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Revista Pilquen

versión On-line ISSN 1851-3123

Rev. Pilquen. secc. cienc. soc. vol.17 no.2 Viedma dic. 2014

 

ARTÍCULO

Repensando la ciudad, el conflicto y las políticas públicas desde un abordaje etnográfico. El caso de Tandil

 

Agustina Girado
giradoagustina@yahoo.com.ar
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Programa de Investigaciones Comunicacionales y Sociales de la Ciudad Intermedia (PROINCOMSCI); CONICET. Argentina

Recibido: 11|08|14
Aceptado: 20|09|14

 


Resumen
A partir de un abordaje etnográfico en curso, el presente trabajo recupera las retóricas y prácticas de dos organizaciones sociales localizadas en la ciudad de Tandil (Prov. de Buenos Aires) para dar cuenta de las construcciones y delimitaciones que hacen en torno al uso y apropiación del espacio urbano y el Sistema Serrano de Tandilia. En este sentido, se recuperarán las transformaciones relacionadas con la gestión del territorio producidas en la última década para vislumbrar cómo los diversos actores sociales resisten las políticas públicas implementadas. Estas resistencias, como formas alternativas de apropiación y reinterpretación, ponen en conflicto, con los sectores dominantes, la direccionalidad de las decisiones que atañen a la utilización de los territorios, como así también la manera de concebir el desarrollo actual y futuro de la ciudad.

Palabras clave: Conflicto; Políticas públicas; Ciudad; Tandil; Territorio.

Rethinking the city, the conflict and the public policies from an ethnographic approach. The case of Tandil

Abstract
From an ethnographic approach in progress, this paper gets the rhetoric and practices of two social organizations located in the city of Tandil (Province of Buenos Aires) to account for the constructions and boundaries that make about the use and management of urban space and Serrano Tandilia System. In this sense, the transformations related to land management produced in the last decade to highlight how diverse social actors resist implemented public policies. These resistors, as alternative forms of appropriation and reinterpretation, conflicted with the dominant sectors the directionality of the decisions that concern the use of the territories, as well as how to design the current and future development of the city.

Key words: Conflict; Public policies; City; Tandil; Territory.


 

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se busca reflexionar respecto a cómo las transformaciones acontecidas en la última década en relación a la gestión del territorio de la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, materializadas en la elaboración e implementación de un nuevo Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en 2005 y la Ley de Paisaje Protegido Nº 14.126 en 2010, agudizaron el debate en la sociedad local respecto a las posibles formas de utilización y apropiación del espacio urbano y el Sistema Serrano de Tandilia.

Para ello, se recuperarán las retóricas y prácticas de dos organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas y vecinos nucleados que se consideran "damnificados" por las políticas públicas implementadas. Estos actores sociales no sólo cobran protagonismo en la escena pública local, sino que también entran en conflicto de manera diferencial con los sectores dominantes a partir de sus particulares interpretaciones de las mencionadas políticas públicas; interpretaciones que articulan categorías nativas y categorías jurídicas en relación al medio ambiente, pero que al mismo tiempo permiten debatir la actual gestión de lo urbano en la ciudad de Tandil.

Se parte de entender que en Latinoamérica y, más específicamente, en Argentina los cambios políticos, económicos y sociales que se vienen produciendo durante la etapa más reciente de la globalización capitalista han repercutido en la forma de comprender y gestionar el uso y apropiación del territorio. Estas nuevas modalidades han redefinido, actualizado e incrementado tanto la conflictividad social como los mecanismos de visibilidad de esos conflictos.

Los conflictos que se desarrollan en el ámbito urbano no sólo deben entenderse como expresiones disímiles por la manera de representación y materialización del espacio (antagonismos, confrontaciones y divergencias de intereses, objetivos y racionalidades entre diversos actores sociales), sino también como luchas por el reconocimiento y la defensa de derechos (Cardoso de Oliveira 2011; Vergara Arias 2009).

Gran parte de las problemáticas contemporáneas referidas al espacio urbano1, recuperan las luchas por el acceso a los servicios y consumos colectivos de los ochenta y noventa, al mismo tiempo que incorporan reivindicaciones socio-ambientales y habitacionales de principios de este siglo (Borja 2003; Castells 1974; Fernández 2000; Gravano 2005). De este modo, las ciudades se transforman en "escenarios"2 donde se ponen de manifiesto diversos procesos de participación social, movilización y lucha por parte de diferentes actores sociales, quienes debaten la construcción hegemónica respecto al destino y diagramación del para qué y para quién de las ciudades, sus sectores y recursos naturales.

La conflictividad que se genera en torno de distintas problemáticas urbanas permite adentrarse en los procesos de gestión social, en donde diversos actores ponen en tensión disímiles representaciones y prácticas respecto al valor de uso de la ciudad y, fundamentalmente, debaten las estrategias de intervención y/o planificación que se establecen desde el aparato estatal, por lo general sin consideración de las representaciones simbólicas y culturales, en un sentido antropológico, de quienes consumen y utilizan cotidianamente las ciudades. 

ALGUNAS CUESTIONES GENERALES RESPECTO A LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TANDIL

El concepto de "conflicto" ha sido considerado uno de los conceptos básicos y constitutivos de las ciencias sociales puesto que resulta ser un aspecto inherente e ineludible de toda situación social. Gran parte de las investigaciones clásicas centraban su mirada en la relación de esta categoría analítica con el "equilibrio", la "unidad", la "desintegración", la "lucha de intereses" o la "dinámica social" (Galafassi 2006, 2013a; Sierra y Chenaut 2006; Figurelli 2012).

Las diferentes interpretaciones en relación con la conflictividad social pueden agruparse en dos teorías abarcativas y antagónicas. Por un lado, se encuentran las "teorías del orden", las cuales poseen una mirada fenoménica sustentada en el individualismo metodológico, entendiendo al conflicto como una disyunción de las relaciones sociales. Por otro lado, se erigen "las teorías del conflicto", localizándose el foco de interés en la contradicción social y los procesos de transformación en tanto dinámicas inherentes de la realidad social (Galafassi 2006, 2013a).

Con el transcurrir de los años, las interpretaciones dominantes respecto de la conflictividad social, las cuales concebían de manera "negativa" los conflictos sociales y los movimientos de protestas, sufrieron modificaciones posibilitando comenzar a realizar un abordaje más acabado y comprensivo de los conflictos. Sin embargo, actualmente persisten abordajes respecto de las conflictividades sociales que tienden a delimitar rígidamente el concepto de antemano o simplemente a naturalizarlo, no dando cuenta de las dimensiones subjetivas y socio-estructurales de los conflictos y procesos de movilización social. En este sentido, el presente trabajo intenta dar cuenta de que los conflictos sociales resultan fenómenos nativamente elaborados, siendo preciso recuperar los aspectos subjetivos y las configuraciones sociales que organizan el conflicto, el cual no sólo tiende a extenderse más allá de un tiempo y espacio definido, sino que también varía en función de las diversas perspectivas de los actores sociales. Tal como sostiene Figurelli, "Pensar empíricamente el conflicto pone de relieve la operación de construcción que supone esta categoría y las delimitaciones que participan de dicha construcción" (2012:187). Sumado a lo anterior, resulta necesario advertir que los conflictos no pueden explicarse cabalmente si no se recuperan las relaciones dialécticas con los procesos socio-históricos, socio-políticos y económicos-productivos en los cuales se inscriben (Galafassi 2013a).

El caso de estudio que se recupera, tiene como eje de análisis el conflicto emergente, especialmente durante la última década, respecto al uso y apropiación del espacio urbano y el Sistema Serrano de Tandilia. El mismo se vincula con las transformaciones propuestas por el actual gobierno municipal y provincial en relación con la gestión del territorio. Estos cambios se materializaron en la elaboración e implementación de un nuevo Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en 2005, y la Ley de Paisaje Protegido Nº 14.126 en 2010.

Se debe partir por entender que la implementación de las mencionadas políticas públicas se corresponde con los cambios socio-económicos y socio-políticos de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Si bien Tandil posee estructura económica diversificada (actividades agropecuarias, administrativas, comerciales, financieras, industriales, educativas), el desarrollo de proyectos urbanísticos y turísticos3, gracias al aprovechamiento de la belleza y singularidad del paisaje serrano, ocupa un papel preponderante en la economía local.

La consolidación del perfil turístico de la ciudad se vincula directamente con los procesos macroeconómicos de los años '90 que impactaron fuertemente en la economía de Tandil, principalmente en lo que respecta al desarrollo de la industria metalúrgica y minera (canteril). De este modo, el perfil industrial en receso posibilitó una expansión y diversificación progresiva del área de bienes y servicios destinados al turismo, como así también una proliferación de pequeños y medianos productores de la industria alimenticia. Sin embargo, ese proceso de reconversión productiva es visualizado de manera "positiva" en el discurso de diversos actores sociales, abonando a la imagen de Tandil como una "ciudad pujante". En este marco, las políticas públicas implementadas permiten establecer directrices y lineamientos de regulación de las formas posibles de apropiación y utilización del territorio, haciéndose hincapié en la preservación del Sistema Serrano de Tandilia puesto que existe una correlación entre el mantenimiento de las sierras (sus aspectos visibles) y el desarrollo económico actual y futuro de la ciudad.

A modo general, el PDT regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo, al igual que determina el sistema de planificación y gestión territorial. A partir del mismo, el Municipio de Tandil clasifica el territorio de su jurisdicción en tres áreas: urbana, complementaria y rural, y establece una Zona Protegida Natural "Sierras de Tandil"4. Así, para cada una de las áreas que componen el PDT se fijan determinados parámetros de construcción, de subdivisión del suelo, trama vial, actividades permitidas, entre otros aspectos.

Posteriormente a la implementación del nuevo PDT en 2009, el gobierno municipal conjuntamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, elaboró un proyecto de ley recogiendo parte de las históricas declamaciones sociales por la preservación de las sierras. Resulta menester mencionar que, desde la década del 70 diversos actores sociales comenzaron a manifestarse en contra del funcionamiento de una de las "industrias madres" de la ciudad, es decir, la explotación minera de granito, como así también de la incipiente construcción sobre el faldeo serrano. Estos actores, muchos de los cuales conformaron con el correr de los años organizaciones ambientalistas, denunciaron que los cambios tecnológicos introducidos por el sector minero generaban la connivencia de poca y especializada mano de obra con explotación intensiva y depredadora del sistema serrano.

Es en este marco de protestas y resistencias sociales respecto a la utilización y apropiación del territorio, específicamente del Sistema Serrano de Tandilia, que en 2010 se aprobó la Ley Nº 14.126, de conformidad con los términos y condiciones de la Ley Nº 12.704, la cual declaró "Paisaje Protegido" a la zona denominada la Poligonal (intersección de las actuales Rutas Nacional Nº 226 y Provinciales Nº 74 y Nº 30). Si bien mediante la mencionada ley se prohíbe el desarrollo de la actividad minera a los fines de "conservar y preservar la integridad del paisaje geográfico, geomorfológico, turístico y urbanístico del área especificada" (Artículo 2º), viéndose afectado el funcionamiento de cuatro canteras, queda al margen de regulación la explotación minera del resto de los sectores serranos que comprenden el partido de Tandil, como así también la construcción inmobiliaria en el faldeo de la totalidad de las sierras.

Empero, los cambios en la gestión del territorio han interpelado de manera diferencial a la población local, a los sectores empresariales y promotores inmobiliarios, posibilitando actualizar el debate respecto a la apropiación y utilización del espacio urbano y el Sistema Serrano de Tandilia, como así también a la distribución desigual de los beneficios y externalidades que generan determinadas actividades productivas y recreativas (minería, turismo y mercado inmobiliario). De este modo, diversos organizaciones sociales (no sólo las recuperadas en este trabajo) y ciudadanos tandilenses cuestionan la construcción hegemónica de la ciudad como un "lugar soñado"5, ya que no todos serían merecedores de soñar ese sueño, no todos tendrían acceso al "derecho a la ciudad"6. Asimismo, ante la pregunta identitaria de ¿qué ciudad somos?, ¿qué ciudad queremos?, cada uno de los actores sociales construyen y disputan diferentes proyectos de ciudad.

En este contexto, y a los fines de poder ser registrados y/o escuchados por los sectores dominantes, los actores sociales recuperados se apropian de manera diferencial de las medidas legales implementadas nutriéndose de una retórica jurídica (urbano-ambiental) que permita resistir y cuestionar la representación de ciudad, medio ambiente y desarrollo que se impulsa por parte de los funcionarios políticos y sectores económicos. Como manifiesta William Roseberry "(...) los lenguajes de protesta o de resistencia deben adoptar las formas y los lenguajes de la dominación para ser registrados o escuchados (...) esos lenguajes de la dominación señalan y expresan relaciones y poderes materiales, sociales, económicos y políticos" (1994: 220).

Así, "lo jurídico" no sólo resulta un instrumento de dominación sino también un espacio para la resistencia puesto que el derecho estatal, aun siendo fuertemente cuestionado, goza de una importante legitimación social, convirtiéndose en un factor político decisivo. Por este motivo, la apelación a cuestiones jurídicas resulta un aspecto recurrente en las demandas y reivindicaciones sociales. Si bien resulta necesario examinar las medidas legales en sí mismas, ya que los actores sociales recurren a ellas para plantear y discutir sus situaciones, resulta más enriquecedor ahondar en cómo son utilizadas por los mismos, bajo qué circunstancias son modificadas, resistidas y/o ignoradas (Sierra y Chenaut2006).

La apropiación y resignificación que las organizaciones sociales realizan de las políticas públicas implementadas, a través de la recuperación de artículos y categorías específicas como así también a través de su confrontación con otras legislaciones nacionales y provinciales, como por ejemplo la Constitución Nacional, permite tensionar las representaciones hegemónicas respecto a la "ciudad soñada" y hacer visibles valores y racionalidades divergentes a la gubernamentales y/o empresariales (Leff 1986; Martínez Alier 2005), prevaleciendo la defensa del "territorio vivido" frente al "territorio concebido" por el aparato estatal. La recuperación de un lenguaje jurídico (urbano-ambiental), asociado al Estado, es dinamizado por parte de las organizaciones sociales quienes explicitan determinadas demandas que si bien hacen hincapié en el plano ambiental lo exceden puesto que se busca generar cambios en relación a la gestión de la ciudad, en relación a su valor de uso.

EL CONFLICTO VIVIDO

Como se mencionó al comienzo del presente trabajo, el conflicto es elaborado y reconstruido de manera diferencial por los diversos actores que participan implícita y explícitamente del mismo, por este motivo se recuperarán las narrativas y las prácticas de dos organizaciones sociales: distintas organizaciones ambientalistas y vecinos nucleados que se consideran "damnificados" por las políticas públicas implementadas. La recuperación de los mismos se debe a que resisten y debaten la elaboración y posterior aplicación del PDT y la Ley de Paisaje Protegido sobre la base de disímiles valoraciones y racionalidades respecto a la gestión del territorio. Como así también, inciden en la construcción de una agenda pública y mediática que actualmente contribuye al debate ciudadano respecto a las estrategias de intervención y/o planificación que se establecen desde el aparato estatal, puesto que las mismas favorecerían a los sectores empresariales quienes transforman vertiginosamente el paisaje y la vida social urbana.

Si nos centramos en las organizaciones ambientalistas existentes en la ciudad de Tandil resulta posible retrotraer el conflicto a la década del 70. Por ese entonces, el impacto de la actividad extractiva minera en la comunidad tandilense comenzaba a generar un acalorado debate. Por una parte, la evolución y diversificación de la economía local implicó que la explotación de las canteras7 haya perdido importancia relativa en cuanto a ingresos municipales. Por otra parte, los cambios en el tipo de producto y las nuevas tecnologías incorporadas generaron reducción en la planta de trabajadores como así también una explotación depredadora del sistema serrano. Sumado a ello, el proceso de expansión urbana provocó la proximidad y visibilización de las metodologías extractivas y sus daños al medio ambiente (Fernández 2007).

Los impactos socioambientales8 y socioeconómicos que generaba la explotación minera canteril, y en menor medida los nuevos emprendimientos inmobiliarios ligados al turismo, comenzaron a ser denunciados por diversos ciudadanos, posibilitando la conformación de una organización ambientalista en el año 1999, la Multisectorial por la Preservación de las Sierras de Tandil, cuya exigencia fundamental se relaciona con la declaración de las sierras como "Áreas Protegidas"9.

En este marco de conflictividad respecto a la apropiación y utilización de la ciudad y, específicamente del sistema serrano, vecinos directamente perjudicados por la explotación minera, es decir, aquellos que vivían en barrios próximos a las canteras, reunieron más de 10 mil firmas para solicitarle al Municipio el cese de la actividad. Al mencionado pedido se le sumaron las denuncias de la organización ambientalista por el incumplimiento reiterado de las empresas a las normativas de regulación ambiental y laboral, como así también de los diversos decretos municipales10 que buscaban reglamentar la explotación minera (zona de explotación, permisos y habilitaciones, derechos municipales, medidas de seguridad, días y horarios para establecer las voladuras, altura máxima de utilización de los frentes de las sierras, forestación, cobro del impuesto a la extracción de la piedra, etc.) y establecer una zona de preservación del sistema serrano a los fines de limitar el desarrollo de la actividad en la misma.

Sumado a ello, la situación local resultaba compleja puesto que el Municipio de Tandil mantuvo un acalorado debate con las canteras locales puesto que se resistían a abonar el impuesto por la extracción de la piedra. Mientras que el Municipio decide actuar iniciando un juicio de ejecución, simultáneamente el sector minero decide hacer una demanda ante la justicia puesto que reclamaba la inconstitucionalidad de dicho impuesto, manifestando que quienes tienen competencias en materia de regulación minera son únicamente la provincia y la nación. Sin embargo, el Municipio de Tandil ganó el juicio en primera instancia y en la apelación. Asimismo, la Dirección Provincial de Minería resuelve llevar adelante una mediación de carácter privada entre el titular de ese organismo y el Intendente; como resultado del proceso de mediación que incluyó la opinión de otros actores sociales (Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA), la Cámara De la piedra, Dirección de Minería, Cámara Empresaria, bloques de concejales y representantes del poder ejecutivo municipal), se sancionó el Acuerdo Marco11, reconocida por el Estado provincial y nacional.

Esta medida legal en lo inmediato posibilitó apaciguar la conflictividad social, principalmente entre el sector minero y el municipio, hasta que comenzaron a vislumbrarse las deficiencias del Acuerdo: la pérdida de fuentes laborales como consecuencia del cese de la actividad de dos canteras, la falta de estudios concretos que establecieran el impacto ambiental de la actividad, el incumplimiento de la condiciones (días/horarios) para realizar las voladuras, la no cancelación de la deuda originada en el pago del impuesto a la extracción de piedra, explotación intensiva de las sierras inclusive de aquellas zonas que se intentaba preservar, entre otras aspectos.

Con la asunción del actual intendente radical Miguel Ángel Lunghi en 2003, diversos vecinos y agrupaciones, entre ellas la Multisectorial por la Preservación de las Sierras de Tandil, visualizaron favorablemente la intención política de generar cambios en la gestión del espacio urbano y el Sistema Serrano de Tandilia, principalmente en lo que respecta a la explotación minera puesto que el intendente electo instauró el lema "ni una explosión más". En consonancia con este clima comunitario, en el año 2005 se aprobó un nuevo Plan de Desarrollo Territorial (PDT) el cual estableció un Plan de Manejo Especial de la Zona Protegida "Sierras de Tandil" para regular el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo, al igual que determinar el sistema de gestión territorial. Sin embargo, la continuidad de la explotación minera y las incipientes construcciones residenciales y turísticas (countries, hoteles, cabañas) sobre las sierras continuaron siendo el foco de múltiples críticas, principalmente de la organización ambientalista.

"Hay que parar la destrucción! Otra vez la ciudad se vió conmocionada por una gran explosión. La sentimos en nuestras casas y en nuestra conciencia. Algunos parecen estar en guerra con la ciudad. ¿Quiénes son los responsables? ¿Los que tiene que controlar, dónde están? ¿Los que deciden, dónde están? La indiferencia en este caso no sólo es cómplice, es tan autora como la decisión de un empresario que hace estallar cada vez de manera más brutal los cerros para venderlos como piedra molida. Ningún derecho habilita a la destrucción, ni siquiera el de propiedad". (Fragmento de comunicado de la Multisectorial por la Preservación de las Sierras de Tandil, septiembre 2003).

Como corolario de esta situación en el año 2006 se creó otra organización ambientalista, la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras, cuyo espacio permitió retomar y reorganizar la presión comunitaria en favor de la preservación de las sierras y su declaración como "Áreas Protegidas".

"Sentimos que el trabajo de la Multisectorial desde 1999, junto a la Asamblea Ciudadana desde 2006, expresa una idea que nos hermana: Tandil es Sierras. ¿Cómo permitir que las destruyan, las degraden, las mercantilicen? ¿Cómo permitir que su extraordinario valor en sí y por sí sea malversado en aras de un mal entendido concepto de inversión, reducido al esfuerzo de apropiarse del bien común? ¿Puede considerarse desarrollado un pueblo que permite la destrucción de su identidad, de su principal patrimonio natural? Favorecer algunos negocios particulares no debe confundirse con el desarrollo de una ciudad (...) Las Sierras nos ayudan a saber quiénes somos y a pensar el proyecto de sociedad y de ciudad que dejaremos a las futuras generaciones". (Fragmento de la campaña "Sierras sin canteras y construcciones", 30 de noviembre de 2012)

En este marco de debate respecto a la gestión del territorio, sectores de la oposición política elaboraron un proyecto de ley recogiendo parte de las históricas declamaciones de las organizaciones ambientalistas. Si bien el proyecto fue gestionado por un senador tandilense del Frente Para la Victoria (FPV), una vez ingresado al Senado Provincial fue enarbolado política y mediáticamente por el oficialismo radical. Finalmente, en el año 2010 se sancionó la "Ley de Paisaje Protegido" Nº 14.126.

Pese a que se introdujeron cambios en la gestión del territorio, las organizaciones siguen denunciando y debatiendo los impactos de la actividad minera y el avance vertiginoso de las construcciones sobre las sierras. Entienden que las medidas legales implementadas posibilitan reactivar y actualizar la discusión en torno al proyecto de ciudad hegemónico. En este sentido, declaran públicamente que si se analiza tanto la falta de voluntad política para reglamentar el Plan de Manejo Especial de la Zona Protegida concerniente al PDT como el uso del medio ambiente que contempla la Ley de Paisaje Protegido se puede observar, por un lado, el posterior desplazamiento de la explotación minera hacia zonas periféricas que no permitan contradecir la representación de "ciudad soñada", y la sustitución de una actividad productiva por una recreativa (turismo y mercado inmobiliario) tan nociva como su antecesora, reafirmándose la protección de una porción del sistema serrano, aquella delimitada bajo el nombre de la poligonal.

"(...) el efecto de las construcciones (...) será quizá menos impresionante a la vista de los grandes huecos para siempre en los cerros, pero no menos grave. La vida que albergan y el agua que tomamos todos los tandilenses estarán en riesgo (...) Como lo muestran algunos casos ya existentes, no hay disponibilidad de agua suficiente y sobre todo No hay saneamiento sobre las Sierras. La contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por desechos cloacales sería un gran perjuicio ambiental y para la calidad de vida de toda la población". (Fragmento de comunicado de la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras de Tandil, julio 2011)

Por otro lado, se puede percibir la discrecionalidad política con la cual el Municipio exprime los intersticios legales para otorgar excepciones inmobiliarias en el faldeo serrano.

"El plan de ordenamiento territorial aprobado en el 2005 y enmarcado en la ley 8912, entre otras, está vigente (...) En su momento señalamos que la visión "favelización no, un poco de construcción si" que verbalizara la entonces concejal oficialista, hoy funcionaria de obras públicas, lejos de conformar a todos sembraría múltiples conflictos. ¿Por qué al de al lado sí y a mí no? ¿Por qué a fulanito le dejan hacer más que a menganito? (...) Un plan para todos, sin excepciones y sin permitirles a unos lo que se les niega a otros. Por eso decimos, los pasos dados son un piso a defender. Cambiar el Plan de Ordenamiento para flexibilizar la moderada protección que se ha logrado sería un retroceso, poner el lucro individual como un valor más importante que el bien común. Si de fondo estamos discutiendo un modelo de desarrollo, sostenemos que a Tandil la hacemos entre todos, desde un conjunto diversificado de actividades en el marco de un adecuado ordenamiento ambiental, un requisito imprescindible para un territorio del Siglo XXI. El turismo y la construcción son muy importantes si se hacen en los lugares adecuados, Para que sumen a la comunidad deben desarrollarse sin atentar contra el principal Patrimonio Natural de Tandil, resguardando el Patrimonio Cultural, sin restarle al conjunto de los ciudadanos calidad ambiental, sin quitarle identidad a nuestro lugar en el mundo". (Comunicado de la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras, 5 de mayo de 2011).

"El PDT es ley, debe cumplirse como el resto de las leyes que existen y por lo tanto, es inaceptable que un particular pretenda negociar con los funcionarios la flexibilización de su cumplimiento. Por ejemplo, un grupo de vecinos ha pedido subdividir parcelas, habilitar más usos residenciales y comerciales, construir más y aumentar la densidad en las sierras, argumentando que no hay "bosques naturales que proteger" y llamándolas "baldíos". Acusan a las regulaciones de tener un "concepto de naturaleza inmóvil e intocable, que solo puede ser vista de lejos". Sin embargo esto es una falacia: la naturaleza que debemos defender esta viva, los tandilenses desde siempre convivimos con ella, la caminamos, la sentimos vivir, la tocamos, la vemos de cerca y así queremos seguir viéndola (...)El agua que tomamos depende de las Sierras. Si las construyen amenazaran de contaminación con residuos cloacales a las áreas de recarga del acuífero que abastece a Tandil. Aunque algunos vecinos lo desconozcan, hay flora y fauna a proteger, una valiosísima biodiversidad que es necesario proteger (...) Que consideren a las Sierras feos baldíos, y a sí mismos como quienes las embellecerán con construcciones, muestran su pobre estima del Patrimonio Natural de Tandil. No son las construcciones las que valorizan las Sierras, sino al revés". (Comunicado de la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras, julio 2011)

Así, cuestionan la "ambientalización" que sufrieron las dos gestiones del intendente Lunghi (2003 a la actualidad), avizorando que la vigencia y defensa de la racionalidad económica muchas veces aparece disfrazada en los discursos de los funcionarios políticos, quienes recuperan en sus retóricas el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable en tanto consigna unívoca y sin contradicciones, pero legitimando a través de los resortes municipales y provinciales la apropiación privada de los espacios públicos y "bienes comunes". En este sentido, las medidas legales implementadas posibilitan que los sectores empresariales y promotores inmobiliarios ocupen un papel central en el manejo y apropiación del espacio urbano y el Sistema Serrano de Tandilia.

"Evitar algo nefasto para Tandil es lo que corresponde a quienes representan a la ciudad en su conjunto y toman decisiones que afectan el presente y también el futuro. La asamblea rechazó esta concepción tan equivocada de "equilibrio" o "justo medio" entre el interés general y el particular, entre la voluntad de miles de tandilenses que votan el cuidado de las Sierras y grupos particulares que pretenden maximizar el valor inmobiliario de sus terrenos. Por eso, llamamos al pueblo de TANDIL a repudiar la definición de "áreas de sacrifico" en las Sierras, a exigir que se detenga la construcción sobre las mismas, a reclamar que se dé a conocer públicamente el plan de manejo de las Sierras de Tandil y se someta una consulta popular. Las decisiones que están tomando definen el futuro de Tandil y son irreversibles. ¿Dejaremos que sacrifiquen las Sierras más antiguas de la Argentina, la identidad de Tandil, nuestras cuencas hídricas y el relicto de una maravillosa biodiversidad?" (Comunicado de la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras, 10 de octubre de 2013)

En relación con lo mencionado, se puede decir que las organizaciones ambientalistas juegan un rol fundamental en la lucha de la sociedad civil por generar cambios en la gestión del territorio. Han desarrollado un sin fin de actividades con el objetivo de dar a conocer públicamente sus reclamos y resistir las transformaciones urbanas promovidas por las políticas públicas implementadas, entre las mismas se pueden mencionar marchas, eventos artísticos, elaboración de petitorios dirigidos a funcionarios municipales, provinciales y nacionales, reuniones semanales en espacios públicos, charlas informativas en diversas instituciones, realización de una consulta popular, entre otras. Se podría interpretar que uno de los "logros" conseguidos por las mimas radica en la exposición de nuevos conocimientos y prácticas que permiten un avance del ambientalismo, no como fuerza sino como conciencia.

A través de sus acciones y retóricas han explicitado la existencia de otros lenguajes de valoración, que se alejan de la visión utilitaria capitalista de los recursos naturales, resistiendo las concepciones de "desarrollo" y "progreso" instauradas por los sectores hegemónicos. Es decir, parten por entender al sistema serrano como un "bien común" de la ciudadanía que debe ser preservado para el disfrute de las presentes y futuras generaciones; buscan que el conflicto en torno a la utilización/preservación de las sierras no se reduzca al plano estrictamente económico ya que entienden que constituyen un patrimonio natural y cultural de incuestionable valor geológico, estético-paisajístico, hídrico e identitario; denuncian públicamente que tanto el Estado como los empresarios privados vinculados a proyectos inmobiliarios, turísticos y mineros constantemente violan lo establecido en el PDT y la Ley de Paisaje Protegido, principalmente lo que refiere a garantizar el acceso público y gratuito al sistema serrano, como así también lo establecido en otros regímenes normativos, a saber: el derecho a gozar de un ambiente sano (Artículo 79 de la Constitución Nacional), el principio precautorio (Ley General de Ambiente 25.675) y la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo Nº 8912.

A través de la recuperación de este repertorio jurídico (urbano-ambiental) por parte de las organizaciones, como así también a través de la recuperación de situaciones concretas que no se ajustan a lo reglamentado por las políticas públicas, enmarcadas generalmente bajo la figura de la "excepción", y de las complejas relaciones entabladas a lo largo de los años con el gobierno local y provincial, las organizaciones ambientalistas intentan explicitar cómo los funcionarios políticos, conjuntamente con empresarios locales y foráneos, no respetan cabalmente la mayoría de las medidas legales implementadas, valiéndose de aquellas que les permiten hacerse acreedores del rédito político de haber generado cambios en la gestión del territorio, afianzando la imagen de Tandil en tanto "lugar soñado".

Ahora bien, en añadidura a las narrativas de las organizaciones ambientalistas es posible explicitar en el ámbito local otras perspectivas respecto a la gestión del territorio, otros actores sociales que viven y resisten de manera diferencial las transformaciones en el uso y la apropiación de la ciudad, sus sectores y medio ambiente. En este sentido, resulta interesante recuperar las retóricas de una organización conformada por parte de algunos vecinos que se consideran "damnificados" por la implementación del PDT y la Ley de Paisaje Protegido, ya que los terrenos en donde viven y desarrollan diferentes actividades productivas se localizan sobre el faldeo serrano.

Este grupo se conformó recientemente, a principios de 2011, y dentro del mismo es posible encontrar familias "nacidas y criadas" en Tandil que históricamente vivieron en la zona serrana, como así también familias de clase media que llegaron a la ciudad en busca de un lugar más tranquilo donde vivir -en contacto con la naturaleza- y poder desarrollar diferentes emprendimientos económicos vinculados al turismo.

Desde el comienzo de su aparición pública le exigieron al estado municipal y provincial la flexibilización de las medidas legales a los fines de poder realizar subdivisiones, disminuir las limitaciones a los usos del suelo serrano y la rigurosidad de los indicadores urbanísticos fijados.

"Quienes somos: Vecinos del área rural y suburbana para muchos territorios soporte del desarrollo de nuestras familias, su economía, su cultura y su ámbito social (...) A partir de la crisis del 2001 el lugar donde vivir, "refugio" para locales y foráneos que reiniciaron actividades económicas y a veces el bien para resolver las deudas que quedaron (...) Constituimos un grupo de vecinos damnificados directos por el Plan de Desarrollo Territorial vigente. Nos proponemos hacer llegar a las autoridades nuestro punto de vista y proponer lineamientos de reforma a fin de que el Plan de Desarrollo Territorial no se constituya en un instrumento para el cercenamiento de derechos particulares sino en una herramienta para el desarrollo armónico de Tandil, de su ambiente y su gente". (Fragmento extraído de un panfleto que elaboró el grupo de vecinos)

Uno de los ejes fundamentales que estructura sus reclamos es que las medidas legales implementadas lesionan derechos individuales presentes en la Constitución Nacional, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita (art. 14 CN), el principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN), el derecho a la competencia (art. 42 CN) y, primordialmente, el derecho a la propiedad privada (art. 17 CN). La defensa de éste último es un aspecto recurrente en las narrativas de los vecinos, pero se torna un aspecto complejo en el caso de estudio ya que se trata de terrenos localizados sobre el Sistema Serrano de Tandilia, patrimonio natural constitutivo de la identidad local, que ocupa un papel central en la dinámica cultural urbana.

La defensa del derecho a la propiedad privada que realiza el grupo de vecinos permite disputar el imaginario social que concibe a las sierras como un "bien común". A través de sus retóricas intentan hacer visible el proceso de expansión de signo capitalista que impera desde finales del siglo XIX sobre el sistema serrano, prevaleciendo la lógica de mercado sobre el uso colectivo de las sierras. De este modo, este grupo de vecinos conciben a las sierras no como un "bien común", sino como un recurso productivo. Esta representación posibilita justificar la apropiación privada y el uso económico que realiza el capital sobre el territorio.

"(...) las sierras no son un bien común (...) es una propiedad privada por empezar, y si fuera un bien común y es necesario hacer una acción de expropiación, que es lo que correspondería, yo soy parte del común, no soy una marciano ni nada, soy parte. Yo constituyo el paisaje, constituyo la ciudad, constituyo parte de la población de Tandil, constituyo todo, yo soy un tandilense más y me tratan como algo extra y este... lo que pasa es que hay intereses concretos atrás también, mi sacrificio redunda en el bienestar de la comunidad, ese es el sentido de bien común que tienen, el sentido que alguien se sacrifica para el bien de los demás (...)". (Fragmento de entrevista realizada a Vecino II).

Es gracias al desarrollo de actividades económicas que se permite cuidar y embellecer a las sierras, realzar sus características, generar una vista panorámica atractiva, impidiendo su degradación y su eventual ocupación; es a través de la actividad humana que las sierras "cobran valor", que se produce un paisaje que dice más que las sierras en sí mismas.

"(...) la inutilización casi absoluta de las parcelas se traduce en una lesión actual, real y grave del derecho de propiedad. El mismo no consiste sólo en el derecho a disponer del bien sino de usarlo, de cosechar sus frutos. La inmensa cantidad de actividades prohibidas importan una virtual inutilización del bien con consecuencias económicas de pérdida de valor de uso y venal (...) Si diversas actividades económica no se hubieran desarrollado en algunas zonas serranas (...) Tandil no hubiera tenido el extraordinario desarrollo turístico que la ha caracterizado al punto de situarla entre los destinos más importantes del país, con la consiguiente generación de un sinnúmero de fuentes de trabajo en nuestra ciudad (...)". (Portal digital de Tandil 21porciento, 29 de mayo de 2011)

La representación que los vecinos tienen del sistema serrano se encuentra entrelazada con la manera de concebir al territorio y al desarrollo sustentable cuestionándole a los sectores hegemónicos sus definiciones al respecto. En este sentido, intentan establecer una definición "más pura" de la relación sociedad-naturaleza, que se adecue más acabadamente a su realidad. En un contexto de creciente "sensibilidad ecológica", la recuperación de un andamiaje discursivo asociado a la defensa y cuidado del medio ambiente se trataría más bien de una ambientalización estratégica (Carman, 2011) para legitimar sus reclamos y, para no quedar por fuera de lo que se está discutiendo, es decir, la tenencia efectiva del suelo. Asimismo, esta suerte de ambientalización resulta una forma de disputarle a los sectores hegemónicos su presencia en el lugar e impugnar la concepción de "depredadores y contaminantes" que pesa sobre ellos, específicamente, sobre las actividades productivas que realizan.

De este modo, entienden al territorio como la "suma de quienes lo habitan, los bienes físicos y la cultura que establece el vínculo del hombre y el espacio", por este motivo repudian las medidas legales implementadas ya que expresan un "propósito lírico, idealista e incumplible" puesto que se olvidan que los territorios se encuentran antropizados, y que el disfrute de la naturaleza sólo se puede conseguir a través de la utilización de las sierras, no a través de la inmovilización del suelo.

Sumado a lo anterior, resisten las transformaciones promovidas en nombre del desarrollo de la ciudad y de la preservación de las sierras, ya que entienden que vulneran su derecho a habitar la ciudad, otorgándole la posibilidad a los sectores empresariales y promotores inmobiliarios de apropiarse de determinados sectores de la misma. En este punto, coinciden con las organizaciones ambientalistas al mencionar que se puede percibir la discrecionalidad política con la cual el Municipio otorga excepciones inmobiliarias en el faldeo serrano.

Esas excepciones se constituyen como una práctica de "negociaciones" cotidianas desde las cuales se erige la ciudad. Asimismo, la generalización de las excepcionalidades permite pensar la disociación que existe entre las normas jurídicas prescriptas y su aplicación en la organización del espacio, posibilitando entender que la definición, por ejemplo, de lo justo/injusto, lícito/ilícito, no es potestad exclusiva de la institucionalidad Estatal, sino que también se vincula con una particular manera de imaginar y practicar el espacio urbano en contextos socio-culturales específicos (Geertz 1994).

A lo largo del presente apartado se ha realizado una somera enumeración respecto a las argumentaciones de dos organizaciones sociales de la ciudad de Tandil con el objetivo de mostrar la complejidad que asumen las disputas por la apropiación y producción social de la ciudad y el medio ambiente, en relación a las transformaciones urbanas y los modos en que se configuran los proyectos de ciudad desde las prácticas cotidianas hasta el marco normativo, posibilitando entender cómo la ciudad se transforma en un espacio vivido y disputado por los diferentes actores sociales (Armando Silva, 1992; García Canclini, 2005).

CONSIDERACIONES FINALES

Al tratarse de una problematización en proceso resulta difícil establecer conclusiones acabadas, por el contrario se intenta expresar algunas consideraciones emergentes de los aspectos de la investigación que se presentaron en este trabajo.

En este sentido, se intentó vislumbrar y reflexionar respecto a cómo dos organizaciones sociales de la ciudad de Tandil recuperan en sus discursos de manera diferencial aspectos jurídicos (urbano-ambientales) para resistir las transformaciones promovidas por el Estado en lo que se refiere a la gestión del territorio. La implementación de dos políticas públicas posibilitó realizar una aproximación a la relación, compleja y contradictoria, existente entre los ciudadanos y la intervención pública en el territorio.

Asimismo, el caso de estudio permite iluminar cómo emergen, son construidas y delimitadas por los diversos actores las conflictividades sociales en torno a la utilización y apropiación del espacio urbano y el Sistema Serrano de Tandilia. Si bien es cierto que el abordaje de conflictos supone seleccionar determinados actores y problemáticas, delimitados en un tiempo y espacio específico; su abordaje empírico advierte que el conflicto escapa de los límites habituales de su definición. De este modo, el conflicto "cobra vida" en el cotidiano y en las trayectorias individuales de las personas, recupera las complejidades inherentes de las relaciones sociales, los contextos socio-económicos y socio-políticos que habilitan la resistencia y movilización social, ponen de manifiesto la superposición de imaginarios respecto a la ciudad, el desarrollo y medio ambiente, y transcienden más allá de un tiempo y espacio concreto.

En función de lo mencionado con anterioridad, se ha intentado mostrar cómo surgieron en momentos históricos diferentes los actores sociales recuperados, los cuales se consideran afectados por las transformaciones en el territorio. Cada uno de los mismos resiste las políticas públicas implementadas sobre la base de distintos argumentos, los cuales recuperan racionalidades, valoraciones e intereses divergentes, elaborando discursos legitimadores de su posición. Sumado a ello, los argumentos y reivindicaciones que movilizan el accionar de los mencionados actores, permiten visibilizar la forma en que se construye tanto la política urbana como la ciudad.

Pese a sus diferencias en cuanto a la "ciudad soñada", coinciden en su crítica respecto a la planificación urbana imperante en la ciudad de Tandil. Entienden que los cambios promovidos por el Estado municipal y provincial, en lo que confiere a la gestión del espacio urbano y el Sistema Serrano de Tandilia, legitiman los intereses de capitales privados vinculados a negocios inmobiliarios y turísticos. El estado resulta subsidiario de esta lógica, y de esta manera actúa en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos tandilenses, quienes reclaman una mayor participación y consenso en las decisiones que atañen al uso de la territorio.

Notas

1. Se entiende lo urbano como el fenómeno de concentración espacial, cuya marca por excelencia es la ciudad. El sistema urbano resulta un conjunto articulado de infraestructura física, espacial y social de servicios, englobando a lo rural en una sola relación de totalidad (Leeds 1973).

2. La metáfora "escenarios" no pretende considerar las ciudades en un sentido estático en tanto continentes en donde suceden cosas, sino como dimensión co-constitutiva de lo social (Reguillo 1997).

3. La mayor parte de los emprendimientos turísticos se localizan en el sector sur de la ciudad de Tandil puesto que allí se emplaza el Sistema Serrano de Tandilia. Según datos recogidos de la Encuesta de Ocupación Hotelera 2006-2014 (INDEC), se visualiza un significativo crecimiento de los establecimientos turísticos registrados tanto hoteleros (1, 2, 3, 4 y 5 estrellas) como para-hoteleros (hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, entre otros). Por ejemplo, para enero de 2006 se registró un total de 21 alojamientos hoteleros y 80 para-hoteleros, dando un total de plazas disponibles de 87.867; y para enero de 2014 se registró un total de 28 alojamientos hoteleros y 87 para-hoteleros, dando un total de plazas disponibles de 128-578.

4. La Zona Protegida contempla "(...) aquellas áreas de la superficie y/o del subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes que, por razones de interés general, deban sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, por lo cual se declara de interés público su protección y conservación (...)" (VIII.9., Capítulo VIII, Sección 2, Subsección 4).

5. El slogan de "Tandil lugar soñado" fue elaborado y promocionado por la gestión del intendente radical Miguel Lunghi (2003 a la actualidad).

6. El término surgió en los años 70 ante el planteamiento del filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, el cual consideró el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, construyendo una propuesta política que parte de la ciudad para reivindicar la posibilidad de que los sujetos, y no el capital, volvieran a ser dueños de la misma y se logrará establecer el "buen vivir" para todos. Este concepto es retomado por Borja quien manifiesta "(...) Ya no es suficiente plantear el derecho a la vivienda, a la educación o al trabajo: estos derechos se hacen más complejos y se expresan como el derecho a la ciudad (...)" (Borja 2003).

7. La cantera es un tipo de explotación minera, que generalmente se realiza a cielo abierto ya que se intenta dejar los yacimientos de minerales a la vista mediante el destape de tierra a través de la utilización de explosivos. Las canteras existentes en la provincia de Buenos Aires se dedican a la extracción de rocas de aplicación (granito, dolomitas, calizas y arcillas) utilizadas principalmente en la construcción.

8. Destrucción del paisaje serrano, destrucción de las viviendas próximas a las canteras, contaminación sonora, pérdida de biodiversidad, dificultades en el suministro de agua, contaminación de las napas, forestaciones exóticas.

9. La figura jurídica de Áreas Protegidas establece la necesidad de proteger la totalidad de las sierras, a diferencia del Paisaje Protegido, y posee una actitud más rígida respecto a los usos permitidos del recurso.

10. Decreto Municipal Nº 348, Decreto Municipal Nº 1085, Ordenanza Municipal Nº 4133, Ordenanza Municipal Nº 6543.

11. El Acuerdo Marco se elaboró en el 2000. Los principios básicos que rigen su accionar son: respeto a la ley vigente, reconocimiento de los valores sociales, preservación del patrimonio ecológico, mantenimiento de las fuentes de trabajo, defensa de las tradiciones, y compromiso de satisfacer las legítimas necesidades de las generaciones presentes y futuras.

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