HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - COMUNICACIONES

Hidrocarburos y procesos autonómicos en Bolivia. Factores intervinientes en su fragmentación social*

Ceppi, Natalia**

*)Una versión preliminar del presente artículo fue presentada como ponencia en el XXVIII Encuentro de Geohistoria Regional, IIGHI-CONICET, Resistencia (Argentina) 28-30 agosto de 2008; recibido en Julio 2009; admitido en agosto 2010.
**)Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (Rosario, Argentina). e-mail: nataliaceppi@yahoo.com.ar

Resumen: Bolivia es un claro ejemplo de una estructura social sumamente compleja donde conviven profundas desigualdades socio-económicas, culturales y étnicas. Las comunidades indígenas y campesinas –mayoría poblacional– han vivido históricamente relegadas de la participación de la estructura del Estado. Dicha exclusión fue potenciada durante los años noventa por las políticas implementadas que incrementaron tanto las fracturas como las tensiones sociales existentes. El ascenso de Evo Morales al poder fue acompañado de hechos de gran trascendencia: el proceso de nacionalización de los hidrocarburos y el nacimiento de la actual Constitución Política tras el referéndum nacional del 25 de enero de 2009. Esta última fue parte de situaciones críticas y conflictivas que demuestran las pujas materiales y simbólicas que subyacen entre el oficialismo y la oposición.

Palabras clave: Relaciones internacionales; Bolivia; Recursos naturales; Constitución política; Autonomías; Conflictos

Hydrocarbons and autonomic processes in Bolivia. Factors involved in its social fragmentation*

Abstract: Bolivia is a clear example of a highly complex social structure with deep socio-economic, cultural and ethnic inequalities. The indigenous communities, as majority, have been historically relegated from the state structures. That exclusion was enhanced during the 90s in the XX^th Century because the policies which were implemented increased the fractures and the social tensions. The rise to power of Evo Morales involved two important facts: the nationalization of oil and natural gas and the present Political Constitution after the national referendum on January 25, 2009. This constitutional text was part of critical situations that show the conflicts between government and opposition.

Keywords: International relations; Bolivia; Natural resources; Political constitution; Autonomies; Conflicts

Hidrocarbonetos e processos autonômicos na Bolívia. Fatores intervenientes em sua fragmentação social*

Resumo: A Bolívia é um claro exemplo de uma estrutura social fortemente complexa onde convivem profundas desigualdades socioeconômicas, culturais e étnicas. As comunidades indígenas e campesinas –maioria populacional– tem vivido historicamente relegadas da participação da estrutura do Estado. Dita exclusão foi reforçada durante os anos noventa pelas políticas implementadas que incrementaram tanto as fraturas como as tensões sociais existentes. A ascensão de Evo Morales ao poder foi acompanhada por fatos de grande transcendência: o processo de nacionalização dos hidrocarbonetos e o nascimento da atual Constituição Política tras o referendo nacional de 25 de janeiro de 2009. Esta última fez parte de situações críticas e conflituosas que demonstram as lutas materiais e simbólicas que subjacem entre o oficialismo e a oposição.

Palavras chave: Relações internacionais; Bolívia; Recursos naturais; Constituição política; Autonomias; Conflitos

I. Introducción

Bolivia, como varios países del continente americano, es un claro exponente de un tejido social cargado de complejidad donde las diferencias materiales y simbólicas han moldeado las dinámicas sociales, generando descontentos, conflictos y necesidad de cambio¹. Las divergencias no sólo se presentan en la distribución de los ingresos de sus zonas departamentales sino que, fundamentalmente, se manifiestan en la diversidad cultural, ya que aborígenes, mestizos y blancos conviven con múltiples creencias y maneras de ver al mundo, por lo cual, "el encuentro de las dos Bolivias no ha resultado exento de conflicto" (Stefanoni, 2003: 65)². En cuanto a esa primera divergencia mencionada, durante la corta estadía de Carlos Mesa Gisbert en el poder presidencial (2003-2005) se construyó un binomio discursivo, polarizando a los representantes de los sectores dominantes de Santa Cruz y Tarija y los diferentes movimientos sociales de los departamentos andinos de Bolivia. El país es visto en dos partes, el occidente, calificado como un "occidente convulso y decadente", y la media luna (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni), entendida como "pujante y progresista" (Vacaflores R. y Lizárraga, 2005: 24) (Ver el Mapa Político).

GRÁFICO 1: Mapa político de Bolivia

Fuente: http://www.indap.gob.cl

Por otra parte, no debe dejarse de lado que las comunidades aborígenes, en tanto mayoría poblacional³ han vivido tradicionalmente relegadas de la participación de la estructura del Estado, transformando a la exclusión en una práctica casi constante en todas aquellas actividades donde lo étnico encuentra dificultades para ser considerado como parte del todo.
Con un escenario político democrático, la administración de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) abrió paso a un "sistema de presidencialismo parlamentarizado" (Alenda, 2004: 4) conocido como Democracia Pactada. En esta última, las principales fuerzas políticas –el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN)– estructuraron un sistema de coalición para que, a través de las alianzas parlamentarias, perduraran en el poder presidencial, buscando redefinir "el papel del Estado en función de las reglas del libre mercado" (Alenda, 2004: 4). A partir de entonces, Bolivia comenzó a adoptar paulatinamente los pilares del modelo neoliberal, donde las privatizaciones de las principales empresas estatales y el incremento de la presencia de las trasna-cionales fueron hechos claves en la vida económico-política de los años noventa.
Durante la primera administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), exponente del MNR, se potenció la presencia de lo transnacional en el ámbito económico ya que diversos sectores de la economía fueron privatizados. En el caso de los hidrocarburos –una de las fuentes prioritarias de ingresos del país– el entonces mandatario presidencial inició en 1994 el proceso de ingreso de capitales trasna-cionales mediante la Ley de Capitalización. Dicha medida –al igual que aquellas que sucedieron en su estadía como primer mandatario– se enmarcó dentro del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, el cual, al definir los objetivos y las directrices de acción a seguir, buscaba indicar las prioridades a tener en cuenta en materia de inversión en base a las potencialidades del país (Kafka en 1995).
En un plazo de cuatro años, Sánchez de Lozada privatizó la industria energética boliviana, otorgando amplios márgenes de acción a las empresas transnacionales ya que las mismas disponían de libertad en cuanto a la importación, exportación y comercialización interna de los hidrocarburos y sus derivados⁴. El dinamismo adquirido en la explotación hidrocarburífera durante la década del noventa ayudó a fortalecer las diferencias económicas entre las dos Bolivias al potenciar los ingresos departamentales de los integrantes de la media luna, la cual concentra la riqueza energética nacional⁵.
Las demandas insatisfechas de los sectores indígenas y campesinos y, consecuentemente, la necesitad de un cambio político, económico y social, y el desmembramiento de la Democracia Pactada tras la Guerra del Gas en octubre de 2003, que impulsó la dimisión de Sánchez de Lozada en su segundo mandato el 17 de octubre de dicho año, prepararon el camino para que el Movimiento al Socialismo (MAS) obtuviera la victoria en las elecciones presidenciales el 18 de diciembre de 2005.
El ascenso de Evo Morales al poder Ejecutivo, con una trayectoria reconocida como líder indígena y sindical, implicó un punto de inflexión en la historia política boliviana. Rápidamente, el actual mandatario puso en marcha dos medidas claves que reavivaron la dicotomía inclusión-exclusión en el interior de la sociedad: el tratamiento de la temática del gas y la promesa de implantar una nueva Constitución Nacional más adecuada a la realidad social de Bolivia.
La llamada nacionalización de los hidrocarburos buscó reestablecer la propiedad estatal, planteando la posibilidad de un modelo económico más participativo y que incluyera las demandas de los grupos pobla-cionales que estuvieron al margen del accionar de los partidos tradicionales del espectro político. En cuanto al proceso constitucional que comenzó en agosto de 2006 por medio de la instauración de la Asamblea Constituyente y cuyo resultado fue una nueva Carta Magna tras el referéndum nacional del 25 de enero de 2009, no quedó exento ni de los entredichos ni de las situaciones de violencia y crisis. El interrogante de cómo incluir y respetar los pedidos autonómicos indígenas y los reclamos de autonomías departamentales que no se identifican con el proyecto nacionalista del MAS forman parte de un pasado y un presente donde las diferencias conviven con escasos márgenes de armonía.

II. Gas natural: su impronta en una sociedad compleja, diversa y heterogénea

Los recursos naturales de nuestro planeta ocupan un rol fundamental en las agendas político-económicas de los Estados en lo que respecta a su uso y aprovechamiento, ya que éstos son "elementos de que el hombre se vale para satisfacer sus necesidades" (Barberis, 1979: 146). En este sentido, los beneficios que se obtienen mediante su explotación dinamizan el accionar por parte de los países que los poseen, de aquéllos que carecen de los mismos y de las empresas multinacionales dedicadas a su comercialización. El gas natural boliviano puede responder sin mayores inconvenientes a dicha dinámica.
El país andino posee una de las reservas de gas natural más importantes de Sudamérica y por ello cuenta con facultades para satisfacer la creciente demanda del mercado energético a nivel interno como regional. Carlos Villegas Quiroga, Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sostiene que Bolivia concentra el 36.2% de las reservas certificadas de gas libre de América del Sur y que la particularidad nacional radica en que la mayoría de los campos son denominados secanos, es decir, no tienen un fuerte componente líquido por lo cual, al ser el gas natural predominante y "el petróleo ocupar un lugar secundario, la producción boliviana de hidrocarburos está determinada por los mercados de gas natural" (Villegas Quiroga, 2004: 33-34).
Sin embargo, en el caso de Bolivia, la temática de los hidrocarburos presenta también otra faceta. A lo largo de su historia, las medidas y las políticas adoptadas por los diferentes gobiernos con relación a los mismos han dotado al gas natural de una arista social que no puede dejarse de mencionar (Recce, 2006). La manera en que han sido explotados y comercializados contribuye a reforzar el ejemplo de Bolivia como un Estado con gran potencial en recursos naturales generadores de incalculables cantidades de dinero, pero que a nivel doméstico refleja profundas divergencias socio-económicas⁶.
Bolivia queda asociada a la imagen de un Estado fragmentado, con un tejido social complejo donde los momentos de tensión constituyen una temática recurrente. Dentro de este esquema de rivalidades, los recursos naturales –principalmente los hidrocarburos– dan cuenta, por un lado, de las disputas departamentales en torno de los excedentes por la comercialización gasífera, y por otro, de los cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas y campesinas del Altiplano (Sanjinés, 2004; Vacaflores R. y Lizárraga, 2005).
Con el ascenso de Evo Morales al poder estatal el 22 de enero de 2006, se abrieron nuevos horizontes para aquellos actores sociales que históricamente no fueron incluidos en el aparato estatal (Zibechi, 2005) ya que su figura personal y sus orígenes contribuyen a la reconstrucción de los vínculos entre una mayoría poblacional indígena y campesina y su respectiva representación política. En palabras de Luis Maira: "el triunfo de Evo Morales representó un cambio en el mapa político boliviano", planteando "la necesidad de redefinir el pacto social y político de la Nación", conjuntamente con la puesta en marcha de medidas económicas orientadas a modificar las reglas de juego en el tratamiento de los recursos naturales del país, principalmente el gas natural (Maira, 2007: 71-2).

III. La década del noventa: privatizaciones en la economía y modificaciones en la Constitución Nacional

Si se realiza un pequeño recorrido en la historia de la sociedad boliviana con respecto a la temática energética, se pone de manifiesto que esta última es un elemento de suma importancia al momento de establecer la política interna y externa del Estado⁷.
La década del noventa podría ser definida como de años claves en la cuestión gasífera. No sólo las políticas estatales implementadas fueron gestando y fortaleciendo el malestar de esos sectores mayoritarios que defendían lo identificado como nacionalmente propio, sino que además se constituyeron en un factor que llevó la lógica de la inclusión-exclusión a su máximo esplendor.
La primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) representó el exponente máximo de las reformas y ajustes neoliberales que sufrieron muchas de las empresas tradicionales de Bolivia (Villegas Quiroga, 2003). En cuanto al gas natural, a un año de haber asumido el poder Ejecutivo, se dio a conocer la Ley 1544 o también llamada Ley de Capitalización, a través de la cual los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasaron de ser una empresa estatal a una donde los capitales extranjeros eran fundamentales (Recce, 2006). Según la mencionada Ley, el Poder Ejecutivo podía, mediante decreto, capitalizar aquellas sociedades de economía mixta y "aportar los activos y/derechos de las empresas públicas" para la integración y conformación de empresas mixtas⁸. Consecuentemente, el rol de YPFB comenzó a reducirse, quedando relegado a dos tareas fundamentales: la supervisión de los contratos contraídos y las tareas relacionadas con el abastecimiento local (Recce, 2006).
Por otro lado, en 1994 se pusieron en marcha modificaciones a la Constitución Nacional del Estado, vigente desde 1967. Es interesante ver el artículo 1º, alcanzado por dicha reforma, donde se define la esencia del Estado. La reforma de 1994 buscó incluir en el texto constitucional la diversidad étnica y cultural que caracteriza al país. Consecuentemente, el artículo 1º quedó redactado de la siguiente manera: "Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural [reforma de 1994] constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática, representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos"⁹.
El reconocimiento de la diversidad cultural del país, así como el de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, campesinas y de sus respectivas asociaciones y sindicatos (artículo 171), representó un avance importante para dicha mayoría poblacional, sobre todo en el ejercicio de sus derechos en materia de tierras comunitarias, siempre y cuando sus prácticas y costumbres no fueren contrarias con la Constitución escrita¹⁰. No obstante, estas modificaciones al texto constitucional no estuvieron plenamente en concordancia con la realidad del escenario nacional. Permanecieron principalmente en el ámbito discursivo debido a que las medidas tomadas durante la administración de Lozada –como en el transcurso de los noventa– fueron robusteciendo el descontento y los reclamos de una mayoría poblacional que no se sentía plenamente incorporada a la estructura socio-política del Estado.
El 30 de abril de 1996, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 1689, denominada Ley de Hidrocarburos. Esta última fue un ingrediente más que fortaleció la dicotomía inclusión-exclusión, ya que al convertirse en un punto trascendental del modelo neoliberal y de los ajustes estructurales puestos en marcha (Villegas Quiroga, 2003), dio lugar a beneficios departamentales asimétricos ante las diferencias existentes en la distribución de las regalías hidrocarburíferas.
La Ley 1689 amplió la participación de las empresas transnacionales en la explotación energética del país porque, si bien el Estado conservó la tutela de los hidrocarburos, "las tareas de exploración, explotación y comercialización de los mismos, corresponden tanto al Estado como a aquellas personas individuales o colectivas" que celebren Contratos de Riesgo Compartido con YPFB (Ley 1689)¹¹. El Estado nacional se mantuvo como propietario de aquellas reservas de gas natural ubicadas en el subsuelo pero dicha propiedad se trasladaba a la empresa contratista cuando las mismas eran "producidas o declaradas campos comerciales" (Villegas Quiroga, 2003: 28).
En estos términos, ¿cuál sería la función de YPFB en esta etapa? Su rol se limitó fundamentalmente a suscribir contratos con las empresas trasnacionales, demostrando que sus funciones fueron minimizadas a partir de las reformas generadas desde el Poder Ejecutivo. De este modo, la primera administración de Sánchez de Lozada se caracterizó por una fuerte interrelación entre los temas de la agenda interna y externa (Kafka, 1995). El impulso otorgado a la privatización de empresas que habían permanecido bajo las directrices estatales¹², mediante el otorgamiento de incentivos fiscales y acuerdos comerciales (Muriel H. y Barja D., 2006) buscó revertir el estancamiento de la economía boliviana, haciendo de las exportaciones de gas natural un instrumento de reposicionamiento con los países vecinos.
Finalmente, en agosto de 1997, el entonces Presidente estableció el fortalecimiento de la participación de las empresas transnacionales en el área de hidrocarburos, al otorgar el derecho de propiedad desde la Boca de Pozo, es decir, a partir de que el gas natur al emerge a la superficie (Decreto 24.806). En palabras de Villegas Quiroga (2003), con esta medida el exponente del MNR: "concedió plenamente la propiedad de los recursos hidrocarburíferos a las compañías transnacionales" (Villegas Quiroga, 2003: 29).
El cuadro de situación anteriormente mencionado fue moldeando paulatinamente el contexto socio-político de las crisis sociales que el país comenzó a experimentar a partir del año 2000. La política de apertura que se inició en la segunda mitad de la década del ochenta y que fue profundizada durante los años posteriores no mitigó las desigualdades socio-económicas entre los departamentos de oriente y occidente. A su vez, la inestabilidad social y político-institucional producto del desgaste que fue sufriendo la Democracia Pactada, así como los picos de conflictos alcanzados en los meses de abril y septiembre de 2000, manifestados en los enfrentamientos entre los productores de hoja de coca y el gobierno, por un lado, y la Guerra del Agua en Cochabamba, por el otro, prepararon el escenario tanto para el final de una etapa coordinada por "los tres partidos políticos más importantes del sistema y las elites empresariales" (Mesa Gisbert, 2006: 187) como para el fortalecimiento del MAS.

IV. La Guerra del Gas: la transición hacia el MAS

El accionar de la Democracia Pactada posibilitó que Gonzalo Sánchez de Lozada estuviera por segunda vez al frente del Ejecutivo tras las elecciones de junio de 2002 (2002-2003). El representante del MNR obtuvo la victoria presidencial con sólo el 22.46% de los votos¹³, mientras que el segundo lugar fue ocupado por el MAS con el 20.94%, asentándose como una alternativa partidaria para aquellos sectores sociales que no se sentían representados por los partidos políticos tradicionales.
En esta oportunidad, la estadía de Lozada como primer mandatario fue mucho más breve no sólo porque su modelo económico-político no reflejaba las demandas de los departamentos de occidente, sino también porque el MAS expresaba "su conexión con los sectores más pobres y su carácter étnico" (Mesa Gisbert, 2006: 189), que la figura de Evo Morales supo revalorizar para proponer un nuevo pacto de goberna-bilidad que marcaría un punto de quiebre con el pasado.
Según informes de la Corte Nacional Electoral de Bolivia (CNE), el MAS como segunda fuerza política nacional tuvo representación en el Poder Legislativo a través de 8 senadores sobre un total de 27 y 27 diputados sobre un total de 130¹⁴. Dicha situación le permitió encauzar con mayor precisión su vinculación política con aquéllos que buscan establecer un punto de inflexión en materia política y económica. En este último punto, las decisiones en torno de los hidrocarburos se convirtieron nuevamente en el objeto de cuestionamiento por parte de las fuerzas políticas y sociales opositoras. A mediados de 2003, la sociedad boliviana tomó conocimiento de los intentos de exportar gas natural a México y Estados Unidos mediante el consorcio LNG, a través de puertos chilenos (Gavaldá, 2003) y a precios que iban en detrimento de los intereses nacionales, quitando de cierta manera protagonismo al reclamo que Bolivia mantiene hacia ese país por sus costas marítimas perdidas tras la Guerra del Pacífico (1879-1883).
Esta decisión generó un descontento generalizado de la población, deviniendo en octubre de 2003 en un enfrentamiento violento entre aquellos pobladores de La Paz y El Alto que se oponían al proyecto de exportación gasífero vía Chile y las fuerzas policiales y militares enviadas por el oficialismo. Ante una situación que se presentaba como incontrolable y con varias decenas de muertos, Sánchez de Lozada renunció a su cargo el 17 de octubre de 2003 y su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert, se convirtió en el primer mandatario de Bolivia.
El ex Presidente Mesa, tratando de atenuar los ánimos existentes, convocó a un referéndum nacional el 18 de julio de 2004 sobre el destino de los hidrocarburos. La nacionalización de los hidrocarburos y la derogación de la Ley 1689 fueron los temas en torno de los cuales la sociedad debió pronunciarse a favor o en contra (Arrarás y Deheza, 2005). Los votantes se manifestaron ampliamente por el retorno del control por parte del Estado en el sector energético y la anulación de la Ley de Hidrocarburos de 1996¹⁵. Los resultados arrojaron el pedido de implementar una nueva ley en materia de hidrocarburos pero el proyecto elaborado en concordancia a lo manifestado en el referéndum fue modificado por el Congreso, por lo cual Mesa Gisbert se negó a firmarlo. El entonces mandatario presentó su renuncia el 6 de marzo de 2005 pero el Congreso la rechazó. Finalmente, el 17 de mayo de 2005 el Presidente del Senado promulgó la normativa energética (Ley 3058) y Carlos Mesa, al quedar inmerso en las presiones de los sectores que habían votado a favor de la recuperación de YPFB en los diferentes eslabones de la cadena productiva hidrocarburífera, de los sectores empresariales vinculados a la explotación energética y de las diferentes fuerzas políticas, renunció nuevamente el 6 de junio de 2005. De esta manera, el Congreso boliviano nombró como el sucesor de Mesa a Eduardo Rodríguez Veltzé, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el mismo fue el encargado de llevar adelante el período de transición hasta la realización de las elecciones presidenciales el 18 de diciembre de 2005.
La Ley 3058 fue presentada como un elemento innovador que daba respuestas a los pedidos de reformulación en el tratamiento de los hidrocarburos bolivianos pero, en realidad, ni reflejaba un mayor protagonismo estatal en materia gasífera ni una distribución más equitativa de los ingresos provenientes de las exportaciones energéticas. Dicha normativa dio origen al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), "aplicable a todo el territorio nacional y a la producción de hidrocarburos en Boca de Pozo"¹⁶. En otras palabras, el IDH es una alícuota que "se paga como una licencia con la cual el Estado permite que las transnacionales actúen libremente en el sector" (CEDLA, 2005: 22)¹⁷.
Como las regalías departamentales fueron establecidas en el 18% y la alícuota del IDH fue fijada en un 32% para aquellas personas físicas o jurídicas que se dedican a la explotación hidrocarburífera (CEDLA, 2005: 21), este punto ocasionó que las fuerzas políticas del Congreso discreparan abiertamente. Mientras que el MAS velaba por la aplicación de impuestos a los hidrocarburos en un 50%, el oficialismo logró imponerse con el 32% mediante la formación de una coalición en el ámbito legislativo.

V. Evo Morales al poder: vientos de cambio en la política de hidrocarburos

El triunfo de la Guerra del Gas, la renuncia de Sánchez de Lozada y el punto final de la Democracia Pactada, los escaños logrados en el Parlamento por parte del MAS y una propuesta de campaña que representaba la inclusión de las demandas de aquellos sectores que habían cuestionado las políticas neoliberales, fueron elementos importantes que estructuraron los resultados de las elecciones del 18 de diciembre de 2005.
EL MAS jugó hábilmente en las elecciones presidenciales propugnando la idea de cambio (Romero Ballivián, 2006). El establecimiento de un nuevo modelo económico, la posibilidad de renovación política y una Constitución que contemplara derechos históricamente reclamados fueron los temas centrales en torno a los cuales Evo Morales diseñó su estrategia de campaña. A su vez, debe tenerse en cuenta que los sectores mayoritarios tenían frente a sus ojos a un representante que lejos estaba de identificarse con los mandatarios que tradicionalmente gobernaron al país andino. Evo Morales se había forjado en la lucha sindical y había sido uno de los protagonistas de los sectores que luchaban para ser representados.
Como sostiene Romero Ballivián (2006), el MAS se presentó como un verdadero ejemplo de la renovación. Con una victoria contundente expresada en el 53.74% de los votos, Evo Morales asumió la presidencia del país, llevando la relación entre comunidades indígenas y campesinas y representante político a su máxima expresión cuando el líder indígena prestó juramento, en primer lugar, el 21 de enero de 2006 en Tiwanaku, un centro cultural donde recibió los atributos de mando por parte de las autoridades de los pueblos considerados originarios. En segundo lugar, quedó el acto formal por el cual Evo Morales y Álvaro García Linera juraron el 22 de enero de 2006 ante el Congreso Nacional (Avendaño, 2006).
A escasos meses de iniciarse su estadía en el poder, Evo Morales decretó, el 1º de mayo de 2006, la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos (Decreto 28701), sosteniendo que los mismos son bienes nacionales y es "el Estado quien detenta la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos"¹⁸. Por su parte, YPFB se presenta como único ente legítimo y legal en materia energética, fijándose su participación en el 51% de las acciones de las empresas Andina S.A., Chaco S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S.A., Transredes S.A. y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A.¹⁹. Además, las empresas transnacionales que tenían contratos con el Estado boliviano para la explotación de los hidrocarburos, tuvieron que redefinir su situación mediante la firma de nuevos acuerdos cuya aceptación quedó sujeta a la actuación del Poder Legislativo²⁰.

V.1. Los conflictos en torno a la actual Constitución Política
La necesidad de una nueva Carta Magna se basó en reflejar constitucionalmente factores como la diversidad étnico-cultural que caracteriza al país, las demandas autonómicas, el retorno estatal en materia de gestión de recursos naturales y el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y campesinas (Cuba Rojas, 2006). Sin embargo, los departamentos autonomistas de la media luna declararon abiertamente que no se sienten identificados con el proyecto nacionalista de Evo Morales. Consecuentemente, los reclamos y las pujas por imponer y defender determinados intereses particulares se transformaron en los elementos protagónicos de un proceso constituyente polarizado (Mayorga, 2008).
Como se ha mencionado, el otorgamiento de una nueva Constitución Política fue una de las principales promesas de campaña del actual Presidente de Bolivia. A través de la misma, no sólo se buscó incorporar la cuestión étnica al ámbito jurídico sino que, además, la reformulación de la Carta Magna estaba en relación con las directrices socio-económicas y políticas que Evo Morales se había propuesto realizar una vez alcanzado el poder presidencial.
El proceso constituyente se inició el 6 de agosto de 2006 tras la instalación de la Asamblea Constituyente. Esta figura fue incorporada en la reforma constitucional de 2004 y, al igual que el referéndum y la iniciativa ciudadana, forman parte de un proceso jurídico y político que busca ampliar los márgenes de participación ciudadana²¹. El 2 de julio de 2006 fueron elegidos sus 255 miembros en base a la circunscripción del país, de los cuales 137 respondieron a la fórmula presidencial del MAS²². De acuerdo al reglamento, la Constituyente debería haber logrado el acuerdo de las temáticas importantes en el lapso de un año. Sin embargo, este acuerdo no pudo realizarse en tiempo y forma debido a las grandes discrepancias entre el MAS y los pedidos de autonomías por parte de los departamentos con mayor desarrollo económico y comercial.
La nueva Constitución Nacional nació con retraso y en un entorno cargado de tensiones, inestabilidad y hasta con presunciones de ilegalidad. El 24 de noviembre de 2007, el texto constitucional fue aprobado en líneas generales en ausencia de la oposición y la Asamblea tuvo que ser custodiada por Fuerzas Militares²³. La revisión en detalle fue hecha el 9 de diciembre en la ciudad de Oruro y como contrapartida y rechazo a lo ocurrido, el departamento de Santa Cruz, declaró la elaboración de su respectivo estatuto autonómico. Imitando el ejemplo santacruceño, Tarija, Pando y Beni hicieron lo propio y los Prefectos de la media luna llamaron a los referéndums departamentales para el 4 de mayo y el 1º y 22 de junio de 2008, respectivamente, a pesar de no contar con el visto bueno de la Corte Nacional Electoral (CNE). Con porcentajes que oscilaron entre el 79% y el 85%²⁴, los ciudadanos de estos departamentos se pronunciaron a favor de la autonomía, demostrando la existencia de una Bolivia que no sólo posee intereses materiales contrapuestos con el MAS, sino donde también persiste una tensión vinculada al ámbito de lo simbólico. Las disputas entre los Prefectos departamentales y el oficialismo se proyectan más allá de los pedidos de autonomías regionales y el control de los ingresos provenientes de los hidrocarburos (Vacaflores R. y Lizárraga A., 2005). No debe olvidarse que en Bolivia subyacen miradas encontradas entre la Bolivia de la media luna y la Bolivia del altiplano, donde el resurgir de lo étnico y lo ancestral –íntimamente asociados a la figura presidencial– genera un punto de quiebre, principalmente a partir de que lo indígena ha sido revalorizado desde una fórmula partidaria. En otras palabras, la nueva Constitución, cuyo objeto ha sido redefinir los lazos entre Estado y sociedad, despertó una crisis entre las dos Bolivias que pretenden defender lo entendido como propio.
Mientras que Santa Cruz se encargó de liderar el proceso autonomista departamental, el MAS convocó mediante la Ley 3850 para la realización de un referéndum revocatorio de los representantes del Poder Ejecutivo y de los líderes departamentales. Teniendo como base los porcentajes que cada uno de los candidatos debía obtener para que sus cargos fueran revocados o no, mediante una elección por el SI o por el NO, una vez más la sociedad volvió a respaldar las visiones y los intereses que sustentan al altiplano y a la media luna²⁵. La fórmula del oficialismo y los prefectos de Tarija, Santa Cruz y Beni fueron ratificados en sus respectivos cargos pero no lograron encausar esas dos miradas y formas de vida que difícilmente pueden encontrar puntos en común.
Evo Morales se reunió en varias oportunidades con los representantes departamentales en los intentos de consensuar sobre el futuro socio-político y económico del país a través de la aprobación de la Constitución Política. La CNE fijó como fecha el 7 de diciembre de 2008 para que la sociedad decidiera el futuro del proyecto constitucional y la extensión máxima de las tierras privadas agrícolas, establecida en 5.000 o 10.000 hectáreas. Las medidas de presión por parte de los Prefectos departamentales, quienes exigían la suspensión del referéndum y la devolución del IDH, hicieron intervenir a la CNE. El referéndum fue suspendido hasta que las partes involucradas aplacaran sus ánimos sin que una de las ellas impusiera sus demandas y reclamos sobre la otra. Sin embargo, los sucesos de Pando en el mes de septiembre demostraron la escasa predisposición a que las dife rencias –tanto materiales como simbólicas– puedan convivir con cierta armonía.
Entre los días 11 y 13 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir, fuerzas policiales departamentales, campesinos e indígenas se enfrentaron con un saldo de once muertos y varios heridos, donde el ex Prefecto departamental –Leopoldo Fernández– fue acusado de asociación delictuosa²⁶. Dichos acontecimientos provocaron un punto de inflexión en la crisis boliviana, ya que los países vecinos y observadores internacionales instaron a las partes a trabajar de manera conjunta para lograr que, a través del diálogo político, se hicieran las modificaciones necesarias para que la Constitución pudiera ser sometida a referéndum.
Durante el mes de octubre de 2008, se conformaron diferentes comisiones técnicas que representaron las posturas del MAS y de los Prefectos autonomistas. En este contexto de negociación, participaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural, sectores del oficialismo, congresistas de la oposición, académicos e investigadores que actuaron para coordinar no sólo el acercamiento entre las partes, sino también para modificar algunos elementos del texto constitucional²⁷. De acuerdo a las manifestaciones de los encargados de establecer puntos de encuentros para dar vida al texto constitucional, la distribución de la tierra, el control de los recursos naturales y las autonomías indígenas y departamentales, fueron los principales temas en los cuales, oficialismo y oposición debieron dialogar a fin de evitar que las tensiones se desbordaran nuevamente hacia momentos de violencia²⁸.
Finalmente, Evo Morales envió el 21 de octubre de 2008 el texto constitucional al Congreso –mediante la Ley 3942– para que el mismo fuera sometido a su aprobación. Si bien esta Ley sólo consta de siete artículos y sus correspondientes Disposiciones Finales, se presentó como un instrumento interesante que da cuenta de algunas cuestiones relacionadas con la actual Carta Magna y con aspectos vinculados a las negociaciones entre los Prefectos autonomistas y el oficialismo. En su artículo 1º se reconoce que durante el proceso de aprobación – tanto en líneas generales como en detalle– la Constitución Política no alcanzó el porcentaje de los dos tercios de los votos de los miembros presentes de la Asamblea Constituyente²⁹. En consecuencia, se aceptaron las modificaciones efectuadas durante el mes de octubre "sobre la base del trabajo realizado en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y representantes municipales sobre Autonomías y por la Comisión Especial de Concertación del Congreso Nacional"³⁰.
El referéndum constitucional fue establecido para el 25 de enero de 2009. Además de decidir sobre el futuro de la Constitución Política, los ciudadanos también tuvieron que hacer extensiva su participación sobre el artículo 398 para pronunciarse sobre la controvertida temática de la tierra a fin de que en base a los resultados, éstos fueran incorporados al texto constitucional. Esta decisión respondió a uno de los reclamos históricos de las comunidades indígenas y campesinas, ya que Bolivia, al igual que varios países de América Latina, posee grandes porciones de "tierras concentradas en pocas manos y en muchos casos sin explotar" (Moreno y Aguirre, 2007:12).

V.2. Una nueva Carta Magna: ¿Momentos de quietud ante la crisis social?
Tras sortear los inconvenientes y las situaciones de violencia, el referéndum nacional para someter a aprobación la nueva Constitución Política fue realizado el 25 de enero de 2009. A pesar de los intentos de acercamiento entre el oficialismo y la oposición y las modificaciones hechas a la Carta Magna de diciembre de 2007, los resultados de la consulta reiteraron la fuerte polarización existente entre la Bolivia de la media luna y la Bolivia del altiplano (Mayorga, 2009). Según los informes de la CNE, el 61.43% de los votantes se manifestaron a favor de que el texto constitucional entrara en vigencia. Por su parte, el referéndum dirimidor destinado a la extensión de la tierra arrojó que el 80.56% de los participantes escogieron como límite de propiedad las 5.000 hectáreas³¹.
Los departamentos correspondientes a la región de la media luna se mantuvieron firmes en su postura opositora al proyecto del MAS ya que la votación por la NO entrada en vigencia de la Carta Magna osciló entre el 56.66% y el 77.33%. De igual manera, los departamentos del altiplano y de la región de los valles, es decir, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y La Paz, adhirieron a favor de la actual Constitución Política con porcentajes que fueron desde el 51.54% al 80.07%³².
La presente Constitución Política fue publicada en la Gaceta Oficial del país el 7 de febrero de 2009. En términos generales, puede decirse que dicho texto constitucional posee un fuerte reconocimiento de los derechos materiales y simbólicos de los pueblos indígenas y campesinos. La heterogeneidad y la diversidad cultural –como una de las características fundamentales de la sociedad boliviana– es contemplada en casi la totalidad de los articulados.
La figura del Estado se asocia a la imagen de un Estado Plurinacional, Comunitario, intercultural, descentralizado y con autonomías, el cual, teniendo en cuenta que la diversidad se transforma en uno de los cimientos del tejido social y donde conviven múltiples maneras de ver al mundo, reconoce su independencia con respecto a la religión y la existencia precolonial de las comunidades indígenas y campesinas como el dominio sobre sus territorios³³.
Los derechos colectivos, sociales, económicos, culturales y aquellos vinculados al uso de las tierras comunitarias de los pueblos originarios son contemplados especialmente en el artículo 30. Una cuestión importante se presenta en el reconocimiento por parte del Estado, el cual respeta y protege la identidad, las costumbres, instituciones y prácticas de las comunidades indígenas y campesinas³⁴. Asimismo, debe aclararse que la temática de la tierra ha sido y es una cuestión conflictiva no sólo por el hecho de quienes detentan su propiedad, sino porque las tensiones se presentan fundamentalmente por la obtención de los beneficios que derivan de la explotación de los recursos naturales que allí se encuentran. Respondiendo a las demandas de los pueblos originarios, el oficialismo posibilitó que constitucionalmente se les reconozca su participación en la gestión de los bienes de la naturaleza³⁵.
Por otro lado, recayó en el aparato estatal la propiedad de los recursos naturales como de su respectiva administración. Estos fueron entendidos como elementos estratégicos para el desarrollo del país, por lo cual, las tareas de "exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización" son parte del dominio directo del Estado³⁶. Este tema no es menor, ya que ha sido uno de los puntos que mayores controversias ha generado entre el oficialismo y los Prefectos autonomistas porque en los departamentos de la media luna, la mayor parte de los recursos naturales se encuentran concesionados en manos privadas.
Con respecto a los procesos de reorganización territorial, la actual Constitución Política reconoció que la distribución territorial estaría dada a partir de la organización de departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos³⁷.
Los tenues momentos de acercamientos logrados entre el MAS y los Prefectos opositores posibilitaron que los pedidos de autonomías indígenas, departamentales, provinciales y municipales fueran contempladas jurídicamente en la actual Constitución Política del Estado (Nuñez Rivero, 2009). Las autonomías fueron objeto de arduas luchas entre el altiplano y los departamentos del oriente, precisamente por las facultades que conlleva que un territorio pueda ser entendido bajo un régimen autonómico. Este último implica no sólo la elección directa de sus autoridades por parte de sus ciudadanos, sino que también les son propias dentro de su jurisdicción el accionar legislativo, reglamentario, fiscalizador y ejecutivo³⁸.
Reactivando y revalorizando una vez más la cuestión étnica, las autonomías indígenas fueron definidas en base al autogobierno. En este sentido, prevalecen los vínculos del ámbito identitario, donde la lengua, la cultura y hasta la historia misma forman parte del nexo conector entre el territorio y sus habitantes. Además del autogobierno, en las autonomías indígenas se respetan sus instituciones y lazos comunitarios, conjuntamente con el principio de autodeterminación. Las autonomías departamentales no quedaron al margen del actual texto constituciona l³⁹. No obstante, a pesar de este reconocimiento y de las modificaciones hechas al articulado de la Carta Magna en octubre de 2008,  los resultados del referéndum nacional del 25 de enero de 2009, evidenciaron tanto su rechazo al proyecto del MAS de refundar⁴⁰ el Estado boliviano, como también las dificultades existentes para que estas dos Bolivias puedan concretar un verdadero Pacto Nacional.
La promulgación de la Constitución Política vigente posibilitó acordar en términos jurídicos la puesta en marcha de las autonomías. Como estas últimas deben estar avaladas por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, se necesitó previamente su respectivo tratamiento en el Congreso. Su creación constituye un hecho sumamente importante ya que, a través de la misma, se rige la transferencia de las competencias correspondientes para los ámbitos departamental, provincial, municipal e indígena.
Finalmente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización el 20 de julio de 2010 a los fines de crear una nueva estructura dentro del Estado Plurinacional, viabilizando jurídicamente los cuatro niveles autonómicos: departamental, municipal, regional e indígena originario campesino, los cuales están contemplados en el artículo 13, correspondiente al gobierno de las unidades te-rritoriales⁴¹. En palabras del Ministro de Autonomías, Carlos Romero: "la nueva ley es la más importante del país después de la actual Constitución Política del Estado, porque entraña el reordenamiento territorial y la recomposición del poder político y una reasignación de los recursos económicos"⁴². No obstante, esta situación ha generado una respuesta crítica por parte de la media luna ya que, para realizar esta reestructuración política y territorial, deben ser redistribuidas las fuentes de ingresos, entre ellas, las regalías hidrocarburíferas, con el objetivo de equilibrar los fondos para atenuar las asimetrías departamentales⁴³. En otras palabras, el nacimiento de la Ley de Autonomías puede ser visto como un avance del proceso de reformas promulgado por Evo Morales pero también como un pequeño paso de un largo camino que las dos Bolivias aún deben transitar.

VI. Reflexiones finales

Es indudable que tanto la diversidad como la complejidad se constituyen en los términos adecuados para referirse al pasado y el presente de la República de Bolivia. Las diferencias se presentan básicamente en todos los ámbitos y han generado que las tensiones sociales se establezcan prácticamente como una constante. De este modo, las diferencias son las encargadas de resquebrajar tanto la visión que la sociedad posee de los lazos entre representante-representado como de los múltiples vínculos sociales que se crean en torno a la figura del Estado. Como muchos de los países latinoamericanos, Bolivia posee una historia marcada por las luchas sociales, dejando entrever un tras-fondo de pujas de poder, intereses y relaciones de identidad.
La temática gasífera y las políticas que se llevaron adelante –princi-palmente en los años noventa– fortalecieron la existencia de esas dos Bolivias al potenciar las tensiones entre aquéllos que poseen el control de los hidrocarburos y aquéllos que están excluidos. Las gestiones presidenciales de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa formaron parte de un modelo socio-económico con marcadas directrices neoliberales, que subrayó las asimetrías económicas departamentales. Sin embargo, las medidas implementadas en materia de hidrocarburos acompañaron la dimisión de dos mandatarios presidenciales y el robustecimiento del MAS como modelo y partido político.
Al asumir el poder del Estado, Evo Morales puso en marcha dos medidas claves que, por un lado, marcaron un punto de quiebre en la historia del país andino y por otro, dieron lugar a un escenario cargado de tensiones y conflictos. La nacionalización de los hidrocarburos generó un estado de malestar en los departamentos bolivianos de mayor peso económico ya que todos los contratos vigentes debieron ser renegociados a través de la participación del Congreso. Asimismo, la crisis existente y las situaciones de violencia entre el altiplano y la media luna desde iniciado el proceso constituyente en agosto de 2006, pusieron en juego la posibilidad de dar viabilidad al actual texto constitucional. Viabilidad en el sentido de que esta Carta Magna pueda reformular los vínculos entre una sociedad fragmentada y un Estado cuyos márgenes de acción económico-políticos se encuentran sujetos a aquellos departamentos que no comparten el proyecto nacional del MAS.
A pesar de las críticas por parte de la CNE de la ilegalidad de los refe-réndums autonómicos de Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz, el hecho de que la media luna buscara una participación paralela al oficialismo evidenció que la recomposición de los lazos entre ambos implica un reto sumamente difícil. Una vez superados los momentos más críticos en la relación oficialismo-oposición, las negociaciones en el mes de octubre de 2008 entre los representantes del gobierno central y los Prefectos autonomistas, dieron lugar a que –respetando las leyes existentes– el pueblo boliviano se pronunciara en el referéndum vinculante del 25 de enero de 2009. Finalmente, los pedidos de autonomías departamentales y de las comunidades indígenas fueron incorporados en la Carta Magna. No obstante, los resultados reflejaron que, a pesar de lo acordado entre los principales protagonistas, persisten grandes dificultades para que pueda concretarse lo que Evo Morales llamó el Pacto Nacional.
El nacimiento de la Ley Marco "Autonomías y Descentralización" originó nuevos entredichos entre esas dos Bolivias que forman parte del Estado andino, ya que los Prefectos de la media luna y el gobierno central apelan a imponer sus respectivas demandas a través de las diferencias, por lo cual, lo jurídicamente acordado retroalimenta una dinámica relacional estructurada por las tensiones.

Notas

¹. Desde las campañas presidenciales hasta la actualidad, la temática del cambio ha sido un elemento importante tanto en el aparato partidario del MAS como en la propia figura de Evo Morales, vinculado a la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, la defensa estatal de los recursos naturales y el establecimiento de medidas destinadas a lograr la "igualdad de bolivianos y bolivianas" (Morales, 2007: 1). En su mensaje a la Nación del 25/11/2007, Morales enfatizó el proceso de cambio puesto en marcha tras su ascenso al poder presidencial, a través de la nacionalización de los hidrocarburos y un nuevo texto constitucional que garantice no sólo el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sino también pautas de organización político-económicas que representen la pluralidad social, cultural y económica que caracteriza al país (Morales, 2007: 2).
².  En este sentido, cabe destacar el trabajo de Carlos Vacaflores R. y Pilar Lizárraga A. (2005) en el cual sostienen que las diferentes luchas en torno a los recursos naturales reproducen "las antiguas contradicciones de la identidad nacional" (p. 21).
³.  Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) sostienen que de los 5.076.251 encuestados en 2001 (población de 15 años o más edad), sólo 1.930.476 no se autoidentifican con los denominados pueblos indígenas y originarios, a saber, quecha, aymara, guaraní, chiquitano, mojeño, otros nativos. < http://www.ine.gov.bo:8082/censo/entrance.jsp >. Se recomienda consultar el trabajo elaborado en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Los pueblos indígenas de Bolivia: diagnóstico socioeconómico a partir del Censo de 2001, preparado por el consultor Ramiro Molina Barrios, con el apoyo de Milenka Figueroa e Isabel Quisbert, Santiago de Chile, julio de 2005. < http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/23263/bolivia.pdf > [agosto de 2009].
⁴. Ver artículo 5, de la Ley 1689, 30 de abril de 1996. < http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=1549 > [agosto de 2009].
⁵.  Las empresas transnacionales pagan regalías en virtud de la explotación y comercialización hidrocarburífera del país. El artículo 50º de la Ley 1689 dispuso: "1. Una participación departamental, denominada regalía, equivalente al once por ciento (11%) de la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, pagadera en beneficio del departamento donde se origina la producción. 2. Una regalía nacional compensatoria del uno por ciento (1%) de la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, pagadera a los departamentos de Beni y Pando, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N 981 de 7 de marzo de 1988. 3. Una participación en favor de YPFB del seis por ciento (6%) de la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, que será transferida al Tesoro General de la Nación, luego de deducir el monto necesario para cubrir el presupuesto aprobado de YPFB para la administración de los contratos. Los departamentos productores y los Departamentos de Beni y Pando recibirán las regalías departamentales y las regalías nacionales compensatorias, respectivamente, en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, de acuerdo a los siguientes criterios de valoración:
a) Los precios de petróleo en boca de pozo: I. Para la venta al mercado interno se basarán en los precios de referencia de una canasta de petróleos del mercado internacional, de calidad y características similares al boliviano, ajustable por calidad, y II. Para la exportación, el precio real de exportación ajustable por calidad; b) El precio del gas natural será el precio promedio ponderado de exportación en las fronteras y las ventas en el mercado interno, ajustado por calidad; c) A la valoración de los productos referidos en los literales a) y b) precedentes, se deducirá únicamente el promedio ponderado dé las tarifas de transporte por los ductos bolivianos, que se mantendrán inalterables en los valores actuales hasta que la producción de hidrocarburos, en barriles equivalentes, se incremente en un 10% sobre la producción del año 1995, momento a partir del cual será la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) la que regule las tarifas correspondientes. Para efecto del calculo de los pagos de: a) La participación de YPFB conforme al inciso 3 de este artículo,b) La Regalía Nacional Complementaría, c) La participación nacional conforme al inciso b) 1 del artículo 72, y d) La participación conforme al inciso a) 3 del artículo 77, el valor de los hidrocarburos en boca de pozo será el valor del mercado internacional determinado en el lugar de exportación o comercialización interna, deducida la tarifa de transporte desde boca de pozo hasta el lugar de exportación o comercialización interna respectivamente." <http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=1549> [julio de 2008].
⁶. A modo de ejemplo, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) según departamento puede ser tomado como un indicador que da cuenta de las asimetrías económicas. Tomando como referencias los años 1996 y 2005 , el PBI per cápita en Bolivia era 4,36% en 1996 y 4,42% en 2005. En Tarija, el crecimiento del PBI per cápita reflejó 4,68% en 1996 y 25,42% en 2005, mientras que en Santa Cruz fue del 7,17% en 1996 y 4,21% en 2005. En cambio, en Oruro fue 2,45% en 1996, y 4,25% en 2005, pero con un crecimiento negativo entre 1999 y 2004. El crecimiento de La Paz fue 2,69% en 1996 y 1,12% en 2005. Datos extraídos del INE. <http://www.ine.gov.bo/indice/general.aspx?codigo= 40203> [agosto de 2009].
⁷.  Bolivia es un país con grandes reservas de gas natural pero con un bajo consumo interno, por lo cual las exportaciones de dicho hidrocarburo constituyen un elemento importante en las relaciones económicas externas del país, debido a que representan alrededor del 47% de las exportaciones en general (Poveda Ávila, 2006). <http://www.cedla.org/obie/content/255> [julio de 2009]. El país andino comenzó a exportar gas natural a la República Argentina en 1972 tras la firma en 1968 de un contrato de compra-venta entre las empresas Gas del Estado de Argentina, YPFB y Bolivian Oil Company de Bolivia, con una vigencia inicial de 20 años pero que, tras una serie de renovaciones, fue extendido hasta agosto de 1999. Unos años después, tras la crisis energética argentina que se materializó en marzo de 2004, Bolivia reactivó las exportaciones de gas natural hacia Argentina. El 19 de octubre de 2006, Evo Morales y Néstor Kirchner suscribieron un convenio de compra-venta de gas natural por un período de 20 años. Por último, Brasil mantiene un contrato de importación de gas natural boliviano desde 1999.
⁸.  Para mayor información, consultar la Ley 1544 de la República de Bolivia, 21 de marzo de 1994. <http://www.congreso.gov.bo/leyes/1544.htm > [agosto de 2008].
⁹.  Ver artículo 1º de la Constitución Política de Bolivia de 1967 con las reformas de 1994. <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/consboliv2005.html> [agosto de 2008].
¹⁰.  Consultar artículo 171 de la Constitución Política de Bolivia de 1967 con las reformas de 1994.
¹¹.  Ver artículo 1º de la Ley 1689 del 30 abril de 1996. < http://www.congreso.gov.bo/leyes/1689.htm > [agosto de 2008].
¹².  Además de YPFB, el proceso de reestructuración y privatización alcanzó, entre otras, a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la Empresa etalúrgica Vinto. Ver artículo 2 de la Ley 1544 de 1994.
¹³.  Para mayor información, consultar los resultados de la votación presidencial en Bolivia.com < http://www.bolivia.com/Especiales2002/Elecciones/recta_final/pais /> [julio de 2009].
¹⁴.  Información proporcionada por la CNE. < http://www.cne.gob.bo > [julio de 2009].
¹⁵.  Los resultados de la CNE reflejaron que más del 80% de los votantes apoyaron la derogación de la Ley 1689.
¹⁶.  Ver artículo 53 de la Ley 3058.
¹⁷.   "El IDH es un tributo que se paga por la venta de gas natural a los mercados externos", <http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/31854-bolivia-recibio-us-125-mm-por-idh-y-regalias.html> [enero de 2009]. Por otro lado, tanto el IDH como las regalías se cobran sobre la producción fiscalizada de hidrocarburos (Morales, 2007: 1).
¹⁸.  Ver artículo 1º del Decreto 28701 de la nacionalización de los hidrocarburos aprobado por el gobierno de Bolivia. Documento difundido por el periódico La Razón, en El País. Noticia publicada el 2 de mayo de 2006. <http://www.elpais.com/articulo/internacional/Decreto/28701/nacionalizacion/hidrocarburos/aprobado/Gobierno/Bolivia/elpporint/20060502elpepuint_6/Tes> [agosto de 2008].
¹⁹.  Ver artículo 7 del Decreto 28701 de la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia.
²⁰.  Morales nacionaliza los hidrocarburos de Bolivia y exige a las empresas privadas su producción. <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/01/internacional/ 1146499606.html> [agosto de 2008].
²¹.  Ver artículo 4 de la Constitución Política de Bolivia de 1967 con las reformas de 2004. El mismo expresa que "El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum, establecidos por e sta Constitución y normados por Ley". <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/consboliv2005.html > [julio de 2009].
²².  Las dieciséis fuerzas que integraban la Asamblea Constituyente fueron el MAS con 137 miembros; Podemos con 60; UN con 8; MNR con 8; MBL con 8; MNR-FRI con 8; AS con 6; CN con 5; MOP con 3; APB con 3; MNR-A3 con 2, Agrupación Ayra con 2; ASP con 2; MIR-NM con 1; MCSFA con 1 y AAI con 1.
²³.  Aprobado el Proyecto de Constitución de Bolivia sin el principal partido opositor. <http:// www.elmundo.es/elmundo/2007/12/09/inter-nacional/1197190809.html> [agosto de 2008].
²⁴.  Informe sobre la situación de derechos humanos en Bolivia a septiembre de 2008. <http://www.fundacionderechoshumanos.com/InformeMoralesOct08.pdf> [julio de 2009].
²⁵.  Ver Ley 3850 de revocación del mandato popular, 12 de mayo de 2008. <http:// www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-3850-del-12-mayo-2008.htm> [julio de 2009].
²⁶.  ONU confirmó que en Pando hubo masacre. <http://www.cedib.org/index.php?/mar-zo-2009/onu-confirmo-que-en-pando-hubo-masacre-el-potosi.html> [julio de 2009].
²⁷.  Revelan que se negoció la CPE con sectores cruceños. < http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-10-22/vernotaahora. php?id = 081022001810 > [julio de 2009].
²⁸.  Gobierno y Prefectos deciden dar un plazo más al diálogo, 29 de septiembre de 2008. <http://www.diariocritico.com/bolivia/2008/Septiembre/noticias/101169/nuevo-plazo-dialogo.html> [julio de 2009].
²⁹.  Ver Ley 3942, 21 de octubre de 2008. <http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ ley-3942-del-21-octubre-2008.htm> [julio de 2009].
³⁰.  Ver artículo 4 de la Ley 3942.
³¹.  La CNE entrega resultados del referéndum constitucional a García Linera. <http:// www.embajadaboliviacolmbia.org/La-CNE-en-trega-resultados> [julio de 2009].
³².  Ibídem.
³³.  Consultar los artículos 1º y 2 de la Constitución Política vigente. <http:// www.derechoteca.com/gacetabolivia/ constitucion-del-07-febrero-2009.htm> [julio de 2009].
³⁴.  El pedido de dicho reconocimiento formó parte de la Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente, documento que integra el trabajo Bolivia: Memoria, insurgencia y movimientos sociales de Maristella Svampa y Pablo Stefanoni [comps.] (2007) (pp. 189-222).
³⁵.  Ver artículo 30 de la Constitución Política vigente.
³⁶.  Consultar artículos 349 y 351 de la Constitución Política vigente.
³⁷.  Ver artículo 269 de la Constitución Política vigente.
³⁸.  Ver artículo 272 de la Constitución Política vigente.
³⁹.  Consultar artículo 277 de la Constitución Política vigente.
⁴⁰.  Refundar Bolivia. Propuesta del MAS para la Asamblea Constituyente. <http://www.constituyentesoberana.org/3/propuestas/partidospol/1_MAS.pdf> [agosto de 2008].
⁴¹.  Ley Marco de Autonomías y Descentralización. <http://gobernabilidad.org.bo/images/upload_slides/documentos/ley_marco_de_ autonomias_y_descentralizacion_ promulgada.pdf> [julio de 2010].
⁴².  Evo promulga Ley Marco de Autonomías y cierra proceso de 5 leyes orgánicas. Diario La Razón, 19 de julio de 2010. <http:// www.la-razon.com/version.php?ArticleId= 17594&EditionId=141&a=1> [julio de 2010].
⁴³.  Gobierno identifica 3 fuentes de ingresos para autonomías, 4 de abril de 2010. <http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/29478-gobierno-identifica-3-fuentes-de-ingresos-para-autonomias.html> [julio de 2010].

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