DOSSIER

Ética, política y trabajo en la antropología mexicana del siglo XXI

 

Patricia Legarreta, Alejandra Letona y Mario Hernández*

* Patricia Legarreta es Coordinadora de investigación en la organización no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Email: p.legarreta@openmailbox.org. Alejandra Letona es candidata al doctorado en ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana y docente-investigadora en la Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Email: alejanletona@gmail.com. Mario Hernández es candidato al doctorado en geografía humana de la Universidad de Manchester. Email: mario.hernandeztrejo@manchester.ac.uk.

Fecha de recepción del original: mayo de 2016.
Fecha de aprobación: octubre de 2016.

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RESUMEN

El artículo analiza el Código de Ética publicado por el Consejo Directivo del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) de México en 2014. Se identifican las dificultades para su implementación frente a la realidad mexicana, el mercado de trabajo globalizado, las características de la práctica profesional de la antropología mexicana en el siglo XXI y la creciente integración de México a Estados Unidos. Se argumentan las imposibilidades de una ética que prescribe comportamientos relegados a decisiones individuales ideales y normativas frente a las condiciones políticas, sociales y laborales en las que se practica la profesión en México. 

PALABRAS CLAVE: Antropología mexicana; Ética; Política; Trabajo de campo.

ABSTRACT

This article analyses the ethics guidelines published by the board of the Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS, Ethnologists and Social Anthropologists Association) in Mexico in 2014. It focuses on the difficulties in implementing the ethics guidelines given the realities of Mexico, the characteristics of anthropology’s professional practices in Mexico, the international division of labor in the 21st century, and Mexico’s increasing integration with the United States. It discusses the impossibilities of an ethics that prescribes ideal and normative behaviors at an individual level for anthropologists in Mexico in the face of their political, social and labor conditions.

KEY WORDS: Mexican Anthropology; Ethics; Politics; Fieldwork.

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DISCUSIONES SOBRE ÉTICA EN LA ANTROPOLOGÍA MEXICANA

El 4 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la Asamblea de socios del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) en México. El Consejo Directivo presentó la propuesta de Código de Ética, que previamente había expuesto y circulado entre sus miembros para comentarios. Después de un amplio debate se acordó continuar discutiendo para alcanzar un consenso. El 21 de enero de 2016 el Consejo Directivo del CEAS envió un correo electrónico con el asunto: "Código de Ética-Aprobado por unanimidad en la Asamblea de Socios (4 de diciembre de 2014)", que previamente había publicado en el Boletín de 2015. La noticia motivó el presente análisis en torno a la ética, la política y el mercado laboral de antropólogos en México¹.

En el marco del Coloquio La otra antropología toma la palabra: el oficio de antropólogo en contextos extra-académicos realizado en el año 2005, Valladares y Escamilla explicaron que hasta ese momento el CEAS había abordado la discusión de la ética a través de tres estrategias: 1) crear una comisión de ética; 2) difundir códigos de ética y artículos de especialistas en el tema; 3) convocar y reunir a los miembros del Colegio para abordar la ética desde experiencias laborales y de investigación (2005). Después de diez años, los dos primeros puntos se llevaron a cabo pero el tercero no logró incluir ampliamente las experiencias laborales². Predominan experiencias ajenas a la práctica de la antropología mexicana, y se trata la ética como objeto de estudio³, no como un problema de ejercicio profesional circunscrito en un contexto nacional y a las lógicas del mercado de trabajo globalizado. Durante 16 años las discusiones se llevaron a cabo en espacios académicos⁴. El centro de éstas ha sido la formación de antropólogos y la ética de la antropología como disciplina circunscrita profesionalmente en el ámbito académico. En cambio, los dilemas éticos se enfrentan a través de decisiones personales que el profesional toma conforme a sus escenarios laborales. Se ha impuesto así una perspectiva liberal que supone que no es posible una estrategia colectiva frente al mercado de trabajo y deja como única alternativa subordinar el quehacer al libre juego del mercado. En el caso de México, de acuerdo con los datos recabados por la Encuesta sobre el ejercicio profesional y las condiciones de trabajo de los antropólogos (2016), solo un 33% se desempeña en el ámbito académico; en cambio un 67% trabaja en otros sectores⁵.

En este artículo se privilegia la práctica profesional o el lugar que se ocupa en la división del trabajo como eje de análisis (CIEPA, 2016; Legarreta, 2016; Letona, 2016; Melgar, 2016; Orozco, 2016), y no categorías ideales o definiciones abstractas. Tres grandes procesos conforman el contexto en el que se ejerce la antropología en México: 1) la creciente integración de México a Estados Unidos; 2) la fragmentación, flexibilización y tercerización del conocimiento y del mercado de trabajo globalizado; y 3) las reformas estructurales que actualmente se llevan a cabo en México, notablemente la privatización de los bienes comunes y de la educación. Se discuten sus implicaciones en el ejercicio profesional a través de experiencias concretas y casos documentados⁶. Así, el Código de Ética, al igual que el ejercicio de la profesión, está inmerso en relaciones de poder que, en contextos como el que aquí se describe, invisibilizan problemáticas económicas y sociales en las que se desenvuelven los antropólogos. Al final se discute la importancia de llevar a cabo una nueva revisión crítica, como se ha hecho en otros momentos de la antropología mexicana (Warman, et al., 1970) para superar, ya no una antropología nacional y nacionalista que servía a los intereses de un estado autoritario, sino una antropología cosmopolita que se asume apolítica y ajena a los procesos sociales que observa y estudia.

ESTANDARIZACIÓN DE TIPOS IDEALES: EL CEAS Y LA AAA

El origen de las discusiones sobre ética en la práctica antropológica proviene de la geopolítica belicista de los gobiernos de los Estados Unidos. Cuatro ejemplos lo ilustran. Primero, la denuncia de Franz Boas (2005 [1919]) sobre el encubrimiento del espionaje en América Central en proyectos arqueológicos mediante contratos entre agencias de inteligencia e investigadores. Segundo, la participación de antropólogos estadounidenses como analistas de inteligencia e instructores de idiomas, durante la Segunda Guerra Mundial, que condujeron a la formalización del primer Código de Ética promulgado por la Sociedad de Antropología Aplicada en 1948 (Price, 2011). Tercero, las controversias del Proyecto Camelot (1963-1965) cuya cancelación, a raíz de denuncias en Chile, expuso los riesgos de la relación de las ciencias sociales con las políticas del gobierno estadounidense y llevó a la American Anthropological Association (AAA) a establecer amplias discusiones sobre la ética y la relación con el gobierno, sobre todo para la práctica en el extranjero (Hill, s/f). Cuarto, el reclutamiento de antropólogos para la guerra de Vietnam por parte del ejército de los Estados Unidos, que indujo a la AAA a implementar los Principios de Responsabilidad Profesional en 1971 (Price, 2011).

Estas discusiones muestran las dificultades de concebir la ética como una categoría de tipo ideal, y ello hace ineludible un debate que considere el contexto político y laboral para actuar en consecuencia, así como reconsiderar críticamente la pertinencia de un Código de Ética no sólo en México, sino en toda Latinoamérica. Analizando el debate sobre la ética en México y los preceptos de los códigos mexicano y estadounidense, se puede observar la influencia de este último, así como una tensión entre orientar la discusión por un discurso normativo y las cuestiones políticas que suscitan los dilemas éticos profesionales. A pesar de que las causas de la discusión ética son políticas, uno de los aspectos esenciales de los códigos de ética estadounidenses es su carácter apolítico y no vinculante; de la misma manera lo es el del CEAS:

CEAS (2015: s/p): "Cabe mencionar que [el código] no busca sancionar comportamientos anti-éticos, sino que busca prevenirlos para beneficio de las sociedades y la profesión misma".

AAA (2012: s/p): "While moral, political, legal and regulatory issues are often important to anthropological practice and the discipline, they are not specifically considered here. These principles address ethical concerns"

Ambos se reducen a una guía de comportamiento que depende de un proceso de ‘toma de decisiones’ particular, como lo ejemplifica la cita al referirse al "antropólogo" como el ámbito donde se dirimen los problemas éticos. Posteriormente, a esta concepción se le pretende dar una cualidad universal fundamentándola con una noción de derechos humanos. En sus respectivos preámbulos mencionan:

CEAS (2015: s/p): "ofrece una serie de parámetros mínimos de buenas prácticas que parten del supuesto de que debe prevalecer una ética de la disciplina, en tanto que reconocemos que la toma de decisiones frente a los dilemas éticos a que se enfrentan los profesionales no deben depender de una supuesta ética personal, en tanto que la praxis profesional debe responder a principios universales tales como la salvaguarda de los derechos humanos de los sujetos (individuales y colectivos) investigados […]".

AAA (2012: s/p): "These principles address general circumstances, priorities and relationships, and also provide helpful specific examples, that should be considered in anthropological work and ethical decision-making. The individual anthropologist must be willing to make carefully considered ethical choices and be prepared to make clear the assumptions, facts and considerations on which those choices are based".

La "salvaguarda de los derechos humanos de los sujetos" se limita a la transmisión de una especie de valores o "buenas prácticas", una guía que ayude a resolver los "dilemas" que presenta el ejercicio de sus métodos de investigación y el uso de sus productos. En el código del CEAS no hay un reconocimiento de que los Principios de Responsabilidad Profesional de Estados Unidos no han desalentado la participación de miembros del gremio en intervenciones y trabajos que de facto dañan a los "sujetos investigados", y han acompañado la colaboración de científicos sociales en proyectos militares y de ingeniería social, tal como lo demuestra el programa Norteamericano de Sistemas de Humanos en el Terreno en Afganistán e Irak (González, 2009), un ejemplo clave de la tensión que exponemos, pues el manual sostiene que "la principal consideración al planear cada operación es comprender el efecto de las operaciones visto a través de los lentes de la cultura y psique local" (Departamento de la Defensa de Estados Unidos, 2008: 2). Este programa da continuidad al Archivo de Áreas de Relaciones Humanas, promovido por el Departamento de Estado durante la Segunda Guerra Mundial para conocer mejor a las poblaciones en un modelo de dominio por medio de alianzas estratégicas con los pueblos indígenas en territorios extranjeros⁷; de acuerdo con Price "el Terreno Humano cierra el círculo y conecta a la Segunda Guerra Mundial con proyectos que usan los datos antropológicos para informar las interacciones de los militares con los pueblos ocupados" (2008: s/p).

El Código de Ética del CEAS no sólo reproduce el de la AAA, sino que el contexto en el que se inserta lo convierte en el corolario de la participación política de científicos sociales en empresas militares. Se manifiesta, por ejemplo, con la participación de investigadores mexicanos en el proyecto México Indígena, diseñado y administrado por geógrafos estadunidenses de la Universidad de Kansas, y financiado por el Departamento de la Defensa de Estados Unidos (López y Rivas, 2014). Dicho proyecto se enmarca en la estrategia de las Expediciones Bowman, que están enfocadas a mapear zonas de interés militar para Estados Unidos (López y Rivas, 2014). Geógrafos estadounidenses y mexicanos aplicaron técnicas de mapeo participativo y desarrollaron sistemas de información geográfica en San Luis Potosí y Oaxaca, con el argumento de que "el conocimiento geográfico es esencial para mantener la paz, resolver conflictos y proveer ayuda humanitaria a nivel mundial" (Herlihy, et al., 2012: 2). Esta justificación hace eco de la ideología de los militares estadounidenses que apoyan las Expediciones Bowman, como Geoffrey Demarest, para quien la propiedad privada, registrada con precisión, es una condición para la paz social (Demarest, 2008). México Indígena fue financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero con más de 862 mil dólares (Bryan y Wood, 2015). La Declaración Xidzá sobre Geopiratería (2011) resume la posición de las comunidades afectadas y denuncia que el origen de dichos fondos fue encubierto por los científicos sociales que participaron, violando el principio 1º del Código de Ética del CEAS, organización que no hizo pronunciamiento alguno cuando las comunidades zapotecas expusieron el conflicto. Hoy, las comunidades zapotecas se preguntan si el proyecto México Indígena no habría estado vinculado con la serie de concesiones mineras que recientemente el gobierno federal ha otorgado a una minera canadiense, en su territorio, sin su consentimiento (UNOSJO, 2016).

Este proyecto es de tal relevancia para el quehacer de la antropología mexicana que no solamente hay que pronunciarse, sino investigar los hechos y proceder legalmente. El CEAS podría contribuir a regular las actividades que realizan instituciones extranjeras en México; registrar los proyectos y los financiamientos extranjeros; investigar y denunciar espionaje u otras prácticas ilegales; acopiar y centralizar información de interés político e histórico para los profesionales de la antropología⁸. El silencio e inacción de los antropólogos frente a estos hechos nos vuelve partícipes en el proceso de creciente integración de México a Estados Unidos.

Paradójicamente, una de las principales motivaciones para crear el CEAS fue la denuncia de las actividades de contrainsurgencia y de proselitismo religioso que realizaba el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), por un convenio que esta institución protestante mantenía con la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde la década de 1940. En 1979, los socios del CEAS acordaron "realizar una investigación sobre el ILV en México" (CEAS, 1979: s/p). Como consecuencia, la SEP canceló el convenio que mantenía con el ILV (CEAS, 1979). Hace casi cuatro décadas, el CEAS se presentaba como:

"…una organización de profesionales conscientes de que en el capitalismo la ciencia social en general y la antropología en particular, han sido un instrumento del colonialismo, del imperialismo y de los gobiernos de los estados nacionales dependientes, en aquellas áreas estratégicas para su consolidación, desarrollo y expansión. Sin embargo, estamos convencidos de que existe otra vocación de los científicos sociales y es aquélla que se identifica con los intereses genuinamente populares. En este sentido, el Colegio considera como una de sus esenciales obligaciones, velar porque la práctica de la antropología en México no se encamine a defender, asesorar o justificar ningún sistema de explotación ni de opresión. Por ello, el Colegio, desde su fundación, ha mantenido una posición clara y firme en torno a la utilización cómplice de la antropología tanto por parte del Estado como de otros organismos e instituciones" (CEAS, 1979:s/p).

Es necesario recuperar esta vocación a la luz de las reformas estructurales que atraviesa México y de la persistencia de las intervenciones académico-militares que, de hecho, han dañado a los sectores sociales con los que los antropólogos y el CEAS afirman estar comprometidos. Es imperativo tomar con seriedad el debate y no permanecer en el péndulo entre lo normativo y lo político.

MERCADO LABORAL FLEXIBLE, FRAGMENTADO Y TERCERIZADO

El mercado laboral se transformó a finales del siglo XX y principios del XXI. La antropología mexicana se ejerce en cuatro sectores: público, privado, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos internacionales. Estos sectores comprenden una multiplicidad de instituciones y personas con intereses diversos, sin una distinción tajante entre ciencia y praxis: se realiza investigación, se aplican conocimientos estratégicos para resolver problemas específicos, se extraen datos socioculturales, políticos y económicos de grupos sociales para promover agendas políticas o vender productos de consumo, entre otras cosas. El trabajo que se realiza en las universidades y centros de investigación no es meramente académico, se engarza de formas diferentes en otros procesos al punto en que se han convertido en subcontratistas del gobierno o de empresas, que a la vez subcontratan estudiantes para realizar evaluaciones a programas o evaluaciones de impacto medioambiental o social.

De ahí la preocupación de que el Código de Ética no considere esta realidad profesional diversa: el problema del reconocimiento del perfil del antropólogo, la relación con los actores sociales con los que interactúa el investigador, los efectos de la fragmentación de la investigación y separación del investigador en la toma de decisión-acción política, el uso de la información y la propiedad privada del conocimiento, y otros códigos de ética. A continuación se analizan estos aspectos basados en entrevistas anónimas para la protección y seguridad de datos personales.

LOS ANTROPÓLOGOS EN LA INVESTIGACIÓN (INTELIGENCIA) DE MERCADO

La carta de presentación como especialista en investigación de campo vende mucho. Dentro del mercado laboral, hacer campo, interactuar con la gente, hacer entrevistas, observación, análisis de significados, constituyen habilidades que son parte de la formación antropológica, y permiten posicionarse pero a la vez ser categorizados como camperos. Este reconocimiento de perfil profesional se explota para extraer información de grupos sociales, ya sea para administrar social y políticamente un conflicto, alimentar campañas políticas o vender productos de consumo a esas poblaciones.

El Código de Ética del CEAS establece una forma específica de relacionarse con las personas en el trabajo de campo, de acuerdo a la forma, diseño y consideraciones políticas de una investigación académica⁹. En una empresa de estudios de mercado, los acuerdos entre los actores sociales y los investigadores no se pactan únicamente entre ellos. Los intereses del cliente y los de la empresa de mercado tienen prioridad. No se pueden comunicar a las personas que participan en los levantamientos de datos, así que éstas no conocen los procesos en los que se involucran, cómo los afectan y muchas veces participan motivados por los incentivos económicos que ofrecen los equipos de reclutamiento. En las encuestas de calle, la muestra es aleatoria y no se comunica las razones precisas de los estudios. Los resultados tampoco se pueden comunicar porque son propiedad privada del cliente, el antropólogo no puede garantizar que las decisiones que se tomen con base en los informes o reportes que rinda, no causen daño a la seguridad, dignidad o privacidad de las personas.

Cuando las agencias de gobierno contratan estudios de mercado lo hacen para definir estrategias políticas y sociales en sitios específicos. En la industria de mercado se les llama estudios sociales y políticos¹⁰. En los últimos años se han llevado a cabo en las áreas donde las tensiones sociales se han agudizado por narcotráfico, falta de respuesta del Estado a los problemas sociales y desgaste de los gobiernos. Aquí, el antropólogo tiene un rol político como mediador entre la población y el Estado, pero se le reduce a un plano técnico en el que no puede garantizar el beneficio de las personas, ni su propia seguridad.

En un estudio político realizado en 2013 por una empresa consultora contratada por una institución del Gobierno Federal, para evaluar las razones de la crisis política y social en varias comunidades de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, se estableció la necesidad de recuperar el tejido social y se propuso como estrategia la promoción de la cultura. Días después de que se hiciera esta propuesta, el Presidente de la República estaba utilizando las mismas palabras de la recomendación; de modo que en apariencia se tiene impacto, aunque en la práctica los problemas no se resuelven. Se revela que hay una relación vertical entre las poblaciones y todos los actores que están involucrados en la recopilación de información. La premisa del consentimiento previo, libre e informado resulta imposible. Nunca se puede señalar la empresa o agencia de gobierno que representan los antropólogos ni los objetivos reales de las pesquisas o lo usos que se dará a la información. La subcontratación o tercerización laboral exhibe más claramente esta problemática. No es Presidencia quien va a llegar a las comunidades, sino una agencia consultora subcontratada. A su vez, los antropólogos contratados de manera informal por la consultora realizarán la investigación de campo. En este contexto, cabe reconsiderar el supuesto carácter neutral de actores e instituciones como universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, etc.

Como se puede observar, el antropólogo se encuentra inmerso en una compleja división del trabajo y una fragmentación de los procesos en función de las necesidades de la clase política y los sectores dominantes para fortalecer su imagen pública y reforzar su autoridad. En los estudios de mercado y en los estudios políticos el objetivo es saber qué piensa la gente sobre ciertos temas y qué pueden hacer o decir para construir una imagen en torno a los intereses políticos y de clase. La forma en la que funcionan algunos de los estudios políticos, sobre todo cuando hay una situación de crisis, es: una investigación previa realizada por un equipo de inteligencia de gobierno, investigación de la empresa consultora, presentación de resultados y toma de decisión. En un caso específico, el equipo de inteligencia se encargó de hacer el estudio previo para evaluar la situación: "A nosotros nos lo pidieron el día de hoy jueves, y quieren los resultados el lunes, sobre un tema X, pero ese tema, el área de inteligencia ya lo investigó desde el martes pasado, y digo desde el martes pasado porque son sólo dos días, pero para estos entornos es mucho tiempo, ellos desde el martes ya averiguaron, y nos contratan a nosotros para corroborar para tener una mirada neutra"¹¹. La agencia hace su propia investigación y presenta sus resultados. Después, el área o dependencia de gobierno que solicitó el estudio evalúa los resultados de ambos equipos en cuestión de horas, en este proceso a veces participan los políticos involucrados (gobernadores, secretarios, etc.). Ellos sopesan la información y toman la decisión para solventar las crisis. La mayoría de las veces en esta toma de decisión, la recomendación se ve distorsionada o eliminada, pues es el gobierno (como cliente de la institución subcontratada) quien decide cómo actuar dejando de lado los problemas de fondo que generaron la tensión en primera instancia. En tiempos de elecciones, por ejemplo, se hacen análisis de la situación social donde realiza su campaña un candidato. La consultoría subcontratada hace recomendaciones en función de las carencias encontradas, que son utilizadas para los discursos de campaña y no tendrán repercusión en las agendas de gobierno una vez que gane dicho candidato.

Al terminar un proyecto se guarda la información por hasta dos años o el tiempo que estipule la empresa, después se elimina y no puede utilizarse en futuras investigaciones antropológicas. Los "entregables" son documentos digitales, infografías, powerpoints, fotografías, verbalizaciones, incluso a veces las encuestas o audios. Muchas de las instituciones y empresas que contratan antropólogos obligan a firmar acuerdos o contratos de confidencialidad, porque la propiedad privada sobre el conocimiento es del cliente, no de la institución, lo que imposibilita la aplicación de los artículos 3 y 4 del Código de Ética¹². Una violación a esta normativa puede incluso provocar privación de libertad. La relación entre investigador e informantes se debe a, y es dominada por el cliente, y no sólo en la industria de estudios de mercado: las ONG también se han convertido en propietarias privadas de conocimiento, y algunas de ellas obligan a sus empleados a firmar un acuerdo de no competencia y confidencialidad sobre el uso de la información. Paradójica situación en el caso de organizaciones que suponen ser sin fines de lucro. La privatización del conocimiento no es sólo un problema de propiedad intelectual, sino que muestra cómo se pone extrema atención a la seguridad de los datos y de la información, al tiempo que se expone a las personas en un país como México, ya sea que trabajen en el ámbito de los derechos humanos, la inteligencia de mercado o la política.

Además de todas estas dificultades, existen otros códigos de ética que circulan y se deben observar, como el de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI). El CEAS debería poner a debatir su noción de la relación actor social-investigador, con los artículos sobre la responsabilidad con los informantes del código de la AMAI, pues éstos también establecen responsabilidades sociales, normas para el uso de la información recabada, los estándares de reportes y productos de investigación, todas ellas tendientes a la privatización y confidencialidad de la información (ver AMAI, 1993).

‘HIPERMERITOCRACIA’ Y VERTICALIDAD EN EL ÁMBITO ACADÉMICO

El Código de Ética propone una serie de lineamientos en torno a la relación entre profesores y estudiantes. Promueve, entre otros, una formación comprometida con los "grandes problemas nacionales", evitar la discriminación, brindar "una orientación realista de las oportunidades laborales para los estudiantes" (Estatutos del CEAS, Sección II, inciso 4). No obstante, se centra en el profesor y no en la relación profesor-estudiante, que en ocasiones puede ser vertical, autoritaria y atravesada por abusos de poder, acoso, faltas de respeto y estar viciada por las exigencias del Sistema Nacional de Investigadores y del CONACyT.

La forma como se ha fragmentado y jerarquizado el trabajo en la antropología ha provocado que estudiantes o egresados trabajen para los profesores, incluso bajo el riesgo de volverse administrativos. Un directivo indicó que algunos estudiantes insertos en la dinámica del trabajo en la universidad, abandonan o retrasan su titulación. A esto se suma la diferencia salarial: en algunos casos el asistente gana dos por ciento de lo que gana un investigador, incluyendo, además del salario, los estímulos¹³. Piketty explica que es "un nuevo esquema, inventado en gran medida por los Estados Unidos a lo largo de estas últimas décadas, en el que una muy elevada desigualdad en el ingreso total puede ser producto de una ‘sociedad hipermeritocrática’…es decir una sociedad muy desigual" (2015:289). La carrera por el mérito es una justificación hecha por la élite, que alcanza mejores ingresos a costa de estudiantes, pasantes e investigadores. El problema clave es que la relación laboral se esconde en una supuesta relación académica, puesto que los estudiantes realizan procesos de investigación, sistematizan datos, los analizan, hacen trabajo de campo, llegan a producir documentos por los cuales no siempre se les reconoce ninguna autoría y no se les otorga una remuneración adecuada, en caso de haberla.

CONSULTA INDÍGENA, EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y DESPOJO

La nueva fase del proyecto de integración de la vida social, política y económica de México a Estados Unidos, implica la integración de la matriz energética y de telecomunicaciones por medio de redes de gasoductos, fibra óptica y cableado desde Alaska hasta la Patagonia, un modelo impulsado por el Proyecto Mesoamérica que reemplazó al Plan-Puebla-Panamá desde 2008 (2001-2008)¹⁴. México juega un papel intermediario tanto geográficamente, como por medio de cooperación internacional triangular, no sólo proveniente de Estados Unidos, sino de otros países como Alemania (GIZ-Amexid, 2015). En este contexto, empresas extractivas como Goldcorp han contratado antropólogos en México para realizar investigación en Centroamérica para conocer el precio mínimo en que los campesinos estarían dispuestos a vender sus tierras, algo que también se hace en México. Por tanto, además del registro de las actividades de extranjeros en el país sería necesario que el CEAS registre a las empresas, organizaciones, instituciones académicas y públicas mexicanas que contratan antropólogos y que operan en el país o en el extranjero.

Las nuevas disposiciones en torno a la Consulta Indígena y las Evaluaciones de Impacto Social que establece la reforma energética han abierto un ámbito de trabajo para los antropólogos que no se había considerado en los programas de formación: "a partir de 2014, se iniciaron procedimientos de consulta con las comunidades indígenas donde se pretenden desarrollar proyectos: a la Tribu Yaqui sobre el Gasoducto Sonora, a Comunidades Rarámuris sobre el Gasoducto El Encino-Topolobampo, así como a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán y el Espinal, sobre un proyecto de generación de energía eólica en Oaxaca" (Sener, 2015:71). La consulta de Juchitán ha sido calificada por la Secretaría de Energía como "un hito en el ejercicio de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia" (Sener, 2015:71), mientras que organizaciones de derechos humanos observaron "32 incidentes de seguridad y 75 solicitudes de información sin atender", además se documentaron violaciones al carácter libre, previo, informado y al principio de buena fe (ProDESC, et al., 2015:s/p).

Las Evaluaciones de Impacto Social buscan disminuir los riesgos a las inversiones o medir lo que las empresas denominan ‘externalidades’. De acuerdo con la ex-subsecretaria de hidrocarburos, los estudios de impacto social suponen "una radiografía de la región" para "ver si hay comunidades indígenas y si hay que hacer consulta" (Melgar, 2015: s/p). Posteriormente, se realiza una Evaluación de Impacto Social por parte de consultoras contratadas por las empresas de hidrocarburos o eléctricas. El objetivo es instalar un proceso de negociación con las comunidades afectadas por los proyectos energéticos y dar viabilidad de largo plazo a los contratos. Se realizan mapas de actores para facilitar a los inversionistas el convencimiento de las comunidades en la implementación de los proyectos y para combatir la oposición a los megaproyectos (Transcanada, 2016). Estos instrumentos no están orientados a conocer la opinión, sino a mitigar la posibilidad de que las personas que habitan en un territorio concesionado decidan sobre el destino del mismo. Las empresas que realizan estas evaluaciones contratan antropólogos y tienen como clientes a las empresas energéticas (ver Impacto Social Consultores, 2016). Algunas universidades han sido contratadas para realizar este tipo de estudios como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca, la Universidad de Guadalajara, entre otras, que contratan antropólogos por su facilidad para establecer relaciones en campo y aseguran que las comunidades los aceptan sin cuestionamientos por proceder de instituciones públicas de formación¹⁵.

Además de realizar evaluaciones, los antropólogos también participan en la promoción del proyecto entre las poblaciones en las que se realiza el trabajo. Proveen a las empresas y al gobierno información sobre las poblaciones. Los riesgos de este tipo de trabajo, detallados en el apartado anterior, y la imposibilidad de aplicar el Código de Ética prevalecen.

Un antropólogo que trabaja en una empresa consultora explicó que dos empresas extranjeras se han acercado a su oficina para proponer la realización de una Evaluación de Impacto Social en torno a un gasoducto. Explicó que no se trata de hacer una evaluación sino de hacer labor de convencimiento con las poblaciones afectadas y de mapeo de actores. La empresa transnacional no aparece en ninguno de los contratos, los trabajadores de las consultoras ni siquiera pueden saber quién es el verdadero cliente, lo que vuelve imposible la aplicación del Artículo 6 del Código de Ética, que motiva al antropólogo a informar a los sujetos de estudio sobre sus fuentes de financiamiento y objetivos de investigación. Las comunicaciones, además, se realizan por medios no oficiales y no se establece por escrito quién contrata los servicios. Esto claramente es, entre otras cosas, un blindaje de la empresa contra el ya conocido mecanismo de "filtración de información" o "whistleblowing", que constriñe a quienes trabajan bajo estos esquemas y, nuevamente, pone en riesgo su integridad física, pues en México la filtración es una actividad ilegal. Sería importante que el CEAS retomara la protección de informantes dados los casos de antropólogos que trabajan con información censurada, y dado el peligro que implica en México usar mecanismos de filtración de información, como lo muestra la represión a periodistas.

ANTROPOLOGÍA AL SERVICIO DE LA REFORMA EDUCATIVA

La reforma educativa es otro tema preocupante, no sólo por las características de la misma sino por el papel que le están dando a la antropología las agencias de gobierno y sus titulares. En este caso, Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP, ha argumentado la centralidad de la antropología para la implantación del modelo educativo neoliberal (Cano, 2015).

En una entrevista, Nuño señaló que hay un "exagerado" énfasis de las ciencias sociales en la medición cuantitativa y remarcó la capacidad de la antropología para extraer datos finos y densos sobre las sociedades: "Medir, medir, medir, y esas mediciones muchas veces ya no hacen las grandes preguntas. Las herramientas de la estadística ayudan, pero sólo explican un pedacito. La complejidad de los contextos, la diferencia entre un guiño y un parpadeo –y aquí recurre al ejemplo clásico que Geertz tomó de Gilbert Ryle– es el mismo movimiento físico, pero puede significar cosas opuestas. La thick description que no te puede explicar una ecuación" (Citado en Cano, 2015:10). Desde hace unos años varios intelectuales, como Claudio Lomnitz, promueven la necesidad de que la antropología retome el camino de ponerse en el centro del Estado. Pero no es lo mismo ponerse en el centro para promover una revolución y el reparto agrario, como sucedió hace 100 años, que ponerse en el centro para justificar la represión, la violencia y la profundización del modelo neoliberal, como ocurre ahora. La descripción densa, en estas circunstancias, también puede llamarse trabajo de inteligencia por facilitar la desarticulación de la organización colectiva. En una conferencia en el Museo Nacional de Antropología en octubre de 2014, Lomnitz evocó las palabras de Nuño, revelando su posición política frente a la reforma educativa:

"En los debates recientes sobre educación en México, hay un contraste enorme entre las cifras de rendimiento y calidad educativa que arrojan las organizaciones como la OCDE, o las pruebas de PISA o ENLACE, y las actitudes de los padres de familia frente a la educación de sus hijos e hijas. La OCDE muestra que la educación en México es mala o incluso pésima, y los padres de familia piensan que sus hijos están bien educados. ¿Cómo se puede explicar esto sin hacer un trabajo de campo antropológico? Básicamente, de ninguna manera" (Lomnitz, 2014:s/p).

El trabajo de Nuño en la SEP busca el éxito de la reforma, y parte de ese trabajo consiste en darle a la antropología el estatus de herramienta para la recopilación de información cualitativa y la descripción densa, la misma que promueve Lomnitz, que en este caso se traduciría como mapeo de actores y organizaciones y sus formas de resistencia y disidencia para lograr que se acepte que "la ley es la ley y que la reforma se tiene que implementar" (Nuño, citado en Cano, 2015:10), en otras palabras la opresión y la imposición violenta por encima de la voluntad popular.

CONCLUSIONES

Contrario a la tendencia a reducir las decisiones sobre la ética y la aplicación del código de ética a conductas individuales, este artículo ha demostrado que regular el quehacer de los antropólogos por medio de un Código de Ética, como el que propone el CEAS, es una práctica poco probable. Esto se ilustró con ejemplos del trabajo de los antropólogos en agencias consultoras, el rol de los antropólogos en la reforma energética, la reforma educativa y la realización de Evaluaciones de Impacto Social y Consultas Indígenas.

México se ha convertido en un laboratorio de ingeniería social mediante acciones de intervención extranjera, represión política, actividades de inteligencia, investigaciones de mercado, entre otras, en que los antropólogos tenemos un papel muy claro. Si la respuesta del CEAS ante este panorama es la elaboración de un código de conducta, no se hace más que emitir un juicio sobre las actividades que todos los antropólogos realizamos, que no conduce a una transformación de la realidad en la que desempeñamos nuestro trabajo. Se mantienen ilusoriamente desarrollos paralelos en que los académicos desempeñan su trabajo sin ensuciarse las manos, mientras que el resto de los profesionales, la mayoría en el caso de México, están incumpliendo el Código de Ética por las reglas que impone el mercado, por la fragmentación del conocimiento, del trabajo y por las obligaciones impuestas por sus empleadores, o bien, por participar en proyectos financiados para fines distintos a los que se presenta públicamente. En 1970 se denunció el papel de los antropólogos al servicio de un estado por medio del conocido programa indigenista, que se utilizó para llevar educación, salud e infraestructura a las comunidades indígenas, pero también para incorporarlas al mercado de trabajo capitalista, sin oportunidades para un desarrollo propio. En la actualidad, las poblaciones que habían resistido a estos procesos están siendo sometidas, ya no para incorporarlas sino para excluirlas, para el despojo de sus tierras y la privatización de los bienes comunes, como el agua, el aire, los minerales del subsuelo, por medio de proyectos energéticos y mineros sobre los que se enteran una vez licitados o concesionados.

Es necesario fortalecer al Colegio, recuperar su vocación investigativa para conocer las cadenas de contratación y subcontratación, los efectos reales de la flexibilización, la fragmentación y la tercerización laboral, así como la cadena de toma de decisiones sobre el uso que se da a la antropología y las condiciones de trabajo de los antropólogos. Teniendo claro el panorama, será posible tomar decisiones colectivas para transformar la realidad de la que los antropólogos somos parte. Debemos conocer nuestro papel y establecer mecanismos alternativos que no supongan una complicidad con los procesos vigentes que aquí se expusieron: 1) la integración de México a Estados Unidos por medio de la matriz energética y de telecomunicaciones, los acuerdos de libre comercio, los financiamientos filantrópicos y de cooperación bilateral; 2) la profundización del modelo neoliberal por medio de reformas estructurales, la privatización de los bienes comunes y la educación, así como el combate a la disidencia política; y 3) la cada vez mayor fragmentación del mercado de trabajo y precarización laboral que no sólo mantienen a los antropólogos y demás trabajadores en condiciones precarias, sino que implica la imposibilidad de tomar decisiones respecto a aspectos fundamentales. 

El Código de Ética promueve salvaguardar los derechos humanos y buscar soluciones a los grandes problemas nacionales, pero para que tal afirmación sea congruente, el CEAS debe también promover la acción colectiva con miras a desarrollar estrategias que impidan que proyectos como México Indígena se repitan en otras regiones del país y que más bien sirvan de ejemplo a no repetir, tanto en México como Latinoamérica, especialmente por la continuidad que pueden llegar a tener, como en el caso de las Expediciones Bowman en Centroamérica con la Iniciativa Minerva (López y Rivas, 2014).

El espionaje tercerizado implica que ahora no se es consciente ni de los peligros ni del proyecto para el cual se trabaja, lo que se traduce en una remuneración baja¹⁶. Es un espionaje sin conciencia, que hace que se pueda incurrir en la contradicción de considerarse defensor de los derechos humanos al mismo tiempo que impulsor de políticas que los afectan directamente. Proponemos, por tanto, que en vez de emitir pronunciamientos y códigos de conducta, abordemos la complejidad de la problemática, que nos dirijamos directamente con las instituciones que contratan antropólogos, modifiquemos los planes de estudio, incluyamos la complejidad del mercado laboral contemporáneo y establezcamos mecanismos para desarrollar una antropología adecuada y apta a las condiciones actuales.

Una acción necesaria es formar antropólogos que comprendan mejor cómo funciona el sistema globalizado, no sólo asumir que la antropología, porque estudia la otredad y la diversidad, será una disciplina y una profesión que promueva el interés de los subalternos, dominados, colonizados, etc. Otras acciones necesarias son convocar a quienes han salido a buscar alternativas laborales, para debatir y no quedarse con sancionar moralmente el comportamiento; transparentar las acciones no académicas que se realizan en las instituciones de educación superior y centros de investigación desde los que también se están reproduciendo comportamientos que promueven la profundización de la dominación de poblaciones indígenas, jóvenes profesionales, etc. La antropología contemporánea con su saco cosmopolita o de "antropologías del mundo", se considera a sí misma como fuera de la política, como si estuviera moralmente por encima de los procesos. Esto ha provocado una perpetuación del papel de "críticos", heredado de la antropología crítica que surgió en la década de 1970 para cuestionar al indigenismo del Estado. Los antropólogos que hoy son meramente críticos no proponen, sino que se dedican a cuestionar políticas públicas, movimientos sociales, el propio sistema, sin considerarse como sujetos en el mismo, o evadiendo su papel en mantenerlo. Este peligroso punto de vista inmoviliza y excusa moralmente a los investigadores de asumir su papel político en la realidad.

NOTAS

¹El presente artículo se deriva de la Carta abierta y posicionamiento frente al Código de Ética del CEAS (2013-2015), suscrita por 19 antropólogos y etnólogos mexicanos, elaborada por los autores de este artículo para el colectivo Antropólogos por un mercado laboral digno y justo, compuesto por los autores, y, José Luis Lezama, Ileana Herrera, Mitzi Gómez, Paulina del Moral González, Rubén Rosas Regalado y Rebeca Orozco Aceves, quienes colaboraron activamente en las discusiones, el análisis y la preparación de este texto para su publicación.

²La comisión de ética se creó en el año 2000. No se sabe quiénes la conformaron, cuáles fueron sus procesos de trabajo y si han rendido informes debido a que el CEAS no publica regularmente las actas de las Asambleas de Socios.

³En 2001 en el Boletín N° 3 se publicó "¿Qué implica la ética en Antropología?" de Terry Turney y Leslie Sponsel, una traducción de un documento enviado a la Asociación de Antropología de Estados Unidos (AAA) que se refería al polémico libro Darkness in El Dorado. En el Boletín N° 4 se publicó un trabajo de Robert Kemper y Anya Boyce y un documento que se refería a la investigación realizada por la Universidad de Michigan, de nuevo, sobre el libro Darkness in El Dorado. Finalmente en el Boletín N° 6 aparecieron traducciones de los códigos de ética de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA), el de la AAA y la Guía Ética para Profesionales de la Asociación Nacional para la Práctica de la Antropología (NAPA) (Valladares y Escamilla, 2005: 4-6). Casi una década después, en 2012 y en 2013 reapareció el tema de la ética en los boletines del CEAS y en 2015 se publicó la propuesta del código de ética de la asamblea de 2014, al que se hizo referencia más arriba.

⁴Algunos ejemplos son: Seminario "Repensar la antropología. Profesionalización, Investigación, Formación y Ética en la Antropología Contemporánea," organizado por el CEAS y otras instituciones académicas en 2001, en las dos reuniones de la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de Antropólogos (RedMIFA) una en marzo y otra en octubre de 2014 y la que se hizo en el III Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, en ese mismo año.

⁵13% en el ámbito público, 16% en el sector privado, 19% trabaja de manera independiente o freelance, 11% respondió que tiene un negocio propio, 7% en una organización no gubernamental y 1% en una organización internacional

⁶Los casos que se presentan ilustran las dificultades que enfrentan los individuos y muestran las contradicciones que exhibe la publicación del Código de Ética, no deben tomarse como particulares. La sistematización de la Encuesta sobre el ejercicio profesional y las condiciones de trabajo de los antropólogos antropología aún está por realizarse y permitirá contar con información cuantitativa que complemente el trabajo cualitativo basado en entrevistas a diferentes antropólogos.

⁷El programa fue impulsado por George P. Murdock por lo que en México y Centroamérica se conoce como la guía Murdock y constituyó un instrumento para la formación de antropólogos latinoamericanos durante más de cuarenta años. En la actualidad algunos profesores que se formaron en ese modelo promueven su uso.

⁸El CEAS tiene la atribución de "Dar o negar su conformidad a la Dirección General de Profesiones para que ésta por excepción y cumplidos los requisitos que exige la ley, conceda permiso para ejercer a los antropólogos sociales, etnólogos, etnohistoriadores extranjeros residentes en la república mexicana" (Estatutos del CEAS, 2016, Art. 6, Inc. 17). Tiene la atribución de "Solicitar a los particulares e instituciones nacionales y extranjeras que realicen investigación en antropología social, etnología y etnohistoria en la república mexicana una relación de las características y finalidades de sus proyectos, así como un informe sobre los resultados de los mismos sean o no publicados" (Ibíd., Inc. 19).

⁹En su Artículo 1 establece: "Deberá comunicar a las personas, comunidades y/o pueblos con los que se investiga los fines y métodos del estudio y obtener su consentimiento previo, libre e informado, primero para realizar sus pesquisas, así como en lo relativo a la utilización de la información generada en el proceso de investigación." (2016). Y en el 2: "El antropólogo deberá hacer todo lo posible para que la investigación y los reportes publicados de la misma no causen daño a la seguridad, dignidad o privacidad de las personas estudiadas" (2016).

¹⁰Cabe agregar que en estos estudios, además de los antropólogos, participan otros científicos sociales en las distintas fases de realización.

¹¹En entrevista realizada a un antropólogo que laboró para una empresa consultora que habitualmente es contratada por instituciones de gobierno federal y estatal para realizar estudios sociales y políticos, el 02-05-2014.

¹²Artículo 3: "Es una obligación de las y los antropólogos devolver los resultados y productos de investigación a quienes y con quienes se estudia", y 4: "Se deberá hacer lo posible para preservar toda la información de campo recopilada por los antropólogos para el uso de otros estudiosos en el futuro" (2016).

¹³Encuesta piloto para conocer la estructura laboral de las instituciones en las que trabajan los antropólogos en México, junio de 2015, como parte de las tareas de la CIEPA. Un aspecto interesante ha sido que los asistentes de la institución tuvieron disposición para ser entrevistados, comentar sobre sus labores e historias laborales. Los directivos también tuvieron disponibilidad para responder las preguntas. En cambio, los investigadores de tiempo completo impusieron resistencia e incluso han sostenido que la publicación de sus ingresos (en lo general y no de manera personal) es violatorio de su privacidad, los datos fueron publicados en: Varios autores (2014). Estos profesores olvidan que son funcionarios públicos y, por tanto, están sujetos a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

¹⁴http://proyectomesoamerica.org/ (Consultado por última vez el 21 de enero de 2016).

¹⁵Información proporcionada por investigadores de dichas instituciones en el marco del simposio "La comunidad epistémica en evaluación de impacto social y sus posibilidades en México", 4º Congreso Internacional REDESColef "Investigación, Docencia y Práctica Profesional en Ciencias Sociales", 18 de noviembre de 2016, Ciudad de México. Los casos específicos que se trataron fueron uno en el Istmo de Tehuantepec contratado por la empresa Gamesa y otro en Temacapulín, Jalisco donde se pretende construir una presa, promovida por las empresas FCC Construcción (española) y La Peninsular y Grupo Hermes (mexicanas).

¹⁶La antropología en México está entre las profesiones menos remuneradas de acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (2013).

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