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Revista Pilquen

On-line version ISSN 1851-3123

Rev. Pilquen. secc. cienc. soc. vol.22 no.1 Viedma Mar. 2019

 

ARTÍCULO

El caso de los Maestros Comunistas y el diario Crítica (1933-1940)

The case of the Communists Teachers; and the Crítica journal (1933-1940)

 

Adrián Cammarota
adriáncammarota2000@gmail.com
Universidad Nacional de La Matanza. Argentina

Recibido: 20|07|18
Aceptado: 01|02|19

 


Resumen
En 1933 seis maestros fueron acusados por la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo, de propagar ideas políticas ligadas con el marxismo en las escuelas de Capital Federal. El caso, en donde intervinieron los inspectores del Consejo Nacional de Educación (CNE) con los mecanismos procedimentales propios de la burocracia educativa, tomó un rumbo inesperado al recaer sobre uno de los maestros señalados una sanción punitoria cuyas causales se desviaban de la denuncia que motivó la investigación.

Palabras clave: Sumario; Denuncia; Comunismo; Sistema escolar.

Abstract
In 1933 six teachers were accused by the Argentine Popular Commission against Communism, of propagating political ideas linked to Marxism in the Federal Capital schools. The case, where the inspectors of the National Council of Education (CNE) intervened with the procedural mechanisms of the educational bureaucracy. It took an unexpected course, when one of the accused teachers relapsed on a punitive sanction whose causes deviated from the complaint that motivated the investigation.

Key words: Summary; Complaint; Communism; School system.


 

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo aborda un estudio de caso en cual seis maestros fueron acusados hacia 1933 en Capital Federal, de propagar ideas ligadas con el marxismo. En un primer nivel, el tema nos permite adentrarnos en la lógica disciplinaria y normativa del Consejo Nacional de Educación (CNE) y los mecanismos procedimentales en los asuntos sumariales y el control administrativo de los funcionarios y maestros del circuito escolar. En otro nivel, el caso de los maestros comunistas es un indicio de cómo el espacio escolar se transformó en una plaza de disputa entre distintas tendencias político-religiosas, que intentaron hegemonizar el curso de los programas escolares, los debates y la orientación general de la enseñanza estatal.

Nos preguntamos qué elementos actuaron como telón de fondo en el entramado de la denuncia y en el desarrollo de la investigación presumarial, qué imaginarios, sentidos y arbitrios culturales estaban en juego o subyacían en el desarrollo de los acontecimientos. Consideramos que el clima sociopolítico de la década de 1930, caracterizado por la reacción antiliberal de la Iglesia Católica y el anticomunismo compartido con los gobiernos de turno, funcionó como un disparador acusatorio contra los docentes y su posterior sanción punitoria sobre la figura del maestro Atilio Torrassa.

El caso de los maestros comunistas se encuentra en el repositorio documental del Archivo Intermedio de la Nación. Entendemos que trabajar desde este tipo de acervo documental constituye una puerta de entrada para vislumbrar las tensiones y los conflictos que accionaban en la vida cotidiana de las escuelas o en los esquemas de intervención de los funcionarios sobre el personal docente. Hay que señalar que la historiografía sobre historia de la educación ha analizado el funcionamiento de la burocracia educativa o la competencia del CNE en las provincias, pero menos proclive ha sido para detallar y pesquisar este tipo de fuentes.

Por lo expuesto, la pesquisa da cuenta de la denuncia efectuada por la denominada Comisión Popular Argentina contra el Comunismo, los actores implicados y los descargos realizados ante los funcionarios del CNE. El caso, que involucraba una delación de conjunto, terminó perfilándose sobre la persona del docente Atilio Torrassa. Por lo tanto, esta figura será el eje de atención en el corpus de la investigación. En esta dirección, y entendiendo que los estudios de casos deben iluminar una realidad más amplia, desentrañamos los entretelones del conflicto y las disputas en el campo político, intelectual y educativo de la década de 1930 en Argentina, momento en el cual los nacionalismos reaccionarios y la Iglesia Católica se dispusieron a cuestionar las bases ideológicas del estado liberal ensamblado en el siglo XIX. En este sentido, la educación también se había transformado en un espacio de lucha ideológica, incluso con la disputa de corrientes pedagógicas que parecían antagónicas como la Nueva Escuela y el espiritualismo1.

2. EL DISPARADOR: LA DENUNCIA

El 22 de julio de 1933 el presidente de la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo, Carlos Silveyra y el secretario, Benito Currás, formulaban una denuncia contra un grupo de inspectores y maestros ante el CNE. En dicha presentación se alertaba sobre la presencia de elementos comunistas entronizados en la enseñanza primaria, funcionarios dependientes del CNE con antecedentes notorios de actividades ideológicas, antipatrióticas, antinacionalistas.2 Algunas de las figuras denunciadas eran reconocidos maestros como José Más, naturalizado español y a la sazón redactor en la revista destinada al magisterio, La Obra. La otra figura conocida era Atilio Torrassa, maestro socialista, quien ejercía el cargo docente en el distrito 9 de Capital Federal. En el caso de José Más, éste fue denunciado por su participación como miembro del Comité Organizador de la Primera Convención Internacional de Maestros, adherida a la Internacional de Trabajadores de la Enseñanza. Por su parte, Atilio Torrassa había sido señalado por concurrir como delegado de la Liga Nacional de Maestros influenciada, según la denuncia, por la Internacional Comunista. También se atacaba el rol de redactor que supuestamente cumplía Torrassa en el diario Crítica, en la sección La Educación del Pueblo, cuyos artículos ponían en la mesa de la discusión el funcionamiento del sistema escolar.

Otras de las figuras implicadas en la denuncia fueron los Inspectores Técnicos de la Capital Federal, Pedro Franco, Marcos Badano, Arnaldo Pellerano y el profesor José Miguel Piedrabuena, Inspector Seccional de escuelas de la Capital y profesor del Colegio Nacional Mariano Moreno.

El denunciante no escatimó esfuerzos para recopilar la documentación que imaginaba probatoria: en el caso de Piedrabuena, un libro de versos escrito en su juventud, titulado La visión de Cristo rojo cuyo prólogo estaba redactado por el docente extremista Julio Barcos, reconocido por su militancia anarquista y crítico acérrimo del magisterio.

Los versos son tildados de antipatrióticos y amorales. Los epítetos contra Piedrabuena van in crescendo: el docente-inspector era tildado de monstruo y de caer en la perversidad moral por una composición dedica a Voltaire. El punto llega a su clímax cuando el denunciante se refiere al maestro como aborto de la naturaleza.3 Para la Comisión, los maestros comunistas vivían amparados por los inspectores y por su máxima autoridad: el Inspector General de Escuelas.

Tras la denuncia realizada directamente el Presidente del CNE, ingeniero Octavio Pico, el Poder Ejecutivo dispuso que el Inspector Técnico General de la Capital Federal procediera a levantar sumaria información, el 25 de julio de 1933. Lo que sigue en los expedientes son los descargos realizados por los acusados.

2.1 Descargos

Las defensas realizadas por los acusados, en líneas generales, apelaban al sentimiento nacionalista manifestado en sus trayectorias escolares. El primer descargo, fechado el 31 de julio de 1933, es el del maestro Marcos Badano. Según refirió, se enteró de la denuncia por la lectura de los diarios ultranacionalistas La Fronda y Crisol. Básicamente, Badano apelaba a la ponderación de los miembros del CNE ya que estaba documentada su correcta actuación como maestro y sus expresiones de carácter nacionalista. Sin embargo, promovía ante las autoridades una investigación que instituyera en lo inmediato si él había sido un fiel seguidor de los preceptos nacionalistas o un detractor. También solicitaba que el Ministerio de Guerra certificara que en 1913, por decreto del presidente Roque Sáenz Peña, se le había concedido un empleo de subteniente en la Reserva del Ejército de Línea en el Arma de Artillería4.

En el caso de Miguel Piedrabuena, el descargo lo realizó el 25 de julio de 1933. También subrayaba su espíritu nacionalista y patriótico. Sin embargo, Piedrabuena pareciera ser el más comprometido en la denuncia por sus escritos de juventud. Recordando aquellos años, rememoraba su vida inquieta, falto de experiencia y víctima de prematuras desgracias. Sus errores de juventud fueron depurándose siendo que la vida, según Piedrabuena, lo había desengañado de esos espejismos y ensueños propios de la primera edad. Luego de esgrimir su sinceramiento, reseñaba sus aportes a la Nación: había participado en varios Juramentos a la Bandera en diferentes concentraciones de escuelas, haciendo uso de la palabra para levantar el ánimo de los maestros y contagiarlos del fuego sagrado del amor a la Patria.5

Por su parte, José Más, el 4 de agosto de 1933, enfatizaba que no conocía al denunciante y que su fidelidad al sistema de enseñanza estaba marcada por su preocupación en el campo de la didáctica, siendo editor de la revista La Obra.6 Pedro Franco, el 8 de agosto de 1933, aludía que en sus veinte años de docencia no tuvo una sanción ni un sumario. Rotulaba también su labor intelectual, materializada en media docena de libros, folletos, artículos y conferencias. A renglón seguido, expresaba su rechazo a los extremismos y a la imposición de ilusiones importadas.7

Atilio Torrassa era profesor de filosofía y maestro; un ensayista del magisterio, defensor de la escuela laica y un crítico acérrimo del avance de la Iglesia Católica en el campo educativo. Al momento de la denuncia ejercía en la escuela XIII del Consejo Escolar IX. En la década de 1940 fue antiperonista. Organizó la Federación de Estudiantes Normales e integró el Frente Único del Magisterio durante la Década Infame.

Su descargo, fechado el 12 de agosto de 1933, señalaba que el acusador tenía un sumario pendiente por atentado a mano armada contra alumnos de un colegio nacional y que profesaba ideas contrarias a la organización democrática. Solicitaba al CNE que se rechace la denuncia por falta de resguardo con el uso de términos agraviantes (sujetos, aborto de la naturaleza).8

El 21 de agosto de 1933, el inspector de la Inspección Técnica General eleva un breve informe de los descargos. La resolución del CNE fue favorable para los denunciados el 28 de agosto de 1933. La denuncia, según el CNE, abundaba en palabras hirientes que debían ser rechazadas por los agravios a los funcionarios. Sin embargo, el caso tomaría otro derrotero para Atilio Torrassa. Si bien se eximía de culpa a los maestros, el Consejo instaba a Torrassa a contestar directamente los cargos que se le formulan en un plazo de diez días. Comenzaba, de esta forma, un nuevo campo de disputas al hacerse eco el CNE de las supuestas manifestaciones insidiosas al sistema educativo desde la columna del Diario Crítica, la cual, si bien no estaban firmadas, todo indicaba que Atilio Torrassa era su mentor.

2.2. Segunda instancia del sumario: el caso Torrassa

Torrassa se tomó el tiempo de responder la información soslayada en su primer descargo. Reconocía que fue delegado en la Liga Nacional de Maestros a la Primera Convención Internacional del Magisterio llevada a cabo en Buenos Aires en enero de 1928 ya que uno de los fundamentos de la denuncia fue la participación de Torrassa en este encuentro. De la primera convención surgió la Internacional del Magisterio Americano, que se proponía trazar el camino programático para la génesis de varias federaciones en diversos países (Ascolani, 2010). La segunda Internacional del Maestros se trasladó a Montevideo en 1930.

Sin embargo, a los funcionarios del CNE, y a primera vista, más que las supuestas concepciones marxistas de Torrassa, les preocupaba la pluma de éste en el diario Crítica específicamente en la columna La Educación del Pueblo. El maestro expresaba que no podía ser merecedor de una sanción ya que muchas figuras destacadas de la política argentina, entre ellas el mismo Sarmiento, estuvieron ligadas a la tribuna periodística.

Ante la negativa de Torrassa de blanquear su lugar de redactor, el CNE instó nuevamente para que el maestro definiera su situación. Éste respondió que la sección pertenecía al Diario Crítica, de modo que la información referida a su orientación o finalidades, acerca de quién o quienes lo redactan, debían dirigirse a la dirección de dicho diario en Avenida de Mayo, 1333.

Era evidente que Torrassa esquivaba la respuesta por riesgo a ser sancionado disciplinariamente. Los recortes elevados por el denunciante comprometían la postura de Torrassa ante las autoridades educativas. Pero, ¿cuál era el contenido de los editoriales que habían atraído la atención de la alta jerarquía escolar?

3. LAS COLUMNAS LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO

El diario Crítica fue fundado por el periodista uruguayo Natalio Botana en 1913, quien estuvo ligado políticamente con los conservadores de ahí su oposición al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen (1916-1922). A mediados de 1927, el diario llegó tener una tirada de 145.000 ejemplares. En la década de 1930 las ventas crecieron vertiginosamente con un millón de ejemplares en circulación compitiendo con el diario La Nación. En sus páginas se publicaron más de 500 cuentos de autores nacionales y extranjeros9.

Crítica se expandió en un contexto social y cultural matizado de una cierta paradoja. Mientras la expansión del mercado cultural era un hecho evidente, el analfabetismo constituía una de las preocupaciones más acuciantes de las clases dirigentes, los intelectuales y los pedagogos/as.

Los recortes de las columnas La Educación del Pueblo se encuentran adosados en el expediente sumarial realizado por el CNE y todos corresponden al año 1933. Uno de ellos titulado El Consejo quiere ocultar su irremediable fracaso describe la situación del analfabetismo. Ante la interpelación a Américo Ghildi, diputado en el Congreso de la Nación por el partido Comunista, sobre el creciente número de analfabetos en el país, el CNE dio a conocer un proyecto para la creación de 31 escuelas en Capital Federal. Según el artículo, esta medida evidenciaba el fracaso del CNE, politiquero e inepto entendiendo que el único plan realizado por su presidente Octavio Pico fue la repartija de suplencias entre elementos clericales y nacionalistas. Se ponía en cuestión las cifras esbozadas por el CNE en torno al analfabetismo. Para el autor, la lucha contra el analfabetismo era parte de una gran lucha social.

Por añadidura, el análisis de Crítica no difería sustancialmente del realizado por el otrora presidente del CNE, Ramón Cárcano. En 1933 publicó un trabajo sobre el analfabetismo: 800.000 analfabetos. Aldeas Escolares. Comenzaba su trabajo describiendo la situación escolar sobre la base de al Censo Escolar de 1931 que arrojaba un 36, 91% de analfabetos (800.000 niños/as). Las causas radicaban, irónicamente, en que el aumento del presupuesto en educación tuvo como contracara el aumento del analfabetismo debido a la insuficiencia y mala ubicación de las escuelas y el abandono por parte de las autoridades nacionales y provinciales de los objetivos de la Ley 1420 (Cárcano1933:18). En la columna titulada Crea puestos Parasitarios con los Fondos Para escuelas, se arremetía contra el crecimiento de la burocracia educativa. Las escuelas complementarias y escuelas de adultos habían sido creadas para educar a los analfabetos mayores de 14 años. Sin embargo, su funcionamiento era deficiente, a juzgar por el editorial, debido al carácter rígido de sus programas, la falta de un plan orgánico y la calidad del personal ya que estas escuelas sirvieron para acomodar parientes, amigos y altos empleados del CNE, entre ellos un número nutrido de inspectores.

En el editorial ¿Monopolio de los Textos?, se amonestaba al CNE por haber establecido un concurso de textos para unificar criterios de lectura en cada grado de enseñanza. En el proyecto inicial, la imprenta del CNE se encargaría de la impresión de libros para repartirlo entre los escolares. La pregunta de Crítica era si el CNE podía llegar a imprimir una cantidad de libros de textos bastante sustanciosa para 800.000 alumnos/as. Detrás de esto subyacía, para el columnista, el objetivo de crear un monopolio de los textos a favor de ciertos editores que se verían beneficiados por el negocio de la homogeneidad de los textos.

Hay que señalar que en la década de 1930, los gobiernos que se sucedieron fueron regulando y centralizando una serie de decisiones concernientes al sistema de enseñanza. Como ha señalado la investigadora María Cristina Linares, fueron los funcionarios espiritualistas los que cuestionaron los contenidos enciclopédicos e instructivos de los libros e hicieron hincapié en los aspectos formativos. El proceso culminó en 1941 con la sanción de un reglamento que normalizó el precio venta, las cuestiones didácticas, el contenido literario y las características físicas de los libros (Linares, 2012: 426). Por último, cabe señalar que solo Crítica editorializó el caso por la participación de Torrassa en el periódico. Hasta lo que hemos rastreado, el resto de los periódicos guardaron silencio con respecto al tema. 

Ahora bien, era claro que el diario Crítica estaba preocupado por la defensa del maestro. Sin embargo, lo que las columnas de Crítica no predijeron, fue el derrotero que tomarían el caso y sobre todo, la exposición de Torrassa ante los funcionarios del CNE.

4. ¿PERIODISTA O MAESTRO?

En enero de 1934, la Asesoría Letrada elevó al CNE un nuevo informe donde aludía a que no se podía probar que el profesor Torrassa fuera el redactor de la columna La Educación del Pueblo. Sin embargo, las evasivas del maestro ponían de manifiesto, según el informe, el deseo de entorpecer el total esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, se aconsejaba que Torrassa se sirviera de contestar categóricamente si era o no el redactor de la columna. En consecuencia, el CNE resolvió, el 23 de marzo de 1934 que el maestro debía optar, en un plazo de diez días, por el periodismo o el magisterio, bajo apercibimiento de suspensión o exoneración.

La respuesta de Torrassa estribó en que la ley 1420 no hablaba de ese tipo de incompatibilidades, menos aún en los reglamentos del CNE ni en el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el pedido de rectificación de Torrassa fue desestimado. El 14 de agosto de 1939, Atilio Torrassa fue declarado cesante por la Asesoría Letrada del CNE. Habían transcurrido ya cinco años desde su apartamiento del circuito escolar. Recién, el 26 de septiembre de 1940 la Asesoría Letrada resolvió reincorporar al maestro. El fundamento de la Asesoría era que en ninguna parte de las actuaciones se había considerado incompatibles el ejercicio de la docencia y el ejercicio del periodismo de manera conjunta. La resolución de reincorporación fue firmada por el CNE en enero de 1941.

Hasta aquí los pormenores del tema, la actuación del CNE y la sanción punitiva contra Torrassa. Este nos ofrece la oportunidad de adentrarnos en las dinámicas institucionales del CNE, visibilizando lo que las publicaciones oficiales, como el El Monitor de la Educación Común, no mostraban en sus páginas10. A continuación abrevaremos en los condicionantes que hicieron posible el devenir de la medida punitiva.

5. PENSAR EL CASO EN PERSPECTIVA

El caso de los maestros comunistas nos invita a pensar dos ejes que son nodales en los pormenores de la trama. Por un lado, debemos examinar por qué las columnas del diario Crítica alteraron los ánimos de las autoridades. Las diatribas por el mal funcionamiento de la burocracia educativa no eran novedosas y fueron realizadas desde distintos ámbitos en las décadas precedentes. Por otro lado, hay que decir que a la hora de tomar medidas disciplinarias contra Torrassa, la acusación de ser comunista no pareciera ser un fundamento periférico o al menos en apariencia eso emerge del caso.

¿Fue solo una medida de rigor que se extendió seis años a modo de castigo y que apuntaba al disciplinamiento del magisterio más contestatario? Entendemos que la respuesta hunde sus raíces en un telón de fondo que propició una suerte de batalla cultural montada sobre los distintos afluentes ideológicos que tomaron al campo educativo como un espacio de disputa. A continuación, analizaremos las variables mencionadas anteriormente.

5.1. Interpelaciones a la burocracia educativa

Como hemos manifestado, las columnas de Torrassa y el color de su contenido, no eran novedosas. La redacción de manifiestos de protesta y artículos fustigadores contra la burocracia educativa era una tradición que se había ido institucionalizando desde principios del siglo XX cuando los señalamientos y las demandas a la burocracia educativa fueron creciendo y dieron como resultado medidas de fuerza direccionadas por las incipientes organizaciones sindicales. La experiencia sindical docente se caracterizaba por su fragmentación y tenía un perfil mutualista y de asociacionismo cultural. Las acciones directas sindicales habían sido efímeras entre la década de 1910 y 1920 y estuvieron ligadas con el movimiento obrero (Ascolani, 1999). Por ejemplo, en 1911 el CNE recibió fuertes llamados de atención en el Congreso de la Nación por el manejo deficiente del presupuesto. Los debates parlamentarios y las publicaciones críticas censuraban el patriotismo extremo fagocitado por el CNE y la persecución a los docentes bajo amenaza de ser exonerados o castigados (Marengo, 1991: 142)

En otro nivel, las especificadas de las columnas de La Educación del Pueblo, alteraba el imaginario esbozado sobre el funcionario escolar. Este se hallaba investido de cierta autoridad profesional reconocida no tanto por sus credenciales académicas sino, más bien, por su trayectoria y clasificación. No fue casual que los acusados ejercieran su derecho a la defensa apelando, no solo a su patriotismo, sino también, a su trayectoria dentro del sistema escolar. Las calificaciones suficientes eran el modo de exponer su conducta y honorabilidad sobre la base de las condiciones morales para ejercer la docencia y el reconocimiento de su labor.

5.1.1. Una breve nota sobre la estructuración del Estado.

Desde fines del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el Estado Nacional fue colonizándose de funcionarios de carrera y de expertos. El caso de los médicos higienistas resulta ser un caso paradigmático en la Argentina de fines del XIX: fueron estos galenos quienes brindaron al estado sus diagnósticos y estrategias para enfrentar los brotes recurrentes de epidemias y mejorar la salud de la población. Lo mismo sucedía con los pedagogos/as, maestros/as y profesores: muchos/as de ellos/as trabajaban dentro de la estructura del CNE. Otros, desde sus cátedras en las escuelas normales, tomaban su experiencia y las volcaban en los manuales de textos, folletos y libros que imprimían en diversas editoriales.

Es posible advertir en este sentido como Torrassa, en su defensa, intentaba que se le reconozca su trayectoria intelectual en el campo del magisterio. Por añadidura, debemos decir que la profesionalización de la docencia o el conocimiento pedagógico especializado está tanto en la actualidad como en el pasado, unido intrínsecamente a la praxis, siendo la formación de base la que suministraba parte de ese conocimiento pedagógico experto.

Investido de un estatus que evidenciaba el ascenso profesional, la figura del funcionario escolar reportaba un signo de superación y de movilidad social. Ese mundo de sentidos con un arbitrio cultural que pretendía ser homogéneo mostraba sus fisuras en boca de sus protagonistas, al arremeter con la pluma y el papel, el armado de las políticas educativas o poniendo en duda la ética profesional de los funcionarios interpelados.

El funcionario escolar debía respetar las reglas, a sus superiores y tener suficientes condiciones morales para ejercer el cargo. Las columnas de La Educación del Pueblo derribaban esta cadena de sentidos, ridiculizando a los miembros de las más altas esferas del CNE, allanando el camino a la crítica de la burocracia educativa, su supuesto despilfarro y el clientelismo político. Incluso, en la redacción de los pedidos al CNE, las denuncias o reclamos; incumbía guardar la respetabilidad y la formalidad para regular el buen funcionamiento de los valores civilizatorios propuestos en la ley de educación común.

Cabe agregar que la relación entre los docentes y los funcionarios del CNE, desde los orígenes del sistema educativo argentino, fueron complejas. Los inspectores del CNE cumplían un papel central. Diversas publicaciones del magisterio reclamaban por la disminución de su poder de control y una mayor participación en la dirección y la administración escolar (Finocchio, 2009: 111). Una de las publicaciones más importante del magisterio fue la revista La Obra, impulsada en 1921 por un grupo de docentes normalistas, ex alumnos de la Escuela Normal Mariano Acosta. Sus editoriales se encargaron de difundir las ideas de la Escuela Nueva. Sus editoriales mostraban sendas críticas al desempeño de los funcionarios escolares.

Por lo expuesto, hemos visto que las columnas de Crítica no sumaban una novedad. Desbrozaban sentimientos expuestos por un sector del magisterio en otras publicaciones que ponían en la mesa de discusión el mecanismo ideológico y el funcionamiento estructural del CNE.

Ahora bien, los motivos que llevaron a la sanción de Torrassa excedían, a nuestro juicio, la falta a lo meramente normativo. Bajo el caso subyacían varias aristas que se ligaban con los imaginarios políticos en pugna predominantes en la década de 1930.

5.2. Nacionalismo, Catolicismo y represión al Comunismo

La denominada Década Infame se inició con el primer golpe cívico-militar de la Argentina en 1930 llevado a cabo por el general José Evaristo Uriburu y se caracterizó por el retorno de la elite oligárquica. Uriburu fue un franco admirador del fascismo europeo y detractor de la democracia liberal. La ola represiva que instaló el gobierno militar y el recrudecimiento del poder político de la policía de la Capital Federal dependiente del Ministerio del Interior, marcaron la tónica de la época. La denominada Sección Especial de la policía se transformó en sinónimo de tortura y de espionaje. Los agentes de civil, infiltrados en las calles, conferencias y locales partidarios, ejercieron la represión sobre los militantes comunistas, allanando locales, escuelas y domicilios privados (Caimari, 2012: 94-95)

 Uriburu contó con el apoyo intelectual e ideológico de los escritores Leopoldo Lugones y Carlos Ibarguren y un grupo de civiles integrados en la Liga Republicana, la Legión de Mayo y la Liga Patriótica Argentina o La Nueva República y la Iglesia Católica. A este clima intelectual se sumaba los Cursos de Cultura Católica y la revista Criterio (Buchrucker, 1987).Su sucesor, Agustín P. Justo (1932-1938) dio inicio a la denominada Concordancia y al fraude patriótico y continuó con la política represiva de Uriburu. Dos cambios importantes se dieron durante el gobierno de Justo que afectaron la resistencia de diversos actores. Primero, el control y la vigilancia se burocratizaron y se ajustaron los mecanismos de recopilación de información de los considerados enemigos ideológicos (marxismo, anarquismo). Segundo, se utilizó la estrategia de la vigilancia anticipatoria y la infiltración con miras a sofocar cualquier intento de acción colectiva (Kalmanowiecki, 2015, p. 43).

Sobre este telón de fondo, el CNE se reconfiguró con funcionarios adscriptos a esta ideología nacionalista Uno de estos fue Juan B. Terán, quien asumió el cargo de presidente del CNE bajo la dictadura de Uriburu. Terán era un espiritualista, antilaicista y conservador que repudiaba la Reforma Universitaria de 1918 y la Escuela Activa de la que se hacía eco la revista La Obra. Entendía que el maestro debía ser un apóstol. En otro nivel, el gobierno de Justo puso su foco de atención y persecución sobre los docentes que tenían posturas más críticas, radicalizadas o laicistas. A Terán lo sucedió, en 1932 y bajo el mismo gobierno de Justo, el ingeniero Octavio Pico, quien egresó de la Universidad de Buenos Aires, fue ministro de Obras Públicas y Ministro del Interior de Uriburu. Pico integró la primera comisión directiva de los Cursos de Cultura Católica. Bajo las dos administraciones se exoneraron a varios maestros/as, entre ellos/as, a la reconocida militante gremial e intelectual critica del magisterio Florencia Fossatti.

Durante esos años la escuela exacerba la puesta en escena de los valores del nacionalismo. Los rituales y sentidos construidos en torno a una nacionalidad argentina que hundía sus raíces en el periodo colonial, subsumió las conductas y las lealtades de los docentes dentro del espacio escolar. Entonces ¿qué mejor estrategia de defensa para los maestros comunistas que apelar a sus entusiastas colaboraciones en los actos patrios dentro del perímetro escolar?

A partir de 1930 el CNE comienza a ser colonizado por miembros que estaban conectados con la doctrina del espiritualismo. Dicha corriente llegó a ligarse con el catolicismo. Por oposición, el positivismo pedagógico reducía la filosofía a una ciencia natural desligándose de los ideales morales. La ciencia, como motor del progreso, era el fundamento de la pedagogía escolar. En líneas generales, los funcionarios que presidieron en CNE durante la Década Infame postularon el rechazo al espíritu liberal de la ley 1420. Sin embargo, cabe señalar que no propiciaron una reforma estructural del sistema, pero bregaron por cambiar la orientación pedagógica dentro del espacio áulico.

5.3. El espacio escolar, un espacio en lucha

La batalla cultural en torno a la cuestión educativa entre las corrientes nacionalistas, conservadoras, liberales, marxistas o anarquistas, se expresaban en publicaciones, periódicos, discursos y panfletos. Sin embargo, estas tendencias, en ocasiones, llegaron convivir. Por ejemplo, el Colegio Libre de Estudios Superiores, creado en 1930 estuvo integrado por figuras prominentes como el marxista Aníbal Ponce, Juan Mantovani, Juan Cassani, Alejandro Korn y Carlos Ibarguren. Sin embargo, las divergencias no tardaron en llegar: las diferencias entre los espiritualistas laicos y marxistas fueron siendo relegados por el nacionalismo católico y corporativista (Puigrrós, 2009: 120-121).

Parte de ese nacionalismo vernáculo se vio identificado con la Iglesia Católica como fuente de unidad de la Nación. Entre el año 1932-1933, los nacionalistas emprendieron una campaña de agitación anticomunista encabezada por los diarios Crisol y Ba, junto a la ya mencionada Comisión Popular Argentina contra el Comunismo encabezada por Carlos Silveyra. A través de la denuncia pública en sus periódicos y los actos públicos se buscó legitimar la persecución ideológica que subsumía al pensamiento nacionalista y conservador a las posturas reaccionarias.

Los miembros de la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo eran parte de este amplio espectro de nacionalismos reaccionarios, entre los que se encontraban, desde principios del siglo XX, la Liga Patriótica Argentina, Legión Cívica, o la Legión de Mayo. El temor del nacionalismo reaccionario se alimentó, entre otras cuestiones, por la identidad internacionalista pregonada por el PC y doctrina de la lucha de clases. Por oposición, los nacionalistas coincidían con el ideal de la conciliación de clases latente en la doctrina social de la Iglesia Católica. El interés de los nacionalistas por la clase trabajadora se manifestó en 1936 a raíz de la huelga general de la construcción del 7 y 8 de enero (López Cantera, 2016: 77). Sobre este contexto, la acción de los grupos nacionalistas/reaccionarios se complementó con un proyecto de ley contra la Represión al Comunismo que trazaba una línea de continuidad con la Ley de Residencia de 1902, y Ley de defensa social de 1910. El proyecto, presentado en el Congreso de la Nación en noviembre de 1936, era la respuesta de la clase dirigente a las huelgas de la clase obrera conducidas por el Partido Comunista. La ley penalizaba a quienes utilizasen la violencia o difundiesen propaganda política alusiva a la dictadura del proletariado. Sin embargo, luego de sendos debates, a fines del año 1936 el proyecto fue rechazado justificándose en que violaba las garantías constitucionales (Carnagui, 2007: 166).

Hay que decir que el nacionalismo integral de la década de 1930 pretendió ser una suerte de tercera vía entre el liberalismo y el socialismo marxista. Vislumbró los problemas sociales y políticos de principios del siglo XX bajo la lupa del catolicismo social surgido en 1891 con la Renum Novarum del Papa León XIII. El viejo paternalismo católico debía dar lugar a un nuevo nacionalismo integral que, bajo el marco de un corporativismo de estado, pudiera dar resolución al problema de la sociedad de masas (Spektorowski, 2017).

Según el historiador Loris Zanatta, el comunismo era utilizado como una herramienta retórica en el discurso nacionalista-católico. Sin embargo, dice el autor, en la década de 1930 las organizaciones reaccionarias tomaron al marxismo como el centro de sus preocupaciones (Zanatta, 1996). Sobre este contexto, el nacionalismo católico cobró un gran impulso, con la creación de su rama laica: la Acción Católica Argentina (ACA) y su rama juvenil, la Juventud de Acción Católica (JAC) con la idea de recristianizar la sociedad (Autor, 2015). La Iglesia también bregó por la reintroducción de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, en disputa con el Estado liberal-conservador de la década de 1930. Los males del sistema escolar, para los grupos que revalorizaban la nación católica y el rechazo a la democracia, radicaban en el quebrantamiento moral que suponía la enseñanza de la laicidad en la esfera pública. Liberalismo, marxismo, socialismo reformista o anarquismo se constituyeron en una alteridad ideológica peligrosa que cerraba filas ante las amenazas punitivas, y en ocasiones represivas, del enemigo en común.

6. CONCLUSIONES

La denuncia que acusaba de comunistas a seis maestros de la Capital Federal en 1933 por la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo y su posterior derivación en la sanción punitiva contra el maestro Torrassa, mostraba los entretelones políticos e ideológicos que se pusieron en juego, durante la década de 1930, en el campo escolar. La acusación, exenta de fundamentos serios para su viabilidad sumarial, terminó trunca. Sin embargo, las columnas del diario Crítica de Atilio Torrassa merecieron para las autoridades escolares una mayor atención, ya que la pluma del redactor abundaba en críticas certeras y concisas que atacaban el funcionamiento de la burocracia educativa y ponían en duda la idoneidad de los funcionarios estatales.

En otro nivel, los acusadores eran parte de un amplio espectro de nacionalismos reaccionarios que compartieron, junto con la alta jerarquía eclesiástica el temor a la izquierda y la justificación de la represión. En el campo escolar, los grupos nacionalistas bregaron por transformar o modificar la estructura liberal del sistema, proveyendo una serie de debates que ponían en retirada al positivismo cientificista escolar en detrimento de las corrientes espiritualistas.

El caso de los maestros comunistas ilumina esta realidad sociopolítica, dando cuenta de los imaginarios puestos en juego en la anotomía del sistema educativo que, lejos de presentarse como un espacio homogéneo, se vio intermediado por las postulaciones filosóficas y políticas de la época.

Notas

1. La Escuela Nueva fue una corriente pedagógica que se oponía al corpus filosófico de la filosofía escolar positivista. Esta corriente, fundada por el pedagogo John Dewey en Estados Unidos, consideraba fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje al niño como sujeto activo en la enseñanza. Por lo tanto, la educación debía basarse en el interés del alumno, enfatizando en una enseñanza socializada.

2. Comisión Popular Argentina contra el Comunismo, 22 de julio de 1934. Archivo Intermedio de la Nación, Caja 1, Fondo: Consejo Nacional de Educación, 1933

3. Comisión Popular Argentina contra el Comunismo. Archivo Intermedio de la Nación, Caja 1, Fondo: Consejo Nacional de Educación, 1933, p. 2

4. Descargo del maestro Marcos Badano, Buenos Aires, 31 de julio de 1933. Expediente 12004-C.1933 Archivo Intermedio de la Nación, Caja 1, Fondo: Consejo Nacional de Educación, 1933.

5. Descargo del maestro Miguel Piedrabuena, 7 de agosto de 1933. Expediente 12004-C.1933 Archivo Intermedio de la Nación, Caja 1, Fondo: Consejo Nacional de Educación, 1933. Archivo Intermedio de la Nación, Caja 1, Fondo: Consejo Nacional de Educación, 1933.

6. Descargo del maestro José Más, 4 de agosto de 1933. Expediente 12004-C.1933 Archivo Intermedio de la Nación, Caja 1, Fondo: Consejo Nacional de Educación, 1933.

7. Descargo del maestro Pedro Franco, 8 de agosto de 1933. Expediente 12004-C.1933 Archivo Intermedio de la Nación, Caja 1, Fondo: Consejo Nacional de Educación, 1933.

8. Descargo del maestro Atilio Torrassa, 12 de agosto de 1933. Expediente 12004-C.1933 Archivo Intermedio de la Nación, Caja 1, Fondo: Consejo Nacional de Educación, 1933.

9. Para un análisis del diario Crítica, ver: Saítta (1998).

10. Lanzada en 1881, esta publicación estuvo destinada hasta el año 1900 a la alta jerarquía de los inspectores quienes publicaban sus informes y a orientar y cumplimentar lo concerniente a la Ley de Educación Común (Finocchio, 2009: 72).

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