ARTÍCULOS

El devenir histórico de la cultura archivística en México

The Development of Archivist Culture in Mexico

 

Merizanda M.C. Ramírez Aceves, Ariel Sánchez Espinoza, Diana Birrichaga Gardida, Luz del Carmen Beltrán Cabrera

Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Humanidades, Coordinación de Ciencias de la Información Documental. Av. Universidad esq. Paseo Tollocan, Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria. CP 50110 Toluca, Edo. de México. México. Correo electrónico: merizanda@hotmail.com; asancheze@uaemex.mx; dianabirrichaga@gmail.com; becl7311@hotmail.com

Artículo recibido: 26-10-10.
Aceptado: 11-04-2011.

 

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Resumen: El presente trabajo aborda la evolución archivística en el contexto mexicano bajo cuatro ejes de análisis: las instituciones archivísticas, la legislación, la formación profesional y las asociaciones profesionales. Se hace una revisión cronológica de manera transversal y paralela con los hechos -dentro de este marco- que han marcado el devenir de la disciplina y evidencian la incipiente presencia de la archivística nacional a través de las acciones que se han emprendido y han hecho visible a la disciplina.
El empalme sucesivo, natural y poco estructurado de principios a mediados del siglo pasado, ha servido de base para construir el andamiaje en el que, a través de la oferta educativa de carreras a nivel superior por un lado y, por otro, el desarrollo propio de la profesión mediante la inserción de Tecnologías de la Información y la Comunicación y su regulación a través de un marco legal, han ido gestando una Archivística nacional que ha incidido en un gremio profesional embrionario y más o menos organizado.

Palabras clave: Archivística; Archivos; México.

Abstract: This paper addresses the evolution of archives in the Mexican context under four axes of analysis, archive institutions, legislation, professional training, and professional associations. A transverse and parallel chronological review of the facts is performed within this framework, which has marked the development of the discipline and shows the emerging presence of the national archives through the actions to be undertaken and made visible to the discipline.
The successive, natural and unstructured during the beginning to the middle of the past century, have been the basis for building the scaffolding that through the education offered by universities on the one hand and,to the other hand the self-development of the profession through the integration of Information Technology and Communication and its regulation through a legal framework have been developing National Archives which has resulted in an embryonic professional association more or less organized.

Keywords: Archival; Archives; México.

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Introducción

La historia de los archivos y de la Archivística en México durante los últimos doscientos años se ha caracterizado por una frecuente inconsistencia desde sus inicios hasta nuestros días. Incluso, se tiene noticia de que, desde el siglo XVI, ya existían Archivos, los llamados amoxcallis (casas de los códices) en territorio azteca, sin embargo, catástrofes naturales en su mayoría, sin soslayar la mano del hombre, provocarían su desaparición. Se sabe, además, que una actividad importante de esa antigua civilización era el registro en códices de los diversos aspectos culturales, sociales, económicos y científicos. Estos documentos eran dibujados por los tlacuilos, personas con habilidades para dibujar y a quienes desde niños se les instruía en el conocimiento profundo de su cultura. Los tlacuilos sobrevivieron a la época colonial, incluso la corona española los reconoció como personajes útiles para llevar a cabo procesos de reclamos y litigios, pero luego evolucionaron a la figura de los escribas y hoy en día se los reconoce como notarios por lo menos en nuestro país, pues en Roma se transformaron en tabullarius, considerados como archivistas de documentos privados, encargados de elaborar los censos y custodiar documentos como testamentos y contratos, entre otros (Vazquez Martínez, 1995).
Desde entonces y hasta antes de la consumación de la Independencia en nuestro país ya se manifestaba una necesidad acuciosa por construir un sitio adecuado para el resguardo de los documentos, fue así como en la última década del siglo XVIII se proyectó la creación del Archivo General de la Nueva España -hoy Archivo General de la Nación (AGN)-, aunque no fue sino hasta después de este acontecimiento bélico que la idea se materializó. Este fue muy probablemente el inicio de una nueva era para la archivística mexicana, pues más adelante veremos cómo el AGN ha marcado pauta para el arreglo de los archivos en todo el país.
A raíz del establecimiento de ese Archivo se fueron diseñando paulatinamente las bases legales que regirían el control de los documentos, tanto los administrativos como los históricos, pero no solo los que se enviaran al AGN, sino también los que produjeran las propias administraciones estatales y municipales y que se destinaran a sus respectivos archivos. De esta manera, desde la Real Orden de 1792, hasta las leyes estatales publicadas en la primera década de este siglo derivadas de la inclusión social de las políticas públicas de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, pasando por los Reglamentos internos de 1846 y 1920 del AGN y las reformas hechas a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han constituido un esfuerzo importante para consolidar una política archivística en nuestro país. No obstante hay debilidades que urgen se eliminen a la brevedad como la falta de una Ley General de Archivos y la aplicación imperiosa de la recién publicada Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares que garanticen, por un lado, la dignificación y el reconocimiento social de los archivos y, por otro, la protección de la identidad de las personas que aparecen en sus documentos.
Así, mientras el AGN avanzaba en la configuración de una archivística nacional, la ausencia de profesionales en el manejo de los documentos de archivo se convertía en un problema complejo. Ante este hecho, pocos años después de la época posrevolucionaria surgió, aunque con algunos atropellos que provocaban cierres continuos, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), considerada como la primera escuela formadora de bibliotecarios y archivistas en el país y que hoy en día continúa preparando cuadros profesionales. Con el paso del tiempo, la demanda provocó una necesidad urgente por abrir más escuelas de este tipo. De esta manera, fueron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), los que con sumo optimismo crearon programas -que resultarían infructuosos- para la formación de técnicos, licenciados y maestros en archivística, cesando en sus funciones al poco tiempo debido a la escasa matrícula inscrita. En los últimos veinte años, dos nuevas Instituciones de Educación Superior -la Universidad Autónoma del Estado de México (1992) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2006)- tomaron conciencia de la necesidad de egresar archivistas, pero obligados más por las nuevas disposiciones nacionales que en materia de educación se emitían y de las políticas públicas que demandaban archivos organizados para garantizar el acceso a la información, respectivamente.
Mientras esto sucedía, el AGN contribuyó con lo suyo impartiendo cursos de capacitación dirigidos al personal que ya se encontraba colaborando en los archivos. Esto dio pauta para que esta institución se diera cuenta de los problemas comunes que se repetían en todas los organismos archivísticos, tales como ausencia de leyes, organización documental heterogénea, hacinamiento, personal escaso y mal preparado, entre otros aspectos. Este panorama condujo a la organización de una serie de eventos académicos en todo el país. Congresos nacionales, regionales, estatales, locales, temáticos, etcétera, fueron los principales foros en los que se comenzaron a exponer y con ello, tratar de resolver, los problemas que los han aquejado a lo largo del tiempo.
Finalmente, un aspecto que también ha destacado, es la proliferación de asociaciones profesionales en los últimos años, con el fin de coadyuvar al rescate de los fondos documentales que se encuentran en condiciones deplorables. Es un caso preocupante el hecho de observar cómo los organismos no gubernamentales han sido justamente los que más se han preocupado por la preservación de la memoria escrita que, precisamente, fue generada por nuestro gobierno para dejar constancia de sus acciones diarias.
De este breve recuento, podemos decir que la historia de la Archivística en México se encuentra delineada en cuatro ejes temáticos fundamentales, a saber: 1) el desarrollo de las instituciones archivísticas, 2) la legislación, 3) la formación profesional y 4) la constitución de asociaciones profesionales. A continuación, mostraremos con mayor exhaustividad estos cuatro momentos en los que situamos el devenir histórico de una disciplina que ha luchado por sobrevivir en contra de los obstáculos que se le han presentado a lo largo del tiempo.

1. Desarrollo de las instituciones archivísticas

Como punto de partida, consideramos oportuno definir dos conceptos elementales, con la intención de delimitar el sentido del objeto de estudio (archivo) y el término de la disciplina (Archivística).
En torno del término archivo, es importante resaltar la idea de «organización», entendida esta desde la perspectiva de la administración institucional, sobre todo aquella que se refiere a la administración pública gubernamental. Álvaro Marín señala, por ejemplo, que un archivo no lo integra un conjunto de «papeles viejos guardados en el fondo de un ropero», pero sí pueden transformarse en tal si son donados a una institución pública o privada que los clasifique, haga una guía, los incorpore a sus acervos y los ponga a disposición de los usuarios (Marín Marín, 2000).
Sobre el segundo concepto, el de Archivística, la definición que mejor la describe de acuerdo con nuestro interés, es la que presenta Lorenzo Cadarso en su obra y que la define como:

La ciencia documental que tiene por objeto el estudio de los archivos como sistemas de información, fundamentada en la generación, tratamiento y difusión de la documentación a partir del respeto al que la misma recibió  en la institución donde se generó como principio inalterable y universalmente válido, y cuyo fin es hacer recuperable la información documental para su uso, con objeto de servir de base en el proceso de toma de decisiones, otorgar garantía y obtener nuevos conocimientos (Lorenzo Cadarso, 2004).

Como se puede apreciar, la Archivística concebida como la disciplina científica encargada de los sistemas de información institucionales, tiene como finalidad la recuperación de la información para la toma de decisiones y obtención de nuevos conocimientos. Haciendo hincapié en estos aspectos, podemos entonces ubicar el desarrollo de esta disciplina en México desde esa perspectiva, es decir como sistemas institucionales de información que apoyan la toma de decisiones y aumentan el conocimiento.
Desde estas dos ideas generales, la de institucionalidad y la de obtención de nuevos conocimientos podemos situar, ahora sí, el desarrollo de las instituciones archivísticas en nuestro país.
En principio, debemos ubicar el origen de la institucionalidad de los archivos y de la Archivística en la época prehispánica, particularmente en los Calpulli de la cultura azteca, antecedente de lo que ahora denominamos municipio. Así pues, el gobierno del Calpulli estaba formado por un Consejo de Ancianos encargado de tomar las decisiones que guiaban a sus habitantes. En su configuración orgánica, se encuentra la figura del Tlacuilo que cumplía las funciones de cronista, escribano y encargado de resguardar los registros o documentos en edificios construidos con ese propósito (Carrasco, 2009).
Más tarde, con la colonización y, particularmente, con la fundación del primer Ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, asentamos el surgimiento de la Archivística empírica, como práctica inductiva cotidiana e instrumento funcional en la generación, control y resguardo de los documentos oficiales de la administración. No existe en ese momento otro interés en los documentos que no sea el estrictamente administrativo, la finalidad apunta solamente a una utilidad organizativa, en tanto que los archivos en ese momento histórico solo son los lugares en donde se conservan los documentos con el objeto de testimoniar los actos administrativos y jurídicos.
Como se sabe, la destrucción de documentos, como consecuencia de diversos aspectos relacionados con inundaciones, incendios y guerras, entre otros, ha sido una constante a lo largo del tiempo. El siglo XVII novohispano fue en este sentido una etapa de confusión, desorden político y social y de inevitables catástrofes naturales que repercutieron en la destrucción de documentos importantes, tal y como lo demuestran las anegaciones ocurridas en los años de 1629 y 1634 en la ciudad de México en donde perdieron la vida alrededor de treinta mil personas y que con toda seguridad mermaron también la evidencia documental de los hechos de la vida cotidiana y administrativa de aquellas jóvenes instituciones políticas y religiosas. Los mítines populares registrados en 1624 y 1692 contra el Palacio del Virrey Marquéz de Gálvez provocados por la falta de alimentos que culminaron con el saqueo y la quema del alcázar también acrecentaron el detrimento documental. Esos acontecimientos y otros más que se fueron propiciando posteriormente, entre ellos, el uso indebido de los documentos ya fuera para fabricar cohetes o como mortero para cañones en las guerras subsecuentes, condujeron a que noventa años después el Virrey Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, pensara en un «plan necesario y urgente» para la creación de un Archivo general, pues los papeles en las oficinas y tribunales mantenían «archivos sumamente confusos, por impericia o desorden en su colocación, y en todos crecidos volúmenes de papeles antiguos» (AGN, 1994).
Este fue quizá el primer evento que dio pauta para que comenzara a consolidarse una tradición archivística en nuestro país. El proyecto de creación del Archivo General fue aprobado el 27 de marzo de 1790 y dos años después se contaba ya con una Real Orden que establecía no solo el funcionamiento de la Institución, sino la manera en que se organizarían y clasificarían los documentos que provenían de las oficinas administrativas. No obstante las buenas intenciones que se tenían para construir el Archivo, conflictos armados como la guerra entre España e Inglaterra a finales del siglo XVIII que impidieron que se siguiera surtiendo de papel a la Nueva España y la inminente guerra de Independencia de México que haría que los pocos documentos existentes en las oficinas fueran utilizados para fabricar armas, fueron algunas de las causas importantes que provocaron que el proyecto no se concretara sino hasta tres décadas después.
Tras la Guerra de Independencia, la reestructuración en la administración pública no se hizo esperar: muchas oficinas desaparecieron, otras más se crearon y otras tantas se fusionaron. Con esta reorganización del aparato burocrático la situación de los archivos empeoró aun más, pues si bien es cierto que durante el conflicto armado los documentos fueron desorganizados, hacinados, humedecidos y muchos otros destruidos, también lo es el hecho de que desde entonces se han convertido en objeto de una labor titánica de organización que no ha podido ser resuelta del todo, incluso en nuestros días.
No fue hasta 1823 cuando se retomó el proyecto de construcción del Archivo, año también en el que este logró consolidarse, bajo la denominación de Archivo General y Público de la Nación, dependiente del recién creado Ministerio de Asuntos Interiores y Relaciones Exteriores, y cuyo propósito fue «dispensar toda la protección correspondiente a ese depósito de luces, hechos y derechos de las generaciones mexicanas a través de la custodia de los expedientes correspondientes a los antiguos Archivos de Gobierno y Guerra [...] y todos los negocios concluidos, documentos y otras cosas antiguas e interesantes para la historia» (AGN, 1994).
En concordancia con esta cita, se trata de una etapa en la que los archivos pasaron de ser exclusivamente instrumento funcional en la generación, control y resguardo de documentos oficiales de la administración a ser instituciones de conocimiento para la historia mexicana.
Así comenzó una ardua labor en el interior del Archivo: se contrataron escribientes, cabos y sargentos suspendidos con el fin de llevar a cabo la reorganización de los documentos. Derivado de esta situación, en 1846 se expidió el primer Reglamento que determinaba el funcionamiento del Archivo, al tiempo que centralizaba los Archivos de la Administración Pública Gubernamental. Esta situación de aparente bienestar se prolongaría hasta finalizar el siglo XIX, periodo durante el cual México experimentó un notable crecimiento económico y una significativa estabilidad política, llegando a impactar, incluso, en las actividades del propio Archivo. A pesar de los avances que logró tener tras el periodo independentista, la Revolución Mexicana, opacaría una vez más su labor y traería consigo no sólo cierres continuos, sino cambios en su denominación y en su adscripción.
Así pues, se tiene conocimiento de que, en 1914, después de haber cerrado sus puertas por unos cuantos meses y tras el triunfo del ejército constitucionalista, se reabrió bajo el nombre que aun continúa vigente de Archivo General de la Nacióny cuya responsabilidad se le adjudicó al Ministerio de Relaciones Exteriores, después de haberse separado del de Asuntos Interiores (hoy Secretaría de Gobernación).
No es absurdo pensar que la inestabilidad social y política en la que los acontecimientos bélicos tenían subsumido al país, aunado a los incidentes provocados por la naturaleza (terremotos, inundaciones, etcétera) hicieran que se tratara de proteger el patrimonio documental conservado en el Archivo y quizá esta fue una de las principales razones por las que se le destinaron diferentes sedes. En un primer momento se pensó que el Castillo de Chapultepec sería el lugar idóneo, idea que no prosperó y en su lugar, algunos de los documentos se dispusieron en el Real Palacio Virreinal (hoy Palacio Nacional), lugar en el que permanecieron hasta la Independencia (1790-1821), mientras que otros se siguieron conservando en las propias secretarías.
Con el paso del tiempo, el volumen de documentos fue creciendo, con lo cual los espacios comenzaron al mismo tiempo a ser insuficientes, razón por la que se decidió transferir una parte del acervo al Convento de Santo Domingo y luego, en 1918, al Antiguo Templo de Guadalupe, en Tacubaya, conocido como la Casa Amarilla.
Como el acervo documental seguía incrementándose, se pensó que era momento de crear un recinto definitivo y propio en el que se reunieran y custodiaran los documentos del Archivo. Uno de los primeros proyectos que existieron establecía su instauración en la Ciudadela, en otro se propuso a la Ciudad Universitaria, en virtud de que allí se encontraban la Biblioteca y Hemeroteca nacionales. No obstante lo anterior, en 1973 se trasladó al Palacio de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte, donde el espacio también se convirtió en un problema en muy poco tiempo. Tres años más tarde, se enviarían los documentos al Palacio de Lecumberri, edificio que albergó de 1900 a 1976 la antigua penitenciaria de la Ciudad de México (AGN, Historia del Archivo, 2011).
Por su construcción panóptica, que en su momento permitió vigilar a los reclusos, resultó ser una obra arquitectónica ideal para albergar la memoria escrita y observar desde allí los actos en escrito que resolvía el Gobierno Federal.
Sin embargo, el traslado de los documentos se prolongaría hasta 1982, año en que por decreto presidencial quedó formalmente inaugurado el Archivo General de la Nación.
A pesar del esfuerzo que se hizo para mantener reunidos los fondos documentales, los constantes cambios acabaron por hacer que buena parte de estos se perdieran.
No cabe duda de que desde su fundación, el AGN ha mantenido una fuerte vinculación con los archivos administrativos, en tanto que ha sido el receptáculo de los expedientes concluidos que se han generado en el interior de las oficinas públicas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que se realizó, sobre todo en el siglo XIX, con la idea de mantener una continuidad en el envío de expedientes de las oficinas al Archivo, la falta de una legislación general que normara estas transferencias repercutió negativamente en aquellas, provocando que sus Archivos quedaran paulatinamente relegados, abandonados y desorganizados, lo que redundaría en el entorpecimiento de la gestión administrativa.
Durante la época posrevolucionaria esta situación se agudizaría debido a la falta de interés por parte de las autoridades para resolver la problemática de los archivos administrativos.
Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el Estado mexicano comprendió y asumió la responsabilidad de hacer frente a esta responsabilidad, en buena parte porque la condición en la que se encontraban los documentos se hacía cada vez más caótica como consecuencia de diversos factores, entre los que destacan el uso cada vez mayor de la tecnología, formas más ágiles de reproducción de documentos e incremento del aparato burocrático, por mencionar solo algunos.
Así, se decidió plantear una iniciativa en la que se establecieran algunos aspectos para la conservación de los documentos históricos, cayendo nuevamente en el error de atender solo a estos y no a los administrativos.
Por otro lado, la preocupación que denotaron algunas autoridades por la conservación de los documentos llevaría a las propias instituciones a organizar reuniones con diversos fines, aunque todos ellos de carácter archivístico. Así pues, se tiene noticia que el primer evento organizado fue el Congreso Nacional de Archivistas, efectuado en la Ciudad de México en 1944. Las resoluciones más importantes fueron, entre otras, que se creara una Dirección General Autónoma de Archivos Nacionales que incluyera a los federales, estatales y municipales, así como un Consejo Superior de Archivistas cuya función principal sería consultiva y en el que estuviesen representados los tres poderes de gobierno, los estados, los municipios y las sociedades científicas y culturales, determinaciones que, sin lugar a dudas, no lograron concretarse (Pérez, 2003).
Lo que sí sería un hecho fue la creación en 1969 del Comité Técnico Consultivo de Unidades de Correspondencia y Archivo del Gobierno Federal -en adelante COTECUCA- que tuvo la finalidad de coadyuvar al mejoramiento de los servicios de correspondencia y archivo de las entidades públicas. Así pues, no fue hasta 1977 cuando se llevó a cabo en la ciudad de Puebla el Primer Seminario Nacional de Unidades de Correspondencia y Archivos Administrativos e Históricos de la Administración Estatal y Municipal.
Un año más tarde se crearía el Sistema Nacional de Archivos (SNA) con el propósito de regular, coordinar, homogeneizar y dinamizar el funcionamiento y uso de los archivos administrativos e históricos de las instituciones públicas tanto a nivel federal, como estatal y municipal. Sin embargo, su funcionamiento tan solo duró hasta 1997.
Ya para 1980 un acuerdo presidencial estableció que el AGN tendría la función de organo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los documentos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal, con el fin de  cumplir con las tareas de coordinación, eficiencia y uniformidad normativa en esta materia.
Merece la pena señalar que, para reconocer y enaltecer la imagen del archivista en nuestro país, el AGN pensó en establecer un día en el que se celebrara a nivel nacional a este profesional, así, cada 27 de marzo, desde 1995, la comunidad archivística realiza festejos académicos en los que se justiprecia su labor.
Retomando el tema de las reuniones, cabe mencionar que en junio de 1997 se llevó a cabo en la Ciudad de México el Primer Seminario Internacional sobre el Desarrollo de la Ciencia Archivística en Iberoamérica y El Caribe,  donde se logró llegar a una serie de conclusiones que incluyeron la necesidad de promover que los archivos impartieran cursos y talleres de capacitación, especialización y actualización, bajo el esquema de una academia itinerante iberoamericana en los que los diversos países expusieran su propia problemática; que se creara un banco de información sobre especialistas en archivística; que se realizara un seminario especial para abordar el tema del marco legal y el diseño del plan de estudios para los países de la región (septiembre 1999, Perú); que se compilara una bibliografía básica en archivística para toda la región; que se difundiera un banco de información sobre fundaciones interesadas en apoyar la labor de rescate y preservación del patrimonio documental (Galeana, 1998). Con el fin de avanzar en estas tareas, México comenzó a hacer la parte que le correspondía y entre sus principales actividades destacaron el diseño de un inventario nacional de archivos, la conformación de un directorio nacional de archivos, la traducción y adaptación de los primeros módulos del proyecto de educación a distancia del International Records Management Trust y el Consejo Internacional de Archivos, la realización de un curso piloto en archivística coordinado por la UNAM y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa; la continuación del proyecto ARGENA; la actualización de la Guía General del AGN; el desarrollo de un sistema de información para la consulta pública; la puesta en escena de exposiciones de diversas fuentes documentales que resaltan la vida de nuestro país; y la programación de un ciclo de conferencias y talleres orientados a diversas temáticas relacionadas con el campo archivístico, entre otros (Galeana, 1998).
Por otro lado, el 31 de agosto de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación en el que se designaba al AGN como un órgano desconcentrado, en virtud de que había venido fungiendo como el ente rector de la archivística nacional y entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal, abrogando con ello el acuerdo presidencial de 1980.
Sin embargo, cuatro años más tarde, es decir, el 30 de julio de 2002, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación en el que se mencionaba que el AGN cambiaba su adscripción de la Subsecretaría de Gobierno a la Subsecretaría de Desarrollo Político.
Finalmente, podemos decir que, recientemente, el 27 de enero de 2010, el AGN y la Dirección Federal de Investigaciones Políticas y Sociales firmaron un convenio con el fin de apoyar la organización y descripción de los expedientes de esta Institución.
Como consecuencia del trabajo que ha venido realizando el AGN, se han llevado a cabo una serie de jornadas archivísticas anuales en las que se ha tratado de resolver la problemática que atraviesan los archivos mexicanos. Todas ellas organizadas por la Red Nacional de Archivos de las Instituciones de Educación Superior a partir del año 2000 hasta la fecha y cuya temática tratada en las distintas participaciones refleja la preocupación colectiva por resolver mediante propuestas y reflexiones los problemas que han enfrentado sus instituciones. Así, el ciclo vital de los documentos; la conciencia y la cultura archivística; las instituciones de educación superior y su incierto camino archivístico y los retos que hacen frente a las políticas públicas relacionadas con la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información; la naturaleza y objeto de la Archivística; y la planeación estratégica de los archivos, entre otros, son algunos de los temas que se han presentado en esas jornadas.
Al mismo tiempo que estos eventos se realizaban, el AGN también organizaba una serie de encuentros con el fin de que los archivos de la administración pública resolvieran la ambigüedad que presentaban. Así, desde el año 2003 a la fecha se han llevado a cabo distintos encuentros en los que sobresale la preocupación por asuntos de transparencia y acceso a la información; sobre tecnologías de información aplicada a los procesos archivísticos y; sobre certificación de archivos federales y estatales. Y, desde 2007 a la fecha, han sobresalido los temas en torno a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.
Asimismo, el AGN organizó una serie de reuniones con el fin de resolver problemas regionales en donde la participación de instituciones archivísticas de los distintos estados de la República se manifiesta desde el año 2003 hasta nuestros días. Estas reuniones se llevan a cabo en las diferentes regiones mexicanas. La primera de ellas, por ejemplo, dedicada a la región sur se realizó en Cancún, más tarde, en el 2008, en Campeche. Para la región norte se efectuaron durante los años 2004, 2005, 2007 y 2009 en Mazatlán Sinaloa, Saltillo Coahuila, Tijuana Baja California y Aguascalientes, respectivamente. Dichos eventos permiten aproximarse a la problemática y ventajas de las distintas instituciones estatales generando con ello una dinámica de colaboración e intercambio de experiencias.
Finalmente, el AGN encabezó una serie de eventos específicos con el fin de discutir en torno a los archivos de los tres poderes de gobierno. En 2006 se llevó a cabo la Primera Reunión de Archivos del Poder Ejecutivo Federal en el Distrito Federal, en 2007, 2008 y 2009 la Segunda, Tercera y Cuarta Reunión de Archivos del Gobierno Federal, respectivamente.
Por último, solo nos resta reflexionar sobre la importancia que tiene para el trabajo archivístico la organización de eventos en los que la participación de los archivos y sus profesionales son decisivos en la evolución de la calidad de sus servicios, en consecuencia del conocimiento que tenemos de nuestras instituciones.

2.Legislación

En cuanto al aspecto de la legislación archivística en México podemos dividirla en dos etapas. La primera se refiere a las leyes y disposiciones establecidas con la finalidad del resguardo y protección del patrimonio documental. En las últimas décadas observamos una segunda etapa que regula la transparencia y eficacia de la información que genera la administración pública. Las disposiciones sobre los archivos han permitido establecer una normatividad que ha regulado la conservación del patrimonio documental y la organización de un sistema archivístico (redes de centros y órganos consultivos y/o técnicos).
Esta legislación tiene su antecedente en la Real Orden emitida el 28 de abril de 1792 que establecía las Ordenanzas para el Archivo general que ha de establecerse en el Palacio de Chapultepec. Esta disposición archivística señalaba que los documentos que hubiesen sido generados antes de 1760 debían ser remitidos al Archivo General de inmediato y que en lo sucesivo, en cada década, las dependencias de gobierno enviarían los expedientes con antigüedad de treinta años. Cabe señalar que las Ordenanzas seguían los lineamientos establecidos por las Ordenanzas de Indias, publicadas dos años antes.
Este proyecto planteaba por primera vez un órgano autónomo dentro de la administración del virreinato de la Nueva España. El virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco, segundo conde de Revillagigedo, a su llegada, revisó las oficinas con el fin de establecer un diagnóstico de la administración. En su reporte, el virrey indicó que halló algunos archivos sumamente confusos. La primera disposición fue la organización de los documentos corrientes y antiguos, pues era un funcionario «convencido de que los archivos son ante todo pilares y herramientas del buen gobierno y administración» (Romero Tallafigo, 1994). Con esta disposición el gobierno virreinal intentaba poner orden al caos documental que existía en las instituciones novohispanas, al tiempo que se configuraba un incipiente ciclo de vida divido en dos momentos, sin relación alguna entre ellos. El primero y, quizá al que se le dio mayor importancia en ese momento, fue el rescate de documentos históricos concentrados en un solo espacio físico y, el segundo, el que se continuaran los trámites administrativos en el interior de las propias oficinas.
La conformación del Archivo General requirió un método para la organización de los documentos a fin de coordinar y colocar los papeles de tal manera «que cualquiera de ellos pudiera ser localizado fácilmente y con prontitud». Las ordenanzas indicaban que la división de papeles era por colecciones, es decir, los documentos de cada oficina de la administración estarían agrupados en una colección, hoy llamado fondo. De esta forma el principio de procedencia fue respetado (Ordenanzas, 1790).
El proyecto archivístico de Revillagigedo no logró el traslado de los documentos al Alcázar de Chapultepec por los problemas financieros que existieron para concluir el edificio, sin embargo, los archivistas comenzaron a organizar los documentos como si fueran libros «con su prontuarios para asuntos y materias, y un compendio de las cosas más notables» (Instrucción, 1831).
El siguiente paso sería separar «lo civil de lo criminal, lo eclesiástico de lo secular, los procesos de las cuentas y lo gubernativo de lo contencioso» (Quintana Pali, 1986). Además que se depuró gran número de papeles considerados entonces inútiles.
En agosto de 1823 Lucas Alamán, ministro de Relaciones Interiores y Exteriores ordenó la creación del Archivo General y Público de la Nación con las colecciones que estuvieron resguardados en la Secretaría de Cámara del Virreinato. En 1824 México optó por establecer una República Federal, hecho que en materia archivística estableció dos niveles. Los documentos de la administración federal estarían resguardados en el Archivo General y los documentos emanados por las instituciones de los estados en sus archivos locales. Brevemente veamos cómo fue normándose la legislación archivística federal al respecto.
En 1846 el gobierno publicaba en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento para el Archivo General. Esta vez lo relevante sería que los documentos debían ser clasificados y ordenados separándolos en los que se habían generado antes y después de la Independencia. No obstante esta disposición, no se especificaban los métodos ni de clasificación ni de ordenación. En 1920 se pensó que era momento para renovar el Reglamento, pues incluso hasta el nombre de la Institución había cambiado, así el 2 de octubre de ese mismo año se expedía el nuevo Reglamento para el Archivo General de la Nación en el que se mencionaba que este sería el encargado de concentrar los expedientes del Gobierno con el fin de ordenarlos y custodiarlos. Con ello quedaba inválido el Reglamento que en 1846 se había expedido. En agosto de 1944 fue publicada la Ley General de Bienes Nacionales en la que se definían las posesiones del dominio público y, por ende, del patrimonio nacional. En ella se contemplaban aquellos que por su naturaleza no fueran fácilmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados, importantes o raros, así como las colecciones de esos bienes, las piezas etnológicas y paleontológicas, los archivos, las fono-grabaciones, las películas, los archivos fotográficos, las cintas magnetofónicas, y cualquier otro objeto que contuviera imágenes y sonidos y las piezas artísticas o históricas de los museos. El 13 de abril de 1946 se publicaría en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento para el Archivo General de la Nación, invalidando una vez más el de 1920.
En los estados de la República mexicana comenzaron los esfuerzos para la conservación de los documentos. En 1957 el gobierno de Nayarit publicó una ley pionera en la administración de archivos. La finalidad de esta ley fue la protección y conservación de los Archivos en esa entidad y de todos los documentos que formaban parte del patrimonio histórico del Estado. Asimismo, la ley exponía criterios para la ordenación de los documentos, así se indicaba que solo se integrarían al archivo los libros y expedientes de asuntos terminados (Ley de protección y conservación de archivos del Estado de Nayarit, 1957).
En 1972 se daría a conocer la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. En ella se incluyeron disposiciones para legislar sobre los documentos y expedientes que pertenecieran o que lo hubiesen hecho a las oficinas y archivos de las instituciones federales, estatales, municipales y casas curiales, así como sobre aquellos manuscritos originales relacionados con la historia de la nación. En 1986 una reforma a la ley determinó que son monumentos históricos «los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país» (Diario Oficial de la Federación, 13 de enero de 1986).
Los procesos democráticos en el mundo replantearon la forma en que los ciudadanos tenían acceso a la información. La transparencia constituyó un eje de discusión en el ámbito de las políticas de información. Así, en 1977 las autoridades modificaron el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de garantizar el acceso a la información por parte de la sociedad, quedando redactado de la siguiente manera

Artículo 6°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 1978).

Con base en los cambios en la Constitución Política y en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos los Estados de la República comenzaron a emitir sus propias legislaciones en materia de archivos. Así, el Estado de Puebla creó un marco jurídico para la administración de archivos con leyes que permitían la creación del Archivo General del Estado (1978), los archivos municipales (1984) y un Sistema Estatal de Archivos (1985). En Hidalgo fue promulgada la Ley Orgánica del Archivo Histórico del Estado de Hidalgo (1980) y la ley que estableció el Sistema Estatal de Archivos (1987). Leyes similares fueron decretadas en los Estado de México (1986), Quintana Roo (1986, 2001), Yucatán (1986), Zacatecas (1987), Tabasco (1987, 1999), Guerrero (1988), Oaxaca (1990), Veracruz (1990), Aguascalientes (1990), Chiapas (1993), Coahuila (1994), Baja California (1994), Morelos (1995), Sonora (1996), Chihuahua (1997, 1999) y Jalisco (1998).
Un momento importante para la Archivística mexicana fue la publicación el 11 de junio de 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la que propondría alcanzar los siguientes objetivos:

• Proveer lo necesario para que todas las personas puedan tener acceso a la información.
• Transparentar la gestión pública.
• Garantizar la protección de datos personales.
• Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos.
• Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos.
• Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana.

Dos años más tarde, se publicarían en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la conservación y organización de los archivos de las dependencias y entidades de la administración pública federal. En el 2007 una nueva reforma hizo que se modificara el artículo 6º de la Constitución. Esta vez quedaba redactado de la siguiente manera:

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:           

• Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
• La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
• Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
• Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
• Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
• Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
• La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 2007)

Actualmente varios Estados han reformado su legislación archivística para cumplir con los ordenamientos federales: Puebla (2009), Hidalgo (2007), Tabasco (2006, 2008), Coahuila (2003,2007), Morelos (2009), Baja California Norte (2003), Tlaxcala (2003), Michoacán (2004), Colima (2005), Guanajuato (2007), San Luis Potosí (2007), Distrito Federal (2008) y Querétaro (2009). Si bien es cierto que aun falta que la mayoría de las entidades federativas inicien el cambio en la legislación archivística que permita cambiar la orientación de la gestión documental a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información, se está avanzando en otras áreas, tal es el caso de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 2006 de la Norma mexicana de catalogación de documentos fonográficos NMX-R-002-SCFI-2007, redactada por la Dirección del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. Por su parte, el 14 de enero de 2008 se publicaría en el mismo Diario la Norma mexicana de catalogación de acervos videográficos NMX-R-001-SCFI-2007, redactada por la misma Dirección.

3. Formación profesional

Una de las constantes quejas que escuchamos no solo en los foros académicos, sino que también leemos en distintas publicaciones tanto del ámbito jurídico como del doctrinal, es la ausencia de profesionales especializados en el manejo de los documentos de archivo. Esto no puede ser otra cosa más que el síntoma inequívoco de la exigua atención que se ha puesto en los archivos, pues para nadie es desconocida la situación lóbrega a la que los hemos llevado. Echemos una mirada al pasado más lejano y recorramos con mesura el largo y sinuoso camino que nos lleva al presente; en él, podremos reconocer las batallas libradas por los documentos frente a sus más ínfimos adversarios: catástrofes (incendios, guerras, inundaciones, terremotos), transformaciones sociales (desarrollo de las instituciones, crecimiento poblacional, modernización administrativa) e inventos tecnológicos (aparición de la imprenta, invención de la máquina de escribir y de las computadoras, uso indiscriminado de impresoras), por mencionar solo algunos.
En este dispendioso trayecto, que situamos desde el periodo colonial hasta nuestros días, podemos percibir no solo las vicisitudes contra las que han bregado los documentos sin que exista aun una solución definitiva que los rescate de la indiferencia social sino que, además, corroboramos la tardía aparición del archivista profesionalizado, como su más importante defensor.
Insistamos pues, en que las instituciones no subsisten sin que medie la generación de documentos que son el registro que da testimonio de sus acciones diarias. Sin documentos no queda constancia del funcionamiento institucional, mejor aun, sin documentos organizados por la mano del hombre no es posible garantizar el acceso a la información, concepto que, hoy por hoy y sin lugar a dudas, conlleva al logro de sociedades demócratas más desarrolladas en lo económico y más estables en lo social.
Ante estos hechos, no nos queda más que asumir que las voces de reclamo han sido justas en la medida en que el colapso en el que se han orillado a los archivos durante los últimos doscientos años contrasta dramáticamente con lo que se ha hecho en materia de capacitación y profesionalización.
Recordemos que antes de la aparición de la formación académica de archivistas, se evidenciaba que, además de su escasez que no permitía cubrir las plazas existentes, los salarios que se ofrecían eran irrisorios, haciendo inoperante y, sobre todo, inaceptable su desempeño en el interior de las instituciones. Como estrategia para superar esta situación, se pensó entonces en la formación de especialistas que asumieran la tarea de administrar los archivos del país.
Nos queda claro que la educación archivística, por lo menos en México, se ha caracterizado por su escasa presencia en los planes y programas de estudio en las Universidades, en contraste con la Bibliotecología que ha demostrado tener una mayor consolidación. Incluso el origen de aquella lo podemos situar a comienzos del siglo XX, lo que significa un surgimiento remiso en contraste con las escuelas europeas que datan sus inicios incluso antes del siglo XIX.
Para constatar lo anterior, es necesario aludir a la historia que otros ya han escrito al respecto. Se dice, por ejemplo, que la primera institución que ofreció una formación profesional en ambas disciplinas fue la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros, la cual se inauguró en 1916 y estuvo adscrita a la Biblioteca Nacional, siendo su primer director el Profesor Agustín Loera Chávez (Yañez, 2010).
A pesar de este importante logro, diversos acontecimientos sociales y políticos provocaron el primer cierre de la Escuela dos años más tarde. A partir de su momentánea desaparición, el Departamento de Bibliotecas que dependía de la Secretaría de Educación Pública, asumiría la responsabilidad de impartir cursos con el fin de capacitar al personal bibliotecario principalmente.
No fue sino hasta el año de 1925 cuando la Escuela reabriría sus puertas, pero esta vez bajo el nombre de Escuela Nacional de Bibliotecarios, a la cual tampoco se le auguraba una larga vida, pues tres años más tarde vería truncada nuevamente su labor.
Ese año de 1928 el Departamento de Bibliotecas también abría cursos de Archivística, al mismo tiempo que lo hacía la Universidad Nacional de México, la cual por cierto, adquiriría su autonomía al año siguiente.
Tras casi veinte años de ausencia, por fin, en el año 1945 se reinauguraría en el Palacio de Bellas Artes una renovada Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, la cual siguió dependiendo del Departamento de Bibliotecas, pero esto no siempre fue así, pues se sabe que los cambios no solo fueron en el nombre de la institución, sino también en su adscripción, tal y como se señala a continuación:

• 1959: Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
• 1973: Dirección General de Educación Superior
• 1978-1990: Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas
• 1990-hasta hoy: Dirección General de Educación Superior

La última de las transformaciones que experimentaría esta institución sería en 1966 cuando es llamada Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), tal y como se le conoce hoy en día. Sin embargo, no sería sino hasta 1975 cuando los cursos impartidos en la Escuela, que hasta ese momento se habían caracterizado por ser eminentemente prácticos, adquirirían el rango de Licenciaturas, quedando establecidas cuatro formaciones académicas, a saber: Profesional Asociado en Archivonomía, Profesional Asociado en Biblioteconomía, Licenciado en Archivonomía y Licenciado en Biblioteconomía.
Finalmente y con el objetivo de formar un mayor número de personas y descentralizar la educación que la Escuela impartía, al tiempo de pretender disminuir el rezago existente en las instituciones bibliotecarias y archivísticas, en 1997 se impulsaría la modalidad a distancia originando hasta el día de hoy cifras alentadoras.
Mientras que la ENBA luchaba por su consolidación, pasando unas veces por momentos ríspidos y otras tantas por periodos de esplendor, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también se estaba gestando la idea de formar profesionales en estas disciplinas. El antecedente más longevo establece que el primer curso que se ofreció fue en Biblioteconomía en el año de 1924 y treinta y dos años más tarde (1956) se ofertarían también en Archivonomía (Sotelo Linares, 2008).
Pero esto no sería suficiente, pues en 1954 se creaba en la Facultad de Filosofía y Letras (anteriormente Escuela Nacional de Altos Estudios) de la UNAM el Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía, con el fin de elaborar los planes de estudio para la creación de ambas carreras. Después de un análisis terminológico exhaustivo fue en el año de 1966 cuando el nombre de esta institución cambiaría por el de Colegio de Bibliotecología y Archivología (UNAM, 2011).
En 1955 se culminó la elaboración del plan de estudios en Biblioteconomía, no pudiendo realizarse el de Archivonomía por el poco tiempo de que se disponía. Sin embargo, en 1959 el plan de estudios sufriría un cambio y con ello vendría la decisión de crear tanto la Licenciatura como la Maestría en Biblioteconomía, las cuales dieron comienzo ese mismo año, en tanto que el programa de Licenciatura en Archivonomía se iniciaría al año siguiente.
En virtud de la escasa demanda, esta última desaparecería en el año de 1975 al mismo tiempo que era aprobado el plan de estudios para la Maestría en Archivología, que sería clausurado cuatro años después por las mismas razones.
A partir de ese momento, el Colegio cambiaría su denominación una vez más, para llamarse esta vez Colegio de Bibliotecología, el cual mantuvo hasta el 2002, año en que pasó a ser Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información.
En materia de investigación, en 1973 se había creado el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas y de Archivología (CINBA) en la misma Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el fin de formar investigadores y profesionales especializados en ambas disciplinas. A pesar de lo anterior, el Centro desaparecería tres años más tarde, surgiendo de nueva cuenta en 1981 pero esta vez bajo el nombre de Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) el cual subsiste hoy en día (Fernández de Zamora, 2010).
Sin embargo, pareciera ser que el esfuerzo de profesionalizar estas instituciones no era suficiente, pues mientras se esperaba el egreso de las primeras generaciones, el volumen documental en las oficinas administrativas seguía creciendo incesantemente y sin ningún control.
Para subsanar un poco esta situación, en la década de los ochenta se dio a conocer el Programa de Modernización Archivística del Gobierno Federal. En este documento se asumía la responsabilidad de capacitar a los servidores públicos que trabajaran en ese momento en los archivos y que estuvieran a cargo del manejo y tratamiento de los documentos en ellos contenidos (Ramírez Aceves, 2004).
De esta manera, sin esperar sustituir la formación profesional, se avanzó en la capacitación de los servidores públicos que ya se encontraban lidiando con los problemas ocasionados por la incesante actividad documental.
Para llevar a cabo este cometido, se le asignó al AGN la tarea de instrumentar programas educativos acordes con la realidad que en ese momento demandaba el país. El primer paso fue diseñar una serie de cursos que estuvieron orientados a dos sectores de la administración pública fundamentalmente. En el primer grupo se ubicó a las personas que contaran con nombramiento o funciones expresas de correspondencia y archivo y auxiliares de micrografía. El segundo grupo estuvo dirigido a funcionarios de alto rango.
Sin embargo, los cursos aislados que se ofertaron tampoco fueron suficientes y en su lugar se tomó la decisión de elaborar una propuesta que no logró fructificar denominada Plan de estudios para la formación profesional en administración de documentos. Sus objetivos se encaminaron al control y tratamiento de los documentos que la propia administración pública generase.
Además del entusiasmo que mostró en ese momento el AGN por capacitar al personal encargado del manejo de los documentos, otras instituciones de corte académico principalmente, también se sumaban a los esfuerzos que venían haciéndose tanto en la ENBA, como en la UNAM.
Así pues, en el año de 1982 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) creaba una carrera para formar técnicos en Archivonomía, la cual se enfocaba tan solo al estudio de los archivos históricos. Tras una renovación del plan de estudios tres años después, los contenidos se enfocaron, en esa ocasión, a cubrir las necesidades existentes ya no solo de los archivos históricos, sino también de los administrativos. A inicios de la década de mil novecientos noventa, una nueva restructuración del plan de estudios lo llevó incluso a cambiar su denominación, esta vez por la de Profesional Técnico en Administración de Documentos. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones que se tuvieron, esta formación desapareció poco tiempo después debido a la escasa demanda y a la deserción paulatina de los alumnos inscriptos.
Una década después, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) creaba un plan innovador, no solo en cuanto al título que otorgaría, sino también en los contenidos de los programas. De esta manera, surgió la Licenciatura denominada Ciencias de la Información Documental, sin lugar a dudas, el nombre provocaría revuelo entre la comunidad científica del país, pero tarde o temprano terminaría aceptándolo. Lo que caracterizaría a esta carrera sería una formación integral basada en el estudio de tres disciplinas fundamentales, a saber: Archivística, Bibliotecología y Documentación, tal y como lo revelaban las asignaturas a impartir.
Tuvieron que pasar catorce años para que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de la Escuela de Ciencias de la Información (antes Coordinación de Biblioteconomía) fuera el siguiente receptáculo de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, creando en el año 2006 la Licenciatura en Archivología, no obstante que la de Bibliotecología ya funcionaba desde 1980. La decisión de crear esta carrera estuvo inspirada en las exigencias que establecía la ya creada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en todo el marco legal que de ella se desprendió en los años subsecuentes que, como es sabido, ha establecido los métodos a seguir para la organización y la conservación de los archivos de la administración pública federal.
Al mismo tiempo que se creaba la Licenciatura en Archivología en la UASLP, en el centro del país se inauguraba la Escuela Mexicana de Archivos, con el objetivo de crear una institución educativa que ofreciera una enseñanza y capacitación integral en materia de archivos con un modelo educativo basado en competencias laborales. Hoy por hoy, la Escuela está dedicada a ofrecer cursos a las personas encargadas de administrar documentos, ya sean públicos o privados. Entre los cursos destacados se encuentran los siguientes: Archivística y disciplinas auxiliares para historiadores, Archivos eclesiásticos, Paleografía y Diplomática, entre otros.
No obstante lo que hasta aquí se ha expuesto, es importante señalar que la Bibliotecología es una disciplina que logró superar a la Archivística en número de programas en todo el país y en cantidad de alumnos inscriptos, logrando ser más visible que la ciencia de los Archivos, debido a que se ha constituido en una de las líneas destacadas, tanto de los planes educativos a nivel nacional, como de los de investigación científica y desarrollo tecnológico desde finales de la década de los ochenta. A pesar de ello, estas carreras han incluido asignaturas relacionadas con la Archivística, tal y como se muestra a continuación (Hernández Salazar, 2008):

• Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, 1984 (Universidad Autónoma de Nuevo León): Archivología
• Licenciatura en Bibliotecología, 1992 (Universidad Autónoma de Chiapas): Archivonomía I, Archivonomía II.
• Licenciatura en Ciencias de la Información, 2002 (Universidad Autónoma de Guadalajara): Proceso archivístico
• Licenciatura en Ciencias de la Información, 2004 (Universidad Autónoma de Chihuahua):Archivos y registros
• Licenciatura en Bibliotecología, — (Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual): Organización de Archivos

El desarrollo de la Bibliotecología en México ha sido tal, que hasta se han creado programas de posgrado en esta disciplina en instituciones como la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y El Colegio de México, A.C., situación que no ha logrado alcanzar la Archivística en nuestro país.

4. Asociaciones profesionales

El tema del desarrollo que ha tenido la integración de asociaciones de archivistas profesionales en México tiene estrecha relación con la formación de estos profesionales. En este sentido es lamentable el escaso progreso que en nuestro país ha tenido la formación archivística. Síntoma de ello es que solo existen dos opciones educativas que ofrecen los estudios de licenciatura y profesional asociado, directamente vinculados en esa materia como ya hemos mencionado. Basta recordar a la ENBA, escuela fundada en 1945 como una institución de educación superior, dependiente de la Secretaría de Educación Pública y es la única que imparte Archivonomía en los dos niveles profesionales referidos. Así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que desde 2006 imparte la carrera de Archivología. Es importante resaltar que la Universidad Autónoma del Estado de México oferta la carrera de Licenciado en Ciencias de la Información Documental, la cual tiene como una línea de acentuación profesional a la Archivística, sin embargo, la formación que tiene este profesional es complementaria con otras Ciencias de la Información: la Bibliotecología y la Documentación, sin embargo puede -en términos estrictos- considerarse como una institución de educación superior formadora de profesionales de los archivos.
Con todo ello, aun sigue siendo baja la oferta educativa a nivel nacional pero, lo que es más preocupante, es que la atención a la demanda está cubierta por estas tres entidades académicas. Es obvio mencionar que la demanda por este programa educativo es muy baja.
Si a ello le sumamos que treinta y dos años después de la fundación de la ENBA, es decir, en 1977, se titularon los dos primeros egresados de Archivonomía y en suma, desde los años cincuenta del siglo pasado hasta octubre de 2004 habían egresado 701 alumnos, de los cuales solo 59 habían obtenido el título de licenciado, es evidente que el número de profesionales para atender las demandas que el país requiere es insuficiente, por lo tanto, pensar en asociaciones de profesionales nutridas por un amplio número de archivistas es aun un tanto ingenuo, sin embargo se han integrado. A continuación se hace el siguiente recuento:
En 1992 se crea la Asociación regional de administradores de la información documental A.C (ARAID. A.C.). Surge con la idea de crear y mantener un vínculo de comunicación en la sociedad aguascalentense y en la región, para difundir el aporte de los estudios y las reflexiones en torno al valor cultural y social que significan los archivos, bibliotecas y museos. Hasta 2006 tenían 20 asociados que realizan actividades que contribuyen a la preservación de los acervos culturales y artísticos que representan la historia y tradición de la región (Carvalho, 2006).
Dos años después, el 29 de abril de 1994 en la ciudad de México se constituye la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A.C. con el objeto de promover y difundir el invaluable acervo histórico de México que se conserva en archivos y bibliotecas privados, bajo la custodia de particulares o de instituciones no gubernamentales.
Esta asociación surge con la misión de promover asesoría técnica entre sus miembros con el fin de lograr un eficiente manejo de conservación, difusión y consulta de los diversos acervos que la integran, incrementando así la investigación y el estudio de la historia de México. En la actualidad cuenta con una membresía de 29 miembros institucionales y edita la publicación Guía de archivos y bibliotecas privados.
Este organismo llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de abril de 1997 su Primer Coloquio Internacional de Archivos y Bibliotecas Privados en la Antigua Hacienda de San Miguel Regla, ubicada en Huasca, Hidalgo.
El 15 de julio de  1995 se constituye la Asociación de egresados de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, A.C. y aunque su conformación no considera estrictamente solo a archivistas, sí constituye un hecho significativo en el tema de la asociaciones de profesionales en archivos pues, como ya se apuntó, la ENBA es la única escuela formadora de archivistas profesionales en México desde 1945 (Carvalho, 2006). Su misión es reunir a los egresados de la ENBA para establecer vínculos académicos profesionales, que permite fortalecer el desarrollo en las especialidades. Hoy en día tiene una membresía de 80 socios.
En el año 2000 con el objeto de agrupar a los profesionales de los archivos de las universidades para discutir, analizar y plantear soluciones a situaciones y problemáticas comunes en materia archivística, se creó la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior (RENAIES), ahora con el rango de asociación civil.
Esta agrupación realiza actividades desde hace 10 años en pro de la creación de espacios para el fomento del diálogo y de la reflexión conjunta acerca de la funciones archivísticas, así como el impulso para la creación de un marco normativo en la materia y promover así la normalización y la homogenización de las técnicas, los procedimientos y los conceptos así como el establecimiento de los mecanismos necesarios para difundir la riqueza de los acervos y las tareas para fortalecer la cultura archivística en nuestro país. Es importante acentuar que esta asociación lleva a cabo desde hace una década y de manera ininterrumpida un congreso anual, en la participación de estudiosos de la Archivística del país y del extranjero (Villanueva Bazán, 2010).
El 9 de mayo de 2003 se crea la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México -ADABI AC. Esta agrupación surge para llevar a cabo los esfuerzos y las acciones orientadas al rescate, preservación, valoración, investigación, difusión documental y bibliográfica, a favor de instituciones con pocos recursos pero sin soslayar la formación profesional mediante cursos, apoyo y asesorías. ADABI fomenta la conciencia de que los documentos son fuentes primordiales para comprender la historia y el desarrollo de la vida nacional, por ello, tiene el interés de contribuir a salvaguardar la memoria del país, con el fin de lograr los siguientes objetivos:

• Apoyar programas sustantivos de los archivos y de las bibliotecas con fondos especiales, públicos y privados de México orientados a la preservación, valoración, modernización y difusión documental bibliográfica.
• Brindar y coordinar el asesoramiento y la capacitación archivística, y sobre el libro antiguo, mediante proyectos e investigaciones con la posibilidad de publicar sus resultados.
• Difundir la cultura archivística y del libro antiguo.
• Apoyar la formación profesional.

A través de estos objetivos promueve la vinculación entre las instituciones y los profesionales de la Archivística y es una referencia para aquellos interesados en conocer el cómo y el por qué de la preservación de los fondos documentales y bibliográficos (ADABI de México, 2010).
Un año más tarde en 2004 se creó la Asociación de Archivistas Profesionales de México, A.C. -APMEX, como una comunidad de estudiantes y profesionales de la Archivonomía comprometidos con el rescate, la organización y la difusión del patrimonio documental de la humanidad, mediante la aplicación de conocimientos en la materia y demás disciplinas auxiliares en apoyo a la promoción y el fomento a la cultura archivística. Esta agrupación emana teniendo los siguientes objetivos:

• Agrupar a los archivistas profesionales, y a otros profesionales de la información y documentación vinculados con el ejercicio de la archivística en cualquiera de sus manifestaciones, siempre que desarrollen actividades de la materia dentro del territorio nacional.
• Enaltecer y promover la función propia de los archivos y el delicado y noble quehacer de los archivistas en su condición de administradores del acervo documental de la Nación.
• Apoyar y acatar el cumplimiento de la normatividad jurídico-archivística tanto en el fuero federal, estatal y municipal, así como toda disposición emanada por el Archivo General de la Nación (AGN), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y cualquier autoridad en la materia, con el fin de proteger el patrimonio documental de la Nación y promover una adecuada y transparente acción del gobierno mexicano en sus tres niveles y, en general, de las entidades públicas y privadas, a través de un manejo profesional de los archivos.
• Promover ante las autoridades competentes la creación de leyes que permitan la modernización de los archivos y el buen manejo de los mismos así como la protección del ejercicio de la profesión archivística en todo el territorio nacional y su correspondiente código de ética profesional.
• Hacer del conocimiento a la autoridad competente el posible ilícito respecto del manejo de los archivos, que se den en las instituciones públicas y privadas por quienes en ellas laboran.
• Propiciar espacios para la discusión de la problemática archivística nacional en todos los posibles escenarios como son los académicos y laborales, entre otros, a través de reuniones, foros, seminarios, congresos y demás mecanismos que estén al alcance.
• Hacer del conocimiento de la autoridad competente las faltas que en contra del código de ética profesional cometan los servidores públicos o privados, responsables del manejo de los archivos.
• Promover el reconocimiento de la profesión archivística y de sus asociados ante las entidades públicas y privadas, para el mejor y excelente ejercicio de esta actividad profesional.
• Promover y vigilar que se cumpla con los fines y propósitos de la propia Asociación, así como con los presentes estatutos.
• Elaborar, aprobar y modificar sus propios estatutos así como toda normatividad interna emanada de los mismos.
• Capacitar y asesorar mediante los mecanismos que fije la Junta Directiva, a las diversas instancias que requieran hacer un uso profesional de sus archivos.
• Establecer premios y distinciones tanto para sus asociados como para las demás personas físicas o morales que sobresalgan en el ejercicio profesional archivístico o que hayan prestado un servicio importante al país en el desarrollo de los archivos y la archivística nacional (AGN, 2010a).

El pasado mes de abril de 2009 se constituyó jurídicamente el Colegio Nacional de Archiveros de México. Archiveros sin fronteras-México, ONG preocupada por la preservación de la memoria histórica, mediante la conservación de su patrimonio documental. Aunque esta organización tiene su génesis en España, un grupo de profesionales se ha sumado a la red de AsF internacional y trabajará para la cooperación y solidaridad archivística internacional concretamente con el tema de México. Con esta incorporación ya son diez las ONG que conforman la plataforma multinacional de entidades: España, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil, Francia y desde luego México (Boletín AsF, 2009).
Aun cuando el número de asociaciones  de archivistas en México no resulta cuantitativamente rica, podemos aseverar que el gremio se encuentra muy bien vinculado a través de las acciones regulatorias que en materia de archivos se han definido en el interior del país, en principio podemos decir que se encuentra constituido el Sistema Nacional de Archivos el cual tiene la misión de convertirse en un enlace permanente con la comunidad archivística nacional en sus distintos niveles de gobierno, procurando el rescate, conservación y difusión del patrimonio documental del país e impulsar la conservación y la difusión de los documentos de carácter privado, ejerciendo la autoridad directora asignada al AGN. Asimismo, aplica las políticas, las normas y los lineamientos para analizar y asesorar en materia de archivos y administración de documentos que sirvan para la normalización, modernización y organización de los servicios archivísticos de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, coadyuvando en el derecho a la transparencia e información pública. Como se dijo líneas arriba, es en el AGN donde recaen la funciones reguladoras de dicho órgano; este se divide en tres subsistemas: el de normalización, el de archivos administrativos y finalmente el de archivos históricos.
Uno de los logros principales en el 2000 fue crear el Consejo Nacional de Archivos para que fungiera como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos y tuviera representación de los Archivos a nivel federal y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estatal, así como de archivos privados, universitarios y de Archivos municipales (AGN, 2010b).
Finalmente, dos ejemplos más de vinculación entre los profesionales de la Archivística a través de la dinámica profesional y de la estructura orgánica a nivel nacional que podemos citar son:

1. El Comité Técnico de Unidades de Correspondencia y Archivo de Ejecutivo Federal. (COTECUCA) instaurado en 1991. Tiene su origen en las reuniones informales no reguladas, pero si rutinarias de los mensajeros de las diferentes dependencias en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Palacio Nacional. Para facilitar su trabajo los mensajeros acostumbraron todas las mañanas intercambiar la correspondencia de sus entidades administrativas (Gómez Galvarriato Freer, 2010).
2. La Red de Archivos Históricos Mexicanos (RAHMEX). Es un repositorio nacional que integra la información general de los archivos históricos del país, organizada bajo la norma ISAD-G para difundir los acervos de los archivos históricos del país mediante el uso de una herramienta informática sin costo, este Software permite establecer un mecanismo de coordinación con los diferentes Archivos utilizando Internet para su actualización y consulta.

Conclusiones

Finalmente, a continuación se exponen algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en relación con el estudio acerca del devenir histórico de la cultura archivística en México, que hemos delineado en cuatro ejes fundamentales:

Desarrollo de las instituciones archivísticas: desde el origen, la institución archivística por excelencia en México se ha distinguido por la preocupación en el rescate, la conservación y la difusión del patrimonio documental de la nación, particularmente de aquel que representa la memoria gubernamental de las entidades federativas y sus municipios. También ha quedado de manifiesto el impulso que como autoridad rectora ha otorgado a los archivos estatales y municipales mediante diversas actividades, entre las que destaca el esfuerzo por ofrecer espacios de intercambio y discusión de experiencias y temas de interés. No obstante lo anterior, es inminente la participación diligente de los gobiernos estatales y municipales en el impulso de sus instituciones archivísticas como claro ejemplo de reciprocidad al esfuerzo que el AGN ha mostrado a lo largo de su historia; no obstante, la participación de las instancias políticas de los estados y municipios en materia archivística aun es escasa y poco frecuente.
Pese al esfuerzo que el AGN ha realizado como enlace entre los archivos mexicanos, aún es evidente, sobre todo en el nivel municipal, el abandono del que han sido y son objeto los archivos por parte de las autoridades locales. Al respecto consideramos indispensable que los gobiernos dejen de concebir sus archivos exclusivamente como depósitos documentales y los perciban en este momento como herramienta de primer orden para la toma de decisiones. De tal manera que los gobiernos comprendan que los archivos y toma de decisiones convergen en un solo camino, que no es otro que el uso de los recursos documentales para alcanzar sus objetivos.

Legislación archivística: la legislación archivística en México tiene dos etapas. En un principio, la normatividad fue encaminada a la conservación del patrimonio documental. Sin embargo, en las últimas décadas aparece una nueva visión sobre la legislación, lograr la transparencia y el acceso a la información por parte de la administración pública en el país.
Hay que insistir en que en México no existe una Ley Nacional de Archivos que regule de forma íntegra el quehacer archivístico, pues cada entidad federativa ejerce su soberanía en materia de gestión documental. Sin embargo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de las Dependencias Públicas Gubernamentales está obligando a los gobiernos estatales a llevar a cabo un cambio en la dinámica del manejo archivístico.

Formación archivística: en los últimos cien años México ha sido testigo de la preocupación que ha demostrado un pequeño grupo de la sociedad por formar archivistas profesionales, pues se tiene claro que una solución a la problemática que experimentan la mayor parte de las instituciones, no solo del gobierno, sino también del sector privado, relacionada con el afamado fenómeno de la explosión documental, es la creación de instituciones educativas en las que se formen expertos en la gestión de los documentos propios a ser organizados en archivos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por instrumentar programas académicos dirigidos a ello, la demanda no logra cubrir la matrícula aceptada, razón principal por la que las instituciones educativas han tenido que cerrar sus puertas.
Por otro lado, la publicación en la primera década del siglo XXI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental constituyó otro aspecto importante para que la sociedad volteara la mirada una vez más hacia los archivos y se diera cuenta de las condiciones tan lamentables en las que siguen inmersos, insistiendo nuevamente en la necesidad de formar archivistas profesionales.
Si está claro que lo que hace falta es tener una mayor demanda en cuanto a matrícula se refiere, entonces ¿qué está fallando?, ¿será acaso que debemos hacer conciencia en la sociedad para que justiprecie la labor del archivista evitando desdenes y poder así encontrar en los archivos una oportunidad de desarrollo?, ¿es por tanto, el valor de la Archivística como profesión un asunto cultural contra el que debemos luchar? Si esto es así, entonces el verdadero enemigo que hay que derrocar es la ignorancia social y comenzar entonces por educar no a los archivistas, sino al colectivo que asume poses de menosprecio ante las tareas que implican la dignificación de la memoria escrita, de los testimonios que dan fe de las actuaciones institucionales diarias, del patrimonio documental de una nación. Después de ello, la formación en las aulas será tarea fácil.

Asociaciones profesionales: Finalmente, debemos decir que aunque la Archivística no es una disciplina nueva, el gremio de profesionales en México es muy pequeño, como tampoco podemos decir que es incipiente, pues ya son casi cien años que el país forma archivistas profesionales, sin embargo, hasta 1992, esta responsabilidad recayó en una sola institución de educación superior, la ENBA. Así tuvieron que pasar setenta y seis años para que una universidad pública insertara la carrera en su oferta educativa, aun con ello, la demanda es muy pobre, aunque la pertinencia social del plan de estudios gane terreno con las reformas que a nivel nacional se están llevando a cabo en materia de organización documental.

En virtud de lo anterior, podemos decir que la cultura archivística en el contexto mexicano ha sido protagonizada más por profesionales de la historia, que por los pocos archivistas profesionales que existen en el país. De tal manera, si queremos una archivística nacional organizada y regulada por archivistas, debemos procurar la formación de profesionales que nutran precisamente a un raquítico gremio existente y que necesita urgentemente alimentarse de los profesionales que egresen de las instituciones de educación superior para planificar y establecer las directrices que el país necesita en la materia.

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