ARTÍCULOS

La irrupción del poder obrero en los ingenios azucareros: avances, límites y cuestionamientos. Tucumán, 1944-1949

Florencia Gutiérrez¹

Resumen: Durante la primera década peronista los trabajadores interpelaron la casi omnipresente autoridad de la patronal en las fábricas e impulsaron una transferencia de poder que cuestionó la facultad de los industriales sobre decisiones hasta ese momento consideradas como excluyentes: la administración y organización de la fuerza laboral y el control de los procesos productivos. En el caso de los ingenios azucareros tucumanos, las huelgas declaradas para exigir el despido de ciertos referentes de la jerarquía fabril y la institucionalización del escalafón se convirtieron en dos aspectos clave de esta redistribución del poder. Estas instancias vinculadas con la contratación, la promoción y el despido del personal interpelaron a los empresarios, quienes intentaron resistir el avance de los trabajadores, pero también confrontaron al gobierno peronista con el límite de lo aceptable, impulsándolo a controlar la magnitud del poder obrero.

Palabras clave: Sindicalismo azucarero; Poder obrero; Industriales; Peronismo; Tucumán.

The emergence of workers’ power in sugar mills: advances, limitations and questions. Tucumán, 1944-1949

Abstract: During the first decade of Peronism workers interpellated the almost omnipresent authority of the employers in factories and boosted a transfer of power that challenged the power of industrialists on decisions so far considered exclusive: the administration and organization of the workforce and the control of production processes. In the case of sugar mills from Tucuman, strikes to demand the dismissal of certain referents of the factory hierarchy and institutionalization of seniority became two key aspects of this redistribution of power. These instances -related to recruitment, promotion and dismissal of staff- interpellated businessmen who tried to resist the advance of workers, but they also confronted the Peronist government with its limit of acceptability, prompting it to control the amount of workers’ power.

Key words: Sugar unionism; Workers’ power; Industrial businessmen; Peronism; Tucumán.

La irrupción del poder obrero en los ingenios azucareros: avances, límites y cuestionamientos. Tucumán, 1944-1949

Durante la primera década peronista los trabajadores interpelaron la casi omnipresente autoridad de la patronal en las fábricas e impulsaron una transferencia de poder que cuestionó la facultad de los industriales sobre decisiones hasta ese momento consideradas como excluyentes: la administración y organización de la fuerza laboral y el control de los procesos productivos.
La agroindustria azucarera no fue ajena al avance del poder obrero. A partir de la irrupción de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), en junio de 1944, la declaración de huelgas destinadas a lograr el despido o reubicación de administradores, capataces, jefes de fabricación y cultivo y mayordomos se convirtió en una constante de la protesta laboral. En su primer petitorio la FOTIA denunció el "trato desconsiderado" de los representantes de los industriales a los obreros, los "diarios vejámenes" que cercenaban sus derechos y hacían imposible "vivir con tranquilidad y a cubierto de atropellos" (Schleh, 1947, p. 291). La protesta desbordó a la Federación y a la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión (DRSTyP), que no pudieron canalizar formalmente este tipo de demandas. En efecto, muchas de las huelgas declaradas por los sindicatos de ingenio para exigir el despido o reubicación del personal fueron desautorizadas o tildadas de ilegales por las autoridades de las agencias estatales.
Otra instancia que socavó las prerrogativas de los industriales fue el escalafón azucarero. Desde sus primeros petitorios, la Federación bregó por el reconocimiento de "escalas" o "categorías" laborales que suponían la clasificación y organización de los trabajadores y disminuían la facultad de la patronal en términos de contratación, despido o ascenso del personal. Este recurso de negociación, promovido por las autoridades de la FOTIA a través de petitorios, se concretó en decretos presidenciales que regularon la actividad azucarera. Ahora bien, más allá de los canales institucionales privilegiados por la Federación, los sindicatos de base capitalizaron las posibilidades abiertas por el escalafón para intervenir en la administración de la fuerza de trabajo, así como en la organización de los procesos laborales.
Con sentido transgresor, estas instancias de poder pusieron en tensión supuestos concernientes a la relación capital-trabajo, modificaron los límites de aquello que los obreros podían discutir con la patronal y alteraron los acuerdos, en gran medida tácitos, sobre el "sentido de los límites" y lo que podía o no expresarse legítimamente (James, 2006, p. 46). En este contexto de preocupaciones, analizaremos la forma en que los obreros azucareros percibieron y capitalizaron el poder ganado en las fábricas, la manera en que los industriales intentaron resistir esa interpelación que recortaba sus prerrogativas y cómo el propio Estado intentó contener el impulso obrero que él mismo había alentado.
La decisión de abordar el complejo azucarero se vincula con la importancia sustancial de la agroindustria en la dinámica social y económica de Tucumán. A mediados de la década de 1940, esta rama productiva estaba integrada por 27 ingenios de mediana capacidad productiva y alta dependencia de productores de materia prima, por lo general propietarios minifundistas. Este grupo estaba conformado 12.000 plantadores, quienes aportaban el 53% de la caña molida durante la zafra. Desde fines del siglo XIX, la puja distributiva entre cañeros e industriales por el precio de la materia prima fue un común denominador. El universo obrero era numeroso y complejo, para 1946 contabilizaba 20.000 trabajadores de fábrica (entre temporales y permanentes) y 110.181 braceros dedicados al cultivo y cosecha de la caña (71.782 temporales y 38.399 permanentes). El golpe de Estado de 1943 alentó la organización obrera y el diseño de una nueva política articulada en torno al tutelaje estatal. El ingreso del sindicalismo como factor de poder potenció la complejidad de la cuestión azucarera e incrementó la conflictividad intersectorial. El Estado implementó un sistema de subsidios y compensaciones a industriales y cañeros (en razón de los mayores costos productivos y los derivados de la política social) que lo ubicó como administrador y regulador de las demandas sectoriales, intensificadas por el poder de presión de la FOTIA.
Por último, cabe precisar que el recorte temporal propuesto se extiende desde 1944, con la fundación de la Federación obrera, hasta 1949, fecha en que el sindicato fue intervenido en razón de la negativa a poner fin a una medida de fuerza. Esta decisión, que se prolongó hasta 1955, supuso el avance de un proceso centralizador destinado a recortar las prerrogativas de los sindicatos de ingenio, entre ellas la potestad de declarar huelgas parciales. De esta forma, la dinámica de la protesta fue sustancialmente modificada. Entre 1950 y 1955, el descenso de la conflictividad laboral se conjugó con la resistencia articulada por las bases para no perder los márgenes de autonomía con que habían nacido en 1944. Se espera recuperar las implicancias de este problema en futuras investigaciones.²

El avance del poder obrero sobre la facultad patronal de reubicar y despedir al personal

A fines del siglo XIX, la intensificación del cultivo e industrialización de la caña de azúcar promovió la configuración de un heterogéneo universo obrero diferenciado en función del lugar de trabajo (fábrica o cañaveral) y la relación contractual establecida con los industriales y cañeros (permanente o transitoria). La estacionalidad de las labores productivas, signadas por el ritmo de la zafra, se convirtió en una arista medular del proceso productivo. Entre mayo y octubre las tareas de cosecha promovían la llegada de trabajadores temporales, oriundos –principalmente– de Santiago del Estero y Catamarca. La abrumadora presencia y precaria supervivencia de este mayoritario segmento contrastaba con las condiciones socio-laborales de los obreros permanentes de fábrica, particularmente de los más calificados, como los maestros de azúcar y los mecánicos. Este variopinto mundo laboral detentaba una organización centralizada y jerárquica comandada por la figura del administrador, quien contaba con la colaboración de técnicos y empleados encargados de supervisar los procesos laborales y pautar los ritmos productivos.
La configuración privada y paternalista de las relaciones entre el capital y el trabajo, propia de los ingenios, se proyectó en la fragilidad de la legislación azucarera y, por ende, en la vulnerabilidad y arbitrariedad de las condiciones de trabajo. La resistencia de los empresarios a convertir en derechos los beneficios sociales otorgados a sus obreros y el débil rol del Estado en estos espacios productivos fue una constante. En este contexto, las instancias de organización sindical, así como las formas de protesta y las estrategias de resistencia, fueron débiles e intermitentes. En 1904 tuvo lugar la primera huelga azucarera; la segunda coyuntura de protesta abierta y generalizada debió esperar hasta 1923. En los albores del siglo XX, la dificultad para articular paros generales se combinó con huelgas parciales, rápidamente sofocadas por la patronal.
A mediados de la década de 1930, la llegada del radicalismo al poder provincial implicó un giro en la concepción de la política laboral, produciéndose "una intensificación de la inspección y control de las normativas vigentes" (Ullivarri, 2011, p. 122). En este contexto, en 1935 tuvo lugar la experiencia asociativa azucarera de mayor alcance previa a la irrupción de la FOTIA: la Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera (UGTIA) que, vinculada al socialismo, pervivió hasta 1942. Sin embargo, la primigenia idea de constituir una organización de segundo grado que articulara los sindicatos de fábrica no pudo concretarse. La imposibilidad de multiplicar instancias de base horadó el fin último de la Unión General. Esta situación se imbricó con un posicionamiento institucional "reticente a declarar huelgas o realizar acciones directas", que impidió el desborde de los reclamos particulares (Ullivarri, 2011, p. 125). Como contrapunto, en 1942 en el ingenio San Pablo (Obanta) se fundó un sindicato que adhirió a la Federación Obrera de la Alimentación (FOA), de orientación comunista. A diferencia de la UGTIA, tenía "una actuación limitada a la esfera del ingenio y una patronal visible a quien enfrentar," situación que generó tensiones y represalias de los industriales (Ullivarri, 2011, p. 130).
Esta configuración sindical mereció variadas interpretaciones historiográficas, cuyos énfasis son clave para explicar la expansión fotiana. María Ullivarri (2011) señala el año 1935, con la fundación de la Unión General, como un punto de inflexión en la organización azucarera. Califica la sindicalización como un proceso lento y dificultoso, con magros resultados desde la perspectiva del conflicto huelguístico pero exitoso en términos de disputas simbólicas. Por su parte, Esteban Piliponsky (2012) argumenta que las organizaciones azucareras, sus conflictos con los industriales, sus divisiones internas, así como la interlocución con las centrales obreras, muestran que antes del golpe de Estado de 1943 "existía un importante grado de organización entre los trabajadores azucareros, con análogo grado de autonomía y límites de acción que el resto del movimiento gremial provincial" (pp. 321-322). Este posicionamiento acentúa la presencia y heterogeneidad ideológica de la dirigencia sindical previo a la irrupción peronista, y refuerza el postulado de la cooptación y coerción ejercida por el gobierno militar y el peronismo sobre estos actores.
Sin desmerecer los intentos organizativos anteriores a la irrupción de la FOTIA y valorando los esfuerzos por complejizar el mapa asociativo previo al peronismo, considero que la dinámica de la protesta, la precariedad y discrecionalidad de las condiciones laborales agroindustriales, el recurrente incumplimiento de las conquistas adquiridas y el circunscripto radio de acción sindical, revelan, más que la fortaleza, la intermitencia y debilidad de la organización azucarera.³
En tal sentido, este conjunto obrero rezagado en sus reivindicaciones, sujeto a la discrecionalidad de la "política del buen patrón", con débil recorrido en instancias de negociación sectorial, y jalonado por intentos de organización y estrategias de resistencia que pocas veces superaron los reclamos particulares, capitalizó el estímulo sindical estatal. Desde el Departamento Provincial de Trabajo y luego desde la DRSTyP, Carlos Aguilar alentó la postergada creación de un sindicato por ingenio, células que en junio de 1944 convergieron en la fundación de la FOTIA. La Federación asumió una estructura descentralizada, caracterizada por el amplio margen de autonomía de los sindicatos de base que, entre otras atribuciones, detentaban la potestad de declarar paros parciales. Esta fisonomía condicionó la dinámica de la protesta hasta fines de 1949, cuando la negativa de la FOTIA a poner fin a la huelga de octubre de ese año concluyó con su intervención, proceso que se prolongó hasta 1955 (Schleh, 1947, p. 195).⁴
En lo que atañe a la agroindustria, el avance de la sindicalización y la "coyuntura de oportunidades políticas" abierta por el golpe de Estado de 1943 modificaron las condiciones en que los trabajadores irrumpieron en la puja distributiva por el ingreso azucarero.⁵ En tal sentido, la forma en que fueron redefinidas las expectativas de éxito de las medidas de fuerza y la profundización de los niveles de organización laboral alentaron la declaración de huelgas e introdujeron una inédita causa de paralización de las actividades: el trato "desmedido" o "desconsiderado" que los administradores y personal jerárquico dispensaban a los obreros y, por ende, el reclamo para exigir el despido de estos "estrechos colaboradores" de los industriales.
El 13 de noviembre de 1945, el sindicato de obreros de La Trinidad se declaró en huelga para pedir la reincorporación de Simón Salguero y la separación o traslado del administrador, Luis Gallardo. Los primeros días de diciembre, once sindicatos del sur de la provincia se plegaron a la medida de fuerza para manifestar su solidaridad con esta demanda. Ese mismo año obreros del ingenio San José exigieron la "exoneración" del jefe de fabricación y de cultivo, a quien acusaron de actuar de forma contraria a los intereses gremiales.⁶ El sindicato del ingenio Amalia solicitó en 1946 el alejamiento del jefe mecánico Antonio Stoopman por su "trato desconsiderado, violento en sus contestaciones, procaz en sus reprensiones" y por atacar en forma "sistemática a los dirigentes del sindicato obrero".⁷ Igual reclamo hizo en 1947 el sindicato del San Juan, que solicitó la "separación" de Segundo Gómez, mayordomo de la finca Lizárraga.⁸ En 1948 el sindicato de Mercedes recordaba que en 1945 había solicitado el despido del administrador, Rodolfo Moisá, y del contador, Lino Escobar, "por la manera brutal, desconsiderada e inhumana con que trataban a los obreros y empleados". En esa coyuntura solo lograron el despido de Moisá y, para sorpresa de los trabajadores, Escobar fue ascendido a administrador, motivo por el que tres años después volvían a bregar por su retiro.⁹
Las exigencias obreras destinadas al despido o reubicación del personal jerárquico, es decir, de aquellos sujetos encargados de supervisar las tareas laborales y marcar los ritmos productivos en las fábricas y colonias azucareras, expresaron la pretensión de los sindicatos de intervenir en una esfera de competencias hasta ese momento estrictamente patronal. Frente al avance del poder obrero, los industriales remarcaban que no era admisible ni tolerable que "la permanencia en sus puestos de los empleados en quienes los Ingenios han depositado su confianza, esté supeditada a la voluntad de los Sindicatos que se creen facultados para pedir su retiro, si la actuación de ellos no les satisface".¹⁰ En este sentido, frente al conflicto desatado en La Trinidad en noviembre de 1945, que exigía la separación o traslado del administrador, el Centro Azucarero Regional (CAR), corporación que nucleaba a los industriales, envió un telegrama al ministro del Interior para expresar su preocupación por el avance obrero:

"La causa originaria de este conflicto no puede ser más improcedente. V. E. podrá apreciar que ya no se trata de exigencias de los sindicatos por encima de las leyes, decretos, reglamentaciones y convenios…Se pretende ahora, nada menos, que tomar ingerencia [sic] en la administración de la fábrica y en tan inaudito propósito el sindicato obrero se cree autorizado para sustituir la dirección del directorio de la compañía, y disponer, en consecuencia, con respecto al administrador del ingenio."¹¹

Los empresarios no dejaron de subrayar la vinculación del avance obrero, encarnado en este tipo de huelgas, con la caída de la productividad. En septiembre de 1946, el CAR enumeraba las causas que entorpecían el desarrollo de la cosecha y que, por ende, determinaban "sensibles mermas en la producción". Denunciaron las "caprichosas o arbitrarias" interpretaciones que los sindicatos hacían de los decretos y conducían a las huelgas, y las cada vez más frecuentes demandas vinculadas a la eliminación "del personal de empleados con funciones de responsabilidad, que son los encargados de velar por el cumplimiento y el respeto de las disposiciones legales" (Schleh, 1947, p. 536).
Recuperando la voz de los industriales, el diario La Nación se hizo eco de la situación azucarera. En un editorial entrelazó las tres cuestiones que subyacían en estas "inadmisibles pretensiones": la pérdida del poder de la patronal para designar al personal, removerlo o trasladarlo; la imposibilidad de garantizar la disciplina obrera y su consecuencia directa, es decir, la caída de la productividad.¹² Como lo señaló Marcos Schiavi, "lo que en realidad se discutía cuando se hablaba de productividad era la cuestión del poder en los lugares de trabajo" (2011, p. 177).
El avance sindical impugnó la autoridad empresarial en los ingenios pero también interpeló al gobierno peronista, que se vio obligado a contener los desbordes de la ofensiva obrera y precisar los "sentidos de los límites" que él mismo había coadyuvado a subvertir. De esta forma, se articuló un juego de tensiones y mutuos condicionamientos. El respaldo que el Estado brindó a los reclamos obreros se conjugó con llamados a la disciplina y la productividad y con la declaración de ilegalidad de medidas de fuerza, particularmente las vinculadas con las exigencias de despidos del personal jerárquico y administrativo de las fábricas. La declaración de "rebeldía improcedente" con la que en 1946 la DRSTyP calificó la huelga del ingenio Florida para oponerse al traslado del mayordomo, constituye una evidencia en este sentido.¹³
La magnitud del descontento obrero y la multiplicación de paros parciales destinados a remover empleados fabriles, encontró su punto álgido en septiembre de 1946, fecha en que Manuel Parés presentó su renuncia como delegado regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión.¹⁴ Alegó no poder desempeñar sus funciones de conciliación en medio de la indisciplina obrera y, como contrapunto, sugirió que los conflictos en los ingenios debían canalizarse a través del secretariado de la FOTIA "para que después de agotarse la tramitación legal dispuesta…se planteen con carácter definitivo". En este orden de preocupaciones, aludió a la posibilidad de perder el apoyo del gobierno central y abogó por la concreción de una tarea gremial "orgánica y en base a una elemental disciplina con la que se evitarán las críticas de los adversarios y se podrá efectuar una obra constructiva" (Schleh, 1947, p. 538).¹⁵
A fin de mediar en esta tensa situación, el día 5 de septiembre llegaron a Tucumán el comandante de la Gendarmería Nacional y el subinsepctor general de Delegaciones Regionales de la STyP. En una de las visitas realizadas a los ingenios, el comandante Solveira Casarez llamó a los obreros a agotar los extremos legales antes de usar el derecho a huelga y subrayó que la prioridad era aumentar la producción, lo que suponía evitar conflictos que perturbaran la cosecha:

"Antes de ir a las huelgas, dijo, los obreros deben establecer la justicia que les asiste, medir los casos, formalizar reclamaciones…y pensar que cuando se paralizan las actividades a cada instante, sin causa justificada, se perjudica al Estado y se promueve la inquietud general que afecta a los hogares obreros… añadiendo que para defender a los obreros está el gobierno, pero que éste para obrar necesita que ellos no se precipiten ni reclamen lo que no puede razonablemente dárseles".¹⁶

La recomendación de no precipitarse hacia aquello que "razonablemente" no podía concedérseles remite al avance del poder obrero y a la dificultad que tuvo la dirigencia fotiana y el gobierno peronista para fijar los límites de las demandas laborales. "El peronismo era la causa y la consecuencia de esta transformación. La limitó y fue limitado por ella" (Schiavi, 2011, p. 189).¹⁷
La declaración de huelga para reclamar la cesantía del personal jerárquico o, como veremos más adelante, pretender incidir en la organización de los procesos laborales iba acompañada de un conjunto de repertorios de confrontación que revelan la dinámica de la protesta y evidencian otra arista del poder obrero. El telegrama que la Compañía Azucarera Tucumana envió en 1945 al interventor federal informándole de los sucesos en el ingenio La Trinidad sintetiza la "coreografía" del descontento. Los blancos de la violencia, las estrategias de disconformidad y la prescindencia policial conforman una trama de acciones y sentidos a desentrañar:

"Anoche a las veintitrés…un grupo de personas formados por obreros huelguistas cortó el agua y la luz para la población del ingenio "La Trinidad". Cortó además las líneas telefónicas, dejando aislado el establecimiento. Inmediatamente, y ante la impotencia policial, cometieron toda clase de desmanes, como ser disparos de armas de fuego y piedras contra las casas del ingenio, especialmente contra el domicilio del contador, cuyas puertas pretendieron forzar" (Schleh, 1947, p. 457).

La irrupción de los huelguistas en la usina eléctrica del ingenio, común denominador de las protestas desatadas en el periodo en estudio, implicaba no solo paralizar las actividades industriales, sino privar de luz al pueblo azucarero. Cabe precisar que en la década de 1930 el asalto a la usina fue un mecanismo resistido por los habitantes de los pueblos "que temían por la falta de luz, agua y servicio médico". En 1932, frente a una medida de fuerza de los obreros del ingenio Santa Ana, "los vecinos se juntaron en asamblea y aprobaron un paro parcial, respetando la usina, el hospital y la farmacia" (Ullivarri, 2008, p. 6). En este sentido, el carácter disruptivo habilitado por el golpe de Estado de 1943 y reafirmado por el peronismo habilitó estrategias que, engarzadas al avance del poder obrero, empujaron los límites de la protesta.¹⁸
Las huelgas iniciadas por los sindicatos de base, muchas de las cuales fueron desautorizadas y declaradas ilegales por la DRSTyP, se caracterizaron por la articulación de ciertas prácticas. El asalto a la usina combinado con el control de los portones de acceso al pueblo azucarero, la presencia intimidante de los huelguistas frente a los escritorios del personal administrativo y el apedreo a las viviendas del personal jerárquico fueron parte sustantiva de los repertorios de la protesta. En pocas ocasiones los blancos de violencia recayeron sobre los empleados de forma directa. Así relataba el director del ingenio Concepción al interventor de la provincia los sucesos que tenían lugar en su fábrica:

"Pongo en conocimiento de V. E. que en este momento es asaltado el ingenio Concepción por turbas concentradas desde horas de la mañana, cometiendo toda clase de desmanes en edificios administrativos, casas de familia, rotura de portones, cercas y otros daños…que aún no es posible precisar pues las puertas de entrada del establecimiento están en poder de los huelguistas, sin que la policía haya adoptado medida alguna a pesar de haber transcurrido más de hora y media desde la iniciación de los sucesos".¹⁹

Las formas de descontento revelan el avance de la protesta y la habilitación de repertorios de confrontación que condujeron al control temporario de la fábrica y los pueblos azucareros. Estas situaciones constituyeron un foco de conflictos con la patronal pero también con las autoridades de la FOTIA y la DRSTyP, que intentaron poner coto al avance obrero mediante la declaración de ilegalidad de paros que escapaban a su control y prescindían de su intermediación. En efecto, la dinámica de la conflictividad, anclada en la estructura descentralizada de la Federación, permite repensar cómo las "instancias de representación de base permitían generar y sostener conflictos desde la base, superando a las dirigencias" (Basualdo, 2010, p. 88). Situación que, como en el caso azucarero, generó tensiones intrasindicales y con las agencias estatales.
En este orden de preocupaciones, siguiendo la propuesta de Victoria Basualdo, cabe reflexionar sobre el ambiguo papel que pudieron desempeñar las representaciones sindicales de base. Por un lado, su fuerza para promover la organización obrera, articular reivindicaciones frente a la patronal y presionar a la dirigencia laboral provincial y nacional. Por otro, en razón de su inserción en la estructura del sindicalismo, su actuación podía convertirse en una instancia promotora del control y encuadramiento obrero (2010, p. 90). En lo que atañe a la esfera productiva azucarera, este papel bifronte sugiere, a manera de hipótesis, que el poder de movilización y conflictividad articulado por la dirigencia de base desbordó a los líderes fotianos y actuó como uno de los disparadores de la intervención de la Federación. Esta capacidad de confrontación no exime del desafío de analizar empíricamente la injerencia de los referentes fotianos en las células de base (expulsiones, intervenciones sindicales, renuncias de afiliados y comisiones directivas), a fin de evaluar los intentos de control y subordinación de los sindicatos de fábrica y surco.
Otro tópico recuperado por los dueños de los ingenios frente a las coyunturas de protesta fue "la pasividad de la policía", a quien se denunciaba por no "adoptar ninguna medida de represión con los ejecutores de tan repugnantes procedimientos".²⁰ La prescindencia policial permite pensar en la forma en que se relajaron los mecanismos de coacción oficial sobre los trabajadores, situación impulsada por el vínculo forjado entre el gobierno peronista y el sindicalismo. En efecto, una de las variables de la nueva coyuntura fue, justamente, la disminución de los costos de la protesta, particularmente por la "confianza en que desde el poder estatal no se recurrirá a la represión" (Mackinnon, 1996, p. 99).
Las coordenadas políticas también impactaron en la dinámica de las acciones. Las tensiones generadas al interior del peronismo tucumano entre el ala sindical y la vertiente "política" gravitaron en las cuestiones azucareras. La intención de FOTIA de arrogarse la representación del partido se proyectó en diversas situaciones pero encontró su punto álgido en las coyunturas electorales, cuando se definían las listas de candidatos a diputados, senadores, incluso las fórmulas gubernativas (Mackinnon, 2003, pp. 102-103).²¹ El reclamo de exclusivismo, sustentado en su nacimiento al impulso de la "Revolución de junio" de 1943 y su participación en la formación del partido laborista, alcanzó particular virulencia durante la gobernación de Carlos Domínguez (1946-1950), quien fuera cuestionado por la Federación por su condición de "porteño" y su desconocimiento de los problemas de la agroindustria.
Las tensiones entre los legisladores de matriz obrera y los "políticos", con posiciones más cercanas a Domínguez, incidieron en la dinámica azucarera de múltiples formas.²² A fines de 1946 la designación del jefe de policía fue resistida por los senadores, gran parte de ellos designados por la FOTIA, quienes amenazaron con renunciar si el funcionario no era reemplazado. En respuesta, el gobernador exoneró al presidente del Consejo General de Educación, Luis René Villacorta, figura representativa del sindicalismo azucarero. La protesta obrera también fue atravesada por estas divergencias. En tal sentido, el cuestionamiento que los diputados hicieron de las huelgas contrastaba con el respaldo brindado por los senadores vinculados a la Federación.
Un ejemplo que grafica esta tensión fueron los acontecimientos vividos en 1947 en el ingenio Santa Ana (administrado por el Banco de la Nación), cuando el sindicato obrero impugnó la separación del administrador, Gabriel Fuentes, promovida por la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, porque le "atribuía una acción antigremial en perjuicio de los empleados de ingenio".²³ La agudización de los conflictos condujo a las autoridades del Banco Central a intervenir el ingenio, decisión resistida por los obreros, quienes paralizaron las actividades. La oposición del sindicato a la medida oficial decidió al interventor a abandonar sus funciones, interponer "una acusación criminal en el Juzgado Federal contra el señor Gabriel Fuentes" y solicitar la cooperación de la policía para recuperar el control de la fábrica. En una coyuntura signada por el antagonismo entre los "políticos" y el bloque sindical, el gobernador interino Domingo Bruno, de raigambre obrera, se negó a enviar la fuerza pública. Consideraba que:

"como Gobernador he cumplido con mi deber al poner las fuerzas policiales a las órdenes del interventor…pero como hombre del pueblo que soy, como legislador surgido precisamente del Santa Ana, considero un deber de conciencia presentar mi renuncia antes que dirigir las tropas contra los obreros".²⁴

En síntesis, con un profundo sentido transgresor, los pedidos obreros vinculados al despido o reubicación del personal fabril coadyuvaron a la redistribución del poder fabril socavando tradicionales competencias patronales.²⁵ Si bien este tipo de protestas parciales, animadas por los sindicatos de base, fueron cuestionadas por la DRSTyP y la propia Federación, la intención de incidir en el mercado laboral azucarero fue un tópico que la dirigencia de FOTIA también recuperó de manera formal a través de petitorios.
En 1948 el sindicato reclamó la obligatoriedad de la patronal de dar trabajo a los hijos de los obreros permanentes desde los catorce años, para quienes también exigió el reconocimiento de esa condición.²⁶ Este pedido no solo pretendía garantizar la continuidad laboral, sino que le permitía al núcleo familiar extender el usufructo de la vivienda que, por lo general, los propietarios del ingenio otorgaban a los obreros permanentes. Asimismo, solicitó que en caso de "tomar nuevo personal y confeccionar listas de obreros" la patronal debía contar con el acuerdo del "sindicato que representa a los obreros agremiados, los cuales tendrán preferencia" (Schleh, 1948, p. 75). Al intentar privilegiar el ingreso de sus agremiados, la Federación pretendía profundizar su control sobre la contratación del personal azucarero. Por su parte, los industriales denunciaron las presiones de los dirigentes obreros, quienes reclamaban la incorporación o el despido de ciertos trabajadores sujetando sus reclamos a la pertenencia o desvinculación de estos actores con la Federación.
El reclamo de la FOTIA de transferir la condición obrera de padres a hijos fue finalmente incluido en el convenio colectivo de 1954. Esta normativa estableció que, en caso de vacantes obreras, la patronal "procure" dar preferencia, "en igualdad de condiciones, a los hijos de los obreros permanentes, fallecidos, jubilados o incapacitados".²⁷ Sin embargo, el inminente cierre de la primera década peronista, concretado con el golpe de Estado de 1955, redimensionó las relaciones entre el capital y el trabajo y neutralizó esta instancia de presión sindical.
Ahora bien, la intención del sindicalismo azucarero de incidir en la contratación, reubicación o despido del personal encontró otro canal de expresión: el escalafón. Como veremos a continuación, sus implicancias también actuaron en detrimento de la patronal.

La gravitación del escalafón en las prerrogativas empresariales

En los 15 meses posteriores a mayo de 1944 la Secretaría de Trabajo y Previsión impulsó la firma de alrededor de 700 contratos laborales, cifra que contrastaba con los 400 que fueron rubricados entre 1941 y 1943. La intervención del Estado y el sindicalismo en nichos obreros hasta ese momento dominados por "un sistema de relaciones extremadamente arcaico" implicó la "redefinición de las relaciones de autoridad en las empresas, al establecer una instancia por encima de los patrones, a la que los trabajadores podían apelar" (Torre, 1990, pp. 89-90). Con el correr de los años, esos convenios se instituyeron como verdaderos cuerpos legales que ampliaron y profundizaron la legislación social impulsada por el gobierno peronista y restringieron la casi omnipresente autoridad de la patronal sobre los obreros. Los convenios colectivos crearon "un orden legal en un entorno que alguna vez fue arbitrario, entronizando un código de derechos laborales" (Doyon, 2006, pp. 288-289).
Los convenios estipularon importantes beneficios sociales: vacaciones pagas anuales, licencia por matrimonio, aguinaldo, pago de suplemento por antigüedad y reconocimiento del salario familiar, entre otros. Pero quizás una de las novedades más disruptivas fue el "escalafón", es decir, la intrincada gama de categorías socio-ocupacionales que nombraba, clasificaba, ordenaba y organizaba a los trabajadores.²⁸ Este desglose se convirtió en un recurso clave para menoscabar la facultad de los industriales en términos de contratación, despido o promoción del personal.
En el caso de la agroindustria, a dos meses de su fundación, la FOTIA elevó al delegado regional de la STyP su primer petitorio, en el que solicitaba el reconocimiento del escalafón "para las distintas calificaciones de obreros que colaboran en la industria azucarera y tareas de su extensión", es decir, para los trabajadores de fábrica y surco (Schleh, 1947, p. 266). La Federación denunciaba que las escalas vigentes no solo eran mínimas, sino que eran mantenidas en su "estricto valor inferior" y solamente mediante requerimientos forzosos se lograban ascensos que, a su vez, generaban una "retribución desacorde para actividades semejantes". En este contexto de demandas anexaron al petitorio una planilla que diferenciaba 101 "escalas" laborales (54 de fábrica y 47 de cultivo).
En enero de 1945, la repuesta del gobierno emanado de la "Revolución de junio" de 1943 a ésta y otras demandas sectoriales se plasmó en el Decreto 678.²⁹ Esta normativa recuperó las reivindicaciones obreras vinculadas con el escalafón al reconocer 112 categorías (62 de fábrica y 50 de surco). La fisonomía descentralizada adoptaba por la FOTIA modeló la aplicación de esta novedad laboral e impulsó un proceso de acuerdos sectoriales negociados ingenio por ingenio. Empresarios y dirigentes sindicales de base gestionaban la ubicación del personal de fábrica, el reconocimiento de los oficios y la realización de las tareas agrícolas que debían desarrollarse en las colonias, tratativas realizadas bajo la supervisión de la FOTIA y la DRSTyP.
La complejidad y precisión con que fueron definidos los oficios y las tareas azucareras fue capitalizada por los dirigentes sindicales, quienes exigieron el cumplimiento del mayor número de "escalas" con el propósito de incrementar los niveles salariales y de empleo. En este contexto de aspiraciones obreras, los sindicatos bregaron por la constante revisión y observancia del escalafón azucarero. De esta forma, irrumpieron una serie de reclamos que pretendían incidir en la organización de los procesos laborales y en la contratación o reubicación del personal, consideradas hasta ese momento como incuestionables prerrogativas patronales.
En el espacio fabril el sindicalismo procuró intervenir en las reubicaciones y ascensos laborales. El sindicato del ingenio Los Ralos solicitó para el obrero Juan Vargas la adjudicación de la categoría de medio oficial, en tanto "en época de reparaciones de maquinarias trabaja como ayudante práctico y manifiesta que esta categoría no le corresponde por los conocimientos que posee".³⁰ El sindicato del Manantial firmó un convenio con la patronal que reconocía una nueva clasificación para el obrero Víctor Fernández, quien ascendió a la categoría de medio oficial cobrero.³¹ Lo mismo sucedió en el ingenio San José con los obreros Víctor Pulido y Segundo Pérez, reubicados como medios oficiales mecánicos.³² En La Providencia, la FOTIA y la DRSTyP intercedieron para la clasificación de varios obreros como medio oficiales albañiles y ayudantes prácticos de albañilería.³³ Por su parte, el sindicato del ingenio Lastenia solicitó el reconocimiento de las tareas desempeñadas por el capataz del salón de azúcar y los estibadores, así como el aumento del personal de hornos.
La clasificación de oficios y tareas suscitó interpretaciones contradictorias que enfrentaron a obreros e industriales e implicaron la constante reformulación del escalafón. Los decretos presidenciales que regularon la actividad agroindustrial expresan la puja sectorial y el progresivo avance del sindicalismo azucarero. En tal sentido, los 112 oficios y tareas dispuestos en enero de 1945 se rediscutieron en 1946, dando lugar a un decreto que precisó el régimen salarial a partir de una nueva reforma del escalafón, que estableció 285 categorías (154 de fábrica y 131 de surco). En 1947 la clasificación volvió a rediscutirse para fijar un total de 444 categorías (224 de fábrica y 220 de surco), cualificación que sirvió de base para los aumentos salariales estipulados en el decreto de febrero de 1949. Un análisis comparativo de los decretos permite evidenciar dos tendencias: la creación de nuevas categorías ocupacionales, antes incluidas en una escala,³⁴ y el aumento de la gradación jerárquica asociada a los oficios que habilitaban la condición de permanencia.³⁵ La discriminación y desglose de ocupaciones evitaba la multifuncionalidad de tareas desempeñadas por un obrero; por su parte, el rango jerárquico contribuía a fijar una pauta predecible de ascenso laboral.
La etapa más controvertida para la aplicación y cumplimiento del escalafón se extendió entre 1945, año de su reconocimiento legal, y 1949, cuando un nuevo decreto presidencial precisó que la calificación de oficios y tareas era únicamente "enunciativa". A lo largo de este periodo, el problema del escalafón se convirtió en un instrumento de negociación sindical que menoscabó tradicionales prerrogativas patronales e impidió a los industriales "administrar la fuerza de trabajo como una masa relativamente indiferenciada". Este quiebre imposibilitó a los empresarios seguir utilizando su casi ilimitado poder como una medida disciplinaria tendiente a controlar a los "agitadores sindicales". Asimismo, el escalafón otorgaba una "pauta predecible de ascenso" que cercenaba la libertad patronal frente a una eventual vacante, en tanto la obligaba a privilegiar el ascenso del trabajador que ocupaba la categoría inmediatamente inferior. Por su parte, el obrero que era asignado en una categoría superior, a fin de cubrir una vacante, tenía derecho a percibir el salario de esa calificación y debía ser reasignado en un plazo no mayor de dos meses; si la transferencia era a un nivel inferior el salario no podía disminuirse (Doyon, 2006, p. 287).
Las demandas vinculadas con la esfera agraria se orientaron a extender el cumplimiento de la mayor cantidad de actividades de cultivo y cosecha precisadas en los decretos. En noviembre de 1945, los obreros de los ingenios San José y Amalia se declararon en huelga para expresar su desacuerdo con la organización de los trabajos de cultivo. Denunciaron la negativa de los empresarios a realizar tareas de desaporque a determinados tipos de caña. Igual reclamo realizó el sindicato de La Trinidad al solicitar que se modificara la forma en que se realizaba el cultivo de la caña, en tanto la reducción de ciertas tareas perjudicaba "la economía de numerosas familias" (Schleh, 1947, p. 458).³⁶ Por su parte, el sindicato de obreros de surco de La Arcadia denunció a los cañeros, quienes se habían "olvidado" que para desaporcar la caña de azúcar primero había que "centrear", tarea que no habían realizado.³⁷
La puja por el cumplimiento de las actividades agrícolas estipuladas en los decretos generó una serie de reclamos y desavenencias sectoriales que impulsaron al CAR a señalar que la planilla de tareas y su correlato salarial no suponían que la patronal debiera realizar "todos los trabajos allí enumerados", sino los que considerara "necesarios". Entendían que lo contrario significaba sacar de manos de los dueños la dirección del proceso productivo y transferir dicha potestad a quienes solo tenían que ejecutar el trabajo encomendado.³⁸
En lo que atañe al escalafón, los empresarios señalaron que complicaba la definición de las actividades productivas, en tanto perturbaba la "equitativa ubicación del trabajador por la dificultad muchas veces del adecuado deslinde" y hacía "desaparecer el peón común, con el consiguiente aumento del salario" y de los costos productivos (Schleh, 1947, 163). También denunciaron que la maraña de oficios y actividades discriminadas en las planillas era capitalizada por los sindicatos para avanzar sobre sus excluyentes facultades de contratación, despido o promoción de la mano de obra.
Las demandas se agudizaban en época de reparaciones, cuando los reclamos se orientaban a asegurar la continuidad laboral del mayor número de obreros. En noviembre de 1945, el sindicato del ingenio Concepción solicitó que fueran "ocupados los obreros de colonias que se hallan sin trabajo desde hace bastante tiempo". En respuesta, los industriales se comprometieron a garantizar 20 días de trabajo mensual a los obreros de fábrica a quienes el ingenio considerara necesarios a "su exclusivo leal saber y entender", es decir, en razón de las necesidades del periodo interzafra.³⁹
Asimismo, los empresarios cuestionaron la permanente disconformidad de los sindicatos, que una vez firmados los convenios los impugnaban con el propósito de avanzar en sus reivindicaciones. A modo de ejemplo, en agosto de 1946 el CAR denunció la huelga declarada en el ingenio San Juan, motivada por la exigencia sindical de "modificar por su sola determinación, la clasificación hecha para las tareas del personal que trabaja en la fábrica, clasificación que fue realizada con las formalidades de la práctica". La complejidad de esta situación recrudecía cuando afloraban las rivalidades entre sindicatos, en tanto, la puja de las organizaciones por fijar quién planteaba "a favor de sus asociados mayor número de exigencias" agudizaba la efervescencia obrera.⁴⁰
La transferencia del poder en las fábricas y las complejas tensiones sectoriales desatadas por el escalafón encontraron su límite en el propio poder del Estado que las había alimentado. El punto de inflexión se alcanzó en febrero de 1949 con la promulgación del Decreto 2895. La nueva normativa declaró que era facultad privativa de la administración de los ingenios "la organización del trabajo y la designación de su personal". En tal sentido, remarcó que la planilla de calificación era "enunciativa y al solo efecto de establecer los salarios que corresponden a cada categoría". Esta misma precisión "enunciativa" se hizo extensiva a los trabajos de cultivo y cosecha. Con la promulgación de este decreto las arduas negociaciones sindicales en favor de la institucionalización y aplicación del escalafón encontraron su límite, en tanto el carácter "indicativo" de la planilla cercenó la capacidad de negociación obrera. Así, se desdibujó una herramienta sindical que sirvió para impulsar la movilidad salarial, ampliar los niveles de empleo y contribuir a las promociones y ascensos obreros.
Las implicancias de este nuevo decreto se imbricaron con la intervención de la FOTIA, luego de la huelga de octubre de 1949. Esta situación sumió a la dirigencia de base en nuevas instancias de deliberación vinculadas con la defensa de la autonomía de los sindicatos de base (manejo de la caja social, atribuciones disciplinarias, derecho a declarar huelgas, reforma de los estatutos, etc.). Estas prerrogativas fueron cuestionadas por el avance centralizador de la intervención que, acatando directivas de la Confederación General del Trabajo (CGT), procuró revertir el carácter federativo y descentralizador de la FOTIA. La cualidad "enunciativa", el nuevo derrotero sindical azucarero y la desfavorable coyuntura económica presente desde 1949 imprimieron renovados significados a la protesta, cuya efervescencia fue drásticamente disminuida.
El quiebre definitivo de la impronta del escalafón sobrevino con el convenio colectivo azucarero de 1954, que cerró la primera década peronista. Esta nueva normativa no sujetó los incrementos salariales a las escalas laborales, sino a las distintas relaciones contractuales, es decir, según se tratase de obreros a destajo, a jornal o mensualizados.⁴¹ De esta forma, la FOTIA asistió al desvanecimiento de una estrategia de negociación sustentada en la cualificación, que ya había mermado su capacidad de injerencia con el decreto de 1949.
En síntesis, el escalafón cuestionó las atribuciones de la patronal y modificó las fronteras de los reclamos obreros. El progresivo deslinde de las calificaciones laborales interpeló las formas de autoridad y prerrogativas de los empresarios y alteró ese muro de contención, muchas veces implícito, que definía lo que los trabajadores podían discutir con los industriales. Por ende, su implementación gravitó no solo en la dinámica laboral y la negociación sindical, sino que afectó los sentidos de la deferencia y los acuerdos que tradicionalmente limitaban el avance obrero.
Fue el Estado peronista el que a partir de 1949 intentó poner coto a este "desafío herético" que él mismo había impulsado (James, 2005, p. 58). El escalafón puso en tensión los límites de aquello que el gobierno estaba dispuesto a secundar y lo obligó a volver sobre sus pasos para controlar ese instrumento de poder sindical que acicateaba la lucha de clases y atentaba contra el ideal de armonía social. La implementación y avance de esta compleja gradación de categorías socio-ocupacionales remiten a esa tensión inherente al peronismo: su carácter de "movimiento social" profundamente herético y sus necesidades como "forma de poder estatal". En lo que respecta a la agroindustria azucarera, fue el año 1949 el que marcó la necesidad de controlar esa primigenia actitud desafiante en procura de asimilarla a "una nueva ortodoxia patrocinada desde el Estado" (James, 2005, p. 51).

Consideraciones finales

La sindicalización de los obreros azucareros, alentada por la "Revolución de junio" de 1943 y profundizada con la llegada del peronismo al poder, se articuló en un espacio social jalonado por intermitentes y débiles intentos de organización laboral. Una de las aristas inherentes a este proceso fue la redistribución del poder fabril en favor de los obreros. Esta transferencia empujó los límites de los reclamos de los trabajadores y quebró la autoridad patronal subvirtiendo los códigos de deferencia y las tácitas fronteras que delimitaban aquello que los "de abajo" podían expresar, demandar o discutir con los industriales.
En el caso azucarero, la estructura descentralizada de la FOTIA resulta clave para explicar la dinámica que alcanzó el trastrocamiento de las relaciones laborales. Los ingenios se convirtieron en espacios dinamizados por el poder ganado por los trabajadores, quienes capitalizaron la fisonomía organizativa de la Federación y, valiéndose de la autonomía de los sindicatos de base, declararon huelgas para exigir el despido o reubicación del personal jerárquico, incidir en la contratación y promoción de los obreros e intervenir en la organización de los procesos laborales. Estos paros parciales, muchos de ellos desautorizados por la dirigencia sindical y la DRSTyP, se conjugaron con el reconocimiento del escalafón, demanda que la Federación articuló de forma institucional a través de petitorios.
El escalafón se convirtió en una estrategia de negociación y poder sindical que trastrocó las tradicionales atribuciones de la patronal en lo referente a la organización y administración del personal. Sin embargo, la institucionalización de estas categorías laborales, incorporadas en los decretos nacionales que regularon la actividad azucarera, también fue desbordada por el avance de los sindicatos de ingenio, que capitalizaron sus implicancias y potenciaron formas de protesta, muchas veces desautorizadas por las agencias estatales y la propia dirigencia de la Federación.
Los industriales intentaron resistir esta transferencia de poder en las fábricas y defendieron sus tradicionales prerrogativas agitando la bandera de la productividad y el fantasma de la imposibilidad de abastecer el mercado interno en medio de la indisciplina obrera. En lo que respecta al peronismo estas instancias proyectaron su impronta herética pero también condensaron las tensiones de su propia naturaleza, que lo obligaba a conciliar su desafiante fuerza, inherente al carácter de movimiento social, con los requerimientos propios de su condición de poder estatal (James, 2005, pp. 46-47). En tal sentido, la transferencia y construcción del poder obrero en las fábricas azucareras confrontó al Estado con los límites de lo aceptable, situación que lo orilló a limitar las inéditas y desafiantes prerrogativas de los trabajadores. La ilegalidad con que la DRSTyP respondió a muchas de las huelgas destinadas a incidir en la contratación o despido del personal o intervenir en los procesos productivos, sintetiza este dilema constitutivo del peronismo.

Notas

¹ Instituto Superior de Estudios Sociales-Universidad Nacional de Tucumán/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas. Argentina. Correo electrónico: florenciagutierrezb@yahoo.com.

² En lo referente a las fuentes utilizadas en esta investigación cabe precisar las limitaciones vinculadas a la ausencia del archivo de la FOTIA, destruido en la última dictadura militar. Dicho vacío procuró ser compensado con otro tipo de documentación como la prensa local y nacional, las compilaciones legales sobre el azúcar (material rico en información sobre conflictividad obrera), el órgano de prensa de los industriales, los petitorios obreros, así como los decretos nacionales y leyes vinculados al funcionamiento agroindustrial. A esta carencia se suma la imposibilidad de acceder a los archivos de empresas, particularmente cuando se trata de reconstruir aristas del mundo del trabajo. Este cuadro de situación revela los límites y desafíos metodológicos impuestos al abordar este tipo de estudios.

³ La prohibición del pago con vales -conquista de la huelga de 1904- y la ley que en 1925 declaró la asistencia médica obligatoria en los ingenios, permanecían en la agenda de reivindicaciones obreras de los años cuarenta.

⁴ El estatuto de la FOTIA concedía a los sindicatos de base autonomía para decidir sobre la disciplina de sus asociados, el manejo de la caja social y la libre disposición de sus fondos, la elección de su delegado al Consejo Federal y la reforma de su normativa interna. Además, cada sindicato podía declarar la huelga gremial, mientras que la general era una prerrogativa del Consejo Federal, conformado por los delegados de los sindicatos o aquellos elegidos por mayoría en las asambleas de sus respectivos gremios. Ver las implicancias de esta fisonomía organizativa en Gutiérrez (2012, pp. 133-169).

⁵ El concepto "coyuntura de oportunidades" es recuperado de Tarrow (1997, p.155).

⁶ La Gaceta, 26 de septiembre de 1945. Archivo del diario La Gaceta (ADLG), San Miguel de Tucumán.

⁷ La Gaceta, 24 de abril de 1946. ADLG, San Miguel de Tucumán.

⁸ Trópico, 21 de octubre de 1947. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), San Miguel de Tucumán.

⁹ Trópico, 29 de julio de 1948. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tucumán (BCUNT), San Miguel de Tucumán.

¹⁰ La Industria Azucarera, N° 550, diciembre de 1947, p. 595. EEAOC, San Miguel de Tucumán.

¹¹ La Industria Azucarera, N° 625, noviembre de 1945, p. 713. EEAOC, San Miguel de Tucumán.

¹² La Nación, 18 de junio de 1946. Biblioteca del Congreso de la Nación, Buenos Aires.

¹³ Por ejemplo, en septiembre de 1946 la Delegación Regional de la STyP declaró ilegal la huelga de los obreros del ingenio Esperanza, quienes protestaban por los procedimientos policiales llevados a cabo para esclarecer un faltante de azúcar. Durante ese mismo mes, igual resolución tomó frente a las medidas de fuerza de los sindicatos La Trinidad, Florida y Concepción que reclamaban el despido de administradores y capataces.

¹⁴ Manuel A. Parés fue obrero del ingenio Mercedes, donde alcanzó la categoría de segundo jefe mecánico. Fue delegado regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, tesorero y pro-secretario general de la FOTIA. Entre 1952 y 1955 actuó como senador provincial.

¹⁵ La Gaceta, 20 de septiembre y 1° de octubre de 1946. ADLG, San Miguel de Tucumán.

¹⁶ La Industria Azucarera, N° 636, octubre de 1946, p. 519. EEAOC, San Miguel de Tucumán.

¹⁷ "Un gobierno apoyado por gran parte de la población y que controlaba la mayoría de los resortes de la estructura sindical no pudo imponer medidas que transformaran las relaciones laborales restableciendo cierto poder patronal…La propia naturaleza del gobierno y su relación con el movimiento obrero lo determinó". (Schiavi, 2011, p. 178).

¹⁸ Estas interrupciones remiten a la "posición estratégica" de los trabajadores de las usinas, en tanto su ubicación en la cadena productiva les permitía detener las labores. "Corolario: sin conocimiento de las posiciones estratégicas, no hay estrategia". Como lo señaló Dunlop, en todo proceso tecnológico de producción hay obreros que tienen una posición más estratégica que otros, en tanto son capaces de interrumpir o desviar las tareas más fácilmente. Por tanto, el concepto estratégico no remite a la cualificación laboral, sino al poder de negociación en razón de la ubicación y posición en el proceso productivo (Womack, 2007, pp. 15-27).

¹⁹ La Industria Azucarera, N° 627, enero de 1946, p. 10. EEAOC. San Miguel de Tucumán.

²⁰ La Industria Azucarera, N° 627, enero de 1946, p. 16. EEAOC, San Miguel de Tucumán.

²¹ Desde sus inicios hasta 1950, Mackinnon reconoce 11 diputados provinciales de origen explícitamente obrero o que tienden a defender posiciones obreras. En lo que hace al bloque de senadores, entre 9 y 11 son obreros o defienden posiciones vinculadas a esos intereses. Por tanto, "en Tucumán la FOTIA o los legisladores de origen obrero componen la mayoría de la legislatura"(Mackinnon, 2003, pp. 95-96).

²² La conformación de las fuerzas políticas que tensionaron al peronismo tucumano fue reconstruida por Mackinnon (2003, pp. 96-101) y Rubinstein (2003, pp. 319-363).

²³ Trópico, 19 de abril de 1947. BCUNT, San Miguel de Tucumán.

²⁴ Trópico, 26 de abril de 1947. BCUNT, San Miguel de Tucumán.

²⁵ El año 1949 marcó un punto de inflexión en el ciclo de la protesta obrera. La intervención de la CGT en la FOTIA, decisión asumida frente a la negativa de poner fin a la huelga declarada en octubre, modificó sustancialmente la dinámica de los sindicatos de base, que procuraron resistir la avanzada centralizadora de la intervención para defender la autonomía alcanzada desde su fundación. Asimismo, no se debe descartar la posibilidad de que las autoridades de la intervención asumieran los reclamos laborales y, valiéndose de su directa vinculación con el Estado peronista, canalizaran las demandas obreras en procura de una satisfacción que evitara las medidas de fuerza (Gutiérrez, 2012, pp. 150-163).

²⁶ El Decreto 16163 de junio de 1946 definió las cualidades para acceder a la categoría de permanente: acreditar una actividad anual continuada en fábrica o surco, contar con una antigüedad laboral de quince años y, en caso de trabajar en los ingenios, revestir la categoría de medio oficial en adelante (Schleh, 1947, pp. 110-125).

²⁷ La Industria Azucarera, N° 730, agosto de 1954, pp. 342-344. EEAOC, San Miguel de Tucumán.

²⁸ Para conocer las implicancias del escalafón, particularmente en las últimas décadas, remitimos a Marticorena (2010).

²⁹ El Decreto 678, promulgado en enero de 1945, procuró ordenar todas las fases involucradas en la actividad azucarera nacional, desde el estadio de la producción hasta la comercialización (Bravo y Gutiérrez, 2014).

³⁰ Trópico, 4 de mayo de 1948. BCUNT, San Miguel de Tucumán.

³¹ Trópico, 14 de agosto de 1948. BCUNT, San Miguel de Tucumán.

³² Trópico, 29 de agosto de 1948. BCUNT, San Miguel de Tucumán.

³³ Trópico, 7 de julio de 1948. BCUNT, San Miguel de Tucumán.

³⁴ La escala "herrero de cultivo" fue desglosada en 4 categorías (herrero de caballos, de cultivo, de vagones y herrero mecánico y de fábrica). Mayor discriminación sufrieron las clasificaciones de los capataces y maquinistas. Los primeros pasaron de 4 categorías a 14 (capataz sección calderas, canchón fábrica, centrífuga pilé, destilería, enrielador, especializado vías y obras, salón de azúcar, entre otras). Las 4 categorías de maquinistas se convirtieron en 1947 en 19 (maquinista de bomba de aire a vapor, bomba de aire rotativa, bomba cachaza, bomba melaza, de grúa a vapor de cargadero, de grúa auxiliar, de grúa con dos grúas en canchón de ingenio, de grúa con una sola grúa en canchón de ingenio, entre otras).

³⁵ La gradación jerárquica comprendía las siguientes escalas: ayudante práctico carpintero, medio oficial carpintero, carpintero, encargado de la sección carpintería (jefe).

³⁶ Desaporcar es la acción de descubrir parte de la cepa para quitarle la tierra, malezas o raíces. Centrear es pasar el arado dos veces para aflojar la tierra y abrir un surco destinado al cultivo de la caña del año anterior. Definiciones extraídas de Rojas Mayer y Kagüer (2008, pp. 95 y 82).

³⁷ Trópico, 5 de mayo de 1948.BCUNT, San Miguel de Tucumán.

³⁸ A fines de 1945, el Secretario de Trabajo y Previsión emitió un comunicado exigiendo que se cumpliera con "todos los trabajos de cultivo contemplados en el Decreto 678/45", de lo contrario se procedería a la retención de las compensaciones otorgadas a industriales y cañeros (Schleh, 1947, p. 448).

³⁹ La Industria Azucarera, N° 625, noviembre de 1945, p. 641. EEAOC, San Miguel de Tucumán.

⁴⁰ La Industria Azucarera, N° 634, agosto de 1946, p. 394. EEAOC, San Miguel de Tucumán.

⁴¹ La Industria Azucarera, N° 730, agosto de 1954, pp. 342-344. EEAOC, San Miguel de Tucumán.

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Fecha de recepción de originales: 27/05/2013.
Fecha de aceptación para publicación: 19/07/2014.