DOSSIER

Ética profesional y antropología argentina. Reflexiones en diálogo

 

Luciana Gazzotti*

* Dra. en Antropología. Universidad de Buenos Aires, Proyecto UBACyT "Comunidades científicas: usos sociales de la ciencia". Código 20020130100447BA. Email: lucianagazzotti@gmail.com

Fecha de recepción del original: mayo de 2016.
Fecha de aprobación: agosto de 2016.

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RESUMEN

Las reflexiones sobre la ética profesional en antropología se originan a partir de distintas circunstancias, tienen diferentes características en relación con los contextos históricos, políticos y epistemológicos propios de las comunidades que los sustentan y se consolidan a través de distintos procesos de institucionalización. El presente artículo tiene por objetivo analizar de modo general las características del debate ético en la antropología, atendiendo principalmente al modo en que el mismo se presenta en la Argentina. A su vez, tratar de indagar reflexiones e inquietudes contemporáneas respecto de la ética de diversos antropólogos argentinos con el fin de recuperar su particularidad y conocer problemáticas recurrentes que se presentan en distintos campos del entendimiento disciplinar. El análisis de estas nociones no es acabado sino pretende contribuir a un primer esfuerzo de sistematización sobre el tema en el país.

PALABRAS CLAVE: Ética Profesional; Trabajo de Campo; Dilemas Éticos; Práctica Profesional.

ABSTRACT

Considerations on professional ethics in anthropology arise from different circumstances or experiences, have different characteristics in relation to their historical, political and epistemological contexts, and are consolidated through various processes of institutionalization. This article aims to analyze the characteristics of the general ethical debate in anthropology, mainly in response to how it is presented in Argentina. In turn, we try to investigate contemporary thoughts and concerns about the ethics of various Argentinean anthropologists in order to recover this debate's particularity and meet recurring problems that arise in various fields of the discipline. Our analysis of these notions is not completed, but aims to contribute to an initial systematic effort regarding the subject in this country.

KEYWORDS: Professional Ethics; Fieldwork; Ethical Dilemmas; Professional Practice.

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INTRODUCCIÓN

Las discusiones sobre la necesidad de construir una práctica antropológica asentada en criterios éticos no han sido constantes ni en la Argentina ni en otras naciones del mundo, sino más bien esporádicas o intermitentes, coincidiendo por lo general con períodos de crisis de la disciplina (Fluehr-Lobban, 1991; 2002; Caplan, 2003; Armbruster, 2008). La mayor reflexividad sobre el tema parece estar asociada a momentos o situaciones en que se problematizan los comportamientos de los profesionales; se cuestionan los usos y los alcances de las producciones antropológicas o se buscan establecer compromisos y responsabilidades comunes para las prácticas mediante la creación de códigos deontológicos.

Los cuestionamientos sobre qué se debe hacer o cómo se debe actuar durante las investigaciones, para quién y para qué se debe investigar, qué implicancias tiene la producción y difusión del conocimiento; qué responsabilidades se ponen en juego al realizar etnografía o cuáles son los límites para conocer, atraviesan el ejercicio profesional y han provocado no sólo reflexiones y posicionamientos éticos individuales sino también consensos sobre valores y prácticas deseables que se han ido consolidando en diversos contextos históricos y políticos de la disciplina.

En tal sentido, el presente artículo tiene un doble propósito. Por un lado, problematizar sobre las distintas formas en que se presenta el debate sobre la ética profesional en la antropología en general y las particularidades que presenta la discusión en la Argentina. Por otro, ofrecer un panorama de diversas reflexiones e inquietudes contemporáneas respecto de la ética profesional de diversos antropólogos argentinos, detectando los intereses comunes y las problemáticas recurrentes que se presentan en las distintas subáreas del entendimiento disciplinar a que se dedican. El análisis resulta pertinente no solamente porque visibiliza inquietudes e implicancias éticas personales, que tienen lugar en el transcurso de las investigaciones etnográficas, sino también porque posibilita pensar en los desafíos que se presentan en comunidades donde aún no existen acuerdos colectivos consolidados o institucionalizados sobre el tema.

El recorrido por las distintas problemáticas que se presentarán en adelante no es acabado y sólo se corresponde con un primer esfuerzo de sistematización y análisis que podrá, en el futuro, seguir sumando nuevos aportes que provengan de otras subáreas de la disciplina y que, por razones de tiempo o por el nivel de visibilidad de las mismas, no hayan sido aún considerados en este trabajo.

TRADICIONES DE DISCUSIÓN

Al analizar las particularidades y la historicidad del debate sobre la ética profesional en la antropología es posible distinguir distintas tradiciones de discusión, modos de comprender o formalizar el tema. No todas las comunidades antropológicas han debatido sobre la ética profesional del mismo modo, en los mismos términos, a partir de las mismas circunstancias o de similares acontecimientos históricos, ni han otorgado la misma relevancia a la necesidad de consensuar o institucionalizar las nociones como resultado de un debate colectivo.

En algunas comunidades¹, las particularidades de sus contextos históricos y políticos, la injerencia de las contingencias políticas sobre la producción del conocimiento antropológico como también de los abusos sobre los derechos de las personas como sujetos de investigación², motivaron que los cuestionamientos éticos personales –surgidos a partir de experiencias concretas de trabajo de campo– se articularan en debates colectivos respecto de los valores que debían orientar las prácticas de la disciplina y los comportamientos de los profesionales. Estos debates, arraigados en profundos cuestionamientos epistemológicos y políticos respecto de los contextos de producción y alcances del conocimiento antropológico, fueron retomados por distintas asociaciones profesionales que comenzaron a establecer en diversos documentos o códigos qué prácticas, valores y principios eran recomendables para alcanzar las metas de la profesión (Cortina, 2000)³.

Es así como en estas comunidades aparecieron las primeras guías, códigos o principios de responsabilidad profesional donde se asentaron distintos estándares éticos que tuvieron como intención asegurar la profesionalidad y seriedad de la disciplina (a fin de dar respaldo jurídico e institucional a quienes lo necesitaran) y establecer distintas responsabilidades y derechos de las poblaciones que colaboraban con las investigaciones.

Si bien estos documentos establecieron determinados estándares éticos respecto de las responsabilidades y los comportamientos de los profesionales –materializando principalmente nociones básicas ligadas a la ética de la investigación–, los debates y argumentaciones en relación con su utilidad, sus alcances y limitaciones siempre se renuevan dividiendo a las comunidades científicas, las que discuten sobre las posibilidades o dificultades de ceñir sus prácticas a principios morales establecidos, tanto como de sancionar las transgresiones éticas de sus practicantes.

Algunos autores han defendido la necesidad de la existencia de los códigos de ética porque los consideran instrumentos relevantes que pueden ofrecer herramientas concretas respecto de lo que se puede, no se puede, o se debe hacer en determinadas circunstancias y para otorgar un marco de referencia para los procesos de toma de decisiones (Fluehr-Lobban, 2009). Desde esa perspectiva, los códigos de ética enriquecen el debate respecto de las responsabilidades individuales y respaldan las prácticas.

No obstante, las argumentaciones en contra son numerosas y remiten a cuestiones de diversa índole. Quienes critican su utilidad señalan que los códigos no pueden ofrecer un listado exhaustivo (y una respuesta) para todos los problemas y dilemas que se presentan en el ejercicio cotidiano de la práctica; que no todos pueden coincidir en lo que sea considerado como una falta ética; que el trabajo antropológico se conduce a través de múltiples lealtades que no siempre pueden ser explicitadas de antemano, y que no necesariamente la única forma de institucionalizar los estándares morales de la disciplina tienen que ser a través de códigos de ética profesional (Pels, 1999). Otros autores critican la retórica en la que están escritos porque su ponderación de la ética como implicancia y responsabilidad individual oculta las complejidades del contexto político y las relaciones desiguales de poder en las que se inscribe el trabajo antropológico, cristalizando la discusión en una serie de principios descontextualizados y universales que no contemplan la variedad de sujetos y escenarios donde la antropología es ejercida (Narotzky, 2004). Por último, pueden mencionarse las críticas a su utilidad operativa como herramienta legal, argumentando que las asociaciones profesionales –que son quienes pueden velar y sancionar las faltas de ética profesional– no disponen de instrumentos adecuados ni recursos para afrontar las demandas, llevar a cabo los seguimientos de los casos o sancionar las transgresiones en caso de que ocurrieran faltas graves a la ética por parte de alguno de sus asociados (Levy, 2009; Cardoso de Oliveira, 2010).

Otras comunidades no cuentan con una trayectoria de discusión sistemática sobre la ética profesional ni con acuerdos colectivos institucionalizados respecto de los valores que consideran que deben orientar las prácticas. Si bien existen consensos éticos, consuetudinariamente aceptados, sostenidos y transmitidos como parte de un saber hacer profesional, los mismos son tácitos y remiten a posicionamientos individuales que no necesariamente se han plasmado en documentos, declaraciones o códigos respaldados por las asociaciones profesionales de pertenencia. Ello no quiere decir que no cuenten con profesionales que hayan reflexionado sobre los distintos problemas éticos que han experimentado a partir de sus experiencias personales en el trabajo de campo o investigación sino que la discusión no ha alcanzado instancias institucionales de consolidación en el seno de la comunidad antropológica de referencia.

Ahora bien, ni la existencia de códigos profesionales garantiza una práctica ajustada a normas éticas ni la ausencia de una tradición de debate institucionalizado implica que no existan cuestionamientos sobre las prácticas o dilemas éticos, en el seno de las comunidades antropológicas.

La ausencia de una tradición de debate institucionalizado en estas comunidades, tal como lo es el caso de la Argentina, introduce dos cuestiones. Por un lado, la imposibilidad de recuperar los consensos éticos que se han institucionalizado a largo plazo⁴ no implica que no existieran preocupaciones éticas en el pasado, sino supone la imposibilidad de separar el debate ético del debate político en estas latitudes. En este contexto, el debate político era (o sigue siendo) un posicionamiento ético. Los cuestionamientos respecto de los compromisos y responsabilidades que se asumían con las personas con las cuales se trabajaba, el reconocimiento de los derechos y el acompañamiento a las comunidades en distintos procesos de demandas o los recaudos respecto de las fuentes de financiamiento de las investigaciones o la difusión de la información⁵ eran entendidos como posicionamientos políticos que motivaban la militancia y la transformación social entendida más como "praxis de lucha colectiva", en términos de Narotsky (2004), que como obligaciones éticas. Y por otro, los acontecimientos políticos de carácter institucional que tuvieron lugar en el país cuando la disciplina apenas comenzaba a profesionalizarse produjeron dispersión y fractura de la comunidad académica en general y de la antropológica en particular fragmentando estas inquietudes éticas-políticas, confinándolas al dominio de lo privado (Gazzotti, 2003).

Esta individuación de la inquietud ética sumada al debilitamiento paulatino de las instituciones de representación profesional enmarcadas en el neoliberalismo de fines de los noventa, comienza a ser concomitante con la proliferación de nuevos espacios donde ejercer la disciplina y de la multiplicación de nuevos dilemas y problemas que interpelan al investigador en tanto sujeto, aunque ya no tanto en términos de una preocupación colectiva.

Por tal motivo, en la contemporaneidad, comienzan a aparecer nuevas reflexiones sobre la ética profesional surgidas a partir de diversas experiencias particulares que han tenido lugar en distintos subcampos de aplicación de la disciplina. Las mismas tienen como impronta la implicación individual y están motivadas por la sensibilidad y el deseo del investigador de dar respuesta a aquellas circunstancias que les producen un quiebre moral en el ejercicio de sus prácticas.

Este trabajo intentará hacer referencia a estas últimas ofreciendo un panorama inédito de preocupaciones, intereses e inquietudes en relación al tema que tienen lugar en distintas áreas de entendimiento disciplinar y que evidencian cuestionamientos que atraviesan transversalmente la práctica investigativa⁶.

ANTROPOLOGÍA Y DERECHO, VIOLENCIA Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Beatriz Kalinsky ha realizado aportes significativos en relación con los problemas éticos vinculados al campo de la antropología jurídica. Su producción teórica sobre cultura y derecho penal, prisión preventiva, infanticidio, libertad condicional o sobre el problema del castigo –principalmente en situaciones de interculturalidad– la han llevado por caminos donde la reflexión ética se impuso como una necesidad para comprender el sufrimiento y el padecimiento de las personas con las que ha trabajado, como también para cuestionarse sobre los alcances y limitaciones de su propia sensibilidad moral como investigadora. Sus cuestionamientos éticos se encuentran presentes en la mayoría de sus producciones (Kalinsky, 2002; 2004; 2007; 2008; 2010 y 2011) pero a modo de síntesis pueden enumerarse distintas preocupaciones sobre las cuales la autora ha trabajado con mayor profundidad.

Particularmente, recoge los problemas que se presentan para realizar trabajo de campo o investigaciones de largo plazo en instituciones carcelarias o de transición –como puede ser la libertad condicional–, y las adecuaciones éticas y metodológicas que se deben hacer para ingresar y permanecer en ellas. Al respecto, también ha puntualizado sobre las condiciones de producción del conocimiento antropológico en esos espacios; sobre el permanente resguardo de la seguridad personal de los investigadores ante distintas situaciones que pudieran escuchar, experimentar o atestiguar y sobre los intercambios y expectativas que se establecen con personas privadas de libertad en relación con las posibilidades o imposibilidades de mediar en las causas judiciales de quienes colaboran en las investigaciones.

Aborda el problema del consentimiento informado, el secreto profesional y el resguardo de la propiedad (y confidencialidad) de las notas (o registros) de campo, principalmente en relación con sus alcances y posibilidades de aplicación en el trabajo con la población institucionalizada y de la necesidad de evitar que por negligencia se agraven aún más los conflictos con los cuales ya cargan estas personas.

También trata sobre la complejidad de trabajar sobre el quebrantamiento de la ley y más aún en casos donde existen delitos contra la vida agravados por el vínculo. La autora aborda con sensibilidad el problema de la distancia (o brecha) moral entre el investigador y el investigado, y las disidencias valorativas que pueden ponerse en juego respecto de las acciones cometidas por las personas con las cuales trabaja. En este punto son interesantes las reflexiones sobre la imposibilidad de suspender los juicios de valor, los posicionamientos o las especulaciones respecto de las motivaciones sociales y conductuales de sujetos condenados y privados de la libertad.

Por otro lado, analiza las particularidades teóricas y prácticas de los peritajes antropológicos, sus características, el tipo de lenguaje en el que los mismos deben ser realizados y los tiempos en los cuales son requeridos versus la necesidad de una investigación etnográfica de mayor profundidad que pueda aportar nuevos elementos para una reconstrucción más contextual de lo sucedido, como también las limitaciones para que estos informes sean tenidos en cuenta como elementos de prueba judicial.

Por último, sus cuestionamientos sobre la utilidad del conocimiento antropológico para comprender el padecimiento y la marginalidad –asentando la necesidad de establecer (y comprometer) espacios de escucha para hacer menos pesado el sufrimiento de las personas– dan lugar a reflexiones sobre las satisfacciones e insatisfacciones en relación con lo humano y profesionalmente posible en estos contextos, las emociones encontradas (como el miedo, el rechazo, el sufrimiento y la culpa) y las subjetividades, susceptibilidades y posicionamientos que se imponen durante el ejercicio de la práctica profesional.

En esta misma línea los trabajos sobre la violencia de J. Garriga Zucal (2010; 2012); G. Noel (2007; 2010); C. Diez (2007); D. Miguez (2006) y Polola (2008), también han recuperado experiencias de ambigüedad y miedo, donde los recaudos éticos no solamente son considerados como un arma de vigilancia para las prácticas sino también como un termómetro de sensibilidad moral respecto de lo posible, lo deseable o lo repudiable. Al abordar etnográficamente situaciones de violencia han reflexionado sobre las implicancias éticas y las limitaciones metodológicas de técnicas y herramientas definitorias del trabajo de campo antropológico en estas circunstancias.

La observación participante en contextos de violencia les ha suscitado diversos dilemas éticos a éstos investigadores no solamente porque se exponen a riesgos físicos y legales concretos –o porque presencian circunstancias y decisiones que ponen en juego la vida propia y ajena–, sino también porque de algún modo participan como testigos involucrados para construir parte de lo que quieren comprender y esa participación resulta problemática cuando existen abismos en relación con los comportamientos o elecciones morales de los actores.

Las preguntas acerca de los límites –o umbrales morales del investigador– en los abordajes de situaciones violentas constituyen una constante en estas reflexiones, las cuales cuestionan la utilidad metodológica de presenciar golpizas, lesiones y abusos para validar el conocimiento que se pretende construir.

A su vez, los investigadores manifiestan la imposibilidad de suspender juicios de valor respecto de lo que presencian y conocen y la incertidumbre que tienen respecto de denunciar a quienes ejercen –o han sido perpetradores de violencia– principalmente porque al hacerlo violarían la confidencialidad y el anonimato que han comprometido aún a sabiendas de que no hacerlo puede ser un acto judicialmente punible.

Las preguntas y respuestas acerca de qué hacer, qué tolerar o qué denunciar nunca se presentan como un a priori sino que se conjugan en las experiencias de campo de manera compleja y deben ir ponderándose en cada caso en particular. Las reflexiones sobre los umbrales morales –que son los que establecen el techo y el marco de lo que es profesional y humanamente posible y esperable de la práctica–, y la denuncia y el reporte permanente de los dilemas éticos, posibilitan una vigilancia ética y metodológica activa que debe estar siempre presente en el abordaje antropológico de la violencia.

El trabajo con poblaciones estigmatizadas también suscita el recaudo respecto de lo que se dice, se escribe, se comparte y se comunica acerca de ellas. La preocupación debe estar presente a fin de no profundizar la precariedad y las estigmatizaciones que ya pesan sobre esas poblaciones y para que las producciones no sean insumo de políticas que puedan perjudicar a quienes han colaborado de buena fe.

Mariana Tello (2012; 2013), también ha analizado las implicancias éticas que fue experimentando al trabajar sobre violencia, específicamente sobre experiencias de terrorismo de estado y militancia. En sus trabajos se vislumbra la preocupación y el permanente desdoblamiento ético de su actividad como investigadora, también atravesada por su profundo compromiso militante. La autora ha tratado con detalle distintas problemáticas éticas vinculadas con el problema del consentimiento informado y la negociación permanente que tuvo que realizar para poder dar continuidad a sus investigaciones; sobre los recaudos que hay que tener para dar o no a conocer la identidad de los interlocutores en función de los deseos personales de los mismos y sobre la responsabilidad de escuchar y transcribir relatos inenarrables atravesados por situaciones de violencia, tortura, asesinatos, y vejámenes de todo tipo.

Sus reflexiones sobre los contratos éticos que se establecen –y deben ser renegociados todo el tiempo tanto al interior de los equipos de trabajo, como con los interlocutores– tienen gran relevancia. Con detalle da cuenta de las adecuaciones que deben realizarse a estos "contratos éticos" ya sea al dar a conocer los objetivos de una investigación, al tratar de asegurar el anonimato, dar a corregir entrevistas y grabaciones de video, discutir sobre la propiedad de los registros, problematizar sobre los diferentes usos que los interlocutores pueden dar a los mismos o denunciar los riesgos que existen cuando estos contratos se basan en acuerdos informales y precarios basados solamente en la palabra.

Sus aportes también hacen referencia a la noción de responsabilidad social y al compromiso del antropólogo en su trabajo de hacer narrar –y por ende hacer revivir– situaciones de extremo dolor y vulnerabilidad, como también a la responsabilidad de producir y manejar información confidencial que pueda ser requerida por distintos organismos con fines políticos (o judiciales) concretos. El entramado se vuelve aún más complejo en aquellos espacios donde confluyen múltiples intereses, directivas del Estado Nacional, objetivos particulares de organismos de derechos humanos e intereses de profesionales e investigadores de las ciencias sociales en general.

Sobre el tema del terrorismo de Estado, pero esta vez con distintos actores como objeto de estudio, Arellano (2009) también se ha cuestionado sobre las limitaciones éticas en el estudio etnográfico de aquellos que no han sido víctimas sino perpetradores de violencia. Su mirada recoge la necesidad de comprender las acciones de aquellas personas que han ejercido violencia sobre otros y las limitaciones éticas que se presentan cuando el relato de "lo inconcebible" se hace presente en las entrevistas y en los diálogos cotidianos que se construyen en la interacción etnográfica. Lo legal, lo moral y lo profesionalmente aceptable se presenta en estas experiencias de campo como dilemas que urgen una respuesta, no sólo en un plano individual sino también para una comunidad científica que aún no ha constituido acuerdos o criterios básicos sobre la ética que puedan ser discutidos o repensados a partir de estas experiencias de suma complejidad.

ANTROPOLOGÍA Y SALUD

Los trabajos de Domínguez Mon (2003; 2011); Margulies (2006); Seda (2007); Barber (2009); Wainer (2011) y Recorder (2011) contienen distintas reflexiones acerca de las implicancias éticas que se desprenden de haber realizado trabajos antropológicos en instituciones hospitalarias o ligadas al ámbito de la salud.

Sus aportes profundizan en las dificultades que encontraron sus proyectos de investigación al ser sometidos a evaluaciones por parte de comités de bioética de instituciones hospitalarias; las complejidades para solicitar el consentimiento informado a partir de protocolos ya estandarizados por la biomedicina; y las ambigüedades que se presentaron en relación con su rol profesional.

Las diferencias en el tipo de enfoque y en la construcción del problema de investigación que tiene la antropología con la biomedicina se ponen de manifiesto con evidencia en estos trabajos cuando los proyectos antropológicos deben ser evaluados por comités de docencia, investigación y ética de instituciones hospitalarias o ligadas al ámbito de la salud. Allí se requiere generalmente que las investigaciones puedan proveer por anticipado los objetivos, metodologías, protocolos de consentimiento informado como también los resultados esperados de las investigaciones que se van a realizar. Los trámites burocráticos, los procesos de justificación y los tiempos que se manejan para la aceptación de una investigación antropológica (tiempos propios de la institución, como de los participantes para aceptar el trabajo) constituyen una pieza clave del trabajo etnográfico en ámbitos hospitalarios.

La falta de protocolos estandarizados y metodologías cuantificables, pero por sobre todo los procesos de obtención y autorización del consentimiento informado también constituyen puntos permanentes de disputa. Principalmente porque si bien el consentimiento tiene por objetivo darle la oportunidad al paciente de rehusarse a participar de las investigaciones –o de los tratamientos propuestos– la antropología cuestiona el modelo hegemónico de la biomedicina que no toma en cuenta los contextos y condicionamientos sociales, las desigualdades de poder que existen entre los participantes y que propone una noción (casi ficticia) de sujetos autónomos con plenas posibilidades (concretas y/o discursivas) en lo que refiere a sus decisiones. Es esta autonomía la que se formaliza a través de la obtención de los protocolos de consentimiento informado.

El consentimiento en ámbitos hospitalarios consiste, en la mayoría de los casos, en un contrato burocrático que es presentado en un lenguaje muchas veces incomprensible para los destinatarios y que dista mucho de la noción de consentimiento que pretende la antropología, algo que debe ser obtenido y renegociado una y otra vez en las distintas etapas en las que se conduce la investigación y con todos los participantes que vayan siendo significativos para el trabajo que se propone realizar. Trascender el aspecto contractual del consentimiento informado implica estar atentos a otras circunstancias que se presentan en el transcurso de las investigaciones y que tienen que ver con el registro de las emociones, de las angustias o de los momentos en que las personas no desean hablar o compartir determinadas problemáticas.

El trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad también pone en evidencia la complejidad (y las limitaciones) en relación con la noción de consentimiento informado sobre todo en poblaciones que padecen discapacidades mentales donde es difícil asegurar la comprensión de aquello que se pretende realizar. Los consentimientos, que en estos casos y en términos legales deberían ser solicitados a los tutores de estas personas, se contraponen con la dinámica propia de trabajo de campo donde se busca establecer un vínculo de confianza cara a cara y donde es prioritario tratar de hacer comprender y participar al otro –en la medida de sus posibilidades– de las propuestas de la investigación.

Existe una constante en los trabajos de estos autores, y es la que remite a los dilemas éticos y metodológicos que supone "inmiscuirse" en la vida de las personas que atraviesan procesos de dolor, enfermedad y/o expectativas en relación con la mejora de su salud. En este sentido, son permanentes las negociaciones que deben realizarse para conseguir la aceptación de la presencia del investigador y el tipo de intervención que se espera de él en esos espacios (lo que le es permitido y lo que no) ya sea con profesionales o pacientes. Tener o no que vestir guardapolvo blanco para acceder con facilidad a distintos sectores del hospital dando lugar a ambigüedades o faltas de explicitación respecto de la identidad profesional ante los pacientes; tomar notas en diversas situaciones de observación y consulta generando sospechas por parte de médicos, residentes, pacientes o familiares; tener que asegurar el anonimato de las notas de campo reiteradamente ante diversos interlocutores o problematizar sobre las observaciones que se realizan en salas de espera, curaciones o intervenciones cuando no se dan a conocer los objetivos que motivan la presencia en esos lugares, son algunos de los dilemas éticos y prácticos sobre los que estos autores argentinos mayormente han dirimido.

ANTROPOLOGÍA APLICADA, DEL DESARROLLO O PRAXIS ANTROPOLÓGICA

Los antropólogos argentinos que han trabajado en proyectos y programas vinculados al Desarrollo, han reflexionado con asiduidad respecto de los problemas éticos y políticos que suponen sus participaciones, intervenciones o consultorías (Colmegna y Matarazzo, 2001; Colmegna, 2003; 2005; Briones et al., 2007; Spadafora, 2002; Díaz Galán et al., 2011; Mastrangelo et al., 1998; Mastrangelo et al., 2013). La pregunta acerca de las implicancias éticas de la intervención del antropólogo en proyectos de o para el Desarrollo está estrechamente vinculada al tipo de participación (o vinculación) que se establece con esos proyectos.

Los antropólogos pueden diseñar y ser parte de la ejecución de políticas de desarrollo en base a su experiencia profesional; pueden tomar a las políticas de Desarrollo como objeto de análisis o pueden ser llamados como consultores externos para asistir, a partir de su experiencia etnográfica, en distintos proyectos y programas. Cada tipo de participación suscita dilemas éticos de diversa índole. Resumiendo los distintos aportes de los autores, se pueden enumerar diversos problemas éticos que se mencionan en relación con la participación.

Se pueden mencionar los problemas derivados de la traducción del conocimiento antropológico a un lenguaje técnico. La capacidad para negociar los tiempos, los estilos, las metodologías y, sobre todo, para traducir el lenguaje antropológico en contextos de trabajo interdisciplinarios, resulta una tarea compleja que suscita debates acerca de la pérdida o transformación de un saber disciplinar en pos de una aplicación concreta de ese conocimiento. También se encuentran los problemas ligados al uso de la información producida y a la capacidad para participar, abstenerse o denunciar los proyectos cuando los resultados demuestran que esas políticas podrían ir en contra de los intereses de las personas o poblaciones con las cuales se ha trabajado. 

Se puede detectar una dicotomía entre la intervención, la participación y el compromiso para llevar a cabo desde dentro políticas que beneficien la vida de las comunidades y el purismo metodológico de sostener una neutralidad valorativa. El problema de la intervención y sus reminiscencias coloniales es discutido por las autoras a través de una noción de sujetos históricos activos que pueden solicitar y beneficiarse de las intervenciones y de un reconocimiento del valor del trabajo antropológico como un saber que puede contribuir a la mejora de la ejecución del programa propuesto.

Se debate sobre el hecho de recibir remuneración cuando se realizan trabajos de consultorías y acerca del desprestigio que suele implicar en ámbitos académicos la participación en tales proyectos. La "expertise" del trabajo antropológico pareciera perderse cuando median contratos y partidas presupuestarias para la elaboración de informes y el desprestigio pareciera incrementarse más aún cuando los solicitantes son empresas privadas. La mediación del dinero y las sospechas respecto de la libertad del trabajo antropológico cuando los organismos o empresas tienen intereses económicos concretos en la región de intervención, son puntos centrales del debate ético en estos casos: ¿es posible trabajar y recibir remuneración de quienes muchas veces originan los conflictos, ya sea en el presente o en el futuro? ¿Quién establece los temas y prioridades de la investigación? ¿Qué posibilidades y libertades tienen los investigadores para no aceptar ofertas laborales en países donde las realidades de inserción profesional son escasas y más aún, para quienes no están en relación laboral con instituciones científicas o académicas?

Tener que firmar contratos para el desarrollo de su trabajo (sean individuales o referidos a un grupo de trabajo) no sólo posiciona a los investigadores ante un nuevo escenario sino también promueve el debate respecto de la intencionalidad de los empleadores para elegir perfiles profesionales acordes a sus intereses y no necesariamente en virtud de los antecedentes académicos. En estas circunstancias, las autoras argumentan, a partir de su experiencia práctica en diversos organismos, empresas e instituciones internacionales financiadoras de proyectos, que es más beneficioso involucrarse y poder desde adentro priorizar la perspectiva de los beneficiarios. La no intervención es considerada en sí misma un posicionamiento que renuncia a la práctica de una antropología crítica, comprometida y con posibilidades reales de aportar cambios sociales concretos.

La participación como consultor o experto también suscita, según estos autores, una redefinición en los roles profesionales e investigativos. Al imponer su agenda y sus propias temáticas prioritarias, los organismos generan un movimiento que se traduce en una reorientación de temas de investigación que repercute a nivel académico.

El pasaje de antropólogo a consultor y de poblaciones a beneficiarios no está libre de consideraciones éticas. Los dilemas acerca de la intervención; de la función social del conocimiento antropológico; del rol del antropólogo en estos proyectos; de las múltiples lealtades que se ponen en juego cuando se realizan trabajos en y para organizaciones o los posicionamientos éticos y políticos que se plantean cuando existen riesgos para las poblaciones beneficiarias, se articulan en estas autoras desde una perspectiva realista donde los sujetos son entendidos como actores activos capaces de decidir y luchar por su propio devenir. No obstante, no dejan de desconocer los dilemas y paradojas que presenta la noción de "sujetos autónomos" sobre todo en contextos de interculturalidad donde la asimetría y la desigualdad de poder, de recursos y conocimientos entre las comunidades y las empresas transnacionales es manifiesta y donde el antropólogo es intermediario, traductor, pero también cómplice o testigo según el posicionamiento que decida tomar en esas circunstancias.

Las reflexiones se hacen presentes en estos trabajos demandando que la dimensión ética sea parte de la reflexividad propia de la actividad de investigar, creando y participando de comités de ética donde los proyectos puedan ser discutidos y aprobados y dónde la participación de los proyectos de gestión puedan ser legitimados sin que medien dudas respecto de que la sola participación en los mismos ha hecho perder la identidad o hasta la integridad del profesional.

ANTROPOLOGÍA VISUAL Y COMUNICACIÓN

Las implicancias éticas de la comunicación de la producción antropológica (en sentido amplio), como los problemas vinculados con la creación y registro del material fílmico o fotográfico también han sido abordadas por distintos antropólogos argentinos. En diversos trabajos, Moya (2008); Moya y Álvarez, (2005) y Moya y Vázquez (2010), y Tello (2013) han discutido sobre distintos dilemas éticos que han experimentado quienes trabajan en antropología visual o quienes han utilizado recursos visuales como herramientas para su proceso de construcción etnográfica.

Principalmente han reflexionado sobre la dimensión ética en relación con la subjetividad y la responsabilidad del investigador en la selección de temas, personas y escenarios; en la elección de planos, voces representadas o silenciadas, y respecto de la propiedad intelectual de los registros fílmicos, fotográficos y sonoros realizados con fines etnográficos que luego pueden ser reclamados, reinterpretados o reutilizados en otros contextos.

Los procesos de negociación acerca de la pertenencia de la imagen, los alcances de su difusión; el valor que adquiere ese material (ya sea en carácter documental o probatorio) cuando trasciende las esferas del dominio privado; las correcciones sucesivas del material fílmico para construir una visión consensuada con los protagonistas como también los acuerdos (formales o informales) que hay que considerar respecto del consentimiento de las personas para la utilización a posteriori de ese material revelan un escenario en el cual los recaudos éticos sirven para anticipar diferentes dificultades que pueden presentarse durante el proceso de construcción del conocimiento antropológico.

La importancia del papel del antropólogo en la colaboración de la construcción de procesos identitarios a partir de la elaboración de material fílmico se torna más compleja a partir de la difusión cada vez más inmediata de las tecnologías, con las formas actuales de compartir la información donde los límites del consentimiento y la autorización por parte de las personas involucradas es cada vez más difusa y donde la confidencialidad puede ser deseada –o no– en relación con objetivos cambiantes de las comunidades o grupos con los cuales se trabaje.

ANTROPOLOGÍA Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Las experiencias y procesos de acompañamiento, asesoramiento, consultorías, peritajes o trabajos en coautoría de antropólogos argentinos con comunidades indígenas son numerosas y responden al compromiso sostenido durante décadas para visibilizar reclamos y tratar de construir alternativas, para que dentro de las posibilidades del diálogo con el Estado u otras instituciones, puedan obtener herramientas para decidir sobre su propio devenir.

En este trabajo solo se recuperarán sintéticamente algunos aportes de Briones (2013) y Briones et al. (2007), quien ha puntualizado sobre distintos aspectos que resultan interesantes para seguir ampliando el horizonte de representaciones sobre la ética. En un reciente trabajo, la autora realiza un profundo cuestionamiento sobre las desigualdades y asimetrías propias de la construcción del conocimiento antropológico que se ponen en evidencia más aún cuando se trabaja con poblaciones indígenas.

Según sus aportes, las prácticas éticas han intentado revertir esta asimetría a través de distintas nociones como las de confidencialidad, consentimiento informado y co-autoría, no obstante no todos los contextos y circunstancias etnográficas posibilitan el despliegue de estos conceptos.

En algunos casos se espera el reconocimiento de la autoría en vez del anonimato y a veces el consentimiento se torna ficticio cuando no se cuestionan los derechos del interlocutor para rechazar la sola presencia o intromisión del antropólogo en la vida comunitaria.

Si bien la co-autoría es planteada como una de las posibilidades más concretas para revertir la asimetría, existen limitaciones respecto de las formas de colaboración (tanto de los interlocutores como de los profesionales) que deben ser problematizadas. Es necesario cuestionar qué es lo que se espera de esa colaboración (o situación de co-autoría); respetar (o consensuar) aquello que las comunidades no desean que sea revelado o comunicado; aceptar que la colaboración puede finalizar cuando los sujetos lo decidan y que no todas las colaboraciones pueden ser convenientes o deseables. La dimensión del concepto de colaboración que retoma la autora hace foco en la reciprocidad no sólo en términos de pensar en difundir lo que se conoce para que sea de utilidad y relevancia para los mismos sujetos sino en el modo en que el antropólogo también puede "recibir colaboración" por parte de los otros para seguir problematizando sobre aquello que quiere conocer.

ANTROPOLOGÍA Y ÑIÑEZ

Distintos antropólogos argentinos han reflexionado sobre las implicancias éticas que se presentan al trabajar con niños. Hecht et al. (2009); Szulc et al. (2009) y Enriz (2011) han reflexionado sobre los cuidados, la confidencialidad y el consentimiento que debe asegurarse cuando se realizan trabajos con menores de edad. Los mismos cuidados que se proponen para con los adultos deben ser tenidos en cuenta para el trabajo con niños a lo largo de todo el proceso de investigación y en todas las instancias de interacciones que se presenten. Los niños deben ser considerados sujetos activos capaces también de decidir y reflexionar sobre el carácter de sus participaciones. Las discusiones sobre el consentimiento informado en estos casos recogen las preocupaciones de tener que mediar la aprobación a través de un adulto o de la institución que los tutela o representa.

La utilidad (o inutilidad) de obtener el consentimiento informado es cuestionada en contextos etnográficos donde la oralidad constituye un elemento con mayor validez que el texto escrito. El consentimiento en estos contextos, sugieren las autoras, es algo que debe ser construido por todas las partes intervinientes –inclusive los niños–, atendiendo al lugar donde las investigaciones se desarrollen y a las características de las poblaciones con las cuales se trabaje.

REFLEXIONES FINALES

En estas páginas, he intentado sucintamente plantear que el debate sobre la ética profesional en la antropología asume diferentes características en función de los contextos históricos, políticos y epistemológicos propios de las comunidades que los sustentan; se vehiculiza a través de distintos procesos –que pueden ser coincidentes o no con la implementación de normativas y códigos–, y que las prioridades o preocupaciones éticas siempre se renuevan cuando se da lugar a la pregunta sobre los valores, las responsabilidades y los compromisos que deben orientar y acompañar las prácticas investigativas.

Señalar, además, que existen comunidades antropológicas con tradiciones de debate sobre la ética profesional ya consolidadas, en las cuales las discusiones se dan a través de canales institucionalizados y donde las experiencias particulares, por acción u omisión de conductas éticas, son las que generalmente impulsan las modificaciones de los consensos y las normativas existentes. Como también comunidades en las cuales los debates sobre la ética nacen de experiencias de trabajo de campo que se comparten en ámbitos específicos, pero que no necesariamente se transforman en problemáticas de discusión colectiva que puedan consolidarse en normativas o guías para orientar las prácticas.

En lo que concierne a la Argentina, las preocupaciones éticas no siempre fueron formuladas desde una terminología que hoy se distinguiría como propia de la ética profesional, sino más bien, arraigadas en un deber ser político que orientó las prácticas hacia reflexiones y compromisos sustanciales con los sujetos de la investigación. Pero, la interrupción de la vida democrática en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, como el debilitamiento progresivo de las instituciones de representación profesional impactó en las posibilidades de concreción de acuerdos colectivos que recuperaran los compromisos y responsabilidades que existían como consensos tácitos y que funcionaban como entramados de articulación de los valores de la comunidad local.

La ampliación de nuevos ámbitos de acción e inserción profesional de los antropólogos a partir de la recuperación democrática y de los años de consolidación de la disciplina en el país comenzó a suscitar nuevos desafíos, problemas inéditos y dilemas éticos específicos para la disciplina, dejando también al descubierto la complejidad de no contar con criterios respaldados por las instituciones profesionales para ejercer la labor profesional. Estas experiencias pusieron de manifiesto problemas, ya sea a la hora de obtener avales éticos para poder dar curso a las investigaciones (teniendo que recurrir a la firma de profesionales de otras disciplinas); al no poder ampararse en el secreto profesional; poder ser acusados de ocultar información o de obstruir a la justicia en el caso de ser llamados a declarar respecto de situaciones que han presenciado en el transcurso del trabajo de campo; o porque no hay respaldo ni proceder institucional para denunciar comportamientos considerados impropios ya sea de colegas, empleadores o problemas que se presenten en el transcurso de las investigaciones.

Es evidente que las reflexiones de antropólogos argentinos analizadas en este trabajo dan cuenta, en términos generales, por un lado de las transformaciones en las preocupaciones éticas en la antropología en general, hoy centradas más en los compromisos o posicionamientos del antropólogo frente a lo que presencia o es testigo en una situación etnográfica y donde la noción de responsabilidad descansa en una idea de implicación ética y política individual, que no se corresponde necesariamente con un proyecto político global. También, dan cuenta de la paulatina institucionalización del discurso ético en el ámbito de las ciencias sociales, como de la permeabilidad del discurso de la ética de la investigación (cuyo modelo proviene más de las ciencias biomédicas) en las inquietudes antropológicas.

Pero también da cuenta de que estas micro reflexiones éticas (sustentadas en implicancias éticas individuales) aún permanecen separadas de macro debates éticos colectivos para la disciplina donde pueden establecerse otro tipo de consensos respecto de las prácticas, los comportamientos y las responsabilidades que puedan estar en estrecha relación con los contextos de producción del conocimiento disciplinar, las relaciones desiguales de poder que atraviesan las prácticas investigativas o con las particularidades epistemológicas del ejercicio de la antropología en el país.

Será interesante seguir indagando a futuro si la antropología en la Argentina puede dar el paso de las responsabilidades y compromisos éticos individuales a los colectivos, sin que la institucionalización de los mismos socave y encapsule las discusiones en declaraciones y normativas descontextualizadas que pierden su correlato con las particulares condiciones de producción del conocimiento que las sustentan.

NOTAS

¹A modo de ejemplo, en la antropología norteamericana, los debates han sido generalmente concomitantes con el conocimiento de casos donde habían existido comportamientos cuestionables como la participación de antropólogos en proyectos controversiales, la práctica de actividades encubiertas o la experimentación y las caracterizaciones irresponsables de poblaciones en situación de vulnerabilidad. El "Proyecto Camelot" de mediados de la década del '60; la controversia con los Yanomami a comienzos del nuevo milenio, o el proyecto de la armada "Human Terrain System" de fines de la década de 2000, han impulsado numerosos debates acerca de las responsabilidades y los comportamientos de los profesionales y el proceder institucional de las distintas asociaciones profesionales para dar respuesta a las implicancias que planteaban para la continuidad y legitimidad de la antropología.

²No es posible pasar por alto la simultaneidad de estas discusiones en la antropología con los cuestionamientos respecto de los derechos de las personas como sujetos de investigación que fueron asentados en distintas declaraciones como el Código de Núremberg (1947), la Declaración de Helsinki (1964), el informe Belmont (1979), o el de la Cioms-OMS (1982). Estos documentos –cuyos objetivos fueron asentar pautas éticas para la investigación en el área de la biomedicina– señalaban en términos generales la necesidad de que se respetara y protegiera a las personas que son objeto de las investigaciones biomédicas; que se pudieran medir los riesgos por sobre los beneficios –maximizando los beneficios y minimizando los daños o el sufrimiento al participar de las investigaciones–, pero por sobre todo que las personas otorgaran su consentimiento de forma voluntaria para participar de las investigaciones sin que mediaran coerciones o engaños.

³Según Cortina, las asociaciones profesionales son quienes deben tratar de diseñar cuáles son las buenas prácticas de la profesión, pero "no se trata de generar reglas, como de señalar qué tipo de prácticas ayudan a alcanzar la meta de una profesión y cuáles no, qué valores y principios es preciso encarnar para proporcionar a la sociedad el bien que le es debido. Porque en la profesión [...] importa recordar que es ante todo una actividad, que tiene ya una meta por la que cobra sentido y legitimidad social y que, por tanto, la tarea del colegio profesional consiste en dilucidar qué formas son más adecuadas para realizar esa actividad" (Cortina, 2000: 24).

⁴Esto no quiere decir que no hayan existido discusiones al respecto ni intentos por asentar y consensuar criterios colectivos en relación con la ética. En los boletines del Colegio de Graduados en Antropología, tanto en 1987 como en 1989 señalaban que se encontraban trabajando para crear un Código de Ética: "...en la actualidad estamos abocados al tema 'Código de Ética', entendiendo que los principios, deberes y derechos contenidos en el mismo deberán ser el fundamento de nuestro compromiso con la disciplina, nuestro compromiso con la sociedad, el resguardo y la valoración de nuestra tarea profesional en el marco de la interdisciplina. El Código de Ética, así entendido, trascenderá el hecho de ser una declaración de principios para convertirse en el pilar de nuestra profesionalidad" (CGA: Colegio de Graduados en Antropología, Boletín N° 17: 1987). En 1989 se reiteró la convocatoria a los colegas para que reflexionaran acerca del Código de Ética: "convocamos a los colegas a reflexionar sobre esta propuesta y a pesar de no haber recibido ninguna propuesta por escrito suponemos que una buena parte se hizo eco de la propuesta, por lo menos así se auscultó en encuentros y charlas informales" (CGA: Colegio de Graduados en Antropología, Boletín N° 18: 1989). Si bien el código o las reglamentaciones éticas nunca fueron elaboradas ni sancionadas, existe documentación de distintos casos en los cuales el CGA actuó de oficio ante distintas demandas en las cuales se solicitaba una resolución debido a la denuncia de comportamientos considerados faltos de ética profesional (Gazzotti, 2015).

⁵Tan solo a modo de ejemplo podrían señalarse las interesantes discusiones suscitadas en la Argentina a raíz del descubrimiento del Proyecto Camelot donde se debatía la vinculación de la antropología con el colonialismo, el origen de los fondos de financiamiento de las investigaciones que se realizaban en el país, la apropiación y utilización política del conocimiento antropológico, el "para qué y para quién" de los conocimientos producidos, el compromiso político y el énfasis puesto en la transformación, la denuncia y la crítica social (Menendez, 2010; Gil, 2011 y 2012; Guber, 2008, Bartolomé, 2007; entre otros).

⁶Para realizar este análisis se seleccionaron publicaciones de antropólogos argentinos en las cuales se debatiera sobre ética o tuvieran apartados específicos referidos a problemáticas vinculadas con la ética profesional o específicas a la ética de la investigación. El recorte temporal –que se ha centrado en trabajos realizados desde el año 2000 en adelante– se justifica en la paulatina institucionalización del discurso ético en las ciencias sociales que ha venido afianzándose cada vez más desde principios del nuevo milenio y en las formas de concebir la disciplina por parte de las nuevas generaciones de profesionales. Las distintas áreas de entendimiento disciplinar propuestas y el tratamiento diferencial de cada una de ellas se corresponde con la cantidad de material analizado hasta el momento –y que se pretende seguir ampliando en trabajos futuros– como también la disponibilidad de espacio para su tratamiento en este artículo.

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