Lo que hace que la pandemia de COVID-19 no tenga precedentes no es el virus, sino las políticas que se implementaron para contener los contagios (traducción propia de ^{Caduff, 2020}: 476). Considerando la escala de propagación y letalidad entonces estimada de la enfermedad, así como la magnitud del pánico y el alcance de las respuestas necesarias, la lectura que se impuso, en momentos de alto dramatismo, fue que la salud global dependía de que cada estado afrontase la situación fronteras adentro. Al punto que ^{Ecks (2020)} ha planteado el nacimiento de una biopolítica radical, en la que se requirió en consenso moral supranacional mundial que los estados copiaran entre sí estrategias más o menos temerarias de control sobre la circulación y la vida social en colectivo (^{Ferguson et al., 2020}). A pesar de que estrategias basadas en el testeo masivo y rastreo de contactos estrechos fueron valoradas por la Organización Mundial de la Salud, las opciones por “intervenciones no farmacológicas”, como los lockdowns, se propagaron entre países. Ello ocurrió, sin evidencias científicas suficientes y sin considerar sus consecuencias sociales, políticas y económicas; cuestión que tendió a agravar la situación con la implementación de versiones nacionales de las políticas de prevención en sociedades altamente desiguales como las que nos ocupan (^{Caduff, 2020}: 470).

Desde 2020, en el cono sur de América, la pandemia persiste con altos indicadores de morbilidad y letalidad; al mismo tiempo, desnuda la fragmentación, privatización y desfinanciamiento de la salud pública y el cuidado que han persistido re-convirtiendo los mandatos del Consenso de Washington, en una economía que genera empleos crecientemente precarizados.

La expresión Améfrica Ladina, acuñada por la intelectual afro-brasilera Lélia ^{Gonzalez (1988)}, subraya la latinidad de nuestra región, es decir sus vínculos en subalternidad con Europa, que podemos hacer extensivos al resto del llamado Norte global, sin dejar de lado la participación de otras poblaciones como las amerindias y de origen africano, reivindicando lo que está por detrás de las desigualdades históricamente constituidas: la poscolonialidad como mestizos, como negros, como originarios^[1].

De la obra de Gonzalez sobre su condición de mujer intelectual y negra en Brasil, nos parece relevante recuperar para el presente su singular lectura autobiográfica de la praxis femenina, como acción cotidiana y política, durante los hechos sociales estudiados: ante la reorganización del cotidiano y lo doméstico por confinamientos, toques de queda o aislamiento, fue desde esos espacios de subalternidad que el género y las condiciones de opresión ganaron protagonismo. Organizando o cocinando en ollas y comedores comunitarios, reconciliando cuidado doméstico con trabajo rentado, los roles patriarcales de género reescribieron lo viejo en el nuevo orden pandémico, en un contexto donde el feminismo en las calles de Argentina avanzaba hacia la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y en Brasil se visibilizaban, por acción de las mães de micro^[2], las relaciones entre los procesos de salud-enfermedad, los derechos reproductivos y el virus Zika (^{Diniz, 2016}; ^{Reis Castro, Oliveira Nogueira, 2020}).

La pandemia de COVID-19 es una luctuosa experiencia global cuyo estudio sociológico y etnográfico nos permite, si somos capaces de abarcar su diversidad y particularidades, dar cuenta de las desigualdades estructurales en el mapa sanitario regional. En este sentido, los artículos que componen el dossier pueden leerse en dos claves: una temática, donde se abordan géneros, grupos de edad, comunidades originarias, nacionalidades migrantes, discapacidades y condiciones de vida en general, y otra, donde se alude transversalmente a cómo tuvieron lugar y qué efectos produjeron, por acción u omisión, las políticas de testeo, rastreo, aislamiento y lockdown en una ciudad, región o país a causa de la circulación del SARS-CoV-2.

En América del Sur, la velocidad de los contagios, la desigual preparación de los sistemas de salud a nivel local o nacional y la disponibilidad diferencial de insumos para el diagnóstico marcaron, junto al signo político de los gobiernos, las estrategias sanitarias implementadas entre marzo y noviembre de 2020. En este sentido, el dossier refiere a dos países con diferencias sustantivas: Brasil y Argentina.

En Brasil, un gobierno neoliberal de derecha con inclinaciones fascistas se comportó como promotor de la circulación del agente patógeno de la pandemia. El gobierno de Jair Messias Bolsonaro, priorizando objetivos económicos, alentó su propagación en pos de la denominada “inmunidad de rebaño” (^{Ventura, Aith, Reis, 2021}):

“La incitación al contagio tuvo como principales pilares la diseminación de la falsa creencia de que existe un tratamiento precoz de la enfermedad y la promoción de la violación de medidas sanitarias básicas -como el distanciamiento físico y el uso de barbijos-, agravado por la constante banalización del sufrimiento y la muerte” (traducción propia de ^{Ventura, Aith, Reis, 2021}: 23).

Este plan fue acompañado por declaraciones públicas presidenciales en un estilo retórico minimizador, profético y despectivo respecto del sufrimiento, la enfermedad y la misma muerte (“uma gripezinha”, “sou Messias, mas não faço milagre”, “todos nós iremos morrer um dia”^[3]). En respuesta a esta situación, comenzó un proceso de organización política y afirmación colectiva, del cual surgió la caracterización del plan del gobierno como un genocidio. La ciudadanía recurrió a esta categoría para visibilizar que el derecho a la salud y la vida dejaron de ser objeto de políticas públicas, vulnerando derechos humanos. De este proceso resultó la creación de la Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (AVICO)^[4] y del Frente pela Vida^[5], una articulación de organizaciones de profesionales de la salud pública y la sociedad civil, entre otras.

Ante la ausencia de una estrategia federal coordinada de control de los contagios orientada a la reducción de casos y óbitos, primó una combinación desastrosa entre un presidente genocida y la conducción del Estado por agentes del capital económico. Por todo el país, en estados (el equivalente a las provincias en Argentina) y municipios, se multiplicaron comités de gestión de la pandemia, compuestos por políticos locales con sus asesores y representantes de los intereses corporativos de la industria y el comercio. La gestión de estas comisiones se dio en un contexto de expansión de teorías conspirativas y negacionismo científico y judicialización de las medidas de prevención (^{Biehl, 2021}), lo que implicó la convocatoria en menor número de expertos de las ciencias biológicas y de la salud, cuya palabra fue desvalorizada y su influencia, disminuida. Entonces, en Brasil la idea de riesgo fue construida, operada y distribuida por aquellos que estaban en condiciones de protegerse y no por quienes estuvieron efectivamente expuestos en sus rutinas.

La gestión de la pandemia en ese país resultó, con diferencias regionales y locales, en una guerra tecnocrática entre virus y mercado. Es así que, en tiempos de ataques sin precedentes a los derechos humanos, el gobierno y los representantes de la industria y el comercio tienen más de medio millón de muertes en su haber.

Aunque Argentina es también un país federal, la contención de la pandemia se gestionó centralizadamente con el liderazgo del estado nacional. A la llegada de los primeros casos importados (viajeros desde Europa), la primera política adoptada fue el aislamiento en sus domicilios. Sin embargo, una mezcla de negligencia personal y demora en la manifestación de síntomas en los casos índice implicó una transición sostenida hacia la circulación comunitaria del virus. Entre marzo y abril, mientras los contagios se dispersaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Resistencia (capital de la provincia del Chaco), y en virtud de su propagación en barrios populares, se implementó un plan de testeo, rastreo de contactos estrechos y aislamiento masivo, especialmente intenso en barrios pobres y asentamientos. A medida que la demanda de diagnósticos aumentaba, la gestión masiva de los aislamientos se complicó burocráticamente, muchas veces incrementando la incertidumbre y otras tantas, vulnerando derechos.

Paradójicamente, las políticas de prevención se sintetizaron con el eslogan #Quedate en casa, mientras que los territorios urbanos donde tuvieron que intensificarse los testeos fueron justamente sectores con viviendas y servicios públicos deficitarios, donde el hacinamiento y condiciones estructurales precarias de acceso al agua potable limitaban la prevención, por lo que se crearon dispositivos colectivos de aislamiento fuera de esos barrios.

A favor de la intervención del gobierno nacional de Alberto Fernández en la gestión de la emergencia sanitaria, se destaca el apoyo financiero a intervenciones no farmacéuticas que incluyen desde el desarrollo local de mascarillas con tela nanotecnológica, kits diagnósticos, tratamientos con plasma inmune de convaleciente y con suero equino hasta una vacuna original. También se implementaron medidas de asistencia social como incrementos en la entrega de alimentos a comedores comunitarios, apoyo económico para compensar salarios perdidos por las restricciones de circulación (turismo, gastronomía) o el distanciamiento (peluquería, servicios personales) y apoyo a familias sin empleo o con asistencia social previa. Sin embargo, estas acciones resultaron muy limitadas para compensar el hecho que el lockdown no interpretó: la contigüidad urbana inscribe territorialmente la estructura de clases sociales, que explica la explotación, pero también las redes que permiten la reproducción social. Fueron curiosamente estas ciudades como Buenos Aires, con un abastecimiento alimentario dependiente y millares de trabajadores informales autónomos de ingreso diario, las que mantuvieron restricciones a la circulación por más tiempo.

Con o sin trabajo, la línea de montaje del cuidado de personas en cada espacio doméstico sufrió una sobrecarga exponencial. Desde profesionales en barrios acomodados hasta amas de casa en barrios populares, especialmente las mujeres vimos intensificada la doble jornada laboral con el trabajo en domicilio.

Con todo esto, ni en Brasil ni en Argentina, aun cuando esta miríada de problemas se expresaba en el cotidiano, se consultó a investigadores de las ciencias humanas y sociales, líderes comunitarios o representantes de la clase trabajadora en cuanto a las políticas de prevención a ser adoptadas. Por ejemplo, el regreso a las clases presenciales, pero también la educación a distancia, evidenciaban que la pandemia y las medidas requeridas para superar los contagios eran un hecho social, que excede lo biológico o lo sanitario e incide sobre las relaciones de trabajo, la desigualdad y la exclusión.

En lo que respecta a los temas, los artículos del dossier no abonan la perspectiva hegemónica de analizar la pandemia en función del recuento diario de infectados y muertos, sino que se enfocan en la experiencia de la enfermedad y del confinamiento en determinados territorios: algunos barrios y asentamientos populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (en los casos de Gavazzo, Rajoy y López y de Aljanati y García); las redes sociales de madres de hijos/as con Síndrome Congénito del virus Zika de Recife (Garcia); los espacios públicos de Porto Alegre como lugares de residencia de personas en situación de calle (Schuch, Furtado y Sarmento) y el vínculo entre instituciones de educación inicial y unidades domésticas, explorado en el Gran La Plata (Aliano, Puig, Rausky y Vallejos).

Moviéndose entre lo específico y lo general, el abordaje etnográfico compartido por los artículos que componen este dossier realiza una doble contribución: por una parte, desmantela la caracterización inicial de la pandemia como democrática y, por otra, cuestiona la eficacia de las medidas de vocación universalista implementadas para su enfrentamiento desde think-tanks tan lejanos como ajenos a los escenarios estudiados. Ambas cuestiones convergen en el desconocimiento/ocultamiento de que desigualdades sociales hacen que personas y grupos, situados en espacios determinados, sufran la enfermedad - y los efectos de las medidas ensayadas para evitarla - de maneras particulares y, muy probablemente, de formas especialmente injustas. En este sentido, Garcia muestra que las medidas generales implementadas en Brasil frente a la pandemia de COVID-19 desconsideran las singularidades y necesidades de sujetos y grupos con discapacidad, cuyas formas de la vida y formas de vida (^{Pitrou, 2017}) articulan lo social y lo biológico de maneras específicas. Datos de campo sobre el impacto de las políticas de control de la COVID-19 en niños con Síndrome Congénito del virus Zika y sus madres, en Recife, una capital del nordeste, visibilizan cómo la consigna #Quedate en casa no contempla a quienes dependen de la circulación por la ciudad para acceder a consultas y terapias regulares en clínicas y hospitales para mantener activa la red de cuidados y las rutinas de rehabilitación imprescindibles para la vida. El Zika es mucho más que un problema de mosquitos o de las mujeres; investigaciones previas muestran el peso de la desigualdad social en esta enfermedad. Su confluencia con las restricciones de circulación para prevenir la COVID-19 sumó a ese padecimiento intervenciones fallidas o excluyentes. Frente a esa situación, la itinerancia de los/as niños/as y sus madres por la ciudad se traslada al espacio virtual, donde el tránsito por WhatsApp, Facebook o YouTube les permite visibilizar demandas y denuncias al poder público, e intercambiar experiencias y aprendizajes en búsqueda de soluciones.

A su vez, Schuch, Furtado y Sarmento destacan la inadecuación de la fórmula general #Quedate en casa en relación a las personas en situación de calle de Porto Alegre, capital de un estado del sur de Brasil. Los autores afirman que políticas generalistas de gestión de la pandemia, junto a negligencias/violencias estatales y condiciones de vida precarias, operan en términos necropolíticos (^{Mbembe, 2006}) sobre esa población. El artículo analiza una red de protección que, en dirección opuesta a esa tendencia de producción de muerte, se movilizó, a partir de la emergencia COVID-19, en defensa de la legitimidad de las vidas de esa comunidad marginada. Los autores indican que esas formas emergentes de actuación están atravesadas por una ambigüedad constitutiva, que se evidencia en la convivencia de urgencias y permanencias; en la combinación de acciones de caridad ante el sufrimiento y el hambre con activismos políticos demandando derechos y denunciando las condiciones estructurales de vida padecidas por esas personas.

Frente a la necesidad de visibilizar las vivencias socialmente diferenciadas de la pandemia, algunos abordajes teóricos resultan especialmente productivos. La actualización del concepto de sindemia (^{Singer y Rylko-Bauer, 2020}), que alude al efecto sinérgico producido por la interacción entre la pandemia, otras enfermedades y problemas sociales que escapan al dominio de la biomedicina, permite aproximaciones más afinadas al impacto de la COVID-19 en sujetos, grupos y territorios marcados por la inequidad. En esa dirección, Gavazzo, Rajoy y López abordan la experiencia de ser mujeres, migrantes y pobres en un asentamiento de alta vulnerabilidad ambiental en el partido bonaerense de San Martín. En articulación con el concepto de violencia estructural enfocando en el racismo, la categoría de sindemia propicia otras posibilidades de comprensión de la emergencia sanitaria en este dossier. Es el caso de la llegada del virus SARS-CoV-2 en el marco del drama social (^{Turner, 1974}) atravesado por una comunidad ava-guaraní originaria de la provincia de Salta en lucha por la re-territorialización en La Plata, provincia de Buenos Aires. El artículo de Aljanati y García muestra cómo la pandemia de COVID-19 actualiza el proceso secular de discriminación y violencia estructural sufrido por esa población, para la cual el derecho a la tierra constituye la clave de su continuidad cultural e identitaria.

Mientras el trabajo de cuidado ha sido históricamente soslayado, la pandemia contribuyó a su visibilización, tanto en la esfera de la asistencia a la enfermedad como en aquella más amplia, orientada a la reproducción social. En lo que refiere a la primera, la centralidad de la COVID-19 colocó a los/as profesionales de salud situados/as en la “línea de frente” en el “combate” a la enfermedad en el lugar de “héroes”, sin que ello necesariamente desencadenara mejoras en sus condiciones de seguridad en el trabajo o en sus vínculos laborales, afectados por precariedades contractuales diversas. A la vez, la reorganización de los sistemas de salud en función de la emergencia conllevó la suspensión de otras prestaciones, con efectos sobre la continuidad y calidad de acciones preventivas y tratamientos de otras dolencias, entre ellas las crónicas. En ese respecto, el trabajo de Garcia muestra los efectos de descuido hacia los/as niños/as afectados/as por el Zika, producto de la orientación exclusiva del sistema de salud hacia la pandemia. En relación al cuidado orientado a la reproducción social, la emergencia sanitaria afectó sobremanera a las mujeres de sectores populares. El artículo de Gavazzo, Rajoy y López evidencia el tamaño del desafío enfrentado por mujeres migrantes de un asentamiento bonaerense ante demandas estructurales y medidas de enfrentamiento de la pandemia. No solamente debieron responder a las crecientes necesidades de cuidado en el ámbito doméstico, sino que, movilizando redes de paisanos, promovieron cuidados comunitarios organizando comedores y cuadrillas de limpieza, acompañando situaciones de violencia de género y xenofobia, y reivindicando derechos ante organismos oficiales. En este sentido, los cuidados comunitarios se presentaron como una práctica política relevante en pos de la salud integral, la vida y el ambiente digno, visibilizando poder de agencia y protagonismo femenino. Desde una óptica centrada en el cuidado infantil, Aliano, Puig, Rausky y Vallejos abordan la relación entre instituciones educativas para la primera infancia y unidades domésticas con niños/as entre 3 y 6 años de sectores medios y populares en el Gran La Plata. A través de relatos de madres y directoras de establecimientos públicos y privados, los/as autores/as describen las estrategias desplegadas por las instituciones para vincularse con los hogares y garantizar la continuidad pedagógica tras la suspensión de la modalidad educativa presencial. El ideal de continuidad asumió formas diversas en la práctica, configurándose como un proceso complejo y dinámico. Las diferencias de recursos económicos, técnicos y simbólicos entre los hogares, así como entre establecimientos públicos y privados, diseñaron nuevas formas de desigualdad educativa. Como estos trabajos evidencian, la pandemia visibilizó la condición indispensable, la distribución injusta y el carácter político del cuidado. A pesar de ello, su reconocimiento, en términos materiales y de política pública, resulta incipiente y limitado. De hecho, el tema constituye una de las grandes deudas a saldar, si es que la pandemia representa una oportunidad para repensar las dinámicas y prioridades sociales necesarias para sustentar una sociedad más justa y saludable.

Además de los artículos del dossier, decidimos incluir la reseña que María Pozzio realizó sobre una instigante reflexión de Susan Erikson acerca del futuro de la salud global en tiempos de epidemias y financiarización, a partir de sus estudios etnográficos sobre el ébola en Sierra Leona (África). Allí se documenta, como parte de políticas de contención de ese brote, la manera en que el Grupo Banco Mundial condicionó la entrega de fondos de asistencia sanitaria a la evolución de determinados indicadores de morbimortalidad. La necesidad de alcanzar los parámetros establecidos para la activación de los bonos de ayuda humanitaria (que representan, en otras latitudes, oportunidades de negocios para actores financieros) torna la producción de información epidemiológica literalmente vital para los países del Sur global afectados por epidemias. La instrumentación de ese tipo de dispositivos de salud global resulta icónica de proyectos internacionales de salud no orientados a la prevención de enfermedades ni al cuidado de las personas, sino a la movilización de activos financieros en Fondos de Inversión (PEF). Si Erikson alerta sobre los valores (¿humanitarios? ¿sanitarios? ¿financieros?) que movilizaron al campo de la salud global en el pasado reciente, Pozzio señala su pertinencia en relación a la actual pandemia de COVID-19 y escenarios futuros.

Con la premisa subyacente de que, si se busca mejorar las condiciones de salud de cualquier persona o grupo, la enfermedad no puede ser considerada un evento aislado, sino parte del complejo salud-enfermedad-atención, los artículos que componen este dossier muestran que la pandemia de COVID-19 no se limita a un virus y que el hipotético control del patógeno no resolverá las desigualdades agudizadas por las medidas de prevención de los contagios.

Comprender - pero, sobre todo, actuar para transformar - la situación de salud de las poblaciones requiere cuestionar el orden social imperante, trascendiendo los marcos explicativos que apenas consideran los determinantes sociales de la salud y la enfermedad como variables aisladas (^{Breilh, 2013}). La superación de los modelos de determinantes sociales y salud global, oriundos de los centros de poder y los organismos internacionales es re-escrita, en términos de determinación social, por la epidemiología crítica latinoamericana, con “vocación expresa de derrotar la civilización actual para construir la salud, no remozarla ni pretender tornarla saludable” (^{Breilh, 2013}: 23). Sin la transformación del sistema de producción y distribución que propicia el surgimiento de nuevos virus, y donde salud y padecimientos tienen lugar, no habrá oportunidad de salud. Y, para ello, se requieren colectivos y sujetos capaces de intentarlo. En este sentido, los artículos aquí reunidos nos presentan distintas modalidades de enfrentamiento, formas diversas de organización, espacios de actuación, solidaridades, agencias y protagonismos. Así como la determinación social no puede entenderse sin referir a procesos históricos y latitudes específicas, también los sujetos y grupos cargan con esa historicidad y localización. En el caso de Améfrica Ladina, atravesada por dominaciones y resistencias recreadas y reformuladas a lo largo del tiempo, no es casual que sean grupos subalternizados los que busquen (una y otra vez) enfrentar las inequidades e injusticias de la (pos)colonialidad, a partir de sus identidades culturales, tradiciones organizativas y capacidades de tejer alianzas. Es por ello que intervenciones más eficaces ante la pandemia requieren descolonizarla (^{Biehl, 2021}; ^{Segata et al., 2021}): necesitamos superar su comprensión centrada en el virus y su abordaje tecnocrático uniforme, que oculta exclusiones y selectividades (^{Segata et al., 2021}) para, en cambio, visibilizar comprensiones y experiencias locales de cuidado impulsadas por grupos y organizaciones que seguramente cuentan con menos prensa pero también con mayores oportunidades de alcanzar la eficacia (^{Biehl, 2021}).

Enmarcada en un curso de larga duración, queda claro que la pandemia de COVID-19 es parte de la historia humana y que, por ello mismo, se teñirá de los tonos y formas en que ésta se ha desenvuelto por estas latitudes. Sin embargo, no será apenas un instante en esta historia: se trata de un proceso con el cual deberemos convivir por largo tiempo, acompañando, con mayor o menor éxito, nuevas olas y variantes, expansiones y repliegues. Su persistencia en determinadas localizaciones, su impacto diferencial en determinados grupos, sus repercusiones sociales y económicas, ésos son elementos a cuyo entendimiento podemos aportar desde antropologías y sociologías comprometidas con la transformación social como meta, documentando y visibilizando, a lo largo del camino, maneras de transitar este proceso de la forma más justa posible. Además de medidas de inmunización, detección y tratamiento de la enfermedad adecuadas, complementadas por políticas sociales y económicas sintonizadas con las realidades locales regidas por la equidad y la garantía de derechos, es necesario concebir un sanitarismo de la alegría que haga posible mantener relaciones sexuales, buscar pareja, disfrutar la amistad y la familia, trabajar y acceder a la salud y la vivienda en tiempos pandémicos. En fin, contribuir a que el cuidado de la salud cultive la alegría, la emancipación y la superación de las desigualdades.