RESEÑAS

Walter Mario Delrio, Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia 1872-1943. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2005, 310 páginas.

Judith Molini
F.C.H.- UNLPam

Este libro, versión ampliada de la tesis doctoral de Walter Delrio, indaga en el sometimiento y la incorporación de los pueblos originarios del área de Nordpatagonia, en el marco del proceso histórico de formación del Estado nación argentino y de la economía capitalista. Su trabajo se inserta en un campo de investigación novedoso, pues desde los últimos años hemos asistido a la publicación de una serie de trabajos que, sin negar el impacto de las campañas militares en la desarticulación de los pueblos originarios, pretenden revertir la imagen según la cual la mal llamada "Conquista del desierto" implicó una eliminación total de la población indígena. A pesar de la utilización de éstos como mano de obra en forma compulsiva, las deportaciones masivas y su confinamiento en campos de concentración en la Patagonia, los sobrevivientes elaboraron distintas estrategias para obtener tierras que les permitieran vivir en forma comunitaria, que tuvieron más o menos éxitos según los contextos.
A través de una metodología dialéctica, el autor se propone analizar el corpus de un archivo hegemónico (memoria oficial) con el propósito de dar cuenta de los procesos de exclusión y marginación del "otro" y, por otra parte, reconstruir a través de la historia oral y de vida, la voz del "otro" subalterno como memoria y como narración contra hegemónica. La reconstrucción minuciosa del contexto y los actores le permite analizar en detalle sus intereses, y la articulación de las acciones a través de una permanente confrontación de las fuentes. Por otro lado, la claridad conceptual queda evidenciada en una pormenorizada introducción.
Su objetivo es describir los modos en que se produjo la marginación material (evidenciada en la disputa permanente por la tierra) de los pueblos originarios y explicar las distintas estrategias adoptadas por éstos para enfrentar la dominación, para lo cual aborda el estudio de un caso en particular, como el de Colonia Cushamen. La construcción de un estatus particular de subalternidad en distintos contextos temporales y espaciales, es el hilo conductor de la obra, cuyo marco temporal abarca las etapas decisivas en el proceso de construcción de subalternidad. Por ello, se extiende desde 1872, presidencia de Sarmiento que define una relación particular entre Estado nación y pueblos originarios de Nordpatagonia -materializada en las campañas militares denominadas "Conquista del Desierto"-, y llega hasta el advenimiento del peronismo, con la sanción del estatuto del Peón rural, que marca un nuevo momento en la historia oral.
Tras un primer capítulo, de tipo introductorio, en el que se presentan las categorías teóricas y los recaudos metodológicos utilizados por el autor, comienzan los análisis de los distintos períodos.
El capítulo II -La incorporación forzosa (1872-1885)- aborda una etapa significativa en el proceso de incorporación al Estado nación, cuando culmina el sistema de tratados previos a la conquista y las campañas militares de los Estados argentino y chileno. Mientras el Estado argentino no estaba en condiciones de disputar el territorio a los pueblos originarios, la estrategia de la elite fue implementar una serie de tratados, mediante los cuales establecía una suerte de contraprestaciones que suponían la entrega de raciones mensuales y anuales a cambio de servicios por parte de los indígenas. De esta manera, el gobierno se aseguraba el control de las relaciones comerciales, los cotos de caza, la entrega de cautivos y la vigilancia de las fronteras. Pero a partir de la década de 1870 se produce un cambio en la coyuntura económica y política de los Estados nación con el establecimiento de las fronteras estatales. El sistema económico internacional demandaba tierras y fuerza de trabajo, que se obtendrían mediante la expropiación y eliminación de los pueblos indígenas. Es en este contexto que se impone un discurso que "homogeneizaba" y "salvajizaba" a los pueblos, desarrollándose la "mitología del desierto, construyendo al territorio en desierto y a sus habitantes en salvajes" (pág. 62). Esta homogeneización representó un quiebre lo suficientemente significativo: la imposición de la nacionalización y la territorialización aparecen en la memoria oral como contexto de ruptura, que explica la condición de subordinación imperante hasta el presente.
El capítulo III -Largos peregrinajes (1885-1904)- se inicia con la finalización oficial de las campañas al desierto y termina en el segundo gobierno de Roca. El rasgo caracerístico de la época será la incertidumbre jurídica con respecto a la propiedad de la tierra. Los "largos peregrinajes" hacen referencia a los años de incertidumbre y pobreza que debían afrontar las comunidades luego de las campañas militares, porque a medida que se realizaban "las mensuras se entregaban a la oligarquía local y al capital extranjero las tierras más valiosas, próximas a los cursos de agua... los grupos eran desplazados de un lugar a otro... y muchos se incorporaron al trabajo en estancias u otras tareas asalariada" (pág. 85). Esta situación se vio agravada por las estrategias utilizadas por las elites para lograr la destribalización y desintegración de la sociedad indígena mediante "la humillación, las deportaciones masivas, los campos de concentración, la tortura y el asesinato" (p. 83).
A pesar de las diferentes estrategias propias de cada grupo, todos fueron concentrados en lugares controlados por las autoridades militares. Los campos de concentración junto a las deportaciones masivas confirmaron un estatus diferencial. El "orden tribal" fue repensado y reconstruido tanto desde los sectores dominantes (iglesia, Estado) como por parte de los sectores subalternos. Mientras se buscaba la homogeneización de los pueblos con respecto a la ciudadanía, se individualizaban las respuestas para la radicación de acuerdo a los intereses locales y nacionales, condicionando a tal efecto el aparato jurídico y las políticas de estado.
La cesión de tierras a indígenas se desarrolló bajo la figura de premios militares, leyes especiales o simplemente la entrega de tierras a personas. El Estado esperaba que la mensura y división de lotes diera lugar a individuos productores minifundistas que traerían el "progreso" y la "civilización", y como consecuencia, el fin de la organización social "tribal". El resultado fue la creación de nuevos sentidos de pertenencia comunitaria y la legitimación, tanto en la representación como en la organización, de la política tribal.
En el capítulo IV -La invisibilización (1904-1906)- se sostiene que durante este período se consolidó la imagen de la supuesta extinción de los pueblos originarios del sur en contraste con los pueblos del norte, donde los indígenas fueron utilizados como mano de obra temporal para los ingenios de azúcar, los obrajes de madera y las cosechas de algodón. En el sur, por el contrario, con el cambio operado en el contexto nacional de prioridades, se abandonó la política de colonización que posibilitaba la entrega de tierras. La crisis de postguerra, el estancamiento interno de producción y la conflictividad social vinieron a reforzar la idea de fracaso del sistema de colonización y en consecuencia, hacia finales de este período las mejores tierras estaban concentradas en pocas manos y en grandes extensiones. La derogación de la ley de hogar desamparó a los pequeños productores y al no ser remplazada operó hacia la invisibilización. Si bien se crearon colonias indígenas dirigidas por el Ministerio del Interior "...comenzó un nuevo periodo de indefinición y desigualdad jurídica: la ocupación con titulo de tenencia precaria... y la aparición de la figura del 'intruso'" (p. 174).
En el capítulo V -Voto universal, un "otro" particular 1916-1930- se destacan cuatro rasgos fundamentales del período comprendido por las presidencias radicales: en primer lugar, el crecimiento demográfico de la Colonia Cushamen y la distribución de los lotes mensurados; en segundo lugar, el rol del estado como mediador entre la sociedad civil y estos "otros" internos; en tercer lugar, la situación de incertidumbre jurídica respecto de las tierras de los indígenas; y en cuarto lugar, el avance de los alambrados y expropiación de tierras por parte de compañías comerciales, estancieros y pobladores no indígenas. Así, el autor sostendrá que durante el primer gobierno de Irigoyen, la inexistencia de un proyecto político y la fuerte influencia que poseían los terratenientes en el parlamento derivó en la falta de definición en políticas de tierras y en la paralización de la entrega de éstas. Se conformó una imagen estereotipada en torno a la figura del representante de la comunidad y, para 1927, se estableció la obligación de que todos los ocupantes de tierras fiscales se presentaran a regularizar su situación. A partir de esta medida, se consideró como intruso a quien no presentara solicitud de arrendamiento ni permiso de ocupación, igualando (jurídicamente) de esta forma a quienes ocupaban un lote que reclamaban desde varias décadas, contra quienes sólo lo hacían desde hacía poco tiempo atrás. De esta manera, tendían a beneficiar las ocupaciones recientes y varios grupos con mayor antigüedad perdieron la posibilidad de acceder a la tierra en calidad de colonos. Así, las políticas de invisibilización hacia los pueblos originarios favoreció la concentración en manos del mediano y gran capital, fomentando atropellos y expropiaciones de tierras concretadas por particulares que se ampararon en una compleja red política que involucraba al gobierno, la policía y los jueces de paz.
En el capítulo VI -El tiempo de la crisis 1930-1943- se resalta que en esta etapa se desdibujó la figura y la función del cacique frente a la omnipotencia del comisario y el juez de paz. Según los testimonios orales, la ausencia del gran cacique y la falta de interlocutores se tradujeron en una situación de desprotección y desamparo, que en el caso particular de las tierras públicas, permitió que frente a las cambiantes disposiciones legales, el manejo del aparato jurídico fuese un monopolio en manos de los capitalistas.
Pese a que el recorte temporal de la investigación llega hasta 1943, Delrio señala que los procesos de expropiación siguen hasta el presente, lo que se evidencia en los mismos testimonios recopilados por el autor. Persiste la discriminación, la permanente marginación y el no reconocimiento del derecho a la tierra de los indígenas.
Uno de los aportes más significativos de este libro es la permanente contraposición que el autor realiza entre las palabras que emanan de las políticas y discursos desde sectores de poder, y las voces que se escuchan en los testimonios que brindan los pobladores de los pueblos originarios. Varios de los trabajos que abordan la problemática hacen sólo una reconstrucción jurídica y/o utilizando fuentes oficiales. De esta manera, en esas investigaciones siguen resultando desconocidas las luchas y las estrategias de resistencia que las comunidades han llevado adelante (y las que llevan actualmente).
Finalmente, aunque no menos importante, se trata de un libro sumamente conmovedor, pero la evidente empatía del autor para con los sectores subalternos no le impide abordar su investigación con rigurosidad, y producir un texto en el que el lector va experimentando las injusticias y los sufrimientos de estos actores. De esta manera, nos encontramos frente a una obra con rigor analítico, con un sólido aparato conceptual, un enfoque novedoso y un libro que puede ser leído tanto en sectores académicos como por un público mucho más amplio. Lo cual no es poco en los tiempos que corren.