ARTÍCULO

Voces convergentes. Resultados divergentes. Argentina, 1910-2010

Orietta Favaro
oriettafavaro@speedy.com.ar
Facultad de Humanidades - Universidad Nacional del Comahue; Cehepyc/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Resumen
El objetivo de la propuesta es acercar algunas reflexiones sobre la acción de dirigentes políticos, profesionales y técnicos del aparato estatal en Argentina, generando políticas públicas y opciones relacionadas con el modelo económico vigente y los recursos naturales, en un análisis comparativo de dos momentos: 1910 y 2010.

Palabras clave: Estado; Políticas; Dirigentes y técnicos; Recursos.

Convergent voices. Divergent results. Argentina, 1910-2010

Abstract
The objective of this proposal is to bring some thoughts together about the actions of political leaders and professionals and technicians from the state government that generated public policies and alternatives to the current economic model and the natural resources. This is comparative analyses of two moments: 1910 and 2010.

Key words: State; Public policies; Political leaders and technicians; Natural resources.

Recibido: 04/05/10
Aceptado: 18/05/10

1910. LA ARGENTINA QUE NO FUE. ¿OTRA ARGENTINA? 

Primer centenario de la 'revolución de mayo'. La economía y la sociedad tenían como eje el sector exportador consistente en productos agropecuarios, carne vacuna y cereales. La población se había cuadriplicado en menos de una generación y el valor de las exportación aumentó mucho más. Se daba con éxito, para algunos, la especialización de Argentina en producción de carnes y alimentos para el mercado británico, entre otros. La burguesía, compuesta -aunque no exclusivamente- por familias tradicionales, aprovechó las favorables condiciones internas y externas; no eran para la época que hacemos referencia más de cuatrocientas familias muy vinculadas entre sí, cuyas propiedades se encontraban ubicadas en las proximidades en la mejor área del litoral- pampa húmeda: tierras fértiles, pastos naturales, escasa tecnología, cercanas al puerto y por lo tanto, al mercado exterior.

Se había alcanzado una 'gran prosperidad'; los indicadores económicos mostraban el progreso, las exportaciones habían crecido seis veces y media, las líneas férreas aumentado más de diez veces, el total del área sembrada se había cuadriplicado en los últimos treinta años. Paralelamente creció la población de menos de dos millones (1869) a casi ocho (1914), producto del fenómeno inmigratorio, mayoría de italianos y españoles (cuatro millones entre 1880-1910); la mitad se radicó en el centro de la gran expansión, Buenos Aires, que había dejado de ser la 'gran aldea'.

El 'sistema político', para denominar de alguna forma al conjunto de partidos, giraba en torno al fraude organizado, a las lealtades políticas con recompensas personales y al intercambio de favores (Rock; 1975: 14-40) Si queremos recrear el escenario político, sólo hay que tener presente que un pequeño núcleo de la sociedad monopoliza el acceso al aparato estatal, garantizando el usufructo del mismo para sus integrantes. Los hombres que gobiernan son reclutados en un reducido sector de la población, forman un grupo cerrado basado en vínculos de parentesco, amistad y linaje. El riesgo era la inclusión de hombres 'nuevos' dentro del gobierno, que 'no saben el mecanismo de poder'. Las estrategias clientelares permiten obtener adeptos para el sistema y favorecen el tipo de relaciones paternalistas en las que se hace comprensible la búsqueda de amigos y patrones mejor ubicados en la escala social (Romer, 1990: 8-11) En el marco de esta concepción no era un peligro el acceso al gobierno del radicalismo la clase social menos clasista, parafraseando a W. Ansaldi, a través de la ley electoral que permitía descomprimir las tensiones y evitar el conflicto social.

Esta clase social, la burguesía -socia menor en el desarrollo capitalista internacional- , debía asegurar que la situación socioeconómica continuara, resistiendo los cambios que se estaban produciendo en la sociedad y en la política. El proceso de modernización realizado por esta misma clase, la inmigración, los nuevos canales de acceso abiertos por la creciente actividad económica, el crecimiento de las ciudades litorales y el aumento de la burocracia estatal al desarrollar un amplio sector de sectores medios que pretendían el reconocimiento social como la participación política, comenzó a socavar las bases de las estructuras armadas por la clase dominante (Romero, 1974: 36)

No obstante, la proporción de extranjero sobre el total de población preocupaba a la burguesía argentina, existía temor por la desintegración social, con el crecimiento de las huelgas y la violencia tuvo su pico, precisamente, para el Centenario. Se veía la amenaza de un conflicto creciente, una agitación social que preocupaba (Barbero y Devoto, 1983:15-17)

La 'cuestión social' (nombre del periódico editado por Enrique Malatesta en 1885) era compleja y mostraba al desnudo las desigualdades del capitalismo. El malestar de la población, el desenvolvimiento de la clase obrera y sus manifestaciones ideológicas aceleraban la visibilidad y emergencia de la radicalizada cuestión social sobre la cual había que pensar. Simultáneamente se daba un interesante movimiento cultural, una nueva generación literaria, intelectuales, políticos, dirigentes que presentaban nuevas ideas e intentaban concretarlas. A veces con una visión crítica de la Argentina del Centenario, estos 'nacionalistas' aconsejaban imprimir a todo un carácter más nacional, definido como "ante todo un amor serio y humano hacia la raza y hacia la patria. El nacionalismo no pretende anglicanizarnos, no afrancesarnos, sino argentinizarnos. Nos recuerda que somos latinos, pero antes españoles, pero antes aún americanos y antes de todo argentinos para que, sacando de nuestra conciencia colectiva, de nuestra historia de nuestra estirpe y de nuestro ambiente, lo argentino" (Gálvez, 1910: 230-232) Es que existía una fuerte preocupación por la 'supuesta' disolución de lo nacional ante el empuje inmigratorio.

Su relación con la política y con la sociedad era complicada, no se creía en la democracia, el sistema constitucional del siglo XX estaba caduco, por ello, frente a la acción del radicalismo, señalaba que el gobierno mayoritario es siempre "caro, torpe y con frecuencia corrompido" (Lugones, 1930, 161-164). Era un 'nacionalismo de élite', que proponía el voto calificado, un código penal más severo, la reimplantación de la enseñanza religiosa, había que revisar la enseñanza en la escuela y en la universidad y la mujer debía refugiarse en la intimidad hogareña ya que era allí donde podía desplegar su sentido más profundo, recuperando las cosas por su valor, despojándose del ropaje con que las disfraza la discusión pública y el ajetreo de la calle. La mujer debía sujetarse a la intimidad del hogar (Casares, 1930:175)

Una nueva generación de políticos e intelectuales liberales, guiados por el espíritu reformista del Centenario que convivió con otras vertientes, tenía en hombres profesionales del derecho, de la medicina, de la economía, con una fuerte vocación. No era un grupo homogéneo y sus miradas de la política, de la sociedad, de la economía diferían. No es lo mismo las propuestas de Lugones, Casares, Pico, Gálvez, Palacios, los hermanos Irazusta, entre otros, que los planes, ideas y actuaciones de Pellegrini, Sáenz Peña, Gómez, Hermitte, Mosconi, Ortiz Pereyra, etc.

En este marco, es interesante reflexionar sobre lo que no fue, sobre la acción de los reformadores y sus proyectos en el clima de ideas de época, -sin descartar que esto es también resultado de la presión de los sindicatos y de las huelgas- así como de la disconformidad acerca del régimen político y de la 'democracia' vigente. El Estado nacional, los que desde allí gobernaban a la sociedad, hacen su lectura de lo que está sucediendo, observan la sociedad que se conforma en el marco del modelo económico agroexportador capitalista y leen algunas señales; técnicos, funcionarios, economistas, intelectuales, coinciden que es indispensable aportar y provocar cambios. Se producen conflictos interoligárquicos que conduce, del algún modo, hacia la reforma y a los reformadores. En este orden, es necesario descartar la visión generalizada que tiende a homogenizar el período que atraviesa 1910, en el cual -excepto la sanción de la ley de sufragio obligatorio, universal y secreto- no se habría producido nada nuevo. Una sociedad que se estaba modernizando y en la cual algunos inmigrantes- canalizadores de una ideología extraña, los anarquistas, eran los portadores del conflicto. Antes bien, se trata de un conjunto los hombres que se desempeñaban en el régimen político, conservador o liberal¹ -como se lo nomina- que tenían un pensamiento concreto y les preocupaba cuestiones centrales del desarrollo del Estado, de la sociedad, de la economía.

En primer término, recordemos que el grupo que había nacido alrededor del '80, tenían dos referentes institucionales comunes: en el plano económico, la Cacip (Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción), que se proponía hacer converger los intereses de los tres sectores de la actividad económica, similar a lo que intentará la Confederación General Económica (CGE) en los años cuarenta. En el plano político, el referente no eran las grandes reformas, más bien se llevaron bastante mal con la democracia, los gobiernos populares, la ley Sáenz Peña. Muchos de ellos, en particular los escritores e intelectuales, veían que el país se había ensombrecido debido al cosmopolitismo de los hombres y capitales que ingresaron y con ellos sevisualizaba cierta disolución de los núcleos morales, las tradiciones, la corrupción del idioma, el desconocimiento del territorio, el ansia de riqueza sin escrúpulos, el culto a las jerarquías, el individualismo demoledor, entre otros; hechos que compelían a una reacción a favor de la conciencia nacional y de las disciplinas civiles. Alguno de ellos, Rojas, Gálvez y, -con diferencias importantes- Carlés, Lugones, Palacios, los Irazusta entre otros; a los que se los ubica como los 'nacionalistas'².

Desde comienzo de siglo XIX, hay dirigentes que, preocupados por el desarrollo de la política y lo político, el accionar del PAN y de los 'notables', las acciones del Radicalismo, las tensiones sociales producto de la euforia anarquista, deciden producir algunos cambios. Unión Cívica Radical (UCR) más anarquistas más sindicalistas no se compadecen con la vida cotidiana a la que aspiran los dirigentes políticos de esos años. De modo que Carlos Pellegrini es el primero que afirma la necesidad de crear un partido conservador, de base amplia, con apoyo de las masas y a pesar de los intentos de acuerdo del grupo controlado por sector oficial 'roquista', no pudo controlar la sucesión de 1904. Este año es un momento fundacional porque el proceso iniciado por Pellegrini, seguido por Alcorta, Indalecio Gómez, Sáenz Peña, entre otros, continúa su rumbo, no sólo conducente a la sanción de la ley de 1912, sino a producir reformas en la política que aportaría un partido para competir legalmente con el principal contendiente que preocupada a este sector de la clase dominante: la UCR. A esta fracción reformista le interesaba crear una mediación entre el Estado y la sociedad, veía la escisión societal y estaba convencida de la necesidad de crear un partido orgánico, por ello se lo intenta aunque sin éxito -por la lucha facciosa en su interior- con el Partido Democrática Progresista (1914) Esto se produce por que el aparato de estado era una estructura política poco permeable a la competencia y porque, además, la incorporación de la oposición debía darse en forma gradual, no de modo abrupto. Se trata de una fracción liberalizante, influida por las ideas de la época, cabe mencionar a título de ejemplo, Stuart Mills, la Rerum Novarum, el modernismo, el espiritualismo, positivismo, krausismo, socialismo, etc.

Había que pasar de una república posible, a una república verdadera, como decía Alberdi, por ello, este sector minoritario en la estructura del Estado es optimista, considera necesario crear el ciudadano, ciudadanía que será concedida no conseguida, para conformar una arquitectura de legitimidad por sobre la desigualdad de clases. Tienen un proyecto global a partir de las lecturas de la época y de los cambios operados en la sociedad, de modo que es que la misma clase dominante la que se politiza, se fractura e intenta modificar, desplazando el centro del poder a otro lugar. De todas formas, mientras se daba este proceso había una permanente tensión entre la igualdad invocada por la ciudadanía y la lógica económica. Era necesario democratizar la política aunque a la burguesía no le preocupaba, no le interesaba ni la beneficiaba; por ello, precisamente, no hizo nada para profundizarla en una dirección liberal burguesa o socializante.

No le inquietaba demasiado a este sector reformista el Radicalismo un actor que surge en el momento de expansión de la economía agroexportadora, pero que no se corresponde con los cambios en la política; era indispensable crear la competencia. La UCR era un partido policlasista que no presentaba clivajes determinantes, venía de la oposición, lo unía lo que no funcionaba, incluía y excluía y actuaba dentro y fuera del 'sistema político' que se estaba construyendo. Forzó desde afuera y se amplió desde adentro, por ello, es un actor con contradicciones, se presenta como partido político, paralelamente, como un movimiento nacional supra partidario y pide la democracia en forma insurreccional.

El sistema de representación pasó de una forma cerrada a una abierta, pero el proceso fue disruptivo; se estaba produciendo una lucha contra la oligarquía -como sistema de dominación- no contra la burguesía, para recuperar la tradición. El poder había rotado entre áreas e intereses regionales (noroeste, cuyo, pampa húmeda) y por intereses sectoriales (burguesía comercial, terrateniente, ganadera: invernadores, criadores, fracción industrial)

Ahora bien, al grupo de referencia no sólo le preocupa la política y lo político, sino también le interesa la cuestión social; aunque desde el Estado haya actitudes duales: políticas de seguridad social, legislación, incorporación de médicos higienistas,-muchos de ellos socialistas- y simultáneamente, la represión a la clase obrera (1902, 1904,1910)

A su vez, el modelo económico³ predominante era la economía agroexportadora, con base en la ganadería y en la agricultura, aunque esta última tendría un papel subordinado. No obstante, el Estado nacional -no sólo territorio geográfico, monopolio de las normas y creador de la identidad y del orden en el espacio- tiene un rol fundamental a comienzos del siglo XX y desde la fracción reformista surgen lecturas y propuestas para introducir modificaciones al régimen de acumulación. Recordemos que se conformó el Estado, la burguesía y el mercado nacional; nacional relativamente porque el Estado sólo podía extender su poder en su territorio: las provincias (eran catorce y preexistentes al Estado); el resto son los territorios nacionales (43% del país), espacios delimitados geográficamente con fuertes diferencias internas y externas. Por lo tanto, no es posible pensar en una burguesía y un mercado nacional, porque no está el territorio integrado, los habitantes no comercializan con la totalidad del espacio argentino y el Estado sólo puede ejercer su poder en todo el territorio. Era menester fomentar el establecimiento de población en esas regiones, crear la sociedad y solidificar la existente en parte del país.

Así, algunos de estos reformistas -Bunge, Cárcano, Herreras Vegas, Méndez Casariego, Pérez Catán, Hermitte, Escalante, Toribio, Lobos, entre otros⁴- escribían sobre la fragilidad de la Argentina agroexportadora, sobre el estancamiento agropecuario, causado por el régimen institucional y la política crediticia que impedían una mayor subdivisión de la propiedad y mayor absorción de capital y trabajo. Mencionaban la necesidad del desarrollo de los transportes, principalmente de los ferrocarriles (con un insuficiente desarrollo vial), cuestionaban la excesiva especialización del sector agropecuario en bienes pampeanos, un mercado interno estancado y la disminución de las inversiones extranjeras. Decía Bunge, "la Argentina no puede esperar una gran demanda de sus productos agropecuarios originada en los Estado Unidos. Este último es un error muy frecuente contra el que hay que precaverse". Y fundamentalmente propiciaban la activa participación del Estado mediante la formulación y ejecución de una nueva política económica de sustitución de importaciones por producción nacional, creando nuevos ejes de desarrollo. Se trata de "crear nuevas actividades básicas productoras e industrializadoras de materias primas agropecuarias y mineras. Estas actividades deben desarrollarse aún cuando su costo sea un enorme crecimiento de las actividades tradicionales. En éstas lo decisivo es promover la creciente utilización de capital y trabajo. Por otro lado,-dice Bunge entre otros- se trata de fomentar un nuevo eje de actividades económicas basado en la vialidad, los automotores y la explotación del petróleo"⁵ (Llach, 1985: 29-31)

Continúan enunciando los principales obstáculos para impedir la nueva etapa de desarrollo con el marco institucional, lo legal, lo cultural y lo ideológico, porque -explican- predominan los importadores y estancieros por sobre los granjeros y los industriales, de modo que tienen una actitud contraria a la industrialización; algo semejante sucede con los consumidores, son refinados, no les interesa lo nacional, a lo que habría que agregar el sistema financiero en un país como Argentina que no se canaliza hacia las actividades más productivas sino hacia el comercio o los gastos públicos. Así se conformó una estructura de ocupación urbana, que pretende incentivos económicos pero que se desliga de las actividades productivas, a lo que había que sumarle un sistema educativo, poco proclive a lo tecnológico que permitiría mayor ocupación (Ibíd, 31)

Un comentario singular es el de Enrique Hermitte, un técnico de la División de Minas, Geología e Hidrología dependiente del Ministerio de Agricultura, quien tuvo un papel destacado en la exploración y explotación de recursos, en particular del petróleo en nuestro país desde comienzos de siglo XX. Decía al respecto de la importancia de la acción estatal

el Estado no es un mal administrador' y en el caso como el que nos ocupa (el petróleo), será fácil desvirtuar esa creencia siempre que al organizar la dirección de explotación se supriman algunos inconvenientes con los que se generalmente tropieza la acción administrativa [...] el Estado como ente abstracto no explota, para ejercer esta función debe exteriorizarse y crear el organismo del caso, delegando facultades en un comisión o en un directorio a quien fija líneas de conducción, revistiéndole de la autonomía necesaria para la función y dándole atribuciones y medios para producir, transportar, vender y disponer del producto de la explotación" (Memorias, 1910:33)⁶

Un ejemplo interesante de la acción de la instancia central en estos años, frente al descubrimiento intencional de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907, de la cual soslayando la legislación vigente, Código de Minería, cuyo artículo 9 prohibía intervenir en la explotación de los recursos mineros, apela a un decreto por medio del cual realiza la reserva amparándose en una Ley de Tierras, (Nº 4167, 1903). La División de Minas y a partir de 1921, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, realizó una intensa labor de exploración, explotación, reserva, comercialización e industrialización del petróleo. Son medidas que provocarán adhesiones y conflictos con las provincias, quienes consideraban que el recursos les era propio, hecho que confrontaba con la idea y labor del gobierno, no sólo los radicales sino también los que continuaron, con sus claros y oscuros para señalar diferencias. Pero además, es importante comentar que varios de estos reformistas, pensando en las posibilidades de la Patagonia, de algunas de sus áreas productivas y de sus recursos naturales, elaboraron proyectos para fomentar los territorios nacionales. Como el resto de los reformistas, en el caso de los encararán estas propuestas, también vienen de la Universidad y tratan de plasmar en el aparato de estado donde se encuentran, parte -sino todos- sus proyectos y programas, es decir, desde la institución a la política. Nos referimos a Ramos Mexía, quien bajo el gobierno de Alcorta ocupa el cargo de Obras Públicas y, en ese sentido, define un plan de obras para los espacios extraprovinciales. El proyecto se denominó Ley de Fomento de los Territorios Nacionales (1908), involucraba a la instancia central en un rol activo mediante cual debía construir líneas férreas, realizar obras de navegación, regular las crecientes, canalizar ríos, aprovecharlos en el orden energético y dividir y vender tierras fiscales para su colonización y doblamiento (Bandieri, 2009:54-55).Varias de estas obras se concretaron, en algunos casos a medias como la del ferrocarril San Antonio-Bariloche, que llegó en 1934. Como también es necesario rescatar por sus proyectos, estudios y concreciones al ingeniero Bailey Willis quien admirando las aguas del río Limay pensó en la construcción de un gran dique que formaría, a su vez, un gran lado, cuya agua sería aprovechada para la provisión de energía. Con toda la presión de los dueños de las tierras, de los exportadores de lanas y de los ferrocarriles privados, no era una tarea fácil para emprender. Residiendo en Bariloche dedicó años al estudio de la forma de construir un ferrocarril que uniera nuestros valles con los puertos chilenos del Pacífico. Proyectos retomados durante años por dirigentes, políticos y técnicos, aún sin lograr plasmarlos. Si la política es en principio ámbito en el que se definen las opciones que regulan y dan contenido a la actividad social, la administración pública no puede ser ajena a ella, de allí la importancia de la viabilidad y pertinencia de la misma.

Ahora bien, ¿hasta qué punto las afirmaciones y presupuestos de Bunge y el grupo de reformistas, resistieron el tiempo, en los nuevos contextos, con los cambios nacionales e internacionales? No se trata de discutir si hubo demora, desvíos o que algo ocurrió, sino señalar que éste era el modelo económico que a la clase dominante le aportaba extraordinarias ganancias en épocas de condiciones favorables externas. Cuando no las había, se apelaba a "ruedas menores", tales como medidas e instituciones regulatorias, mayor intervención del Estado e industrialización para sustitución de importaciones. Las clases sociales, en particular la burguesía, tuvo conocimiento de las señales de mercado para provocar modificaciones, si no las produjo fue porque las condiciones para sus intereses de clase no le beneficiaría, tampoco a los obreros o los sectores medios en tanto consumidores y clases subalternas. Es decir no hubo una especialización forzosa ni tampoco es conveniente pensar que operaba un espejismo de un grupo que veía lo que no existía o no era rentable. La actividad que se desarrollaba era suficientemente rentista y la(s) clases acostumbradas al crecimiento rápido identificado con el modelo agroexportador que considerarán a cada crisis como un accidente luego del cual vendría el retorno a la normalidad. Recién en 1940, el Plan de Reactivación Económica (Plan Pinedo) reconocerá la necesidad de modificar la estrategia vigente (LLach, 1985: 37)

Nos parece importante subrayar que los reformistas de la clase dominante advirtieron que había otras actividades para desarrollar que podían contribuir a cambiar, completar, ampliar el mercado argentino, sólo que "era necesario convencerse que esta reacción no debe esperarse del pueblo, debe venir, ante todo, de los de arriba, de los que tienen más cultura, más tradición, más capacidad económica" (Bunge, 1921: 449-479). En el contexto de un Estado que consolidaba y extendía su poder, valorizaba el espacio y el modelo económico funcionaba, las clases se cristalizaban, los partidos políticos modernos aparecían; parte de los hombres que ejercían el gobierno o se encontraban en funciones en el aparato estatal desarrollaron políticas públicas -esencia de la actividad del Estado- en tanto acciones destinadas a proveer de infraestructura, controlar recursos naturales, desarrollar otros sectores, asumir un rol empresario (YPF), generando políticas -si bien excluyentes en lo social- eficaces en lo que hace a la participación del Estado en la actividad económica sin que ello implique que la instancia central realizara una reasignación de recursos a favor de las clases subalternas. La formulación de una política es una operación abstracta: "implica el sentido que tendrá la acción". Su concreción involucra la intervención de una cadena de actores cuyo comportamiento va desagregando a la vez que va materializando la política. Esto inscripto en la concepción de que el Estado es una instancia de articulación y dominación de la sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y contradicciones tanto a través de las variables tomas de posición de sus instituciones, como de la relación de fuerzas existentes entre éstas (Oszlak,1984:16). Se había producido una 'revolución urbana' y la clase dominante percibían la necesidad de resolver el o los problemas que se tornaban a sus ojos en una amenaza para el orden público; en este sentido, la preocupación por la 'cuestión social', es decir en parte política de intervención médica y sanitaria -decían los médicos higienistas con una mira paternalista- había que 'cuidar la salud del pueblo'. La 'gran aldea' se había transformado y se debía regular todo para evitar el incremento del número de desocupados.

¿Qué experiencia tenía estos hombres en el marco de esa República posible para desplegar con fuerza políticas e ideas? Evidentemente más que experiencia tenían lecturas del pasado, convicciones que les permite explicar y aplicar medidas, tareas, estrategias para provocar cambios. Por ello, la importancia de la relación entre régimen político y políticas públicas como respuesta a la ciudadanía y a las transformaciones económicas, sin que fuera planteado a corto plazo y sin pretensiones ni previsiones del (los) reformador(es). Ese es el 'espíritu del Centenario'. En síntesis, hubo una fuerte voluntad reformista presente en esta fracción liberalizante de la clase dominante, articulada tanto para contener peligros reales, o sentidos como reales, desplegados en una sociedad marcada por los efectos de la inmigración masiva, por el recrudecimiento de la cuestión social y por la contestación política desde el dentro y fuera del 'sistema' político en el marco de un 'modelo económico' que beneficiaba a unos pocos.

2010. ARGENTINA... A MARCHA FORZADA

Con la dictadura argentina de 1976 se produjo una privatización autoritaria de la escena pública, la despolitización de los ciudadanos y la supresión de los mecanismos de articulación de intereses y representación política. "El individuo fue proclamado la unidad social por excelencia", para desactivar toda acción política basado en una lógica colectiva (Oszlak, 1984:35-36). Pero si bien hubo un vaciamiento de la escena pública y la política se redujo a las decisiones unilaterales desde el Estado, escasamente realimentado por sus destinatarios y los ciudadanos confinados a la vida privada. Sin embargo, aunque desaparecieron las formas convencionales de hacer política, se crean otras nuevas, en cierta forma inéditas, ya que la escena política fue lleva "tras bambalinas y convertida en un escenario velado y vedado. La privatización de la sociedad no implicó la desaparición de la política sino que aunque perdiendo su papel protagónico, algunos consiguieron penetrar en el nuevo escenario oculto: 'los sótanos del poder' (Ibíd: 39)

Con la institucionalización del país, la democracia argentina trajo el resurgimiento de mujeres y hombres de actividades, de organizaciones, de acciones, de la política y del conflicto, en definitiva, se recreó la escena pública Los partidos, intentaron asumir el rol de bisagra entre la sociedad y el estado, situación que provocó la necesidad de renovar liderazgos por la cuestionada representatividad luego del invierno político a que los condenara el régimen autoritario. Había que canalizar las energías de una ciudadanía que renacía junto a las instituciones y organizaciones sociales, aunque su vocación democratizante -por lo menos en amplios sectores de la sociedad- no logró direccionarse a la conformación de un sistema de partidos 'sólidamente implantados en esas mismas bases sociales' (Ibíd:43)

Convocados los políticos y la política con urgencia por un poder en disolución, los

partidos tradicionales ingresaron en la escena política, todavía dominada por la perversa alianza establecida entre empresarios, tecnócratas y militares durante la dictadura [...] Depositarios de un precario consenso electoral, cuando llega la hora de gobernar deben asumir sus grandes carencias y afrontar no sólo los grandes problemas heredados del período anterior, sino también la necesidad de transformar en consistentes políticas de Estado las grandes promesas formuladas durante la contienda electoral. (Pucciarelli, 2006:8)

El nuevo gobierno (UCR-R. Alfonsín) tenía conciencia del problema social y de los diferentes actores y sus requerimientos. Sus objetivos lo llevaron a una serie de alianzas que se fueron moviendo unidireccionalmente y terminaron ubicando al gobierno en un lado del espectro económico. En definitiva, si bien los objetivos del gobierno hacia el poder económico eran dobles, por una parte, políticos: tener las instituciones democráticas y por otro, concretar inversiones económicas, tuvo éxito en la primera y fracasó en la segunda; las alianzas, los frentes de conflicto y las tensiones con los heterogéneos actores sociales y políticosque cuestionaron la intromisión política del Estado en los intereses económicos dominantes, derivaron en la inestabilidad económica, ya de la mano de otros grupos e intereses que necesitaban la instalación de un equipo liberal en el país en el que, ya se habían modificado -1976/1983- las relaciones sociales de fuerza y expresado a nivel de la política (Ostiguy 1990:324-338). Es que había que concretar y darle solución a una variedad de cuestiones: recuperar para el Estado, la soberanía público-estatal, sin que fuera una democracia tutelada. Enfrente el poder económico concentrado y fortalecido en la dictadura cambia de bando. Ahora otorga su apoyo a la institucionalidad aunque tiene claro que no permitirá -nuevamente- las políticas redistributivas destinadas, en esta oportunidad, a reparar los daños en las clases subalternas del PRN.

A partir de 1989, Argentina asistió a un cambio de gobierno con 'resabios populistas' y, aunque la democracia estaba consolidada pues no amenazaba al gran capital, se afianzaba el horizonte de la intangibilidad de los intereses de la clase dominante de la mano de la exclusión social. De la heterodoxia, se pasa a la ortodoxia económica - frente al agotamiento del régimen de acumulación; así bajo la conducción de Menen y Cavallo se impone una homogeneización del núcleo del poder económico tras vastas reformas estructurales. "El empate de la distribuciónde bienes políticos y materiales vigentes desde la década del '40 se quebró a favor de la burguesía más concentrada, que logró que desde gobiernos democráticos se implementaranreformas globalmente coincidentes con sus intereses, orientados desde 1985 en adelante, a la búsqueda de un modelo de acumulación superador del sustitutivo de importaciones y mercado internistas y al mantenimiento de una ofensiva permanente sobre los derechos y el nivel de los trabajadores. En la 'vereda de enfrente' los trabajadores y sus representación sindical perdieron tanto en poder social como en ventajas materiales y esto no desembocó, en general, en acciones contestatarias efectivas" (Gambina y Campione, 2002:151-152)

En efecto, a pesar de la reforma fiscal, del ajuste, de las privatizaciones, del desempleo, de la crisis de hegemonía del 2001, de los obstáculos para la profundización democrática, el avance popular tuvo varias facetas. Por una parte, hubo manifestaciones, protestas, huelgas, frente a los primeros efectos de la aplicación de las políticas que ni fueron de gran magnitud, ni tuvieron la difusión mediática que debían tener, como tampoco los dirigentes y los sindicatos asumieron su representación y defensa en un plan de lucha, como tradicionalmente lo venían haciendo, en particular en gobiernos democráticos. De modo que se da una enorme masa de desempleados, con o sin experiencia sindical y toda una generación que ni siquiera conoció lo que es el empleo. Las luchas se concretan, en gran parte, por fuera del gremio o sindicato, que casi siempre en connivencia con el gobierno, miró al costado. A esta situación es necesario agregar el 2001⁷, donde el sistema político nacional revelaba su límite, con una crisis de hegemonía de la dirigencia política y de los partidos y una ausencia de dirección consciente de la movilización popular. Quizás se pueda pensar que en ese momento se clausura la experiencia neoliberal en sus núcleos más duros y se accede a una nueva etapa donde no aparecieron muchas cosas nuevas.

Si bien el paradigma de los '90 fue puesto en cuestión, la resolución de la crisis vino de la mano de estrategias de contención a la movilización popular, reorganización del patrón de acumulación vía devaluación, violencia social y una reconstitución de la política y lo político, donde emerge una conciliación de la sociedad con la política (Lozano, 2006: 12-19). Todo ello no estuvo exento, entre otras cuestiones, de desconfianzas, fracturas de las organizaciones populares, huelgas, conflictos, tomas de los lugares de trabajo, menor protagonismo popular. Recordemos los efectos de la privatización de las empresas y servicios públicos, áreas que habían sido estatales, la apertura asimétrica de la economía a bienes y capitales y la flexibilización laboral, en una clara línea de continuidad -política y económica- entre la última dictadura militar y las políticas del gobierno de los '90, realizadas en el marco de la primacía del tiempo político, la premura privatizadora y la centralidad de las decisiones en la conformación de la nueva comunidad de negocios. La "triple alianza" entre los grupos económicos locales, los bancos extranjeros y/o locales y ciertas empresas transnacionales, permitió articular los intereses y conformar esa comunidad de negocios entre actores dominantes en la economía interna y los acreedores eternos (Basualdo y Azpiazu, 2002:15-27)

Las luchas de los trabajadores se redefinen. Por un lado, sectores medios asumen con mayor intensidad las estrategias organizativas, pasando a destacarse los conflictos y combatividad del sector público (docentes, profesionales de la salud, trabajadores del aparato estatal). Las huelgas de los obreros de los servicios y empresas combinan elementos nuevos y tradicionales. Pero fundamentalmente surgen conflictos regionales consecuencias de las políticas ejecutadas por el gobierno de Carlos Menem; la protesta -convertida o no en conflicto- sale de los lugares de trabajo: la puebladas de Cutral Co-Plaza Huincul y la de Mosconi-Tartagal, la acción de los obreros de Comodoro Rivadavia, las huelgas ferroviarias, las del correo, las de la empresa de aeronavegación, por nombrar sólo algunas, con la consiguiente creación de centrales obreras alternativas, que contendrán a los desocupados.

Resulta claro que las clases dominantes avanzaron en la reformulación del modelo de acumulación en medio de las luchas interburguesas, "reducidos a condiciones defensivas y retroceso, desencuadrados de identificaciones políticos ideológicas que tuvieron cuatro décadas de vigencia, mientras la clase obrera y los sectores populares se debaten en la búsqueda de algún tipo nuevo de ubicación social y política" (Gambina y Campione, 2002:209). El peronismo, régimen político durante el cual se dieron estos cambios ¿se redujo a un vínculo electoral? Una década después, la situación descripta, si bien mejoró en algunos aspectos, continúa en lo estructural. Reducido el desempleo por la ejecución a variadas formas de planes sociales que no implican ocupación de los trabajadores, -la clase obrera no se hizo presente, no dio pelea- en el marco de la desindustrialización del país, de la confrontación con los dueños de la tierra y de la producción, precarización de los servicios públicos, del aumento del empleo estatal, fábricas y empresas que deben ser administradas por sus trabajadores como única estrategia de sobrevivencia, son algunos de los problemas de la Argentina en el Bicentenario.

En efecto, durante más de una década se dieron variadas, diversas, interesantes modalidades de protesta a las imposiciones de los gobiernos y de las políticas neoliberales, son ¿luchas democráticas? ¿luchas burguesas? no revolucionarias, son acciones reivindicativas de los sujetos que se plantean una democratización de la sociedad, es un momento de doble pasaje, pero, ¿cómo nominar lo nuevo en lo viejo?. Es de acuerdo con el criterio de varios cientistas sociales: un modelo para armar (Astarita, Giarraca, Izaguirre y Pérez, 2003: 1-21) Es una resistencia al modelo neoliberal que para Argentinase caracteriza por el surgimiento de las organizaciones piqueteras; mayoritariamente cooptadas por el Estado (vía planes sociales y designación de dirigentes en cargos de gobierno), el Movimiento de Madres resistió, aunque algunas se acercaron al gobierno por la política ejecutada de DDHH y las asambleas barriales desaparecieron. No es un retroceso ya que continúan infinidad de colectivos sociales, por ejemplo, es muy importante mencionar los vinculados con el medioambiente, la minería a cielo abierto, la forestación, el monocultivo de soja.

En esta etapa de inflexión- sin descartar la ofensiva del capital -hay una nueva forma de neoliberalismo que se denomina acumulación por desposesión (concentración de la riqueza y depredación del medio ambiente)- como lo denomina Harvey,- en un contexto donde los movimientos sociales, las organizaciones, los ciudadanos que denunciaron y accionaron sobre los efectos del neoliberalismo emiten señales de desgaste ¿estamos frente al post-altermundismo? (Cassen, 2010:15)⁸. Los conflictos abiertos por las organizaciones de desempleados y la acción de los sindicatos enfrentan la necesidad de horizontes que superen sus estrategias y modalidades actuales porque se produjo una fuerte fragmentación en el escenario de las clases subalternas y una importante recomposición de las acciones y políticas -con apoyo de los gobiernos- de las clases dominantes.

Dentro de las distintas fases en las que fue ingresando el capitalismo neoliberal, hoy parece ser que toca a la apropiación de la tierra, a los recursos naturales, proceso caracterizado con un fuerte desprecio ecológico. En nuestro país, cuando se modifica la constitución (1994), también se modifica la situación de los recursos naturales en lo que hace al papel de desempeñaba el Estado nacional como propietario de los mismos y se incluyó la 'provincialización', pero excluyendo a las instancias locales de su explotación (Svampa, 2008: 31). En este nuevo escenario, las corporaciones y empresas multinacionales pueden, sin demasiada complejidad, expandir la explotación de los recursos naturales: minería a cielo abierto, agrocombustibles, hidrocarburos y agua. La lucha por la tierra y el territorio pasa a ser el escenario del conflicto. Los gobernantes y las clases dirigentes redujeron la cuestión a un problema de administración económicamente eficaz de los recursos naturales, en particular de los energéticos. Atender los compromisos ambientales no parece ser prioritario, hay otros que lo son, como reducir el índice de pobreza que, efectivamente es importante, pero ambos son problemas a solucionar y no se observa, como hace cien años, sectores del aparato estatal, funcionarios en áreas específicas, técnicos, profesionales, académicos, entre otros, que realicen propuestas y tengan el apoyo del gobierno para concretarlas. Antes bien, las políticas pasan por otras cuestiones, este tema no es prioritario más allá que es una lucha desigual entre los países del norte⁹ y del sur. Los investigadores vinculados con el medio ambiente comentan que no es un problema prioritario frente a otros que son dimensionados de otro modo pero que, además, no son temas de la agenda de los políticos. Los países, incluyendo el nuestro, no pudieron (¿no quisieron?) coordinar una posición común en el Mercosur o en foros, mostrando posiciones débiles y poco sistemáticas.

Sin embargo, los problemas son varios. Se está produciendo una mercantilización de la naturaleza, son insumos manipulados con utilidad comercial que se usan y descartan según las demandas del mercado (Weinstock, 2006: 11) Por ejemplo, poca difusión tuvo la lucha de los ciudadanos autoconvocados en el caso de la mina de Esquel (Chubut); fueron docentes universitarios a mediados del 2002 quienes lanzaron una campaña masiva de difusión sobre la utilización del cianuro (o mercurio) en el proceso de extracción. Esta medida, estrictamente local, fue cuestionada por la empresa Meridian Gold, a pesar de que el propio Banco Mundial recomienda que los proyectos deben lograr un desarrollo sostenible para las comunidades afectadas por la explotación. Existen varios proyectos de explotación minera en diferentes zonas del país¹⁰, cuyos habitantes los desaprobaron; son proyectos de explotación aurífera sobre los cuales no resulta clara la política de la Secretaría de Minería de la Nación. En este aspecto, sólo los ciudadanos afectados frenaron -a medias- el proceso y conformaron una Red de Comunidades Afectadas por la Minería de Argentina (Red CAMA) (Ibíd: 18)

Por otra parte, poco se dice de otro recurso, el agua teniendo en cuenta que según el último censo nacional, el 21.60% de habitantes no tienen acceso al agua y el 57.50% no tienen servicios de cloacas (Burucua, 2009:2); existen megaemprendimientos que consumen agua de la misma cuenca, proceso a largo tiempo afectará la misma. También es necesario tratar el tema de los glaciares, fuentes de agua sólida, explotados por empresas que provocarán un gran impacto ambiental -situación denunciada por científicos sin éxito (Proyecto Pascual Lama)-. Si bien en el año 2008, el Congreso sancionó una ley de protección de glaciares, luego de un inventario que prohibía determinadas actividades, fue vetada por el poder ejecutivo con el argumento de 'privilegiar la cuestión ambiental por sobre la producción '(Ibíd: 14). Son los ciudadanos, hasta este momento, de varias provincias argentinas (Catamarca, San Juan, Salta, Jujuy, Chubut, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Río Negro, los que se oponen a la explotación minera a cielo abierto, con conformación de redes, asambleas, marchas, petitorios, protestas, movilizaciones, debates, plebiscitos, etc.; es decir que la minería provocóconflictividad social, pero no es lo que preocupa al gobierno y a los sectores dirigentes, sin definiciones claras y escasas políticas al respecto.

Ahora bien, sobre los hidrocarburos, dado la baja del barril de petróleo, las empresas estudian (desde mediados del 2009) una retirada ordenada del país; las inversiones del sector tuvieron su punto de inflexión en el 2003, incluso están siendo revisados los cargos gerenciales de varias empresas. Argentina dejó de ser un mercado rentable hacia donde derivar nuevas inversiones y las estadísticas aparecen, por ello, la propia Repsol se presenta intentando incorporar nuevos accionistas. Así aparecen otros territorios como Brasil, Perú, Ecuador y hasta Venezuela, países que crecieron en extracción y en fondos para explotación durante el 2009-2010 (Río Negro, 2009, 6).Dentro de los distritos con mayor producción siegue estando en primer lugar la Cuenca Austral y de San Jorge, superando a la neuquina y a otras del país. Esta situación no solo afecta al Estado nacional, sino que implicará un problema para provincias como Neuquén ya que la actividad no sólo genera empleo y riqueza privada, sino que es la principal fuente de recursos que tiene el estado provincial. Río Negro, donde ésta es una actividad secundaria, lleva adelante su plan exploratorio, analizando la posibilidad de prórrogas a los concesionarios actuales. La contaminación se da en estas regiones sin que haya a la fecha, medidas nacionales y/o locales al respecto. La necesidad de controlar las empresas y cobrar cánones de acuerdo con la nueva certificación ambiental comenzó pero quedó como proyecto a pesar de la contaminación del río Colorado sin que se hicieran los trabajos de saneamiento en curso hídrico (Río Negro, 2008, 11) En el país existe la Ofephi (Organización federal de estados productores de petróleo) que debiera establecer las bases locales y propuestas nacionales para controlar los derrames, la contaminación, los desechos industriales. Sólo desde la Universidad, se conoce algunos estudios vinculados al tema, pero, ¿cuál es la política estatal sobre la contaminación por el petróleo?, ni siquiera se hay espacios públicos, medios de difusión, excepto los mencionados, que a través de sus mensajes y llamados de atención permitan avanzar en la toma de conciencia sobre este coste ecológico.

Al cumplirse el Bicentenario, hay mucho de importante logrado por los gobiernos democráticos, pero llama la atención -dado la envergadura que tiene en el presente- la falta de una política para explotar los recursos que contemple el cuidado del medio ambiente. El Laboratorio Laltinoamericano de Geopolítica dirigido por Ana Esther Ceceña proveyó cartografía donde se puede observar con claridad la superposición de las regiones con recursos naturales importantes con las nuevas bases militares extranacionales (Ger-Gemsal-Cátedra de Sociología Rural, 2010: 86)

Los territorios son disputados económicamente dentro de un plan de dominación política mundial; estamos frente a procesos complejos que abarcan dimensiones de todo tipo: económicas, sociopolíticas, culturales (Ibíd: 87), favorecidos porque en los países del capitalismo periférico no se dan controles o regulaciones para limitar estas actividades o no hay conciencia en los sectores dirigentes del problema, como sí lo había en los momentos del primer centenario. Las corporaciones, en particular las dedicadas a la extracción de petróleo (y gas) no tienen en-frente a un Estado que fija políticas y regulación; de haberse dictado leyes de 'inversión' minera y reordenamiento minero, actualizando el código de minería.

Recordemos que en 1996, se firma el tratado binacional con Chile para la explotación de Pascua Lema (además de todas las privatizaciones de empresas y servicios). Esta es nueva configuracióndel territorio, que permite a corporaciones, empresas, individuos, altas rentas que aporta la producción basada en los recursos naturales que dan lugar a importantes resistencias, por parte de los pueblos originarios en varias provincias argentinas, de organizaciones, instituciones, los pueblos cordilleranos, por la minería a cielo abierto (Ibíd:92-101). Asimismo, no olvidemos la producción agropecuaria, en la que la soja, en una fuerte expansión hacia otras regiones, es otro de los ejemplos paradigmáticos de la demanda y de la rápida aceptación de nuestro (s) país (es) a esa tendencia mundial hacia la inversión segura en el mercado de los commodities (China-India), con las consecuencias conocidas: el avance de la frontera agrícola y el monocultivo sobre tierras habitadas, cuyos dueños entran en conflicto recreados en antiguas disputas en muchos de los casos (pueblos originarios). El Estado nacional y los provinciales están involucrados y en disyuntiva de definir políticas.

Si bien Argentina no tiene tradición de país minero como otros países de Latinoamérica, posee un gran potencia minero y la mayoría de sus áreas no están en situación de prospección. Tiene un rol secundario, los organismos públicos destinados al tema aportan muy poca información y no existe un 'proyecto de explotación de la minería' concreto y regulado por la instancia central. Por ello, en parte, las resistencias a estas actividades, no son conocidas y fuertes, ya que su contradictor son grupos consolidados que, con apoyo de los gobiernos, avanzan, avasallan los derechos de las poblaciones, realizan saqueo económico y depredación ambiental. Si bien luego de los hechos de Esquel varias provincias, siete en total sancionaron legislación que prohíbe la minería con sustancias tóxicas, existen aún otras en que se está realizando de modo escandaloso. Desde varios ángulos hay reticencia por el debate sobre el modelo extractivo exportador minero y las empresas multinacionales avanzan en alianzas con el Estado con el discurso del desarrollo sustentable, la responsabilidad social empresarial y la gobernanza (Svampa y Antonelli, 2009:21-23)

Es que el denominado Eje Sur abarca la franja norte del territorio patagónico, desplegándose sobre territorios de abundantes aguas y minerales metálicos, con bosques fríos y aire puro, al lado de la principal zona petrolífera de Argentina, garantizando una mejor ruta hacia el Pacífico: son 490.000km2 y 6.1 millones de habitantes. El interés en esta franja está vinculado a la explotación minera, presupone la existencia de uranio, agua, buena tierra y clima. Las tensiones entre los intereses transnacionales y/o de los empresarios locales que coinciden, se enfrentan con los pueblos originarios (Ceceña, et al: 2007:47). Los países hegemónicos, en particular los EE.UU no sólo tienen planes de control militar sino también, y esto es lo significativo para los objetivos del presente trabajo, los megaproyectos de infraestructura con lo que va constituyendo las nuevas fronteras sudamericanas (Ibíd, 17)

En definitiva, existen en Argentina varios proyectos mineros, de oro, de plata, entre otros minerales, que se están explotando a cielo abierto, contaminando los sistemas hidrológicos, los costos de la recuperación del medio ambiente devastados y, fundamentalmente, el daño que hace esto a la población, pues al contaminar los ríos, arroyos y provisiones de agua, provoca enfermedades dérmicas, digestivas, respiratorias, conjuntivas, más las cuestiones pulmonares, tumores y disfunción del organismo humano.

En síntesis, en la base del discurso del poder político se encuentran los conceptos de territorio eficiente (¿vaciable o sacrificable?), es decir que la viabilidad o inviabilidad de las economías regionales pasó a medirse en función de su tasa de rentabilidad. Por otro lado, vuelve a colocarse en nuestro país la idea de territorio vacío, en particular en la Patagonia, con toda la carga histórica y simbólica con que fue empleada para justificar la ampliación de la frontera ganadera (Svampa, Bottaro, et al, 2009: 43-44). Por lo tanto, la definición que se adopte de territorio es el nudo del conflicto, aunque las resistencias, hasta el momento, son exclusivamente defensivas y puntuales. ¿Estamos hoy en una nueva forma de del neoliberalismo, denominado acumulación por desposesión (es decir, concentración de la riqueza y depredación del medio ambiente? Es un momento de inflexión, pero con ofensiva del capital y con la capacidad para bloquear los cambios. ¿Se podrá llevar a estos territorios de las grandes transformaciones desde arriba, a la resistencia desde abajo? Son los nuevos ¿territorios de dominación y resistencia? (Zibechi, 2008:77)

Notas

1. Si bien en Europa no es igual liberal que conservador, en nuestro país se utiliza como semejante.

2. El término nacionalista amerita una reflexión. Es un concepto complejo e inequívoco que puede implicar varias dimensiones, en nuestro caso, lo usaremos en el sentido cultural.

3. Entendemos por modelo económico, al concepto que da cuenta de un instrumento que muestra la lógica de funcionamiento de una economía particular en un período determinado.

4. Se trata del grupo de reformistas mencionados, que escriben en la Revista de Economía Argentina, de la cual Juan José Llach realizó una selección de escritos, personajes y temas de este grupo de la Argentina del Centenario.

5. La cursiva es nuestra

6. Ministerio de Agricultura. Sección Geología, Mineralogía y Minería. Memoria de la División de Minas, Geología e Hidrología, Buenos Aires, 1910.

7. A fines del 2010, los niveles de pobreza saltaron de 14.600.000 a 21.000.000 a fines del 2001, en Lozano Claudio "Avance popular, crisis de hegemonía y obstáculos para la profundización democrática (Argentina, 2001-2006), en Pampa, Revista de la CTA, Buenos Aires, 2006.

8. Bernard Cassen en Le Monde Diplomatique de enero del 2010, menciona que frente a la decadencia de los movimientos sociales, es necesario la búsqueda de nuevas formas de articulación entre los movimientos, las fuerzas políticas y los gobiernos progresistas.

9. Poco parece importarles a los países del norte en administrar las cuotas de emisión de gases con efecto invernadero (GEI) o conformar un fondo multinacional para financiar la descarbonización de los países sin que las economías resulten dañadas, en Le Monde Diplometique, Buenos Aires, 2009, pp. 5-7.

10. Entre otros, Emprendimiento Alumbrera, Cerro Vanguardia, Veladero, Pascual Lema, Pachón, Agua Rica, en Porras, Paula Argentina: situación general de la minería metálica, Buenos Aires. OLG, 2007, p.14.

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