ARTÍCULO

Territorialidades en tensión en la localidad de Abasto, La plata (Argentina). El caso de una toma de tierras¹

Territorialities in tension in Abasto, La Plata (Argentina). The case of a land seizure

 

Valeria Mosca
valeriamos@gmail.com
Universidad de Buenos Aires. Argentina

Recibido: 12|02|19
Aceptado: 08|08|19

 

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Resumen
El presente trabajo busca aportar a la comprensión de la producción y apropiación del espacio. Para ello, partimos de un abordaje que pone el foco en las territorialidades de los actores y, a partir de allí, analizamos el caso de una toma de tierras en la localidad de Abasto, La Plata (Argentina). Como resultado del estudio de caso se identifican confrontaciones y articulaciones entre intereses, recursos y estrategias que se ponen en juego en torno a la apropiación y uso del predio en cuestión. Se utiliza una metodología cualitativa basada en análisis de fuentes primarias y secundarias. Las conclusiones plantean reflexiones sobre el rol del Estado en la producción del territorio.

Palabras clave: Producción del territorio; Territorialidades; Acceso a tierras.

Abstract
The present work seeks to contribute to the understanding of the production and appropiation of the space. We start with an approach that focus on the territoriality of the actors and from there we analyze the case of a land seizure in the locality of Abasto, La Plata (Argentina). As a result of this case study, confrontations and articulations are identified between interests, resources and strategies that are put into play around the appropriation and use of the property. A qualitative methodology based on analysis of primary and secondary sources is used. The conclusions raise reflections on the role of the state in the production of the territory.

Key words: Production of the territory; Territorialities; Access to land.

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INTRODUCCIÓN

En abril de 2015 una toma de tierras en la localidad de Abasto, La Plata (Argentina), puso de relieve la problemática de acceso a tierras de diversos actores. Dicha toma fue realizada por vecinos de la zona con dificultades para acceder a tierras para construir sus viviendas. Sin embargo, el predio en cuestión estaba siendo arrendado por pequeños productores familiares que, además de producir, residían allí. Este caso, atravesado por un desalojo violento, una posterior expropiación a favor de los "ocupantes" y una gran exposición mediática, nos permitirá reflexionar sobre los recursos e intereses involucrados en la producción del territorio y el rol que ejerce el Estado en coyunturas específicas y como condensación de las contradicciones de la sociedad.

Este artículo surge como resultado preliminar de una investigación doctoral². En ese contexto se realizaron entrevistas a los actores intervinientes: pequeños productores familiares arrendatarios, trabajadores sin tierras que ocuparon el predio y referentes de instituciones estatales y pÚblicas. Su análisis posterior supuso la utilización de una metodología cualitativa basada en el análisis de fuentes tanto primarias como secundarias.

En el primer apartado explicitaremos la perspectiva teórica desde la cual analizamos el caso; a continuación, realizaremos una contextualización respecto a la localidad de Abasto, La Plata (Argentina) donde sucede la toma de tierras. En el tercer apartado describiremos el caso en una secuencia temporal. Finalmente lo analizaremos a partir de la perspectiva teórica propuesta.

PERSPECTIVA ANALÍTICA: LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO

En este trabajo partimos de abordar al territorio como una construcción social. Consideramos que es "a través de la práctica social de los actores que el territorio se construye diferencialmente" (Manzanal 2007:33). Ello nos conduce a distinguirlo del concepto espacio: mientras que el espacio "está 'dado' como una materia prima y antecede a cualquier acción. [.]", el territorio es "una producción a partir de él" (Raffestín, 1993:102). En definitiva, cuando un actor se apropia y controla un espacio lo 'territorializa'.

Dentro de las ciencias sociales se utiliza la noción de territorialidad para referirse a "el intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influenciar o controlar personas, fenómenos y relaciones, a través de la delimitación y el establecimiento de un control sobre un área geográfica" (Sack 1986). Dicho control se ejerce en contextos complejos ya que "hay mÚltiples relaciones, factores y elementos sociales y naturales, históricos y relacionales, ocurriendo simultáneamente e influyendo en las apropiaciones y formaciones territoriales" (Saquet y Spósito, 2015:109). Por lo tanto, del conjunto de relaciones que se establecen entre territorialidades -que pueden adoptar diverso carácter desde la articulación hasta el enfrentamiento-, resulta un determinado territorio. Sevilla Buitrago (2014:63) planteará al respecto que "podemos hablar de lucha de territorialidades en la medida en que los grupos sociales luchan para imponer, de forma consciente o inconsciente, su propia ordenación del territorio".

La producción del territorio es, por lo tanto, un proceso relacional, pero ello no significa que sea simétrico. En efecto, los actores sociales no cuentan con los mismos recursos para imponer su voluntad³. En términos territoriales ello implica reconocer que el territorio es expresión de relaciones de poder. Hablamos, por lo tanto, de "territorios, que son en el fondo antes relaciones sociales proyectadas en el espacio que espacios concretos (los cuales son apenas los sustratos materiales de las territorialidades)" (Lopes de Souza 1995: 87).

Dentro de los actores que intervienen en la producción de un territorio, consideramos que el Estado reviste una importancia fundamental. En efecto, éste actÚa mediante sus instituciones y a través de políticas y regulaciones, proveyendo el sustento para el despliegue de determinadas territorialidades (Herzer et al 1994 citada en Rodríguez et al 2007:12). Ante el surgimiento de una problemática o 'cuestión socialmente problematizada' los actores involucrados ponen en juego sus recursos y estrategias para lograr una resolución favorable a sus intereses. En ese contexto la respuesta del Estado se evidencia como "un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil" (Oszlak y O´Donnell, 1995:112-113). Se tratará de una sumatoria de iniciativas y respuestas, llevadas adelante por diversas unidades y aparatos estatales, que muchas veces resultarán contradictorias o conflictivas entre sí. Ello da cuenta del carácter negociado y abiertamente conflictivo que frecuentemente asume la toma de posición del Estado frente a una cuestión. Es que el Estado condensa las contradicciones de la sociedad (O´ Donnell 1977).

En este artículo analizamos un caso a la luz de estos aportes teóricos. Se trata de una puja entre territorialidades diversas en una toma de tierras en la localidad de Abasto, Partido de La Plata. Veremos que los actores ligados a las dinámicas que analizaremos no tienen la misma capacidad para imponer sus intereses. En ese contexto, el rol del Estado, en una coyuntura específica, se develará clave en el despliegue de la territorialidad de algunos actores.

En el siguiente apartado, realizaremos una contextualización respecto a las características de la localidad donde se desarrolló el conflicto.

EL CONTEXTO DE ANÁLISIS: LA LOCALIDAD PERIURBANA DE ABASTO, LA PLATA

De acuerdo con su carácter periurbano⁴, la localidad de Abasto se encuentra atravesada por una dinámica de interacción entre usos urbanos y rurales. Por un lado, cercana a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Allí viven 654.324 habitantes (INDEC, 2010), lo cual implicó un crecimiento del 14% respecto del Último censo de 2001, siendo la cuarta ciudad más poblada del país y quinto aglomerado urbano. En efecto, en los Últimos quince años, en la periferia de esta ciudad se ha evidenciado un crecimiento exponencial de diversos fenómenos de expansión residencial. Por una parte, se ha registrado un aumento de las urbanizaciones cerradas: si hasta el año 2009 se contabilizaban un total de 21 en todo el partido abarcando una superficie total de 641 ha., los registros del año 2017 contabilizan 53 emprendimientos que ocupan 2300 ha. (Frediani et al., 2018). También se reconoce el crecimiento de emprendimientos individuales y proyectos inmobiliarios motivados por el PRO.CRE.AR (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) (Ventura 2015). Todos estos fenómenos tuvieron un fuerte desarrollo en la periferia platense generando movimientos especulativos y aumentos en los precios del suelo periurbano. En paralelo a ello, también se registra el crecimiento y consolidación de asentamientos populares informales (APIs). Un análisis del Registro PÚblico Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP 2015) da cuenta de que La Plata ha sido uno de los distritos en los que más han crecido este tipo de fenómenos en la Provincia de Buenos Aires. Al respecto Del Rio y González (2018) plantean que, a diferencia de las tomas de tierras de las décadas de 1980 y 1990 que se realizaban en intersticios en zonas urbanas consolidadas y cercanas al centro, las tomas de los Últimos 15 años se concentran en los bordes periurbanos (localidades como Abasto). En ese sentido "la composición social de las nuevas tomas de tierra es más heterogénea y en muchos casos fuertemente asociadas a trabajadores vinculados con la producción hortícola y florícola de la región" (Del Río y González, 2018: 212).

En consonancia con ello y ligado a un uso agrícola, la localidad de Abasto se encuentra en pleno Cinturón Hortícola Platense (en adelante CHP). Éste es reconocido como el 'nÚcleo' de producción hortícola más importante a nivel nacional debido a sus altos niveles de productividad, al aprovechar un proceso de centralización y especialización de la producción (García, 2016). Este modelo productivo, que se basa en una fuerte intensificación en el uso del capital y una gran explotación de la mano de obra, ha logrado en los Últimos años "una fuerte expansión productiva, un abastecimiento más uniforme a lo largo del año, y una competitividad que le permite imponerse tanto en el mercado del Gran Buenos Aires como en regiones lejanas" (García, 2015: 20)⁵.

Particularmente el predio en el cual se desata el conflicto tiene una ubicación privilegiada teniendo en cuenta estas tendencias de expansión residencial y asiento agrícola- intensivo, como puede observarse en la Figura 1. En primer lugar, se encuentra en una zona estratégica en relación a los circuitos de distribución y comercialización tradicionales de la horticultura platense, cercano a vías de circulación (entre ruta provincial 2 y ruta provincial 36) que lo conectan con los diversos mercados concentradores, convirtiéndolo en una locación estratégica. En segundo lugar, se encuentra lindante con el casco urbano de Abasto, sobre la Avenida 520, vía asfaltada, donde transitan líneas de colectivo al centro de La Plata, así como una buena conexión a la autopista Buenos Aires-La Plata. Ello lo vuelve atractivo para los fenómenos residenciales que ya hemos mencionado.

Como podemos advertir, la localidad de Abasto y el predio donde se realiza la toma se encuentran enmarcados por las características periurbanas asociada a lógicas y usos de suelo específicos. En el próximo apartado nos abocaremos a relatar el caso que da cuenta del proceso de producción social del territorio en el marco de una puja entre territorialidades asociadas con dichos usos.

Figura 1. Ubicación de Abasto y toma de tierras en relación con el CHP y Ciudad de La Plata

LA TOMA DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD DE ABASTO⁶

A mediados de abril de 2015, un predio en la localidad de Abasto fue ocupado por vecinos de la zona con problemáticas para acceder a tierras para construir sus viviendas. El predio de 56 hectáreas había sido propiedad de la empresa Texlen S.A, quebrada en 2001 y cuyo titular de dominio había muerto en 2007. La inmobiliaria Estudio Mattioli, por su parte, venía actuando como dueña, al alquilarlo para producción hortícola desde hacía al menos una década.

Si bien la toma fue extendiéndose en el espacio a lo largo de los días, el foco se concentró en un sector arrendado por cinco pequeños productores familiares (en adelante PPF). Éstos alquilaban la tierra desde diciembre de 2014, y habían realizado una gran inversión al comprar la posesión de un productor que se retiraba del lugar (bomba de agua, el riego, parte de producción, etc.). Estos productores, además de trabajar, residían allí con sus familias.

Los vecinos de Abasto que ocuparon el predio comenzaron a organizarse, cobrando especial relevancia y notoriedad aquellos que formaban parte de la Corriente Clasista y Combativa (en adelante CCC)⁷. Así, luego de estimar las dimensiones totales del predio y distribuyendo en una diagramación imaginaria la cantidad de lotes y manzanas, para los primeros días de mayo de 2015 realizaron un censo de ocupantes. En ese contexto eligieron delegados por cada una de las manzanas con el fin de conformar una asamblea para la toma de decisiones y coordinación de acciones. De esa elección resultó un cuerpo asambleario de 37 delegados y una división del predio en 52 manzanas. Se conformó así la "Asamblea de legítimos poseedores de Abasto" (en adelante ALPA) para representar a los vecinos que ocuparon el predio.

Ya desde el inicio, esta toma de tierras evidencia un carácter desdoblado que responde a las características periurbanas de la zona. Por un lado, se reconoce la presión de sectores cuyo interés está ligado a la creación de un barrio, con el fin de resolver la problemática de acceso a tierras para vivienda, representado por la ALPA; por otro lado, se encuentra presente el interés de pequeños productores familiares ligados al sector hortícola, quienes buscan conservar sus posesiones y mantener sus contratos de arriendo con la inmobiliaria, a quienes identificamos con los cinco PPF presentes en el sector del predio donde se desarrolla el conflicto⁸.

Por su parte, la Inmobiliaria Estudio Mattioli, denunció en la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata (en adelante UFI) a los vecinos organizados en la ALPA por usurpación⁹. Para ello, presentó como prueba de titularidad el contrato de arriendo con los PPF, los cuales, a su vez, intervienen como testigos. La UFI hace a lugar al pedido de desalojo que es dictada por el Juzgado de Garantías N° 3, fijándose fecha para el día 6 de mayo de 2015.

El tema también cobró particular relevancia y visibilidad en el contexto de la campaña por elecciones nacionales, provinciales y municipales de 2015. Ello generó dentro del peronismo una fuerte interna tanto a nivel provincial como municipal que se manifestó en dos tendencias divergentes: una asociada a la línea política de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y otra que expresaba tendencias de diversos referentes dentro del peronismo¹⁰. A diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, tanto en la provincia como a nivel municipal, estas pujas se materializaron y dirimieron en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para el Frente para la Victoria (FpV)¹¹. Cada una de estas vertientes políticas supuso intereses que entraron en contraposición en ese contexto específico. Para nuestro caso de estudio, ello generó la movilización de organizaciones sociales, instituciones estatales, y figuras pÚblicas representante de estas tendencias, que buscaron posicionarse respecto a este caso -cercano a la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y en donde, a su vez, se concentra el grueso del padrón electoral argentino-.

En ese contexto, resultó un punto de inflexión la intervención del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, a cargo del Juez Luis Arias, reconocido por intervenir, mediar y posicionarse a favor de sectores populares y en contra del oficialismo provincial de Daniel Scioli. Ante la presentación de una vecina de la ALPA, el Juez dictó una medida precautelar que ordenaba frenar el desalojo, al tiempo que solicitó informes a la Provincia y el Municipio acerca de la condición catastral de los terrenos tomados y respecto a la situación de las familias que se encontraban en el predio. A partir de allí, la figura del Juez Arias tomó protagonismo, mediando a favor de los vecinos nucleados en la ALPA¹².

Los PPF, luego de testificar a favor de la inmobiliaria, y en un contexto de invisibilización de su problemática, buscaron asesoramiento en el Centro de Atención jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Allí, a través del patrocinio de ese grupo de abogados, realizan presentaciones en los expedientes actuantes, tanto en la UFI como en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo del Juez Arias. Buscaron así demostrar su existencia, el hecho de que contaban con contratos vigentes y que, tanto su medio de vida como sus viviendas se encontraban allí.

Durante el 6 de mayo de 2015, jornada prevista para el desalojo, se generó una gran movilización en torno al predio, donde se congregaron la ALPA, acompañada por la CCC, otras organizaciones del campo popular y diversas personalidades políticas. Ante un escenario de cuantiosa presencia policial, y presión social, se improvisó una mesa de negociación en la comisaría N°7 de Abasto. Allí se reunieron el titular de la inmobiliaria y representantes políticos con el fin de lograr una salida pacífica a la tensa situación. De dicha mesa surgió una propuesta de la inmobiliaria de ceder 18 de las 56 hectáreas para la construcción de un barrio y de un jardín de infantes (una demanda histórica de Abasto). Esta propuesta fue rechazada por la ALPA, a quienes iba dirigida. La situación de los productores de PPF no fue considerada durante dicha mesa de negociación, a pesar de que se encontraban también en el predio. Entre las personalidades políticas presentes, se destacaron referentes de oposición al oficialismo municipal y provincial¹³. Se puede advertir, por tanto, un fuerte apoyo por parte de un sector político identificado con el kirchnerismo a los vecinos de la ALPA, y que se opusieron al desalojo definido por el poder judicial provincial sin considerar las irregularidades de titularidad de las tierras ni la situación de los ocupantes.

Ante el rechazo de la propuesta, el 7 de mayo de 2015 a la madrugada se realizó el desalojo. La decisión de la asamblea de defender su derecho a tierra para vivienda a través de resistirlo dio lugar a un enfrentamiento con las fuerzas policiales. El hecho finaliza con 13 detenidos de la ALPA, 25 heridos, entre policías y miembros de la asamblea¹⁴. Como consecuencia de esta jornada violenta, la ALPA decidió acampar en el centro urbano de Abasto con el fin de visibilizar el hecho, reclamar por la liberación de los detenidos y mantener una presión sobre esas tierras.

En ese contexto, y en conversaciones entre diferentes actores políticos implicados, comienza a discutirse la posibilidad de expropiar la totalidad del predio de 56 hectáreas mediante un proyecto de ley a presentar de forma urgente en la legislatura provincial. Diputados, senadores y referentes de fuerzas políticas con oposición al oficialismo municipal y provincial, intervienen en las conversaciones sobre la finalidad de dicha expropiación. Algunas instituciones y organizaciones intervinientes vinculadas a los pequeños productores familiares, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), buscan poner de relieve la identidad "hortícola" de Abasto, muy ligada a la producción intensiva, con un importante nÚmero de trabajadores hortícolas participando en la toma. Estos actores buscan influir para que se considere dentro del predio un espacio destinado a producción intensiva. Sin embargo, la fuerza de las organizaciones que demandaban tierras para vivienda y los intereses políticos en torno a ello fueron determinantes. El 13 de mayo de 2015 es aprobada por ambas cámaras de la legislatura provincial la ley de expropiación con finalidad específica de vivienda.

Esta expropiación afectó de forma cabal a los PPF, al perder las posesiones que habían comprado, el dinero invertido en insumos, y perdiendo validez su contrato de arrendamiento del predio donde trabajaban y vivían. Solo les quedó como variante accionar judicialmente contra Estudio Mattioli. Sin embargo, estos productores deciden no hacerlo para no perjudicar su relación con la inmobiliaria que gestiona la mayor cantidad de tierras en la zona y de la que necesitarían en un futuro para volver a arrendar.

Figura 2. Línea de tiempo de los hechos

Elaboración propia

Este relato resume una multiplicidad de hechos que sucedieron en un corto periodo de tiempo, como se observa en la Figura 2. En el próximo apartado buscamos identificar actores, intereses y recursos en juego en relación con el predio en cuestión y que manifiestan las relaciones de poder que conforman este territorio.

TERRITORIALIDADES EN TENSIÓN: ¿producción hortícola, vivienda o negocio inmobiliario?

Un análisis más exhaustivo de los actores presentes nos permitirá reconocer la multiplicidad de territorialidades que interactÚan en la producción y apropiación de un espacio específico. En términos operativos, en este trabajo, consideramos a las territorialidades como las prácticas de actores que, a través de los recursos a su alcance y persiguiendo sus intereses y objetivos, buscan apropiar y controlar el espacio. En adelante, sistematizaremos los actores intervinientes, sus recursos e intereses.

Pequeños productores familiares arrendatarios

Consideramos a los PPF como pequeños productores familiares arrendatarios. Como la mayor parte de los productores familiares en el CHP, éstos se dedican a la horticultura, son de origen boliviano, viven y trabajan en explotaciones pequeñas, a las que suelen acceder a través del arrendamiento (Benencia et al. 2009: 45-74). Si bien la actividad que realizan es reconocida desde el ámbito pÚblico por sus dimensiones (Sangiacomo 2012: 7), esta actividad es llevada adelante en condiciones deficitarias. Este perfil de productor realiza combinaciones de tipo productiva-comercial que les posibilitan "una mejora de algunos aspectos más relacionados con la supervivencia que con la producción" (Benencia et al. 2009: 74).

La principal problemática de este actor es el modo en que accede a tierras, en la medida de que no son dueños de las quintas en las que trabajan y viven (Gutman et al. 1987; Barsky y Vio 2007; Feito 2013; García 2014b). Ello genera condiciones de vida sumamente precarias, ya que residen en el mismo predio donde producen, sin condiciones adecuadas de vivienda y hábitat¹⁵. Ello se complementa con el hecho de que el horticultor inmigrante, tiene como estrategia de subsistencia una mayor tolerancia a ciertas condiciones de trabajo y vida que lo colocan en un estado de gran vulnerabilidad (García 2014a), presentándose particulares asimetrías en las relaciones de poder que inhiben su capacidad de reclamo.

Como podemos observar, el principal interés de los PPF era el de permanecer en el predio que arrendaban y donde producían y residían. Ello se encuentra asociado a la necesidad de reproducir sus condiciones de existencia en circunstancia desfavorables y partiendo del hecho de que habían realizado una gran inversión para instalarse allí. Esta situación implicó un enfrentamiento constante con los vecinos nucleados en la ALPA, cuyos intereses resultaban contrapuestos. A su vez, dicho interés coincidía con el de la inmobiliaria que buscaba desalojar la toma. En consecuencia, la estrategia de este actor implicó una colaboración con la inmobiliaria en carácter de testigo y, posteriormente, una bÚsqueda de asesoramiento en instituciones estatales específicas como resulta el INTA y la UNLP para que se considere su situación.

Este actor fue el más perjudicado ya que no recibió ningÚn tipo de resarcimiento en las negociaciones respecto de la expropiación del predio. Tampoco fueron consideradas las pérdidas asociadas a la toma y posterior expropiación. Por Último, teniendo la posibilidad de ser resarcidos por la inmobiliaria por el incumplimiento del contrato de arriendo, deciden no hacerlo. Esto pone de relieve el poder que ejercen las inmobiliarias a nivel local, y que se traduce en relaciones de fuerza claramente desfavorables para los productores familiares arrendatarios.

Trabajadores sin tierras

Los vecinos que ocuparon el predio, agrupados en la ALPA, son trabajadores ocupados y desocupados. Su modo de acceder a tierras a través de ocupaciones se asocia a la prácticamente inexistente política de acceso a tierras para vivienda para sectores populares, a partir de 1970 en la provincia de Buenos Aires (Garay 2002)¹⁶. Por lo tanto, se trata de un sector que visualiza a la ocupación como la Única opción a su alcance para acceder a una vivienda.

La sistematización del trabajo de campo indica que la mayor parte de los vecinos nucleados en la ALPA se dedican a actividades relacionadas al trabajo hortícola (ya sea trabajadores rurales, o productores con contratos de mediería). A pesar de coincidir en la actividad de los PPF, éstos revisten un rol diferente dentro de la actividad hortícola, como trabajadores y no como productores independientes. Esto implica que, con relación a este conflicto concreto, este sector se encuentra enfrentado con los PPF y la inmobiliaria, ya que su interés sobre el predio está asociado a la transformación del predio en un barrio para poder construir su vivienda.

Para lograr su cometido, los vecinos llevan adelante una estrategia de organización en torno a la ALPA y, con colaboración de la CCC y otras organizaciones de campo popular, de movilización y ocupación del espacio pÚblico permanente. A su vez, esta estrategia en una coyuntura específica de puja interna en el espacio político oficialista les permitió abrir espacios de diálogo y presión sobre ciertos actores estatales que vieron en el apoyo a este actor una posibilidad de rédito político en plena campaña electoral. El resultado para la ALPA fue favorable, al lograr una ley de expropiación que legitimó sus intereses sobre el predio.

Inmobiliaria local

La inmobiliaria involucrada en este caso, Estudio Mattioli, es un actor que oficia de gestor de gran parte de los predios arrendados para producción hortícola. En líneas generales asociamos la inmobiliaria a aquellos actores intermediarios que se encuentran ligados a los fenómenos de especulación típicos en espacios periurbanos. Al gestionar un gran porcentaje de las tierras de la zona, tienen gran poder a nivel local, y deciden el valor y requisitos de los contratos sin cumplimentar las regulaciones.

En ese sentido la inmobiliaria gestiona de acuerdo con sus propios intereses y su propia lógica económica que busca en la tierra una ganancia, a diferencia de los anteriores actores. Para este caso específico oficia como dueña de las tierras, a pesar de que existen fuertes sospechas de que no podía respaldar dicha afirmación, lo cual da cuenta de que como principal estrategia utilizó su poder a nivel local, sus relaciones con funcionarios municipales y provinciales, y, en consecuencia, su capacidad de "lobby" que le permitió lograr un desalojo "express". Este poder también se vio reflejado en la utilización de los medios de comunicación platenses para difamar a los miembros de la ALPA y esparcir miedo en la población respecto a las consecuencias que podía desatar la toma. En ese sentido hubo escenas de discriminación hacia estos vecinos en la localidad de Abasto.

Si bien no logró, en este caso, retomar la posesión de las tierras, pudo evitar el pedido de resarcimiento por parte de los PPF y, al mismo tiempo, segÚn trascendidos, estaba a la espera de recibir la correspondiente indemnización por parte del Estado por la expropiación.

Instituciones estatales y/o pÚblicas

Consideramos que, a partir del caso relatado, se puede advertir dentro del accionar estatal diversas expresiones de los actores.

La UFI, la policía provincial y el Juzgado de Garantías N° 3 han actuado acorde a una lógica preexistente en ciertas instituciones provinciales y municipales que venía favoreciendo los intereses de operadores y especuladores inmobiliarios. Su accionar favorecía los intereses de la inmobiliaria, como expresa la resolución inicial de desalojar la toma.

El INTA y el centro jurídico de la UNLP¹⁷, por su parte, han buscado posicionar y visibilizar mediante diversas acciones la situación de los PPF y el carácter hortícola de la zona donde se desató este conflicto. Sin embargo, no contaron con la fuerza suficiente en un contexto de gran movilización monopolizada por las organizaciones que reclamaban tierra para vivienda.

Por Último, la intervención del Juzgado a cargo del Juez Luis Arias, así como el involucramiento de otros actores políticos a nivel local y provincial, expresaron un apoyo a los intereses de la ALPA. Como ya hemos planteado, las acciones de las instituciones estatales en este caso han estado influidas por una confrontación a nivel político en el marco de la campaña electoral de 2015 y que afectó centralmente a las instituciones intervinientes a nivel provincial y municipal. En ese sentido, la coyuntura específica en la que se desarrollaron los hechos motivó la intervención de actores políticos que vieron la oportunidad de sentar posición respecto a un hecho fuertemente mediatizado a nivel municipal.

Todas estas instituciones y los funcionarios que ocupan estos cargos expresan modalidades de acción del Estado. Por ello, pueden advertirse como expresiones contradictorias de la sociedad que, en el marco de un proceso de política pÚblica, disputan la toma de posición del Estado.

Tabla I. Actores, intereses, recursos y resultado en la toma de tierras de Abasto

Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 1, los tres actores principales expresan intereses distintos respecto al uso que le dan a ese predio, al tiempo que poseen recursos y estrategias diversas para imponerlo. Ello implica que expresan territorialidades distintas. Dentro de esa contraposición las acciones del Estado han determinado, finalmente, la imposición de los intereses de la ALPA. En términos políticos ello implicó que, dentro de la interna a la que hemos hecho referencia, hubo un sector que tuvo mayor fuerza hacia el interior del entramado estatal para concretar una estrategia a favor de este actor, sector con el cual artículo coyunturalmente.

REFLEXIONES FINALES

En este trabajo buscamos poner de relieve la complejidad que reviste la producción del territorio. A través de este estudio de caso buscamos identificar las territorialidades de los actores, y las relaciones entre ellas que suponen intereses contrapuestos, diferente capacidad de movilización, recursos y relaciones con el Estado. En efecto, este caso devela que, en el marco de una puja entre actores, los vínculos entre funcionarios, instituciones y la sociedad civil se vuelven difusos, manifestando un complejo entramado detrás de la toma de posición del Estado y que se expresa en el accionar contradictorio de diversas instituciones.

En torno a las estrategias de los actores de la sociedad civil, resulta particularmente evidente que, en determinadas coyunturas, algunos sectores dentro del Estado se encuentran más abiertos a interiorizar y resolver las demandas de la sociedad civil, con lo cual las estrategias de movilización permanente resultan claves para la lucha de los sectores más desfavorecidos.

Notas

1. Este artículo se inserta en el proyecto PICT 2015- 0653 y UBACyT 2015 "Política y Territorio. Interrelación y articulación en el contexto de las políticas pÚblicas para la agricultura familiar. Estudios de caso en las provincias de Buenos Aires y Misiones, desde el 2003."

2. La investigación abarca el análisis de un período de tres años y medio, hasta diciembre de 2018. En este artículo se analiza el período que va desde la toma de tierras hasta la expropiación del predio a favor de quienes realizaron la ocupación, durante el primer mes del hecho.

3. Al respecto, O´Donnell (1977:4) sostiene que, en el capitalismo los recursos se encuentran distribuidos de forma desigual en la sociedad, citando como los más relevantes al control de los medios de coerción física, el control de los recursos económicos, el control de información o el control ideológico.

4. La localidad de Abasto se encuentra emplazada en un territorio caracterizado por una serie de dinámicas periurbanas. El crecimiento de la ciudad sobre su espacio periférico le da a los periurbanos un carácter transicional. La expansión urbana supone la incorporación de valor sobre tierra rural para la implantación de nuevas actividades que generan transformaciones y un consecuente aumento en la renta de la tierra. Su corolario es, el aumento de su precio y el retroceso de la actividad agropecuaria, generando desplazamientos y espacios vacantes a la espera de esa valorización. En definitiva, estos territorios se caracterizan por ser zonas en transición en las que se entremezclan actividades diversas y contradictorias (Barsky 2010; Ávila Sánchez, 2009).

5. Si bien no se cuenta con datos oficiales actualizados, en el Censo Hortifloricola de la provincia de Buenos Aires del año 2005 (CHFBA '05), la relevancia del CHP queda visualizada en términos relativos respecto a otros partidos de la región, con 1047 Explotaciones Hortifloricolas (EHFs) que ocupan más de 5300 hectáreas, seguido por Florencio Varela con 232 EHF´s.

6. El relato aquí desarrollado se basa en información primaria recolectada en los sucesivos trabajos de campo realizados entre los años 2015-2018. En dicho marco, se realizaron entrevistas, observaciones participantes y no participantes a los actores protagonistas y de allí se construyó una descripción de los hechos. En los casos que se ha complementado con información periodística se ha indicado en nota al pie.

7. La CCC es una organización de base conformada en la década de 1990. Organiza a trabajadores (ocupados y desocupados) y se caracteriza por una labor territorial de larga data en la zona. Ello le ha conferido una gran capacidad de movilización y experiencia en ocupaciones de tierras. Al momento de realizarse la toma del predio algunos de los vecinos se encontraban militando en esta organización que reivindicaba una línea política de oposición al gobierno nacional, provincial y municipal. Sostienen una estrategia de acción directa (como la toma de tierras) para que sus demandas y necesidades sean visibilizadas, pero se encuentran abiertos el diálogo y a estrategias de lucha institucional para lograr sus cometidos.

8. No son los Únicos productores que estaban en el predio al momento de la toma. No obstante, el análisis realizado para este artículo se extiende hasta la expropiación del predio, y durante ese período es el accionar de estos productores el que adquiere mayor relevancia. Vale aclarar que se ha realizado un recorte temporal para la redacción de este artículo. La investigación total abarca el seguimiento del caso hasta diciembre de 2018.

9. Esto se vio acompañado de una gran campaña mediática en contra de la ALPA en los principales medios de comunicación platense, donde el titular de la Inmobiliaria Mattioli, buscaba apoyarse en los productores para defender su derecho sobre el predio. Un ejemplo de ello puede encontrarse en: http://www.infoplatense.com.ar/nota/2015-5-6-hablo-mattioli-el-dueno-de-las-tierras-de-abasto-el-70-de-los-usurpadores-son-bolivianos

10. Cabe recordar que en Argentina los presidentes solo pueden acceder a dos mandatos consecutivos. Cristina Fernández de Kirchner finalizaba su segundo mandato, con lo cual, la gran cuestión durante los Últimos años había girado en torno a quien iba a ocupar esa posición en su reemplazo. Es en ese contexto que se manifestaron dos tendencias claras dentro del FpV entre Daniel Scioli - gobernador de la provincia de Buenos Aires - y Florencio Randazzo - Ministro del Interior y Transporte de la Nación. La selección final de Daniel Scioli sin dirimir la dicotomía en las PASO generó resquemores hacia dentro del partido gobernante. Al respecto cabe explicitar que, históricamente, Scioli no representaba la línea kirchnerista 'pura', habiendo atravesado diversas coyunturas conflictivas con el gobierno nacional. Ejemplo de ello fue la imposición en el periodo 2011-2015 de un vicegobernador alineado al kircherismo 'duro' como fue Gabriel Mariotto, desde una constante desconfianza hacia el Sciolismo.

11. A nivel provincial se enfrentó Aníbal Fernández con Julián Domínguez. A nivel municipal se expresó en la lista que encabezara Florencia Saintout diferenciada de la de Pablo Bruera.

12. De la medida precautelar presentada queda en evidencia este hecho: "más allá de cuánto pueda establecer la justicia penal en orden a la comisión del delito de usurpación que investiga, es obligación propia del Estado provincial contemplar la situación de las personas afectadas por la medida, en particular de los niños y las personas con discapacidad, adoptando medidas alternativas al desalojo que ofrezcan una solución a la necesidad habitacional de aquellas". Extraído de: http://andigital.com.ar/policiales-y-judiciales/item/45062-juez-platense-frena-desalojo-en-abasto

13. Resalta la presencia del vicegobernador en ese entonces, Gabriel Mariotto (parte del ejecutivo provincial pero de tendencia contrapuesta al Sciolismo); concejales y legisladores provinciales, entre los que destaca la candidata a la intendencia de La Plata, Florencia Saintout (competidora en las PASO del entonces Intendente Pablo Bruera) y el Juez Luis Arias.

14. La violencia del hecho motivó que la noticia sea retomada por diversos medios nacionales:
https://www.lanacion.com.ar/1790864-violento-desalojo-de-un-predio-usurpado
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-272221-2015-05-08.html
https://www.ambito.com/desalojo-violento-750-familias-la-plata-hay-10-heridos-y-13-detenidos-n3889688

15. Las quintas no cuentan con casas de material, ni pozo de agua potable. Tampoco se les permite construir ningÚn tipo de edificación en los predios, por lo cual, sus casas son de madera y los pisos de tierra.

16. La ley de usos del suelo de la Provincia de Buenos Aires de 1977 favoreció la instalación de las urbanizaciones cerradas, al tiempo que estableció la obligatoriedad de dotar de infraestructura previa a los loteos. Eso significó la prohibición de loteos que hasta ese momento se realizaban con mayor facilidad, permitiendo el acceso de sectores populares a tierras para vivienda.

17. Estatal refiere a dependencias e instituciones que pertenecen al Estado. Publico refiere a instituciones que son autárquicas pero de interés de gran parte de la sociedad y por tanto son de derecho pÚblico, aunque no forman parte del Estado. En este caso en particular lo "pÚblico" refiere al rol central que la Universidad Nacional de La Plata protagonizó en el conflicto al asesorar a los productores a través de su consultorio jurídico especializado en temáticas agrarias. Lo estatal al mosaico de instituciones que intervinieron desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

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