RESEÑAS

María Elba Argeri, De guerreros a delincuentes. La desarticulación de las jefaturas indígenas y el poder judicial. Norpatagonia, 1880-1930. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Colección Tierra Nueva E Cielo Nuevo), 2005, 331 páginas.

Elisabet Rollhauser
IESH-F.C.H.-UNLPam

María Elba Argeri es autora de diversas publicaciones sobre políticas indígenas e inmigratorias en Argentina, en los siglos XIX y XX. Este libro es la versión mejorada de su tesis doctoral, defendida en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, y consta de dos partes.
En la primera parte, la autora trata cuestiones historiográficas y delimita el objeto de estudio, además de plantear el problema de investigación. Allí, realiza un recorrido por diferentes corrientes historiográficas en la Argentina, entre ellas la historiografía liberal y el revisionismo, señalando que en ambas, los indígenas fueron completamente invisibilizados, y -con juicios de valor positivos o negativos- aceptaron la visión según la cual habían sido exterminados en las campañas militares de fines del siglo XIX. Más entrado el siglo XX, a principios de la década de 1980, una serie de autores como Raúl Mandrini, Alberto Rex González, Miguel Ángel Palermo y Marta Bechis plantearon posturas renovadoras en la forma de abordar la historia de los indígenas. Una visión más compleja y menos estereotipada de estas sociedades, junto con los procesos de deconstrucción de las imágenes de la homogeneidad nacional, serán los pilares a partir de los cuales podrá pensarse y analizarse la existencia de indígenas en los territorios nacionales una vez perdida su autonomía.
La segunda parte presenta los resultados de su investigación, que aborda el proceso de desarticulación de las jefaturas indígenas, la adaptación de estos sujetos a la sociedad y al Estado argentino, y la manera en que tuvo lugar dicha adaptación. El título de la tesis: De guerreros a delincuentes"... pretende reflejar el proceso de conquista y subordinación, que específicamente desde el poder judicial se llevó a cabo en los territorios recién incorporados -ella analiza en particular el de Río Negro-. Este procedimiento implicó una forma de integración de los indígenas al orden nacional mediante la imposición de una ley que regía de igual manera para todos los habitantes de los territorios, sin tener en cuenta las normas previas de la sociedad indígena.
Una vez sometidas las poblaciones nativas, se llevó adelante la ocupación de jure y de facto: las legislaciones nacionales comenzarán a regir en los territorios usurpados, entre las que se destaca la Ley Orgánica 1532 de 1884, que crea y organiza los Territorios Nacionales y también el Código Rural de los Territorios Nacionales de 1894. Con la presencia del Estado en estas regiones, las sociedades preexistentes -o lo que quedaba de ellas-, terminarán por desmembrarse y desarticularse, debido a que su universo -tal como era concebido por ellos- fue gradualmente destruido. Por ejemplo, su economía doméstica entró en conflicto con la propiedad privada y el cercamiento de los campos; las extensas redes comerciales que se tejieron en toda la Patagonia -que tenían como principales puntas de comercio Carmen de Patagones y Chile- fueron desmembradas, a pesar de la participación de criollos, españoles y sirio libaneses en estos circuitos; y también se prohibieron las prácticas como las "boleadas". Con estas medidas los indígenas comenzaron a entrar en conflicto por los bienes con la población recién llegada. A la integración forzada al Estado se sumó la obligación de proletarizarse y contar con la papeleta de conchabo, lo que restó aún más movilidad a estos sujetos.
En el plano de la vida privada, sus costumbres también se vieron alteradas porque para ser integrados a la órbita estatal y social, se procuró la imposición del matrimonio según las leyes nacionales. Pero como la mayoría de los indígenas no formalizaban sus uniones de hecho ante la ley, en los casos de mujeres que convivían con los "arrimados" en los toldos o tenían relaciones sexuales libremente (tal la costumbre indígena en las décadas de existencia autónoma), los hijos fruto de esas relaciones les eran sustraídos y colocados en conventos, colegios religiosos o casas de "familias decentes", donde eran obligados a trabajar en un régimen de servidumbre, no exento de malos tratos y violencia sexual.
En estas condiciones, los indígenas desplegaron estrategias de supervivencia y resistencia variadas. Un ejemplo de ello fueron los repetidos pedidos de tierras realizados a las autoridades nacionales por los caciques de cada una de las comunidades. En algunos casos las mismas fueron otorgadas, aunque el Estado pretendió integrarlos dándoles sólo pequeñas concesiones. Pero por otro lado los terratenientes y dueños de tierras en la Patagonia presionaron para que esto no ocurriera, pues pretendían que los indígenas se desempeñaran como mano de obra en sus estancias. Por consiguiente, en el sur argentino -más precisamente en Río Negro que fue el caso tomado por la autora-, los que detentaban el poder político y económico desarrollaron relaciones clientelares, donde el abuso de autoridad era denunciado constantemente. Sólo los jueces eran quienes de vez en cuando impedían arreglos ilegales y por ello entraron en conflicto de manera casi permanente con los gobernadores locales, que ejercían un tipo de autoridad con muy pocas restricciones.
En este estudio se observa que a partir de la interrelación en un mismo espacio de la sociedad "vencedora" con la "vencida", el resultado da un componente especial de relaciones sociales complejas muy conflictivas, además de la competencia por los bienes y los recursos de la región. Mientras los sectores de poder locales obtuvieran buenos beneficios, la ley natural y las costumbres consuetudinarias seguirían imperando por sobre las normativas legales, pero cuando las circunstancias lo requerían era la legislación nacional la que se aplicaba.
Una de las principales fuentes utilizadas por la autora es un corpus de 1.066 causas judiciales correspondientes a la Justicia Letrada de Río Negro. En ellas analiza no sólo la violencia social (a partir de la selección de carátulas como abuso de la autoridad, atentado a la autoridad, usurpación de la autoridad, lesiones graves, fuga de presos, incendios, embriaguez, ostentación de armas y algunos homicidios), sino también las causas de la apertura del sumario inicial, los actores y las argumentaciones, diferenciando qué elementos pesaban en los dictados de sentencia según los casos. Pese a la influencia del positivismo decimonónico, Argeri plantea que en la formación de los jueces la criminología positivista y las opiniones de los médicos y peritos no pesaban tanto como las argumentaciones de fiscales y defensores.
Además de estos documentos, se utilizan los sumarios policiales, estadísticas, copiadores de nota de la policía, expedientes de la justicia de paz territoriana, de la gobernación y de los ministerios nacionales, así como leyes y decretos presidenciales, la prensa de Viedma y Carmen de Patagones. En cada una de las temáticas que la autora somete a análisis, contrapone fuentes de fines del siglo XIX y principios del XX con aquellas producidas a principios o mediados del XIX, que le permiten establecer cuáles eran las normativas indígenas respecto del matrimonio, los códigos de honor, la reciprocidad, entre otros aspectos, en tiempos de su existencia autónoma, y señalará que tras la firma de la rendición, estas normas no cambiaron automáticamente.
La obra aquí reseñada es una importante contribución al conocimiento de la sociedad norpatagónica entre 1880-1930 y, en particular de los indígenas y su relación con el resto de los pobladores. El aporte fundamental de la autora es la visión y análisis ampliado y completo del panorama socio-político norpatágonico en los años mencionados, y los mecanismos mediante los cuales se pretendió -con mayor o menor éxito según los casos y las épocas- la desestructuración de las jefaturas indígenas y los modos de vida de estas sociedades.