http://dx.doi.org/10.19137/qs0867

ARTÍCULOS

Monopolizar la violencia en una frontera colonial. Policías y militares en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1870-1922)¹

Alberto Harambour R.²

Resumen: Este artículo analiza la monopolización de la violencia en el ciclo inicial de colonización de Patagonia austral para lo cual propone, primero, que la precariedad local de los Estados de Argentina y Chile descansó en la fuerza expansiva de la industria ganadera para la instalación de su soberanía territorial; y segundo, que la clausura de la delimitación fronteriza solo se produjo en el verano de 1922, como resultado de la represión a la insurgencia obrera. A partir de una extensa investigación en fuentes oficiales y empresariales referidas a Santa Cruz, Magallanes y Tierra del Fuego, así como en la prensa local, se investiga y compara la presencia de la fuerza policial y militar en las subdivisiones administrativas del extremo sur; además se examinaron similitudes y diferencias en las estrategias de control social.

Palabras clave: Construcción del Estado; Colonialismo; Monopolio de la violencia; Soberanía; Frontera.

Monopolizing violence in a colonial frontier. The Police and the Army in southern Patagonia (Argentina and Chile, 1870-1922)

Abstract: This article analyses the State’s monopolization of the violence in the early cycle of southern Patagonia colonization, proposing first, that the local precariousness of Argentinean and Chilean states relied upon the expansive strength of the sheep farming industry for materializing their territorial sovereignty; and, secondly, that the enclosure of the international delimitation in the summer of 1922 resulted from the repression of the workers’ insurgency. Based on a wide research on official and entrepreneurial sources, on Santa Cruz, Magallanes and Tierra del Fuego, as well as on local press, it examines and compares the presence of police and military forces in the extreme South, explaining the similitudes and differences of the strategies of social control.

Keywords: State building; Colonialism; Monopoly of violence; Sovereignty; Frontier studies.

Monopolizar la violencia en una frontera colonial. Policías y militares en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1870-1922)

Introducción: colonización, soberanía y monopolio de la violencia

Las “ficciones jurídicas” argentinas y chilenas definieron tempranamente, siguiendo la doctrina del Uti Possidetis, que el inmenso espacio patagónico formaba parte de sus respectivas jurisdicciones (Guerra, 1989).³ Sin acuerdo sobre la delimitación, recién alcanzada con el Tratado de Límites de 1881, los esfuerzos coloniales desplegados por Chile no alcanzaron hasta entonces sino la forma de exclaves (1842, 1848) con escasa capacidad de penetración hacia la estepa.⁴ En Tierra del Fuego fue solo a partir de 1884 que avanzó la soberanía ovina; esto es, la ocupación efectiva del espacio por medio de las concesiones ganaderas, en un proceso que precedió al avance del saber/poder de Estado. En el territorio nacional argentino de Santa Cruz, por ejemplo, los exclaves oficiales solo se expandieron en la década de 1880; es decir, después de la ocupación militar de Patagonia norte denominada como “Conquista del desierto”.⁵ En contraposición a las fantasías nacionalistas que consideraron que la diplomacia, las fundaciones y otros dispositivos administrativos definieron la “plena incorporación” del extremo sur a uno u otro campo nacional (soberano), la imposición del orden estatal en el sur tomaría décadas.⁶ Así, se considera que el colonialismo poscolonial (el desplegado por los Estados latinoamericanos sobre territorios independientes de hecho o derecho) fue capaz de imponer su soberanía territorial efectiva (Escudé, 1988) a partir de una ocupación del espacio basada en la industria ganadera y no en poderes públicos.
En este artículo nos concentraremos en una dimensión clave de esa doble instalación de Estado y mercado (Pinto Rodríguez, 2002), para analizar las sobreposiciones entre autoridades económicas y políticas en el establecimiento efectivo de fuerzas armadas estatales o agentes del orden. Si consideramos, con Max Weber, que el Estado-nación se define por reclamar “exitosamente el monopolio del uso de la fuerza física dentro de un territorio” (1946, p. 4), en el caso de la colonización de Patagonia no cabría si no comprender su “incorporación” a cada Estado como un proceso bastante más tardío de lo que la historia diplomática ha planteado. El artículo refiere así al proceso que llevó a la Argentina y a Chile a imponer el patrimonio de la violencia, a destacar cuerpos armados y hacer efectivos los límites de 1881. Si la presencia estatal definió el carácter público de la tierra indígena, y a partir de ese acto impulsó la concentración de la propiedad de la tierra –con lo cual se reproducía así una sociedad de clases a imagen de la metropolitana–, la clave explicativa de la construcción de la delimitación internacional debe buscarse precisamente en la alteración de ese orden social, antes que en una amenaza de los pueblos indígenas o del país vecino.

Las fuerzas policiales: la autoridad de la propiedad, la autoridad del Estado

En noviembre de 1906, en una calle de Punta Arenas, Bartolo, Pedro y Luis Urrutia atacaron a palos a un policía por motivos que desconocemos. Con la llegada de refuerzos, los tres fueron detenidos. Entre los aprehensores figuraba el guardián Pantoja, “del que los Urrutia prometieron vengarse”.⁷ Los hermanos habían nacido en Chiloé y vivían con su abuelo, su madre, una hermana de ésta, su marido y su hija. Magallanes era el territorio/provincia con mayor hacinamiento de Chile. Seis meses después de la pelea se encontraron con el guardia, convertido en subinspector, y cumplieron su promesa. Herido en la cabeza por un golpe con manopla, Pantoja buscó apoyo y volvió por ellos hasta su casa. Como nadie abrió, de acuerdo con su versión, ordenó rodear la vivienda y con otro guardián avanzó por un sitio baldío. Entonces, declaró, fueron agredidos “con barras de fierro” hasta quedar inconscientes. El guardián Emilio Banda, quien recién bajaba de su caballo, también fue atacado. Según Banda, efectuó un tiro “al aire”, tras el cual Luis Urrutia cayó muerto. De acuerdo con la versión de su hermano Pedro, un carpintero de 19 años, ellos estaban tranquilos en su casa hasta que el tío salió a orinar al patio y fue atacado por desconocidos. Al buscar refugio fue seguido por hombres que “principiaron por atropellar” a todos, lo cual inició la pelea.
Para el juez existían dos delitos: la embestida contra Pantoja y el asesinato de Luis Urrutia. Respecto del primero, Luis fue absuelto por razones obvias, y contra sus hermanos no hubo pruebas. De los otros dos sospechosos no se logró establecer el paradero. En el conocimiento del segundo delito asumió la defensa un abogado, privilegio poco común en 1907, cuando las denuncias se resolvían con declaraciones judiciales y atendiendo, ocasionalmente, a presentaciones del promotor fiscal. Cuando los acusados contaban con defensa, ésta difícilmente hacía algo más que redactar alguna apelación. En este caso, en cambio, el abogado Óscar Feliú realizó una extensa exposición: con “el deber de hacer respetar la autoridad”, Banda había enfrentado a sujetos armados; hubiese disparado al aire o al cuerpo “el acto estaba perfectamente justificado”, y debía ser absuelto. Además, “innumerables muertes” ocurrían a diario por la “insalubridad de las poblaciones y por otros cien factores”. Si eso no era sancionado, menos debía serlo un “hombre honrado que ha resistido caballerosamente el asalto de tres individuos de sospechosa conducta”; si se pretendía dar “al fallo una trascendencia inminentemente social”, la absolución traería “más benéficos resultados”.
El abogado volvió una y otra vez sobre la necesidad de liberar a Banda. Antes que por justicia, se trataba de legitimar la estatalidad (representada por el autor del disparo) y el monopolio de la violencia (el disparo como representación del poder legítimo). Para Feliú, debía considerarse la necesidad de al fin establecer la autoridad en una región apartada a la que Banda amaba y a la que había llegado para imponer el orden y formar un hogar.⁸ Así, el abogado terminaba su alegato señalando que:

“ni Punta Arenas, ni Magallanes tiene[n] porqué aspirar a defenderse de Emilio Banda…porque es preciso no olvidar que Magallanes, por próspero que se le considere desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo y de composición demótica [sic] es apenas algo más que un presidio, una colonia penal en estado floreciente; los tribunales todos de la República se encargan de aumentar la población penal de la colonia enviando anualmente una pequeña contribución de delincuentes; vagabundos de América, de Europa, de el África, de Australia; aventureros de antecedentes no muy claros, desertores de naves, presidiarios de Ushuaia caen en esta rejión buscando fortuna fácil…En este ambiente social, más que en ninguna otra parte, deben las instituciones públicas conservar incólumes todo su prestijio. Aquí la autoridad necesita acentuar su mano con firmeza si quiere evitar para lo futuro trastornos que seguramente ha de acarrear la fermentación de tanto residuo…Hasta ahora toda la seguridad del elemento honrado de Punta Arenas reposa en los ochenta guardianes de la Policía. El desprestijio que caería sobre este Cuerpo el día en que se condenara a un guardián porque no se ha dejado matar, reduciría por completo á la impotencia á esta institución de defensa social en medio de una población de doce mil habitantes, de los cuales tal vez la mitad tendría que armarse para constituirse por sí mismos en defensores de sus propias vidas”.⁹

El discurso no tuvo acogida. El subinspector fue condenado a 200 días de cárcel, inhabilitación de cargos públicos y pago de costas y alimentos para los Urrutia. El procurador fiscal apeló la resolución: pidió elevar la reclusión a cinco años y un día. Pasado el caso a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ésta dejó constancia de que, aun tomando en consideración las atenuantes, debía elevarse la condena a un año. De esta manera, el Estado condenó el crimen, y así, contrarió el argumento de su necesidad social en la región al mismo tiempo que reafirmó el poder superior de las instituciones metropolitanas.
Por esas mismas fechas se celebró en la mansión de Moritz Braun una fiesta. Un abanico “de encaje de Inglaterra” –propiedad de María Menéndez, esposa de Francisco Campos– circuló entre los invitados pasando de las manos de Josefina Menéndez a las de Ernesto Manns y Carmen Correa, esposa de Jorge Matta. Rodeado de las principales familias de Patagonia, el abanico desapareció. Se sospechó de los sirvientes, ya que “se dijo el valor que podía tener así es que los mozos pudieron apreciar lo que valía”, como señaló Josefina cuando el juzgado se constituyó en su mansión para tomarle declaración. Este hecho inédito, que se repitió en casa de Matta, debió obedecer tanto al estatus de las testigos como al valor del objeto, equivalente a más de cuatro años de arriendo de una pieza de conventillo (Zorrilla, 1925).¹⁰ Finalmente el caso fue sobreseído, sin procesados.¹¹
Inútil como abanico en la estepa, la aplicación de justicia operó hasta la década de 1910 en el restringido espacio de los pueblos y desde las estancias, intentando someter las conductas al escrutinio de las leyes y a la voluntad de sus agentes. Su capacidad efectiva de hacerlo estuvo determinada menos por los cuerpos legales que por los recursos y la infraestructura, por la motivación y los intereses del secretario, del juez y de los comisarios, por la eficacia de los policías y la autoridad moral entre la población. Si bien la administración de justicia expresa una capacidad central para modelar la soberanía interior del Estado, de acuerdo con el testimonio del abogado Feliú, después de 55 años de ocupación los habitantes de Magallanes todavía se dividían entre criminales en potencia y posibles víctimas.
Esa división, sin embargo, había acabado formalmente en 1878, tras el motín que destruyó parcialmente Punta Arenas y terminó con su carácter de colonia penal militar (Martinovic, 2007). El grueso de las tropas de guardia fueron retiradas, con el argumento de que la distancia amenazaba la disciplina (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1883, CXLV), pero un pequeño destacamento tuvo presencia esporádica hasta la constitución de un batallón en 1911.¹² En distintas coyunturas el gobernador no pudo disponer de fuerza armada alguna, por ejemplo, el Ministerio del Interior le pedía en 1891 que contactara a “los Intendentes de Valdivia y Chiloé” para intentar dotarse de guardias.¹³ Dos años más tarde existían 30 gendarmes (“apenas suficientes”), y en vez de cárcel había un “inseguro calabozo” para un número de detenidos que aumentaba “más rápido que la población”.¹⁴ La precariedad se mantuvo, debiendo el alcaide formar una guardia de civiles sin uniformes ni armas, hasta que en 1896 logró “enganchar” a 17 policías en el norte.¹⁵ Solo en 1900 la dotación policial aumentó considerablemente, y llegó a 100 guardias. En Santa Cruz, en tanto, los guardiacárceles solo se profesionalizaron a mediados de la década siguiente, tras un período inicial en que el servicio osciló entre civiles y soldados (Navas, 2012).
En la inmensidad de los campos patagónicos no existió fuerza policial hasta que el Estado traspasó sus facultades fuera del radio urbano en favor de los empresarios. En 1899, el gobernador de Magallanes Carlos Bories creó doce “Comisarías Rurales servidas ad-honorem por los propietarios o administradores de estancias” (Zorrilla, 1925, p. 231; Levicoy, 1992, p. 15; Martinic y Campbel, 2010), las que solo se implementaron efectivamente tres años más tarde con la designación ante el Ministerio del Interior de personas calificadas como “de reconocida honorabilidad y prestijio dentro de la respectiva sección” territorial.¹⁶ Con ello, un delegado del poder económico ejercía la autoridad policial en una jurisdicción coincidente con las delimitaciones de cada estancia, lo cual reforzaba la soberanía del capital junto con la del Estado. En 1909, por ejemplo, Juan Bitsch era comisario en Tres Puentes, Juan Braun en Cabo Negro, Walter Harries en Última Esperanza, Percy Hobbs en Tierra del Fuego, Alexander Cameron en Caleta Josefina, G. Wood en San Sebastián y Von Maltzen en Punta Delgada (Zorrilla, 1925, p. 204). Todos ellos eran funcionarios, accionistas o socios de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (La Explotadora). Las destinaciones de cada administrador-comisario cambiaron en los años siguientes, acorde a los enroques técnicos de los empleados de las compañías. En 1915, la nómina de comisarios consignaba que Von Maltzen había sido trasladado a Cerro Castillo, y que en Punta Delgada lo sucedía George Cameron; en tanto, Archibald Cameron, se había convertido en comisario de San Gregorio, Alejandro Ross de Morro Chico y Juan McKay de Cabo Negro.¹⁷ Aún en 1925 el comisario-estanciero mantenía su fuerza, expandiendo el número de jurisdicciones a su cargo hasta 27 (Zorrilla, 1925, p. 233).
En la parte de Tierra del Fuego asignada a Chile la situación fue similar. Solo en 1892 se nombró a un representante oficial del Estado, el subdelegado John Mc Rae, escocés, administrador de la primera gran estancia del territorio (de la alemana Casa Wehrhahn). McRae sería luego empleado de La Explotadora y socio de Rudolph Stubenrauch, a quien regaló una niña Selknam que había sido tomada prisionera en 1891.¹⁸ Como cazador de indios para las estancias y subdelegado del Estado, McRae fue agente de la soberanía del capital, la que ejerció revestido de la autoridad soberana del Estado nacional, eliminando por la vía del genocidio la amenaza a las ovejas y, por tanto, a la expansión de la estatalidad (Bascopé, 2010). Para 1893, la única fuerza armada chilena en Tierra del Fuego era la de los empleados de estancias, principalmente británicos, al punto que no era posible “hacer efectiva la autoridad del Subdelegado que... no puede hacerse obedecer, ni reprimir”, informaba un enviado oficial a la zona.¹⁹ Solo la intervención del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Leoncio Rodríguez, tras recorrer la isla en 1894 consiguió que se enviasen policías para apoyar en la “extracción de los indios”. Rodríguez ya era el jefe jurídico de La Explotadora (Braun, 1985, p. 125), que estaba solucionando privadamente el “problema del indio”; el que abrió paso a los “nuevos indios” como principal amenaza a la estabilidad de la soberanía ovina (Harambour, 2012).
Entre 1896 y 1903 la dotación policial aumentó de 4 a 35 agentes, pero se mantuvo la precariedad material y el número seguía resultando insuficiente para evitar “los frecuentes crímenes” atribuidos a la “embriaguez no refrenada” de una población “blanca” trashumante. Por ello, una reforma jurisdiccional intentó racionalizar el despliegue de fuerzas, y dividió la isla grande
en tres partes, que corresponderían a “los límites que la compañía Explotadora de Tierra del Fuego [se] ha fijado”; en cada una de estas áreas operarían policías “bajo las órdenes del Comisario ad-honorem respectivo”,²⁰ con lo que se cumplió la antigua demanda empresarial que un subdelegado había conceptualizado como un “servicio voluntario de los estancieros bajo la dirección de la Gobernación”.²¹ De esa forma, la racionalización estatal del despliegue de la fuerza policial se plegaba a las técnicas de la explotación ganadera.
Una lógica mixta operó en Santa Cruz. Uno de los problemas clave en la centralización del Estado argentino era la monopolización de la violencia frente a montoneras y provincias. En términos de configurar una elite nacional, además, el aparato burocrático se había expandido para proporcionar funcionarios metropolitanos capaces de limitar las soberanías locales desde inicios del proceso independentista. Esta reducción a la unidad se fortaleció tras 1880, con la supresión de la rebelión bonaerense y el aumento del gasto policial y militar. Por lo mismo, los hombres destinados a jefaturas en los campos santacruceños no eran empleados de estancias sino, por lo general, policías o funcionarios menores. Su instalación efectiva dependía, sin embargo, del favor de los estancieros, pues al iniciarse el siglo XX los guardianes no tenían siquiera “simples casillas” donde instalarse, y eran “casi ambulantes”.²²
La institución de los comisarios-estancieros en Magallanes solucionó parcialmente esta carencia, en tanto las propiedades de La Explotadora se extendían sin enfrentar otra delimitación que las de la racionalidad ganadera. En 1908, el administrador de Cerro Castillo (en Chile) y Cerro Palique (en Argentina), Thomas Burbury, informaba al gobernador argentino que uno de sus dependientes, Walter Harries, era comisario y subdelegado chileno, y que la compañía contaba con línea propia de teléfono a Punta Arenas. Por ello, proponía que se estableciera también una comisaría argentina, a la que ofrecía casa, potrero y carne gratis.²³ En 1911, al instalarse un destacamento en el lago Argentino, se lo hizo “en un puesto de la estancia del señor Carlos Henstock”, mientras los diez gendarmes se alojaban en otro puesto, cedido por el estanciero Podestá.²⁴ Aun cuando el Estado destinaba remesas para la compra de caballos y de víveres, los fondos desaparecían, y los animales, la alimentación
y el alojamiento eran provistos por los estancieros, que hacia 1911 comenzaron a quejarse por los altos gastos.²⁵ Alrededor de 1918, una propuesta de enviar gendarmes con sus familias desde Buenos Aires chocó con la falta de infraestructura, al tiempo que seguían siendo miserables los salarios para empleados solteros en Magallanes y en Santa Cruz.²⁶ Allí, como ha señalado Pablo Navas, los agentes desarrollaban su actividad “como empleo estacional o fuente de ingresos extra” (2008, p. 82). Ya en 1906 el jefe de Policía planteó que había dado de baja a los miembros de una partida volante: “indios, ineptos e incompetentes [que] trabajan la mayor parte del año como peones, en los establecimientos ganaderos”.²⁷
Los problemas de carencia material y de subordinación de la autoridad al poder estanciero, junto con el reclutamiento de personal ‘inadecuado’, generalizaron las críticas contra la acción policial. En ellas confluyeron, por razones diversas y a veces opuestas, los grupos de interés que desplegaron su acción en la década de 1910, desde las organizaciones obreras a la Sociedad Rural y las ligas patrióticas. Para la prensa liberal-conservadora reinaba “la falta de disciplina más completa” en la policía de Santa Cruz, con empleados “suspendidos, exonerados, procesados o apercibidos” por crímenes.²⁸ Solo en 1913, por ejemplo, el diario La Unión de Río Gallegos denunció más de doce casos de violencia excesiva, encubrimiento de asesinatos y venta de favores, que llevaron a la suspensión de los comisarios de San Julián, Caleta Olivia y Deseado.²⁹ Todavía en 1920 era frecuente encontrar denuncias por asaltos protagonizados por agentes, coimas exigidas por comisarios y desalojos extrajudiciales.³⁰ En suma, como informara el excomisario y gobernador interino Edelmiro Correa Falcón (convertido en líder de la asociación de estancieros y de la Liga Patriótica), la policía era “muy mala”, y “ni medianamente llena[ba] la compleja y honrosa misión que les está[ba] asignada” (Correa Falcón, 1920).³¹
Remuneración escasa y alta rotación eran características compartidas por policías y trabajadores. En Patagonia austral, caracterizadas las relaciones sociales por la estacionalidad del vínculo salarial, la escasez de relaciones familiares transgeneracionales y la alta movilidad, el control fuera de los nodos productivos fue prácticamente imposible hasta la década de 1920. Incluso los poblados estuvieron permeados por prácticas de campo, como el uso de armas y la resolución privada de conflictos. Mientras en 1910 la policía de Punta Arenas intentaba hacer efectiva la prohibición de portar armas, en Gallegos el porte era legal. De acuerdo con La Unión, era ésta una “costumbre tan arraigada… que el revólver, llevado de modo más ó menos ostensible” era una prenda masculina más.³² Enfrentada a la irrupción del movimiento obrero, la elite santacruceña hizo suyo el diagnóstico de Feliú en 1907: ante “la abundancia de elementos disolventes y perturbadores…tendremos absoluta necesidad de vivir completamente recluidos o al salir a la calle hacerlo armados hasta los dientes… amenazados en nuestras vidas e intereses por una cáfila de aventureros”.³³
Para el movimiento obrero, por su parte, los cuerpos armados eran objeto de críticas ideológicas (la fuerza armada como “escuela del crimen”) y prácticas (vigilantes corruptos, dependientes o “domésticos” de los estancieros).³⁴ La concentración de funciones convertía al estanciero, en expresión del periódico El Socialista, en un “señor de horca y cuchillo” que podía despedir del trabajo (que además constituía la vivienda) lo mismo que encarcelar.³⁵ Por ello, los trabajadores afectados por robos no encontraban apoyo de la policía, que concentraba sus energías en atender las denuncios de los propietarios.³⁶ Las acusaciones contra el clasismo policial se incrementaron precisamente cuando la masividad de la movilización clasista alteró el orden social, lo que provocó que la policía se volcara a la represión social antes que a la del delito.³⁷ En septiembre de 1918 se convocó a una manifestación contra los abusos policiales en terrenos de La Explotadora en Puerto Natales, su “fundo”, según el censo de 1920 (Dirección General de Estadística, 1925, p. 229). De acuerdo a la Federación Obrera de Magallanes (Federación), dos de sus miembros habían sido “torturados bárbaramente” en el cuartel tras haber sido señalados como sospechosos de hurto por un “súbdito extranjero”, posiblemente Corfitz Anderson, gerente de Braun & Blanchard, y hasta hacía poco, subdelegado y comisario en Última Esperanza.³⁸ Además se denunció la muerte del obrero Pedro Alvarado como resultado de haber sido “puesto en la barra” y golpeado en la comisaríade la estancia Cerro Castillo, un intento deviolación y un asalto contra un correo de la Federación, todos perpetrados por carabineros.³⁹ Policía coimera, guardianes-delincuentes y tropas actuando como guardia privada de La Explotadora fueron denuncias reiteradas en la prensa obrera, y se vieron refrendadas, en menor medida, por sucesivas ‘depuraciones’ del cuerpo armado.⁴⁰

Ejército, soberanía y frontera

La debilidad de los cuerpos policiales tuvo como correlato la ausencia de tropas del Ejército y de control sobre el tránsito a través de la delimitación cartográfica. Respecto de las fuerzas armadas, solo las Marinas de Guerra tuvieron presencia periódica a través del transportes, navíos de guerra y grupos de exploración. Los ejércitos, como se señalara, estuvieron presentes hasta principios de la década de 1880 (cuando se inició la expansión de la ganadería ovina) y después de 1911, cuando irrumpió la “cuestión obrera”; en Santa Cruz, no hubo fuerza militar permanente hasta 1942.⁴¹ La decisión de constituir un regimiento en Punta Arenas, en tanto, no apuntó a defender una soberanía amenazada por el fantasma argentino y la concentración de tierra en capitales europeos, sino a economizar gastos de transporte para los magallánicos, quienes debían cumplir el servicio militar obligatorio aun cuando sus derechos políticos no eran reconocidos (Zauritz, 2010, p. 210). Así, la instalación del Batallón Magallanes fue saludada por la elite como una contribución al orden y resistida por la prensa obrera por lo mismo, y debido a que los reclutas eran trabajadores. En poco tiempo los prejuicios se confirmaron, a raíz de vejaciones a los soldados, a su utilización como rompehuelgas, a las detenciones de civiles por parte de militares, a su acuartelamiento y a la ocupación de faenas con ocasión de conflictos sociales.⁴² Así, en 1915, El Socialista señalaba:

“¿qué misión tiene el Ejército? La de defender la Patria. Si es así, vamos [a] hacer este silogismo: el Ejército defiende la Patria, la Patria es la propiedad privada, luego el Ejército defiende la propiedad privada.
Si el Ejército defiende la propiedad privada y el trabajador o proletario no la tiene, quiere decir que el Ejército no lo defiende a él”.⁴³

Esta impresión continuó ampliándose, tanto por la acción de la fuerza armada como por el cambio en el argumento con que la elite demandaba mayor seguridad. La intimidación de indígenas salvajes y de delincuentes internacionales fue reemplazada en el discurso por el peligro de los subversivos y de los bandoleros, igualmente nómades. La incapacidad estatal para enfrentar la amenaza se manifestaba, según la elite, en la permisividad hacia un “agitador extranjero” que debilitaba la nacionalidad, a diferencia del propietario extranjero, que la fortalecía. El “anarquismo” sirvió así, desde la constitución de la Federación, para reclamar mejores sueldos para la policía;⁴⁴ mientras su capacidad organizativa se expandió, también se fortaleció la demanda de la elite por una regulación represiva de la relación entre capital y trabajo, hasta entonces solo regulada por la insurgencia obrera.
Como señalara el gobernador magallánico Fernando Chaineau en 1914: “estancieros, industriales y vecinos” exigían más policía, y él lo consideraba urgente: “en todos mis informes” sobre huelgas, decía, he “solicitado aumento de fuerza policial como medida indispensable para mantener el órden, y evitar estas conmociones periódicas del elemento obrero que en Magallanes se suceden sin interrupción y sin motivo”. Ante el funcionamiento del Frigorífico Bories, a pocos kilómetros de Natales, consideraba que la clave era contar con caballada suficiente para “asegurar en cualquier momento de tumultos, huelgas ó desórdenes, el resguardo de los intereses jenerales de los estancieros, comerciantes e industriales”.⁴⁵ Aunque había aumentado la dotación, los sueldos seguían siendo míseros; los oficiales, “de lo más pésimo”, y se mantenía el déficit de caballos.⁴⁶ Como aún en 1919 el gobierno no podía costearlos, los continuaban proporcionando “gratuitamente” los estancieros.⁴⁷
Para entonces, la proximidad de la temporada de campo suponía más amenazas para las autoridades. Como señalara el subdelegado de Última Esperanza en 1919, cada vez que se inician “nuevas faenas, [comienza] un movimiento con caracteres subversivos”; por ello, el gobernador le expresaba que ante una huelga le enviaría “al primer aviso un pelotón de soldados”.⁴⁸ Esta militarización del conflicto social se incrementó, considerando que solo entre agosto de 1918 y enero de 1919 la Federación protagonizó nueve demostraciones públicas, cinco huelgas (dos de ellas generales) y dos jornadas de protesta. Las manifestaciones se dirigieron contra abusos laborales y policiales, así como contra el desembarco de tropas; al mismo tiempo, la organización obrera buscaba respaldar la resolución pacífica de un conflicto con Perú, alimentado por rumores desde el Palacio de La Moneda –sede del presidente en Santiago de Chile– (Harambour, 2000b; Muñoz, 2012). Ello coincidió con la fuga del anarquista Simón Radowitzky desde el penal de Ushuaia, en una operación organizada en Buenos Aires y desarrollada por militantes de Punta Arenas y Río Gallegos, que fue frustrada por la acción conjunta de las Armadas chilena y argentina.⁴⁹ La movilización social aumentaba en el período, tanto nacional como internacionalmente.
En las protestas de Patagonia el movimiento obrero comenzó a enfrentar una severa represión, a pesar del civismo de sus prácticas. Primero en Punta Arenas, en diciembre, cuando la policía cargó contra huelguistas portuarios y cobró la vida de un trabajador. Además, tres dirigentes de la Federación fueron detenidos en un buque de guerra. Uno de ellos, el español Eduardo Puente, fue deportado a Río Gallegos y desde ahí a Ushuaia. La respuesta fue un paro con protesta nocturna, que incluyó disparos y el acuartelamiento del Ejército. Al día siguiente, apareció muerto a balazos uno de los pocos guardianes que salió a patrullar (Harambour, 2000^a, p. 94). Un mes más tarde, terminada la huelga, una disputa entre dirigentes de La Federación y el administrador del Frigorífico Bories derivó en un levantamiento armado. Cuatro trabajadores y cuatro carabineros alojados por La Explotadora murieron, unas veinte personas resultaron heridas y se prendió fuego a edificios de Braun & Blanchard (Vega, 1995, pp. 107-153; Harambour, 2000^a, pp. 101-121; Arriagada, 2010). Los directivos de casas comerciales y el mayor del Ejército Luis Bravo (el primer subdelegado no estanciero) se fugaron y “el pueblo” –como señalara el periódico El Trabajo– “se constituyó en la única autoridad”.⁵⁰ Solo dos días después retornó el oficial, apoyado por militares argentinos.
La violencia tuvo eco en las discusiones que anarquistas y socialistas mantuvieron en la Federación en torno a la Revolución bolchevique y la línea clasista adoptada por la Federación Obrera de Chile. Aun cuando se firmaron convenios para los trabajadores del campo, los mineros y los panaderos, las tensiones entre el sindicato y la oligarquía se incrementaron, por la movilización nacionalista y la represión antianarquista de mediados de 1920 en ciudades del norte. Ese escenario facilitó el apoyo de las autoridades a las Ligas Patrióticas. En el caso chileno, éstas tuvieron funcionamiento regional, particularmente en Tarapacá y Magallanes, mientras que en la Argentina adquirieron una estructura centralizada para hacer frente al movimiento obrero, los inmigrantes y el gobierno radical. En uno y otro caso, representaron los intereses oligárquicos contra las reformas y permitieron articular las demandas de las elites locales con un movimiento de alcance nacional. En los casos de Magallanes y Santa Cruz, las Ligas Patrióticas integraron a estancieros y funcionarios (McGee, 2005; Bohoslavsky y Harambour, 2007).
En julio de 1920, siguiendo a las movilizaciones “patrióticas” convocadas por la Liga en Punta Arenas, una patota de uniformados y civiles asaltó el local de la Federación. Se impuso la censura de la prensa y la detención y tortura de dirigentes, lo que implicó la destrucción de la organización y el establecimiento de un monopolio sobre el debate que clausuró la movilización social (Marcolín Piado, 1922; Vega, 1995, pp. 190-247; Harambour, 2000a; 2000b, pp. 137-156). Como señalara El Trabajo, el órgano del sindicato que desapareció por siete meses, “el cuerpo policial se convirtió en una autocracia dentro del Estado mismo. No había Gobernador, no había autoridad capaz de contener los desmanes de ese Cuerpo autocrático. El Cuerpo policial era soberano”.⁵¹
En Santa Cruz se obtuvieron resultados similares. En el verano de 1918-1919, las detenciones por los casos de Radowitzky y Puente generaron manifestaciones seguidas de allanamientos contra la Sociedad Obrera. La movilización ante la falta de acuerdo para la temporada 1920-1921 –a lo que se sumó el escándalo de la elite por la eficacia de los boicots decretados por los trabajadores– llevó a La Unión a señalar que “Se han subvertido todos los valores… sustituyéndolos por el desórden, el desquicio y la difamación”, al mismo tiempo, en dicha publicación se celebró la organización de guardias patrióticas en Puerto Deseado y Río Gallegos.⁵² Ante las carencias de la policía y la moderación del presidente Hipólito Yrigoyen, se impulsó la acción privada en defensa de un interés público definido como el particular estanciero. Argentinos o extranjeros de bien debían sentir, sin diferencias de clase, “la necesidad de eliminar esos elementos disolventes y antipatriotas, aun cuando se trate de sus propios connacionales”.⁵³
Clausurado el campo de acción obrera en Magallanes, la movilización fue denunciada como “terrorismo”. Este “bandolerismo” generaba un “principio de la autoridad subvertido” por “la actitud ensoberbecida de la Federación”, sumado a “la falta de fuerza armada para contener…a los elementos subversivos”.⁵⁴ La readecuación del discurso de civilización o barbarie acentuó la presión sobre el Poder Ejecutivo. El incremento de la policía sería positivo, señalaba La Unión, pero mejor sería enviar al Ejército.⁵⁵ En Buenos Aires operaron en tal sentido Alejandro Menéndez y el exgobernador interino Correa Falcón, representantes de la casa comercial La Anónima, la Sociedad Rural y la Liga Patriótica santacruceña. Formando parte de un poderoso frente común opositor, encabezado por la Asociación del Trabajo, la Sociedad Rural Argentina y la Liga Patriótica, los representantes de los estancieros consiguieron de Yrigoyen el envío de tropa.⁵⁶
El teniente coronel Héctor Varela desembarcó con 50 soldados, saludado tanto por la Sociedad Obrera como por la Sociedad Rural, y utilizó su autoridad para colocar al Estado como mediador capaz de imponer a unos y otros un convenio laboral. Ese poder, situado por sobre el conflicto de clases y los intereses particulares, se inscribió en la lógica –breve e impotente– del radicalismo en la Argentina y del alessandrismo en Chile. A poco de retornar las tropas de Varela al norte, sin embargo, el acuerdo fue ignorado por los estancieros, quienes reactivaron sus ataques a la labor “tolerante” del gobernador, el juez letrado y el oficial, al considerar que la movilización social amenazaba la autonomía empresarial.
Desde el primer semestre de 1921, la demanda represiva estableció un eje entre Río Gallegos y Buenos Aires, entre La Unión y La Nación. Ambos periódicos reprodujeron mutuamente editoriales y notas en las que se presionaba por un nuevo envío de tropas. En Buenos Aires se sumó a los Menéndez el propio Moritz Braun, quien dirigía la mayor parte de los negocios iniciados por su cuñado, Nogueira, y su suegro, Menéndez.⁵⁷ En su lucha contra el “terrorismo”, los dos diarios publicaron en agosto de 1921 un artículo que expresaba la síntesis producida por los terratenientes. Atribuyendo “la situación anormal del Territorio…a la falta de la acción oficial”, que habría alentado la desobediencia social y retardaba la plena incorporación de Patagonia a la nación, dibujaba una trayectoria de obstáculos y un bosquejo de solución:

“Después de la conquista del desierto…los ganaderos, agricultores y pobladores… se hallaron con un enemigo temible: el bandolero.
Este sustituyó al salvaje de la toldería, y el colono que se aventuraba con mujer y con hijos, en los fértiles territorios del sur, era con frecuencia su víctima. Los destacamentos de policía que recorrían de vez en cuando aquellas regiones, rara vez lograban batirlo…[y fue] uno de los motivos que demoraron la colonización. [Luego,] el progreso general, las comunicaciones más fáciles y el aumento de la policía fueron terminando con la plaga, y los criminales prófugos ya no hallaron allí una manera de vivir más cómoda que la cárcel.
Ahora las noticias telegráficas que nos llegan de Santa Cruz…parecen señalar la aparición de un nuevo peligro: el huelguista malo.
En efecto, las noticias hablan de peones que no quieren someterse al trabajo regular en la campaña, de grupos de individuos que se han instalado en conocidos establecimientos exijiendo que se les aloje y mantenga, sin trabajar, durante el invierno, y de otras bandas que penetran en otras estancias cortando alambrados. [Con ello] el tipo de bandolero casi extinguido reaparece bajo nueva forma: el huelguista malo. Uno y otro, acaso, están en vías de confundirse en un solo tipo enemigo de la sociedad…Una suficiente fuerza armada para vigilar el trabajo y evitar la nueva delincuencia que intenta infiltrarse entre los trabajadores… acabaría enseguida” con esta desgracia.⁵⁸

Varela desembarcó nuevamente en noviembre de 1921, ahora con 300 soldados. Su acción fue radicalmente distinta: demandó la rendición de los huelguistas, proscribió las organizaciones obreras y la negociación de convenios, prohibió el porte de armas y estableció que las embestidas contra las estancias serían consideradas ataques contra el Ejército.⁵⁹ Desde Magallanes se movilizaron hacia la frontera fuerzas chilenas.⁶⁰ Situando al poder del Estado dentro de una lógica de guerra de clases, Varela cumplió con las expectativas de la Sociedad Rural y de la Liga Patriótica, que apoyaron materialmente la campaña. El paso del diálogo a la represión sorprendió a los dirigentes obreros, quienes se debatieron entre la negociación y el enfrentamiento, mientras el Ejército destruía su organización (Fiorito, 1985). La operación se cerró con cientos de fusilamientos sumarios (Bayer, 1993). Según Ernesto Bohoslavsky, habría muerto aproximadamente un 7% de los hombres en edad laboral de Santa Cruz (2009, p. 89). En unas pocas semanas el “problema obrero” tuvo la solución que el “problema ona” había tenido en poco más de una década: la estructura obrera desapareció por diez años y los convenios colectivos por veinticinco (Bohoslavsky y Harambour, 2007, p. 216).
El ciclo represivo de diciembre de 1918 a febrero de 1922 permitió que por primera vez los Estados pudieran reivindicar el monopolio efectivo de la violencia. Aun cuando la prensa, los estancieros y las autoridades reclamaron por décadas el aumento de la fuerza policial y de la inversión en seguridad, ello no se produjo frente a la supuesta amenaza indígena, ni ante el nomadismo popular, y ni siquiera frente al peligro de una guerra entre los dos países colonizadores. El ejercicio de la soberanía hacia adentro se originó solo como respuesta a la amenaza contra el orden oligárquico (u estanciero) y las relaciones sociales que la elite consideraba se encarnaban en (o quizás mejor, desde) el Estado.⁶¹

El inicio de la existencia de la delimitación internacional

La represión permitió a los Estados materializar la delimitación internacional sobre el terreno, no ya como capacidad de asignación de tierras sino como control de los movimientos de personas y de bienes, y con ello, también como encuadre discursivo para la articulación de demandas y marco territorial de circulación económica. Como ha señalado Carlo Ginzburg, en la Europa del siglo XIX los sistemas de identificación se implementaron como resultado de “la tendencia a la criminalización de la lucha de clases” (2004, p. 105). Si a pesar de la demanda transversal el Ejecutivo no estaba disponible para financiar en 1910 un registro fotográfico que fijara la imagen de los delincuentes que se desplazaban por la estepa,⁶² una década más tarde fue solo el reclamo de la elite la que produjo la instalación del Ejército para imponerse sobre una amenaza mayor: la nueva “clase peligrosa” guiada por agitadores extranjeros o extranjerizados.⁶³
Con ocasión de la huelga en Puerto Natales, en enero de 1919, por primera vez se habían desplazado tropas para impedir “la entrada al Territorio de toda persona que en viaje de Argentina no presente sus papeles en forma, obligándolos a repasar la frontera a los sospechosos o deteniéndolos si se negaran”. Para ello, La Explotadora había instruido a sus administradores para dar a las tropas “las ayudas y facilidades necesarias tanto para el cumplimiento de su misión como para alojamiento y rancho”. Los propietarios de barcos y botes fueron obligados, bajo amenaza de decomiso de las embarcaciones, a prohibir el desembarco de “ningún pasagero estrangero que no presente sus documentos personales en la debida forma”.⁶⁴ Se comenzó a demandar documentación con la cual los jinetes debían acreditar la propiedad de sus caballos, los conductores la de sus vehículos y los ovejeros la del origen, número y destino de los animales.⁶⁵ Para “no permitir la pasada” a quienes no cumplieran “con los requisitos exigidos por la Ley de Residencia”, a fines de 1919 se estableció un retén en Río Pescado, y un “servicio de frontera” en Cancha Carreras.⁶⁶ Los resguardos fronterizos se extendieron hasta la lejana zona del río Baker, mientras se informaba que habría carabineros en distintos puntos de la delimitación:

“con el objeto de no permitir la entrada al país de personas que no acrediten su identidad personal, i buenos antecedentes si son extranjeros, como también, para la vijilancia de los campos. Por tanto, se recomienda a toda persona, ya sea nacional o estranjera, se provea de los documentos necesarios antes de salir para el extranjero o simplemente cruzar la frontera, a fin de no ser molestados a su regreso, tal como se exije por la vía marítima”.⁶⁷

En la fotografía se observa el primer convoy militarizado en la delimitación entre Magallanes y Santa Cruz, en Cancha Carreras, enero de 1919.⁶⁸

Fuente: Rodríguez, J. (1921). Riquezas y Bellezas Australes. Buenos Aires, s/ed.

El celo delimitador llegó a tal punto que los estancieros protestaron. En abril de 1920 La Unión expresó que “no se explica con claridad qué persiguen las autoridades al obstaculizar…el libre tránsito entre dos ciudades que como Punta Arenas y Río Gallegos viven existencia íntima y los pobladores tienen radicación en ambos lugares”. El caso de un comerciante uruguayo asentado en esta última localidad, quien había viajado a Magallanes solo para ser reembarcado por la policía, planteó que la vigilancia alcanzaba “proporciones alarmantes”.⁶⁹ Luego de la represión de julio de 1920 en distintas ciudades chilenas, el Ministerio del Interior ordenó a las prefecturas abrir registros obligatorios para extranjeros, residentes o en tránsito.⁷⁰
La gobernación santacruceña no se quedó atrás. El periódico dejó de cuestionar las restricciones chilenas y demandó la aplicación inmediata de la Ley de Defensa Social.⁷¹ La prohibición de portar armas –fracasada en 1911, 1913 y 1920– se hizo efectiva en abril de 1921. La policía abrió un depósito de armamento para quienes entraran al pueblo; asimismo, el comercio informaría el nombre de los compradores y restringiría la tenencia a estancias y negocios.⁷² Los vendedores ambulantes debían empadronarse, y se prohibió el porte de alcohol incluso para consumo personal.⁷³ En mayo de 1921, un nuevo decreto expresó el creciente poder de los grupos conservadores. Al establecer una agresiva política de control de identidad para las fronteras entre el campo y la ciudad, Magallanes y Santa Cruz, mar y tierra, el gobernador argumentó que:

“debido a la acumulación de sugetos de condición heterogénea que se diseminan fácilmente en toda población de relativa importancia, es de impostergable necesidad propender por todos los medios a la depuración de los que estén moralmente calificados, así como también los que por cualquier estigma físico o tara individual constituyan una rémora para la salud o el bien público”.⁷⁴

A fines de 1921, por último, se decretó la creación de la Gendarmería, esto es, el destacamento de guarda fronteras;⁷⁵ y luego de los fusilamientos de 1922, una disposición de Varela se transformó en decreto del Poder Ejecutivo. Éste estableció que “todos los obreros” debían “[pre]munirse de una libreta especial en la Jefatura de Policía”, que consignara sus antecedentes como requisito para ser empleado. Administradores y estancieros, además de exigirla, debían “anotar la fecha de entrada al trabajo”, ocupación y sueldo, y “al dejar el trabajo, fecha de salida y forma en que fueron pagados sus haberes, qué tiempo ha permanecido en el empleo anterior y causa de su cesantía, certificada por el patrón”.⁷⁶ De esta forma se erigía, por primera vez, una frontera tangible que regulaba el desplazamiento a través de la pampa. El documento de identidad lo emitirían los cuerpos armados del Estado. La información que contuvieran sería responsabilidad de los administradores del capital estanciero.

Conclusiones

El conflicto jurisdiccional entre Argentina y Chile, iniciado en la década de 1840, no se detuvo en el siglo XIX.⁷⁷ El esperado Tratado de Límites de 1881 fue seguido por el Protocolo Adicional de 1893, el Acta de 1898 y el Abrazo del Estrecho en 1899, entre los presidentes Julio Argentino Roca y Federico Errázuriz Echaurren respectivamente. Ninguno de esos intentos por establecer un acuerdo duradero logró evitar la carrera armamentista que se extendió hasta 1902. Solo con el Laudo Arbitral británico de ese año, según planteó Martinic, “pudo darse por concluida definitivamente la vieja cuestión fronteriza”, con un “contorno fronterizo” definido (2006, pp. 854-855). Como hemos visto, sin embargo, la delimitación diplomática estuvo lejos de traducirse en un efectivo control territorial por cada uno de los Estados. Aún en 1936, el geógrafo
estadounidense George McCutchen planteaba que “la frontera pura [the raw frontier] que la región ha sido por cuatro siglos todavía parece serlo” (1936, pp. 339-340). Si los mapas de las cancillerías podían comenzar a pintarse de colores nacionales, sobre la estepa la precariedad del Estado continuó definiendo el paisaje económico y social: los flujos de bienes, animales y personas continuaron libres, o bien solo restringidos por los comisarios-estancieros, agentes del capital al servicio del Estado. La fuerza pública –argentina o chilena– mantuvo su precariedad material y una presencia escasa, compuesta de hombres sin especialización ni disciplina. Los alambrados que dividían la pampa fueron, hasta 1922-1923, los de las estancias.
A pesar de la voluntad jurídica metropolitana, Patagonia permaneció como un espacio fronterizo, aun cuando la delimitación internacional comenzó a cerrarse con la intervención estatal que siguió a la confrontación entre capital y trabajo. De esta manera, se continuó una lógica dual de afirmación de la soberanía en el espacio colonial austral, según la cual las fuerzas del capital y de la estatalidad se apoyaron mutuamente. Esta unidad sistémica, favorecida por la corrupción (Harambour, 2012, pp. 121-179), significó que el Estado actuara como poder distributivo o locativo (Giddens, 1987, pp. 7-9), es decir, asignando dominio sobre territorios vacíos de su presencia, que fueron incorporados con el avance ovino.⁷⁸ Sobre esa expansión avanzó el Estado: designando como agentes del orden público a estancieros o agentes del capital –quienes colaboraron en la monopolización de la violencia– al principiar el siglo; luego, profesionalizando a las policías y enviando a militares hasta la frontera en la coyuntura 1918-1922, respondiendo al reclamo estanciero. Para entonces, tal como en los conflictos étnicos y de clase en el Chaco ocupado por la compañía inglesa La Forestal (Vidal, 2008) o en la militarización de las faenas petroleras en Comodoro Rivadavia (Gatica y Pérez, 2012) o Tarapacá y Antofagasta, la cuestión social reimpuso delimitaciones sociales y, con ellas, internacionales.⁷⁹
En 1875, el presidente Nicolás Avellaneda había planteado que “las fronteras habrán desaparecido cuando dejemos de ser dueños del suelo por herencia del Rey de España y lo seamos por la población que lo fecunda y por el trabajo que lo apropia”.⁸⁰ En efecto, la conquista militar por el norte y la expansión ovina desde el sur eliminaron el carácter soberano y de frontera civilizacional que el extremo sur tuvo por siglos, lo mismo que el de frontera nacional (o “interior”) que surgiera con la independencia de Argentina y Chile. Una vez desaparecida esa “frontera con el indio” comenzó a erigirse la frontera internacional entre ambos Estados. Disputada, abierta, cruzada en una y otra dirección por los inmigrantes que siguieron a la industria ovina, solo se definió cuando esos inmigrantes, asalariados, reivindicando sus derechos, confrontaron el orden estanciero y enfrentaron una violenta represión. La defensa de la propiedad y de las jerarquías sociales asociadas a ella, cerró la conquista que el exterminio y el desplazamiento indígena habían iniciado, lo cual favoreció (de manera incompleta, por cierto) la incorporación de cada territorio nacional a lo nacional-civilizado. La exigencia de papeles para cruzar la delimitación, y por lo tanto el crecimiento de la burocracia civil encargada de producirlos, y de la policial o militar a cargo de autentificarlos, emergió allí de la lucha de clases que el Estado –poder creador de la propiedad que posibilitó su presencia física sobre el espacio fronterizo– definió y resguardó.

Notas

¹ Este artículo ha sido producido gracias al proyecto Fondecyt 11121441 “Colonización y nomadismo en la formación de la experiencia popular en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1843-1923)”, y corresponde a la ampliación de una sección de mi tesis doctoral (2012), realizada con financiamiento del Social Science Research Council a través de una beca IDRF. Los comentarios al manuscrito de tres evaluadoras/es anónimos contribuyeron a enriquecer el texto, por lo que les agradezco, lo mismo que a Stefanie Torrejón, ayudante en la investigación judicial.

² Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile. Correo electrónico: albertoharambour@gmail.com.

³ El concepto de ficción jurídica refiere, para François-Xavier Guerra (1989), a la noción de soberanía popular en contextos estatales de derechos políticos restringidos. Aquí lo utilizamos para caracterizar el deseo territorial estatal documentado legalmente sin haber sido materializado sobre el terreno, como aquella ficción que alimentó el debate diplomático entre ambos países respecto de Patagonia. Según la doctrina del Uti Possidetis (o “como poseías poseerás”) reivindicado por las excolonias españolas americanas, cada Estado ejercería soberanía sobre la subdivisión administrativa hispana de la que se consideraba heredero, con independencia de la ocupación o colonización efectiva de todo el territorio por España. Patagonia, en los hechos, era un territorio independiente habitado por diferentes naciones indígenas soberanas. Un ejemplo en la cita de Avellaneda, en Guerra (1989, p. 16).

⁴ Entendemos por exclave un asentamiento estatal en un espacio separado del territorio que ocupa, a diferencia del enclave –asentamiento de un Estado dentro de otro–. En el caso de las colonias en Patagonia austral utilizamos la noción de exclave debido a, primero, la imposibilidad de comunicación terrestre entre Chile y Magallanes, y por largo tiempo entre Buenos Aires y Santa Cruz; segundo, por cuanto el espacio en que se asentaron ambos Estados permaneció fuera de su soberanía efectiva hasta el período aquí analizado, ocupado por pueblos sobre los que no ejercían control.

⁵ La figura legal del Territorio Nacional fue utilizada por la Argentina y Chile desde la década de 1860 para anexar espacios indígenas (Patagonia, Arauco) a la potestad redistributiva del Poder Ejecutivo. Estas poblaciones carecieron de derechos de representación política a nivel metropolitano hasta inicios de la década de 1930 (Magallanes), 1955 (Santa Cruz) y 1990 (Tierra del Fuego, Argentina). El principio colonial de esta legislación expresa la convicción de que tanto la población como el territorio anexado carecen de madurez cívica, ver Barros (2007).

⁶ Las obras de Lenzi (1972) y de Martinic (2006) expresan esta concepción estatalista de la soberanía. Una crítica a la historiografía regional que ha naturalizado el territorio estatal en Bohoslavsky y Godoy (2008, pp. 8-9).

⁷ Muerte de Luis Urrutia. 15 de mayo de 1907. Expediente 149-6, p. 8. Fondo Judicial de Magallanes (FJM), Archivo Histórico Nacional (AHN), Santiago de Chile.

⁸ Promotor Fiscal a Gobernador. 23 de septiembre de 1898. Volumen 17. Fondo Gobernación de Magallanes (FGM). AHN, Santiago de Chile.

⁹ Muerte de Luis Urrutia. 15 de mayo de 1907, p. 123. Expediente 149-6. FJM, AHN, Santiago de Chile. En el discurso oficial, delincuentes y otras “plagas sociales” provenían del extranjero. El caso de Neuquén ha sido bien trabajado por Rafart (2008). Mientras que Caimari (2004) y Palma (2011) han producido amplias caracterizaciones del delito y del robo en Argentina y Chile respectivamente.

¹⁰ El Magallanes, 17 de agosto de 1915. Punta Arenas.

¹¹ Francisco Ortiz, por hurto. 3 de mayo de 1907. Expediente 149-9. FJM, AHN, Santiago de Chile.

¹² Ministro de Guerra a Ministro del Interior. 19 de diciembre de 1890. Volumen 12. FGM, AHN, Santiago de Chile.

¹³ Ministro de Guerra a Gobernador. 26 de septiembre de 1891. Volumen 12. FGM, AHN, Santiago de Chile.

¹⁴ Memoria Correspondiente al año de 1892 y Alcaide a Gobernador. 15 de enero de 1893. Volumen 20. FGM, AHN, Santiago de Chile.

¹⁵ Alcaide a Gobernador. 30 de marzo de 1896. Volumen 8. Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores (FMRE). Gobernador a Ministerio de Relaciones Exteriores. 4 de junio de 1896. Volumen 743. FMRE, AHN, Santiago de Chile.

¹⁶ Ministro de Colonización a Gobernador. 19 de marzo de 1902. Volumen 35. FGM, AHN, Santiago de Chile.

¹⁷ Ministerio del Interior a Gobernador. 29 de febrero de 1916. Volumen 43, pp. 190-191. FGM, AHN, Santiago de Chile.

¹⁸ Sumario sobre vejámenes inferidos a Indígenas de Tierra del Fuego. Legajo 75, fojas 156-156v. FJM, AHN, Santiago de Chile.

¹⁹ Roberto Sepúlveda a Gobernador. 8 de abril de 1893. Volumen 2. FGM, AHN, Santiago de Chile.

²⁰ Subdelegado de Tierra del Fuego a Ministerio de Colonización. 21 de agosto de 1903 y Decreto Supremo del 15 de marzo de 1904. Volumen 35. FGM, AHN, Santiago de Chile.

²¹ Subdelegado a Gobernador. 7 de marzo de 1898. Volumen 21. FGM, AHN, Santiago de Chile.

²² La Unión, 25 de abril de 1907, Río Gallegos, citado en Bona (2010, p. 5).

²³ T.D.R. Burbury a Gobernador. 3 de febrero de 1908. Expediente 177-S, Legajo 75. Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz (AHPSC), Río Gallegos.

²⁴ La Unión, 29 de junio de 1911. Río Gallegos.

²⁵ La policía y los estancieros (1911, diciembre 28). La Unión. Río Gallegos.

²⁶ La Unión, 3 de enero de 1918, Río Gallegos, citado en Bona (2010, p. 5).

²⁷ Jefe de Policía al Gobernador. 3 de septiembre de 1906. Expediente 426-1906, Legajo 65, citado en Navas (2008, p. 8).

²⁸ La policía (1911, agosto 3). La Unión. Río Gallegos.

²⁹ La Unión, 4 de septiembre de 1913. Río Gallegos.

³⁰ Nuestra famosa policía (1920, enero 1°). Atentados policiales (1920, enero 15). La pocilga denominada Cárcel (1920, abril 15). El capitán Ritchie pide viático (1920, mayo 20). Otro atropello incalificable (1920, julio 1°). La Unión. Río Gallegos.

³¹ Edelmiro Correa Falcón (1920, julio 8). Memoria de la Gobernación. La Unión. Río Gallegos.

³² Punta Arenas (1911, junio 18). Portación de armas (1920, marzo 7). La Unión. Río Gallegos.

³³ Inquietudes que flotan (1920, junio 17). La portación de armas (1920, julio 22). La Unión. Río Gallegos.

³⁴ Von Femal, M. (1912, 11 de mayo). Los comisarios ad-honorem. El Trabajo. Punta Arenas.

³⁵ Huelga en Dawson (1917, mayo 31). El Socialista. Punta Arenas.

³⁶ El Trabajo, 31 de julio de 1911. Punta Arenas.

³⁷ Las provocaciones de un policía (1915, octubre 21). En San Julián (1915, noviembre 4). La policía es un peligro (1919, mayo 16). El Socialista. Punta Arenas.

³⁸ Punta Arenas (1914, agosto 13). La Unión. Río Gallegos.

³⁹ Resoluciones del Comicio. Volumen 43, p. 472. FGM, AHN, Santiago de Chile. El Socialista, 1° de marzo de 1917. Punta Arenas.

⁴⁰ El Socialista, 13 de julio de 1916. No hay derecho para quejarse (1916, septiembre 14). Resguardando la propiedad (1917, enero 18). El Socialista. Punta Arenas. Carabineros y la Policía de Punta Arenas (1916, octubre 16). La Opinión. Santiago de Chile.

⁴¹ Hubo tropas argentinas acantonadas en Santa Cruz en 1901-1902 por la tensión que precedió al fallo arbitral del rey británico (Lenzi, 1972, p. 532).

⁴² Punta Arenas (1911, octubre 19). La Unión. Río Gallegos.

⁴³ Nuestros comentarios (1915, diciembre 2). El Socialista. Punta Arenas.

⁴⁴ El Trabajo, 24 de agosto de 1912. Punta Arenas.

⁴⁵ Memoria del Gobernador, 31 de abril de 1914. Volumen 20, pp. 248-249. FGM, AHN, Santiago de Chile.

⁴⁶ Gobernador a Ministro del Interior, 6 de febrero de 1919. Volumen 20, p. 416. FGM, AHN, Santiago de Chile.

⁴⁷ Gobernador a Subdelegado U. Esperanza, 29 de marzo de 1919. Volumen 20, p. 510. FGM, AHN, Santiago de Chile. La misma situación se repetía en los demás territorios del sur argentino, en particular en Río Negro (Pérez, 2011, p. 3).

⁴⁸ Gobernador a Ministro del Interior, 21 de agosto de 1919 y Gobernador a Subdelegado U. Esperanza, 11 de diciembre de 1919. Volumen 20, pp. 884, 711. FGM, AHN, Santiago de Chile.

⁴⁹ El ucraniano Simón Radowitsky ejecutó al jefe de la policía bonaerense en represalia por la represión del 1° de Mayo de 1909 y fue condenado a cadena perpetua en Ushuaia, salió de allí en 1930.

⁵⁰ El Trabajo, 26 de enero de 1919. Punta Arenas.

⁵¹ El Trabajo, 17 de marzo de 1921. Punta Arenas.

⁵² Círculo Argentino (1920, julio 15). Policía particular (1920, septiembre 30). Liga Patriótica (1920, octubre 14). La situación creada responde a elementos perturbadores (1920, octubre 21). La guardia ciudadana (1921, febrero 17). La Unión. Río Gallegos.

⁵³ La huelga y la especulación del sentimiento de nacionalidad (1920, octubre 28). La Unión. Río Gallegos.

⁵⁴ El terrorismo en el Territorio (1921, enero 6). La Unión. Río Gallegos.

⁵⁵ Los territorios del sur progresarán cuando existan garantías (1921, agosto 20). La Unión. Río Gallegos.

⁵⁶ Se apresura el envío de fuerzas militares (1921, agosto 6). La Unión. Río Gallegos.

⁵⁷ La Unión, 8 de diciembre de 1921. Río Gallegos.

⁵⁸ La Unión, 24 de agosto de 1921. Río Gallegos.

⁵⁹ Varela, H. B. (1921, 23 de noviembre). A los señores estancieros y mayordomos de estancias. La Unión. Río Gallegos.

⁶⁰ Las tropas chilenas guarnecen la frontera (1921, noviembre 5). La Unión. Río Gallegos.

⁶¹ Hay excelentes análisis sobre el surgimiento y mantención del orden oligárquico o artistocrático en América Latina. Una síntesis desde una perspectiva no nacionalista de la historia regional véase en Bohoslavsky y Godoy (2008).

⁶² Ministro de Justicia a Gobernador, 3 de octubre de 1910. Volumen 42, p. 111. FGM, AHN, Santiago de Chile.

⁶³ La clase trabajadora como clase peligrosa (por su retraso moral y su asecho al orden propietario) ha sido caracterizada por Chevalier (1958). Sobre la extranjerización y racialización del movimiento obrero ver Balibar y Wallerstein (2002), una aplicación de estos conceptos para Santa Cruz en Barros (2007).

⁶⁴ Gobernador a Prefecto y Gobernador a Gob. Marítimo, 22 de enero de 1919. Volumen 20, pp. 402-403. FGM, AHN, Santiago de Chile.

⁶⁵ Ley de residencia (1920, enero 1°). La Unión. Río Gallegos.

⁶⁶ Gobernador a Ministerio del Interior, 18 de octubre de 1919; Gobernador a Subdelegado U. Esperanza, 22 de noviembre de 1919; Gobernador a Jefe Carabineros P. Natales, 22 de noviembre de 1919. Volumen 20, pp. 805, 853-854, 857. FGM, AHN, Santiago de Chile.

⁶⁷ Gobernador a Comisario Baker, 5 de diciembre de 1919. Volumen 20, p. 874. FGM, AHN, Santiago de Chile.

⁶⁸ La columna salió de Río Gallegos hacia Tapi Aike, originalmente una propiedad de Stubenrauch y Von Heinz, que luego fue absorbida por Braun y La Explotadora. El convoy se detuvo a conversar con Mr. Edwards, manager de la estancia Cerro Castillo de La Explotadora, usando la única línea telefónica existente; después continuaron hasta Fuentes del Coyle, cuya dueña también era esa Sociedad, para conversar con Mr. Kidd, quien había llegado hasta allí huyendo de Puerto Bories, donde era manager. Se trataba del principal complejo industrial de la Patagonia y propiedad de La Explotadora. En ese preciso momento, el subadministrador de Cerro Castillo, Mr. Fells, se comunicó para pedir ayuda: 50 a 60 “huelguistas armados con Winchesters” intentaban ocupar la principal estancia en Última Esperanza. Parte de las tropas permanecieron en Rostempek, posesión de Sarah Braun de Menéndez. El auto deportivo que encabezaba el convoy era conducido por el voluntario escocés Archibald Lauder, convertido en reservista del Ejército argentino. Los tractores-camiones fueron facilitados por el Garage Patagonia, perteneciente a La Explotadora del Grupo Braun-Menéndez. Agradezco la copia fotográfica en alta resolución a Luis Milton Ibarra y la edición de la imagen a Sebastián Harambour.

⁶⁹ La odisea de los pasaportes (1920, abril 1°). La Unión. Río Gallegos.

⁷⁰ Ministerio del Interior a Gobernador, 20 de julio de 1920. Volumen 43. Expediente 639, p. 753. FGM, AHN, Santiago de Chile.

⁷¹ La huelga y la especulación del sentimiento de nacionalidad (1920, octubre 28). La situación creada responde a elementos perturbadores (1920, diciembre 21). La Unión. Río Gallegos.

⁷² Resolución prohibiendo la portación de armas (1921, abril 21). La Unión. Río Gallegos.

⁷³ Gobernación (1921, agosto 27). La Unión. Río Gallegos.

⁷⁴ Decreto (1921, mayo 19). La Unión. Río Gallegos.

⁷⁵ Creación de los cuerpos de gendarmería (1921, noviembre 16). La Unión. Río Gallegos. En 1918 ya se había decretado la formación de las Policías Fronterizas para los Territorios Nacionales, pero no tuvo aplicación en Santa Cruz.

⁷⁶ Las libretas de trabajo (1921, diciembre 10). La Unión. Río Gallegos.

⁷⁷ Un exhaustivo análisis de las relaciones fronterizas entre ambos Estados en Lacoste (2003).

⁷⁸ En este sentido, el Estado puede considerarse como “la culminación de un proceso de concentración de una variedad de tipos de capital...una suerte de meta-capital que asigna poder sobre otras especies de capital” (Bourdieu, 1999, pp. 57-58). La concesión de tierras no mensuradas o incluso desconocidas para el Estado y para los receptores de la asignación es un ejemplo de ejercicio del poder alocativo.

⁷⁹ La militarización del conflicto social y el reemplazo de huelguistas por tropas no fue, por cierto, exclusiva del extremo austral; allí, sin embargo, definió la erección de la delimitación fronteriza.

⁸⁰ Avellaneda a Cnel. Barros, 20 de agosto de 1875 (Avellaneda, 1910, pp. 183-184).

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Fecha de recepción de originales: 21/08/2014.
Fecha de aceptación para publicación: 01/09/2015.