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Estudios y perspectivas en turismo

On-line version ISSN 1851-1732

Estud. perspect. tur. vol.26 no.4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sept. 2017

 

DOCUMENTOS ESPECIALES

Alcances de la política social y el turismo rural para el desarrollo local en San Mateo Almomoloa – México

 

Ingrid Amairani Cruz Moreno*

Lilia Zizumbo Villarreal**

Universidad Autónoma del Estado de México - Toluca – México

* Licenciada en Turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Turismo y Gastronomía. Email:ingridamairani.cm@gmail.com

** Licenciada en Turismo. Doctora en Sociología. Profesora – Investigadora de Tiempo Completo. Facultad de Turismo y Gastronomía. Universidad Autónoma del Estado de México.  Email: lzv04@yahoo.com


Resumen:

Actualmente la política social retoma un papel protagónico como impulsor de la economía en el medio rural a través del financiamiento de proyectos turísticos de carácter comunitario. Así en las últimas décadas varias comunidades han buscado mejorar sus condiciones mediante su incorporación en proyectos turísticos; sin embargo, no todas han logrado consolidar los proyectos e incentivar el desarrollo local. La investigación tiene como objetivo analizar la política social turística implementada en el Centro Cultural para la Conservación “Piedra Herrada” en la comunidad San Mateo Almomoloa, ubicada en el municipio de Temascaltepec, Estado de México (México) con la finalidad de conocer los alcances del desarrollo local. Para alcanzar dicho objetivo se retoma la propuesta de Ziccardi (2001a y 2001b), para el análisis de política social como impulsora de la productividad, así como las aportaciones de Coraggio (2003) sobre las formas de organización del trabajo en la comunidad para el desarrollo local. Se concluye que la política social implementada en la comunidad permite la incorporación de los ejidatarios a la prestación de servicios turísticos, así como la reproducción de sus formas de organización colectiva. No obstante, la forma en que se ha instrumentado el proyecto sólo genera beneficios temporales para una parte de la población propiciando la división y una mayor desigualdad social que  dificulta la construcción de un sólido proceso de desarrollo local a largo plazo para el total de la población.

PALABRAS CLAVE: Política social; Desarrollo local; Turismo rural; Áreas naturales protegidas; San Mateo Almomoloa México.

Abstract:

Scope of Social Policy and Rural Tourism for Local Development in San Mateo Almomoloa, Mexico

Currently the social policy takes a leading role as a driver of the economy in rural areas through the financing of tourism projects of a communitarian character. Thereby in the last decades, many communities have searched to improve their state by means of their incorporation into tourism projects; however, not everyone have achieved the consolidation of those projects and the impulse of local development. This research aims to analyze the social tourism policy implemented at the Cultural Center for the Conservation 'Piedra Herrada' in San Mateo Almomoloa community, which is located in the municipality of Temascaltepec, State of Mexico (Mexico) in order to know the local development scope. To achieve this purpose, the proposal of Ziccardi (2001) is taken to analyze the social policy as an enhancer of productivity, as well as the contributions of Coraggio (2003) for the analysis about the forms of work organization in the community for the local development. The conclusion that is achieved shows that the social policy implemented by this community enables the incorporation of the communal lands holder to the tourist services, as well as the reproduction of collective organization forms. Nonetheless, the way that the project has been instrumented only generates temporary benefits for just a part of the population, encouraging a division and a greater social inequality that obstructs the erection of a solid process of a long term local development for the whole population.

KEY WORDS: Social policy; Local development; Rural tourism; Protected areas; San Mateo Almomoloa México.


INTRODUCCIÓN

El imperante modelo económico mundial ha generado en la actualidad diversas y profundas transformaciones económicas, políticas, socioculturales y físicas que propician desequilibrios en las poblaciones rurales y urbanas por la falta de oportunidades para el mejoramiento en sus condiciones de vida. A partir de esto, se han delineado estrategias nacionales de desarrollo a partir de políticas, ordenamientos, programas, proyectos y acciones sociales que pretenden dar solución a las problemáticas a través de la intervención directa del Estado e incluso mediante la participación civil en la conformación de políticas sociales.

La razón de la política social como instrumento de mejora para la sociedad, ha tenido cambios en su ejecución. Dicha política estaba enfocada a derogar problemas en asistencia social, educación, salud, cultura, medio rural y medio ambiente a través de programas o proyectos internos que partían del Estado. Sin embargo, en la actualidad se considera el vínculo central para promover el desarrollo destacando la ineludible intervención de los propios individuos para impulsar el bienestar social (Ziccardi, 2001b). De esta forma, la nueva política social está encargada de aminorar  la pobreza  y la marginación social por lo que se han implementado diversas estrategias para la  integración social y productiva, que aluden al compromiso de crear condiciones para la participación de todos, con la intencionalidad de generar equidad económica y social (Arteaga & Solís, 2001).

Actualmente desde la política social se impulsan proyectos productivos para el sector urbano y rural, siendo este último sector el que ha retomado importancia ya que son las comunidades rurales quienes poseen recursos naturales y culturales aptos para el crecimiento del capital a través de proyectos comunitarios. Por ello en los últimos años el Estado ha intensificado la generación de proyectos productivos y coadyuvado en la implementación de apoyos a comunidades rurales, incidiendo en su incorporación a la dinámica turística. Sin embargo, la inserción de las poblaciones rurales al sector turístico no constituye un proceso homogéneo y no todas las localidades que son objeto de apoyos por parte del estado, alcanzan el desarrollo económico y social esperado.

En el caso de la comunidad de San Mateo Almomoloa se ha impulsado desde hace 20 años el desarrollo de la actividad turística a partir del recurso natural del ejido, ya que posee bosques de oyameles y encinos donde cada año se establece la hibernación de la mariposa monarca (DanausPlexippus). Es a partir de 2004 que con base a la participación del Estado a través de dependencias como la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (SEMARNAT) y otros se han auxiliado con asesorías, capacitación, o financiación a la población local como parte de la política social. No obstante los aparentes beneficios alcanzados se estiman para determinado sector de la población (ejidatarios o comuneros), por lo tanto se identifica parcialidad en el desarrollo local, es posible que la política social tenga un limitado alcance para el resto de la población de la localidad.  

Frente a este escenario es importante comprender ¿cómo se ha implementado la política social en relación a la actividad turística en Piedra Herrada?, ¿qué beneficios ha generado esta política social en la comunidad de San Mateo Almomoloa? y finalmente ¿qué limitaciones enfrenta la población para el impulso del desarrollo local, por la forma en que se ha instrumentado la política social? Para dar respuesta a estos interrogantes, el presente trabajo tiene como objetivo, analizar la política social turística implementada en el Centro Cultural para la Conservación “Piedra Herrada” en la comunidad San Mateo Almomoloa, con la finalidad de conocer los alcances del desarrollo local.

LA POLÍTICA SOCIAL HOY

La reducción de la intervención del Estado en materia económica y social, así como la exacerbación del  libre mercado como garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país son resultado de la transformación de la política económica global a mediados de la década de los años ochenta (Ziccardi, 2001a). Si bien no todas las personas se beneficiaban por la forma en que el Estado operaba, administraba y gestionaba los apoyos o recursos a la sociedad, la transición económica al modelo neoliberal se intensificó con la promesa del capital por resolver la desigualdad económica y social del país, así como dar certeza a la estabilidad  financiera e inversión internacional.

Sin embargo, el resultado de la adhesión al modelo neoliberal en México ha sido contrario a lo plateado. Se ha intensificado la crisis económica y social tanto en las zonas industriales como en el campo, concentrándose la riqueza por las desiguales posibilidades de invertir y generar ingresos. Sólo unas cuantas personas tienen la capacidad de comprar cada día más extensiones de tierra, haciéndose dueños de los recursos provenientes del medio rural y excluyendo a la mayoría de los pobladores de los beneficios generados (Guevara, 2003).

Además se han acentuado diversos problemas económicos y sociales como el desempleo y la migración pues la centralización de los bienes y la falta de integración de beneficios en las necesidades básicas de los actores locales, limitan sus posibilidades de desarrollo integral, por lo que buscan una nueva forma de subsistir insertándose en otras actividades económicas en espacios ajenos a su cotidianeidad. A raíz de estos problemas el Estado ha convertido la política social, cómo una estrategia económico-social con el propósito de favorecer la creación de nuevos proyectos productivos, encaminados a la mejor calidad de vida de la población. Políticas Sociales, escribiría Walker (1984) son aquellas que determinan la distribución de los recursos del status y del poder entre los diferentes grupos.

En el periodo de 1970-1990, la orientación de la política social se enfocaba a cumplir las necesidades básicas de la población asumiendo un carácter asistencialista centrada en proporcionar asistencia social (“safety nets”) y servicios básicos aunque completamente insuficiente para lograr un desarrollo social y económico equilibrado (Ortiz, 2007). De esta forma, la política social era considerada secundaria en términos de importancia. Las teorías se concentraban en la idea que el desarrollo económico era prioritario, ya que era el medio de obtener mayor  capital siendo la política social concebida exclusivamente como apoyo social (Ziccardi, 2001b).

Hasta 1980 la discusión estaba marcada por la crítica a la política social tradicional (asistencialista), sin embargo a principios de los noventas inicia la emergencia de nuevos enfoques, es entonces cuando surgen elementos centrales de una nueva política social, los cuales se enmarcaban en conceptos como: focalización, privatización y descentralización los cuales fueron incorporados a la discusión como alternativas a los déficit de la política social tradicional conformando los elementos centrales de una nueva política social (Sottoli, 1999).

Para enfrentar los retos de bienestar se crearon diversas instituciones como el Seguro Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1944, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) en 1972, el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) en 1973, el Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores (FONACOT) 1974 el Programa Nacional de Solidaridad Social (PRONASOL) en 1988. El IMSS y el PIDER fueron los programas enfocados a abatir la pobreza en la población urbana y rural. Sin embargo, más que apoyar a las poblaciones creó desigualdades y estimularon el clientelismo provocando las divisiones dentro de las comunidades (Ceja, 2004).

A partir de 1995, el Gobierno Mexicano hace mayor énfasis en política social estableciendo en el Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) que la política del desarrollo social tiene el objetivo de propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones que aseguren a la población el disfrute de  los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución; elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos; y, de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social (Diario Oficial 31 de Mayo 1995).

Para ello se buscaba ampliar y mejorar la educación, la salud y la vivienda; armonizando el ritmo de crecimiento de la población y su distribución geográfica; se promovió el desarrollo equilibrado en las regiones; abatiendo las desigualdades e impulsando un amplio proceso de integración social y productiva de los mexicanos sin opción de bienestar (Ziccardi, 2001b).

Sin embargo la crítica a la política social no puede hacerse independiente a la reflexión sobre la política económica y, por tanto, a la concepción neoliberal y a la realidad de la economía en la medida que a partir del cambio económico, la política social transciende a ser parte de las políticas públicas, condicionadas por el marco económico y por su propia relación dinámica respecto del nivel y distribución del producto nacional. En este contexto la política económica queda en manos del mercado, mientras que el Estado asume la política social para dar soluciones a las crisis sociales. 

Por ello la política social constituye un instrumento que utilizan los gobiernos para regular y complementar las acciones que excluye la dinámica del mercado (Ortiz, 2007), aunque enfrenta dificultades para su consolidación en todos los niveles. Aún en el contexto del proceso de democratización política y fortalecimiento de la autonomía local, la mayoría de los gobiernos municipales tienen una agenda sumamente simple en materia de políticas sociales, la cual se limita a la provisión de bienes y servicios básicos, de infraestructura urbana y territorial (agua, drenaje, pavimentación) y, en menor medida, acciones de bienestar social comunitario, la mayor parte de las veces de tipo asistencialistas (atención a la niñez, a la juventud, a los ancianos, a las mujeres) (Ziccardi, 2001a).

Sin embargo hoy en día se pretende que la política social no sea asistencialista sino que incentive la productividad en comunidades rurales para impulsar el desarrollo local. Este cambio puede generar beneficios en las comunidades dónde se implementen acciones que solucionen los problemas sociales como la pobreza o marginación aunque no se puede obviar que en todos los casos se ha presentado así.

La política social debe situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores. A lo anterior se pone en juicio ¿cuál ha sido la forma de llevar a cabo esos programas y proyectos sociales?, ¿quiénes han sido los beneficiados?

INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL MEDIO RURAL

La política social en el medio rural se ha manifestado en México bajo los apoyos que se han otorgado a las comunidades que se encuentran en rezago educativo, económico, de salud y, en particular, con la finalidad de combatir a la pobreza como un fenómeno relativo a la dimensión espacial o de ubicación geográfica, además del entorno social y económico de una población determinada (Guevara, 2003). Considerando la disparidad de la estructura económica y regional de México es la desigualdad entre los grupos sociales, el género y las regiones, la pobreza extrema (situación de bajos ingresos que conduce al sub-consumo) tiene una mayor incidencia en las zonas rurales, (localidades con menos de 2,500 habitantes), en donde uno de cada dos hogares es pobre (Sánchez, 2001).

Para dar respuesta a estos problemas, existen programas productivos que el Estado impulsa a través de la política social, mediante la intervención de diversas dependencias que gestionan el fortalecimiento de la dinámica económica en las localidades rurales, estas favorecen la integración social, la mejora en poblaciones y contrarrestan la pobreza.

Sin embargo, en la actualidad la política social asume nuevas formas, mediante el impulso de las áreas naturales protegidas (ANP) o la incorporación de la población rural a la actividad turística, que se asumen como estrategias para lograr el mejoramiento en las condiciones de vida en estas poblaciones. Desde esta perspectiva se promueve la participación del Estado y otros actores sociales, en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas que enfrentan las comunidades, mediante el aprovechamiento de sus recursos y la incorporación a  las actividades turísticas, especialmente en aquellas comunidades en situación de pobreza, pero que poseen valiosos recursos naturales que pueden ser utilizados con fines recreativos.

Aún así, el aprovechamiento de los recursos por parte de los actores locales, más allá de ser una fuente de subsistencia a partir del autoconsumo o estableciendo actividades primarias, puede establecer las condiciones propicias para la generación de empleos, ingresos y beneficios económicos a partir del turismo que favorezcan el desarrollo local, aunque en ocasiones también puede exponer a las comunidades a intensos procesos de intervención que deriven en la fragmentación social e incluso territorial, generando no sólo problemas sociales sino desequilibrios ecológicos.

METODOLOGÍA

Para la realización de esta investigación se retoma a Ziccardi (2001b) quien destaca la aplicación de la Política Social como impulsora de la productividad en comunidades rurales para impulsar el desarrollo local. Respecto a desarrollo local se retoma a Coraggio (2003) quien aborda la economía social desde las formas de organización del trabajo como alternativa de las poblaciones rurales al desarrollo local.

El análisis del estudio se realizó a través de investigación documental y de campo. Para la primera se llevó a cabo recopilación de información documental en instituciones como Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), artículos científicos, revistas científicas, investigaciones previas de San Mateo Almomoloa y el Santuario de la Mariposa Monarca Piedra Herrada, así como bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Respecto a la investigación de campo se realizó un diagnóstico de la población, a partir de técnicas etnográficas, estrategias empíricas de análisis que precisan la observación participante de primer nivel, aplicación de instrumentos como cedulas de observación, entrevistas a profundidad e historias de vida a ejidatarios para identificar y analizar los alcances de la política social turística en la población de Almomoloa respecto al desarrollo local. 

POLÍTICA SOCIAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL TURISMO RURAL

Las estrategias de conservación equivalentes a las Áreas Naturales Protegidas de hoy inician formalmente en México en 1876 con la protección del Desierto de los Leones, cuyo propósito original era asegurar la conservación de 14 manantiales que abastecen de agua a la Ciudad de México (CONANP, 2010b).

Con base a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEyPA) forman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP) y son administradas a partir del año 2000 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) la cual depende a su vez de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (SEMARNAT) (Melo, 2002).

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas; destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el  artículo 53.  Se consideran dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando estos se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones (LGEEPA, 1996).

En las áreas de protección de recursos naturales solo podrán realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que las establezca, el programa de manejo respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables (LGEEPA, 1996).

Su reglamento es el plan de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Son áreas sujetas a regímenes de protección, conservación, restauración y desarrollo según categorías establecidas en la Ley: reservas de la biosfera,  parques nacionales,   monumentos naturales, áreas de protección de  flora y fauna  y santuarios, además de las áreas de competencia estatal y municipal como pueden ser las reservas ecológicas estatales, parques estatales y jardines históricos y las zonas de preservación ecológica de los centros de población y parques urbanos municipales ó jardines públicos (SEMARNAT, 2010)

Dentro de la política social en México se pretende la existencia de un medio ambiente adecuado para el bienestar social, por lo que las ANP están presentes en la agenda política de manera significativa. En los últimos años el gobierno mexicano ha reconocido la conservación de la naturaleza como una política de Estado y como parte del Plan Nacional de Desarrollo. El planteamiento principal de la actual política ambiental en México referente a las áreas protegidas consiste en unir el desarrollo sostenible a la conservación. Esta política es un proyecto integrador que tiene por lema conservación con, por y para la gente. (CONANP, 2008b, Esquivel, 2012).

Estas áreas naturales son consideradas por el gobierno federal no sólo como valiosos e importantes lugares naturales donde se guardan los remanentes ecológicos más importantes de México, sino también como regiones donde habitan una gran número de poblaciones humanas que tienen la oportunidad de vivir en un área protegida y participar directamente en el manejo integral de ésta, considerando así, nuevas oportunidades de vida a las poblaciones locales que se encuentran inmersas en ANP. No obstante a través del tiempo el objetivo central de nombramientos de ANP ha cambiado, lo que en un momento se iniciaba con la intención de resguardar y proteger áreas naturales ahora se suma a esto el interés por hacer uso del recurso para obtener beneficios económicos y cada día con la propuesta de salvaguardar zonas naturales desprotegidas, se establecen regiones con esta denominación (SEMARNAT, 2001).

El Estado con la intención de “fortalecer o incentivar” el desarrollo local, ha propiciado que se trabaje en  conjunto entre secretarias y programas federales. En junio de 2001 el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) se integró a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), adscrito originalmente en 1995 a la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Este programa se integró a dicha comisión con la finalidad de desarrollar y aplicar modelos integrales de conservación y manejo de recursos naturales orientados al desarrollo sustentable en las comunidades asentadas en las Regiones Prioritarias para la Conservación Actualmente, la instancia encargada de la administración de las ANP es la CONANP que se apoya también el Programa de Empleo Temporal (PET) que se maneja de forma coordinada a través de las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), comunicaciones y transportes (SCT), SEMARNAT y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (SEMARNAT, 2001).

Con estos programas y dependencias el gobierno mexicano pretende consolidar la conservación de la naturaleza de la mano con el desarrollo sostenible. A partir de la década de los años 1990 las ANP comienzan a ser una estrategia de ayuda a las comunidades locales, siendo que estas se estiman en áreas ejidales y comunales propiciando el desarrollo local a través de la actividad turística.

Sin embargo el desarrollo sustentable y desarrollo local parece ser un simple discurso político, la política ambiental ha declarado nuevas áreas naturales con la intensión de ampliar la protección de zonas y promover participación de las comunidades locales en el uso de los recursos, aunque esto ha provocado que muchas colectividades no tengan ya acceso a sus recursos por las restricciones a las actividades productivas al interior de las ANP. Así, muchas comunidades al quedar insertas en el polígono de un área protegida, experimentan cambios positivos o negativos según sea la forma de operar determinada región. En su defecto las poblaciones optan por el cambio de uso de suelo y de actividades productivas, considerando vender los recursos naturales que poseen a través del desarrollo inmobiliario.

Respeto al impulso a la actividad turística en el medio rural como parte de la política social, se considera una oportunidad que puede apoyar a las comunidades para aminorar la pobreza y desequilibrios sociales, a través de la incorporación a la prestación de servicios. Por ello, el Estado ha impulsado el turismo rural incluso en las ANP,  ya que se estima como una actividad productiva que puede inducir al desarrollo de los pueblos.

El turismo rural se desarrolla en áreas naturales donde residentes hacen uso de los recursos que poseen integrando los recursos naturales y culturales como: bosques, praderas, playas, lagos, etc. actividades primarias (agricultura), siembra de café, maíz, agave, caña, y otros productos, además de integrar elaboración de artesanías: tallado de madera, deshilado, bordados, cerámica, elaboración de pan, platillos típicos, dulces típicos; festividades, costumbres, tradiciones etc.; de esta forma generan servicios turísticos a través de pequeñas cooperativas, asociaciones o grupos de trabajo; en ocasiones los integrantes pertenecen a pueblos indígenas; es así como la actividad turística en el medio rural se ha vuelto una opción viable para comunidades que cuentan con recursos susceptibles de aprovechamiento turístico, así, pueden desarrollarse localmente.

Sin duda la actividad turística en el medio rural aparece como una actividad económica complementaria, convirtiéndose en una forma de mitigar la pobreza y la marginación en los pueblos; como se ha visto en la construcción de este documento, así como han surgido dependencias y programas de apoyo asistencialista, apoyo al resguardo y rescate de zonas naturales y culturales también han surgido en apoyo a los pueblos para reactivar la economía a partir del turismo rural.

El Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES)  fue el precursor del turismo rural en y durante la década de los 90 apoyó en forma directa a once estados de México, la mayoría de ellos con altos índices de población indígena y pobreza rural; generando 769 empleos permanentes y 1,040 temporales en un total de 30 proyectos. A partir de FONAES surgen otras instituciones y programas que han contribuido al turismo rural, en la administración 2000-2006 se impulsó el Programa Especial Concurrente (PEC) para el desarrollo rural sustentable; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) también ha apoyado en el fomento del turismo rural a través del programa de turismo alternativo en zonas indígenas (De la Torre, 1999; Garduño, et. al. 2009).

En la Estrategia nacional para un desarrollo sustentable del turismo y la recreación en las áreas naturales protegidas de México se han desarrollado varias iniciativas en los ámbitos federal y local que promueven el desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza y turismo rural; la guía para el desarrollo de proyectos ecoturisticos formulada por CONAFOR, los fascículos de turismo alternativo desarrollados por SECTUR; (CONANP, 2010b); el Instituto Nacional de Antropología (INAH) a través del programa de turismo cultural también ha fomentado el turismo en comunidades rurales.

El establecer la actividad turística como estrategia para fortalecer la dinámica económica en determinadas localidades rurales y propiciar el desarrollo local, ocasiona cambios sociales y territoriales, los cuales dependen de la integración de la sociedad. Cuando la población que se ha insertado en esta actividad desconoce el manejo de sus recursos, aceptan el apoyo de agentes externos (dependencias que auxilian, apoyan y capacitan a las comunidades) no permanecen fortalecidas como cooperativas, asociaciones o grupos de trabajo perdiendo autonomía en la toma de decisiones; los desequilibrios tanto naturales como sociales son de mayor impacto.

EL TURISMO COMO IMPULSOR DEL DESARROLLO LOCAL

Actualmente el desarrollo local se presenta como una estrategia que pretende el mejoramiento en las condiciones de vida para la mayoría de las presentes y futuras generaciones. Sin embargo, son muchas las condiciones necesarias para lograrlo e incide especialmente cuando el Estado nacional pierde las capacidades normativas y planificadoras en un nuevo contexto de participación de la sociedad civil, y a su vez de las organizaciones civiles representan los intereses de las instituciones de desarrollo (Mochi & Girardo, 1998).

Se reconocen tres formas de luchar y participar en el desarrollo: a) la que se impulsa desde arriba, es decir, desde los organismos internacionales, instituciones financieras y gobiernos nacionales cuyo carácter es fundamentalmente institucional; b) las que se originan desde abajo, que adscriben a la sociedad misma y que representan formas organizativas generadas por los propios actores sociales para enfrentar sus problemáticas, y por lo tanto aluden a un carácter cultural; finalmente, c) la conformada por agrupaciones formadas para aprovechar desde abajo los ofrecimientos que se hacen desde arriba, manteniendo cierto grado de autonomía (Coraggio, 2003).

Esta opción es usada por las organizaciones civiles o no gubernamentales no siempre con éxito, ya que la mayoría de las veces sólo sirven como instrumentos de las organizaciones financieras internacionales, que toman las decisiones sobre qué, cuándo, dónde y con quiénes se llevarán a cabo los programas de desarrollo (Monterroso & Zizumbo, 2009).

Al respecto, la participación de la sociedad civil desde la década de los 80 ha sido inducida desde arriba a través de las políticas sociales propiciando la creación de organizaciones civiles que no sólo intentan rebasar las fórmulas de gobernabilidad fundamentadas en la democracia representativa, sino también plantean la obsolescencia de las organizaciones políticas (partidos, sindicatos), así como la falta de preparación y de cobertura de las organizaciones civiles existentes que por muchos años han trabajado con un personal, más guiado por su conciencia que por su capacidad profesional y sólo han intervenido en proyectos sociales a pequeña escala (Monterroso & Zizumbo, 2009).

Actualmente a partir de la política social se ha incentivado la participación en la actividad turística en el medio rural, a través de dependencias federales y estatales para que los actores sociales, principalmente los pobladores locales, sean los promotores de impulsar el turismo en municipios, distritos, ciudades pueblos, zonas rurales y sitios de interés de manera responsable.

Se está viviendo un periodo de transformación de los planteamientos de la forma de hacer turismo; se reconocen ahora como turísticas, actividades que antes no eran consideradas como tal, lo cual ha diversificado el turismo de masas y ha dado lugar a otras tendencias de turismo tales como: turismo alternativo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, que está creciendo cada vez más porque es más flexible e individualizado y porque da la oportunidad a regiones y localidades de integrarse a esta actividad económica propiciando el uso de sus recursos naturales y culturales (Smith & Eadington, 1992).

El turismo como impulsor del desarrollo local a través de políticas sociales se encuentra inmerso en el discurso del desarrollo sustentable mediante su inclusión en los programas de desarrollo regional sustentable, planes de manejo de ANP, proyectos productivos con enfoque de género, de recuperación cultural y reducción de la pobreza. No obstante, desde esta perspectiva puede conformar una estrategia delineada por el propio mercado, con la intensión de incorporar los recursos naturales de las comunidades rurales a la dinámica propia del mercado incorporado grandes corporaciones capitalistas para invertir en áreas naturales, ocasionando desigualdad entre estas corporaciones y las comunidades locales cuando estas no cuenta con una organización sólida.

De esta forma las ANP, el territorio ejidal y comunal, así como los recursos naturales y culturales de las comunidades que integran el bosque, cuerpos de agua, especies de vida silvestre, festividades cívicas o religiosas, artesanías y la gastronomía pueden ser susceptibles de aprovechamiento turístico, al representar un atractivo para las corrientes de turistas y visitantes que pretenden alejarse del ritmo de vida cotidiano. Eventualmente las comunidades comienza a mirar al turismo como vía para solucionar sus problemas de desempleo y los limitados recursos para cultivar sus tierras, con el siempre inquietante impulso de sobre explotar sus recursos para incrementar los beneficios económicos. Es por ello que las nuevas propuestas turísticas consideren al medio natural y rural como una vía para mejorar el ritmo de vida de las poblaciones rurales, presentando tendencias de turismo como: turismo ecológico, ecoturismo, turismo en áreas verdes, o turismo de aventura.

El Estado instrumenta la política social asociada a las ANP y el turismo rural con esta misma orientación argumentando que los recursos que están en manos de las comunidades se encuentran en mal estado, con un inadecuado aprovechamiento o en abandono, y por lo tanto es necesaria la formulación estrategias para su “rescate”, incluso mediante la conformación de acciones trabajando en conjunto con las comunidades rurales. Pero este escenario es consecuencia de la propia dinámica de exclusión del desarrollo nacional por parte del Estado, pues en la actualidad son limitados los programas de apoyo a la producción agropecuaria, mientras que los recursos económicos se dirigen a la creación de espacios de consumo, por lo que el turismo constituye una opción potencial, que desplaza las actividades económicas tradicionales y puede propiciar diversos problemas económicos, políticos, socioculturales e incluso desequilibrios ambientales.

Estas problemáticas se pueden intensificar con la implementación del turismo rural en las ANP, a partir del debilitamiento de sus formas de organización comunitaria y los compromisos que asumen los actores locales con agentes externos, acentuando la dependencia para implementar los proyectos turísticos, limita la autonomía en la toma de decisiones y el empoderamiento de las iniciativas soportadas en el aprovechamiento recreativo de sus recursos. Sin embargo, depende de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de cada una de las comunidades rurales lo que permite que los proyectos se consoliden.

En un contexto distinto cuando las comunidades persisten en una dinámica colectiva basada en la propiedad común del territorio y sus recursos, la existencia de sólidas instituciones locales y el interés por el bienestar social el turismo puede conformar efectivamente una alternativa para el impulso del desarrollo local. Algunas comunidades han logrado consolidar la actividad turística a partir de sus formas de organización teniendo como principal objetivo la participación de la mayoría de los pobladores y el cuidado de sus recursos naturales. En otros casos los pobladores conocen la forma de llevar a cabo las actividades recreativas sin alterar el entorno y sobre todo manejando sus propios ideales apoyándose de agentes externos para capacitación. De esta forma el turismo puede ser considerado como un instrumento de desarrollo local, impulsado desde los propios actores locales en el marco de una política social incluyente, participativa y a largo plazo.

LA POLÍTICA SOCIAL PARA EL IMPULSO DEL TURISMO RURAL EN SAN MATEO ALMOMOLOA

La comunidad de San Mateo Almomoloa se ubica en el municipio de Temascaltepec, Estado de México (México), en las coordenadas 19°09´ latitud norte y 99°56´ longitud oeste, correspondiente a la porción oeste de la Entidad (INEGI, 2005). Tiene una población de 1729 habitantes y corresponde al 5.26% de población municipal (INEGI, 2010). Cuenta con un régimen de propiedad de la tierra ejidal y comunal, integrado por cuatro barrios: Mesa Grande, La Comunidad, El Potrero, y Santa Ana. Posee 7,480 000 m2 y se encuentra ubicada dentro de dos ANP: Parque Estatal Santuario del Agua Presa Corral de Piedra (Estatal); así como el Área de Protección de los Recursos Naturales Zona Protectora Forestal  en los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec (CONANP, 2008a). 

Dentro de su territorio, se ubica el Paraje de Piedra Herrada (PPH) que alberga una de las zonas de hibernación de la mariposa monarca (DanausPlexippus) que viaja más 5,000 km desde Canadá para reproducirse en el Estado de México durante los meses de octubre a marzo. El lugar se caracteriza por la presencia de bosque de oyameles y pinos donde habitan especies de flora y fauna endémicas de la región (Pérez, 2013).

La actividad turística en la comunidad comenzó hace más de dos décadas cuando un grupo de ejidatarios comenzó a organizar paseos para las personas que transitaban por la región y tenían interés por conocer los sitios de hibernación de esta especie. Así, ante los cambios sociopolíticos en el país, la intensificación de los procesos migratorios, la falta de empleo e ingresos en la comunidad, a principios de la década de 1990, surgió la idea de un grupo de 15 ejidatarios por aprovechar los recursos naturales de la región, con la intención de mejorar sus condiciones de vida (entrevista a Socorro Peñaloza, representante del PPH 2012), por lo que eventualmente los habitantes fueron desarrollando una oferta servicios de alimentos y recorridos por el lugar, de manera espontánea, informal y sin regulación de la actividad.

Ya iniciada la actividad turística por parte de los pobladores nace del gobierno federal el interés por proteger el territorio y de esta manera en 2004 se declara ANP el Parque Estatal Santuario del Agua Presa Corral de Piedra (Estatal) y para el 2006 es considerado como un lugar óptimo para el cuidado forestal. Así la CONANP integra a los ejidatarios para promover una “nueva forma de vida” promoviendo la participación en la actividad turística de forma guiada y controlada. Así surge el Centro de Cultura para la Conservación (CCC) Piedra Herrada, con una extensión 1700 hectáreas, de las cuáles 3 hectáreas corresponden al parador o CCC, 10 hectáreas conforman el trayecto para llegar al núcleo donde se encuentra la mariposa monarca y el resto son para conservación. El Paraje tiene el propósito de impulsar la conservación de la biodiversidad, la sensibilización de los visitantes del lugar, y ampliar las oportunidades económicas para la población, mediante la oferta de actividades recreativas durante la temporada noviembre – marzo, como recorridos a caballos o a pie así como la venta de artesanías y alimentos característicos de la región (Trabajo de campo Junio 2013).

El turismo rural ha sido impulsado en la comunidad por diversas instituciones: en el año 2000 la entonces Dirección General de Turismo del Gobierno del Estado de México (DIGETUR), apoyó a ejidatarios con uniformes y construcción de un módulo de sanitarios; la Fundación Nacional para la Conservación del hábitat boscoso de la Mariposa Monarca (FUNACOMM) impulso la construcción de infraestructura básica aunque pero la oferta de servicios continuaba siendo de forma espontánea, informal y sin regulación (Pérez, 2013), pero es justamente en 2004 cuando se intensifica la intervención del Estado mediante la política social para la conservación ambiental y el desarrollo de la actividad turística, con  la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

Para el desarrollo y consolidación de la actividad turística en la región se han canalizado recursos del Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), asignando en 2007 fondos para capacitación, equipo e infraestructura turística, así como Proyectos de Desarrollo Forestal, a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Protectora de Bosques (PROBOSQUE) quienes han apoyado con acciones de reforestación de la zona, siendo los ejidatarios quienes se encargan de la actividad. (Velázquez, 2006; Hernández 2008). Otras organizaciones sociales han contribuido al afianzamiento de la actividad, como World Wildlife Fund for Nature (WWF, Fondo Mundial Para la Naturaleza) a través del Programa Bosque Modelo Mariposa Monarca, ha llevado a cabo curso-taller sobre el manejo del área protegida, restauración de hábitats y el impulso del turismo sustentable, así como BALAM México, que en 2005 capacitó a un grupo de 20 personas de la comunidad, para la construcción de un sendero de acceso al área de hibernación (entrevista a Socorro Peñaloza, representante del PPH 2012).

Para la organización de las actividades turísticas en Piedra Herrada, la Asamblea General de Ejidatarios ha conformado un Comité de la Mariposa Monarca que establece las condiciones de acceso y restricciones para la prestación de servicios turísticos. Sin embargo, la participación de los ejidatarios en Piedra Herrada es imprecisa y cambia de acuerdo a la temporada, pues puede existir mayor o menor participación de la comunidad en función del número de visitantes que recibe y no existe un seguimiento de las acciones emprendidas del Comité de la temporada anterior.

Actualmente solamente los ejidatarios inscritos en el Censo Agrario o sus descendientes reconocidos por la Asamblea General (aunque estos sean comuneros), tienen derecho a participar en la conformación del Comité de la Mariposa Monarca y por ende trabajar la temporada prestando servicio (Pérez, 2013). Dicho Comité está conformado por 13 ejidatarios, nombrando a tres  representantes principales, (presidente, secretario y tesorero) el resto son coordinadores de áreas, de esta forma se establece el área y los cargos a trabajar en el destino durante la temporada (noviembre-marzo). El resto de los ejidatarios (58) y personas que prestan servicios turísticos (150 ejidatarios o familiares de estos) se integran en una Cooperativa, aunque la participación varía cada año en función del rol de trabajo definido por el Comité y la propia Asamblea General de Ejidatarios.

Con base a este modelo de organización, a pesar de la intervención y apoyo  de actores externos para el desarrollo del turismo rural, es la propia comunidad mediante sus instituciones, la que define los mecanismos para el aprovechamiento recreativo de sus recursos, por lo que los beneficios generados son distribuidos entre la población.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL DESARROLLO LOCAL A PARTIR DEL TURISMO EN PIEDRA HERRADA

Los beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales que se están generando en el PPH, están contribuyendo efectivamente al mejoramiento en las condiciones de vida de los ejidatarios, ya que lo hacen de manera organizada a través sus propias instituciones (Asamblea General de Ejidatarios y Comité de la Mariposa Monarca), y dando continuidad a la propiedad colectiva de su territorio y recursos.

De esta forma se están delineando las bases para el desarrollo local a partir de la activa participación de los ejidatarios a las reuniones que se convocan, la existencia de procesos democráticos para la toma de decisiones, la distribución ampliada de los beneficios económicos generados así como equidad en la distribución de las tareas para la conservación de los recursos y la prestación de los servicios. De esta forma durante el periodo de la actividad turística se establecen roles de trabajo estableciendo democráticamente y equitativamente puestos como guías de turistas, caballerangos, encargado de caja, encargados de artesanías, limpieza (baños y andadores), restaurantes, vigilantes en el predio, estacionamiento y senderos para la realización de recorridos.

Además la intervención del Estado a través de la política social y otros actores sociales ha sido fundamental para el desarrollo de infraestructura en Piedra Herrada, en tanto que el desarrollo local no puede manifestarse sin la consideración de procesos orientados a la cooperación de actores, los cuales buscan cumplir objetivos en un territorio determinado. Existe concertación entre la Asamblea y los integrantes del Comité, estos asisten a las reuniones que se establecen para la toma de decisiones y a la vez toman acuerdos en conjunto con dependencias públicas del gobierno federal como SEMARNAT, CONANP, SECTUR, PROBOSQUE  por lo que la toma de decisiones se plantea en conjunto. Esta dinámica participativa e incluyente ha permitido la positiva integración de los ejidatarios en la actividad turística.

A raíz de la actividad turística se ha incrementado la generación de ingresos para los ejidatarios e incluso algunos han emprendido pequeños negocios en Almomoloa (abarrotes, papelería, taller mecánico entre otros), se ha frenado la participación de la población en el proceso migratorio (especialmente durante la temporada de hibernación) y en algunos casos se han mejorado visiblemente las condiciones de las viviendas en algunos barrios, por lo que el turismo se asume como un medio de mejora en la economía familiar. Respecto a los beneficios socioculturales destaca el interés en participar en la elaboración de artesanías, como: elaboración de bordados y tejidos, elaboración de artesanías de madera, pan de pueblo. Con relación a la conservación ambiental, la Asamblea y el Comité han impulsado la reforestación de pino encino y oyamel, no sólo en el PPH sino también en la comunidad de Almomoloa, al tiempo de promover faenas de limpieza y brigadas de prevención y mitigación de incendios forestales, e incentivar la participación para el manejo y cuidado ambiental.

Esta dinamización económica, sociocultural y física en Piedra Herrada está soportada en una forma de organización de economía social y del trabajo de manera democrática, equitativa y sustentable, tal como señala Coraggio (2003:9), “la economía del trabajo, una economía social que trasciende los intereses individuales y busca de manera preponderante la creación de bienes colectivos”.  

A partir del impulso del turismo rural como parte de la política social, se están construyendo las bases para el desarrollo local, sin embargo, es claro que el trabajo turístico en el CCC Piedra Herrada, enfrenta severas limitaciones para ampliarse hacia el resto de la población de la comunidad.

Solamente los ejidatarios se ven beneficiados por la actividad turística en el lugar, acentuándose el desequilibrio social respecto a los comuneros por la forma parcial de participación en operación de dicha iniciativa. Además de la desigualdad en la prestación de servicios, el interés del Estado en la comunidad sólo se ve reflejado durante la temporada de arribo de la mariposa monarca, siendo oportunos en la difusión del lugar, capacitación y seguridad pública, pero fuera de temporada no existe el apoyo del Estado para la continuidad en la actividad turística. Por lo tanto, los ejidatarios se insertan en actividades de otro sector productivo como el comercio y actividades agrícolas como la recolección de hongo, siembra de maíz, avena y chicharos, mientras que el CCC de Piedra Herrada se mantiene cerrado hasta la nueva temporada.

Si bien el turismo rural como política social en San Mateo Almomoloa ha fomentado el aprovechamiento recreativo del PPH generando beneficios a los ejidatarios al recibir capacitación para la conservación ambiental y la prestación de servicios a los turistas, persisten conflictos internos en la cooperativa por las divisiones del rol de trabajo entre los ejidatarios, además que la población en general no participa en el proyecto y se encuentra en desventaja respecto a las posibilidades de mejorar sus ingresos. Se estima que poco más 200 personas participan en la oferta de servicios por temporada (rango inestable) por lo que el apoyo es para unos cuantos, principalmente para ejidatarios procedentes de dos barrios, La comunidad y Mesa Grande, mientras que los habitantes del barrio El Potrero y Santa Ana no participan en la prestación de servicios a menos que sean familiares de algún ejidatario.

CONCLUSIONES

Frente a los problemas vinculados con la pobreza, migración, marginación, economía inestable que caracteriza a las poblaciones rurales en México los ejidatarios de San Mateo Almomoloa han incursionado en el aprovechamiento recreativo de sus recursos y la prestación de servicios turísticos como alternativa económica que les permita mejorar sus condiciones de vida. Si bien la oferta de servicios surgió a partir del interés de un grupo de ejidatarios que se organizó de forma improvisada, a través de los años la política social asociada con la conservación ambiental y el impulso al turismo rural instrumentada por las dependencias del gobierno federal con la participación de otros actores externos, les ha permitido consolidar la actividad durante el proceso de hibernación de la mariposa monarca en el CCC Piedra Herrada.

Esta nueva actividad económica está sentado las bases del desarrollo local en la población ligada al turismo rural, a partir de la generación de beneficios económicos, socioculturales y ambientales, soportados en la dinámica de la institucionalidad agraria y la continuidad en la posesión colectiva del territorio y los recursos. Por tanto, representa una alternativa real para el bienestar social y la conservación ambiental.

No obstante la forma en que se ha instrumentado política social para el desarrollo de la actividad en Piedra Herrada, está ocasionado la división entre actores locales y acentuando la desigualdad en la población general, asintiendo claras limitaciones para el desarrollo local de San Mateo Almomoloa.

A partir de la creación del ANP como parte de la política social se han establecido nuevas restricciones para el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad, imponiendo disposiciones, normas y reglas de manejo sustentasen el discurso la conservación ambiental y el mejoramiento en las condiciones de vida, por lo que se ha impulsado ampliamente el turismo rural como una estrategia que conjunta ambos fines.  Así mismo, la intervención del Estado a partir de la política social ha permitido consolidar la actividad turística en el CCC Piedra Herrada, mediante la implementación de programas y la canalización de apoyos económicos.

Sin embargo, a pesar de que los ejidatarios mantienen el control de sus recursos y la autonomía en la toma de decisiones, la instrumentación dicha política social ha propiciado confrontaciones  con los comuneros por la participación en la actividad turística, en la medida que únicamente se han establecido convenios y formas de trabajo dirigidos al grupo de ejidatarios que hacen uso de los recursos y pertenecen a la Asamblea y el Comité, pero se excluye a la población en general de San Mateo Almomoloa.

Por ello, se contempla un incipiente desarrollo local basado en la exclusiva integración de los ejidatarios en los beneficios que genera la actividad, acentuando la fragmentación social y los conflictos con el resto de la población, que puede derivar en detrimento de los aspectos económicos, políticos, socio culturales e incluso el cuidado del entorno de manera sustentable.

Es posible que la actividad turística se amplíe a través de la incorporación de otros espacios ofreciendo servicios turísticos y con ello la integración de la población de los diferentes barrios, de no ser así es posible que a largo plazo se generen problemas sociales para la población de San Mateo Almomoloa, ocasionando marginación, mayor pobreza, migración e incluso venta de tierras por la falta de economía en el pueblo ya que el desarrollo local es reducido a determinado sector de la población.

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Recibido el 23 de noviembre de 2013
Reenviado el 01 de abril de 2014
Aceptado el 04 de abril de 2014
Actualizado 10 de febrero de 2017

Arbitrado anónimamente

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