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Revista Pilquen

versión On-line ISSN 1851-3123

Rev. Pilquen. secc. cienc. soc. vol.21 no.5 Viedma dic. 2018

 

ARTÍCULO

Dominio, declinación y fracaso de las cooperativas camaroneras en Mazatlán (México) 1982-2017

Dominance, decline and failure of the shrimp cooperatives in Mazatlán (México) 1982-2017

 

Rigoberto Arturo Román Alarcón
arturoroma@gmail.com
Universidad Autónoma de Sinaloa. México

Recibido: 19|04|18
Aceptado: 03|09|18

 


Resumen
El origen de las cooperativas pesqueras de Mazatlán al igual que en el resto del país, no fue un movimiento social espontáneo, sino bajo la sombra del Estado mexicano y de una legislación proteccionista que les otorgó el usufructo de importantes especies pesqueras como el camarón; sin embargo, no les proporcionó los medios necesarios para realizar su captura, y no sería hasta 1982, con el traspaso de la flota camaronera, cuando harían realidad esta exclusividad de explotación. A pesar de ello su dominio en la actividad sería solamente de algunos años, ya que la mala administración de las cooperativas, la corrupción existente entre sus miembros trajo como consecuencia su declinación y el fracaso de la mayoría de ellas.

Palabras clave: Cooperativas, Pesqueras, Mazatlán, México.

Abstract
The origin of the fishing cooperatives of Mazatlan like the rest of the country, was not a spontaneous social movement, it was under the shadow of the Mexican State and a protectionist legislation that granted them the usufruct of important fishing species such as shrimp; However, it did not provide the necessary means to carry out its capture and it was not until 1982, when the shrimp fleet was transferred, when this exploitation exclusivity became reality. In spite of this their dominion in the activity would only be a few years since the bad administration of the cooperatives; the corruption existing among its members brought as a consequence its decline and failure of the most of them.

Key words: Cooperatives; Fishing; Mazatlán; México.


 

PRESENTACIÓN

El desarrollo de la pesquería del camarón en el puerto de Mazatlán en el Noroeste de México, en torno al Golfo de California (Véase mapa 1) durante la segunda mitad del siglo XX, estuvo basada en la colaboración entre las cooperativas pesqueras que tenían la exclusividad para explotación de esta especie marina y el sector privado (armadores) propietarios de las embarcaciones y plantas industriales. Esta relación se realizó a través de contratos de arrendamiento y de participación que originaron una situación conflictiva entre ambas partes. El traspaso de la flota camaronera propiedad de los empresarios pesqueros a manos de las cooperativas de Mazatlán, durante la temporada 1981-1982, parecía ser el fin de los conflictos suscitados entre los sectores privado y social que se produjo al tener este último la exclusividad para las capturas de esta especie marina. Sin embargo, el sector cooperativista no prosperó debido a una serie de anomalías, tales como corrupción, malos manejos y la inexistencia de una conciencia cooperativa, que produjeron que estas organizaciones iniciaran un proceso de declinación hasta casi su desaparición en la actualidad. Por ello, el propósito de este trabajo es estudiar todo este proceso, señalando los aciertos, dificultades y problemáticas que se padecieron y que originaron la situación anteriormente mencionada. Para llevar a cabo nuestro cometido el texto se sustenta en la teoría del Neoinstitucionalismo de Douglass North (1993), la cual analiza "•desde la perspectiva histórica"• las normas políticas, legales y conductuales del desempeño económico, definidas como las reglas de juego en una sociedad, como las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana (North, 1993: 13). Al respecto, José Ayala señala que son las normas éticas y morales de comportamiento de los individuos, con el objeto de maximizar la riqueza y utilidad. Para él existen distintos tipos de instituciones: formales e informales. Las formales son las reglas escritas reflejadas en las leyes y son normas expresamente creadas por los individuos para enfrentar problemas específicos de coordinación económica, social y política. Las informales son las reglas no escritas que se van acumulando a lo largo del tiempo y quedan registradas en los usos y costumbres (Ayala, 1998: 56-59). En nuestro caso solamente trataremos las instituciones formales que integran el conjunto de decretos y leyes que estuvieron en torno al desarrollo y funcionamiento del cooperativismo pesquero mexicano durante el período de estudio.

Mapa 1
Noroeste de México

Fuente. Elaboración propia

 

NORMATIVIDAD COOPERATIVISTA Y PESQUERA

Las instituciones formales que dieron sustento a las cooperativas mexicanas en general, y las cooperativas pesqueras en particular tiene que ver con dos vertientes relacionadas. Por un lado, con las disposiciones legales que influyeron en la formación de cooperativas como organización social; y por otro, con los decretos y leyes que ampararon y fomentaron su constitución y desarrollo como cooperativas pesqueras.

Como antecedentes de la legislación cooperativista tenemos la Constitución de 1917, que les otorga a estas organizaciones un estatuslegal en los artículos 28 y 123. Posteriormente, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se promulgó la Ley de Sociedades Cooperativas de 1925, que en su articulado desvirtuaba algunos de los principios del cooperativismo, tales como, el de considerar a los socios como accionistas, el de mencionar utilidades en vez de rendimientos. Sin embargo, otorgó al Estado mexicano la obligación de registrar y vigilar su funcionamiento. Luego, durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez se promulgó la Ley de Sociedades Cooperativas de 1933, que planteaba las mismas distorsiones de su antecesora, agregando su organización en federaciones de cooperativas estatales que darían forma a una Confederación Nacional de Cooperativas. La norma anterior tendría vigencia hasta la promulgación de la Ley de Sociedades Cooperativas de 1938 (Rojas 1964: 87), la cual regiría hasta 1994. Esta última retomó los principios del cooperativismo en el nivel mundial y su sustituta tuvo algunas variaciones como se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro 1
Comparación de los principios cooperativistas de las leyes de 1938 y 1994

Fuente. Ley de Sociedades Cooperativas de 1938 y Ley de Sociedades Cooperativas de 1994

La principal modificación observada entre estas dos leyes fue la eliminación y control de vigilancia por parte del Estado mexicano y la necesidad imperiosa de capacitación tanto cooperativa como de aquellos aspectos que permitan la integración cooperativa en el nivel nacional. Sin embargo, la principal crítica que se le hizo fue la carencia de un auténtico espíritu cooperativista, ya que resultó ser una ley reguladora más de fomento y promoción al cooperativismo. Asimismo, se critica que dicha ley si bien liberó al movimiento cooperativo del control del gobierno, expuso a las cooperativas a competir sin ningún tipo de restricciones en el mercado abierto que originó a su vez una desintegración de estas formas de asociación.

Las cooperativas pesqueras que son las que interesan en este estudio, además de regirse por la normatividad de cooperativismo mexicano, tuvieron por otra parte un marco legal vinculado propiamente con el desarrollo de la actividad pesquera, señalando que cada una de las leyes promulgadas tuvo su reglamento que las operativizó en la práctica.

El primer antecedente lo tenemos posterior al triunfo del Constitucionalismo. Siendo presidente Venustiano Carranza se expidió un decreto el 20 de noviembre de 1918, el cual estipulaba que se daba preferencia para la pesca y explotación de los productos naturales a los integrantes de la clase proletaria vecina de la región que se trataba. De esta manera la actividad pesquera se reservó de manera exclusiva a las poblaciones ribereñas de los estados de Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero (Sierra 1977: 58-62).

En 1924, bajo los auspicios del gobierno de Álvaro Obregón se estableció la primera cooperativa pesquera en Escuinapa, Sinaloa. Posteriormente con Calles, con el objeto de beneficiar a los pescadores, de proteger las especies marinas y de nacionalizar la actividad, se promulgó el primer ordenamiento legal con carácter nacional, la Ley de Pesca de 1925 que se apoyó en la Ley de Sociedades Cooperativas de 1925 y que ratificó la exclusividad a los pescadores agrupados en cooperativas de las regiones costeras inmediatas a Mexcaltitán, en Nayarit, y de Escuinapa, Chametla y Aguaverde en Sinaloa. Esta ley fue sustituida durante el gobierno del presidente Pascual Ortiz Rubio, por la Ley de Pesca de 1932 que amplió las zonas reservadas para la pesca de otras especies como la totoaba, cabrilla y curvina, a las cooperativas de Baja California ubicadas desde el paralelo 27 hacia el norte. Durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez en 1934 también se envió una iniciativa de ley que no fue aprobada, y que contemplaba la exclusividad a las cooperativas de las siguientes especies marinas: camarón, ostión, almeja pismo, totoaba, cabrilla, curvina, langosta y abulón (Román 1983: 23).

Tomando como base la propuesta hecha por su antecesor, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se decretó el 9 de septiembre de 1936 una disposición que fue ratificada en los decretos del 13 de enero de 1937 y 11 de julio de 1940, para otorgar en exclusividad las especies mencionadas anteriormente con los pescadores asociados en cooperativas.

Posteriormente, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se promulgó la Ley de Pesca de 1940, que permitió que las cooperativas pesqueras ante la falta de barcos camaroneros se asociaran con empresarios privados mexicanos (armadores), bajo Contratos de Arrendamiento de Embarcaciones que tuvieron vigencia hasta el año de 1962, cuando fueron sustituidos por los Contratos de Asociación por Participación, ambos caracterizados por su inequidad y explotación hacia las cooperativas. Además, en 1941 se estableció el Banco de Fomento Cooperativo (BANFOCO) con el propósito de otorgar créditos a esas organizaciones (Roemer 1989: 17).

Con su sucesor Miguel Alemán Valdés expidió la Ley de Pesca de 1947 que retiró la exclusividad de explotación para las cooperativas en las siguientes especies marinas: curvina, cabrilla y langosta. Esta Ley tuvo vigencia hasta 1972, cuando fue sustituida durante el sexenio de Luis Echeverría que promulgó una nueva ley, que ratificó la exclusividad de explotación a las cooperativas pesqueras, a través de una concesión o permiso, de las siguientes especies marinas: ostión, camarón, totoaba, cabrilla, almeja pismo y tortuga marina. Asimismo, ésta dio origen a las Cooperativas Pesqueras Ejidales al señalar en su artículo 8 los derechos que tenían los ejidatarios a constituirse en sociedades cooperativas de producción pesquera. Durante el régimen de José López Portillo, aunque se mantuvo la Ley de Pesca de 1972, su gobierno elaboró el ambicioso Plan Nacional Pesquero 1977-1982, que planteaba multiplicar cuatro veces la producción pesquera de 1976, incrementar el consumo per capita en 3.5 veces y generar 113 mil empleos directos. Fue en este sexenio cuando el BANFOCO, se transformó, en 1980, en el Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA), institución encargada de efectuar el traslado de dominio de las embarcaciones camaroneras propiedad de armadores a las cooperativas pesqueras durante la temporada de pesca 1981-1982 (Roemer 1989: 129-135).

La ley de pesca de 1972 fue sustituida por otras tres normas más: las de 1986, 1992 y 2007. La primera, expedida durante el gobierno de Miguel de la Madrid, mantiene la exclusividad de las especies marinas a cooperativas y fomenta la acuacultura mediante el establecimiento de sociedades de producción pesquera en ejidos y comunidades agrarias. La segunda, decretada por Carlos Salinas de Gortari, cambia radicalmente, ya que elimina la exclusividad de especies marinas a las cooperativas, por lo que ahora para su explotación, el Estado mexicano otorgará concesión, permiso y autorización con una vigencia determinada (de 5 a 20 años) a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Y la última, promulgada al iniciar la presidencia Felipe Calderón, contempla el mismo régimen de concesiones y permisos para la explotación de actividad pesquera y de la acuacultura.

COOPERATIVAS PESQUERAS ESTABLECIDAS EN MAZATLÁN HASTA 1981

Las primeras cooperativas camaroneras del puerto de Mazatlán que se constituyeron fueron las cooperativas Pescadores de Mazatlán (1936) e Ignacio Allende (1938), a las cuales se añadieron a partir de 1950 las cooperativas Pescadores de Mariscos, Crestón de Mazatlán, Marcelo Morales, Isla de Venados y Victoriano Mireles. El total de socios que agrupaban el conjunto de cooperativas mazatlecas en 1960 ascendía a 742 pescadores, de los cuales el 51% estaban en las cooperativas pioneras Pescadores de Mazatlán e Ignacio Allende. De las 30 cooperativas camaroneras que se establecieron durante el período de 1936-1980, 18 (58%) lo hicieron durante la década de 1970, entre las cuales el 35% fue durante el sexenio de Luis Echeverría. Por el número de asociados la cooperativa Pescadores de Mazatlán fue la más importante con 223 socios en 1976 y 215 en 1980, correspondiéndole el 11.3% del total en ambos años. Por otro lado, la mayor parte de las cooperativas establecidas en Mazatlán durante el período de estudio, a partir de 1954 se integraron a la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán y otras menos a la Federación Regional de la Industria Pesquera del Sur de Sinaloa y Estado de Nayarit. Asimismo, hubo una cooperativa que no perteneció a ninguna federación como lo fue el caso de la cooperativa Alribe (Véase cuadro 2).

Cuadro 2
Cooperativas Pesqueras Establecidas en Mazatlán 1936-1981

*Cooperativas pertenecientes a la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, F. C. L
** Cooperativas pertenecientes a la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Sur de Sinaloa y estado de Nayarit, F. C. L.
*** Cooperativas no federadas

Fuente. Román 1983, anexos 11 y 12.

LAS COOPERATIVAS CONSTITUIDAS DURANTE EL TRASPASO DE LA FLOTA

Para la década de 1970 no solamente los ataques de las cooperativas eran hacia los armadores por las condiciones imperantes en los Contratos de Participación, sino que también los armadores hacían señalamientos hacia el sector social. Dentro de las críticas que se hacían al sistema cooperativista pesquero, podemos señalar las realizadas por Julio Berdegué uno de sus más connotados integrantes y el mayor armador del puerto de Mazatlán, quien en 1976 comentaba lo siguiente: "Este es un modelo altamente elaborado de organización socialista, por lo que es obvio que este modelo social con estas características sólo puede funcionar mediante un alto grado de conciencia y educación social y cooperativista de los miembros que integran la cédula de producción (Berdegué 1976: 14-15).

Por su parte, el traspaso de la flota vino a culminar uno de los grandes anhelos del cooperativismo pesquero, el de explotar y manejar por sí solos la pesquería del camarón; porque a pesar de que el gobierno a través de los decretos de 1936 y 1937 reservaba la explotación del camarón exclusivamente para las cooperativas, no proporcionó los medios necesarios para su explotación, industrialización y comercialización, por lo que optaron sus integrantes a emplearse o asociarse con los empresarios pesqueros privados, que eran propietarios de los barcos, plantas congeladoras y empresas distribuidoras. Esta acción de transferencia de flota camaronera a manos de las cooperativas pesqueras empezó a madurar desde 1976, pero sale a relucir en la asamblea nacional de la Sección de Cooperativas Pesqueras de la Confederación Nacional Cooperativa, celebrada en mayo de 1981 en Culiacán, Sinaloa, en la cual los asambleístas solicitaron al presidente José López Portillo el financiamiento de la banca oficial para adquirir la flota propiedad de los armadores. El presidente en ese momento respondió: "En la medida en que los cooperativistas pesqueros reconozcan su responsabilidad para comprometerse en un impulso unitario a favor de la Nación, el Estado seguirá apoyándolos". Con la respuesta anterior eludió y demoró una afirmación y no sería sino hasta el primero de septiembre del mismo año durante su V Informe de Gobierno, cuando tomó la decisión final al señalar:

Para dar congruencia total al sistema cooperativo pesquero de especies reservadas y eliminar los conflictos entre los factores de la producción, apoyamos a las cooperativas para que adquieran en propiedad las embarcaciones y equipos necesarios. Así en la temporada que se inicia en octubre toda la flota camaronera del Pacífico será de cooperativas y en el Golfo, al terminar el contrato actual con los armadores que vence en febrero de 1982 (Román 2013: 105).

Durante el traspaso de la flota propiedad de armadores en Mazatlán, se asignaron 195 barcos a 24 cooperativas pesqueras, de las cuales una era de Colima (Laguna de Cuyutlán) y no tenía como base el puerto de Mazatlán. Del total de asociaciones beneficiadas, 15 eran de nueva creación (1981) y se habían constituido con los trabajadores "libres", que anteriormente, estaban al servicio de los armadores, por lo que ingresaron de esta manera al gremio cooperativista 1,045 nuevos pescadores. Las cooperativas de nueva creación en su mayor parte se integrarían a un nuevo organismo como lo fue la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Altura Camaroneros del Pacífico, F. C. L., y en el caso de las cooperativas Joaquín Garanda, Democracia Pesquera, Nueva Transformación Pesquera, Mazatlecos, Ejército del Sur y Marinos y Pescadores se aglutinarían en la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, F. C. L. (Véase cuadro 3).

Cuadro 3
Cooperativas constituidas durante el traspaso de la flota camaronera en 1981

*Cooperativas pertenecientes a la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, F. C. L
** Cooperativas pertenecientes a la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Altura Camaroneros del Pacífico, F. C. L.

Fuente. Román 1983: anexo 12

EL DOMINIO COOPERATIVISTA 1982-1992

El predominio de las cooperativas durante este período no fue absoluto. Siempre estuvo la presencia de los desertores de las filas del cooperativismo que habían invertido en la pesquería del camarón de manera particular. La participación de cooperativistas como pequeños armadores se inició durante la década de 1960, integrado por ex directivos de estas sociedades que en contubernio con los contadores lograron obtener un pequeño capital que invirtieron en la adquisición de barcos camaroneros y congeladoras.

A manera de ejemplo tenemos el caso de Fulgencio Cruz Jamit, quien fue tesorero de la cooperativa pionera Pescadores de Mazatlán y al ser acusado de malversación en junio de 1977 por los empresarios José Manuel Castelló y Fernando Letamendi Lie presentó su renuncia como socio cooperativista. Las inversiones de Cruz Jamit fueron de 80 mil dólares correspondientes a dos empresas: Pesquera Fuleca S.A. (1979)y Pesquera Escualo S.A (1980). Otro caso fue el de Jesús Becerra, quien fungió como presidente de la cooperativa Ignacio Allende. Éste presentó inversiones conjuntas cercanas a los 70 mil dólares; su inversión más grande fue por la cantidad de 60 mil dólares en la empresa Exmaz S.A., en la que mantuvo una relación comercial con el empresario atunero Miguel Castro. Por otra parte, tenemos al presidente de la cooperativa Pescadores de Mariscos, Filemón Romero que invirtió 35 mil dólares en la Pesquera Emilia S.A. en 1964, a través de su esposa e hijos: Emilia García Contreras, Carlos, Héctor y Filemón Romero García (Suárez 2016: 147-148).

El traspaso de la flota camaronera que hacía realidad la exclusividad para la explotación de la pesquería del camarón en manos de los cooperativistas, desde los primeros años se vio amenazada por la llamada Ley Ojeda, que permitió de manera ilegal el regreso de la iniciativa privada a esta actividad. Sobre ésta desde agosto de 1986, Ricardo Michel Luna (actualmente presidente de los Armadores), líder de la confederación cooperativista ante los rumores de la Ley Ojeda aseguró que era imposible que los armadores retornaran a la actividad e incluso que llevarían su descontento ente las autoridades correspondientes; en contraparte, ese mismo año el líder armador José Carranza aseguraba que la situación de discriminación a la cual habían sometido a la iniciativa privada por no permitirles la inversión en la explotación del crustáceo acabaría de manera pronta, ya que sólo éstos tenían la capacidad de gestión empresarial sobre la pesquería y las presiones de los mercados externos exigían una industria que en manos de las cooperativas se había tornado ineficiente (Suárez 2016: 150-152).

Por otro lado, había una serie de pequeños armadores y ex cooperativistas que habían sido desplazados en 1981, que estaban esperando la oportunidad para introducirse de nuevo dentro de la actividad camaronera y a los cuales no les interesaba que la Ley Ojeda fuese ambigua, por lo que desde 1988 se convirtieron en los primeros armadores que participaron de nuevo en la pesquería de camarón. Así pues, en agosto de 1988 Thelmo Cevallos, líder de la cooperativa Nicolás Bravo, denunció que tras la modificación de la ley pesquera al menos siete armadores habían vuelto a la actividad mediante la compra de embarcaciones; éstos eran: Héctor Torreblanca, Gilberto de la Fuente, Filemón Romero, Paulino Navarro, El Güero Félix, Camilo Medrano, Crescencio Cevallos (Suárez 2016: 150-152).

A partir de la expedición de la ley de pesca de 1992, este proceso se aceleró y a principios del siglo XXI, la concentración del capital en la pesquería de camarón se vuelve a producir en mano de armadores anteriores al traspaso y armadores de nuevo cuño que concentraban para 2008 más del 40% de la flota existente, 181 de las 450 embarcaciones camaroneras (Véase cuadro 4).

Cuadro 4
Principales armadores en Mazatlán 2008

Fuente. Covantes y Beraud 2011: 139-144

 

DECLINACIÓN Y FRACASO COOPERATIVISTA

El declive de las cooperativas pesqueras camaroneras no fue un fenómeno particular de Sinaloa y de Mazatlán, sino que se observó en todo México. Las cooperativas que entraron en ese proceso fueron las dedicadas a la pesca en alta mar, las cuales fueron a la baja a partir del año 2000. En cambio, las cooperativas ribereñas mantuvieron una situación con cierta estabilidad, a diferencia las dedicadas a la acuacultura del camarón que tuvieron un alza significativa. Analizando por separado cada una de éstas, podemos señalar que en México el total de cooperativas pesqueras se incrementó casi dos veces entre 1985 y 2010, aumento que también se observó en el número de miembros que fue del 160%. Las cooperativas pesqueras de altamar decrecieron el 30% para el mismo período, a diferencia de las ribereñas y las acuícolas que tuvieron un alza del 403% en las primeras y de veinte veces en las segundas. Para el caso de Sinaloa el comportamiento fue similar al nacional, el total de cooperativas pesqueras aumentó el 175% entre 1985 y 2010, las de altamar bajaron 43% y las ribereñas y acuícolas subieron 223% y más de 37 veces respectivamente (Véase cuadro 5).

Cuadro 5
Cooperativas pesqueras en México y Sinaloa 1985-2010

Fuente. Anuario 1985, 2000 y 2010

Como se mencionó en el apartado anterior, la salida de los armadores de la pesquería de camarón fue un proceso que se gestó durante 20 años. Desde sus inicios en 1961 las cooperativas fueron tomando un papel cada vez más dominante en relación con la actividad camaronera, incluso convirtiéndose en el grupo más dinámico en la década de 1970. Sin embargo, nunca prescindieron de la gestión organizacional que el cuerpo empresarial le brindaba a la actividad hasta el año de 1982. La salida de los armadores de la actividad de camarón trajo consigo dos problemas que las cooperativas nunca pudieron sortear. El primero, el gran endeudamiento en el que incurrieron con las instituciones financieras públicas para la compra de los barcos de los armadores en el año de 1981; y el segundo las malas administraciones y el despilfarro que se presentó entre los cooperativistas una vez que comenzaron a manejar de manera integral los altos márgenes de ganancia que generaba la comercialización del crustáceo. Muchos son los testimonios que se tienen sobre los excesos de los pescadores cooperativistas. Dentro del imaginario colectivo mazatleco, eran concebidos como un gran derrochador que tenía como parte de sus costumbres el cierre de burdeles, fiestas con música de tambora y alcohol, consumo suntuoso de automóviles. Muestra de lo anterior, el periódico local El Debate publicaba en una nota del 21 de febrero de 2011, lo mencionado por un pescador apodado "el Chino": "Cuando había bonanza en la pesca de camarón tirábamos el dinero en las cantinas con las bandas, con las mujeres, y ahora nos lamentamos de no haber ahorrado. Algunos hicieron su casita, otros pusieron un negocio, pero muchos llegamos a viejos y no tenemos nada" (Covantes y Beraud 2011: 6).

El derroche es una acción criticable desde un punto de vista moral; sin embargo, se presume que mucho del dinero mal gastado no era precisamente fruto de la comercialización lícita del crustáceo, sino de su venta ilegal en altamar (coyotaje) o a su llegada a los distintos puertos. Esta última era una práctica constante que diezmaba los ingresos de las cooperativas y afectaba el cumplimiento de sus compromisos financieros y con proveedores. Por lo que el "coyotaje" se convirtió en aliado de los cooperativistas, no así de las cooperativas, invadiendo todos los niveles posibles: producción, comercialización y organización. Entre los principales compradores estaban las plantas congeladoras privadas que obtenían grandes ganancias a costa del patrimonio cooperativista. Tal fue el caso de la congeladora del armador Gilberto Lem Noriega, quien en noviembre de 1987 fue investigado por la Procuraduría General de la República y le fueron incautadas cinco lanchas de motor rápido con las que se presumía que comercializó camarón ilegal de una cooperativa. Otra práctica que afectó el buen funcionamiento de las sociedades cooperativas fue el tráfico de influencias con políticos estatales para la recuperación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del cual estaban exentas estas sociedades, y que involucraba cifras millonarias que se repartían entre directivos y contadores (Suárez 2016: 150-152).

Como se mencionó anteriormente, la Ley Ojeda significó el retorno de los armadores a la pesca de camarón; y de manera conjunta con el crecimiento de la acuacultura, impulsó el derrumbe de las cooperativas. Sin embargo, éste se reflejó aún más cuando las sociedades de producción pesquera comenzaron a tener problemas con las instituciones financieras que les otorgaban créditos y con las empresas comercializadoras de camarón. Para 1986 el Banco Nacional Pesquero (BANPESCA) negó apoyos crediticios a las cooperativas Marinos y Pescadores, Mariano Jiménez, Egresados de la Tecnológica de Teacapán y Joaquín Garanda, las cuales eran consideraban insolventes. A partir de este año la relación de BANPESCA con el sistema cooperativista fue menos flexible por lo que buena parte de las sociedades deudoras de esta institución, 14 de las 27 cooperativas, recurrieron a la empresa comercializadora de camarón Ocean Garden para recibir créditos de avituallamiento e iniciar la reparación de sus embarcaciones. Ante esta situación BANPESCA, emprendió este mismo año acciones tales como descuentos a la cartera vencida de las cooperativas por varios millones de pesos, dejando a muchas a punto de la quiebra. Un año después, BANPESCA endureció sus acciones contra las cooperativas; así, en julio de 1987 embargó veintinueve embarcaciones de diez cooperativas que tenían cuantiosos adeudos, las cuales fueron rematadas a la iniciativa privada que de manera informal regresaba a la explotación de la pesquería del camarón. Esta mala relación entre las cooperativas y BANPESCA tuvo como consecuencia la ruina de ambas. Finalmente, en 1989 la institución bancaria se disolvió ante su insolvencia y quiebra, como consecuencia de la cuantiosa cartera vencida, y actos de corrupción por desvíos de fondos de varios cientos de millones de pesos (Suárez 2016: 154-155).

A partir de la disolución de BANPESCA y de la inminente privatización de la banca comercial en México después de su nacionalización en 1982, las cooperativas de producción pesquera del puerto de Mazatlán fueron perdiendo activos. Así tenemos que en 1992 una serie de cooperativas remataron sus embarcaciones para poder pagar sus adeudos, otras buscaron unirse a la iniciativa privada para poder levantar una actividad que se encontraba en crisis por la sobre explotación del camarón en altamar y por la sobre producción acuícola en el nivel mundial de camarón que había originado una baja de su precio (Suárez 2016: 156-157).

La caída de las cooperativas en el año de 1992 no significó el fin de la pesquería de camarón en el puerto de Mazatlán; sin embargo, la actividad dejó de ser el epicentro de la economía porteña dando lugar a un crecimiento del turismo y la pesquería del atún. En la actualidad solamente subsisten cinco organismos de las 46 cooperativas que hubo durante la temporada de pesca 1981-1982, las que se encuentran aglutinados en la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, F. C. L. que fue constituida desde 1959, de las cuales dos cooperativas tienen veinticuatro socios con siete embarcaciones de su propiedad y las restantes tres cooperativas con setenta y un socios carecen de barcos camaroneros por lo que tienen que emplearse para ejercer la actividad en las empresas privadas propiedad de los armadores (Véase cuadro 6).

Cuadro 6
Cooperativas pesqueras de altamar del puerto de Mazatlán 2017

Fuente. Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, F. C. L

Para el dirigente actual de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, F. C. L, Carlos Alejandro Rojas López, los factores que influyeron en la declinación del sector fueron los siguientes: en primer lugar el cambio de la ley de pesca que en 1992 que les retiró la exclusividad para la explotación del camarón y que permitió el ingreso legal de los armadores a la pesquería los cuales, mediante una serie de ilícitos como el contrabando de camarón, debilitaron financieramente las cooperativas; en segundo lugar la disolución del BANPESCA, que otorgaba créditos a bajas tasas de interés, situación muy diferente a la banca privada que concedió préstamos caros, los que, al no ser liquidados, eran cobrados mediante el embargo de las embarcaciones; en tercer lugar la privatización de la comercializadora Ocean Garden que anteriormente no sólo garantizaba la venta del crustáceo a buenos precios, sino que también apoyaba financieramente al sector; y finalmente la falta de un relevo generacional adecuado, ya que los hijos de los socios que sustituyeron a sus padres que se habían pensionado por edad en el Instituto Mexicano de Seguro Social, no cumplieron con las expectativas deseadas (Rojas 2017).

CONCLUSIONES

El surgimiento de las cooperativas mexicanas no fue espontáneo sino que fueron constituidas en sentido vertical, ya que fueron promovidas por los gobiernos posrevolucionarios, cuya característica principal fue el "populismo", caracterizado por Arnaldo Córdova como el establecimiento de gobiernos paternalistas que impulsan el desarrollo capitalista, defendiendo la propiedad privada a través de la conciliación de las clases sociales y de la manipulación de las clases populares mediante la satisfacción limitada de sus demandas (1973: 7). El origen de las cooperativas pesqueras tampoco fue un movimiento social espontáneo, sino bajo la sombra del Estado mexicano que a través de instituciones formales integradas por decretos y leyes, otorgó el usufructo de importantes especies pesqueras como el camarón, langosta, ostión etc.; sin embargo, no les proporcionó los medios necesarios para realizar, por ejemplo las capturas de camarón, por lo que los gobiernos posrevolucionarios tuvieron que realizar adecuaciones al marco institucional que era favorable para las cooperativas, permitiendo y sancionando los Convenios de Arrendamiento y de Participación entre pescadores y armadores.

Las relaciones entre cooperativistas pesqueros y armadores siempre fue conflictiva, ya que estos últimos trataron de sacar provecho y ventajas en los distintos contratos de arrendamiento y de participación: En los primeros estipulaban los porcentajes y los precios de venta del crustáceo y en los segundos los porcentajes de participación y de obligaciones. Esa situación fue solucionada por el gobierno de José López Portillo con el decreto correspondiente al traspaso de la flota camaronera en manos de la iniciativa privada al sector social a inicios de la temporada de pesca 1981-1982, presentándose un nuevo panorama para las cooperativas pesqueras de Mazatlán y del resto del país, cuyo desarrollo y resultados culminaron en 1992, cuando la nueva ley de pesca retira el derecho de exclusividad de explotación del camarón al sector cooperativista. Sin embargo, el retiro de la iniciativa privada de la pesquería no fue total ya que además de los cooperativistas que se habían pasado a las filas de los armadores, se implementó la denominada Ley Ojeda en 1988 que permitió el regreso de éstos y que fue legalizado con la ley de pesca de 1992. Entre las causas del fracaso de las cooperativas de altamar de Mazatlán se señalan: el derroche, ineficiencia, corrupción de los directivos, obsolescencia de la flota, falta de subsidios, etc.

REFERENCIAS

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ENTREVISTA

Carlos Alejandro Rojas López, Presidente de la Federación de Cooperativas de Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa, México, realizada el 9 de agosto de 2017.

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