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Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal

versión On-line ISSN 1851-3727

Doc. aportes adm. pública gest. estatal  n.10 Santa Fe ene./jun. 2008

 

ARTÍCULOS

El rol del Plan de Convertibilidad en la articulación de los grandes grupos empresariales. Un estudio de caso del primer gobierno de Menem.(.)

Hernán Fair (..)
Becario doctoral CONICET / CEDIS-UNSAM

(.) Este trabajo es una reformulación de una ponencia presentada en la "I Jornada de Economía Política", Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Bs. As., 6 y 7 de diciembre de 2007. A su vez, constituye una continuación de mi Tesis de Maestría presentada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), formando parte de una futura tesis doctoral, actualmente en curso en la Universidad de Buenos Aires. Agradezco especialmente las sugerencias realizadas por los evaluadores anónimos de esta revista.
(..) Magíster en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Sociología (FLACSO) y Becario doctoral (CONICET/ CEDIS-UNSAM), Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). Correo electrónico: herfair@hotmail.com.

1. INTRODUCCIÓN
Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1999) se llevó a cabo un drástico proceso de reformas de mercado que transformó de raíz la estructura económica y social del país. Estas reformas estructurales, de orientación neoliberal, contrastaban con las tradicionales políticas económicas asociadas a su partido, el peronismo. Este históricamente se había caracterizado por la presencia de un Estado fuertemente intervencionista y distribucionista con eje en el mercado interno y la inclusión social. El menemismo, en cambio, no dudará en privatizar casi la totalidad de las empresas estatales, flexibilizar el empleo, liberalizar el mercado interno, desplegar una apertura financiera al capital transnacional y desregular la economía. No obstante la magnitud y el efecto generado por las reformas, que producirán graves desequilibrios económicos y sociales, el Presidente obtendrá y logrará mantener en el tiempo el respaldo de una amplia y heterogénea gama de sectores sociales, que incluirá desde los sectores populares hasta los grandes grupos empresariales del capital concentrado. Sin embargo, en un primer momento, entre 1989 y 1991, el consenso de esta amplia coalición social resultará precario y endeble, lo que se expresará en un retorno a la hiperinflación y una desarticulación de las distintas fracciones del bloque de poder empresarial. Según sostendremos, será recién a partir de abril de 1991, con la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad, que se alcanzará la definitiva articulación y consolidación de esta hegemonía. Dejando de lado el respaldo de los sectores populares y gran parte de los sindicatos, que hemos analizado en detalle en otro lugar1, este trabajo se propone indagar en el rol ejercido por el Plan de Convertibilidad en la articulación de los grandes grupos empresariales durante el primer gobierno de Menem. Partimos de la base de que este Plan excede por mucho su configuración como una "simple ley", al estar asociado a múltiples políticas que permitían su sostenimiento. Estas políticas, asociadas al proceso de privatizaciones, apertura económica, desregulación y valorización financiera, le permitirán a Menem alcanzar y mantener un firme respaldo del conjunto de las fracciones dominantes, tanto del capital concentrado local e internacional, como así también de los acreedores externos2. ¿Por qué decimos que el Plan de Convertibilidad logrará articular al conjunto de los grandes grupos empresariales?, ¿qué diferencias se producirán entre aquel período y las experiencias de los dos años anteriores? A partir de un estudio basado en declaraciones públicas y datos estadísticos tomados de diversas fuentes documentales basados en algunas de las principales publicaciones empresariales y los diarios de mayor tirada nacional, en el siguiente trabajo nos proponemos develar estas y otras cuestiones.

2. CONTEXTO DE EMERGENCIA Y CONSTITUCIÓN DEL LIDERAZGO MENEMISTA
El contexto de emergencia y constitución del liderazgo menemista nos remonta a la feroz crisis económica, política y social del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989). Esta crisis, cuya expresión se hacía presente en elevados índices de inflación, déficit fiscal y endeudamiento público, tenía su origen en las pujas interempresariales entre las diversas fracciones del capital nacional e internacional y los acreedores externos. En efecto, existía al menos desde mediados de los años '80 una contradicción flagrante dentro de los sectores dominantes entre aquellas fracciones empresariales que exigían profundizar en la aplicación de las políticas de mercado para obtener mayores beneficios económicos, básicamente los acreedores externos, que además se hallaban en moratoria externa "de hecho" desde mayo de 19883, la Asociación de Bancos (ADEBA), que presionaba fuertemente por apurar la política de privatizaciones, y los sectores agroexportadores, que ahora eran dejados de lado debido al nuevo esquema cambiario establecido por el Gobierno en el marco del Plan Primavera de agosto de 19884 (Beltrán, 2006: 229); y, por otro lado, la mayoría de los grandes empresarios industriales diversificados de la denominada "Patria contratista", que habían acordado previamente con el Gobierno un acuerdo de precios y pretendían continuar con los beneficios derivados de su estrecha vinculación con el Estado protector y regulador (principalmente a partir de la permanencia de los subsidios directos e indirectos, regímenes de promoción industrial, programas de capitalización de la deuda y eventuales contratos de alta rentabilidad con el Estado), lo que los llevaba a criticar vehementemente las medidas de apertura económica exigidas por el Banco Mundial5 (Ortiz y Schorr, 2006b: 464-469 y ss.).

En ese contexto, tras el nuevo fracaso del acuerdo de precios intersectorial, el 6 de febrero de 1989 se inició una espiral que marcaría el recrudecimiento de la puja distributiva hasta llegar a un punto de no retorno. En esta especie de "Golpe de mercado", como lo denominaron varios autores6, confluyeron la banca extranjera y el gobierno de Estados Unidos, que habían dejado trascender unos días antes de la "corrida" el retiro de su prometido apoyo de 350 millones de dólares al gobierno de Alfonsín debido al incumplimiento de las metas de ajuste previstas7 y la acción de los grandes grupos empresariales que, temerosos frente a lo que veían como la inminente victoria del peronismo en las elecciones presidenciales a realizarse dos meses después y, por lo tanto, como un posible cambio en el modelo de acumulación que marcara el retorno a la tradición de "populismo" y "estatismo" del Partido Justicialista8 (PJ), procedieron a una remarcación masiva de los precios, al tiempo que generaron un desabastecimiento del mercado interno (Canitrot, 1992; Thwaites Rey, 2002: 25). Al mismo tiempo, se vieron involucrados los sectores agroexportadores, que retuvieron divisas en su poder9 o la liquidaron en otras plazas (Martínez, 1991: 16; Ortiz y Schorr, 2006b: 475) y sectores específicos de la banca local, favorecidos por su acceso privilegiado a la conducción gubernamental10 (Basualdo, 2006: 284).

En tal ambiente caótico, el Banco Central, en concordancia con lo acordado con los empresarios, decidió abandonar la regulación del precio del dólar y se atuvo a utilizar sus escasas reservas11 (Clarín, 06/02/89). Como consecuencia, se inició a partir de allí una "corrida" bancaria que terminó incrementando fuertemente el tipo de cambio y, en menor medida, se tradujo en un incremento del nivel de precios hacia principios de abril. En esas circunstancias caóticas, con tasas de interés que oscilaban entre un 80% y 180% mensual (Página 12, 10/05/89), mientras la inflación alcanzaba un 33,4% en abril y un 78,5% al mes siguiente (Clarín, 06/05/89; Página 12, 02/06/89), el 14 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. La fórmula del peronismo, conformada por la dupla Carlos Menem-Eduardo Duhalde, resultó vencedora con el 47,51% frente al 32,45% de la dupla radical, Eduardo Angeloz-Juan Manuel Casella (INDEC, 1998).

A pesar de la elección del nuevo Gobierno, el ánimo de la población no se apaciguó. En efecto, la fuerte caída en los salarios y en la ocupación12, junto al incesante incremento de los precios13, habían generado un vertiginoso aumento de la marginalidad social. En ese contexto, se producirán saqueos de alimentos a supermercados y comercios en decenas de barrios pobres de Córdoba, Rosario, Mendoza y el Gran Buenos Aires (Clarín, 25/05/89, 27/05/89 y 28/05/89). En una muestra de su incapacidad para resolver la crisis, el 29 de mayo Alfonsín decretará el Estado de Sitio. A pesar de ello, los saqueos se repetirán en Rosario, Mendoza, Córdoba y el Gran Buenos (Clarín, 29/05/89, 30/05/89 y 31/05/89). En esa situación caótica, que dejará un saldo acumulado de 14 muertos, 80 heridos y 21 detenidos (Página 12, 02/06/89), el 30 de junio el Presidente en ejercicio presentará su renuncia (Clarín, 01/07/89) y el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de finalizar el plazo constitucional, se producirá el traspaso del mando.

2.1. LA METAMORFOSIS
En medio de una hiperinflación inédita en la historia del país, con índices que llegarán a 114,5% en junio, sumando un total de 613% en sólo 6 meses (Clarín, 07/07/89), y mientras muchos de sus votantes esperaban el "Salariazo" y la "Revolución Productiva", prometidas durante la campaña electoral, Menem emprendió el rumbo contrario. Con el respaldo de los grandes empresarios, expresado en la incorporación a su gobierno de directivos del conglomerado Bunge & Born, y de Álvaro Alsogaray, símbolo del liberalismo vernáculo, y también de los Estados Unidos, con cuya política exterior se alineó al punto tal de constituir "relaciones carnales"14, además de muchos de los más importantes tecnócratas nacionales y extranjeros nucleados en las fundaciones liberales15, se dedicó a aplicar en gran medida el recetario neoliberal defendido por estos sectores. Como consecuencia de ello, se asistirá en esos años a una verdadera reestructuración económica y social que terminará por descomponer la antigua "matriz estadocéntrica" (Cavarozzi, 1997). Esta matriz, que se remontaba a la posguerra, se caracterizaba por la presencia de un Estado que intervenía fuertemente en el mercado para regularlo y asignar bienes y servicios a través de una política industrializadora basada en la sustitución de importaciones (Torrado, 1994; Basualdo, 2000, 2004). En su reemplazo, se consolidará un nuevo modelo de acumulación, un programa de orientación neoliberal que venía implementándose, no sin contradicciones16, desde mediados de la década del setenta (Nochteff, 1991; Basualdo, 2006).

3. LOS PRIMEROS INTENTOS DE ARTICULACIÓN HEGEMÓNICA: LOS PLANES BYB Y "SUPERMAN" (1989-1991)
Vimos en el apartado anterior las fuertes disputas político-ideológicas existentes entre las diversas fracciones empresariales. Estas disputas llevaron finalmente a la imposibilidad del Gobierno, y en última instancia del Estado, de controlar las variables económicas. Su consecuencia, como todos sabemos, se expresaría en la hiperinflación y el desborde político, económico y social. En ese contexto caótico le tocará asumir la presidencia a Menem. Para no repetir la trágica historia radical, el nuevo presidente debía ganarse el respaldo de los grandes empresarios del capital concentrado. Sin embargo, existía un problema adicional y era que Menem formaba parte de un partido que históricamente había estado ligado al desarrollo y expansión del Estado que ahora era culpado de todos los males. Peor aún, ese Estado había intervenido ampliamente redistribuyendo progresivamente las ganancias de los grupos económicos a favor de los trabajadores asalariados en general y de los sectores populares en particular (Basualdo, 2004).

En ese complejo panorama signado por la extrema desconfianza, el gobierno de Menem debía ganarse el apoyo de los sectores empresariales del capital concentrado. Para ello, aunque ya había iniciado contactos con algunos sectores desde antes de llegar al poder, durante los primeros cinco meses formará una alianza explícita con los grandes empresarios agroindustriales diversificados, lo que se expresará en la designación del conglomerado Bunge & Born, enemigo histórico del peronismo, al frente del Ministerio de Economía17, el nombramiento de Álvaro Alsogaray, líder del partido de derecha de la Unión de Centro Democrático (UCeDé), como asesor personal de la presidencia y la integración al Gobierno de sus principales figuras.

El llamado Plan ByB, a cargo del Ministro Miguel Ángel Roig, comenzaría con una importante devaluación de la moneda que llevó la cotización del dólar comercial a un valor 250% superior a la cotización del dólar real y 24% superior al dólar libre. Además, se aumentaron fuertemente las tarifas (entre 517% y 680% las naftas, 640% el gas, 600% la electricidad y las comunicaciones y 335% el transporte) y se redujeron los aranceles al 5%. Como contrapartida, se establecieron precios máximos en productos de primera necesidad y se incrementaron los salarios entre 130% y 210%, se realizó un acuerdo de precios por 90 días y se acordó el congelamiento posterior de salarios, reabriendo paritarias para el mes de octubre (Clarín, 10/07/89).

A mediados de julio de 1989 el recientemente designado Ministro de Economía falleció y fue reemplazado por Néstor Rapanelli, por entonces vicepresidente ejecutivo del mismo conglomerado económico que su antecesor (Clarín, 15/07/89). Con el ascenso de Rapanelli, se implementaron las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica. Mientras la primera, se abrió la posibilidad de privatizar las empresas públicas "sin limitaciones", la segunda, entre otras medidas, asignó las modalidades de privatización o consesión de empresas (venta parcial o total, plazos para su realización, etc.), redujo los subsidios estatales mediante la eliminación de un 50% de los beneficios promocionales y eliminó la histórica exigencia del "compre nacional". Además, se adoptó una política monetaria y un descenso de la tasa de interés para financiar el creciente déficit estatal. Finalmente, se suspendieron los regímenes de prefinanciación de exportaciones para evitar la especulación de capitales externos que pudieran aprovechar el diferencial entre la tasa interna y el tipo de cambio (Lozano y Feletti, 1991: 130-133; Gerchunoff y Torre, 1996).

No obstante, en los primeros meses el consenso social al Plan B&B estará plagado de contradicciones, y ello a pesar del acceso a importantes beneficios materiales que garantizará el Gobierno para obtener el respaldo de los grandes grupos económicos. En efecto, la posibilidad de unificar a los empresarios más concentrados mediante el acceso a oportunidades económicas excepcionales, expresado con magnitud en las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica, sancionadas en agosto y septiembre de 1989, mostraba sus limitaciones en el momento en que las medidas, al tiempo que beneficiaban a algunos sectores, principalmente a los grandes grupos económicos con fuerte inserción productiva y exportadora (el mismo ByB, Alpargatas, Techint, Pérez Companc), perjudicaban a aquellos empresarios nacionales que dependían en mayor medida de contratos con contenidos rentísticos y potenciales subsidios del Estado, ahora eliminados o fuertemente reducidos. Estos empresarios contratistas y/o provedores vinculados al mercado interno (principalmente ligados a la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipos)18 veían caer, además, sus tasas de ganancias debido a la menor valorización de sus excedentes y el bajo precio del dólar en relación al salario (Lozano y Feletti, 1991: 131). Como contrapartida, exigirán, entonces, una mayor flexibilización laboral, pero contarán con una fuerte oposición de los sindicatos (Alonso, 2000).

Por otra parte, el sesgo de las políticas económicas favorable a los grandes grupos diversificados con capacidad exportadora, en particular los sectores ligados a la industria de los alimentos y aceites y bienes intermedios de origen industrial, como siderúrgicos, textiles y petroquímicos (Lozano y Feletti, 1991: 133), iba en desmedro de los acreedores externos, principalmente el FMI y el Banco Mundial, cuyas demandas sobre una mayor apertura comercial19 y el traspaso de los activos públicos al ámbito privado para cobrar los pagos adeudados de la deuda externa, en moratoria "de hecho" desde mayo de 1988, pese al incremento de las reservas y el creciente superávit comercial, serán desoídos20 (Basualdo, 2006: 286).

En un entorno de fuertes disputas entre las diversas fracciones empresariales y los acreedores externos, que potenciarán, a su vez, la crisis económica, la inestabilidad social y finalmente, la recesión, surgirán múltiples reclamos desde diferentes sectores en contra de las políticas económicas implementadas por el Gobierno. Por un lado, empresarios de diferentes ramas, desde las PyMES, hasta la Unión Industrial Argentina (UIA), el propio Grupo Bunge y Born y el Consejo Argentino de la Industria (CAI), y también el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el de CONINAGRO y el de la Bolsa de Comercio, además de integrantes de la Bolsa de Cereales, se quejarán por los cambios en la estructura impositiva (generalización del IVA al 13%). Al mismo tiempo, los presidentes de la Confederación Rural Argentina (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y nuevamente de la Bolsa de Comercio, exigirán la eliminación de las retenciones. Por último, la industria metalúrgica ligada al sector metalmecánico, la PyMes de la Industria Eléctrica y Electrónica, la Asociación de Industrias Metalúrgicas, la Federación Argentina de la Industria Molinera y también la UIA, se quejarán por la excesiva apertura económica (Clarín, 02/10/89, 05/10/89, 12/10/89, 13/10/89, 17/10/89, 19/10/89, 20/10/89, 21/10/89, 23/10/89, 24/10/89, 27/10/89 y 29/10/89).

Dado tal contexto de creciente malestar empresarial, surgirán demandas que presionarán sobre el mercado de cambios, obligando al Gobierno a devaluar la moneda y aumentar las tarifas. Estas medidas, sumadas al incremento en 11 puntos en las retenciones a las exportaciones agropecuarias que dispondrá el Gobierno, terminarán desembocando en una segunda ola hiperinflacionaria que sellará el destino del Plan Bunge y Born (Lozano y Feletti, 1991; Palermo y Novaro, 1996: 162).

Con el desplazamiento de Néstor Rapanelli y el nombramiento de Erman González como nuevo Ministro de Economía, en diciembre de 1989, comenzará un segundo intento en el cual ya no se buscará la integración completa de los empresarios en posiciones claves del Gobierno, sino que estos sectores ganarán una mayor autonomía. En efecto, el Gobierno tomará conciencia de que tener a empresarios manejando la economía no los eximía de recibir presiones sobre las políticas de ajuste, presiones que, además, terminaban afectando su coherencia (Palermo y Novaro, 1996: 157). De todos modos, lo que ocurrirá será una profundización de las políticas ortodoxas en un intento de compatibilizar las demandas de las diversas fracciones dominantes (Basualdo, 2006: 288). En ese contexto, se llevará a cabo una liberación del mercado cambiario y de los precios internos que incrementará el precio del dólar y la valorización financiera (Clarín, 27/12/89 y ss.). Además, se establecerá una importante reducción del gasto público, se elevará el IVA al 13% y se implementará un fuerte incremento de las tarifas (208% la luz, 112% y luego 300% de los teléfonos, entre 38% y 119,5% de las naftas, 125,8% el kerosene, 90% el gas, 80% del correo, 150% de los boletos de ferrocarril, 63,6% de los colectivos, 60% los taxis y 43% de los subtes (Clarín, 01/02/90 al 09/02/90 y 28/02/90).

El Gobierno, sin embargo, no logrará consolidar el respaldo empresarial. Como señalan Palermo y Novaro, existía cierto escepticismo por el discurso ambiguo que había tenido el Presidente durante la campaña electoral, pero sobre todo, se temía que el Gobierno se viera presionado por intereses contrapuestos y desestabilizadores del rumbo deseado. Por otra parte, el Presidente debía hacer frente a la desconfianza que generaba la histórica relación del peronismo con las políticas intervensionistas y su histórica relación con el sindicalismo (Palermo y Novaro, 1996: 135-136). Para modificar esta histórica "brecha de credibilidad" entre ambos sectores, el Gobierno debía, entonces, sobreactuar el cambio de rumbo e incluir "señales" a los grandes grupos económicos que les permitieran ganarse su confianza21 (Gerchunoff y Torre, 1996). Una de estas señales al mercado lo constituirá las importantes ventajas aplicadas para el proceso privatizador22. En este sentido, los decretos 435 (marzo), 584 (abril) y 1.757 (septiembre) de 1990, les permitirá refinanciar y licuar las deudas de los proveedores y contratistas, y crear un Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa destinado a re-estructurar los organismos públicos a fin de reducir y reubicar personal del Estado, entre otras medidas igualmente favorables a los contratistas (Lozano y Feletti, 1991:137-138). En ese contexto, el proceso de privatización de las empresas públicas, iniciado en octubre de 1990 con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y ENTel, les garantizará a los grandes grupos del capital concentrado el acceso a importantes beneficios (Thwaites Rey, 1993, 2002). Lo más destacable, sin embargo, será el ingreso de la banca acreedora en el esquema del Gobierno. En efecto, la modificación de la estructura tributaria, que en octubre de 1990 elevará nuevamente el IVA al 15% (Página 12, 18/10/90) y la fuerte reducción del gasto público social, del mismo modo que la privatización de las empresas públicas, se realizarán con el pretexto de incrementar los ingresos fiscales para pagar la deuda externa23 (Basualdo, 2006: 288). No obstante, pese al ingreso por privatizaciones, la recesión generada por la fuerte reducción del gasto público y los reiterados ajustes en las tarifas24, impidió que el ingreso fiscal superase al excedente comercial del Estado, necesario para pagar a los acreedores (Lozano y Feletti, 1991: 140 y 144).

Considerada esa situación, que mostraba la insuficiencia de las medidas aplicadas para generar el superávit requerido para abonar la deuda con los organismos multilaterales de crédito, el Gobierno se verá en la necesidad de implementar políticas económicas que perjudicaran a los otrora beneficiados. El principal perjudicado será, en ese sentido, el sector industrial que desde finales de la década del sesenta y especialmente desde mediados de los ´70 había sido el principal beneficiado por su estrecha relación con el Estado: la llamada "Patria contratista"25. En efecto, se decidió terminar con la valorización financiera de los grandes grupos económicos concentrados debido a que hacían crecer la deuda interna26. Para ello, en una primera etapa se dolarizó la misma mediante la emisión de bonos, lo que terminaría perjudicando fuertemente también a los ahorristas27. Los grandes empresarios ligados a la industria de bienes de capital (principalmente metalúrgica, siderúrgica y automotriz) se verán afectados, además, debido a que la apertura irrestricta al capital transnacional, junto con la reducción del gasto público, generarán efectos recesivos en la economía28, al tiempo que desincentivarán la exportación (Palermo y Novaro, 1996). Asumido ese ámbito, que se verá potenciado por el posterior fracaso del Plan Bonex, las críticas de las principales Confederaciones del campo (CRA, SRA, Coninagro) a las retenciones agropecuarias, la presión impositiva y la falta de crédito (Clarín, 27/10/90), además de los constantes casos de corrupción29, el consenso empresarial hacia el Presidente mostrará su rostro frágil y endeble. El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Humberto Volando, afirmará, por ejemplo, en un tono de crítica feroz, que:

"Hay que echarlos al carajo a quienes dicen que estamos mal pero vamos bien. O cambia la política económica o cambia el Gobierno. El pueblo argentino salvará a la República y no a los mayordomos y capataces de una Argentina dependiente y colonial. Los productores hemos ganado la calle corridos por la pobreza para reclamar soberanía, trabajo y producción" (Página 12, 28/09/90).

En esas circunstancias de creciente malestar de los grandes empresarios con las políticas del Gobierno, a lo que se sumará el efecto recesivo generado en las PyMES debido a las apertura irrestricta de la economía y la caída de la actividad comercial producido por el incremento de los impuestos al consumo, los aumentos sucesivos de tarifas y la reducción del gasto público, se desencadenará un nuevo proceso cuasi-hiperinflacionario que terminará, a fines de 1990, con la renuncia del Ministro de Economía.

3. EL PLAN CAVALLO (1991-1995)
3.1. LA INSTAURACIÓN DEL PLAN DE CONVERTIBILIDAD
Resulta imposible entender la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad sin tener en cuenta previamente los episodios que llevaron a su implementación. En efecto, uno de los mayores problemas que tuvo que enfrentar el gobierno de Menem una vez electo fue el acuciante tema de la hiperinflación heredada30. Durante los primeros dos años se intentará, sin mucho éxito, controlar este "impuesto inflacionario" mediante diferentes estrategias. En un primer momento, como vimos, el Gobierno se aliará explícitamente con los grandes empresarios industriales diversificados. Sin embargo, no logrará disciplinar a los grupos no diversificados y a los acreedores, quienes no podrán cobrar sus préstamos adeudados. En una segunda etapa, por su parte, se buscará una mayor autonomía de los grandes grupos de poder, acercándose a los sectores agroexportadores a partir de políticas ortodoxas e intentando integrar también a los acreedores externos mediante la promesa de abonar la deuda externa canjeándola por activos estatales. No obstante, al igual que en la primera experiencia, esta segunda etapa terminará en un rotundo fracaso, producto de la feroz pugna distributiva intersectorial, con su correlato, la inflación e incluso hiperinflación.

Hacia fines de enero de 1991, el malestar social generado por la imposibilidad de controlar la creciente tasa de inflación31 llevará la popularidad de Menem a los niveles más bajos desde su asunción32. En ese contexto, en el que resurgirán, a su vez, los conflictos sociales33, el Presidente reconfigurará su gabinete nombrando como nuevo Ministro de Economía a quien hasta ese momento ocupaba el cargo de Canciller, Domingo Cavallo. El flamante Ministro, aprovechando el elevado nivel de reservas, legado del Ministro de Economía anterior, ideará un plan para establecer una paridad cambiaria legal de la moneda nacional, el Austral34, con el dólar estadounidense. Luego de la aprobación en ambas Cámaras, el 1 de abril de 1991 ingresó en vigencia la llamada Ley de Convertibilidad (Ley 23.928).

La ley obligaba al Gobierno a que hubiere una equivalencia entre la base monetaria y las reservas de oro y divisas del Banco Central (Página 12, 31/03/91). Al mismo tiempo, impedía emitir moneda que superara el respaldo total en reservas. Dado que el tipo de cambio estaba sobrevaluado, el Estado se vio en la obligación de buscar fuentes de financiamiento externo que permitieran el ingreso de divisas. Esto lo resolverá, en un primer momento, desprendiéndose de gran parte de sus empresas y promoviendo una desregulación y una apertura comercial y financiera, y luego, como veremos, a través del endeudamiento externo. El régimen cambiario no era, por lo tanto, una "simple ley", sino que implicaba una verdadera reforma estructural (Gerchunoff y Torre, 1996: 745), íntimamente ligada a una multiplicidad de políticas que permitían su sostenimiento (Azpiazu, 1995; Kulfas, 2001: 181). En este sentido, resulta más adecuado denominarlo, y así lo haremos desde ahora, Plan de Convertibilidad.

El Plan de Convertibilidad se verá acompañado, además, de una fuerte rebaja de los encajes bancarios por parte del Banco Central para incentivar la reducción de las tasas de interés y el incremento del crédito (Clarín, 28/03/91). Al mismo tiempo, el Gobierno dispondrá un acuerdo para bajar el precio de los electrodomésticos entre un 13,5% y un 35% por un año, a cambio de una reducción de la carga impositiva del 15% sobre los precios de venta al público y entre un 14 y un 15% a los fabricantes. Además, acordará una reducción de 25,5% en la fabricación de neumáticos y 30% en los precios de los automotores (Clarín, 10/04/91). Como consecuencia de ello, la tasa de interés, que oscilaba entre 10 a 40% en marzo, se reducirá a sólo 0,8 y 4% en los primeros días de vigencia del Plan (Clarín, 03/04/91). En ese contexto, a lo que se sumará la llegada masiva de recursos provenientes de las inversiones externas, se producirá el fin de las remarcaciones preventivas de precios, el retorno de los depósitos a los bancos y una rápida desaceleración inflacionaria. Así, la inflación, que en marzo de 1991 había alcanzado un 11% (Clarín, 04/04/91), disminuirá a sólo 3,1% en junio y 2,6% en julio, llegando a un mínimo de 1,3% en agosto (Página 12, 05/07/91; La Nación, 02/08/91 y 31/08/91). De este modo, con tasas que registraban el índice más bajo desde marzo de 1974 (Clarín, 04/09/91), y que al mes siguiente decaerían aún más, al sumar sólo un 0,4% (Página 12, 04/10/91), el Presidente terminará de coronar la demanda, incompletamente satisfecha hasta ese momento, de estabilización económica35.

3.2. LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES DOMINANTES
Como dijimos, entre 1989 y 1991 las políticas económicas tomadas por el Gobierno perjudicarán alternativamente a diferentes agentes del capital concentrado nacional e internacional, lo que se expresará a través de dos nuevos episodios hiperinflacionarios. En ese contexto de creciente pugna sectorial entre las diferentes fracciones empresariales para evitar la caída de sus tasas de ganancias, el Estado se verá imposibilitado, entonces, de controlar las variables económicas36. Pero más importante aún a los fines de este análisis, es que las distintas fracciones del bloque de poder empresarial no lograrán unificarse y homogeneizar sus intereses, que en muchos casos serán contrapuestos entre sí.

Sin embargo, desde la asunción de Cavallo y la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad, en abril de 1991, el Gobierno logrará finalmente articular y consolidar el respaldo de los grandes grupos de poder internos y externos. Para ello, más allá de la importancia de la estabilización monetaria, que beneficiará en gran medida a los trabajadores, en tanto el incremento de precios representaba un "impuesto inflacionario" que los perjudicaba ampliamente (Gerchunoff y Torre, 1996: 752), debemos tener en cuenta que el régimen de paridad cambiaria garantizará a los grandes conglomerados privados el acceso a beneficios que trascendían lo que cualquiera de ellos hubiese imaginado de un gobierno peronista. En efecto, la paridad sólo podía mantenerse mediante el ingreso masivo de divisas. Esto obligaba al Estado a profundizar las políticas de privatización, apertura y desregulación iniciadas en 1989. En ese contexto, si hasta 1991 las políticas de reforma emergían como ensayos parcializados e independientes entre sí, a partir de la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad, las mismas asumirán nuevas formas y una mayor profundización en su grado de aplicación y, al mismo tiempo, un estilo mucho más orgánico, sistemático y funcional con el programa de estabilización37 (Azpiazu, 1995: 159-161).

Luego, a partir del Plan de Convertibilidad se privatizarán o pondrán en concesión las empresas del sector eléctrico, gasífero y de agua, la red de subterráneos y trenes, líneas marítimas, empresas siderúrgicas y fábricas militares, varios canales de televisión y estaciones de radio, el sector petrolero y petroquímico, el correo y el régimen previsional, entre otros (Margheritis, 2000; Thwaites Rey, 2002). Pero además, el Gobierno les permitirá a los conglomerados económicos, los principales beneficiados del "negocio" de las privatizaciones, acceder a ganancias exorbitantes. Para ello, además de fijar elevados montos patrimoniales para participar en las mismas (Abeles, 1999: 108), lo que limitará la participación en el "negocio" a los conglomerados nacionales más grandes (Grupo Techint, Acindar, Fortabat, Pérez Companc, Bridas y, en menor medida, Sociedad Comercial del Plata, CEO, Roggio, Pescarmona, SOCMA, Meller, Arte Gráfico y Multimedios (Bisang, 1998), establecerá una serie de medidas que facilitarán el acceso a importantes beneficios materiales y "nulo riesgo empresario" (Abeles, 1999: 68). Así, las empresas se venderán con una marcada subvaluación y el Estado se hará cargo de sus pasivos, se realizarán repetidas renegociaciones de los contratos originales para garantizar incrementos patrimoniales y se permitirá el incumplimiento de las inversiones acordadas y el traslado de reducciones impositivas y de incrementos de la productividad a las tarifas (Basualdo, 2000: 31, 2006: 339). Al mismo tiempo, se permitirá la elevación de los precios de los servicios en el mismo momento en que se hacían, la resignación del cobro de impuestos y, pese a que estaba prohibido, la dolarización y posterior indexación de las tarifas de acuerdo a los índices de inflación de Estados Unidos (Basualdo, 2006: 405-407). Por otro lado, se eliminarán algunos marcos regulatorios (como en el caso de los ferrocarriles) y, en otros casos (servicios de agua, gas y electricidad), se crearán a posteriori o directamente carecerán de autonomía efectiva para ejercer algún tipo de control (Margheritis, 2000: 68). Por último, se aprobarán fuertes incrementos de tarifas una vez realizadas las privatizaciones y las mejoras de las prestaciones serán financiadas, en muchos casos, por los consumidores, y en otras, como el caso de los ferrocarriles, por el propio Estado (Abeles, 1999; Thwaites Rey, 1999, 2002). Este particular modo en el que se llevaron a cabo las privatizaciones, que permitirá que los sectores económicos de mayor envergadura percibieran la posibilidad de acceder a una elevada rentabilidad (Basualdo, 2000, 2006: 291 y ss.), terminará incentivando la formación de monopolios u oligopolios "no innovadores" y "cuasi rentas de privilegio" (Nochteff, 1995) en casi todas las privatizaciones (SEGBA, Agua y Energía, Gas del Estado, Obras Sanitarias, ferrocarriles y sector vial), en lugar de la prometida competencia entre privados (Thwaites Rey, 1993, 2002). De este modo, potenciado por el control de las tarifas por parte de las empresas adjudicatorias y el consiguiente acceso a numerosos "ámbitos privilegiados de acumulación" (Castellani, 2006b, 2007), el Estado contribuirá con sus medidas a fomentar un proceso de creciente centralización y concentración económica en un reducido número de grandes agentes económicos (Azpiazu, 1995; Basualdo, 2000, 2006).

Los grandes beneficios acumulados, una vez finalizadas las privatizaciones, lograrán multiplicarse a partir de la expatriación de las ganancias al exterior, favorecidos por el diferencial entre las tasas de interés local e internacional38, lo que les permitirá valorizarlos fuertemente mediante la especulación financiera. En efecto, a partir de 1993, con la finalización de las privatizaciones, se iniciará una etapa de transferencias de la propiedad de las grandes empresas al capital extranjero que le permitirá al capital concentrado incrementar aún más su ya inusitada tasa de ganancias vía el mecanismo de la valorización financiera. En ese contexto, la fuga de capitales al exterior se elevará desde 1.959 millones de dólares en 1991 a 12.109 millones de dólares en 1995 (Basualdo, 2000: 247-255, 2006: 336-343). Al mismo tiempo, el déficit fiscal que iban promoviendo estos sectores con la fuga de capitales será absorbido por el propio Estado mediante el endeudamiento externo (Basualdo y Kulfas, 2000; Schorr y Lozano, 2001). En efecto, como lo muestran los datos estadísticos, al tiempo que la fuga de capitales crecerá entre 1991 y 1994 a un 7,5% anual, la deuda privada se incrementará, en el mismo período, un 42%. A pesar de ello, el total de la misma será amortizada por el Estado (Basualdo, 2006: 330-334). En ese contexto, si en 1991 el 86% de la deuda externa total era privada y sólo el 14% pública, para 1995 ese porcentaje se había invertido a 68% frente a 32% (Basualdo, 2000: 220). Como señala Kulfas, el endeudamiento externo cumplía, así, un doble (y crucial) propósito: si, por un lado, servía para acumular reservas; por el otro, sin embargo, permitía compensar la desacumulación en la que incurría el sector privado, principalmente debido a la fuga de capitales (Kulfas, 2001). En esas circunstancias, podemos decir, entonces, que el Gobierno contribuirá mediante sus políticas económicas a consolidar un proceso de creciente concentración y centralización del ingreso iniciado a mediados de las década del '70 (Basualdo, 2000, 2006).

Por otra parte, si el mayor problema que debía sortear el Gobierno era ser creído por los grandes grupos empresarios (Gerchunoff y Torre, 1996; Palermo y Novaro, 1996), y frente a la incertidumbre que todavía prevalecía por una posible modificación del orden vigente39, la "contundencia de los hechos" ya realizados actuaba como un efecto de demostración de que el rumbo económico era "irrenunciable". Al mismo tiempo, este "giro de 180 grados", con la Reforma del Estado, la renegociación de la deuda externa, la estimulación a la inversión y las privatizaciones, mostraba la "responsabilidad" asumida por el Gobierno del "cambio de actitud" necesario para crear "previsibilidad" y cerrar definitivamente la histórica "brecha de credibilidad" con los sectores empresariales en su conjunto40.

Pero si la "contundencia de los hechos" ya realizados actuaba como un elemento relegitimador del Gobierno y de la permanencia del nuevo rumbo, la puesta en vigencia de un ancla cambiario establecido de manera legal constituía un "efecto de demostración" aún mayor de la irrevocabilidad del cambio de rumbo. Este régimen no sólo permitirá a los sectores del gran capital concentrado, tanto nacional como internacional, el acceso a ganancias exorbitantes41, sino que reducirá, al mismo tiempo, la incertidumbre sobre lo que podía ocurrir en el futuro. De este modo, luego de casi cuatro décadas de incertidumbre en relación al valor de la moneda, expresado en cíclicas inflaciones, hiperinflaciones y megainflaciones (Llach, 1997), el seguro de cambio gratuito generado por la institucionalización de la paridad cambiaria, garantizaba al gran capital nacional y extranjero la "previsibilidad" que demandaban para invertir sus capitales y mantener la valorización financiera42.

Si le sumamos a ello la posibilidad que tendrán los acreedores de incrementar considerablemente el cobro de la deuda externa a partir de las privatizaciones, el régimen de protección especial que promovió el Estado para las grandes industrias automotriz y electrónica43, la eliminación de las retenciones agropecuarias, la desregulación económica, las políticas de flexibilización laboral y la reducción de los aportes patronales, la mayoría de los sectores empresariales, no sólo los más concentrados, lograrán satisfacer ampliamente sus demandas.

En efecto, las medidas implementadas en el marco del Plan de Convertibilidad no sólo favorecerán a los grandes grupos económicos ligados a las privatizaciones, sino que lo hará a cada uno de los principales actores empresariales. Así, las ganancias ingresadas al Estado debido a las privatizaciones, principalmente en el período 1991-1994, le permitirán a los acreedores cobrar una parte importante de la deuda externa. Para ello, debe tenerse en cuenta que en diciembre de 1992 se firmó el Plan Brady, un plan que otorgaba una quita del 12,2% de la deuda externa a partir de marzo de 1992 a cambio del compromiso de pago a futuro de la misma (Página 12, 06/12/92). En la práctica, sin embargo, el plan acordado no sólo no reducirá en el mediano plazo el problema de la deuda externa (e incluso la incrementará), sino que permitirá una renegociación muy favorable a los acreedores en el pago de la misma. Ello se debe a que, a partir del acuerdo, el Estado adquiría bonos del Tesoro de los Estados Unidos (los "cupon cero") por casi 4.000 millones de dólares anuales, lo que lo "ataba" a regularizar los pagos de la deuda con la banca comercial por 30 años. Además, se le impedía, bajo amenaza de sanción, incurrir en algún incumplimiento o atraso en los pagos. De este modo, se le otorgaba, además, una certeza a los acreedores de su estricto cumplimiento (Thwaites Rey, 1993: 62-63, 2002: 84). En ese contexto, el financista Rhodes afirmará que "Argentina es el país que dado pasos más espectaculares en los últimos 18 meses y los resultados están claramente a la vista" (Página 12, 07/10/92). Tras la exitosa negociación, Jorge Bermúdez, presidente del Citibank y uno de los máximos representantes de los acreedores, reconocerá en una entrevista que "La historia de la deuda externa argentina para nosotros terminó muy bien". En efecto, si previo al Plan le debían "1.300 millones de dólares", para 1994 sólo le adeudaban "entre 10 y 15 millones" (Página 12, "Cash", 27/03/94).

Por otra parte, debemos tener en cuenta que durante 1994 se privatizará, en un caso que no registra antecedentes en el mundo, la empresa petrolera estatal YPF. Ese mismo año se privatizará, además, el régimen de jubilación pública. Al igual que en el caso de YPF, su privatización constituía una fuerte demanda de los sectores empresariales. En efecto, ya en 1991 la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) (que reúne a 923 cámaras y centros comerciales adheridos) afirmaba en una solicitada que "las jubilaciones son bajísimas por el obsoleto régimen estatista que impera hasta el presente. Por lo tanto, reclamamos que se desagregue y privatice" (Clarín, 13/08/91). En la reunión anual realizada en ABRA a mediados de 1993 el presidente de esa asociación, Julio Gómez, afirmará que el Gobierno:

"Tiene que terminar de destrabar el proceso productivo para que el mercado pueda diseñar sus propias estrategias. En tal sentido, la reforma previsional y la flexibilización laboral constituyen reivindicaciones permanentes del sector privado y, en tanto no sean sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación, seguirán configurando trabas reales para el crecimiento del país. No dudaría en decir que en la Argentina, una de las estrategias de desarrollo pasa, precisamente, por la pronta y satisfactoria sanción de esas dos leyes" (ABRA, 1994: 38).

La privatización final del sistema44, concluida al año siguiente, no sólo constituirá en la práctica un fabuloso negocio para el sector privado, principalmente para el sector financiero, sino que beneficiará también en gran medida a los acreedores, ya que el Estado, más aún a partir de la reducción de los aportes patronales, se verá obligado a endeudarse debido a la eliminación de las fuentes genuinas de ingresos del sector estatal45 (Basualdo, 2006: 323-326).

En relación a los sectores agroexportadores, el Gobierno no sólo eliminará de manera definitiva las retenciones a la exportación (Clarín, 17/03/91), principal demanda de estos sectores, sino que también terminará progresivamente con los aranceles, que pasarán de un 40%, en junio de 1989, a tres niveles arancelarios (0% para insumos, materias primas y bienes no producidos en el país, 11% para productos semiterminados y 22% para productos terminados) (La Nación, 01/04/91), para luego ser eliminados casi completamente (Página 12, 29/10/92). Además, en octubre de 1992, profundizando las medidas favorables al sector, el Gobierno eliminará los impuestos al gas-oil, al fuel-oil y al kerosene (Página 12, 29/10/92). Esas medidas desreguladoras, que se sumaban a la eliminación de las Juntas de granos, de carnes y de vinos y las regulaciones de azúcar y yerba mate, promovidas un año antes en el marco del Decreto de Desregulación (Página 12, 01/11/91), le valdrán al Gobierno un extendido apoyo del arco empresarial. Así, el dirigente ruralista Humberto Volando expresará que la quita de impuestos "es un buen cambio, alentador". En la misma línea, Navarro afirmará que "el Gobierno interpretó algunos reclamos que hicimos" (Página 12, 30/10/92). Para el Consejo Económico, por su parte, las medidas "constituyen un manifiesto estímulo a la exportación y la producción", mientras que para el empresario Manuel Herrera (UIA) "estas medidas son de una gran sabiduría" (Página 12, 30/10/92).

A su vez, tenemos que tener en cuenta que a partir de la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad, en 1991, se consolidarán las alteraciones operadas en la "organización industrial" del sector, especialmente en lo que refiere a las transformaciones en la soja transgénica y la siembra directa. En efecto, el abaratamiento de las importaciones en el marco del régimen de paridad, junto a la diversificación propia de estos sectores, les permitirá a los terratenientes más concentrados y diversificados profundizar su capacidad productiva potencial a partir de diversos mecanismos de siembra que acrecentarán la productividad de la tierra (semillas híbridas, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes)46. Además, en el marco de las privatizaciones de YPF y del transporte ferroviario de carga, el Estado brindará algunos beneficios suplementarios al sector terrateniente, al otorgarle una bonificación significativa, en el primer caso, y un programa de cupos especial en el segundo47 (Basualdo, 2006: 437). Finalmente, debemos tener en cuenta que el sector agroindustrial más concentrado será el sector que más se beneficiará con el auge del crédito. En efecto, la reducción de aranceles a la importación permitirá que este sector absorba cerca de la mitad del crédito, principalmente para la compra de maquinarias (tractores, cosechadoras) a bajo precio. En ese contexto, según datos oficiales del INDEC, la venta de tractores se incrementará desde 3.739 a 4.642 entre 1991 y 1994, lo que potenciará la producción de la tierra, que se incrementará en un 240% hacia mediados de 1995 (Síntesis informativa, 1995). Pero sobre todo, estos beneficios ligados a las economías internas y externas de escala en el marco de la apertura económica y la privatización de empresas públicas, le permitirán a los sectores agroexportadores más concentrados y diversificados profundizar su capacidad productiva y su renta, de por sí extraordinaria48 (Basualdo, 2006: 417-438).

En esas circunstancias de transformaciones estructurales y amplios beneficios económicos para los sectores agroexportadores más concentrados, que implicaban un giro histórico en relación a las políticas de fuerte regulación estatal de la producción propias del período peronista, que "discriminaban" en favor del sector industrial a partir de medidas de protección arancelaria, privilegio fiscal, crédito subsidiado, estímulo a la importación de bienes de capital y control del mercado de cambios, al tiempo que perjudicaban directamente a los sectores agrarios a través de la nacionalización del comercio exterior de productos agropecuarios (Torrado, 1994: 53-54 y 398; Basualdo, 2004, 2006), el presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía, reconocerá que, a través de la eliminación de las retenciones a la exportación agropecuaria, el Gobierno había terminado con la histórica "discriminación" hacia su sector:

"En el terreno político interno, ha sido muy positiva la tendencia hacia una franca disminución de la discriminación contra el sector agropecuario, cuya manifestación más concreta ha sido la casi total eliminación de las retenciones a la exportación" (Clarín, "Rural", 10/08/91).

En cuanto a los grandes grupos ligados a la industria, el Gobierno, en respuesta a las demandas del sector49, preocupados por la apertura económica, establecerá una política en la que los aranceles para la importación de bienes de los sectores electrónico y automotriz serán mayores a los de las demás importaciones (Página 12, 29/10/92). Este último sector se beneficiará, además, por un régimen especial de cupos de importación y de exención de derechos arancelarios que discriminaba a favor de las empresas ya instaladas. En contrapartida, las empresas terminales se comprometían a realizar un programa de exportaciones e inversiones tendientes a modernizar el parque automotor y disminuir la gama de productos fabricados localmente50 (Porta, 1995: 84).

Según el Ministro Cavallo, estas políticas de desregulación comercial en el sector de bienes de capital buscaban incrementar la importación de maquinaria y equipos pesados para reducir costos y desarrollar una industria productora en "condiciones de calidad" y "precios competitivos" al "exterior" (ABRA, 1994: 455-456). La consecuencia, sin embargo, lejos de favorecer la creación de una industria productora de bienes de capital, será un incremento de las ganancias de los grandes grupos económicos vía la propensión al consumo de bienes importados a bajos precios y el aumento de la productividad. En ese contexto, sumado a la posibilidad que tendrán las industrias siderúrgica, de neumáticos y de productos químicos, de controlar los precios de manera oligopólica, y el exceso de producción en la industria automotriz en relación a la demanda doméstica, lo que le permitirá a este sector exportar sus excedentes, la producción industrial total crecerá un 6,9% entre 1991 y 1995, destacándose particularmente los bienes de capital (Ortiz y Schorr, 2001; Basualdo, 2006: 315-316). En efecto, la apertura comercial en el marco de la sobrevaluación cambiaria, junto con la desregulación del sector, permitirán un incremento de los artefactos del hogar de 163,55% entre marzo de 1991 y julio de 1995. Al mismo tiempo, la producción de automotores crecerá un 271,3%, mientras que los insumos y bienes de capital lo harán un 99,22% y la siderurgia un 56,03%, en el mismo período (Síntesis informativa, N°322, 1995). Finalmente, según datos oficiales del INDEC, la producción de neumáticos se expandirá de 4.567.000 unidades en 1991 a 7.082.000 en 199451.

Esta importación asimétrica de bienes beneficiará en mayor medida a los grandes conglomerados industriales, principalmente automotores y electrónicos (Kulfas, 2001; Ortíz y Schorr, 2001). Sin embargo, no sólo se verán favorecidos estos sectores, sino que los beneficios económicos se extenderán a los sectores ligados a la industria de la construcción, que crecerá desde 512,7 millones de dólares en 1991 a 790,8 millones en 1994, acumulando una ganancia de 75% entre 1990 y 1994 (e índices de crecimiento del 38,4% en cemento), y a la industria manufacturera que, beneficiada por el "boom" de consumo, crecerá entre marzo de 1991 y julio de 1995 en un 35,73% (Síntesis informativa, N°322, 1995). Además, se beneficiarán con el régimen de paridad cambiaria las industrias que contaban con ventajas comparativas naturales, lo que les permitirá orientarse a la producción y la exportación. Entre ellas, resultarán particularmente favorecidas la producción de alimentos y bebidas52 y, en menor medida, la refinación de petróleo y la industria petroquímica (Basualdo, 2000: 188-191, 2006: 316-319). Los datos presentes nos muestran, en este sentido, un índice de crecimiento del orden del 20,65% en el sector alimentos entre marzo de 1991 y julio de 1995, y un leve incremento de 871,6 a 876,4 millones de dólares en el área de agricultura, silvicultura y pesca. Además, la producción textil crecerá, durante el mismo período, en un 24,42% (Síntesis Informativa, N°322, 1995).

En cuanto al sector ligado a la petroquímica, se beneficiará particularmente por las políticas de desregulación total del sector petrolero iniciadas con el Decreto N° 2.284, de noviembre de 1991 (Página 12, 01/11/91). En ese contexto, que permitirá, según el INDEC, un crecimiento de la producción petrolera de 28.620 millones de metros cúbicos en 1991 a 38.732 millones durante 199453, el vicepresidente de Pérez Companc y presidente de la Cámara de Empresas Petroleras Argentinas, Oscar Vicente, reconocerá el proceso de "profunda transformación" llevado a cabo por el Gobierno, una transformación que será calificada como "verdaderamente revolucionaria":

"El proceso de desregulación del sector petrolero tuvo para la refinación y comercialización de derivados, consecuencias que, sin temor a sobreestimarlos, deben calificárselos como verdaderamente revolucionarios (...). El sector es protagonista de una profunda transformación en las reglas de juego. De la más estricta intervención gubernamental, ha pasado a desenvolverse en condiciones de libertad y apertura" (Petroquímica, N°81, 1992: 5488-5490).

En la misma línea, el presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo, Pedro Lella, afirmará que:

"La desregulación petrolera, que esta Cámara ha apoyado activamente desde su gestación, constituye un acontecimiento de trascendental importancia, el cual se inscribe dentro de los cambios profundos que se están llevando a cabo en la estructura económica del país" (Petroquímica, N°82, 1992: 5586).

Unos años después, Vicente declarará en una entrevista que debido a la "profunda transformación impulsada por el Gobierno nacional en 1991":

"La actividad de los hidrocarburos sufrió un enorme cambio. La producción de petróleo, que es una manera de medir los resultados del cambio, ha continuado en permanente crecimiento" (Petroquímica, N°110, 1995: 7969).

En la misma línea, Luis Rey, presidente de Pluspetrol, reconocerá que:

"En el sector petrolero estamos creciendo como nunca. Nunca ha habido tantas inversiones, nunca se perforaron tantos pozos, nunca, en fin, hubo tantos proyectos de desarrollo de la magnitud que existen hoy" (Petroquímica, N°113, 1995: 7984).

En esas circunstancias favorables al sector, que les permitirán acceder a diversos "ámbitos privilegiados de acumulación" (Castellani, 2006b, 2007), el presidente de Petroquímica Cuyo, Tadeo Persch, expresará su apoyo al Plan porque "el mercado interno está bien, el efecto del Plan Cavallo a esta altura del año se ha notado mucho y se sigue manteniendo" (Petroquímica, 1991: 5220). En la misma línea, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Química y Petroquímica, Rubén Puentedura, afirmará que:

"Hemos tenido gobiernos en el pasado que hicieron grandes declaraciones pero que no se concretaban en los hechos, se trataba de acciones dispersas y aisladas. Creo que en estos momentos la Argentina se está planteando con gran claridad una apertura en el mundo. En estos momentos gran parte de las energías se han canalizado tanto en el sector público como en el privado, para remediar y comenzar a dar bases más sanas para superar el desastre que venimos arrastrando desde hace décadas" (Petroquímica, N°78, 1991: 5184).

A su turno, Pedro Lella, presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo, afirmará que:

"Los primeros resultados (del Plan) ya se comenzaron a ver, como es la estabilidad, la reactivación económica durante este año y la mayor actividad competitiva. Esto induce a pensar que estos cambios no sólo son irreversibles, sino que continuarán profundizándose" (Petroquímica, N°82, 1992: 5588).

El Gobierno, además, recibirá un firme respaldo del presidente de la UIA, el vice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y el líder de la Confederación General Económica (CGI), en razón de las "privatizaciones", la "apertura estatal", la "desregulación" y el "compromiso de defender la estabilidad monetaria" (Ámbito Financiero, 08/07/91, 25/07/91 y 16/08/91). En su mensaje por el Día de la Industria, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Israel Mahler, afirmará, en ese sentido, que:

"La UIA acompaña con plena participación las duras políticas que el Gobierno implementa para controlar los grandes precios de la economía y lograr una estabilidad de los factores monetarios. (Además), aplaude el éxito político del Doctor Menem en su decisión de cambiar drásticamente la estructura del Estado, privatizar sus empresas y agilizar y remozar su funcionamiento (...) (Durante años) sometieron a la industria a un achicamiento que castigó a empresarios, trabajadores y a los lugares en los que se desarrollaban sus actividades. Hoy renace nuestra esperanza" (Petroquímica, N°79, 1991: 5306).

Además, expresarán su respaldo los empresarios Gilberto Montagna (alimenticio), Armando Bertucchi (aluminio) y nuevamente Ruben Puentedura (Ámbito Financiero, 19/08/91). Finalmente, la Confederación de Productos Alimenticios (COPAL) expresará en una solicitada que "Apoyamos el Plan económico implementado por el Gobierno Nacional y compartimos sus fundamentos" (Página 12, 06/10/91) y del mismo modo lo hará, poco después, el empresario automotor Franco Macri (Página 12, 25/10/91).

El Gobierno, al mismo tiempo, implementará una fuerte política de flexibilización laboral, que les permitirá a los empresarios bajar costos por indemnizaciones y contratación precaria y aumentar fuertemente la productividad. En efecto, a mediados de julio de 1991, el Presidente firmará un decreto en el que autorizará el incremento de salarios de acuerdo al crecimiento de la productividad y fijará un mínimo de 6 meses de vigencia de los convenios colectivos de trabajo (Clarín, 16/07/91).

Luego de unos meses, el oficialismo logrará, luego de casi dos años de dura negociación con el sector sindical y con los legisladores del partido (Senen González y Bosoer, 1999; Alonso, 2000), profundizar las políticas de flexibilización, al aprobar, en el marco de la llamada Ley de Empleo (Ley N°24.013), que la negociación de convenios se haría por empresa en lugar del tradicional convenio por rama de actividad que caracterizara al peronismo desde los años ´50. Además, con el pretexto de reducir costos directos e indirectos, promover la creación de empleo, incrementar los índices de productividad y proteger a los trabajadores desocupados, entre otros "beneficios" para estos sectores (Blutman, 1998: 93-95), se establecerán contratos por tiempo determinado y topes indemnizatorios por despidos injustificados y en caso de muerte (Página 12, 01/11/91). En ese contexto de "reconversión industrial", el Plan recibirá el respaldo del empresario Marcos Migliardi, del Grupo Techint, ya que:

"Brinda nada más y nada menos que la oportunidad de liberar las fuerzas económicas contenidas o esclerotizadas por el accionar político del Estado en función empresaria, introduciendo factores de dinamismo económico que podrán cambiar sensiblemente las estructuras económicas y pautas culturales del comportamiento de la sociedad" (Boletín Techint, 1991, p. 55).

A poco, empresarios de la Asociación de Teledifusoras (ATA), la Cámara de Anunciantes (CAA) y la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP), expresarán en una solicitada que:

"Uno de los tantos aciertos que ha tenido este Gobierno en lo que va de su mandato fue el de desregular la economía a través del decreto 2184/91, para promover, así, la libre y sana competencia entre los diferentes sectores empresariales" (Clarín, 26/01/93).

A fines de septiembre de 1992, el Gobierno logrará reglamentar una nueva Ley de Accidentes de Trabajo (Ley N° 24.028). Esta medida, que reforzará la flexibilización del mercado laboral, al establecer un tope indemnizatorio de 55.000 dólares por fallecimiento o incapacidad total (Blutman, 1998: 95), le valdrá al Gobierno el rápido apoyo de la UIA (Página 12, 01/10/92). Según expresará la entidad que nuclea a los industriales nacionales:

"La racionalidad y la implementación inmediata de las ideas implícitas en las propuestas permite mirar con esperanza un futuro de crecimiento sostenido por una economía sana y competitiva" (Página 12, 09/10/92)..

Al mes siguiente, el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley de flexibilización laboral denominado Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto, que profundizaba la Ley de Empleo firmada un año antes, planteaba entre sus principales medidas la modificación de la jornada laboral, la reducción del período de prueba, la eliminación del preaviso de despido y modificaciones en los montos de las indemnizaciones. Al mismo tiempo, proponía la supresión del descanso obligatorio semanal y el otorgamiento de vacaciones según lo estableciera el empleador (Página 12, 16/10/92). El polémico proyecto recibirá un fuerte respaldo de todo el arco empresarial. Así, logrará el apoyo de la Unión Industrial Argentina (Página 12, 21/10/92), de ADEBA (Página 12, 23/10/92) y de la Cámara Argentina de la Construcción, porque "tiende a bajar los costos de los insumos" (Página 12, 09/10/92)

No obstante, las protestas sindicales llevarán luego al Gobierno a morigerar algunas de las propuestas iniciales. En ese contexto, a comienzo de mayo de 1993 el Gobierno propondrá un nuevo anteproyecto de ley en el que mantendrá la extensión de la jornada laboral a 10 horas, aunque "aliviará" otras medidas flexibilizadoras54 (Clarín, 01/05/93). La llamada Ley de Reforma Laboral, que sería largamente debatida en el Parlamento poco después (Alonso, 2000), plantearía, finalmente, la reducción de las horas de trabajo a 1.950, la extensión de la jornada laboral a 10 horas, el establecimiento de un máximo de 2 horas por día y 150 por año de horas extras, la modificación de la base de cálculo para fijar las indemnizaciones y, en una concesión lograda por el sindicalismo, unificaba en 20 días el lapso de licencia anual por vacaciones (Página 12, 01/02/94).

Estas medidas, que contrastaban, de todos modos, con los amplios beneficios sociales que recibían los trabajadores durante el peronismo, le permitirán a Menem obtener un fuerte respaldo del arco empresarial, que incluirá a sectores nucleados en la UIA y la Confederación General de la Industria (CGI), los presidentes de Alpargatas, Carguill, Bemberg, Pérez Companc y Comercial del Plata, el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas (CADIE) y la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), estos últimos debido al "rumbo de la gran transformación encarada por el Gobierno" (Clarín, 03/05/93, 06/05/93, 11/05/93, 12/05/93, 13/05/93 y 17/05/93). Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Maquinarias y Equipos, Antonio Trigona expresará que "el proyecto de reforma laboral constituye un gran paso adelante" (Petroquímica, 1993).

En diciembre de 1993 el Gobierno ampliará los beneficios al sector privado al establecer una rebaja en los aportes patronales de entre un 30 y un 80% que entraría en vigencia al año siguiente55. Esta medida, como era de esperar, generará un fuerte respaldo del arco empresarial. Así, el presidente de la UIA, Jorge Blanco Villegas, afirmará que la reducción de aportes constituía "el hecho más trascendente que ha producido este Gobierno en cuatro años" (Página 12, 29/12/93 y 06/01/94). Poco después, ratificará en una entrevista su fuerte respaldo al Gobierno al afirmar de manera tajante que:

"Menem le ha puesto el pecho a una situación muy comprometida que vivía el país cuando asumió el Gobierno, y lo hizo con una valentía que pondero. Por eso estoy apoyando la gestión que está realizando" (Página 12, "Cash", 16/01/94).

Las medidas de apertura, desregulación y flexibilización laboral permitirán que el índice de productividad creciera, durante el período 1991-1995, en un 6,1% anual (Página 12, 18/05/95). Estas cifras llevarán a algunos empresarios, en respuesta a las críticas opositoras que acusaban al plan de desindustrializador, a defender la política de "competitividad" del Plan económico del Gobierno. Así, en una editorial aparecida en Ámbito Financiero, el empresario automotor Franco Macri se preguntará: "¿cómo es posible que a pesar de los importantísimos aumentos de productividad que muestran las cifras, tengamos la idea de que la industria argentina no es competitiva?". En efecto, "desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad", agregará, la "Argentina tiene muchos de los ingredientes necesarios para una cultura productiva exitosa, que nutra en su seno varias actividades competitivas a nivel global" (Ámbito Financiero, 13/07/94).

El sector financiero, finalmente, se verá beneficiado en particular debido a que el Gobierno, en el marco de la política de desregulación económica iniciada en 1991, los eximirá del impuesto a la transferencia de títulos públicos en operaciones bursátiles, suprimirá impuestos a las importaciones y anulará el impuesto a los sellos (Ámbito Financiero, 12/08/91; Página 12, 01/11/91). Estas medidas recibirán el rápido respaldo del presidente de la Bolsa de Comercio, Carlos Sáenz García (Noticias, 10/11/91).

En ese contexto, potenciado por el "boom" de consumo y liquidez y el "seguro de cambio" gratuito que representaba la paridad cambiaria, se producirá una aceleración extrema del mercado de capitales. Esto se expresará en índices de crecimiento inéditos, del orden del 300 a 400%, de las transacciones financieras56, principalmente a través de créditos personales y privados para adquirir inmuebles o viviendas57, pero también a través de un inédito incremento de las obligaciones negociables (ONs), la compra de bonos y títulos públicos, con índices cercanos a los 109.000 millones de dólares al año, y la emisión de acciones, que llegará al récord histórico de 283 millones de dólares durante 1991 (Muchnik, 1992: 67 y 178; ABRA, 1994: 202). En ese contexto, como lo expresará en sus órganos de difusión Oscar Tavelli, representante del sector:

"Durante el último año renació con fuerzas el mercado de capitales argentino. Lo que aparentaba ser un largo camino, se desandó rápidamente (...). Desde las privatizaciones hasta las emisiones negociables, desde los fondos país a los comercial papers, pasando por las nuevas operatorias en opciones o las futuras en índices, todo se desarrolló en poco más de un año" (Revista del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, N°19, 1991, p. 4).

Como prueba del "boom" financiero, a mediados de 1992 se alcanzará un nuevo récord en la bolsa, con una emisión de acciones y títulos de 146,9 millones de dólares (Clarín, 03/06/92). Durante ese año, además, los índices de inversión superarán los récords del año anterior. Estos indicadores contrastarán fuertemente con los niveles que se habían registrado durante la década del ´80 y especialmente durante 1990, momento en el que se había retrocedido a su "mínimo nivel". En efecto, como señalará el presidente del Banco Patricios, Alberto Spolski:

"En los años de la década de 1980, la inversión experimentó un sensible retroceso (...). A partir de entonces, mantuvo un movimiento fluctuante, registrando su mínimo nivel en 1990, con $23.100 millones. En los dos últimos años (en cambio), registra tasas positivas, llegando a $37.900 millones en 1992" (Jornadas ABRA, 1994: 199).

En la misma línea, Luis Fernández, director del Banco Meriva, afirmará que:

"Hoy, a partir de la estabilidad lograda, se registra un ingreso de inversiones de mediano y largo plazo, no especulativos, estimulados por la favorable evolución de las variables económicas" (Clarín, "Económico", 07/06/92).

Además, a diferencia de los planes de estabilización previos, la reactivación generada por el Plan de Convertibilidad había logrado la "recuperación del crédito", una de las mayores demandas del sector bancario. Según un informe de ADEBA:

"El programa implementado ha rescatado como uno de sus pivotes la recuperación de la credibilidad en los instrumentos de crédito y la recuperación del crédito, revistiendo así, adecuadamente, uno de los aspectos más críticos de las políticas públicas en algunos planes de estabilización precedentes" (ADEBA, 1991, p. 23).

En el cuadro contextual producido, desde la sanción del Régimen de Convertibilidad, el sector financiero había logrado un progresivo y constante incremento de los depósitos58. Como señalará Spolski:

"Para ponderar la importancia del sector financiero puede señalarse que, desde la sanción del régimen de Convertibilidad, los depósitos en él constituidos se incrementaron en el equivalente de $21.000 millones (10.000 millones en moneda extranjera y 11.000 millones en moneda nacional), con el consiguiente impacto en la capacidad de préstamo" (ABRA, 1994: 202-203).

El mismo crecimiento progresivo se había producido en relación al porcentaje de capitalización y a la emisión las Obligaciones Negociables (ONs), lo que mostraba que el mercado de capitales se encontraba, como dirá Martín Redrado, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en un "punto de inflexión en su historia". En ese contexto, propiciado por la expansión del crédito para inversión y consumo masivo, los bancos lograban, luego de años de inexistencia, un financiamiento de largo plazo en el mercado local que les permitía liberar fondos inmóviles para créditos de mayor capital (ABRA, 1994: 305).

Estos cambios, que permitirán un incremento del índice bursátil de más del 100% entre marzo y agosto de 1991, alcanzando un crecimiento del orden del 200% para mayo del año siguiente (Síntesis informativa, N°308, 1993), sólo habían sido posibles a partir del "cambio macroeconómico" iniciado por el Gobierno, sobre todo a partir de la instauración del Plan de Convertibilidad. En efecto, el mismo había sido acompañado de una reforma del sistema impositivo que había establecido una fuerte reducción de la "presión impositiva", vía eliminación de los impuestos a la renta, los títulos y las acciones, medidas que beneficiaban la inversión de los ahorros y el flujo de capitales. Además, como señalará Redrado, el Gobierno había reformado el mercado de capitales mediante el establecimiento de un amplio "marco normativo" que, a partir del dictado de numerosas resoluciones generales e internas59, "llenaba" un "vacío legal" que se remontaba a décadas pasadas y lo colocaba, a partir de la transformación operada, "a la par de los mercados más avanzados" (ABRA, 1994: 307).

En esas circunstancias, caracterizadas por la consolidación de los nuevos instrumentos financieros y el equilibrio de las variables económicas, como dirá Spolski, el Plan de Convertibilidad había permitido, en contraste con la alta inflación y estancamiento de etapas anteriores, reiniciar el crecimiento del mercado de capitales:

"El proceso de desarrollo del mercado de capitales se postergó considerablemente en nuestro país como consecuencia de la extensa etapa de estancamiento económico con alta inflación que caracterizó a las décadas de 1970 y (principalmente) de 1980. No obstante, la consolidación del equilibrio de las principales variables macroeconómicas a partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad, así como el establecimiento de nuevos instrumentos financieros, permitieron que el mercado reiniciara su crecimiento" (ABRA, 1994: 201).

Este marco propicio para la acumulación de capital le permitirá concluir al presidente del Banco Patricios que:

"A partir de la Convertibilidad hemos conocido los primeros albores de un progreso económico y social que permitirá forjar la Argentina del futuro" (ABRA, 1994: 204).

En la misma línea, Jorge Berardi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se referirá al "gran cambio", de una "naturaleza más que frenética", que se había iniciado en 1991, cambio que permitió alcanzar la "estabilidad" y la "reinserción internacional". Pero además de la importancia de estos cambios de "naturaleza económica", se habían producidos importantes transformaciones a nivel institucional, que habían posibilitado la reinserción al mercado internacional de capitales:

"A comienzos de esta década nuestra operatoria en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires llegaba escasamente a los 3 millones de dólares. Por una sucesión de hechos (...) en estos momentos estamos conociendo y pisando los 300 millones diarios. Es decir que el cambio es una naturaleza más que frenética. ¿Qué es lo que ha acontecido?, ¿Cuál es el fenómeno que ha operado? Comencemos primero por ubicar primero el gran cambio de la Argentina económica (...). Lo cierto es que una política que nos ha conferido estabilidad y reinserción internacional es lo que da origen a este cambio (...). A partir de 1991 la Argentina comenzó a transitar por un sendero que en algún momento abandonó con respecto al mercado internacional de capitales. Para que ese año se diera este proceso de reinserción, fue preciso un cambio de naturaleza económica y una mayor flexibilización en la óptica de instituciones como la Comisión Nacional de Valores y también desde el sector privado, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado de Valores, el MAE. Es decir, las entidades del sector privado, en ese momento divididas, pero unidas al Estado, estaban buscando la misma confluencia: tratar de reconstruir un mercado en donde el arbitraje entre tipo de cambio, tasa de interés y tenencia de títulos valores había perdido relevancia. Esto se dio en un contexto en el cual en 1991 la Argentina, dentro de la categoría de mercado emergente, rindió el 400% en dólares" (ABRA, 1994: 368).

En efecto, el Gobierno, en el marco del proceso de apertura financiera, había modificado en su conjunto la normativa vigente a través de resoluciones que, como la Ley de Inversiones Extranjeras y los cambios impositivos, adecuaban las reglas al nuevo contexto internacional:

"La Argentina ya estaba preparada para este tipo de vuelco. No sólo desde el punto de vista del éxito de la política económica, sino también porque superó conflictos legislativos que hasta ese entonces hacían muy difícil la afluencia de capitales, concretamente me refiero a la Ley de Inversiones Extranjeras y al tratamiento impositivo (...). En nuestro marco normativo toda la estructura es diferente a la de aquel entonces. Se han producido importantes adecuaciones legales (por ejemplo) ¿cómo estaban llegando los balances? Resultaban exagerados los ciento diez días de demora para los finales y lo setenta días para los intermedios. Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores han adecuado este aspecto" (ABRA, 1994: 369).

Además, se había modificado la Ley de Fondos Comunes, ofreciendo "toda una gama operativa a los fondos":

"Se ha mejorado notablemente una legislación que databa de comienzos de lo años '60. Me refiero a la Ley sobre Fondos Comunes de Inversión, donde ha habido una apertura mucho más intensa y se ha avanzado radicalmente en términos de poder ofrecer toda una gama operativa a los fondos. Lo que anteriormente les estaba vedada" (ABRA, 1994: 371).

Hacía falta, sin embargo, instaurar un segundo elemento para lograr la reinserción definitiva al mercado de capitales internacional y el Gobierno lo había hecho: la privatización de YPF. Esta privatización no sólo había permitido la recepción de inversiones, sino también la captación de las mismas, vía lanzamiento de obligaciones negociables para ser colocadas en el exterior:

"Para estar en el gran mercado de capitales, en esa comunidad de negocios internacionales, no solamente hay que entrar, sino que permanentemente hay que tener motivos de reinserción, de reenganche. Nuestro primer acercamiento al mismo, y que fue muy exitoso, ya lo hemos producido en 1991. En 1993 necesitamos algún otro acontecimiento. Y bien, ese ha sido YPF (...). Esta privatización vuelve a suscitar un nuevo motivo para reinsertarnos dentro de ese gran mercado de capitales. Sin necesidad de abundar en las singularidades de YPF, observen ustedes la importancia que tiene y cuán notable es el cambio económico que se ha producido en la Argentina (...). No pasa semana sin que en la Bolsa de Comercio recibamos delegados que vienen nuevamente, después de habernos abandonado allá por junio o julio del año pasado, a preguntarnos sobre nuestra operativa, nuestra mecánica, qué empresas elegir, qué y cómo hacerlo. Entonces, evidentemente, notamos que el cuadro vuelve a ser totalmente distinto, concita interés (...). Esto también se está viendo en el lanzamiento de obligaciones negociables para ser colocadas en el exterior. En suma, es un tránsito de doble vía en el que hemos recibido inversores y en el que estamos también captando en el exterior" (ABRA, 1994: 370-371).

Pero no sólo se habían adecuado las reglas del sector público para hacerlas favorables al mercado nacional e internacional, sino que, como afirmará el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, también se habían producido una serie de "adecuaciones" en el sector privado. En efecto, por primera vez el sector financiero había logrado superar sus diferencias con el sector bursátil, aunando intereses en común:

"En el sector privado también hemos producido una serie de adecuaciones (...). Tal es la divergencia entre el sector financiero y el sector bursátil. Parecía como si tuviésemos dos mercados de capitales: uno de las entidades financieras y otro de quienes componemos el sistema bursátil" (ABRA, 1994: 369).

En tal espacio temporal de creciente "institucionalización" de las reformas, en el que el Gobierno bregaba "afanosamente" por "mejorar los índices de ahorro", y en el que el sector había logrado unir "fuerzas" que "estaban dispersas", conformando una "comunidad internacional de negocios", el balance no podía ser más que "netamente positivo":

"Pienso que el balance es netamente positivo. Estamos ganando madurez e institucionalización. Hemos unidos fuerzas que estaban dispersas. Nos encontramos que el Gobierno en estos momentos brega afanosamente por mejorar los índices de ahorro, y si no encuentra en nosotros los canales adecuados, es porque estaríamos dentro de otro horizonte. Pero como estamos en el mismo horizonte, debemos hacer ejercicios de imaginación ya que tenemos todas las condiciones para poder dar un salto pronunciado (...). Estamos hablando de un mercado de capitales grande, de una inserción internacional, estamos hablando de la comunidad internacional de negocios" (ABRA, 1994: 372-373).

Además de estas medidas ventajosas para el sector financiero que, como subrayará Menem en su discurso ante los financistas y banqueros nacionales e internacionales, "significan menores costos operativos por los que los bancos claman constantemente" (ABRA, 1994: 49), debemos recordar que los grandes bancos nacionales y extranjeros se verán beneficiados por el proceso de privatización de las empresas públicas, al participar como accionistas menores. Así, el Banco Hispano Americano se quedará con el 19% de las acciones de Aerolíneas Argentinas, el Banco Morgan Guaranty con el 10% de Telecom. S.A., el Citibank con el 30% de Celulosa Argentina, 20% de Celulosa Puerto Piray, 100% del Frigorífico Rioplatense y 40% de la privatización del Hotel Llao Llao y Cointel, consorcio de Citibank, tendrá a su cargo el 20% de las acciones de la ex compañía de teléfonos estatal ENTEL y 60% de Telecom. Además, el Banco Río participará en Ferroexpreso Pampeano (Rosario-Bahía Blanca) y Cointel (que tendrá, a su vez, el 68% de Telefónica) y en Sur Compañía de Seguros, entre otros (Clarín, 15/07/91). Por otra parte, muchas de las grandes empresas, como Astra, Acindar, Alpargatas, Bagley, Molinos, Pérez Companc, Siderca, entre otras, habían decidido participar del "negocio" financiero, colocando sus inversiones en el sector financiero (Clarín, "Ecónomico", 07/06/92).

Pero una importante actividad de la que se beneficiará este sector será el de los fondos de jubilación y pensión (AFJP), donde tendrán nuevamente una participación como accionistas menores de las empresas privatizadas. Así, los Bancos Francés, Galicia y Crédito Argentino tendrán participación en la AFJP "Consolidar", el Deutsche y el Banco Quilmes en "Máxima", el Banco Río, Citibank y Banco República en "Siembra", el Boston y del Sud en "Previnter", el Santander en "Orígenes", el ABN-AMRO en "Anticipar", los bancos Credicoop, Mayo y Patricios en "Previsol" y el Mercantil, junto con la Caja de Ahorro y Seguros, se asociará a "Activa" (Página 12, "Cash", 08/05/94 y 31/05/94).

En esas circunstancias de acumulación netamente favorables a los sectores dominantes, entre 1991 y 1995 toda la cúpula empresaria se expandirá a niveles significativamente mayores al resto de la economía. En efecto, las ventas de las 200 firmas de mayor facturación se incrementarán un 80,1% entre 1991 y 199560 (Basualdo, 2000, 2006: 312-313). Se formará, así, en los grupos más concentrados nacionales e internacionales, junto con los acreedores externos, un "sólido conglomerado de intereses convergentes" (Gambina y Campione, 2002: 31) o "comunidad de negocios" (Abeles, 1999; Basualdo, 2000, 2006; Kulfas, 2001: 201) que brindará un sólido y duradero respaldo al plan económico y al Gobierno.

4. CONCLUSIONES
En el transcurso de este trabajo nos propusimos analizar la importancia que tuvo el Plan de Convertibilidad en la articulación de las distintas fracciones de los sectores dominantes durante la primera presidencia de Menem. Partimos de la base de que el régimen cambiario no debía ser considerado como una simple ley, sino que constituía una verdadera reforma estructural, íntimamente ligada a una multiplicidad de políticas que, si bien no racionalmente planeadas, resultaban funcionales a su sostenimiento. Esas políticas, relacionadas con la profundización del proceso de privatización de las empresas públicas iniciado en 1990, la apertura comercial y financiera, la desregulación y el endeudamiento externo y sus mecanismos de valorización, resultaron cruciales para articular a los grandes grupos empresariales en su conjunto, al permitirles el acceso a beneficios materiales inéditos por su magnitud y alcance. En efecto, los grandes empresarios nacionales e internacionales, del mismo modo que los acreedores externos, se vieron favorecidos por un conjunto de privatizaciones y concesiones realizadas a precios subvaluados, carentes de regulación, o con marcos creados a posteriori, y con importantes beneficios impositivos y tarifarios. En ese contexto, las políticas públicas del Estado incentivaron la creación de mercados monopólicos y oligopólicos no innovadores ni transitorios que controlaron los precios y concentraron el ingreso en pocas manos. Los grandes beneficios acumulados, una vez finalizada la etapa de privatizaciones, lograron multiplicarse a partir de la expatriación de las ganancias al exterior, favorecidos por el diferencial entre las tasas de interés local e internacional, lo que les permitió valorizarlos fuertemente mediante el mecanismo de la especulación financiera. Al mismo tiempo, el déficit fiscal que iban promoviendo estos sectores con la fuga de capitales fue absorbido por el propio Estado mediante el endeudamiento externo. De esta manera, el Gobierno contribuyó a consolidar un proceso de creciente concentración y centralización del ingreso iniciado en la década del '70 y potenciado, a su vez, por la implementación de una fuerte política de flexibilización laboral, que les permitió a los grandes empresarios bajar costos vía reducción de indemnizaciones, reducir los aportes patronales y aumentar los niveles de productividad, una apertura asimétrica al capital internacional favorable al sector automotor y electrónico y un proceso de creciente desregulación comercial y financiera. En ese contexto, los beneficios lograron compatibilizar intereses entre todos los sectores del capital nacional e internacional. Comenzando por el sector financiero, el mismo se vio favorecido a partir de su participación en el proceso de intercambio de activos estatales por deuda externa. Además, la firma del Plan Brady les permitió a los acreedores consolidar el monto de sus ganancias, al garantizarles el pago de la deuda y de sus intereses. Los banqueros nacionales e internacionales, a su vez, pudieron acceder a amplios beneficios materiales a partir de la desregulación del sector financiero, que eliminó impuestos a la renta, los títulos y las acciones e igualó el status del capital nacional y extranjero, entre otras medidas igualmente favorables al sector. Además, se vieron fuertemente favorecidos a partir de la inédita reducción de las tasas de interés y del auge del consumo interno y las obligaciones negociables. Sin embargo, el gran negocio del sector lo constituyó la posibilidad de participar en el proceso de privatizaciones y concesiones de las empresas públicas, donde actuaron como accionistas menores del capital extranjero. La fracción de los grandes grupos concentrados del sector industrial, por su parte, resultó particularmente beneficiada por una política de apertura asimétrica que, al tiempo que perjudicaba fuertemente a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) debido a la imposibilidad de competir frente al auge de las importaciones, protegió a las grandes industrias automotriz y electrónica -y en menor medida textil, papel y calzado- con regímenes arancelarios especiales. Los primeros dos sectores, al igual que el de la construcción, se vieron beneficiados, además, por el fuerte incremento del consumo, mientras que la fracción de las grandes empresas metalúrgicas, alimenticias y petroquímicas obtuvieron amplios beneficios a partir del proceso de desregulación sectorial, las ventajas comparativas naturales y el acceso al crédito financiero y a la exportación de sus excedentes. La fracción de los grandes empresarios del sector agropecuario, finalmente, se vio ampliamente beneficiada por la eliminación de las retenciones agropecuarias, el proceso de desregulación comercial, que incluyó la eliminación de las más importantes juntas reguladoras y de los impuestos comerciales del sector, y la posibilidad de acceder al crédito privado masivo, todo lo cual potenció la renta de los grupos más concentrados a partir de la importación barata de maquinarias y fertilizantes y la posibilidad de profundizar la economía interna y externa de escala.

Por otra parte, si el mayor problema que debía sortear el Gobierno era ser creído por los grandes empresarios para alejar la histórica brecha de credibilidad entre ambos sectores, y frente a la incertidumbre sobre un posible cambio de reglas que retomara la tradición "populista" y "distribucionista" del peronismo tradicional, la enumeración de los hechos ya realizados actuó como un efecto de demostración de que el rumbo económico era irrenunciable. Pero si la "contundencia de los hechos" actuó como un elemento relegitimador, la puesta en marcha de un ancla cambiaria establecido de manera legal constituyó un efecto de demostración aún mayor de la irrevocabilidad del cambio de rumbo. Este régimen no sólo permitió a los sectores del gran capital concentrado, tanto nacional como internacional, el acceso a diversos ámbitos privilegiados de acumulación, sino que redujo, al mismo tiempo, la incertidumbre sobre lo que podía ocurrir en el futuro, brindando la previsibilidad o seguridad jurídica que demandaban para invertir sus capitales y mantener la valorización financiera. En efecto, al establecerse mediante una vía legal, el Plan de Convertibilidad les permitió acceder a los grandes inversores a un seguro de cambio gratuito cuya permanencia en el tiempo estaba asegurada. En esas circunstancias, los grandes empresarios del capital concentrado, en especial del sector financiero, lograron satisfacer ampliamente sus demandas. Podemos decir, entonces, que a partir del éxito del Plan de Convertibilidad se logró articular en las principales fracciones de los sectores dominantes (capital concentrado local, acreedores externos y capital extranjero) un sólido conglomerado de intereses convergentes o comunidad de negocios que brindó un fuerte y duradero respaldo al plan económico y al gobierno de Menem. De esta manera, sumando la funcionalidad de la estabilización monetaria como medio para obtener el respaldo de los sectores populares, el menemismo lograría consolidar la frágil y endeble hegemonía constituida en 1989.

NOTAS

1 Al respecto, véase Fair (2007, 2008a, 2008b).

2 Aunque conscientes de la creciente diversificación e integración horizontal y vertical que caracteriza desde la década del '60 y especialmente desde mediados de los años '70 a los diferentes sectores del empresariado nacional e internacional (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1989; Azpiazu y Schorr, 1990; Basualdo, 2000, 2006; Castellani, 2004, 2006a, 2006b; Ortiz y Schorr, 2006a), en el siguiente trabajo hemos tenido que dejar de lado, muy a nuestro pesar, las diferencias existentes dentro de cada fracción empresarial y el detalle de las vinculaciones económicas entre cada una de ellas. En ese contexto, hemos decidido, por una cuestión espacial, analítica y organizativa, separar a los grandes grupos empresariales entre grandes empresarios industriales diversificados y no diversificados, agroexportadores y sector financiero. Para un análisis reciente que retoma esta discusión metodológica, véase Castellani (2007).

3 Imposibilitado de abonar la deuda externa frente al escaso ingreso de inversiones externas, en mayo de 1988 el gobierno de Alfonsín cayó en moratoria "de hecho", abonando sólo los intereses de la deuda.

4 En efecto, el Plan estableció un doble mercado de cambios en el que las divisas del sector comercial, es decir, de los sectores agroexportadores, era un 25% inferior al mercado de cambios financiero, que regía para el resto de las transacciones. En ese contexto, el esquema, que buscaba acceder a una parte de las divisas provistas por las exportaciones de materias primas para reducir el creciente déficit fiscal, funcionaba como un "impuesto a las exportaciones" (véase Ortiz y Schorr, 2006b: 463).

5 No obstante, debemos señalar que aunque sectores de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara de la Construcción (CAC) formaban parte hasta allí del acuerdo con el Gobierno, beneficiándose de la posibilidad de exportar a menores precios debido al esquema diferencial entre el dólar financiero y el comercial, pronto se distanciarían también del oficialismo, criticándole el atraso cambiario y las altas tasas de interés (Beltrán, 2006: 230). A esta crítica se le sumaría la mayor parte del Movimiento Industrial Nacional (MIA), agrupamiento de los medianos y pequeños industriales del interior que, aunque hegemonizado por grandes firmas, algunas de ellas exportadoras, sufrían el encarecimiento de los insumos importados y el impacto de la apertura externa sobre las pequeñas y medianas empresas del sector (Ortiz y Schorr, 2006b: 464-466).

6 El denominado "Golpe de mercado" ha sido definido como la expresión de "los nuevos modos de los sectores dominantes para imponer sus dictados a un Gobierno surgido del voto popular" (Lozano y Feletti, 1991: 124). Esta noción ha sido utilizada también, entre muchos otros, por Martínez (1991); Ossona (1992: 45 y 51); Thwaites Rey (1993: 51, 2002: 26); García Delgado (1994) y Gambina y Campione (2002: 37). Desde una visión diferente, compatible con el discurso liberal, Palermo y Novaro sostienen, en cambio, que la crisis radicó en el exceso de demandas de los distintos sectores sociales, que habrían generado un contexto de ingobernabilidad política del aparato estatal (véase Palermo y Novaro, 1996: 73-79). Autores como Ortiz y Schorr (2006b), por su parte, señalan que no puede hablarse de intencionalidades conjuntas de los actores económicos, por lo que resulta inadecuado hablar de la existencia de un "Golpe de mercado". Para una crítica más detallada al supuesto acerca de la existencia de una racionalidad estratégica de los agentes económicos, véase Beltrán (2006).

7 El Banco Mundial había exigido la reducción del déficit fiscal a la mitad, pero el Gobierno se vio imposibilitado de cumplir con lo reclamado. De este modo, y dado que el Estado drenaba cada vez más recursos, los acreedores se quedaban sin satisfacer su demanda de reanudación del pago de la deuda externa, en moratoria "de hecho" desde comienzos del año anterior. En ese contexto, la banca "desplazó el peso del endeudamiento externo de la mesa de negociaciones al mercado cambiario local en un intento de arrebatar parte del superávit comercial a sus dueños, generando una demanda real y potencial de divisas imposible de satisfacer" (véase Lozano y Feletti, 1991: 122- 123; Ortiz y Schorr, 2006b: 471-473).

8 Si bien ya desde 1988 Menem se había reunido con dirigentes del empresariado (Martínez, 1991; Beltrán, 2006: 232), debemos recordar que el caudillo riojano formaba parte del mismo partido que había hecho de la justicia social y la redistribución progresiva del ingreso a favor de los trabajadores su máxima conquista. Además, si bien de manera contradictoria, había insinuado durante la campaña electoral que iba a regresar a las políticas "productivistas" y anti-mercado que caracterizaban históricamente a la tradición peronista (Gerchunoff y Torre, 1996: 735). En ese contexto, uno de los máximos representantes de los sectores más concentrados del capital, Juan Alemann, había expresado unos meses antes de las elecciones del ´89 su temor, ya que las encuestas mostraban que "va a ganar el partido de la inflación y los sindicatos" (citado en Palermo, 1992: 89). Declaraciones similares pueden hallarse en Ortiz y Schorr (2006b: 500- 501). Sobre la importancia de las expectativas de los agentes económicos en los regímenes de "alta inflación" como el de nuestro país y el accionar "racional" que de ello se deriva, véase especialmente Frenkel (1989).

9 Desde mediados de la década del ´70, los grandes grupos ligados a la exportación convertían sus ganancias a dólares para unificar su valuación y cuantificar de manera correcta las ganancias que obtenían para tomar, así, las estrategias que considerasen necesarias y adecuadas para seguir acumulando. Con el desdoblamiento del tipo de cambio dispuesto por el Gobierno entre un dólar comercial netamente inferior al valor real, ya no quisieron hacerlo (véase Lozano y Feletti, 1991: 122-123).

10 Según Basualdo, los bancos locales Banco Macro y Banco de Crédito Argentino, dado que pertenecían a integrantes del radicalismo con funciones en la conducción gubernamental, contaban con un acceso privilegiado a información económica-financiera que les permitía acceder a enormes ganancias especulativas (Basualdo, 2006: 284).

11 El 6 de febrero, frente a la incipiente corrida sobre el dólar, el Gobierno se retiró del mercado de cambios, decretó el feriado cambiario y bancario y lanzó nuevas medidas entre las que se incluían una devaluación del austral del 12% para el dólar comercial, un triple mercado de cambios, tasas de interés positivas por encima de la inflación esperada, mantenimiento de la política de precios y liberación de encajes bancarios para incrementar la liquidez monetaria (véase Ortiz y Schorr, 2006b: 473-474).

12 Mientras que el salario real se redujo entre diciembre de 1988 y junio 1989 entre un 48% y un 57% (Página 12, 22/06/89), sólo durante abril y mayo lo hará en más de un 30% (Clarín, 28/05/89). La cantidad de despidos, por su parte, se incrementará, en sólo 40 días, un 1.300%, alcanzando un total de 15.200, frente a sólo 1.140 del período anterior (Página 12, 18/06/89).

13 Debemos tener en cuenta, en ese sentido, que durante el período enero-mayo el dólar había aumentado un 966,4% y productos de la canasta básica, como el café, un 2.850%, el queso un 1.000%, el aceite un 993% y el pan un 554%. Al mismo tiempo, el salario básico por convenio sólo lo había hecho en un 138,1% (Clarín, 28/05/89 y 30/05/89).

14 Sobre la relación del gobierno de Menem con los Estados Unidos durante la década del '90, véanse Granovsky (1991) y Russell (1994).

15 En este sentido, podemos destacar el respaldo de fundaciones liberales tales como la Fundación Internacional de Estudios Latinoamericanos (FIEL), el Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA) y la Fundación Mediterránea (FM), además de economistas como Juan Llach, Juan Carlos de Pablo, Jeffrey Sachs y Rudiger Dornbusch. Para una visión de defensa de las políticas neoliberales afín a las medidas aplicadas durante los años ' 90 en Argentina, véanse Dornbusch y Edwards (1990) y Llach (1997).

16 La mayoría de los trabajos que analizan el Proceso destacan el poder de veto que ejercieron los sectores militares, quienes no veían con agrado la reducción del papel interventor del Estado ni las consecuencias, principalmente en relación a la desocupación, aunque también a nivel desindustrialización, que ese modelo traería aparejado (al respecto, véanse Canitrot, 1983 y Schvarzer, 1986, entre otros). Análisis más recientes señalan, además, los intereses de las Fuerzas Armadas en defender las empresas públicas en razón de su participación como funcionarios a cargo de las mismas y las disputas ideológicas dentro del propio elenco liberal (Sidicaro, 2003; Canelo, 2004; Heredia, 2006). Por otra parte, se ha destacado que los grupos económicos diversificados conocidos como la "Patria contratista" se oponían a la aplicación de las reformas de mercado en razón de su vinculación directa con el accionar estatal a partir de su función como proveedores y/o contratistas favorecidos por los subsidios y regímenes de promoción industrial, lo que, junto con la oposición de los sindicatos peronistas y de la propia estructura tanto radical como peronista, habría impedido la profundización de las reformas neoliberales durante el gobierno de Alfonsín (Thwaites Rey, 2002; Beltrán, 2006; Castellani, 2006). Algunos de estos temas los trabajamos también en Fair (2008c).

17 A mediados de julio de 1989 el grupo Bunge & Born designó a Miguel Ángel Roig como Ministro de Economía. Sin embargo, a los pocos días de haber asumido, el Ministro falleció y fue reemplazado por Néstor Rapanelli, por entonces vicepresidente ejecutivo del conglomerado (Clarín, 15/07/89).

18 Durante 1989 el PBI de la industria manufacturera caerá un 7,1%, contra una caída del 2,9% en el área de agricultura, silvicultura y pesca. Dentro del sector industrial, el mayor perjudicado será la construcción, que descenderá un 31,6%, seguido por la fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, que descenderán un 22,2%, mientras que los productos minerales no metálicos lo harán un 16,5%. Al mismo tiempo, la fabricación de sustancias químicas, derivadas del petróleo y del carbón, caucho y plástico caerán un 5,6% y la industria textil y del cuero lo hará un 4,6%, durante el mismo período (Informe económico de coyuntura, Año 10, Nº107, febrero de 1992).

19 En palabras de Alsogaray, uno de los implicados en la discusión: "el meollo de la discrepancia, cuyos alcances todavía no trascienden demasiado, reside en el control de precios y de cambios. El Ministerio de Economía sostiene que no se pueden liberar dichos mercados (lo cual incuestionablemente, implica seguir aplicando una "economía dirigida") porque hay una gran distorsión en los precios relativos, porque no se cuenta con reservas suficientes, porque en muchos sectores no existe verdadera competencia y porque el comportamiento empresarial, influido por prácticas de muchos años, no resulta adecuado" (Alsogaray, 1993: 180).

20 En este sentido, Rapanelli expresará: "no estamos dispuestos a seguir pagando (la deuda) con emisión monetaria" (Clarín, 27/10/89). Tiempo después, otro integrante del Grupo, Jorge Born, dirá: "ellos querían que paguemos algo y nosotros no pagamos nada" (Entrevista a Jorge Born, Página 12, 22/09/91).

21 En efecto, como reconocerá poco después Cavallo, "el Gobierno actuó muy rápido y tanto en el caso de ENTel como en Aerolíneas Argentinas, se llegaron a ventas muy rápidas en aras de demostrar voluntad política en materia de privatizaciones" (Clarín, 10/06/92).

22 Otros "gestos" destacables serán el abrazo con el almirante Rojas, impulsor del Golpe del '55 contra Perón, cuando este se encontraba convaleciendo debido a una enfermedad cardiovascular, la derogación del derecho de huelga el 17 de octubre de 1990 y la eliminación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

23 El propio Erman González reconocerá que la "estrategia" del Gobierno era "cancelar deuda a través de las privatizaciones". Según afirmará el Ministro en una entrevista, "nosotros estimamos que con la privatización de ENTel, Aerolíneas y otras menores, incluyendo algo de ferrocarriles, estaremos cancelando este año unos 10.000 millones de dólares" (Página 12, 28/09/90).

24 En septiembre el Gobierno llevó a cabo un nuevo incremento de las naftas del 35%, un 20% el gas y el gas-oil, entre un 20 y un 25% la luz y un 15% el agua (Página 12, 01/09/90). Poco después, elevó en un 42% la tarifa del teléfono (Página 12, 27/09/90), alcanzando, de este modo, el pulso, un aumento sideral del orden del 2.028% durante 1990 (Página 12, 09/10/90).

25 Sobre la estrecha vinculación entre la intervención del Estado y el incremento de la rentabilidad económica de los contratistas y/o proveedores ligados a los grandes grupos económicos diversificados del capital nacional e internacional, véanse Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1989); Azpiazu y Basualdo (1990); Castellani (2004, 2006a, 2006b); Basualdo (2006: 109-280); Ortiz y Schorr (2006a).

26 En efecto, la deuda estatal interna constituía uno de los espacios más importantes de poder de lo que Basualdo ha denominado la "oligarquía diversificada", ya que no sólo representaba rendimientos muy elevados en un contexto de escasez de divisas, sino que además, a diferencia de la deuda externa, se pagaba puntualmente (Basualdo, 2006: 288-289).

27 En efecto, a través del Decreto 36/90, el Gobierno canjeó la mayoría de los ahorros depositados por bonos externos del Estado a diez años (Plan "Bónex"), lo que representará una pérdida para los inversores del orden del 40% (Basualdo, 2006: 289).

28 El efecto recesivo recaerá principalmente sobre los bienes de consumo durables, que caerán en 1990 un 30% en relación al año anterior. Los bienes intermedios, por su parte, se reducirán un 8,7% y los bienes de capital, un 13,5%. Los bienes de consumo no durables tampoco obtendrán ganancias durante la era Erman, retrocediendo un 1,9% en relación a 1989. En un nivel más detallado, el principal afectado será el sector exportador metalúrgico, que reducirá sus ventas externas en 300 millones de dólares, mientras las exportaciones industriales totales caían en 500 millones. La producción siderúrgica de hierro primario, por su parte, se reducirá un 18,3%, el acero crudo un 12,8% y los laminados terminados finalizarán con un 13,4% de pérdida en relación a igual período del año anterior. Finalmente, la producción automotriz caerá un 24,2% y el cemento un 21,1% (Lozano y Feletti, 1991: 163-164).

29 El escándalo de corrupción más importante será el conocido como caso "Swift". Descubierto en enero de 1991, involucraba a importantes sectores del Gobierno, entre ellos, el cuñado del Presidente, en el pedido de sobornos al frigorífico norteamericano Swift para que acelerara los trámites de instalación de sus plantas industriales en el país.

30 Para un análisis en detalle de este particular, véase Martínez (1991); Fair (2007).

31 La inflación de enero de 1991 será del 7,7%, alcanzando en el mes de febrero un alarmante 27% (Página 12, 06/03/91).

32 La popularidad del Presidente llegará en marzo de 1991 a un piso de entre 24% (Mora y Araujo) y 29% (Fidanza) (Página 12, 07/07/91 y 26/11/91).

33 A partir de marzo resurgirán fuertemente los conflictos laborales, llegando a movilizarse un millón de trabajadores en los sindicatos de médicos, policías, transportistas, magistrados, funcionarios de la justicia nacional, metalúrgicos, bancarios, textiles, alimentación y Luz y Fuerza (Página 12, 16/03/91). Al mismo tiempo, se llevará a cabo una extensa huelga de ferroviarios (que durará 45 días), maestros (5 días) y docentes universitarios (Clarín, La Nación y Página 12, marzo de 1991).

34 A mediados de octubre de 1991, el Presidente firmó un decreto que estableció el reemplazo del Austral por el Peso a partir del 1 de enero del año siguiente, estableciendo una paridad cambiaria de 1 peso igual a 1 dólar (Página 12, 18/10/91).

35 La importancia de la estabilidad económica, y por consiguiente, del Plan de Convertibilidad que la respaldaba, se pondrá de manifiesto durante la campaña electoral para las legislativas de 1991 y 1993, cuando ninguno de los principales candidatos plantease la necesidad de derogar el régimen cambiario o critique la estabilidad alcanzada. Al respecto, véase Fair (2007).

36 Durante 1989 la inflación alcanzará un récord histórico del orden del 4.923,6% anual. Un año después, si bien se reducirá sensiblemente, sumará un total de 1.343,9% (INDEC, 1998).

37 De todos modos, la acumulación previa de reservas y la organicidad que alcanzaría el Plan a partir de 1991 no debe ser entendido como la aplicación y despliegue de un mismo programa racionalmente pensado desde la llegada al poder de Menem (véase Gerchunoff y Torre, 1996: 745). En efecto, aunque es cierto que ya a fines de 1989 se hablaba desde algunos círculos de poder acerca de la necesidad de implementar una paridad fija con el dólar, en su momento rechazado por Erman González, este modo de pensar, como bien señala Beltrán (2006), implicaría otorgarles a los actores sociales y al propio Gobierno un grado de racionalidad propia que excede sus capacidades. En ese sentido, creemos que resulta más adecuado pensar la aplicación del Plan, como lo hace Canitrot, como un proceso de aprendizaje iniciado con el Plan Austral de junio de 1985, para intentar resolver el problema fiscal y de inflación, una especie de "ensayo y error" hasta llegar a la solución definitiva hallada con la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad de abril de 1991 (Canitrot, 1992).

38 A partir de la negociación del Plan Brady, a finales de 1992, los grandes grupos empresariales lograron obtener inmensos beneficios debido a que la tasa de interés interna superó siempre a la vigente en términos internacionales (Basualdo, 2006: 330-331 y 346-354).

39 Esta incertidumbre hará que Domingo Cavallo tuviera que salir a prometer, en varias oportunidades, que mantendría la Convertibilidad. Así, expresará ante empresarios del sector servicios: "les pido que se saquen de la cabeza que el Gobierno va a tocar la paridad con el dólar (Clarín, 09/08/91). En otra ocasión, por motivo de las Jornadas Anuales de la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), el Ministro insistirá ante los empresarios que "Olvídense del tipo de cambio. No van a ganar apostando a una devaluación" (ABRA, 1994: 462-463).

40 Al respecto, véanse los discursos de Menem del 13/02/92 y el 16/07/92. Para un análisis más detallado del discurso menemista, véase Fair (2007, 2008b).

41 Las ventas de las 200 firmas de mayor facturación se incrementarán un 80,1% entre 1991 y 1995 (Basualdo, 2006: 312-313). Para un análisis más detallado, véase Basualdo (2000).

42 Debemos recordar que el régimen de paridad cambiaria fue establecido mediante una ley aprobada por el Congreso. Por lo tanto, sólo podía ser derogado mediante la aprobación de una nueva ley parlamentaria. En ese contexto, los empresarios accedían a un "seguro de cambio" gratuito que les permitía un principio de previsibilidad o "seguridad jurídica" sobre el futuro de sus acciones.

43 En realidad, aunque sólo por períodos de tiempo limitados, también se implantarán protecciones arancelarias a las industrias textil y del papel. Al respecto, véase Azpiazu (1995).

44 En realidad, se implementó un sistema mixto de reparto y capitalización con la participación de Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) encargadas de elegir entre uno y otro sistema (Blutman, 1998: 97).

45 En efecto, entre 1994 y 2001 el Estado dejó de recaudar por ambos conceptos un total de $70.000 millones de dólares, de los cuales 30.000 millones fueron a las AFJP y 40.000 millones a las empresas por reducción de las cargas sociales (Thwaites Rey, 2002: 91).

46 Estos mecanismos de incorporación masiva de los nuevos insumos importados a bajo precio le permitirá a los agroexportadores reducir fuertemente sus costos, no sólo por aumentos de productividad, sino también debido a la presencia de una economía interna y externa de escala (Basualdo, 2006: 436-437).

47 Mientras que en el primer caso se le otorgó a los terratenientes la posibilidad de acceder al pago en cuotas y con una bonificación de alrededor del 20% para las operatorias de comercialización con gas-oil, en la segunda se establecieron cupos a los demandantes, es decir, a los sectores agroexportadores más concentrados, que aseguraran elevados volúmenes de carga a transportar (Basualdo, 2006: 437).

48 En ese contexto, se acentuaron las diferencias en la productividad (valor de producción por hectárea) en relación a los otros propietarios medianos y grandes en porcentajes cercanos al 50% hacia 1996. Del mismo modo, los grupos de sociedades elevaron la producción de soja en un 260% más que las personas físicas y jurídicas, mientras que en la combinación de trigo y soja las diferencias alcanzaron hacia 1996 el 149% (Basualdo, 2006: 429).

49 En efecto, el empresario automotor Franco Macri advertía que "va a sobrar producción si no se pone un tope a la importación (de autos)" (Página 12, 25/10/92).

50 El Decreto 2.677 de diciembre de 1991 estableció que las terminales de autos podían importar un 40%, compensándolo con exportaciones (Clarín, 14/06/92). Unos años después, fue fijado el régimen de cupos a través de un decreto (683/94) que impidió por un año importar vehículos que representasen más del 20% de la producción local y fijó un arancel del 2% para su importación. Sólo se permitió el libre ingreso a los productos producidos en el país (Clarín, 11/03/92). Además, mediante otro decreto del Ejecutivo, se prohibió la importación de motos y sólo se permitió el ingreso de motores de gran porte, aunque abonando un arancel del 15%. Finalmente, se le "perdonó" al sector automotor el déficit generado por las importaciones con bajo arancel (Página 12, 07/05/94 y 03/06/94). Para un detalle de las características y las modificaciones en relación al régimen del sector, véase Azpiazu (1995).

51 Datos extraídos de www.indec.gov.ar

52 Este sector se beneficiará, además, con reembolsos de 4 a 18% a la exportación, medida que contará con el apoyo del presidente de COPAL (Página 12, 29/06/94).

53 Datos extraídos de www.indec.gov.ar

54 Para un análisis de la relación entre el sindicalismo y el menemismo durante la primera presidencia de Menem, véase Senén González y Bosoer (1999) y Alonso (2000). Hemos trabajado este tema también en Fair (2008a).

55 En realidad, la reducción de los aportes patronales fue llevada a cabo en dos partes. En una primera etapa, en diciembre de 1993, se estableció la reducción en el agro, la industria y construcción. Unos meses después, en agosto de 1994, se redujeron los montos de comercios, servicios y transportes (Página 12, 19/08/94).

56 Entre marzo y diciembre de 1991, el índice bursátil se elevará de 60.229.722 millones de dólares a 178.560.205 millones, lo que representa un ingreso casi el 300% en sólo 9 meses (Informe económico de coyuntura, Año 10, Nº107, febrero 1992)

57 Desde la puesta en marcha del Plan, y hasta agosto del ´94, los créditos totales otorgados por el sistema bancario se elevarán de 23.823 millones de dólares a 55.000 millones. Los préstamos en pesos crecerán 52% y en dólares, 267%. Además, los créditos hipotecarios en dólares aumentarán un 267,4%, representando el 65% del total de los créditos otorgados. Al mismo tiempo, los "autoplanes" pasarán de 25.490 en 1990 a 151.690 en 1991 y 402.840 en 1993 (Página 12, "Cash", 14/08/94).

58 Sólo en el período abril-agosto de 1991, los depósitos totales se incrementarán un 32,5%, un 89,1% en cuenta corriente y un 52,5% en plazo fijo (ADEBA, 1991).

59 Redrado nombrará entre las principales resoluciones tomadas la tipificación "por primera vez", de los delitos en el manejo de la oferta pública, como el fraude y la manipulación del mercado, delitos que, en palabras del presidente de la CNV, "por increíble que parezca, ni siquiera estaban considerados por nuestra legislación, situación que eliminaba cualquier posible interés extranjero por invertir en nuestro mercado" (ABRA, 1994: 308).

60 Incluso el Efecto Tequila, de diciembre de 1994, no impedirá que los grandes empresarios nacionales y extranjeros crecieran a niveles mucho mayores al resto de la economía. Ello se debe a que la retracción del consumo fue acompañada por un crecimiento muy acentuado de las exportaciones en el que la incidencia de las grandes firmas fue decisiva (véase Basualdo, 2000, 2006: 313).

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Revista Noticias (varios números)

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Página oficial del INDEC: www.indec.gov.ar