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Información, cultura y sociedad

versión On-line ISSN 1851-1740

Inf. cult. soc.  n.20 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene./jun. 2009

 

ARTÍCULOS

Libros, bibliotecas y bibliotecarios una cuestión de memoria

Books, Libraries, and Librarians: A question of memory

Florencia Bossié

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Biblioteca Pública,  Argentina. Correo electrónico: fbossie@yahoo.com.ar

Resumen: Durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina los ámbitos de la educación y de la cultura sufrieron la censura y la represión mediante distintos mecanismos implementados por parte de los militares que tomaron el poder.
Teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de expresión y de información es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los bibliotecarios somos una parte fundamental en el acceso al conocimiento, el presente artículo se propone reflexionar sobre la censura durante ese  período histórico en nuestro país, reconstruir los mecanismos a través de los cuales se la ejercía y poner de manifiesto algunos de los actos de resistencia que hicieron posible que aún en situaciones de peligro los lectores se encontraran con sus libros.

Palabras clave: Censura; Dictadura militar; Violación de los derechos humanos; Libros; Bibliotecas; Historia cultural; Argentina.

Abstract: During the last military and civic dictatorship in Argentina, education and culture suffered censorship and repression in different ways, as a result of the policy stated by the military board governing the country. Taking into account that the right to freedom of expression and information is part of the Universal Declaration of Human Rights and that librarians are a vital part in the process of access to knowledge, this article focuses on censorship during that historical period in our country, with the aim to reconstruct the mechanisms through which censorship was exercised and to highlight some resistance actions that made it possible that even in dangerous situations books could be found by their readers.

Keywords: Censorship; Military dictatorship; Violation of the human rights; Books; Libraries; Cultural history; Argentina.

Artículo recibido: 06-04-09.
Aceptado: 04-06-2009.

Introducción

Durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina (entre los años 1976 y 1983) se llevaron a cabo las mayores acciones cercenadoras de los derechos humanos que se hayan conocido en el país. Los ámbitos culturales y educativos, de los cuales forman parte las bibliotecas, fueron controlados, agredidos e intervenidos. Esto, tuvo su correlato en otros países de América Latina que, como el nuestro, se hallaban bajo el influjo de regímenes autoritarios. Los hechos aquí descriptos no fueron aislados, todos los países de la región contaron con características represivas similares, lo cual abona la teoría de la existencia de un plan sistemático en cuanto a la represión cultural, tal vez apoyado también en el denominado «Plan Cóndor.1
Al proponernos abordar este tipo de investigaciones relacionadas con la historia reciente, son fundamentales los testimonios de los protagonistas, ciudadanos que percibieron o padecieron la persecución por poseer cierto libro, por comprar determinada publicación, por interesarse en algunos temas. Si bien los documentos son la fuente primaria de un estudio histórico, cuando se acompañan con testimonios orales adquieren una nueva dimensión porque (aunque siempre se encuentren influidos por olvidos y subjetividades) son una parte fundamental en la reconstrucción del pasado más próximo y nos ayudan a comprender (a través de las vivencias recordadas y de una mirada que atraviesa la historia) la importancia de esos hechos en el presente. Los archivos se potencian, adquieren otro sentido, nos transportan a otra sensibilidad si un docente nos cuenta que había libros que podían recomendar a sus alumnos y libros que no; si un escritor recuerda que determinadas cosas no podían ser escritas y mucho menos editadas; si una persona presa durante la dictadura recuerda y dice que el leer cierto material dentro de la cárcel era acceder a un poco de vida, a un poco de aire fresco.
Esta investigación se fundamenta en la certeza de que los bibliotecarios debemos ser profesionales que velemos por el cumplimiento, en cualquiera de nuestros ámbitos laborales, del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que postula:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.2             

La libertad de expresión es, por tanto, un derecho humano que contempla no solo la protección de aquel individuo que desea expresar sus opiniones a través de cualquier medio, sino que, además, incluye el derecho de quien desea o necesita acceder a la información sobre un determinado tema: es aquí donde  bibliotecarios y archiveros participamos activamente en el ejercicio de ese derecho, al facilitar el libre acceso a los conocimientos registrados, al procesar la información, al generar herramientas para que los lectores la encuentren, fomentando la autonomía de las personas y el desarrollo de su capacidad para actuar como ciudadanos que se autogobiernan, principio básico de las sociedades democráticas. Si se condiciona la libertad de expresión, consecuentemente se restringe el acceso a la información, hiriendo al sistema democrático y generando, entre otras cosas, analfabetismo, desconocimiento y marginación. Es imprescindible abordar este tema desde la misión y la responsabilidad que tenemos como intermediarios entre los documentos y el lector y como profesionales que organizan y difunden información en instituciones y organizaciones que requieren de las mismas en tanto formadoras y constructoras de saberes y de discursos. Esto nos lleva a considerar la ética bibliotecaria y el papel que nos cabe como actores sociales y políticos dentro de la comunidad.
Por todo lo expresado se consideró pertinente investigar en el pasado reciente aquellos hechos de censura que involucraron a personas e instituciones relacionadas con el ámbito del libro y la lectura desde la perspectiva de la Bibliotecología, fomentando la construcción de una memoria colectiva que permita el conocimiento del pasado, para analizar cómo influye en nuestro presente y qué actitudes debemos tomar en el futuro. El propósito fue no solo hacer una síntesis histórica, sino aportar a la memoria social mediante el análisis de lo sucedido en la ciudad de La Plata, además de corroborar la existencia de una «desmemoria intencionada»(Kaufmann, 2001), esa desmemoria que ocasiona omisión y olvido u ocultamiento de datos y hechos, trabas en el acceso a documentos y archivos institucionales, permanencia en cargos directivos de actores represivos, supuesta pérdida de documentos que ayudarían a recabar datos, entre otras consecuencias.3

Qué es la biblioclastía

La biblioclastía fue definida como la compulsión humana por destruir libros. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha querido imponer sus ideas a través de la destrucción de aquéllas que se contraponían a las propias y los libros han sido objeto de esa «pulsión biblioclástica» durante toda la historia de la humanidad.
Dice Umberto Eco en su artículo «Desear, poseer y enloquecer»:

Existen tres formas de ‘biblioclastía', es decir, de destrucción de los libros: la biblioclastía fundamentalista, la biblioclastía por incuria, y aquella por interés. El biblioclasta fundamentalista no odia los libros como objeto, teme por su contenido y no quiere que otros los lean. Además de un criminal, es un loco, por el fanatismo que lo anima (...) La biblioclastía por incuria es la de tantas bibliotecas italianas, tan pobres y tan poco cuidadas, que a menudo se transforman en espacios de destrucción del libro, porque una manera de destruir los libros consiste en dejarlos morir y hacerlos desaparecer en lugares recónditos e inaccesibles. El biblioclasta por interés destruye los libros para venderlos por partes, pues así obtiene mayor provecho.

La memoria que los libros atesoran se puede perder o destruir por distintas causas: desde las inundaciones hasta los saqueos, pasando por las plagas, los incendios, los bombardeos, los totalitarismos, la desidia y el desinterés. Censurar no implica necesariamente destruir; por ejemplo, históricamente se han establecido cánones de lectura que en muchas ocasiones sirvieron para decretar qué se podía imprimir, editar, leer y qué no, lo que da lugar a la censura por omisión al excluir ciertos textos que no son poseedores de las características  socialmente aceptables. Sería importante reflexionar si el papel del mercado editorial hoy no ejerce una función similar.
En el ámbito de las bibliotecas, la censura se puede ejercer de diferentes maneras. Por ejemplo, la tarea de selección, relacionada directamente con el concepto de desarrollo de la colección, conlleva una carga ideológica acorde con las políticas de la institución en un determinado momento. Es en ese punto cuando se decide qué se va a comprar y qué no y muchas veces puede ser direccionado hacia los intereses de un determinado grupo. Tanto es así, que instituciones como la IFLA (Internacional Federation of Library Associations) y la Unesco han elaborado sus propias declaraciones relacionadas con este tema. Incluso cuando clasificamos e indizamos, analizando el discurso de un texto y otorgándole un código o un término identificador que le dará un destino en el estante y en el catálogo, estamos realizando una actividad intelectual que conlleva necesariamente una carga de ideología y de subjetividad que siempre está presente, por lo que es importante que no perdamos de vista la importancia de este proceso técnico que, en definitiva, es el que hará que un lector encuentre o no el libro o la información buscada.
Nuria Amat (1988: 69), bibliotecaria de origen español, no duda en afirmar que quien lleva a cabo autos de fe definidos por Gérard Haddad (1990: 4) como «el incendio voluntario de bibliotecas y la destrucción de textos» lo hace con la  intención de hacer desaparecer el universo que le resulta adverso, en un acto estrictamente simbólico; así nos dice: «Significa, en un estado imaginario (pues afortunadamente el libro admite hoy duplicados) arrasar con todos los conocimientos vivos de la humanidad».

Qué fue la Operación Claridad

Así llamada por el propio gobierno militar, al principio se la denominó «Operación Enseñanza» y fue el soporte burocrático para la represión cultural y educativa en la Argentina. Muchos de los informes «estrictamente secretos y con orden de incineración»  se salvaron de las llamas y dan testimonio de la sistematicidad del sistema Estatal puesta al servicio del control cultural y social. Así, podemos saber que la censura en nuestro país adquirió tres formas básicas: la forma preventiva, la forma punitiva y, como consecuencia de las dos anteriores, la muy difundida autocensura. También queda claro que el control fue parte de las estrategias contra la «subversión» en respuesta a lo que se consideraba un «ataque global» del «terrorismo». Los dictadores percibían a la cultura como un campo de penetración ideológica en el cual los «subversivos» estaban «ganando la batalla» y donde, según palabras del teniente general Leopoldo F. Galtieri (4/8/1980): «en el campo intelectual la lucha es más larga, más a fondo (...) va a demandar mayor tiempo que la lucha militar». Inclusive,  las «Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional», del 19 de diciembre de 1979 se ocupaban específicamente del «Area cultural y educativa». El mismo Videla decía en conferencia de prensa del 17 de diciembre de 1977:

... consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas (...) el terrorista no sólo es considerado tal por matar (...) sino también por activar, a través de ideascontrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas... (Avellaneda, 1986: 162).

Cuando se pronunciaron estas palabras, los militares consideraban que los «subversivos» habían sido prácticamente eliminados, no así sus ideas, y es aquí donde se potenció la represión, ya no solo sobre los cuerpos de aquellos involucrados en la militancia sino también sobre las ideas y sus manifestaciones.
La metodología de la Operación Claridad fue la supresión física de personas sospechosas y comprometidas con la militancia política, el secuestro y destrucción de sus bienes culturales y el reemplazo de ideas críticas valiéndose de instituciones prestigiosas como editoriales, universidades, bibliotecas. Así se generó un «discurso de censura» delimitado y explícito, cuyo objetivo primordial era constituir otro orden y una nueva subjetividad en la sociedad. Como lo marca Andrés Avellaneda (1986), ese discurso se fue elaborando durante años, sin tener una fecha precisa de aparición, tanto a través de textos oficiales como en diarios y revistas de divulgación, para culminar con la aplicación extrema del mismo en los años 1976-1983. Estaban escritas las formas de actuar, cómo y qué información obtener de cada sospechoso y cómo manejarse entre el sector civil y militar para transmitir la información. Se elaboró un «sistema clasificatorio» que  determinaba cuál era el libro «marxista» o «subversivo» que debía ser retirado de los anaqueles; eran sometidos a un análisis del cual se desprendía una calificación determinada por fórmulas que iban de la Fórmula 1 («carece de referencias ideológicas contrarias a los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional») a la Fórmula 4.
En nuestro país no existió un organismo específico dedicado al control y censura de libros, aunque el Ministerio del Interior cumplió un rol destacado en este sentido. Las acciones estuvieron divididas en varios organismos dedicados a la censura, incluso con superposición en sus funciones; diversas dependencias gubernamentales actuaban en la conformación de listas negras, grises o blancas (según el grado de «peligrosidad» del producto cultural o artístico analizado). En octubre de 1977, el Estado Mayor General del Ejército, a través de su Jefatura III, Operaciones, Subjefatura B, elaboró el Informe Especial Nº 10, cuyo objetivo era «estructurar un sistema integral que niegue, en el ámbito de los MCS (medios de comunicación social), el accionar subversivo y asegure la plena vigencia de la propia cultura nacional». Allí se enumeran los distintos organismos dedicados a tal fin con una pequeña descripción de sus funciones. Eran: el Ministerio del Interior y la Dirección General de Publicaciones (dependiente de éste), el Ministerio de Educación a través de su dependencia Planeamiento Educativo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (que intervenía en los casos de autores extranjeros), la Dirección de Culto (que se ocupaba de las publicaciones religiosas), la Secretaría del Interior y la Dirección General de Contralor Operativo.
Algunos de los listados de libros analizados por la SIDE se encuentran en el archivo de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), hoy bajo la guarda de la Comisión Provincial por la Memoria. En uno de los documentos proporcionados por dicha institución puede leerse:4

IMPORTANTE: las listas proporcionadas por la SIDE, no significa que son libros que deben ser sacados de circulación por los funcionarios policiales, sino que, salvo aquellas publicaciones que figuran expresamente en el Decreto de prohibición.
Se adjunta las listas de la SIDE como un medio de orientación para ser tenidas en cuentas en caso del ingreso de material a las unidades penitenciarias, para aliviar el trabajo de los censores ante el cúmulo de material a explotar y/o para aquellos fines que se las pueda utilizar, corriendo por cuenta y riesgo del oficial responsable.

En el listado se leen títulos de diversa índole, de diferentes autores y extracciones ideológicas. Todos eran analizados, algunos resistían la prueba, otros no.
La literatura infantil no estuvo excluida del control. Como dice Josefina Oliva (2007):

Molestaban expresiones como alpargatas, trabajo, vientre; molestaba el humor, la presencia de epígrafes que nombraran a Marx o a Nietzsche. Molestaban las exageraciones de una ilustración; que la patria estuviera en las fábricas y no en los monumentos, que una monja hablara no sólo de Dios, sino también de los pobres. Huelga, trabajador, campesinos, historias, metáforas que pueden hacer que los más chicos se pregunten por qué en definitiva no todo es de color verde.

Aunque, como contó una escritora de literatura infantil en una entrevista realizada para esta investigación, tal vez fue una de las manifestaciones que los autores encontraron para la creación:

La literatura trabaja desde la alusión y desde la metáfora;  esos tiempos en que las palabras estaban prohibidas dieron  lugar a la búsqueda de intersticios, de espacios de resistencia desde los cuales poder decir. La Literatura Infantil fue uno de esos espacios. Alguien  denunció a algunos autores y a sus obras. Hubo autores censurados o que fueron perseguidos como Laura Devetach o  Elsa Bornemann y otros. De todos modos esta censura de algún modo contribuyó a que hubiera más personas dispuestas a  trabajar en sentido contrario, difundiendo esa obra censurada de mano en mano. Hubo mucha gente  trabajando en la resistencia en ese  sentido. Muchos docentes trabajaron como mediadores y difusores. Esto hizo que en los ochenta se produjera un crecimiento de la Literatura Infantil en la Argentina. La literatura era un lugar de resistencia.

Represión en el ámbito educativo

La educación fue un punto neurálgico para la aplicación de la represión. Esa coerción de la que fue objeto se vio respaldada por tres leyes educativas fundamentales en las que se basaban para declarar la prescindibilidad de docentes: 21.260 (Empleados públicos. Autorización para dar de baja por razones de seguridad al personal vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadores. B.O. 26/3/76), 21.274 (Empleados públicos. Régimen transitorio de prescindibilidad. B.O. 21/4/76) y 21.381 (Enseñanza privada. Autorización para declarar inhabilitado para desempeñarse en establecimientos privados al personal dado de baja por aplicación de la ley 21.260. B.O. 19/8/76). Estas leyes fueron lo suficientemente ambiguas y difusas como para lograr en los actores educativos la sensación constante de estar en falta, motivando la permanente autocensura. Cualquiera podía ser «potencial subversivo» según la forma en que las autoridades calificaran sus actos. En este contexto se aplicó la «prescindibilidad» a muchos docentes (tanto de nivel primario, secundario, terciario y universitario), se expulsó a alumnos que no cumplían con las reglamentaciones y se reformaron planes de estudio.5 Además, claro, de la desaparición de tantos.
Uno de los documentos centrales para entender el accionar de la dictadura en el ámbito educativo, es aquel conocido como «Díaz Bessone» (tal era el nombre del funcionario, general retirado, que lo preparó: Ramón Genaro Díaz Bessone). Fue distribuido por el Ministerio de Educación en los establecimientos de los distintos niveles educativos entre los años 1977 y 1978. Este folleto lleva por título «Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo»; y su objetivo era «erradicar la subversión en todas sus formas» tanto en el ámbito de las escuelas secundarias y terciarias como en las universidades. Se impartían consejos para reconocer a aquellos docentes y no docentes comprometidos con la causa marxista, como así también a quienes por amistad o simpatía ideológica colaboraban con la misma. En este documento también se le daba importancia a la bibliografía, al material didáctico que el docente utilizaba y a la literatura infantil. En su presentación se lee:

La grandeza y la proyección histórica de las naciones dependen fundamentalmente de la educación que se brinde a sus pueblos (...). Así es como en el país hemos de hablar de guerra, de enemigo, de subversión, de infiltración, términos éstos poco acostumbrados en la historia argentina contemporánea y sobre todo en ámbitos como el de la educación y la cultura; pero esa es la cruda realidad y como tal se debe asumir y enfrentar: con crudeza y valentía (...). El llamado de la patria es claro y se debe responder a él; los educadores, más que cualquier otro sector de la ciudadanía, no pueden desoírlo, antes bien se impone como una misión a cumplir (...). Esa acción docente (...) debe comprender mucho más que la simple transmisión de conocimientos (...) ha de contribuir a la formación (...). El texto que llega en esta publicación a los docentes, tiende pues a facilitar la comprensión del fenómeno subversivo que vive la Argentina de estos días, especialmente en el ámbito educativo (...). Si este folleto contribuye para que los docentes conozcanmejor a los enemigos de la Nación y para que las generaciones venideras puedan decir de los educadores de hoy que cumplieron con su deber, se habrá logrado con creces su propósito» (Argentina. Ministerio de Cultura y Educación, 1977).

La bibliografía utilizada en las clases fue controlada de diversas formas: desde la prohibición explícita del uso de determinados libros (circulaban listas de libros prohibidos)6  hasta la «recomendación» en el uso de material bibliográfico, lo cual llevaba a pensar que los excluidos de esas recomendaciones no debían utilizarse, y aquí otra vez jugó un papel importante la autocensura.
Dice Josefina Oliva (2007):

En la Provincia de Buenos Aires existió un plan a través del cual no sólo se trataba de verificar la presencia de material `infiltrado´ dentro de los colegios, sino que además se intentaba rastrear a toda `organización subversiva´ que enviara textos, libros, `desde el exterior´. `Se ha tomado conocimiento que organizaciones subversivas que operan desde el exterior, están realizando una amplia campaña psicológica, enviando cuentos infantiles, a los Sres. Directores de escuelas primarias de esta Provincia.´ (Documento de 18 de abril, 1978. La Plata. Archivo DIPBA, Comisión Provincial por la Memoria). En este mismo documento se puede leer: `Por lo expuesto se desea saber los siguientes puntos.
1-Veracidad de lo informado
2-Establecimientos que hayan recibidos los ‘cuentos´ que se hace mención
3-Organización subversiva que lo refrendan
4-Ejemplares de los mismos
5-Cualquier otro dato de interés que surga [la falta de ortografía es textual] de la investigación que se ordenó y que tenga relación con lo solicitado.´
De esta manera ‘se ponía en aviso´ a la policía de las distintas localidades bonaerenses y se disponía que se rastreara en cada colegio y se informara al respecto en un plazo de no más de cinco días, no solamente acerca de los libros hallados, sino también de las organizaciones que los enviaran. Una vez ‘detectado´ cualquier material subversivo se procedía a su estudio, a posteriores notas sobre los contenidos, y a la prohibición, que no era firmada por cualquier general. Muchos de los decretos que ponían trabas a la literatura infantil fueron firmados por el ministro del interior de la dictadura Albano Harguindeguy.

Consecuencias de la censura

Los casos más trascendentes de destrucción de libros en la Argentina fueron: el sucedido el 29 de abril de 1976 en La Calera (provincia de Córdoba) donde se quemaron miles de ejemplares de libros y revistas considerados «marxistas» dándolo a conocer a través de un comunicado de prensa; el caso de EUDEBA (Editorial de la Universidad de Buenos Aires) donde el 27 de febrero de 1977 camiones militares llevaron los libros que habían sido separados y si bien no se sabe cuál fue la cantidad exacta, se calcula que fueron alrededor de 80.000 los ejemplares destruidos; el conocido caso del CEAL (Centro Editor de América Latina) en el que más de medio millón de libros y fascículos  fueron quemados en un baldío de Sarandí un 26 de junio de 1980; la quema estuvo a cargo del personal policial y lo paradójico es que en un intento de legalidad se elaboró el acta de la quema y un empleado de la editorial, Ricardo Figueira, debió oficiar de fotógrafo oficial. En el ámbito de las bibliotecas es digno de citar (por lo emblemático y representativo de tantas otras) el caso de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil (de Rosario, Santa Fe) de la cual, tras su intervención, se calcula que desaparecieron entre cincuenta mil y setenta mil volúmenes tanto de la biblioteca como de la editorial que dependía de la misma Asociación.7
Los regímenes represivos dejan secuelas, de las visibles y evidentes y de las sutiles, pero que sin embargo se sienten en el cuerpo, dejan marcas que no vemos, determinan nuevas formas de comportarse de la sociedad. La ambigüedad con la que se reprimía el acceso a la lectura llevaba indefectiblemente a practicar la autocensuracomo una forma de preservación y se transformaron en habituales las quemas u ocultaciones de libros de bibliotecas personales.
Uno de los entrevistados para esta investigación, librero, decía al respecto:

Yo sacaba muchos libros y llamaba al portero del edificio para que los vendiera como papel. Yo mismo los hubiera quemado, soy realista y aparte pensaba que si el libro era bueno iba a volver a salir. La autocensura tiene que ver con la preservación personal. A mi librería nadie vino a buscar libros, yo mismo los sacaba de la vidriera, los mandaba atrás y después me los sacaba de encima, uno sólo sabía lo que tenía que hacer, no vino nunca nadie a decirme qué tenía que vender o no, a mi no me llegaban listas (...). Tenía mucho material de izquierda y eso había que hacerlo desaparecer. Los chicos venían y me dejaban los libros que habían comprado, por ejemplo las obras completas de Lenin me las traían de vuelta. Yo no sabía qué hacer con todo eso, era  material usado y eso lo hacía más sospechoso todavía. Entonces los puse en cajas y el muchacho que colaboraba conmigo  se ocupó de esconderlos en el local de al lado donde había una chica con la que simpatizaba y que tenía una planta alta que no tenía instalada la escalera (...).

La vaguedadse ponía de manifiesto en las calificaciones del material prohibido con términos tales como: «inmoral y presuntamente obsceno», «de exhibición limitada», o «de ilimitada fantasía», tal fue el caso del libro para chicos «La torre de cubos», de Laura Devetach (censurado por la Resolución Nº 480 con  fecha 23 de mayo de 1979 en la Provincia de Santa Fe. Más tarde esa censura llegaría a Mendoza, Córdoba y Buenos Aires). Pero la prohibición no se produjo directamente por un ´pedido´ militar. Si no por recomendación, como afirma la autora, de dos personas que eran sus compañeras de trabajo:

Era la gente de adentro la que se encargaba de mandar listas… y el señor de charreteras en el escritorio firmaba… listo. Es más, los fundamentos, por ejemplo de la prohibición de La torre de cubos, yo sé quienes los dieron. Y son dos colegas (Oliva, 2007).

Beatriz Sarlo (1987) se refiere a la literatura como una de las principales estrategias para sortear, a través de la metáfora y la figuración, aquellas barreras que cercenaban la libre expresión, constituyéndose también en un vehículo para cristalizar experiencias que resultaban difusas, una especie de «puente» que configuraba un discurso crítico:

Dio voz a algunos de los silencios que bloqueaban la comunicación social en una comunidad profundamente afectada por barreras también discursivas: las de la voz totalizante del autoritarismo y, más específicamente, las de la censura y el sistema internalizado de policía de las significaciones.

El discurso literario intentaba hacer frente  a ese vacío de sentidos instalado por el discurso militar (ese que supone una «verdad inapelable» y un «orden imperativo») proponiendo ambigüedad, apertura de sentidos, pluralidad y diálogo a través del arte. También algunos medios periodísticos intentaban brindar información de forma velada y sólo aquellos que sabían interpretarla recibían los mensajes.
La metáfora fue un recurso sumamente utilizado en los textos para poder expresarse más allá de las prohibiciones. Se puede afirmar, entonces, que los censores dejaron resquicios o, más bien, que los intelectuales ganaban espacios aun entre las prohibiciones por esa necesidad de exteriorizar tanto dolor, tanta tragedia, tanto no dicho. Experiencias como Teatro Abierto, Danza Abierta, Cine Abierto, infinidad de talleres literarios, la proliferación de revistas con espíritu crítico (como El Ornitorrinco, Punto de Vista, Pluma y Pincel, entre otras), letras de rock que de forma solapada denunciaban la realidad (como por ejemplo «Alicia en el país», de Charly García), dan cuenta de esas resistencias llevadas a cabo desde diferentes ámbitos de la cultura (Masiello, 1987; de Diego, 2003). Fueron miles los actos de resistencia que hicieron que muchos docentes, aulas adentro y con diversos subterfugios, lograran evadir las reglamentaciones represivas, ya sea estableciendo relaciones afectivas con sus alumnos, «aconsejándolos» en determinados aspectos o utilizando metodologías que les permitieran incluir contenidos prohibidos de manera velada. Los mismos alumnos tenían espacios que ayudaban a seguir pensando y creando a pesar de las opresiones, por ejemplo, en revistas estudiantiles, denominadas por Kaufmann (2001, 1: 38) «revistas subterráneas». Santiago Kovadloff (1992: 13-16) llamó a estos refugios «cultura de catacumbas»8 y Enrique Oteiza (en: Kaufmann, 2001) señala que esa represión académica y cultural generó una «universidad invisible», formada por aquellos que habían sido echados o simplemente discriminados por el sistema dictatorial, y que conformaron agrupaciones dedicadas a la cultura y la investigación.
Las estrategias de preservación de los libros fueron muchas y diversas, de acuerdo con las posibilidades. Una anécdota donde el azar jugó a favor de los libros fue la que contó el mismo librero citado anteriormente en la entrevista personal:

Había un sello que tenía material muy bien editado (se llamaba La Rosa Blindada, era de José Luis Mangieri), editaba las obras de Mao, todo el material vietnamita, era una persona que se había abierto del Partido Comunista. Los libros nuevos de esa editorial decidí mandárselos a un muchacho amigo que se había exiliado en España porque tenía un poco de temor y había puesto una librería allá. Entonces los puse en una caja y llamé al Expreso y les dije: esto va a España, a la librería Libraco de Madrid. Como no tenía la dirección adonde tenían que enviarlos quedé en llevarles después los datos. Mientras tanto las cajas las llevaron al depósito. Yo me olvidé, pasó todo lo que pasó, cuando ya estaba Alfonsín en el gobierno viene el viejo (...) y me dice: usted hace unos años me mandó unas cajas que están ahí, en el depósito, y ahí me acordé (...) se había dado cuenta el tipo, eran un tesoro preciado: El Capital de Marx, obras de Lenin, una biblioteca marxista leninista muy valiosa.

Finalmente, recordó que «buscando a un chico que trabajaba conmigo llegaron dos veces a la librería, yo cerré un mes y huí. Ese día se llevaron libros que tal vez les interesaban». Es decir que los robos eran moneda corriente dentro de esas requisas tan comunes en la época.
Son numerosísimos los relatos de personas que para preservarse debieron deshacerse de libros o esconderlos. Cada vivencia relatada por los entrevistados puede multiplicarse en miles de experiencias personales de los habitantes de este país, surgen, de modo inevitable, en cada conversación con la gente que vivió esos años. Son muchos los que, ávidamente, quieren contar cómo tuvieron que desprenderse de sus libros, cómo tuvieron que quemarlos, enterrarlos, esconderlos. Pero si de actos de resistencia se trata, el más impactante, sin dudas, es el de Perla, una ex - presa política, que contó en una entrevista personal para esta investigación cómo hicieron para seguir leyendo, aún después del golpe, en la cárcel y cómo las palabras se hicieron parte de sus cuerpos:

En hojillas de atados de cigarrillos (separando con agua la parte metálica) o en papel de calcar, durante [los meses anteriores al golpe] transcribimos con letra diminuta aquello que considerábamos fundamental (…) luego los envolvíamos en plástico y los sellábamos con cinta scotch o con fuego. Los conservábamos durante años dentro de nuestros cuerpos. Irían de pabellón en pabellón. Serían leídos por primera vez o releídos enésimas veces. Pasaban de un cuerpo a otro mágicamente (…) Nada de eso podía caer en manos de los represores y no recuerdo, en más de siete años de encierro, que haya ocurrido.

Foucault (2002: 32) postula a la «microfísica del poder» como el sometimiento del cuerpo de forma no violenta:

... puede ser calculado, organizado, técnicamente reflexivo, puede ser sutil, sin hacer uso ni de las armas ni del terror, y sin embargo permanecer dentro del orden de lo físico (...). Pero el cuerpo está también directamenteinmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos.

A partir del relato de Perla podemos saber que el cuerpo además de un campo a través del cual someter, puede ser también un factor de liberación en el cual las personas presas pudieron llevar sus lecturas, aquel remanso que les permitía abstraerse del horror y del sometimiento.
Refiriéndose a lo que sí podían leer en prisión, Perla dijo:

Después del golpe usábamos la Biblioteca del Penal, en la que había literatura, poesía, ensayos. El grado de censura dependía del nivel cultural y el grado de entendimiento del censor. ‘Pasaban' textos impensables y ‘rebotaban' otros que eran ‘inofensivos'. Leíamos mucha historia argentina: Scalabrini Ortiz, Sarmiento, Mitre,  historia del siglo XX en América Latina y Argentina. Textos que nos permitían reconstruir la historia de los partidos políticos. En los calabozos leíamos la Biblia, único libro permitido. Y recuerdo un popurrí de autores y títulos: Arlt y Los siete locos, El cuarteto de Alejandría (¡una maravilla!), Mis gloriosos hermanos de Howard Fast, el brasileño Amado (cuyos títulos no despertaban sospechas), Borges y Cortázar. Cuando algún libro era rechazado, la tesonera e inclaudicable paciencia de nuestros familiares hacía que insistieran y tal vez… otro día pasaba. Algunas compañeras se especializaban en economía, en países árabes, en cuestiones relacionadas a la energía, a los recursos naturales. Pero además, y a la fuerza, todas nos hicimos un poco escritoras, ‘escribientes': cuentitos para nuestros hijos, cartas a sus maestras, a vecinos, a amigos. Hacíamos lo que ahora hacen por el chat: nuevas relaciones. Salíamos y otros entraban escondidos en sobres. Recuerdo que adaptamos con historietas un famoso y buen libro sobre conejos, La colina de… (no recuerdo), un clásico. Mi marido, Eduardo Schaposnik, hizo un Quijote en verso para niños que salió en capítulos. Mucho se perdió pero algo queda en distintos hogares. Mucho está en otros países del mundo. Gelman era uno más de nosotros. Sus poemas nos atravesaban y nos representaban. No era plagio. Es que la verdadera poesía es del Pueblo, se vuelve anónima. Benedetti también era parte nuestra: ‘… y en la calle codo a codo somos mucho más que dos … ‘ ¿Qué compañera no se lo mandó a su amor entre rejas? Eran himnos, emblemas: Zitarrosa, Atahualpa, Tejada Gómez, Miguel Hernández (con sus ‘Nanas de la cebolla') eran cantados y susurrados en la visita a través de un locutorio de vidrio.

Una de las consecuencias más importantes de la dictadura fue el exilio de miles de personas que debieron irse del país para salvar su vida. Al referirse a la situación del escritor exiliado, dice Julio Cortázar (1984: 18):

Un escritor exilado es en primer término una mujer o un hombre exilado, es alguien que se sabe despojado de todo lo suyo, muchas veces de una familia y en el mejor de los casos de una manera y un ritmo de vivir, un perfume en el aire y un color del cielo, una costumbre de casas y de calles y de bibliotecas y de perros y de cafés con amigos y de periódicos y de músicas y de caminatas por la ciudad. El exilio es la cesación del contacto de un follaje y de una raigambre con el aire y la tierra connaturales (...) Los que trabajamos desde afuera tropezamos con las barreras fronterizas, mientras que los exilados internos se topan con las barreras editoriales o publicitarias y las trabas de la censura. Pero pese a ese doble impedimento que tanta angustia provoca en todo creador intelectual, es más que evidente que los mensajes se abren paso por múltiples vías, y que en estos últimos años han cumplido una tarea de concienciación social y política que los opresores temen y persiguen, pero no pueden impedir.

Un escritor de la ciudad de La Plata consultado para esta investigación dijo:

A partir del golpe creo que lo que se cercenó fue una posibilidad de pensamiento. Porque no concibo el pensamiento como reflexión interior, como ejercicio de introspección, creo que el pensamiento se transmite, que el ejercicio del pensamiento y la reflexión es una práctica dialéctica. De qué sirve el pensamiento si no se lo pone en praxis. O sea que el Proceso produjo una fractura de esa reflexión abierta y crítica que había en los ´60 y en los ´70. En un momento pensé en exiliarme pero creo que el exilio es también como un ejercicio de escritura. Hay gente que dice que escribe porque está produciendo páginas y uno objetivamente ve frases, palabras, períodos, construcciones. Pero a veces uno escribe sin estar moviendo los dedos, se escribe acá [señalando la cabeza]. Creo que muchos estuvimos exiliados sin necesidad de mover los pies. No hay exilio interno o externo, el exilio es uno solo. Muchos estuvimos exiliados, con temor, con familiares desaparecidos, con angustia a pesar de habernos quedado. Creo que durante un buen período estuve en otro lugar y eso no depende de un pasaporte ...

Bibliotecas como víctimas

En la Universidad Nacional de La Plata, en los comienzos de la década de 1970, los trabajadores no docentes (nucleados en el gremio ATULP-Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata) formaron parte del gobierno de dicha institución. En esos años se planearon cambios radicales en la orientación de la educación universitaria, se buscaba una «Universidad para el pueblo» y llegaron a publicarse dos documentos: «Bases para la nueva Universidad» y «La participación de los trabajadores en la conducción de la Universidad». Valores tales como la liberación del hombre de toda explotación, apropiación de las masas de los mecanismos de producción y difusión del conocimiento y la cultura, formación de educadores con conciencia de su misión política, inserción en actividades comunitarias, entre otros, formaban parte de los contenidos de distintas carreras universitarias. En 1971 ATULP conformó una biblioteca destinada a asistir a los hijos de los trabajadores con libros donados por afiliados, docentes y estudiantes de la UNLP y se compraron textos escolares. Según relata Godoy (1995: 204), el interventor de ATULP luego del golpe -Comandante Calleja- elevó un informe el 7 de septiembre de 1981 dirigido al Comandante de la Xma. Brigada de Infantería Mecanizada Tte. Gral. Nicolás Lavalle, en el cual hacía referencia a la biblioteca del gremio y detallaba el hallazgo de «documentación marxista», razón por la cual confeccionaron dos inventarios: «un inventario general y otro conteniendo exclusivamente los libros y folletos marxistas». Esos libros (entre los que había obras de Bolívar, Tolstoy, Lenin, Perón e inclusive los documentos que marcaban el camino de la «nueva Universidad») «fueron incinerados el 15 de septiembre de 1981 en el cuartel de la Décima Brigada de Infantería Mecanizada». Para esta investigación se pudo acceder a la documentación que testimonia la confección de listados donde se describía qué libros y qué cantidad había en cada paquete a ser incinerado y da cuenta de este hecho.
Una de las estrategias utilizadas por el régimen militar fue el recorte de presupuesto para compra y actualización del material bibliográfico. Todos los entrevistados sostienen que este fue uno de los factores predominantes en la UNLP durante la dictadura y la Biblioteca Pública no escapó a esta situación.
Una de las bibliotecarias consultadas en entrevista personal para esta investigación, dijo:

El presupuesto era ínfimo, se suprimieron la compra de publicaciones periódicas y de materiales de referencia, sólo se compraba el material para los alumnos (...). La biblioteca tuvo un presupuesto alto hasta el 73, luego decayó. Si había censura o autocensura se daría desde la bibliografía que nos remitían las cátedras para realizar las listas de compra, a la biblioteca no llegó ninguna restricción. Yo en ningún momento sentí presión para comprar determinadas cosas. Creo que las bibliotecas simplemente no les importaban, sí las editoriales.

Estos dichos se corroboran al leer la resolución Nº 2068 del Rectorado de la UNLP del 25 de agosto de 1976:

considerando «que es de buena administración dictar normas tendientes a modificar criterios acerca de la utilización de los recursos de que dispone la Universidad, sus Facultades y Dependencias para compras de material bibliográfico en el exterior; que es necesario no dar una imagen deteriorada en el exterior (...)», se resolvió que «Las Unidades Académicas o Dependencias no deberán contraer nuevos compromisos por compras de material bibliográfico en el exterior hasta que las disponibilidades de crédito y condiciones de cambio así lo permitan, salvo imperiosas necesidades, que previamente deberán ser evaluadas por el Rectorado».

Esto se pudo confirmar también con el análisis de los libros inventario de la Biblioteca, en los cuales se constató que, por ejemplo, en el año 1966 se adquirieron 5.583 libros y diez años después, en 1976, la cantidad de libros adquiridos por compra fue de 489.
Un trabajador de la planta no docente de la Biblioteca Pública relató lo sucedido con la colección del diario La Opinión10. Según sus dichos la Biblioteca no contaba con los ejemplares de ese periódico. Pero un día (ya luego del advenimiento de la democracia) recorriendo el depósito (que cuenta con cinco pisos) encontró en un rincón, escondidos y en muy malas condiciones la colección completa de ese periódico, lo que evidenciaba que había sido sacada de circulación por alguna razón ignorada. En ese mismo momento se dispuso su  encuadernación y hoy se lo puede consultar en el sector Hemeroteca. Quizá esta ocultación sea fruto del espíritu de preservación de alguien que prefirió resguardar el material antes que destruirlo, como un acto de resistencia silenciosa.
Otro episodio de preservación de los libros en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata fue el relatado por una trabajadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: «Apenas asumió la dictadura, se recibió un llamado telefónico anónimo avisando que vendrían a revisar los libros, que saquemos todos los de izquierda». Ante esta posibilidad, el personal más conocedor del material  rápidamente colocó todo lo que consideraba «marxista» en un depósito, donde se mantuvo hasta la recuperación de la democracia, momento en el cual volvió a ser incorporado al fondo de la Biblioteca y se reinsertaron las fichas en el catálogo bibliográfico. Efectivamente, los militares llegaron a inspeccionar la Biblioteca y revisaron todos los estantes llevándose algún material, aunque no existen precisiones respecto de los títulos que fueron sustraídos.
Con el advenimiento de la democracia, distintas Universidades argentinas se plantearon la necesidad de investigar qué había sucedido en sus bibliotecas durante los años de la dictadura. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1985, conformó una Comisión encargada de investigar la baja o transferencia de libros en varias de sus dependencias a través de una Comisión Especial de docentes que actuó en el año 1976 con tal fin. Una Junta de Bibliotecarios era la encargada de realizar la transferencia del material bibliográfico que la Comisión Especial dispusiera. De la lectura de los documentos que son resultado de aquella investigación, se deducen distintas modalidades para requisar el material:

a. retiro de fichas catalográficas (solo en algunas ocasiones)
b. en el libro inventario se pegaban las hojas que correspondían a los números asignados al material dado de baja
c. se ha comprobado que las obras no se encontraban en los estantes en el momento de realizarse la investigación (es decir, que no fueron restituidas).

El 27 de mayo de 1977 se informó que los libros dados de baja o retirados de circulación conformaban un total de 209 ejemplares  y 117 publicaciones periódicas, provenientes de distintas dependencias, sin especificar su destino. Algunos títulos considerados «de carácter perturbador» fueron: El marxismo, de Henri Lefebvre (1 tomo); Sobre algunas cuestiones relativas al camino polaco hacia el socialismo, de Oskar Lange (1 cuadernillo); Historia de la gente decente en el norte argentino, de Gregorio Caro Figueroa; De la colonia a la revolución, de Rodolfo Puiggrós; Sacerdotes para el tercer mundo, de la Editorial del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo; El secreto de la fortaleza soviética, de Hewlett Johnson; Carlos Marx, de Francisco Olgiati; La violencia, de Federico Engels; El cuestionamiento estudiantil del establishment, de Lewis S. Feuer; Principios de lógica dialéctica, de M. M. Rosental; Historia de la nación latinoamericana, de Jorge A. Ramos. En algunos casos, aunque no se encontraba material «de carácter tendencioso (...) algunas obras, que juzgaron como inconvenientes, fueron dadas de baja, a saber: R. Wolf Eric, Las luchas campesinas del Siglo XX; F. Delich, Tierra y conciencia campesina en Tucumán; O. Lewis,  Los hijos de Sánchez; Di Tella. Revista Latinoamericana, t. I y II».
Por su parte, en la Universidad Nacional de Salta la Comisión de Derechos Humanos e Ilícitos realizó un informe sobre la existencia de un expediente (el Nº 235/82) a través del cual se da cuenta del envío por parte de esta Universidad de 224 libros a Buenos Aires, que fueron incinerados el 24 de agosto de 1980. El Director de la Biblioteca Central fue quien entregó los libros del patrimonio de la Universidad, según consta en la investigación.
Otra evidencia de censura en las Universidades nacionales se encuentra testimoniada en el documento encontrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires titulado: «Disposición Militar - Años 1976-1979. Censura y secuestro de libros». Este documento consta de un listado de 128 títulos de libros en siete carillas, en las cuales se especifica autor, título y cantidad de ejemplares a ser secuestrados que van de 1 a 2.818 ejemplares (como es el caso de la «Selección de textos sobre teoría del Imperialismo
Nº 39»).
También en la Universidad Nacional de Córdoba se encontraron documentos que testimonian la destrucción de libros y publicaciones. En este caso, además del listado de libros requisados en la Escuela Superior de Comercio «Manuel Belgrano», que consta de diecinueve títulos, se lee: «El delegado interventor militar en la Escuela Superior de Comercio ‘Manuel Belgrano' resuelve: Art. 1º: Proceder a laincineración de los textos mencionados en la presente resolución en presencia de testigos (...)».11
En cuanto a la Universidad Nacional de Entre Ríos, se puede citar  la investigación realizada por Carolina Kaufmann (2003) sobre lo sucedido en el Centro de Documentación e Información Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la cual se relata que después del golpe militar se presentó el Decano Interventor en dicha unidad de información (Uzín) junto con el Interventor de la Provincia de Entre Ríos (General Trimarco) y el Secretario de Ciencia y Técnica de la UNER y pidieron «saber dónde está el material sobre marxismo»al tiempo que el propio Trimarco revisaba los ficheros. La Jefa del Centro de Documentación recuerda que el Interventor de la Universidad iba a cualquier hora y quitaba libros de las estanterías ordenando retirar las fichas de los catálogos y en ocasiones sacándolas él mismo. Se comprobó también la existencia de una Comisión Asesora que elaboró listas de libros, folletos, revistas, boletines, separatas y demás documentos para dar de baja por diversos motivos, por ejemplo porque «los libros que figuran en la lista adjunta no son consultados para las asignaturas del Plan de Estudio de esta Facultad (...)». En otras ocasiones la Comisión elaboraba listas de libros que debían ser «transferidos» a la Biblioteca Central de la UNER. Sin embargo, no existen evidencias de que efectivamente hayan llegado a dicha Biblioteca. Otro argumento que se alegaba para separar libros del Centro de Documentación era el «desgaste, desuso, deterioro en que dichas obras se encuentran, lo que en los hechos los inutiliza». Aunque se comprobó que el más viejo de los libros que conformaban esa lista había sido adquirido en 1971. Luego de la depuración de las estanterías se los almacenó en uno de los depósitos de la Facultad y por último fueron trasladados por el Rector Interventor de la UNER. Por todos estos datos extraídos de documentos que pudieron ser conservados, Kaufmann habla de un «canon bibliográfico represivo». Además de estas acciones explícitas, se pudo comprobar que en esta ocasión también se apeló a la falta de presupuesto para la compra de libros: se constató que entre 1976 y 1983 sólo se compró una obra en cuatro tomos.

Censuras, destrucciones y después…

El primer documento sobre la censura a la cultura que se diera a conocer masivamente a la opinión pública fue el publicado por el diario Clarín el 24 de marzo de 1996 al cumplirse 20 años del Golpe de Estado con el título «Los archivos de la represión cultural», donde por primera vez uno de los diarios más importantes del país denunciaba la existencia de la denominada «Operación Claridad». También a nivel nacional se pueden citar otras investigaciones relevantes, como el libro de Andrés Avellaneda (Censura, autoritarismo y cultura argentina, 1986) y el de Hernán Invernizzi y Judith Gociol (Un golpe a los libros, 2001). Estos investigadores llegaron a conclusiones en cierto sentido contrapuestas respecto a cuál fue el modo para llevar a cabo la represión en el ámbito de la cultura: o bien se trató de un plan sistemático, o bien la represión tuvo un carácter descentralizado y aun caótico. Hernan Invernizzi y Judith Gociol (2002) centran su trabajo en la afirmación de que la dictadura desarrolló un plan sistemático contra la cultura. En oposición, Andrés Avellaneda (1986) habla del carácter «caótico» de las decisiones que los militares tomaban, en comparación con el franquismo español, donde la censura estaba claramente organizada y contaba con un organismo específico para tal fin. Pero también expresa que ese mismo caos generó un alto grado de «ubicuidad», dado que no siempre los fundamentos para la represión estaban claros, lo que llevó a internalizar en forma masiva el miedo y el posible castigo.
En definitiva, la confirmación de una hipótesis no deslegitima la otra, tal vez la diferencia de criterios radique en que una investigación fue realizada en los comienzos de la democracia, con casi veinte años de diferencia entre una y otra. La Operación Claridad estuvo teñida de actos caóticos, irregulares, censuras de material poco estudiado pero, a la vez, fue un plan que contó con sistema-ticidad porque estuvo a cargo de instituciones estatales y de funcionarios (no solo militares, sino también civiles) que estudiaron los libros, los analizaron y escribieron sobre ellos y sobre los fundamentos para que fueran prohibidos, muchas veces por la vía legal, elaborando decretos a tal fin. En algunos casos el secuestro y la desaparición de libros se ampararon en una supuesta legalidad y se basaron en resoluciones y leyes publicadas en el Boletín Oficial y, sobre todo, en las «Bases para el Proceso de Reorganización Nacional»; muchos de los que salían en procedimientos a buscar libros prohibidos eran autómatas burocráticos al servicio de las Fuerzas Armadas que ni siquiera se cuestionaban ni tenían el menor espíritu crítico, pero no podemos dejar de señalar que en la censura cultural hubo un sector sumamente importante de la sociedad civil que colaboró con los dictadores: intelectuales y pensadores que fueronideólogos de los militares, que sabían exactamente lo que estaban haciendo, qué contenían los libros que destruían, los valores que transmitían y, en muchos casos, eran estudiosos de los mismos. La colaboración de civiles e intelectuales fue fundamental para montar y llevar adelante la Operación Claridad y se ponía de manifiesto en lo que Avellaneda (1986) denomina «discursos de apoyo», en los cuales no solo se mostraban entusiastas ante decisiones tomadas por el gobierno dictatorial sino que en ocasiones solicitaban a éste la toma de determinadas resoluciones, mediante cartas de lectores, denuncias en medios de comunicación y solicitadas. Dice Sartre (1965), al referirse a los colaboradores durante la invasión alemana a Francia:

Pues la colaboración, como el suicidio, como el crimen, es un fenómeno normal. Sólo que en tiempos de paz o durante las guerras que no terminan en un desastre, tales elementos de la colectividad permanecen en estado latente. Como faltan los factores determinantes, el ‘colaborador' no se manifiesta al prójimo ni a sí mismo (...) la colaboración es una vocación (…) El colaborador, tenga o no tenga la ocasión de manifestarse como tal, es un enemigo que las sociedades democráticas llevan perpetuamente en su seno.

Desde luego, la urgencia por saber qué fue de las personas cuyos cuerpos (en su mayoría) aún no han sido encontrados, hizo que las investigaciones sobre la desaparición de libros y publicaciones y su consecuente destrucción en nuestro país sean todavía escasas, aunque en los últimos años se vislumbra un notable aumento del interés por estos temas. Además de los ejemplos mencionados a lo largo de este artículo se puede citar una investigación puntual sobre el caso de la editorial Eudeba, realizada por Hernán Invernizzi12 y, a nivel internacional, el libro editado por el Dr. Fernando Báez (Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, 2005), entre otros. Dentro de la disciplina bibliotecológica este tipo de investigaciones ha surgido en torno de una nueva corriente que con distintas denominaciones (Bibliotecología Social, Bibliotecología Progresista, Bibliotecología Activista) reunió en todo el mundo a bibliotecarios preocupados por el rol que nos cabe como profesionales en este mundo globalizado y desigual, donde las formas de acceso a la información han sufrido cambios, del mismo modo que lo han hecho las formas de censura y de privación del derecho de acceso a la misma.13

Palabras finales

Los bibliotecarios contribuimos cada día a preservar documentos que, de otro modo se perderían y cumpliendo con una de las tareas más nobles: acercar, gratuitamente, mundos desconocidos a todo aquel que se anime a la aventura cotidiana de abrir un libro y adentrarse en él. De ahí que resulte fundamental que nos percibamos más allá de nuestras tareas técnicas de organización y difusión de la información que, si bien son fundamentales en nuestro quehacer diario, no deben ser un fin en sí mismo sino una herramienta. Es necesario estar concientes de  que clasificar un libro y establecer normas para el acceso al mismo conlleva, indefectiblemente, una carga ideológica; que seleccionar lo que pondremos al alcance de nuestros lectores supone un recorte que requiere de nuestra mayor responsabilidad. Es importante que sepamos que escribir libros, prestarlos, poseerlos, leerlos, para algunos, es una amenaza. Porque aprender a pensar y a cuestionar a partir de la crítica puede resultar peligroso para muchos.
A través de los testimonios recabados se vislumbraron actos de resistencia pequeños y privados que hicieron posible que, a pesar de todo, la lectura y la educación encontraran espacios de supervivencia: llevar los libros en los cuerpos, esconderlos en lugares recónditos, depositarlos en estantes altos y de difícil acceso, guardarlos hasta que las condiciones políticas y sociales mejoraran, son todos ejemplos de que la lectura era para muchos, una necesidad vital y un valor fundamental. Al final de esta investigación se puede concluir que durante aquellos años sucedieron hechos que no hacen más que confirmar la realidad de las afirmaciones de Invernizzi y Gociol por un lado y de Andrés Avellaneda por el otro. La represión hacia los libros, los escritores y los lectores fue en algunos casos ordenada, legalizada y sistemática, y en otros tantos contaron con características caóticas que permitieron, a pesar de las persecuciones, encontrar resquicios para leer lo prohibido; en algunos de los casos relatados la presión censoria se hizo sentir hasta el punto de verse obligados a las distintas formas de exilio, en otros se evidencia la despreocupación ante la censura al no sentirse implicados en esas prohibiciones. En cuanto a las personas que trabajaban en bibliotecas el espectro de experiencias recorre desde la desaparición forzada, a la falta total de recuerdos al respecto, desde el ocultamiento de material peligroso y su preservación, hasta el recuerdo de hechos que, si bien para algunos podían pasar inadvertidos, para otros entrevistados constituyen una evidencia velada de censura.
El testimonio de actores del sector cultural, de trabajadores de bibliotecas, de intelectuales, resulta fundamental para este tipo de investigaciones. Sabemos que la memoria se construye también con olvidos y cada persona en su subjetividad, recordando algunos hechos y desechando otros, es quien consolida la memoria colectiva, de la cual es parte constitutiva también la desmemoria. Esos olvidos, a veces, son voluntarios, por sobrecarga de  dolor y sufrimiento y a veces están digitados por los discursos impuestos. Bruno Groppo y Patricia Flier (2001) señalan como característica principal de la memoria su «selectividad». Memoria y olvido se relacionan e interactúan en la construcción del presente y del relato histórico. Es en esa dicotomía que los regímenes dictatoriales basan su intervención y dominación, como una forma de modelar la identidad nacional. Aun así, la memoria siempre sigue pugnando por reaparecer y transformarse en verdad histórica; más tarde o más temprano, las experiencias internalizadas y corporizadas salen a la luz para ayudar a recordar, a no olvidar.
Sin embargo, es primordial el acceso a archivos institucionales y privados. Preservar los documentos y hacer uso de las herramientas necesarias para ponerlos a disposición de los investigadores y de la comunidad en general, es una misión impostergable de los trabajadores de la información y de las instituciones poseedoras de los mismos. Se considera de vital importancia para la historia de nuestra profesión que las investigaciones sobre el pasado reciente tengan un lugar en el ámbito de la Bibliotecología y que se comiencen a generar discusiones en este sentido en las universidades y en los institutos donde se dicta la carrera. La IFLA junto con la UNESCO declararon en el año 1994 en su «Manifiesto sobre la Biblioteca Pública»:

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse mediante la capacidad de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información (…) Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales.

Al comienzo de esta investigación las preguntas fueron muchas: ¿qué pasó con los libros de bibliotecas públicas y privadas? ¿qué fue de los libros que formaron parte de los fondos bibliográficos de las Universidades? ¿qué les pasó a los escritores, autores de esos libros, a los libreros que los vendían, a los bibliotecarios que los prestaban, a los lectores que los leían? Este trabajo se presenta como un aporte para responder, en parte, a estos interrogantes y con el objetivo de colaborar en la reconstrucción colectiva de nuestro pasado.

Notas

1Se pueden citar trabajos de autoras de Chile, Uruguay y Brasil que investigaron temáticas afines y relevaron testimonios y mecanismos censorios parecidos: Ballesteros Manríquez, Karin. 2007. Destrucción del libro en Chile durante la dictadura militar 1973-1990. Valparaíso: Universidad de Playa Ancha. Facultad de Humanidades. Departamento de Ciencias de la Comunicación y la Información. 105 p. Tesis de Licenciatura; Fúster, Yanet y Cecilia Langelán. 2008. Estudio sobre las formas de acceso y uso de información y lectura en la cárcel para presas políticas de Punta de Rieles, durante la dictadura civil-militar, desde 1973 a 1985. (Investigación para obtener el grado de Licenciadas en Bibliotecología. Universidad de la República. Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, Montevideo); Vanderli, Maria da Silva. 2001. A construção da politica cultural no regime militar: concepções, diretrizes e programas (1974-1978). Universidade de São Paulo. Facultade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Sociologia. Tesis de maestria. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

2La Convención Americana de Derechos Humanos sostiene en su artículo 13: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...)».            
Se puede tomar como antecesora de estas declaraciones a la «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» promulgada en París el 26 de agosto de 1789, en la cual se establecía que: «la libre comunicación del pensamiento y las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre: todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente (...)» (Infelise,  2004: 101).        
El Pacto de San José de Costa Rica (al cual nuestro país adhirió), señala en su artículo 13: «No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos (...) como el abuso de controles oficiales o particulares (...)».
Además la Constitución de la República Argentina señala en su artículo 14: «Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: (...) de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa (...)»; Artículo 32: «El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal».

3Carolina Kaufmann realiza una importante y valiosa reflexión respecto de lo que denomina miedo al archivo como parte de esa cultura del miedo que genera que haya « ... instituciones que aún guardan documentos de la Dictadura, inhabilitada en lugares que no son de acceso público (llámense bibliotecas u oficinas) y que retienen celosamente» (Kaufmann, 2001, 1 : 32).

4Los errores de redacción y de ortografía son del original.

5Entre otros ejemplos, se puede citar la supresión de la asignatura Estudios de la Realidad Social Argentina por la de Formación Moral y Cívica, entre cuyos objetivos se señalaba: «lograr que el alumno  conozca los fundamentos, principios y normas del orden moral -universal y absoluto- y sea capaz de dar razón de ellos (...). Según Avellaneda (1986: 189), en el desarrollo de la asignatura se hacen constar temas tales como «La conducta personal; hacer el bien y evitar el mal. Deberes para con Dios; deberes para consigo mismo; deberes para con los demás; ser y ser perfecto (...). Las virtudes morales (...). Las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. El justo medio y los extremos y los vicios».

6Se puede citar la Circular Nº 99 de la Dirección Nacional de Educación Media y Superior, del 10 de mayo de 1978, que dice: «Tengo el agrado de dirigirme a ese Rectorado/Dirección, para hacerle conocer, a los efectos que correspondiere, lo siguiente: TRANSCRIPCION DE LA RESOLUCION nº 555 DEL 3-5-78: VISTO el Acta fijando el Propósito y los Objetivos Básicos para el Proceso de Reorganización Nacional, y CONSIDERANDO: Que se ha advertido la utilización en la enseñanza media de un libro de texto que por su contenido no contribuye a la consecución de los objetivos que en materia educacional se ha fijado el Proceso de Reorganización Nacional; Que el aludido libro contiene transcripciones e ilustraciones que resultan inconvenientes para los alumnos por sus connotaciones ideológicas, lo mismo que las preguntas, comparaciones y actividades que se formulan para interpretar los textos y grabados reproducidos; Que la terminología empleada en el texto y la que acompaña a las ilustraciones no es la más apropiada, ya que no contempla las exigencias del nivel de enseñanza al que está dirigido ni el desarrollo evolutivo de los educandos; (...) EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION RESUELVE: 1º Los profesores de la asignatura Historia de la Edad Moderna y Contemporánea que se dicta en el 2º año de la enseñanza media no utilizarán, ni recomendarán a sus alumnos el uso del libro de texto titulado «Las edades moderna y contemporánea» de los autores Juan A. Bustinza y Gabriel A. Ribas, publicado por la Editorial Kapelusz, en todas sus ediciones (...); 2º El libro de texto aludido en el apartado 1º de la presente será excluido de todas las bibliotecas escolares; 3º Las autoridades de los respectivos establecimientos verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, que tendrá vigencia inmediata, sin perjuicio de las atribuciones del personal de supervisión». La firman Juan José Catalán, Ministro de Cultura y Educación, y Rinaldo A. Poggi, Director Nacional de Educación Media y Superior.
En otras ocasiones no se brindaban detalles sobre la justificación de la prohibición de determinado libro, como en el Decreto Nº 1937 que la Dirección Nacional de Educación Media y Superior remitió a los establecimientos educativos por Circular Nº 222, que dice: «Artículo 1º Prohíbese la distribución, venta y circulación en todo el territorio de la Nación del libro titulado ‘Niños de Hoy', del autor Alvaro Yunque, editado por ‘Editorial Plus Ultra', y secuéstrense los ejemplares correspondientes. Artículo 2º La Policía Federal dará inmediato cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto». Fue firmado por Videla y Harguindeguy. Para más información, consultar Avellaneda (1986).

7Sobre la historia de esta Biblioteca se puede consultar el artículo de Natalia García en: Solari, Tomás y Jorge Gómez, comp. 2008. Biblioclastía: los robos, la represión y sus resistencias en Bibliotecas, Archivos y Museos de Latinoamérica. Buenos Aires: Eudeba. p. 245-275.

8«Designo así al trabajo creador que no tiene marco institucional: florece (y muchas veces se marchita) fuera de las universidades, lejos de los poderosos medios de comunicación masiva; desconoce los atributos del debate abierto y toda clase de proyecto académico o aliento oficial. Inversamente, se nutre del contacto en pequeños grupos, de la polémica a media voz, de la pasión por la verdad y la discusión entre cuatro paredes». Los protagonistas de la cultura de catacumbas tenían tres características: «a) casi todos somos ex docentes universitarios; b) todos nosdedicamos a alguna forma de enseñanza privada que nos mantiene en contacto con los problemas que nos importan; c) todos creemos que debemos proseguir, de una u otra manera, nuestra labor creadora porque en esa resistencia al avasallamiento padecido vemos no sólo una forma de derrotar el desaliento, sino también de preservar el espíritu crítico y el don de la convivencia».

9Estos datos fueron extraídos del libro inventario de la Biblioteca Pública y no se descarta que en su archivo exista información más precisa y relevante al respecto. Por otro lado, es necesario aclarar que estas cifras corresponden a los volúmenes ingresados mediante compra, por lo que no fueron considerados los ingresos por canje, reposición de lectores y donación.        

10El diario La Opinión fue fundado el 4 de mayo de 1971, bajo la dirección de Jacobo Timerman. En su staff se encontraban personalidades destacadas del periodismo y del quehacer cultural, tales como Horacio Verbitsky, Miguel Bonasso, Mabel Itzcovich, Francisco Urondo, José María Pasquini Durán, Juan Gelman y Sábat, entre otros. Ya desde el año 1974 se planteaba como una publicación opositora y desde allí comenzó a sufrir distintas presiones, clausuras e inclusive el asesinato de uno de sus periodistas, Jorge Money, el 18 de mayo de 1975. En el año 1977 fue intervenida militarmente por el General de Brigada José Teófilo Goyret y el 15 de abril de 1977 veinte personas de civil secuestraron a Jacobo Timerman de su departamento. Permaneció en cautiverio durante varios meses, donde fue sometido a diversas torturas y luego fue expulsado del país. Cabe mencionar que este diario fue parte de aquellas publicaciones que, desestimando la orden gubernamental, publicaban las listas de personas por las cuales se solicitaban Habeas Corpus por permanecer en situación de desaparición forzada. El caso del diario La Opinión fue especialmente destacado en el informe que realizara (luego de su visita a nuestro país) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual puede consultarse en: http://www.nuncamas.org/document/document.htm

11Sobre esta Universidad se puede consultar el trabajo siguiente: Zeballos, Federico. 2008. Bibliotecas y dictadura militar. Córdoba. 1976-1983. En Solari, Tomás y Jorge Gómez, Jorge, comps. Biblioclastía: los robos, la represión y sus resistencias en Bibliotecas, Archivos y Museos de Latinoamérica. Buenos Aires: Eudeba. p. 133-162.

12Invernizzi, Hernán. 2005. Los libros son tuyos: políticos, académicos y militares. La dictadura en Eudeba. Buenos Aires: Eudeba. 197 p.

13Algunos libros relacionados con la Bibliotecología Social son:  Gimeno Perello, Javier; Pedro López López y María Jesús Morillo Calero. 2007. De volcanes llena: biblioteca y compromiso social. Gijón: Trea. 491 p.; Samek, Toni. 2008. Biblioteconomía y derechos humanos: una guía para el siglo XXI. Gijón: Trea. 268 p.

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