Presentación

Transcurridos veintisiete años de la afirmación de derechos y valoración de la presencia de pueblos indígenas en el territorio argentino, el reconocimiento de su preexistencia al Estado-Nación y su igualación en lo civil, social y político al resto de la ciudadanía en la Constitución Nacional, preocupa el constante retorno a viejas demandas no satisfechas, lo que obliga a que generación tras generación, estos pueblos apelen a un continuo despertar de la lucha indígena por el territorio, la salud, la educación y las condiciones mínimas para el “Buen Vivir”. Las generaciones que fueron forzadas a migrar de sus territorios ancestrales, aún tienen muy fresco en la memoria el dolor, las violencias y el sufrimiento vivido que se actualiza ante el manoseo del que son objeto por parte de autoridades gubernamentales que actúan con desidia y torpeza cuando se trata de hacer efectivos sus derechos. A partir de nuestra experiencia etnográfica problematizamos, en este trabajo, la trama de los sistemáticos despojos que viene sufriendo el nucleamiento ava guaraní Iwi Imemb`y, llegado hace unos años a la región de La Plata desde la Provincia de Salta, Argentina. Nos proponemos desarrollar los alcances que tiene la continuidad de un proceso de negaciones y de luchas donde la trascendencia de lo colectivo instala resistencias pero no borra los sufrimientos que conlleva la imposición de una lógica basada en la propuesta de “progreso y desarrollo” en un contexto agudizado por las condiciones que impuso la pandemia del COVID-19. Se autodenominan e identifican como hijos de la tierra contrastando con la lógica de la propiedad privada en un contexto socio-económico donde la tierra es un bien cotizado en el mercado y producto de tensiones y disputas de poder.

Conocimos a Gumersindo Segundo, líder de la comunidad Iwi Imemb´y, en un encuentro de referentes de pueblos indígenas residentes en la región de La Plata, Provincia de Buenos Aires; su búsqueda de justicia lo acercó a la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Bs. As. desde donde -en articulación con la Comisión de Interculturalidad de la Facultad de Trabajo Social y el Laboratorio de Investigación en Antropología Social (LIAS-FCNyM) ambas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)- lo acompañamos protagonizando un proceso de largas negociaciones según lineamientos legales pero que aún no logra las soluciones que se buscan. Desde el laboratorio en el que trabajamos se realizó el informe antropológico que fuera requerido en las primeras instancias para encuadrar el caso como sujeto a derecho. Dicho proceso continua como señalaremos más abajo, pero en esta instancia consideramos pertinente plantearnos, a modo de hipótesis de trabajo, que las contradicciones entramadas en la lógica que mueve las relaciones capitalistas de producción actúan de barreras que obstaculizan la obtención de soluciones a las demandas del nucleamiento ava guaraní de La Plata. Nuestro desafío es, a partir del diálogo con miembros de la comunidad y el registro de documentación variada, desmontar etnográficamente la trama del drama social, el quiebre, la crisis, la decisión de la partida, la organización y la incansable lucha por la tierra. Nos planteamos este desafío ante la exhortación de la propia comunidad para que se conozca su lucha, tanto a través de la acción cuerpo a cuerpo en las demandas que protagonizan como con la difusión en diversos ámbitos, entre ellos los académicos, que ellos valoran y respetan.

Consideramos oportuno emplear el modelo de “drama social” desarrollado por Víctor ^Turner (1974:2) para organizar y sistematizar los procesos que esta comunidad y sus miembros vienen atravesando. El autor define a los dramas sociales como “unidades de procesos inarmónicos o a-armónicos, que surgen en situaciones de conflicto” y establece cuatro fases susceptibles de ser observadas.

El origen de las primeras dos fases -que denominaremos “quiebra” y “crisis”- podemos situarlas en el Departamento de Orán, Provincia de Salta, y resultan de “una quiebra en las relaciones sociales regulares y gobernadas por normas entre personas o grupos en el interior de un mismo sistema de relaciones sociales” la cual al no ser resuelta o aislada derivó en una “escalada de la crisis”. La “quiebra” se produjo cuando las familias asentadas en los alrededores del ingenio Tabacal fueron expulsadas de sus territorios y forzadas a migrar en el año 2003. A estas fases le sigue la “acción de desagravio” que implica la puesta en marcha de “ciertos mecanismos de ajuste y reparación” y que llevarían a la última fase: la “reintegración del grupo social perturbado o del reconocimiento social y la legitimación de un cisma irreparable entre las partes en disputa”. Como veremos en el desarrollo de este trabajo, el drama social no ha alcanzado su fase final, sino que, por el contrario, –tal como plantea el autor- ante el fracaso de la reparación, se produjo una regresión a la crisis.

A lo largo de este proceso, la comunidad Iwi Imemb´y consolidó las redes que posibilitaron un acompañamiento comprometido entre diversas instituciones competentes para hacer frente a la vulneración de derechos y avanzar en el camino hacia una reparación histórica. No obstante, el cumplimiento de este objetivo requiere no sólo de un replanteo desde los diversos órdenes de la política pública con los pueblos indígenas sino de una ruptura de las estructuras racistas que desvalorizan, niegan o minimizan la presencia de indígenas en las ciudades, sus derechos constitucionales, sus conocimientos ancestrales, de parte de la sociedad argentina en general (^{García, Aljanati y Mannelli, 2019}: 517). El encuadre situacional que impuso el avance de la pandemia del COVID-19 implicó la búsqueda de renovadas estrategias para continuar las demandas y reclamos. La implementación de protocolos ante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y luego el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO) dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales no impidieron el acompañamiento de las tensas negociaciones por parte de un conjunto de organizaciones sociales y representantes de instituciones públicas que continúan ocupándose.

El camino de ser ava guaraní y argentino

El pueblo ava guaraní –como se lo denomina en la actualidad- tiene sus orígenes en la zona sur andina de la actual República de Bolivia. Según la historiografía, su origen se remonta al siglo XVI, cuando un grupo migrante de la familia tupi guaraní se encontró con grupos agricultores de la etnia chané (de lengua arawak) asentados en estas tierras. A través de las uniones sexuales entre unos y otros se conformaron los grupos conocidos como chiriguano^[1]. A la llegada de los primeros conquistadores, este pueblo habitaba una región ubicada entre los valles andinos y las llanuras del Chaco. Sus límites eran al norte el río Guapay, al sur el río Bermejo, al este Chaco y al oeste Charcas (^{Saignes, 1985}: 76).

Esta región forma parte del Gran Chaco: una vasta llanura aluvial que se extiende en el espacio comprendido entre el centro sur de Brasil, el oeste del Paraguay, el oriente boliviano y el centro-norte de Argentina. Durante el período colonial, los grupos guaraníes resistieron firmemente los avances de los colonos defendiendo sus territorios. En el marco de las luchas independentistas, muchos de ellos conformaron alianzas con los republicanos y se pusieron a disposición para enfrentar a la Corona española. Pero tras el advenimiento de la República, los acuerdos territoriales pactados con los criollos fueron incumplidos. El gobierno boliviano alentó activamente la ocupación de los territorios de frontera concediendo tierras a quienes quisieran asentarse. Las misiones católicas, que por ese entonces albergaban a miles de indígenas, se ocuparon de proporcionar la mano de obra para fomentar la producción de los hacendados e incluso, durante los primeros tiempos fomentaron la migración de ava guaraníes hacia los campos de caña de azúcar de la Provincia de Jujuy (^{Langer, 1987}: 316).

A mediados del siglo XIX, los grupos hegemónicos que daban forma al Estado/Nación Argentino llevaron a cabo lo que denominaron las campañas “civilizadoras” sobre los territorios del pedemonte andino hasta los ríos Paraguay y Paraná correspondientes a la región del Chaco como los de Pampa y Patagonia, montados en la idea construida interesadamente de espacios deshabitados. Este imaginario de “desierto” continúa vigente para gran parte de la sociedad y es reforzado en las políticas estatales sucesivas, en los discursos de algunos funcionarios, en los textos escolares y los medios masivos de comunicación. Sin embargo, los registros etnográficos e históricos contradicen enfáticamente y refutan totalmente dicha caracterización. Al respecto, autores tales como ^{Martínez Sarasola} (1992:76) sostienen que la presencia avá-guaraní en el NOA data de la época previa a la conquista, otros, como ^Gordillo (2010:211), sugieren lo mismo desde al menos el siglo XVII. Así como la presencia ava guaraní en el NOA tiene larga data, también la tienen los procesos de colonización y despojo a los que han sido sometidos.

A mediados de la década del 1880 cuando en el país regían los ideales de “civilización y progreso”, el Gran Chaco estaba en manos de los indígenas. A fin de promover la expansión de la frontera agropecuaria, en 1884 el gobierno nacional decide encarar una campaña de conquista y avance sobre esas tierras. Esta campaña estuvo encabezada por el General Victorica. El resultado fue la aniquilación y sometimiento de las tribus de cazadores recolectores pescadores horticultores del Gran Chaco a un sistema que no habían elegido. En tanto el botín de tierras quedaba bajo la jurisdicción del estado nacional, el cual podía entregarlas en concesión según los términos de la ley 817 de inmigración y colonización, los indios, sus legítimos dueños, eran obligados a transformarse en trabajadores (^{Carrasco, 1996}:11-35; ^{Carrera, 2011}:41-49; ^{Schmidt, 2015}:128)

La última oleada migratoria masiva desde el pedemonte boliviano hacia el Noroeste Argentino ocurrió durante la Guerra del Chaco (1932-1935), época en la cual el ingenio San Martín del Tabacal^[2] (Provincia de Salta) se encontraba en su apogeo. En consonancia con los discursos distorsionados mencionados arriba, cabe señalar que en la página oficial del gobierno de Salta^[3] se caracteriza la zona norte de Salta como un monte deshabitado hasta los primeros años del siglo XX, época en que se instala dicha empresa en la región: “…se trataba de instalar una gran fábrica moderna” (..) “en el desierto, en plena selva virgen…”. En 1934, el complejo industrial contaba con aproximadamente 1 millón de ha y disponía de iglesia, hospital y escuela para los trabajadores del ingenio y su descendencia. Estas instituciones eran de gran importancia para disciplinar los cuerpos a través de la segmentación geográfica, la administración de los tiempos, la inculcación de determinados saberes y la disuasión o prohibición de otros. No obstante, los y las ava guaraníes contaban con espacios para recrear y reactualizar sus prácticas agrícolas, de reciprocidad, etc. en la misión San Francisco ubicada en La Loma que fue fundada por el Padre Roque Chielli con el beneplácito de quien fuera dueño del ingenio, Robustiano Patrón Costas:

“A unas cuantas familias de Chiriguanos hablé de formar una verdadera reducción misionera, y aceptaron: ellos también anhelaban vivir como los demás seres humanos. Inspeccioné como pude el terreno y el bosque; noté una hermosa loma distante un kilómetro (de la fábrica) del ingenio y poco después quedaba trazado, rústicamente, el plan de la futura misión” (Roque Chielli en ^{Sweeney, 1998}: 120).

La Loma fue un campo de negociación entre misioneros y guaraníes que no estuvo exenta de tensiones pero que indudablemente significó -y aún hoy representa en la memoria colectiva- un lugar propicio para el ejercicio del Ñande Reko (“nuestro modo de ser”, en guaraní). Los testimonios recogidos por Boasso en relación con las fiestas y las prácticas que se ejercían en La Loma refuerzan esta aseveración:

“Nuestra fiesta principal es el Arete Guasu. En La Loma duraba más o menos un mes. Se hacía así: si yo por ejemplo ahora tengo los sembrados de choclo lo saco mañana al maíz, entonces con mi primera cosecha hago la chicha: Preparo la chica y le invito a la gente. Les digo “bueno, yo he hecho la chicha y vamos a hacer el baile, vamos a desenterrar al carnaval”. Y bueno, se va con todo eso, se prepara la comida, la comida favorita y de ahí se van a desenterrar. Llevan de ofrenda el maíz, el choclo, y se saca al muñeco, y se deja todo ahí. Empiezan ahí. Después ya hace [lo mismo] otra familia y van de otra familia y si aquél todavía no han hecho y aquí dura por lo menos tres, cuatro, cinco días hasta que el otro haga, después de ahí ya se va para allá. Se va de casa en casa. Puede estar todo un día y toda la noche y al otro día ya sale para el otro lado”. (Mónica en ^{Boasso, 2017}: 94)

En vistas de una nueva expansión del sistema agroindustrial, entre los años 1964 y 1970 varias familias fueron expulsadas de la zona de La Loma y se asentaron en tierras boscosas a la vera del río Blanco donde lograron continuar con cierta autonomía la práctica de la agricultura que venían desarrollando tradicionalmente. A comienzos de la década de 1970, en el contexto de una fuerte dependencia del mercado mundial, el ingenio Tabacal incorporó maquinaria agrícola que permitió el incremento de la productividad a bajo costo (expansión intensiva) y la incorporación de mayor superficie territorial (expansión extensiva). Las consecuencias para quienes trabajaban en el ingenio fueron devastadoras. Miles de guaraníes fueron despedidos, expulsados junto con sus familias de sus territorios y obligados a asentarse en las zonas periurbanas y los barrios más precarios.

En el año 1996, se autorizó –a través de la Resolución nº167 de la Secretaría de Agricultura de la Nación Argentina- la producción y comercialización de la semilla y productos derivados de la soja RR. Esta semilla fue desarrollada por la empresa Monsanto y tiene la particularidad de resistir las aplicaciones intensivas de su propio agroquímico, el glifosato (Roundup Ready™). Desde entonces, grandes superficies de tierra que eran consideradas infértiles, fueron apropiadas por empresas privadas para la producción intensiva de la soja, basada en un paquete tecnológico compuesto por la semilla transgénica, la siembra directa y el glifosato (^{Sánchez, 2012}: 18; ^{Schmidt, 2015}: 158). Estas políticas económicas^[4] tuvieron como consecuencia no sólo el incremento del despojo de los territorios indígenas y campesinos, sino también la deforestación, degradación de los suelos, alteraciones ecológicas, contaminación y pérdida de biodiversidad, entre otros (^{Aranda, 2020}).

Ese mismo año, la compañía agroindustrial Seaboard Corporation compró el ingenio San Martín del Tacabal y adquirió tierras fiscales ubicadas en los alrededores del ingenio. Desde entonces, la empresa se abrió al mercado mundial con la producción de biocombustibles derivados de la caña de azúcar y con vistas a la producción biodiesel, derivado de la soja^[5]. Las comunidades indígenas y campesinas que habitaban la región se encontraron nuevamente ante la situación de tener que resistir los desalojos.

En septiembre del 2003, decenas de familias guaraníes de un pueblo llamado Hipólito Yrigoyen lindante a La Loma, movilizadas por el derecho, el deseo y la necesidad de recuperarla se instalaron en la colina, pero a los pocos días fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas policiales que -respondiendo a las órdenes de las autoridades del ingenio y sin orden judicial que lo respalde- destruyó las viviendas y detuvo a decenas de personas acusadas de “usurpación”. El ingenio por su parte, justificó su accionar alegando tener “títulos perfectos” sobre los territorios y argumentando que los guaraníes son “bolivianos” y que por ende carecen de derechos sobre los mismos (^{Gordillo, 2004}). En los márgenes del río Blanco Banda Sur, donde estaban asentadas las familias de la comunidad Iguopeygendá, la situación no resultaba menos preocupante y el conflicto de La Loma, tensó la cuerda con las autoridades de Tabacal. En el año 2004, el ingenio arrasó los territorios con palas mecánicas desmontando árboles y destrozando viviendas, se efectuaron amenazas de castigos y despidos a los trabajadores del ingenio (^{Boasso, 2017}: 80). Para esta época, proliferaron diversas notas periodísticas^[6], reflejo de la magnitud del drama social, según los términos de ^Turner (1974:20): la quiebra producida en las relaciones sociales regulares y gobernadas por normas entre indígenas –en particular tomamos el caso de la comunidad Iguopeygendá- y el ingenio. Pero también cabe señalar otros actores que entran en juego y forman parte del entramado de disputas de poder: la complicidad de sectores del gobierno de la Provincia de Salta, el accionar policial y del Poder Judicial. Tal como señala ^{Gordillo (2004)} para el caso de La Loma, algunos de los argumentos esgrimidos para desacreditar la reivindicación territorial se basaron –y aún lo hacen puesto que dichos argumentos no han sido definitivamente desmontados y continúan formando parte de los discursos racistas de gobernantes y figuras públicas- en una interpretación ahistórica del artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional que establece el derecho de los indígenas de poseer las tierras que “tradicionalmente ocupan”. Como hemos visto y siguiendo a este autor, ni los guaraníes, ni ningún grupo indígena del actual territorio argentino ocupa exactamente las mismas tierras que habitaban en los tiempos de la conquista, porque la propia colonialidad ha instaurado fronteras y provocado desplazamientos y migraciones que afectaron profundamente la distribución geográfica de las poblaciones. Estas consideraciones nos llevan a la segunda fase.

El sur incierto como horizonte posible

La violencia engendrada por los intereses del agronegocio sobre los territorios indígenas y la expulsión de muchas de las familias allí asentadas, provocó la escisión de la comunidad Iguopeygendá y con ello la crisis. Esta fase, puesto que constituye un umbral entre dos fases más o menos estables del proceso social posee características liminales. Mientras que algunos lograron permanecer y resistir sobre las tierras que quedaban, otros se vieron obligados a migrar. En una asamblea comunitaria, los ancianos ava guaraníes exhortaron a los jóvenes líderes a abandonar el territorio para salvar sus vidas con el mandato de mantener y no olvidar sus raíces, su identidad y su cultura. En el territorio de origen, esto provocó el desmembramiento de las relaciones parentales, la fragmentación de los lazos y la desestructuración de la organización social comunitaria vigente hasta entonces. En los territorios de migración -en nuestro caso, el cinturón florihortícola de La Plata, Provincia de Buenos Aires- significó una transformación drástica de sus modos de vida y subsistencia y la necesidad de reorganizar las actividades cotidianas y comunitarias en un espacio desconocido. El contraste es evidente en testimonios de las y los referentes entrevistados:

En Orán:

“Mi papá tenía gallinas. Después tenía un arroyo ahí cerca donde iba a pescar, cultivo de maíz, mandioca, maní, esas cosas. Lo que nosotros hicimos forma parte también de la migración forzosa. Mi papá no quería venir. Ahora yo fui, me acordaba poquito que había mucha agua, había río. Después me fui a encontrar con que todo seco. Si no hay río no hay nada”. (M, 2015)

“…teníamos todo. Porque hay una parte que era monte, eso no se tocaba. Incluso de ahí salían del pin pin, el baile del pin pin. De ahí se sacaba venía por la ruta y lo llevaba a un lugar donde organizábamos. Lo mismo para el entierro”. (P, 2018)

“…luchamos contra la individualización. Siempre. Manteniendo mal que mal nuestro destino colectivo, comunitario, en donde no era nuestro pensamiento la comercialización. Siempre tratar de hacer truque, intercambio. Íbamos a la iglesia, a la cárcel, al hospital, a ver cómo podíamos hacer intercambio de productos con ellos. Por ejemplo, con el hospital, en el caso de salud, de remedios, todas esas cosas”. (G, 2019)

En La Plata:

“Aquí entramos a trabajar como medianeros^[7]. Primero mi hermano empezó de peón, trabajamos como un año de peón y de ahí pasamos a ser medianeros”. (P, 2018)

“Mi hermano me cuenta que hacía frío, le daban ganas de irse. Trabajaba y trabajaba y tampoco. Lo que ahora cultivamos nosotros aquí no conocían nada cómo era el proceso. Porque allá no cultivamos esta clase de verduras. Era distinto. Aquí se vino a dar con que se cultivaba de otra manera, se hacía de otra manera. Todo distinto. Y estuvieron dos meses. O sea, se vinieron sin nada, con un paquete de ropa en la mano y nada más”. (M, 2015)

“…por lo que produce por ejemplo la lechuga lleva mucho tiempo, lleva a que todo el día estemos encima. Y después cambia en lo físico. Cambia que es más liviano, allá es más pesado. Trabajo más pesado. Pero si trabaja pesado capaz que va a trabajar cinco o seis días. Después tiene un descanso de veinte, treinta días. Aquí no todo el día. No se cansa tanto pero tiene que estar permanente todo el día”. (G, 2019).

La imposibilidad de acceder a la propiedad comunitaria de la tierra obliga a la comunidad ava guaraní a mantenerse fragmentada en distintos predios. Ya no hay tiempo libre para la recreación o realización de actividades colectivas, y tampoco un lugar común donde intercambiar experiencias, dialogar, realizar ceremonias. “Nos obligan a ser productores en lugar de agricultores” expresaba uno de nuestros interlocutores. Se produce para el mercado, no hay decisión ni autonomía sobre lo que cultivan, tampoco pueden criar animales, pescar, recoger miel o recolectar plantas de usos medicinales, el aprendizaje que se adquiere en el monte y en contacto con la naturaleza y que hace a la reproducción cultural del pueblo guaraní, se ha puesto entre paréntesis. Estamos en presencia de un daño social que afecta la subjetividad de personas, adultas, jóvenes y niñas y niños puede llegar a expresarse de modo muy diverso como violencia autodestructiva, desidia, indiferencia y afectar duramente a los miembros de la comunidad. La fuerza de lo colectivo, de sus aprendizajes ancestrales, la lucha constante por mejorar sus condiciones de existencia y la organización se presentan nuevamente como herramientas para enfrentar las imposiciones perversas de un orden social capitalista (^{Aljanati y Mannelli, 2018}:558). Las migraciones forzadas a las que se ven compelidos con las políticas extractivistas, los coloca ante el desafío de reafirmar su identidad y afrontar la lucha por recuperar la tierra.

En busca de una reparación en el periurbano platense

Con la instauración del gobierno democrático en 1984 algunas de las luchas de los pueblos comenzaron a plasmarse en instrumentos legales, tal es el caso de Ley 23.302^[8] sancionada en el año 1985 que marca un punto de inflexión en el modo de canalizar los reclamos de derecho de los pueblos indígenas. Esta Ley reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas radicadas en Argentina y constituye un antecedente importante para el posterior reconocimiento en el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994. Cuando se produjo el conflicto con el ingenio Tabacal, las familias ava guaraníes no tenían conocimiento de los avances legales y los procedimientos para acceder a sus derechos.

La conformación de la comunidad en el periurbano platense, por parte de quienes migraron buscando estrategias para sobrevivir, constituye la tercera fase del drama social, la “acción de desagravio”, implica la puesta en acción de mecanismos de ajuste y reparación (^{Turner, 1974}:22) para poner fin a la crisis. Estos mecanismos, “abarcan desde la amonestación personal, la mediación informal o el arbitraje, hasta la maquinaria jurídica y legal formal, o, para resolver ciertas clases de crisis o legitimar otros modos de resolución, la ejecución de rituales públicos.” (^{Turner, 1974}: 22).

Como plantea ^Engelman (2019: 122), la práctica etnopolítica contemporánea está ligada a una fuerte articulación entre sectores indígenas y no indígenas. Esto implica analizar las disputas, negociaciones y alianzas que se tejen en el marco de la etnicidad entendida en términos relacionales y que supone la afirmación de una identidad colectiva poseedora de un proyecto social, cultural y político que ejerce sus demandas hacia los distintos órdenes del Estado y el conjunto de la sociedad.

En los contextos urbanos o periurbanos de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), encontramos que las presencias indígenas se hallan invisibilizadas a causa de concepciones culturalistas y esencialistas sobre la indianidad (^{Tamagno y Maidana, 2011}: 4; ^{García, Cremonesi y Cappannini, 2016}: 70-74). Las políticas públicas y los programas de contención o subsidios están destinados mayormente a “pequeños productores”, “campesinos” o “pobres”, por los que las demandas indígenas como sujetos de derecho quedan frecuentemente subsumidas a los reclamos de otros colectivos de los cuales muchas veces también forman parte. Este contexto evidencia la complejidad de los procesos de organización etnopolíticos en los que interactúan con distintos sectores de los que forman parte y conforman alianzas. En el cordón florihortícola de la zona oeste de La Plata, las familias ava guaraníes integran una organización campesina denominada Asociación de Medieros y Afines (ASOMA)^[9] que cuenta con una subcomisión de pueblos originarios para abordar específicamente las demandas indígenas dentro del movimiento. En el año 2014, los ava guaraníes se inscribieron en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Res. Nº 751) bajo el nombre de Iwi Imemb´y (Hijos de la Tierra), sintetizando en la lengua nativa el nexo vital que los une con la agricultura. Este proceso requirió la cumplimentación de todos los pasos administrativos acorde las disposiciones que impone la normativa. Para ello fue fundamental la articulación con organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y la Comisión de Trabajos Interculturales con Pueblos Originarios e Inmigrantes^[10], que acompañaron y aceitaron los mecanismos para el reconocimiento. Una vez obtenido el mismo, se inició una Mesa de Diálogo propiciada por la Defensoría de la Nación para reclamar el acceso a tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano (Ver art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional). Esta mesa estuvo conformada por miembros de la Comunidad, sus asesores pertenecientes a la CPM, la UNLP y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Se convocaron también a distintos organismos nacionales y de la Provincia de Buenos Aires que pudieran tener algún tipo de incidencia en la resolución de las problemáticas territoriales y productivas (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI-, Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-, Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Provincial de Asuntos Indígenas –CPAI-, Municipalidad de La Plata). Luego de diez encuentros realizados entre febrero de 2015 y julio de 2016 se produjo el recambio de autoridades a nivel nacional y provincial. El cambio de gestión significó un retroceso en el tratamiento del reclamo, caracterizado por dilaciones, ninguneos y destratos. Como consecuencia, la comunidad Iwi Ememb´y decidió dar por cerrada la instancia. Mediante la resolución 54/16 la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a los organismos del Estado Nacional que se ocupan de la materia indígena, a que de forma urgente y prioritaria se adopten las medidas necesarias para la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y se tomen medidas para llevar adelante proyectos productivos que le sirvan a la Comunidad. Ante el incumplimiento de esta resolución, la comunidad Iwi Imemb´y, por intermedio de la CPM, inició una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INAI, la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano –Ministerio del Interior de la Nación – y la Secretaría de Agricultura de la Nación –Ministerio de Agroindustria de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata. El objeto de la demanda se fundamenta en el cumplimiento del artículo 75 inciso 17 de la CN y del Convenio 169 de la OIT en lo referente a la adjudicación de tierras aptas y suficientes, en ella la Comunidad reclama el otorgamiento de una superficie mínima de 150 ha y la confección del título de propiedad comunitaria. Prevé espacios dedicados a la cría de ganado, al cultivo de plantas medicinales, viviendas (para residentes permanentes y para los y las guaraníes que trabajan de forma temporal en la zona, especialmente durante los meses de octubre a marzo), cementerio, zonas de recreación y un centro cultural, además del espacio dedicado a las prácticas agrícolas. En el proyecto se destaca que “la tierra además de ser apta debe ser suficiente, y en esa suficiencia debe contemplarse la proyección a futuro de la comunidad^[11]”, esto significa, garantizar los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes y que las generaciones venideras puedan ejercer libremente la identidad y cosmovisión ava guaraní. A su vez se solicitó la instrumentación de mecanismos por medio de programas estatales que garanticen el desarrollo humano y la asistencia técnica y económica para viabilizar sus actividades productivas respetando su vínculo con la tierra de acuerdo a sus pautas culturales ancestrales; y se incluyó la solicitud de una medida cautelar a fin de que se otorgue una superficie de tierra hasta que se ejecute la entrega definitiva. La demanda fue acompañada por tres informes: uno de carácter social, uno de carácter técnico-agrónomo, y uno de carácter técnico-antropológico, elaborado por el LIAS.

Instalada la comunidad en la zona platense, la desarticulación de los lazos comunitarios producida por el desmembramiento familiar y el desplazamiento hacia un lugar desconocido, la reactivación de las prácticas económicas y sociales en la nueva región, la reorganización de las actividades cotidianas (el trabajo, la escuela, la salud, etc.), constituyen desajustes que profundizan la situación de crisis. Asimismo, la situación de invisibilización que sufren viviendo en la ciudad representa una doble negación encarnada en el racismo que se expresa en la falta de reconocimiento como población indígena porque sus integrantes no están anclados en sus territorios de origen o no “preservan” todas sus costumbres, pero tampoco son tratados como ciudadanos “blancos” con la plenitud de sus derechos. En un contexto adverso, la comunidad debió encarar desafíos como alquilar durante años –con un contrato “de palabra”- un terreno en el que cultivaban productos hortícolas de desarrollo rápido para vender a intermediarios y lograr cumplir con el pago del alquiler y a la vez cultivar sus propios productos para subsistir de la agricultura. Sumado a esto, la necesidad de mantener la educación de niñas, niños y jóvenes en edad escolar, atender problemas de salud y sufrir constantes vulneraciones en estos ámbitos. La dependencia del mercado obliga a la comunidad a un manejo indebido del suelo (agotamiento del mismo, uso de pesticidas) que confronta con la cosmovisión guaraní del “respeto por la Madre Tierra” y afecta negativamente la salud. La falta de acceso al monte y la imposibilidad de cultivar según su cosmovisión atenta contra la trasmisión de saberes ancestrales. La valorización creciente de las tierras del periurbano platense –asociada al agronegocio y los emprendimientos inmobiliarios- facilitan los abusos por parte de los dueños de la tierra que aumentan el costo del alquiler o directamente se niegan a continuar con los contratos. Esta situación obligó a la comunidad a contraer deudas que comprometen seriamente su golpeada economía.

Sin la tierra no hay desagravio

En febrero del 2019, la Municipalidad de La Plata y la comunidad Iwi Imemb´y firmaron un contrato por medio del cual se aceptó la cesión en préstamo gratuito por 99 años de una parcela municipal de 4 ha en la localidad de Abasto. Según se estipula en el documento, el inmueble es transferido a la comunidad a los fines de reagrupar a las familias que la componen y ejercer sus costumbres ancestrales como pueblo agricultor con el objeto de desarrollar su cultura, en relación con la naturaleza, cultivando la tierra, favoreciendo la preservación de su identidad y cosmovisión como comunidad indígena de manera colectiva. Este acuerdo fue celebrado tanto por la comunidad como por los organismos que acompañaron las demandas de derechos (entre los que se encuentra el equipo a la que pertenecen las autoras). La Municipalidad de La Plata –al parecer- había dado un paso importante al reconocer a la comunidad como sujeto de derecho indígena, no solamente de manera verbal sino con acciones concretas como la transferencia de un dominio municipal. Cuando las familias ava guaraníes comenzaron a recorrer lo que sería su nuevo territorio, el líder sintetizó lo que podría expresar el sentimiento de todos, aquí hay “aires de libertad”.

Durante el 2019 se firmó un convenio con la UNLP para la planificación de la producción hortícola, la construcción de viviendas y un salón comunitario en el nuevo terreno^[12]. Mientras se realizaron algunas tareas de remoción de tierra y planificación del espacio, las y los integrantes de la comunidad continuaban produciendo en calidad de medieros y alquilantes. Esperaban al verano siguiente, cuando los niños y las niñas terminaran el ciclo escolar, para realizar la mudanza al nuevo espacio. Las tierras cedidas por la Municipalidad eran aptas para el cultivo, sin embargo, la logística necesaria para instalarse allí definitivamente requería la inversión de un enorme esfuerzo y capital para el traslado de los invernaderos, la instalación de nuevas viviendas, el pozo de agua, etc. Los tiempos se dilataron y en marzo del 2020, se decretó el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), lo que obstaculizó aún más la concreción de la mudanza. En octubre de ese año, mediante la ordenanza Nº11.993 el contrato de comodato fue ratificado por el Concejo Deliberante local y pocos días después, la comunidad comenzó la mudanza al nuevo predio.

Los acontecimientos que a continuación describiremos, se desarrollaron en un escenario caracterizado por una profunda crisis económica y social que afectó no solamente al país, sino al mundo entero, pero particularmente impactó sobre los sectores más vulnerados de la sociedad, entre los que se hallaron siempre los pueblos indígenas. En un reciente informe colaborativo (^{Abeledo et al. 2020}) realizado con una prolífica cantidad de investigadores e investigadoras de distintos equipos y universidades, analizamos los efectos que el COVID-19 tuvo en las distintas regiones de la Argentina. Allí señalamos, entre otras cosas, las problemáticas vinculadas a la salud, la economía, los desalojos, la criminalización, la violencia institucional, que se profundizaron a pesar de las medidas estatales tendientes a minimizar las consecuencias de la pandemia y el ASPO (que, tal como lo aclaramos, hubiesen sido aún peores). Paralelamente, a causa del aumento de la desocupación y la pobreza, miles de familias ocuparon terrenos fiscales y en algunos casos privados e instalaron sus viviendas precarias, lo que desató una brutal represión por parte de las fuerzas policiales y liberó –una vez más- el cauce de las narrativas racistas que siempre retornan en los momentos críticos para culpar a los sectores más golpeados de los efectos de la desigualdad y la colonialidad. En este contexto, la comunidad Iwi Imemb´y, afectada como tantas otras por la economía en crisis, el aumento de los bienes de consumo y de producción, la disminución de la venta de verduras, etc. tomó posesión del predio concedido en Abasto.

Para iniciar la mudanza, el líder de la comunidad y algunos jóvenes emplazaron una casa de madera y nylon para contar con un lugar donde descansar, ya que se esperaba que pasaran varios días hasta que todas las familias lograran asentarse. A partir de ese momento, comenzaron a sufrir hostigamiento por parte de efectivos policiales que ingresaban sin preguntar y exigían repetidamente la documentación que acreditaba su presencia. La situación se tornó más tensa cuando un sector de la barra brava del club Gimnasia y Esgrima de La Plata (GELP) convocó de manera repentina a una movilización masiva hacia el terreno con el objeto de desalojar a la comunidad e impedir su ocupación, adjudicando la propiedad del predio a Estancia Chica, una de las instalaciones más importantes de GELP^[13]. Ante un posible desenlace violento, la ausencia de respuesta por parte de las autoridades municipales y la falta de protección estatal, la comunidad convocó a los distintos organismos que acompañamos el proceso, representantes de organizaciones sociales, otras comunidades guaraníes de la Provincia de Buenos Aires, profesionales, funcionarios del CPAI e INAI, a los fines de solucionar el conflicto por vía pacífica. La articulación de todos estos actores en torno a la problemática territorial de la comunidad Iwi Imemb´y, generó las instancias para reanudar el diálogo con la Municipalidad y evitar lo que podría haber sido un episodio de extrema violencia.

Las prácticas etnopolíticas, enmarcadas en las relaciones interétnicas vehiculizan la participación de distintos sectores que a lo largo de los años se han ido entramando en las redes que la comunidad ha logrado tejer mediante diversas estrategias. Este conflicto puso de manifiesto la capacidad de liderazgo de los y las referentes de la comunidad y evidenció una vez más, que las leyes por sí mismas no bastan. El terreno, que según el intendente fue cedido “por error” a la comunidad, quedó nuevamente en manos del municipio, mientras que se analizan nuevas propuestas para la reubicación de las familias ava guaraníes.

La lucha continúa

Hemos apelado al concepto de “drama social” para analizar el proceso de conformación de la comunidad Iwi Imemb´y en el periurbano platense. Este drama generado en el contexto de avance de las actividades extractivistas en el Noroeste Argentino con fuerte componente especulativo, encuentra continuidad en la zona oeste del Gran La Plata, territorio de migración de las familias ava guaraníes que actualmente se ven afectadas por la valorización creciente de las tierras, asociada a los negocios inmobiliarios de la zona sur del AMBA. Tal como ha planteado recientemente el representante legal de la comunidad que integra la Comisión Provincial por la Memoria:

“Hay una elección con respecto a dónde se ponen las prioridades en el reparto de las tierras (…) Hay muchas extensiones de tierras pero las extensiones de tierra se disponen para otro tipo de emprendimientos, mayormente vinculados a negocios inmobiliarios. Y entonces hoy la comunidad está en ese intermedio donde los intereses juegan por un lado y por el otro. La comunidad fue sacada de un lugar que le había sido concedido y que todavía hoy tiene por derecho adquirido (…) luego de haberle sido concedido se revierte una decisión sin que todavía esté claro cuáles son los fundamentos” (R, 2020).

En este marco los proyectos políticos que se oponen al modelo hegemónico son o bien ninguneados o criminalizados según conveniencias político-empresariales. Así lo expresó recientemente el líder de la comunidad Iwi Imemb´y:

“La política que hacen los que nos gobiernan siempre han sido políticas paternalistas donde se considera al indio que esté imposibilitado de desarrollarse por sus propios medios y que tiene la necesidad de incorporarse como ciudadano de segunda clase a la sociedad que nos domina (…). El problema de la tierra siempre para los originarios ha sido un conflicto en potencia, un asunto indefinidamente postergado. Más de 500 años el colonialismo interno sigue dando su paso hacia nuestra marginación y exclusión como pueblo, como Nación. (…) Más de 500 años sigue existiendo un modelo de desarrollo con un sistema racial y una política de represión y exterminio sobre nosotros. Cuando queremos luchar por la tierra o tomar tierra para nosotros está la política de la represión. Nos manda la policía a reprimirnos, nos dice que somos usurpadores. Y si nos pillan con una madera en la mano ya somos terroristas. Esas son las políticas del gobierno nacional, provincial y municipal que aplican sobre las naciones originarias. (…) Para nosotros es un fortalecimiento espiritual muy grande el acompañamiento de todos ustedes. El reclamo más allá del derecho constitucional es una demanda de la comunidad en el cual buscamos volver a recuperar nuestra verdadera identidad como pueblo, como nación preexistente y avocarnos nuevamente a la agricultura agroecológica, que ese es nuestro objetivo principal y nuestro desarrollo. Entendemos que la semilla es un regalo de la naturaleza, no es propiedad de corporaciones, es un regalo de las generaciones pasadas de las diferentes culturas, y ese es nuestro objetivo en esta tierra” (G, 2020).

Denominamos a la cuarta fase del drama social “reintegración”, fase final en la que el grupo social perturbado es reintegrado o bien adquiere reconocimiento social. ^Turner (1974:23) lo define como un “clímax previsional, una solución, un resultado”. Como hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo, la compensación que se requiere para acceder a esta fase, sería la reparación histórica en términos de la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, situación que está lejos de concretarse. En tiempos de pandemia, los derechos postergados de los pueblos indígenas quedan expuestos cuando se ven agudizadas las problemáticas educativas, de sanidad, de aprovisionamiento de alimentos, transporte y comunicación. A pesar de todo ello, a través de distintas estrategias etnopolíticas (expresadas en los modos de canalizar las demandas, la conformación de alianzas, la participación con otros colectivos sociales e instituciones, etc.), la comunidad logra instalar su reclamo en el ámbito estatal y continúa luchando por el reconocimiento y la legitimidad que le otorga su pertenencia como sujeto de derecho indígena. Acompañamos y seguiremos haciéndolo en estos tiempos de avance del COVID-19, con la fuerza y convicción que conjuga la acción colectiva y mancomunada.