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Avá

versão On-line ISSN 1851-1694

Avá  no.36 Posadas  2020  Epub 15-Dez-2020

 

Dossier

SABER ESPERAR PARA SANAR HERIDAS COLECTIVAS. EL CASO DE LOS CHUSCHAGASTA

Macarena Del Pilar Manzanelli1  2 

1CONICET

2Departamento de Derecho y Ciencia Política-Universidad Nacional de La Matanza

Resumen

Este trabajo[1] analiza y describe el proceso de espera de nueve años y ocho meses por parte de la comunidad-Pueblo Los Chuschagasta (actual Departamento de Trancas, provincia de Tucumán, Argentina) para que se lleve adelante el juicio que juzgó a los responsables del asesinato de su autoridad tradicional Javier Chocobar. Específicamente, muestra que la espera constituye un proceso heterogéneo, con una participación activa por parte de los chuschagastas, que al impulsar distintas acciones han sabido sortear y reconvertir la inacción del poder judicial provincial y los momentos de desgaste. Las reflexiones desarrolladas en este artículo son producto del trabajo de investigación etnográfico durante los años 2015-2019.

Palabras clave Espera; Los Chuschagasta; Conflictos territoriales; Judicialización

Abstract

This work analyzes and describes the waiting process of nine years and eight months by the community-Pueblo Los Chuschagasta (current Department of Trancas, province of Tucumán, Argentina) for the trial that judged those responsible for the murder to be carried out from his traditional authority Javier Chocobar. Specifically, it shows that waiting constitutes a heterogeneous process, with the active participation of the Chuschagastas, who, by promoting different actions, have managed to circumvent and reconvert the inaction of the provincial judiciary and the moments of exhaustion. The reflections developed in this article are the product of ethnographic research work during the years 2015-2019.

Keywords Wait; The Chuschagasta; Territorial conflicts; Judicialization

INTRODUCCIÓN

El 12 de octubre del año 2009 marcó un antes y un después para la comunidad-Pueblo[2]Los Chuschagasta. Tal como lo han relatado los y las comuneras, ese lunes feriado, al conmemorarse paradójicamente el Día de la Diversidad en alusión a la llegada de Colón a América, el terrateniente[3] Darío Luis Amín junto con dos expolicías, Humberto Gómez y José Luis Valdivieso se acercaron de manera intimidante a la cantera de lajas, ubicada en El Chorro. Al aducir ser los dueños de dichas tierras y al ser impedido el paso por los y las comuneras, abrieron fuego contra ellos, asesinando a la autoridad tradicional Javier Chocobar e hiriendo a otros tres comuneros y autoridades, Andrés Mamaní, Emilio Mamaní y Delfín Cata.

A partir de ese trágico momento, la comunidad impulsó diversas acciones tanto para exigir justicia y condena a los responsables ante el estado provincial[4] como para recomponerse y fortalecerse internamente. Este proceso de espera y lucha se prolongó por nueve años y ocho meses hasta el 28 de agosto del año 2018, momento en que se inició el proceso judicial que, finalmente, probó y declaró culpables al terrateniente y a los dos expolicías. Este trabajo busca caracterizar cómo han sido estos años de espera, al indagar en los matices y etapas que adquirió el proceso, los diversos sentidos, las distintas acciones impulsadas por los y las comuneras y la relación con el estado provincial, especialmente con funcionarios judiciales.

A continuación, detallo quiénes son Los Chuschagasta y señalo, brevemente, la forma en que llevé adelante el trabajo de investigación -que corresponde a la tesis doctoral- durante los años 2015 a 2019. Luego, presento el contexto de conflictos territoriales que derivó en los hechos del 12 de octubre del 2009. En tercer lugar, indago en cómo ha sido el proceso de espera de los y las chuschagastas, al indicar una primera etapa de espera desde el 2009 hasta el anuncio del inicio del juicio y una segunda, donde explicito cómo sobrellevaron el proceso judicial. Allí se podrán observar los vínculos colectivos que se han entretejido en la comunidad y cómo ha sido la relación con el estado provincial. Finalmente, concluyo con reflexiones acerca de lo trabajado.

LA COMUNIDAD-PUEBLO LOS CHUSCHAGASTA

La comunidad-Pueblo Los Chuschagasta pertenece al Pueblo-Nación Diaguita y se encuentra ubicada en el Segundo Distrito del Departamento de Trancas, valle de Choromoro, dentro de la micro-región Cuenca Tapias-Trancas. Sus puntos límites son hacia el noreste la Ruta Nacional N° 9 atravesada por el Río Vipos y hacia el noroeste en la Ruta Provincial 312 (km. 52 a km 12), paralela al Río Chuscha y el río Choromoro. Es una de las cuatro comunidades diaguitas del valle de Choromoro, junto a Pueblo Tolombón, Potrero Grande e Indio Colalao. Cuenta con un territorio relevado de aproximadamente 15.000 hectáreas[5].

La comunidad-Pueblo se encuentra organizada en cuatro bases territoriales: la “zona baja” o “cerro abajo”, Chuscha y La Higuera, y la “zona alta” o “cerro arriba”, El Chorro y Ñorco. Las bases Chuscha y La Higuera se hallan junto a la ruta N° 312, a 12 km de la localidad de Choromoro. El Chorro y Ñorco se ubican a 7 km y 16 km respectivamente de la primera base, Chuscha. Para llegar a éstas es necesario tomar un camino vecinal-comunal, “el camino grande” o “la huella”, tal como los chuschagastas lo llaman. Hacia el sur se encuentra el Río Ñorco y luego la localidad de Ancajuli. Hacia el oeste limita con la Comunidad Indígena de Potrero Rodeo-Grande y con la Comunidad Indígena de Tolombón.

El pueblo Los Chuschagasta se compone de aproximadamente 160 familias reconocidas y censadas que viven a lo largo de las cuatro bases. En Chuscha y la Higuera se encuentra nucleada la mayoría de la población, entre 120 y 130 familias respectivamente. En las “zonas altas” viven aproximadamente 36 familias: en El Chorro, aproximadamente 207 16 familias y en Ñorco, otras 16. Asimismo, desde el año 2002, los y las chuschagastas poseen el reconocimiento estatal a través de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidad Indígenas (en adelante Re.Na.Ci.), con personería jurídica N° 03/2002 y con el relevamiento técnico, jurídico y catastral con Resolución INAI N° 450/2014 conforme a la Ley Nacional 26.160[6].

Ilustración 1 Comunidades Indígenas relevadas en la provincia de Tucumán. Entre ellas, Los Chuschagasta. Fuente: Red de Información para el Desarrollo Productivo -RIDES-; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Octubre 2019. 

CONFLICTOS TERRITORIALES EN CHUSCHAGASTA

El motivo del episodio del 12 de octubre del año 2009 fue la constante intención de la familia terrateniente Amín de ocupar el territorio de la comunidad, particularmente la cantera de lajas, lugar donde ocurrió el asesinato. El interés por este espacio era para su uso y explotación económica. El 12 de octubre no representa un hecho aislado para los y las chuschagastas, sino que se enmarca en una trama histórica de violencia hacia ellos/as[7].

Puntualmente, los antecedentes al conflicto del 12 de octubre del año 2009 han sido numerosos. Los y las comuneras mencionan que, hacia mediados del siglo XX, los primeros miembros de la familia terrateniente Amín llegaron a Chuscha, donde comenzaron a arrendar para sacar leña, “quemar ladrillos” y dedicarse a la serrería. Una vez que “los primeros Amín” murieron, sus hijos continuaron con la división del territorio, extendiéndose hacia la zona de El Chorro y Ñorco, incrementándose los hostigamientos. Entre los distintos eventos que los y las chuschagastas recuerdan se encuentran la colocación de un portón en el camino que comunica la base La Higuera con El Chorro, impidiéndoles el paso para ir a buscar leña, bajo el argumento de que “ellos eran los dueños”. También señalaron la quema de una casa en Ñorco, amenazas y maltratos, inclusive de muerte y con armas de fuego, al momento en que los y las comuneras hacían uso de sus tierras como ocurría, por ejemplo, cuando construían cercos para la siembra. De hecho, Javier Chocobar fue intimado en varias oportunidades por el padre del terrateniente Darío Luis Amín, quien trataba a Javier de “usurpador” del propio territorio en el que -Javier- fue “nacido y criado”[8].

Los y las chuschagastas también rememoraron que, una vez ya conformada la comunidad indígena (entre los años 2001 a 2007), el trato por parte de “los Amín” se volvió más intimidatorio al no conseguir que las familias comuneras trabajasen para ellos en la cantera de lajas, lo cual derivó en que se “ensañen” con quienes conformaban la Comisión de la comunidad, como estrategia para doblegarlos.

Otras situaciones que demuestran esta trama de litigios fueron los juicios ganados entre comienzos de la década de 1980 y fines de 1990 por varios comuneros, entre ellos Javier Chocobar, ante el intento de usurpación por parte de miembros de la familia Amín. Asimismo, en el año 2013 dicha familia denunció de usurpación al comunero y referente político Ismael Chocobar y a la exautoridad tradicional Francisco Demetrio Balderrama, lo cual derivó en un juicio en el año 2019 con fallo favorable a Los Chuschagasta. Allí quedó probado, una vez más, que la familia terrateniente Amín no poseía ni posee propiedad en El Chorro, sino que, ante su afán de explotar la cantera de lajas, colocó una casilla u obrador en el predio donde ancestralmente vivían miembros de la familia Chocobar con el fin de explotarla comercialmente.

También se encuentra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 30/18 (21 de febrero de 2018)[9], el cual en las fojas 115/116 del expediente menciona el conflicto que la comunidad presentaba con el terrateniente Amín. Además, allí se señala el incumplimiento de las garantías de la Ley Nacional 26.160 que detiene los desalojos en la comunidad, que “siempre ha estado a derecho”; por lo tanto, señala que los hechos del 12 de octubre del año 2009 pudieron ser evitables.

En suma, el conflicto territorial por la cantera de lajas que derivó en el fatal desenlace del asesinato de la autoridad Javier Chocobar representó una “herida colectiva” que afectó al resto de la comunidad, con una repercusión negativa para los y las comuneras que generó una transformación en sus vidas. Uno de los motivos que responden a que dicho asesinato sea considerado como “bisagra” es, junto a la magnitud de la violencia ejercida, que Javier Chocobar fue asesinado por defender el territorio. Así lo remarcó otro de los comuneros:

acá el caso de Don Javier (…) ha sido el caso, nadie lo podía creer porque el caso de Javier ha sido… quedamos tan dolidos, de perder un ser humano acá de la comunidad y cómo y por qué, o sea, defendiendo nuestras tierras (Entrevista a comunero, 24 de julio de 2017, base Ñorco).

La metodología utilizada para realizar la investigación se basó en técnicas del trabajo etnográfico, observación participante y de entrevistas a partir de viajes a Chuschagasta desde el año 2015 (diciembre) cuando fui invitada a participar de la inauguración del espacio “Territorio de Memoria, Lucha y Resistencia Javier Chocobar”, en la cantera de lajas en homenaje a la autoridad tradicional Javier Chocobar. Luego continué viajando en estadías durante los años 2017 (julio-agosto), 2018 (enero-febrero; julio-agosto-octubre) y 2019 (enero-septiembre). Así entablé vínculos que me permitieron recorrer el territorio, conviviendo y compartiendo las distintas actividades comunitarias impulsadas y la instancia del juicio para poder comprender las prácticas impulsadas por los protagonistas en búsqueda de justicia y de fortalecimiento interno (Guber, 2011; Balbi, 2012). Asimismo, la investigación fue propuesta respetando la visión y tiempos de los y las chuschagastas. Conforme a ello, realicé la Consulta Libre, Previa e Informada en asambleas comunitarias[10].

EL PROCESO DE ESPERA COMO OBJETO DE ANÁLISIS

Los procesos de espera constituyen objetos de análisis que permiten vislumbrar, por un lado, cómo colectivos vulnerados son interpelados por sectores dominantes, estatales y privados. Por otro lado, permiten observar las acciones que éstos impulsan para hacer frente a estas situaciones, siendo activos en la espera. A partir de las investigaciones previas se pueden identificar diversas aristas para comprender el acto de esperar (Auyero, 2013; Lombraña, 2013; Ojeda, 2015; Arcidiácono y Barrera, 2018). En primer lugar, los eventos que lo originan se caracterizan por la desigualdad estructural en que personas y/o colectivos se hallan posicionados, especialmente ante jurisdicciones estatales, tales como la espera de personas de un barrio vulnerable por la resolución de una problemática ambiental por parte del Ministerio de Desarrollo Social, la determinación de jueces para que una escuela expida el título de nivel superior con validez nacional a un estudiante con capacidades diferentes, el pedido de salida transitoria o revisión médica en una cárcel, entre otras. En este caso me interesa ahondar en aquellos sucesos violentos y traumáticos vividos por pueblos originarios, donde intervienen tropos como la etnicidad que clasifican y diferencian a sectores de la población de acuerdo con atributos culturales-etnizados y fenotípicos-racializados. Estas diferencias biopolíticas se suman a la incorporación asimétrica de dichos grupos a la estructura económica-política (Briones, 2005; Katzer, 2015).

En segundo lugar, la espera se encuentra determinada por reglas y dinámicas que establecen un marco sobre cómo saber comportarse, precisamente, cómo ‘saber esperar’ en determinados espacios (Auyero, 2013). Entre los factores que intervienen se encuentran la distribución, disponibilidad, aprovechamiento jerárquico del tiempo, los comportamientos esperados hegemónicamente, incluyendo movilidades normadas y los discursos empleados con cargas morales (Lombraña, 2013; Ojeda, 2015; Carrasco, 2016). Por ejemplo, en el trabajo de la investigadora Andrea Natalia Lombraña (2013) sobre casos judiciales donde la persona acusada fue declarada inimputable, se puede identificar la condición de asimetría de poder y jerárquica de organismos estatales de poder, como integrantes del Sistema Penal, quien entre sus potestades posee la definición sobre qué conductas o comportamientos se espera de los actores, cuáles son legitimados socialmente, impartidos mediante leyes y reglas de procedimientos específicos -resoluciones, peritajes, informes-. En sintonía, la investigadora Natalia Ojeda (2015), en su estudio sobre funcionamientos, prácticas y sentidos del accionar en el Servicio Penitenciario Federal Argentino, señala que las prácticas burocráticas son tecnologías que estructuran conocimientos, comportamientos y producen rutinas de conducta en las interacciones.

Una tercera arista consiste en comprender el posicionamiento de los colectivos subalternizados en este entramado de espera, poder asimétrico y camino hacia la resolución de las situaciones negativas originales. En investigaciones como las mencionadas (Auyero, 2013; Ojeda, 2015) se indica que la espera no consiste en un proceso homogéneo, sino que los/as damnificados/as realizan diversas lecturas políticas sobre los acontecimientos iniciales, los cuales desencadenan distintas formas de encarar a estas situaciones de desigualdad. Entre los diversos significados y objetivos que emergen se encuentra la obtención de justicia que, en algunos casos, puede ser promovida por el poder judicial y/o en otros, el concepto de justicia puede adquirir otras connotaciones no necesariamente relacionadas al accionar estatal. En este sentido, también tanto los/as investigadoras Pilar Arcidiácono y Leticia Barrera (2018) -en su caso de estudio sobre el proceso de lucha y reclamos de padres de un estudiante con capacidades diferentes ante la denegación de su título secundario con validez nacional y en igualdad de condiciones- como Diego Zenobi (2014) destacan esfuerzos y acciones de coordinación entre las víctimas y un plan de lucha para alcanzar los objetivos perseguidos. En ese proceso se relacionan con otros actores, por ejemplo, provenientes del ámbito estatal y asociaciones civiles, entre los cuales no siempre se logran acuerdos sobre el abordaje de los problemas. En este accionar activo que implica la espera de la resolución judicial de una situación desfavorable también se vislumbra cómo los actores cuestionan la mirada paternalista y tutelar que el estado ejerce sobre los grupos vulnerados y subalternizados, tal como ocurre con los pueblos originarios (Carrasco, 2016).

Una última arista refiere a que los procesos de espera también ofrecen representaciones sobre los grupos interpelados. El investigador Diego Zenobi (2014), señala la distinción entre los términos politización y política. Bajo la primera noción subyace el preconcepto de que las acciones de los actores vulnerados no son políticas hasta tanto no ser intervenidas y transitar por la esfera pública-estatal y judicial. La segunda idea, política, entiende más bien sí son actores políticos de forma inherente, es decir, con capacidad de agencia por su condición de seres sociales, sin la necesidad de la intervención del estado. Dicha distinción entre los términos se vuelve sumamente relevante para el caso de estudio presentado debido a que los pueblos indígenas por siglos han sido tratados como objetos de derecho, es decir, actores no políticos relegados al ámbito íntimo-privado (Carrasco, 2000 y 2016; Briones, 2005)

En el caso de los pueblos indígenas se pueden establecer asociaciones con imágenes fantasmales (Lazzari, 2007; Katzer, 2015). Las nociones de lo fantasmal o de espectros adquieren dos sentidos. Por un lado, dichas figuras remiten a un movimiento de “algo” en agonía, evanescente, que se diluye, aunque no completamente; remite a un estado de suspensión entre presencia y ausencia (Lazzari, 2007:92). Especialmente en las investigaciones sobre procesos de reemergencias de identidades indígenas, lo fantasmal se percibe en la activación de políticas de identidad por parte de pueblos originarios organizados que buscan superar un pasado deslegitimador y negador pero que, a su vez, deben lidiar con un presente difuso, que conserva nuevas formas de invisibilidad de su identidad. Por otro lado, dicha figura puede ser entendida en tanto “ausencia radical”, experiencias que reflejan la intermitencia, el asedio entre la presencia y la ausencia que buscan escapar a las clasificaciones externas y dominantes gubernamentales. En otros términos, la imagen de lo fantasmal refiere también a la capacidad de pensar otras formas posibles de ser indígena (Katzer, 2015:35) y que, entiendo, pueden vislumbrar sobre distintos modos posibles en que actores subalternizados hacen frente a la espera de resolución de conflictos.

En síntesis, los estudios mencionados, que poseen a la espera como referente teórico y empírico (Auyero, 2013; Lombraña, 2013; Ojeda, 2015; Carrasco, 2016; Arcidiácono y Barrera, 2018) permiten iluminar sobre cómo colectivos con sus derechos vulnerados enfrentan las imposiciones e injusticias de los sistemas dominantes. De esta forma, si esperar se define como la acción de creer o conservar esperanzas de lograr lo que se anhela en situaciones de desigualdad estructural como las ocasionadas por conflictos territoriales, también conlleva reconocer los escenarios, las relaciones de poder, acciones y coordinaciones entre los actores, tanto logísticas como emocionales. En el caso que describiré a continuación, se podrá observar cómo los y las chuschagastas quienes atravesaron situaciones de litigio por el territorio -particularmente por la cantera de lajas- con la familia terrateniente Amín, sobrellevó los nueve años y ocho meses de espera para el inicio del juicio que condenó a los culpables.

LA ESPERA DEL JUICIO: ENTRE EL DESGASTE Y LA RESISTENCIA

Tras el asesinato de la autoridad tradicional Javier Chocobar, las expectativas y objetivos de los y las chuschagastas eran que el caso fuese tratado prontamente por el poder judicial de la provincia de Tucumán y que los responsables recibiesen su condena. En las conversaciones con comuneros y comuneras sobre las sensaciones que les despertaba atravesar un juicio, surgieron distintos testimonios. En éstos, si bien marcaban lo difícil y arduo que imaginaban el proceso, dado que la situación los expondría nuevamente a estar cara a cara con los terratenientes y transitar el ámbito judicial, también señalaban su importancia:

(…) Para nosotros (…) no sé, digo, yo no veo la hora que se llegue a este juicio, a pesar, no sé digo, que va a ser duro, duro para la familia, para nosotros y también para los testigos. Uno nunca digamos ha vivido esto, estas cosas, y bueno los testigos tampoco, tener ir a sentarte ahí delante de los jueces, tener los asesinos ahí. Es muy complicado, muy duro, también para la comunidad, pero también creo que es el paso más duro que hay que dar y creo que hay que hacer porque de esta forma vamos a poder salir de esto, vamos a poder estar más tranquilos (…). (Entrevista a comunero, 30 de enero del 2018, base El Chorro).

No obstante, lejos de esta situación anhelada por la comunidad el proceso de espera hasta el inicio del juicio oral, abierto y público duró nueve años y ocho meses; tiempo en que los responsables estuvieron libres. A lo largo de casi una década pueden identificarse distintos momentos y sensaciones despertadas en la comunidad: en primer lugar, el desgaste y la desmotivación; en segundo orden, la resistencia. Las consecuencias inmediatas que el 12 de octubre del año 2009 suscitó entre los y las chuschagastas fueron nuevos miedos, que los remitió a la situación de maltrato que habían vivido sus padres y familiares, y se tradujeron en desinterés y apatía por los asuntos sociales y políticos de la comunidad. Considero importante destacar que, tal como me señalaron distintos comuneros y comuneras, la comunidad se encontraba fortalecida y organizada al momento del ataque del terrateniente y de los expolicías: “(…)antes del asesinato la comunidad llegó a tener un grado de organización y de fortalecimiento muy grande (…). Cuando lo asesina a Javier, lo que es más lógico y que todos nos va a pasar es miedo”. Como se plasma en estas palabras, luego de estos hechos, el debilitamiento comunitario se reflejó en una menor participación de las bases en las actividades colectivas, entre ellas La Higuera y Chuscha, debido al temor a represalias por parte de la familia terrateniente Amín, quienes luego de los hechos de ese 12 de octubre continuaron hostigándolos, principalmente “merodeando” por El Chorro.

Los y las chuschagastas desde el primer momento y, especialmente para cada aniversario del asesinato, organizaron manifestaciones con el de visibilizarse y exigir justicia. Entre las acciones realizadas se encuentran la lectura de sus pronunciamientos públicos, transitar por espacios específicos como la Casa de Gobierno de Tucumán, Poder Judicial de Tucumán Fuero Penal, lugares céntricos como Plaza Independencia y, en algunas ocasiones, viajes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con notas con la prensa. No obstante, a medida que los años pasaban y no había novedades sobre el inicio del juicio y, a su vez, pocos medios de comunicación hacían eco de sus manifestaciones, la prolongación de la espera comenzó a hacerse sentir. En charlas con los hijos de Javier Chocobar y autoridades, sobre cómo la comunidad había vivido los momentos posteriores a aquél 12 de octubre, refirieron:

(…) Para nosotros todos, como hijos, mi mamá, ha sido muy duro después de ese 12 de octubre hasta hoy, este... todavía seguimos sintiendo este dolor porque, por ahí, para mí, a nosotros, digamos, nos da bronca, por ejemplo, con el tema de la Justicia que a veces, hacemos movilizaciones, todo eso y te dicen que sí que está todo en camino, que ya va a salir el juicio y ya son 8 años, que bueno, este… se pide justicia y no pasa nada. (…). Por ahí sí nos cansa el tema del viaje, todo eso, a veces, vas te dicen una cosa [se refiere a los abogados/as en tribunales], venís aquí, aquí pasa el tiempo, pasa y pasa y sigue en lo mismo porque eso sí más que nada, digamos, que la bronca de lo que está pasando. (…) Después de tantos años es una injusticia (…). Todos creemos que el asesino éste tiene que ir presos porque son ellos quienes han cometido esto (...). (Entrevista a hijo de Javier Chocobar, 30 de enero de 2018, El Chorro).

Como se puede apreciar en las citas, a medida que “el tiempo pasa(ba)” y la espera se extendía, las sensaciones negativas y el dolor que provocó el asesinato de Javier Chocobar se agudizaron. La preocupación, incertidumbre, bronca e indignación se estrechan con la percepción de los y las comuneras sobre el manejo del estado provincial, a través de frases como: “se pide justicia y no pasa nada” y “después de tantos años de injusticia”. Para los y las chuschagastas, los y las funcionarias del estado provincial son responsables de dilatar los procesos judiciales correspondientes y actuaron en connivencia con la familia terrateniente. Como se señala en los estudios sobre casos de judicialización de demandas de colectivos que han sido vulnerados en sus derechos, el análisis de transitar y esperar en ámbitos hegemónicos como los judiciales implica considerar a la espera como parte de los mecanismos de dominación y subordinación a determinados sectores sociales (Auyero, 2013; Zenobi, 2014). Dicha dominación se traduce, a su vez, en adecuarse a los tiempos del poder judicial y su burocracia, a lo cual se suma la falta de voluntad política de llevar adelante la causa. El esperar ilimitadamente desgasta, es visto como un “manoseo”, “algo que te ata” y “no resuelto” y denota un trato, por parte del estado provincial, de ciudadanos sin importancia, de segunda, incompletos o invisibilizados (Carrasco, 2000).

A su vez, el proceso de espera sin respuestas como una lenta agonía cobró cuerpo en términos de esfuerzos emocionales y económicos. Durante los años de espera los y las chuschagastas han realizado distintos esfuerzos, por ejemplo, como indiqué anteriormente, en realizar marchas y protestas públicas en las principales arterias de la ciudad de San Miguel de Tucumán e inclusive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de ellas implicó la planificación de los viajes hasta los tribunales provinciales, incluyendo viáticos y viandas, los cuales conllevan, como indicaron, “recorrer 75 km. de difícil acceso para venir a buscar justicia”, poniendo a disposición el tractor de la comunidad para el tramo desde El Chorro a La Higuera y de allí combinar con el colectivo hasta la capital tucumana.

El agotamiento también se plasma en las corporalidades. Entre ellas se encuentran las consecuencias psicológicas que han sufrido la mayoría de los y las comuneras. Uno de los casos que han conmocionado a la comunidad ha sido el de la ex autoridad tradicional, Andrés Mamaní, quien producto de la herida de aquel 12 de octubre tuvo que recibir diversas intervenciones quirúrgicas. Luego de permanecer meses hospitalizado con estado reservado, continuó con la lucha. Durante los nueve años y ocho meses hasta que se anunció el comienzo del juicio, Andrés asumió el rol de autoridad tradicional-cacique lo cual le representó viajar a San Miguel de Tucumán y también en algunas ocasiones a Buenos Aires, realizar trámites administrativos, entre otras responsabilidades. Los años de espera comenzaron a surtir efecto en la salud de Andrés, la cual se fue deteriorando aún más; en parte debido a que no accedía a los tratamientos médicos requeridos, entre ellas nuevas cirugías debido a que lo obligarían a no poder realizar las diligencias pedidas y presentarse ante los tribunales cuando era necesario, apartándolo así del proceso judicial y de lucha. Uno de los momentos que dejó expuesta las consecuencias de la espera fue cuando hacia agosto del año 2018, en vísperas del anuncio del inicio del juicio, Andrés debió ser internado de urgencia diagnosticado de un tumor cerebral, el cual lo alejó de la conducción de la comunidad. Los comentarios que surgieron en las asambleas comunitarias era que “el aguante y la lucha que tuvo Andrés fue hasta lograr que el juicio saliera”.

En suma, el conflicto territorial y casi una década de espera para que se realizara el juicio muestra los primeros matices de este camino de lucha. En primer lugar, el desgaste que ocasionó en la comunidad al no recibir respuestas y acciones por parte del poder judicial que dieran cuenta de que eran escuchados y considerados. A esta situación se añade la indignación, miedo y bronca dado que los responsables del asesinato de Javier Chocobar se encontraban impunemente libres. En segundo lugar, y en consecuencia el proceso de espera expone que los y las chuschagastas han sido deslegitimados por los funcionarios estatales. Deslegitimaciones que se asocian a la representación fantasmal otorgada a los pueblos indígenas, es decir, colectivos suspendidos, diluidos en la (in)visibilidad o en la presente ausencia. En otros términos, se trata de un derrotero que refleja que hay un marco de derecho que reconoce a los pueblos originarios, su preexistencia y derechos a la posesión y propiedad territorial, pero en la práctica no son escuchados (Lazzari, 2007).

EL PROCESO DE ESPERA COMO RESISTENCIA

Hacia el año 2015, la situación de desgano y desgaste imperante impulsó a un grupo de jóvenes comuneros y comuneras en El Chorro, epicentro del conflicto territorial, a planificar actividades con el objetivo de fortalecerse, revalorizarse política y culturalmente y continuar exigiendo justicia: “(…) No deja de desgastarnos también viste. (…). Lo vemos acá en Chuschagasta que bueno, tratamos que la responsabilidad y por ahí los conflictos pasen sobre lo comunitario” (Entrevista a comunero, 30 de enero del 2018, base El Chorro).

Como se puede observar en el testimonio, dicho grupo entendió que las estrategias impulsadas debían recaer sobre el “trabajo comunitario”. En este sentido, prepararon talleres internos para capacitar y reforzar el trabajo colectivo y así hacer tolerable la espera del juicio. Entre los proyectos debatidos en asambleas comunitarias se encuentran la creación del sitio “Territorio de Memoria, Lucha y Resistencia Javier Chocobar” y el “Encuentro Intercultural de Cerámica en Chuschagasta – Reafirmando la Identidad Diaguita. Inauguración del Taller comunitario”, espacios de reflexión como los ciclos de cine, organización de peñas y bingos para recaudar fondos para el juicio[11]. Estas actividades representaron un punto de encuentro donde los y las comuneras socializaban y se contenían unos a otros, además de reforzar su proceso de reconocimiento identitario e intercambiar conocimientos ancestrales. A su vez la comunidad decidió entablar vínculos con otros espacios para la realización de estos proyectos como con el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda (en adelante IMCA), el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) y con el equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)[12]. El fin era poder concretar las iniciativas contando con el apoyo de expertos en arqueología y ceramistas, que pusieran a disposición su conocimiento respetando el punto de vista de la comunidad, trascendiendo lo meramente estético y estereotipado.

Para entender la relevancia y el significado colectivo que adquirieron estas acciones comunitarias impulsadas en el proceso de espera tomo como ejemplo lo ocurrido durante la inauguración del sitio “Territorio, Memoria y Lucha Javier Chocobar”, el 12 de diciembre del año 2015. En un clima de profunda emoción con aplausos y silencios prolongados, dos de las autoridades indicaron que el asesinato de Javier Chocobar no se trató solamente de la muerte de un familiar -un padre, un primo, un tío- sino de la pérdida de un líder comunitario, de una autoridad quien, tras sistemáticas amenazas, hostigamientos y ataques por parte de los terratenientes Amín, dio la vida por defender el territorio. Este pasaje de lo íntimo-familiar a lo colectivo-público también se puede rastrear en el testimonio de uno de los comuneros:

(…) En realidad si eso no fuera así [por los trabajos de fortalecimiento comunitario], por ejemplo, la familia de Javier en este momento no estaría participando activamente de los reclamos y demás, pero porque (…) después de ocho años, vos o yo o cualquier ser sobre la tierra, perdería las ganas, sentiría cualquier acto como un manoseo ¿entendés? No crees en la justicia ya, nosotros particularmente sabemos que cuando planteamos una estrategia todo lo que tenemos que pensar o hacer tiene que ser en función de tener en cuenta que la Justicia no falla a nuestro favor, viste (…). (Entrevista a comunero, 30 de enero del 2018, base El Chorro).

Uno de los puntos relevantes es que Javier Chocobar “dió la vida por el territorio”, lo cual da cuenta de que la sangre derramada aquel 12 de octubre del año 2009 ha sido la misma que la de sus antepasados, como cientos de pueblos indígenas, en defensa de sus territorios. Asimismo, se pudo apreciar que dicha actividad, al conmemorar aquél fatídico hecho, habilitó un espacio de desahogo colectivo para poder comenzar a expresar y hacer el duelo de estas experiencias traumáticas (Ramos, Crespo y Tozzini, 2016). En este sentido, como señala Das Veena (2002) en su análisis sobre el rol del sufrimiento en la vida social, el dolor personal al ser compartido se traduce en una esperanza e identificación en común, lo que hace alivianar la angustia personal al sobrellevarla de manera colectiva.

Hasta aquí se puede apreciar también cómo los y las chuschagastas han sido activos en este proceso de espera, transformando el desgaste y la falta de participación ocasionados por la ausencia de respuestas estatales. Para ello, encararon actividades para fortalecer el trabajo orgánico de la comunidad, lo cual conllevó también a replantearse el rol que tenían sus diferentes miembros. En este sentido, se destaca el impulso de un grupo de comuneros y comuneras de El Chorro para revitalizar los vínculos con el resto de las bases y para que, a su vez, la lucha y la causa no recayera solamente en los familiares de Javier Chocobar sino que sea elevada como emblema de resistencia colectiva. Las distintas actividades dan cuenta que la comunidad se revitalizó hacia su interior y que, a su vez, entabló nuevos vínculos con otros actores. Esto les permitió continuar en la lucha e identificar que, si bien, el objetivo de alcanzar el juicio continuaba siendo el principal motor, también emergió el valor de los trabajos autogestivos, más allá del accionar del estado. Así, estos proyectos conjuntos representaron espacios de encuentro y reflexión, donde al ser recordados los sucesos, renarrados y compartidos, se han generalizado, reelaborado y resignificado como colectivos.

LA ESPERA DURANTE EL JUICIO

Finalmente, luego de nueve años y ocho meses de espera los y las chuschagastas se enteraron de que el momento tan ansiado finalmente había llegado: se había establecido la fecha de inicio del juicio abierto, oral y público para el día 28 de agosto del año 2018. La noticia generó que, esta vez, tuviesen que ahondar en contar y probar públicamente sobre lo acontecido aquél 12 de octubre del año 2009. Aquí emerge la última fase del proceso de espera: el tiempo de duración del juicio para alcanzar la sentencia final que condenase a los responsables.

Encuentro importante señalar que esta nueva instancia judicial marcó un cambio de clima, al movilizar y despertar en la comunidad y en quienes la estábamos acompañando sensaciones encontradas. Entre ellas, alegría -dado que, como se expone, esperaron mucho tiempo este momento- pero también nerviosismo, angustia e incertidumbre ya que los y las comuneras debían nuevamente recordar lo sucedido, aquello que aún resultaba costoso y doloroso de expresar y que esta vez sería ante un tribunal que los observaría y juzgaría de acuerdo con la lógica de un Estado de Derecho (Foucault, 1975). Este nuevo clima imperante fue, en lo personal, conmovedor, dado que cobró forma lo que reiteradas veces anhelaban los y las chuschagastas “el día que salga el juicio”, fruto de la lucha, que aún con sus altibajos fue constante. Lo dicho coincide con lo expresado por el investigador Javier Auyero (2013), “algo que está a punto de suceder y mientras tanto la gente sigue esperando”.

Ante este nuevo escenario, los y las chuschagastas se reunieron en asambleas comunitarias para definir cuál sería su posición pública tanto durante los días previos como en el comienzo de juicio por el asesinato de Javier Chocobar (agosto-octubre 2018). El objetivo era prepararse emocionalmente y ganar confianza y valor en sí mismos para atravesar dicha instancia judicial. Una de estas asambleas fue a comienzos del mes de agosto, catorce días antes del comienzo del juicio, donde una de las autoridades remarcó la unidad y fuerza de la comunidad que ha luchado desde el primer momento. Luego, trabajaron en el armado del pronunciamiento que como comunidad darían a conocer al momento de inicio del juicio y en las estrategias que emplearían para visibilizar su lucha[13]. El clima que imperó en esta asamblea fue, por un lado, de angustia y dolor al revivir el hecho y estos años de espera para llegar al juicio; por otro, se notó la valentía y emoción de la comunidad mostrando que sigue en pie y resistiendo.

La descripción de las primeras jornadas del juicio permite vislumbrar qué significa ser paciente al transitar el ámbito judicial, tanto por tener que respetar los procedimientos judiciales y por tener que adecuarse al tipo de comportamiento esperado, el cual incluye qué movimientos y qué léxico son permitidos. En charlas con los testigos me indicaron que las audiencias iniciales fueron “muy duras y muy fieras” principalmente al tener que volver a ver a los responsables y al tener que entender el lenguaje experto-judicial, tales como las preguntas que se realizan antes de declarar, y, principalmente, el interrogatorio que sobreviene a la exposición de cada testigo. Entre las declaraciones los testigos indicaron que debían permanecer aislados, no podían escuchar nada y la espera se hacía interminable. También expresaron en varias oportunidades que debían ingresar al recinto acompañados/as de oficiales de la policía, ser pacientes y, principalmente, no mostrar descontento cuando los funcionarios judiciales argumentaban no entender cómo hablaban, sus expresiones, o les pedían que levanten la voz de forma despectiva, reflejando así vicios sostenidos -y deliberados- por incomprensión cultural del otro en relación con las valoraciones sociales sobre los atributos culturales de quienes participan de juicio (Lombraña, 2013; Carrasco, 2016: 19), lo cual aumentaba la tensión.

Asimismo, los y las comuneras describieron a los cincuenta y ocho días que duró el juicio como “eternos” debido a que también debieron atravesar las dificultades que implicaba el viaje desde El Chorro y la Higuera hasta los tribunales. Ello exigía levantarse muy temprano, antes que amanezca, y viajar por horas en condiciones poco cómodas. Luego, una vez llegados a la ciudad, debían aguardar al comienzo de la sesión, donde los y las comuneras acompañantes que no atestiguaban, debían aguardar afuera de la sala. Ellos y ellas también narraron que el día se hacía muy largo, teniendo que lidiar con las miradas prejuiciosas del personal y del público general del juzgado, por ejemplo, al momento de tener que almorzar allí sus viandas que llevaban para abaratar costos. Considerando esta fuerte carga emocional que implicaba la espera y el ser pacientes, para poder sobrellevar este duro tramo, los y las chuschagastas organizaron más reuniones para darse ánimo, para poder contenerse, llorar en conjunto y abrazarse, lo cual los y las fortaleció comunitaria y políticamente al profundizar sus acuerdos colectivos para seguir adelante y afrontar la instancia judicial.

A medida que el juicio avanzaba, y especialmente al llegar el momento de los alegatos, la comunidad también se mostró activa al trabajar a la par de los/as letrados/as. Entre las acciones impulsadas se encontraban brindar información sobre su historia y memorias colectivas en torno a los desalojos y atropellos sufridos, sobre su posesión ancestral en el territorio, su cultura y su identidad. Todos puntos importantes que no debían ser soslayados dado que se trataba de una audiencia única donde la comunidad podía realizar su descargo ante jueces, fiscales y funcionarios judiciales sin ser interrumpidos. Así lo expresó uno de los comuneros que tomó el rol de vocero:

(…) Fue un error nuestro por dejar que el proceso lo lleven adelante los abogados y no solamente que no tiene que ser así, sino que no tiene que volver a pasar en ninguna comunidad (…). Hay que cuestionar un montón la labor jurídica y es difícil porque son cosas que no entendés palabras que no entendés, entonces alguien tiene que ponerse a leer, a traducir, a traducir los conceptos jurídicos y poder problematizar (...). Nosotros le brindamos material, (…) les brindamos cosas como para darle sustento (…). Era el momento para hablar y no te pueden cortar en el alegato (...). (Entrevista a comunero, 05 de enero de 2019, base El Chorro)

Como se muestra en el testimonio, la comunidad no podía dejar nuevamente su destino en manos de “otros”. Para los y las chuschagastas estos “otros” han sido distintos actores que han tomado la voz por ellos, abogados/as, la academia y/u organizaciones sociales y políticas. Para revertir esta situación, tras nueve años y ocho meses de lucha, de preparación y fortalecimiento colectivo e identitario, e inclusive como lo denominaron de “sanación colectiva”, la comunidad tomó la voz en primera persona ya que lo que se encontraba en juego era nada más y nada menos que obtener un fallo favorable y, por lo tanto, condena hacia los responsables del asesinato de Javier Chocobar.

REFLEXIONES FINALES

A lo largo del presente artículo presenté el proceso de espera de la comunidad Los Chuschagasta, detallando distintos momentos desde aquel 12 de octubre del año 2009 hasta que se dictó condena a los responsables (octubre del año 2019). Como mostré, la espera surgió en un contexto de conflicto territorial producto de una trama histórica de avasallamientos, la cual llegó a su pico máximo de violencia al asesinar a Javier Chocobar. Este hecho simbolizó una “herida colectiva” que afectó drásticamente a toda la comunidad marcando un antes y un después y la impulsó a encarar un arduo camino para llegar al juicio.

El proceso de espera lejos de poder ser caracterizado como homogéneo, presentó matices. En los primeros años, sobresale un período de desgano, angustia y desgaste producto de la falta de respuesta del poder judicial provincial. Las ilusiones que prosperaban luego de las reuniones con abogados/as en la capital tucumana, se desplomaban al saber que la causa continuaba sin cambios. De esta forma, la espera como producto del olvido y de la falta de reconocimiento del estado constituye un acto de ejercicio de poder que asegura la sumisión y la obediencia. Así, la representación de los y las chuschagastas coincide con la figura fantasmal (Lazzari, 2007), es decir, colectivos en borradura para el poder dominante -ausentes-, pero que padecen en su presente diario las consecuencias del mal accionar estatal.

Hacia el sexto aniversario del asesinato de la autoridad Javier Chocobar, un grupo de comuneros y comuneras impulsó actividades tanto para realizarle homenaje como para fortalecer a la comunidad y reanimarla a continuar con la lucha y resistencia. En esta etapa se puede apreciar el trabajo de coordinación entre las distintas bases mediante la organización de asambleas comunitarias. El objetivo era lograr, en primer lugar, revertir el ánimo negativo y fomentar la participación y el interés de forma tal que los comuneros y comuneras comiencen a sentirse más familiarizados y conectados entre ellos y ellas. En segundo lugar, buscaron promover la causa judicial como motivo de lucha colectiva, al evitar que se reduzca al ámbito familiar-intimo. Asimismo, se evidencia que la comunidad comenzó a interactuar con otros actores como organizaciones civiles y universidades. La coordinación para realizar las actividades descansó en una perspectiva de respeto a las decisiones de la comunidad, evitando reproducir tratos paternalistas y folclorizados hacia ellos como ocurre en el discurso de gran parte de los actores dominantes.

Finalmente, identifico la espera durante los cincuenta y ocho días que duró el proceso judicial, donde los y las chuschagastas han tenido que adecuarse a las condiciones y reglas impuestas por el ámbito judicial, a su lenguaje, movimientos y comportamientos. Transitar dicho espacio fue muy duro y movilizador, principalmente durante las primeras jornadas. No obstante, se volvieron a mostrar activos al realizar asambleas como espacios de desahogo colectivo y de respaldo emocional y al planificar acciones de visibilidad y de fortalecimiento identitario, comunitario y político. En otras palabras, el proceso de espera relatado no sólo refleja el “saber esperar” y, por lo tanto, adecuarse a los requisitos judiciales, sino también su capacidad política activa como sujetos de derecho y político resilientes. En este sentido, el camino andado, los espacios colectivos promovidos, desde la inauguración del sitio “Territorio de Memoria, Lucha y Resistencia Javier Chocobar” y el Taller Comunitario de Cerámica, entre otras acciones comunitarias, les permitieron, por un lado, iniciar un proceso de “sanación colectiva”, lo cual alude al valor político de la capacidad de resiliencia por parte de los y las chuschagastas en tanto comunidad. En términos de Das Veena (2002), dicha capacidad de resiliencia colectiva-política refiere a que el dolor personal al ser compartido se traduce en una esperanza e identificación en común. Significa que implicó romper el silencio y expresarse acerca de lo sentido, no sólo entre los y las mismas comuneras, sino, a su vez, para poder dar testimonio públicamente tanto en sus pronunciamientos y actividades de difusión como en las declaraciones ante el tribunal; cuestión no menor en colectivos que históricamente han sido invisibilizados y silenciados. Asimismo, esta capacidad de “sanación colectiva” como acción política remite a las ideas trabajadas por Diego Zenobi sobre que los actores son inherentemente políticos, es decir, dejando sin efecto la dicotomía entre esferas íntimas privadas y otras públicas-políticas. Por otro, se destaca el posicionamiento activo que los y las comuneras han tenido durante el proceso de espera, y como mencioné, que ante la situación de desigualdad histórica-en este caso, de reproducción de una vulneración de derechos y subalternización de Los Chuschagasta por parte de entes estatales- se alzan como sujetos políticos que reclaman, exigen y demandan justicia y cuestionan el rol paternalista estatal.

El proceso de espera durante casi diez años generó aprendizajes: ´saber esperar´ para los y las chuschagastas implicó tomar las riendas en la búsqueda de llegar al juicio y en ese camino también fortalecerse internamente. Sus trabajos autogestivos, inclusive al tejer redes con otros actores no estatales, reflejan otras formas posibles de continuar en la lucha, al revertir las consecuencias negativas de la omisión por parte del poder judicial tucumano e inclusive extendiendo la noción de conseguir resultados justos por fuera del ámbito hegemónico judicial. De esta forma, gran parte del proceso de sanar esa gran herida colectiva debía recaer sobre ellos. Estas consideraciones serán sumamente importantes para encarar “otras nuevas esperas” como que la condena a los asesinos adquiera finalmente sentencia firme.

REFERENCIAS

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[1]Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y los proyectos de investigación CyTMA2 DER-044 y PROINCE D044, provenientes del Programa de la Investigación Científica, Transferencia de Tecnología e Innovaciones de la Universidad Nacional de la Matanza y del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias, respectivamente.

[2]Indico comunidad-Pueblo ya que se trata de colectivos autoadscriptos como indígenas que se encuentran registrados en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci), conforme a la Ley Nacional 23.302, perteneciente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y cuenta con personería jurídica. No obstante, sus miembros se autoidentifican bajo la categoría Pueblo, marcando así una distinción entre la forma en que son categorizados desde el estado nacional y provincial (como comunidades indígenas) y sus formas preexistentes organizativas e identitarias (Manzanelli, 2020). Al formato itálica lo empleo en los casos de expresiones y categorías dichos por los y las chuschagastas.

[3]Terratenientes es una categoría usada por los y las chuschagastas para referir a familias no indígenas que históricamente han buscado usurpar sus territorios acompañando de situaciones de hostigamiento y violencia psicológica y física.

[4]El término estado se encuentra escrito en minúscula en alusión a las ideas de Philip Abrams (1988), quien indica que es necesario desmitificarlo. El autor señala la distinción entre las nociones de “idea-estado” y “sistema-estado”. La primera alude a los sentidos omnipresentes, de unicidad y neutralidad que toma el “Estado” como fuente de legitimidad totalizadora; mientras que la segunda refiere a entender al “estado” como un conjunto heterogéneo de actores, organigramas, sectores y prácticas.

[5]Por su parte, Pueblo Tolombón (con personería jurídica -PJ- N.° 053/2001 y relevamiento territorial N.° 576) contiene 41.600 hectáreas y aproximadamente 300 familias; Indio Colalao (PJ N.° 033/2011), 125 familias y un extenso territorio,aún sin relevamiento concluido, pero con ocupación en parte de la actual Villa de San Pedro de Colalao -sector urbanizado- y luego en zonas como Riarte Norte, Montebello, Estancia la Esquina, Ovejería, Las Cumbres, entre otras. La comunidad Potrero Rodeo Grande (PJ N.° 040/2003) se encuentra conformada por alrededor de 103 familias en un territorio cuya extensión es de 23.000 hectáreas (Arenas y Ataliva, 2017).

[6]Ley Nacional 26.160, sancionada en el año 2006, declara “la emergencia de la posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas originarias” y suspende todos aquellos actos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. Para ello, estableció mediante la Resolución 587/2007 el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.Ci.) que dictamina la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial al considerar a las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas con personería jurídica debidamente inscriptas en el Re.Na.Ci. u organismos provinciales competentes. Dicho relevamiento consiste en uno de los requisitos necesarios para que el estado nacional y provincial titularice las tierras y territorios. Ante la falta de su cumplimiento debió ser prorrogada en tres oportunidades, tras la lucha y reclamo de los pueblos originarios. En primer lugar, en el año 2009 mediante la Ley Nacional 26.554; luego en el año 2013 (Ley 26.894), y la última, en el año 2017 (Ley 27.400), con vigencia hasta el 23 de noviembre del año 2021. En la provincia de Tucumán, el Programa de Relevamiento Territorial se efectuó en dos etapas, durante los años 2009-2010 y 2011-2013. Durante la primera instancia, el gobierno provincial constituyó una Unidad Provincial (UP), la cual debía articular mediante convenios con el Consejo de Participación Indígena, con un representante del gobierno provincial, con el Equipo Técnico Operativo (ETO) y con la Universidad Nacional de Tucumán. Durante la segunda, trabajó el INAI con la Defensoría del Pueblo de Tucumán (DPT) (Arenas y Ataliva, 2017). En esta segunda etapa se realizó el relevamiento territorial de la comunidad Los Chuchagasta.

[7]Un recorrido de larga duración, desde el periodo colonial hasta la actualidad, permite comprender el proceso de subalternización que han atravesado los pueblos diaguitas, entre ellos, Los Chuschagasta. Su conquista comenzó con la llegada de los españoles a la actual provincia de Tucumán hacia el año 1534 (en su momento Gobernación del Tucumán, que incluía las jurisdicciones de Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Córdoba, Catamarca, Salta y posteriormente Jujuy y La Rioja) (Lorandi, 1988). En el año 1660, los diaguitas fueron derrotados en las denominadas Guerras Calchaquíes tras una férrea resistencia de ciento treinta años (Lorandi, 1988; Noli et al., 2015). El pueblo Chuschagasta, al igual que Tolombón, una vez vencido, fue extrañado desde el Valle Calchaquí hacia el Noreste de la Gobernación de Tucumán en los curatos de Trancas y de Colalao -cuenca Tapia-Trancas, valle de Choromoro- (Calizaya et al., 2015; Noli et al., 2015). Los y las chuschagastas fueron encomendados/as en los denominados Pueblos de Indios, donde sirvieron como mano de obra de sus encomenderos en labores agrícolas y ganaderas (López, 2006; Rodríguez, 2011; Boixadós, 2012). Mantuvieron el acceso a tierras comunales en la zona homónima hasta el siglo XVIII, cuando fueron fraccionadas por los primeros terratenientes de la zona de apellido Alurralde (Rodríguez, 2011; Noli et al., 2015). A pesar de haber sido invisibilizado y deslegitimado, investigaciones historiográficas demostraron su existencia y continuidad de antaño en el territorio mediante la mención “pueblo de indios de Chuscha” en registros de encomiendas y padrones eclesiásticos del siglo XIX (Noli et al., 2015).

[8]Resulta importante considerar, por un lado, que los y las integrantes de las familias comuneras, como el caso de las implicadas en el conflicto del 12 de octubre del año 2009 -Chocobar, Cata y Mamaní-, son “nacidos y criados” en Chuschagasta -lugar donde actualmente viven-, al igual que sus antepasados. Por otro, es necesario recordar el contexto institucional-jurídico en tiempos anteriores a la década de 1990: de ocultamiento y negación de la identidad indígena donde los mal llamados “indios” eran tomados como objetos de derecho y bajo relaciones de explotación. A partir de mediados de la década de 1980, emergió un marco jurídico que, tras la lucha de los Pueblos, los reconoció como sujetos de derecho, preexistentes a los estados nacional y provincial, con derecho a su identidad, a la propiedad comunitaria indígena, a una educación bilingüe e intercultural tal como se refleja en el corpus normativo conformado, entre otras, por la mencionada Ley Nacional 23.302, que creó la figura etnogubernamental de las Comunidades Indígenas, la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Artículo 149 de la Constitución provincial Tucumana, entre otras (Arenas y Ataliva, 2017; Manzanelli, 2020).

[9]Este fallo se obtuvo luego de que la comunidad apelara la decisión judicial anterior que no condenaba el intento de desalojo que tuvo la comunera, Isabel Cata, por parte de otra familia terrateniente de apellido Chiarello en Ñorco.

[10]La Consulta Libre, Previa e Informada establece un diálogo intercultural entre los pueblos originarios y otros actores -estatales, académicos, organizaciones civiles, etc.- con el fin de determinar si aprueban o no la realización de proyectos sobre temas que les afectan directa o indirectamente. De esta forma, requiere de su conformidad, información oportuna, transparente y adecuada. Para ello, resulta importante que, en este caso, la investigadora, presente su plan de investigación en asamblea comunitaria y quede a disposición de lo que resuelvan las comunidades (si permiten o no realizar la investigación). El respeto a este procedimiento es fundamental ya que implica reconocer el derecho de autodeterminación que poseen los pueblos originarios en tanto sujetos de derecho y políticos y el ejercicio crítico del proceso de interculturalidad. Además, la Consulta Libre, Previa e Informada constituye un requerimiento legal establecido también por el derecho indigenista como se muestra en el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT y en la Ley Nacional 25.517 “Restitución de restos mortales a comunidades indígenas” (2001).

[11]Estas actividades incluyeron la colocación de mojones -piedras erguidas- tanto en la cantera de lajas como a lo largo del territorio y la construcción de un mural en el Taller Comunitario de Cerámica Javier Chocobar, decorados con diseños que forman parte de la cosmovisión diaguita.

[12]Para la realización de los proyectos mencionados trabajaron de forma conjunta con ceramistas del IMCA (ubicado en la localidad de Avellaneda, Buenos Aires). La relación con dicho instituto fue iniciada hacia mediados del año 2014 por una comunera, quien es egresada de dicha institución. Luego de asambleas comunitarias en el territorio, los y las chuschagastas decidieron que ella se contactara con los directivos/as y alumnos/as para proponerles participar del proyecto para señalizar el territorio. También se vincularon con el equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Matanza, desde el año 2012, organizando encuentros para conversar sobre la iconografía a plasmar en los mojones y la definición de las figuras que se enseñarían en cada taller durante las Jornadas Interculturales del Taller Comunitario de Cerámica Javier Chocobar. El nexo con la organización política-territorial ENOTPO surgió por medio de una de las comuneras-referentes que lo integra, apoyando a las actividades para el fortalecimiento identitario-territorial, para exigir justicia y difusión de la causa judicial.

[13]Entre las acciones que los y las chuschagastas organizaron se encuentran, hacia el inicio del juicio (año 2018), la publicación de un pronunciamiento en su propio portal web https://www.facebook.com/loschuschagasta.justiciaparajavierchocobar.7. Asimismo, han solicitado la adhesión y replica de su pronunciamiento a múltiples organismos de Derechos Humanos a nivel nacional y provincial, ONGs, partidos y agrupaciones políticas y organizaciones civiles y sociales tales como La Poderosa, Resistencia Villera; Susana Trimarco, madre de Marita Verón el Partido Miles Capital; Fundación Servicio Paz y Justicia 1974-2018; el Instituto de Ciencia Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Matanza, APUBA; Cosecha Roja; Campaña Nacional contra la Violencia Institucional; Secretaría de Derechos Humanos de la CTA; CORREPI Organización; Poder Popular; entre otras. A su vez, diversos organismos han difundido sobre el caso tal como se puede observar en los siguientes links: https://www.territorioindigena.com.ar/Casos?id_conflicto=74; https://www.cels.org.ar/web/2018/08/justicia-por-javier-chocobar/; https://latinta.com.ar/2020/07/chuschagasta-justicia-contra-pueblos-originarios/

Recibido: 06 de Junio de 2020; Aprobado: 15 de Diciembre de 2020