la gente se organice políticamente; algo que Ferguson (1994) ha analizado en término de generación de anti-política propia de modelos de gobierno neoliberales.

Las Áreas Protegidas también son consideradas como una de las formas en que se ejerce violencia sobre las poblaciones indígenas. Esto es desarrollado, en particular, por Brockington (2004), Ferguson (2006), Fletcher (2010), Mac Donald (2010), West et al. (2006). Desde estas perspectivas se considera que las modalidades de conservación basadas en la participación ocultarían formas novedosas de sometimiento de las poblaciones locales. Sin dudas el más representativo en esta línea de pensamiento es Colchester (2003).

En este sentido, James Ferguson (2006) señala que los nuevos modelos de conservación basados en la participación local se basan en la articulación de redes transnacionales conformadas por corporaciones económicas y financieras, por grandes organizaciones de conservación, en las que necesariamente participan los Estados. El creciente poder y omnipresencia de estas redes crea situaciones donde el capital y los beneficios del desarrollo no se propagan de la forma en que es propuesto públicamente. Según este autor, el capital y el desarrollo conjugados con la conservación llevan a una re-territorialización de determinadas áreas, de las que se extraen nuevos commodities, transformándose en enclaves de conservación, así como de control social. De esa manera, pasan a ser áreas transnacionalizadas, gobernadas de acuerdo a las necesidades y agendas de las redes transnacionales de actores e instituciones, en lugar de responder a las necesidades locales de desarrollo. Así las AP constituirían un ejemplo sobresaliente de espacios transnacionales de alto valor de biodiversidad, que son re-regulados para otorgarles nuevos valores económicos y ponerlos a disposición de elites nacionales e internacionales, muchas veces a expensas de las comunidades rurales. Si bien las AP suelen favorecer, sobre todo, al sector privado (por ejemplo agencias de turismo, propietarios hoteleros, ecodesalloradores, etc.), son presentadas como beneficiosas para las comunidades locales que, en teoría, se privilegiarían al recibir programas que combinan desarrollo económico y conservación como parte de las políticas de "desarrollo sustentable" (Ferguson, 2006).

POBLACIONES LOCALES Y PARTICIPACIÓN

Como ya mencionamos, la conservación de recursos naturales ha adquirido notable preeminencia en la agenda de gestión y desarrollo internacional. Esto se debe a que las modalidades de gestión que toman creciente fuerza, a nivel global, durante la primera década del siglo XXI se ligan al manejo participativo de servicios ecológicos y la integración de poblaciones locales y comunidades en el diseño de programas de conservación (Agrawal, 2005). Sin embargo, tal como muestran trabajos realizados en diversos sitios (Brosius, 2006; Li, 2005 y 2007; Ferrero 2012b) los modelos participativos no son aceptados de forma pasiva por las poblaciones locales, sino que se constituyen en espacios de conflictos, tensiones y alianzas entre estas poblaciones, instituciones gubernamentales, ONGs y agencias internacionales de conservación y desarrollo.

De manera que, si bien las comunidades que en principio suelen ver a la conservación de manera favorable, con el transcurso de los proyectos se desilusionan con su rol en los procesos cuando perciben que sus intereses y necesidades son definidas o interpretadas en relación a los intereses y agendas de las agencias, el Estado o las empresas. MacDonald (2010) señala que existen diversas razones para esta falta de congruencia entre las expectativas y los resultados efectivos, pero buena parte de las resistencia a los proyectos de conservación deriva de la distancia física e ideológica que parece separar los intereses del Estado y las ONGs internacionales de los intereses de las comunidades con que trabajan, o con las que se adopta la retórica de la participación. Un aspecto significativo de esa distancia se encuentra en la dificultad de agentes y funcionarios estatales para apreciar la realidad local, en lugar de construir definiciones puramente científicas de la conservación.

La definición del concepto de conservación que ha tenido mayor alcance en las políticas estatales, es la ofrecida por la UICN/WWF/UNEP World Conservation Strategy, donde se la define como el "mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de soporte de la vida, la preservación de la diversidad genética y el uso sustentable de especies y ecosistemas". Esta definición, demasiado general, pasa por alto la realidad de las prácticas de conservación que son mucho más que simplemente "conservar". En particular, esta definición subraya las prácticas relevantes para alcanzar un objetivo. 

Los críticos a la definición de la UICN/WWF/UNEP, señalan que la conservación no debe ser pensada simplemente un fin en sí mismo sino un medio, un camino para alcanzar fines que son determinados dentro de contextos políticos y culturales determinados (MacDonald, 2010). En cierta forma, esto retoma la definición de Alcorn (2005) donde la conservación es un proceso político y social por el cual se manejan los recursos naturales para mantener la biodiversidad. En este sentido, la autora enfatiza los procesos en lugar de las prácticas. Y apela a reconocer los conflictos reales que involucran los objetivos de conservación e incorporarlos como elementos que la definen. Es decir, desde esta perspectiva, hablar de conservación es hablar de conflictos, manejo, intervención del Estado y agencias sobre espacios e intereses de poblaciones locales.

Pero los programas de conservación no son sistemas cerrados, así como las poblaciones locales no aceptan pasivamente los términos de participación, sino que se generan espacios de lucha y negociación. Es allí donde los proyectos de conservación son resignificados a nivel local. Incluso tales proyectos tienen efectos inadvertidos para quienes los aplican, como la producción de grupos sociales que, unidos por intereses comunes, se movilizan en pos de ellos (Li, 2007; Ferrero: 2012c).

Los modelos participativos de gestión de ANP, por un lado son una forma de control y disciplinamiento de la acción política. Pero, por otro lado, estos modelos también generan arenas políticas locales en las que participan agencias estatales, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y poblaciones locales, donde son significativas las diferencias de poder. No obstante, contribuye a la creación de nuevas posibilidades políticas para las comunidades. La respuesta depende, en gran medida, del grado en que las comunidades locales se apropien y utilicen los nuevos significados para lograr sus propios objetivos, relacionándolos con otros actores sociales y proyectos políticos (Escobar; 1999).

LA IDEA DE WIN-WIN, VERSUS LA DE TRADE-OFF

La incorporación de las poblaciones locales a la gestión de APs tiene lugar de diversas maneras, aunque a la misma tendencia. Esta incipiente tendencia abre la posibilidad de que la conservación comience a ser pensada como proceso de negociación en lugar de imposiciones sobre el territorio y las poblaciones humanas que lo habitan. Para esto, sería necesario que quienes generan e implementan las políticas de conservación reconozcan que la cultura, las predisposiciones a colaborar se construyen a partir de relaciones sociales y no deberían ser consideradas como una herencia cerrada y difícil de transformar. Pensar la cultura desde tal mirada, pone el acento en la capacidad de agencia de las poblaciones locales y por tanto en el hecho de que las políticas de conservación no pueden ser impuestas, sino que deben ser consideradas como negociaciones entre agentes con objetivos, necesidades y valores diferentes.

La perspectiva que pone el acento en la negociación ha sido denominada "trade-offs" (Hirch, 2009; Brosius, 2008, otros) y se basa en la idea de que los procesos de alianza y participación política en conservación, implican tanto ganancias como pérdidas para las poblaciones locales. Esta perspectiva va más allá de ser una técnica de trabajo participativo o una forma de medir y cuantificar beneficios y costos, como lo es la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) ampliamente utilizada por agencias gubernamentales y ONGs. Por el contrario, si todo se reduce a cálculo de costos y beneficios, el debate político sobre la conservación y la toma de decisiones dejará de lado elementos centrales para las comunidades locales, tales como valores sociales, recursos intangibles, etc.

La perspectiva de la "negociación" (o "trade-offs") parte de criticar las miradas sobre la conservación que proponen alianzas win-win, es decir donde todas las partes ganen u obtengan resultados positivos. Entre grupos con objetivos de vida, de trabajo, o con valoraciones sobre el ambiente muy diversas, es sumamente difícil llegar a conjugar objetivos comunes a largo plazo. Autores como Emery Roe (1994) apuntan que la mirada "win-win" en la resolución de problemas se construye sobre narrativas políticas basadas en la simplificación de la realidad social. Esta mirada brinda certeza sobre lo que sucederá si tienen lugar eventos determinados que serán ejecutados por los agentes con mayor fuerza relativa (tales como agencias gubernamentales, y ONGs externas a las poblaciones). Estas narrativas en general no se basan en informes científicos y no consideran las múltiples posiciones políticas en conflicto, sino que priorizan la imposición enmascarada de la voluntad de los agentes mejor posicionados para la gestión de recursos.

LA CONSERVACIÓN COMO LUCHA, RESISNTENCIA Y ALIANZA.

He señalado que el paradigma de la conservación ligada al desarrollo también abre espacios que los activistas y comunidades locales tratan de utilizar como elementos de lucha (Escobar, 1999). En América Latina, las áreas protegidas no sólo han sido formas de imposición y sometimiento, sino que también las comunidades indígenas las han tratado como oportunidades para proteger sus tierras tradicionales (Chapin, 2004). Esto presenta una paradoja donde defender la naturaleza y las culturas locales implica crear un lenguaje que refleje la experiencia local respecto a la naturaleza y la cultura sobre la base de proyectos externos (Escobar, 1999). Según Escobar estos modelos de conservación "implican nuevas formas de colonización del paisaje biofísico y humano, pero también pueden contribuir a la creación de nuevas posibilidades políticas para las comunidades locales. La respuesta depende, en gran medida, del grado en que las comunidades locales se apropien y utilicen los nuevos significados para lograr sus propios objetivos, relacionándolos con otras identidades circuitos de conocimiento y proyectos políticos" (Escobar, 1999: 218).

Los modelos participativos de conservación de la naturaleza generan novedosas configuraciones de gobierno de los territorios, pero el gobierno no siempre implica la búsqueda de un conjunto de objetivos dogmáticos y coherentes, sino diversas finalidades específicas. Los objetivos de la gestión de un territorio pueden ser incompatibles entre sí, permitiendo intervenciones que entran en tensión unas con otras, o que son completamente contradictorias (Li, 1996). Desde esta perspectiva, el gobierno de un espacio o de una población, incluso un proyecto, no constituyen un paquete cerrado y finalizado, sino propuestas desde donde surgen discusiones y reinvenciones. Así, un proyecto de desarrollo difícilmente esté dirigido exclusivamente por los intereses de un solo sector, aunque en varios momentos parezca estarlo o haya sido propuesto por uno específico; por el contrario, éste se va recreando en su aplicación (Ferguson, 1994; Li, 1996). Es en estas grietas del poder donde Scott (1985) encuentra que "los débiles" desarrollan formas para oponerse al poder, disputarlo, o soportarlo, al menos en el ámbito de las ideas y las creencias.

"La multiplicidad de poder, las diversas formas en que las posiciones prácticas de la gente, las diversas formas en que los actores juegan unos con otros, produce brechas, grietas y contradicciones" (Li, 2007: 25-26). Los sujetos encuentran estas inconsistencias que proveen fuentes para generar perspectivas críticas. Desde esta mirada, la acción del Estado lleva a crear grupos en lugar de individuos aislados y dentro de estos grupos las perspectivas críticas son potencialmente compartidas. Así, se reconoce que "uno de los efectos inadvertidos de los programas de desarrollo es la producción de grupos sociales capaces de identificar intereses comunes y movilizarse para transformar su situación. Estos colectivos tienen sus propias diferencias internas de clase, étnicas, fracturas de género, pero su encuentro con intentos para desarrollarlos crea las bases por sus ideas y acciones políticas" (Li, 2007:26).

Los modelos de gestión participativa de territorios, también han recibido críticas en tanto se basan en el supuesto de que en la participación hay posibilidades de que todos los actores ganen, ya sean comunidades locales, Estado, sector privado, ONGs, y sobre todo la biodiversidad llevaría el premio mayor. Se propone, así, que la conservación se puede lograr sin abordar las desigualdades sistémicas, ni las relaciones de poder que están íntimamente vinculadas con muchos de los problemas ambientales globales de hoy (McAfee, 1999). Igoe y Borckington (2007) a su vez, señalan que estos procesos tienen fuertes consecuencias a nivel social, puesto que en muchos lugares conllevan al incremento exponencial del precio de las tierras, lo cual, en el largo plazo, termina expulsando a los pobladores locales.

En este tipo de formas de intervención sobre los recursos y territorios se presentan múltiples intereses de diferentes sectores, no sólo del empresarial o del conservacionista. En tal sentido, los proyectos de mercantilización de la naturaleza pueden ser pensados desde ciertos postulados críticos al "desarrollo". Tal como postula Ferguson (1994) respecto al "aparato" del desarrollo, los intereses son parte de tal "aparato", pero no son su mandato principal. En este sentido, Tania Li (2007) señala que los programas de desarrollo funcionan como híbridos que sirven para enriquecer a grupos de poder o asegurar su control sobre las poblaciones y el territorio: "Hay firmes razones para ser escéptico de muchas de las afirmaciones hechas en el nombre del desarrollo" (Li, 2007:9). Pero si los programas de conservación o desarrollo sólo sirviesen a los intereses de un grupo no alcanzarían el relativo grado de aceptación que encuentran en las poblaciones locales. Con esto no quiero decir que todo esquema de desarrollo tiene aspectos positivos tanto como negativos, sino que no puede reducirse a tal dicotomía.

EPÍLOGO

Esta extensa introducción, tuvo por objetivo presentar algunas de las que considero son las principales discusiones en torno a la relación entre conservación y poblaciones locales, que se plantearon en las Jornadas Conservación y Comunidades desarrolladas en 2013, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Algunos de los temas presentados en estas páginas recibieron acalorados debates entre los más de setenta participantes de las Jornadas. Científicos, guardaparques, funcionarios estatales, miembros de movimientos sociales, docentes, provenientes de diversas provincias de Argentina, de Brasil y Paraguay, presentaron trabajos donde abrieron a discusión la relación sociedad-conservación en contextos diversos y desde múltiples perspectivas. A no todas he hecho justicia en las páginas precedentes, aunque en los trabajos que se presentan a continuación pueden rastrearse miradas que batallan con mis planteos.

En esta introducción evito hacer un recuento o resumen de los artículos que componen este número especial de la revista Avá, creo que de hacer un resumen no daría cuenta de la riqueza y profundidad de los trabajos; además haría esta introducción aún más larga. Espero, en cambio haber dado un marco general de discusión, para la lectura de los artículos que siguen. Seis de los trabajos aquí publicados fueron presentados en las Jornadas, y son resultados de años de investigación de antropólogos y biólogos, trabajando más allá de los límites tradicionales de sus disciplinas, tal como exige el trabajo en problemas de conservación. A estos artículos sumamos la Conferencia dictada por el Dr. Alex Latta (Universidad WilfridLaurier -Toronto, Canadá), en octubre de 2012 en nuestra Facultad, donde se discute la noción de conflictos ambientales en América Latina y que sirvió como punta pié para plantearnos la realización de las Jornadas.

Finalmente quiero agradecer a los participantes de las Jornadas, y por sobre todo a Priscila de Lima, Albana Franco, Liliana Ocampo, Hernán Paiva, Nancy Arizpe y Elías Gómez, estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social y del Programa de Posgrado en Antropología Social de la UNaM, quienes dedicaron mucho tiempo y pusieron pasión total en la organización de estas Jornadas. 

Notas

¹ La principal diferencia entre este ecologismo campesino frente al que promueven los movimientos sociales del norte, es señalada por Redclift (1984), para quien el ecologismo en los países del Norte surge con el rechazo al industrialismo y a sus valores consumistas, incluyendo muy poco el problema de la pobreza y la mala distribución del ingreso. En ese sentido, una parte considerable del ecologismo de los años sesenta y setenta en los países industrializados, nació con la opulencia de las naciones ricas. Entre tanto, en los años ochenta se hizo más difícil la defensa del ecologismo primer mundista, a causa de la recesión que generó altas tasas de desempleo.

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