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Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal

versión On-line ISSN 1851-3727

Doc. aportes adm. pública gest. estatal  no.27 Santa Fe dic. 2016

 

«Para el servicio civil que merece un país en serio. Hacia la consolidación del derecho de igualdad de todo ciudadano a ingresar a la Administración Pública por concursos de méritos y capacidades»

de Eduardo A. Salas y Marcelo V. Wegman.
Cuaderno de Administración Nº 1; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública, 2016.

por José Vigil

No debería ser ajeno al lector de esta revista saber al menos remotamente que el Estado argentino ha pasado por innumerables procesos de reformas y modernizaciones inspiradas en variadísimas, a veces superpuestas y en ocasiones contradictorias corrientes conceptuales e ideologías políticas. En los últimos 40 años casi todos los gobiernos democráticos plantearon profundos cambios estructurales en el Estado y la administración pública; y antes de eso también. Sin embargo, en la mayoría de los casos, un aspecto conceptual fue dado por cierto: que el ingreso a la administración pública debería basarse en el criterio de idoneidad1. Y aunque es una idea propuesta hace casi 100 años, quizá principalmente por un conocido sociólogo llamado Max Weber, y utilizada para intentar revertir las características de la administración pública patrimonial en todo el mundo, su aplicación concreta y generalizada en la administración pública argentina es aun una deuda pendiente. Vale decir que es además un elemento redescubierto recientemente en los debates sobre las estructuras internas del Estado2.

En ese marco de deudas pendientes, el libro de Eduardo Salas (Politólogo, USAL) y Marcelo Wegman (Abogado, UBA) se propone analizar el ingreso a la administración pública en Argentina. Los autores indican que esa idoneidad que favorecería la profesionalización de la burocracia estatal para mejorar la prestación de servicios públicos se garantiza(ría) por el procedimiento del concurso, esto es, por la realización de una convocatoria a la ciudadanía (debidamente divulgada) para que un órgano de selección (transparente) determine con herramientas adecuadas de evaluación de conocimientos, técnicas y destrezas (e incluso personalidad) en relación a una tarea específica determinada de antemano, quién es la persona (aspirante) más indicada para realizar una tarea u ocupar un puesto requerido.

Este disparador, simple y profundo, sobre el concurso como garante de la idoneidad requerida para profesionalizar la administración pública, es el eje articulador del trabajo, que propone, a juicio de este reseñador, tres diferentes niveles de análisis.

Un nivel inicial de diagnostico sobre el estado de situación del personal civil de la administración pública nacional, donde se destacan las innumerables formas diferentes de vinculación del personal, y se indaga sobre las divisiones y relaciones entre el personal político y el denominado de carrera, sobre los derechos del personal transitorio y el permanente, y sobre los problemas estructurales vinculados a la relación entre ambos grupos de empleados (en concreto el envejecimiento del personal de carrera y el crecimiento del personal no permanente).

Un segundo nivel histórico analítico que indaga sobre los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales vinculados al ingreso a la administración pública, incluyendo normativas constitucionales, tratados internacionales, leyes y acuerdos paritarios, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto nacional como provinciales y municipales. Se propone una interesante reconstrucción del marco normativo del empleo público y su ingreso en Argentina. Lo novedoso es que esta reconstrucción es lo que posiciona a los autores en la discusión no sobre la eficiencia y eficacia del Estado (hartamente discutidas en la bibliografía de la administración pública y no siempre favorable al empleado público) sino sobre las garantías del aspirante a la función pública a que se evalué su idoneidad de manera transparente para la generación de una burocracia competente. Es decir, se busca contribuir a asegurar la protección del derecho (individual y colectivo) a ingresar a la administración pública evitando la captura de ese ingreso por los actores políticas, gremiales o corporativos.

Finalmente, el trabajo tiene un tercer nivel, de recomendaciones generales, para avanzar concretamente en la consolidación del empleo público profesional, donde se urge a su vez a los policy makers a que se apropien de este andamiaje teórico normativo para que la profesionalización certera del servicio civil deje de ser un sueño lejano e inconstantemente irrealizable por las sucesivas modernizaciones ocurridas y por ocurrir: que la administración publica se componga de agentes ingresados solo en base a sus meritos y capacidades públicamente demostradas frente todos aquellos con derecho a competir.

Es un trabajo de tremenda actualidad (ver Salas & Wegman, 2016) (y ver Llano, este número), muy útil para todos los académicos y profesionales interesados en indagar sobre las características del sistema legal vinculado al ingreso del servicio civil a la administración pública en la Argentina reciente.

NOTAS
1 Aunque ha habido algunos elementos de discusión sobre la manera de comprender cómo se vislumbra la idoneidad del aspirante al cargo público, con replanteos recientes de las corrientes postburocráticas de focalizar menos en los elementos de la educación formal del aspirante y más en sus competencias personales (ver Carta Iberoamericana de la Función Pública, Santa Cruz de la Sierra. Bolivia, 2003).

2 Ver http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/ numero-4_15

BIBIOGRAFÍA
1. Salas, E., & Wegman, M. (2016).
El empleo público, por concurso, Clarín, 16/01/16. Buenos Aires (en http://www.clarin.com/opinion/Administracion_Publica-Igualdad-Justicia- Servicio_Publico_0_1505249533.html).         [ Links ]

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