Demandas, negociaciones y resignificaciones de emprendedores y cooperativistas en vinculación con políticas orientadas a la economía social solidaria en la ciudad de Rosario 2003-2015

Sofía Vitali *
CONICET-NET

Cecilia Cavigliasso **
CONICET-NET/ISHIR

Licia Lilli ***
CONICET-NET

*mailto: sofiamvitali@gmail.com
**mailto: ceciliacavigliasso@hotmail.com
***mailto: licialilli@gmail.com

RESUMEN
En el siguiente artículo nos proponemos analizar diferentes experiencias productivas y políticas orientadas a la economía social solidaria en la ciudad de Rosario. Con este fin, en un primer momento, describimos algunos aspectos particulares de las políticas desarrolladas desde la Subsecretaría de Economía Solidaria de la municipalidad de Rosario, atendiendo al contexto nacional y local en que se conforma dicha dependencia. En particular, nuestro interés radica en abordar las heterogéneas prácticas, relaciones y significaciones que construyen sujetos emprendedores y cooperativistas en las interacciones con las políticas sociales. Para este análisis haremos referencia a las diversas trayectorias de los sujetos que confluyen en la conformación de las distintas experiencias y en las modalidades de vinculación con el Estado. Mediante este análisis, buscamos reconstituir el campo transaccional configurado en torno a las políticas sociales de economía social solidaria, destacando las concesiones estatales a las demandas de los sujetos y las sujeciones/adaptaciones de éstos a los requerimientos de las políticas, normativas, regulaciones y controles.

PALABRAS CLAVE:Políticas sociales; Economía Social Solidaria; Campo transaccional.

ABSTRACT
In the following article we propose to analyze different productive and political experiences oriented to the social economy in the city of Rosario. To this end, we first described some specific aspects of the policies developed from the Under-Secretariat for Solidarity Economy of the municipality of Rosario, taking into account the national and local context in which this dependency is formed. In particular, our interest lies in addressing the heterogeneous practices, relationships and meanings that construct entrepreneurial and cooperative subjects in interactions with social policies. For this analysis we will make reference to the diverse trajectories of the subjects that come together in the conformation of the different experiences and in the modalities of connection with the State. Through this analysis, we seek to reconstitute the transactional field configured around the social policies of solidarity social economy, highlighting the state concessions to the demands of the subjects and the subjections / adaptations of these to the requirements of the policies, regulations, regulations and controls.

KEY WORDS:State policies; Social economy; Transactional field.

RECEPCIÓN: 29/10/16
ACEPTACIÓN FINAL: 05/04/17

1. INTRODUCCIÓN
Los postulados y prácticas en torno a la Economía Social Solidaria¹ han cobrado creciente revitalización y relevancia en el contexto de las sucesivas crisis del sistema capitalista y sus consecuencias. Dichos postulados son recuperados discursivamente en el diseño e implementación de política sociales orientadas a la promoción del empleo y el trabajo asociativo, así como también, en relación al creciente desarrollo de experiencias productivas por parte de organizaciones y movimientos sociales.

Dentro del campo académico esta temática ha cobrado gran relevancia articulándose en torno a diferentes ejes de discusión. En primer lugar, identificamos una serie de estudios que hacen referencia a estas heterogéneas experiencias enfatizando en su carácter alternativo en tanto son concebidas como subsistema de la economía que a diferencia de la “economía empresarial capitalista” y de la “economía pública”, está orientado hacia la reproducción ampliada de la vida de todos y no por la acumulación de capital. En tal sentido, la economía social solidaria es pensada como propuesta transicional que orienta prácticas transformadoras desde la economía mixta existente hacia otro sistema socioeconómico con otra racionalidad diferente (Coraggio, 2007; Abramovich y Vázquez, 2007; Deux Marzi y Vázquez, 2009; Hintze, 2007).

Frente a estos postulados, otros autores señalan que estas iniciativas se han transformado en parte constitutiva de la dinámica de acumulación de capital, y que resulta un error entender que la expansión de la economía social solidaria –la cual se desarrolla en los márgenes del sistema- pueda revertir y alterar sustancialmente la esencia de la lógica del sistema productor de mercancías y de valorización del capital (Antunes, 2005; Trinchero, 2007; Presta, 2011; Quijano, 2011).

Otro conjunto de investigaciones se abocaron al estudio de las políticas de economía social solidaria que tuvieron particular desarrollo en el contexto post 2001. Las transformaciones con respecto a las políticas de la década pasada, así como las continuidades, han constituido un eje de debate en las investigaciones sobre el tema. Distintos trabajos indagaron en torno a las limitaciones de estas políticas, ya que se preguntan si las mismas abonan a procesos de desresponsabilización del Estado a partir del empoderamiento de los beneficiarios, individualizando así, problemas sociales. En tal sentido, asocian dichas políticas a las propuestas del Tercer Sector y del Banco Mundial (Strada Rodríguez, 2012; Cioli, 2013).

Ciertas investigaciones se han focalizado en el análisis de las distintas líneas de estas políticas sociales prestando atención a los sentidos construidos sobre el trabajo, quiénes son los beneficiarios y qué tipo de inclusión social se proponen (Grassi, 2012; Hopp, 2011). Por otro lado, un conjunto de etnografías procuran restituir los modos de relación entre políticas estatales, demandas e iniciativas de conjuntos subalternos. De esta manera, focalizan en las interacciones entre los mismos como parte de una serie de relaciones activas y analizan cómo los dispositivos estatales y las acciones colectivas se inscriben en los modos de vida de estos conjuntos (Fernández Álvarez, 2007, 2009; Grimberg, 2009; Manzano, 2013, 2008)

Existe una interesante línea de indagación que intenta iluminar la complejidad que adquieren las iniciativas de economía popular dando cuenta de las zonas grises en las que se articulan una pluralidad de formas laborales que ponen de relieve el carácter tensional de dichas experiencias organizativas y laborales. Así, estos trabajos dan cuenta del carácter heterogéneo, contingente y ambiguo de estas experiencias en que se mixturan formas comunitarias, tácticas populares de resolución de la vida, emprendimientos de redes informales, como los modos y estrategias políticas de dichos trabajadores (Carenzo, Miguen, 2010; Gago, 2014; Motta, 2014; Fernández Álvarez, 2016).

Dentro de los estudios realizados en la ciudad de Rosario², existen diferentes líneas de investigación que provienen de las Ciencias Políticas y la Antropología. El trabajo realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo (CIET), se centró en el estudio de empresas recuperadas y los obstáculos y dificultades para el desarrollo de la autogestión en el contexto de una sociedad capitalista y de mercado, haciendo referencia a las precariedades estructurales y coyunturales con las que conviven, tanto económicas, políticas y jurídicas (Lagiu, Tavella, Valentino, 2009).

Por otro lado, una serie de estudios aportaron al conocimiento de las políticas desarrolladas por el municipio rosarino a través de distintos programas de la Subsecretaría de Economía Solidaria (Abella, Barbieri, De Castro, 2011; Giavedoni; 2013). Al interior del Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social (NET), venimos desarrollando investigaciones acerca de distintas formas productivas: emprendimientos productivos desarrollados al interior del ámbito doméstico, huertas familiares y comunitarias y emprendimientos productivos bajo el formato jurídico cooperativo, desde una perspectiva histórica, en la cual articulamos procesos de trabajo, relaciones laborales y formas de respuestas organizativas de los trabajadores.

En base a este recorrido, en el siguiente artículo nos interesa colocar la mirada en las significaciones y prácticas cotidianas que los sujetos que integran distintas experiencias productivas, ponen en juego en su relación con las políticas sociales de economía social solidaria, resituando estos procesos en los marcos más amplios de las relaciones y procesos de hegemonía

Con este fin, en un primer momento, nos detendremos a describir algunos aspectos particulares de las políticas sociales orientadas a la economía social solidaria desarrolladas por el municipio rosarino a partir del año 2004, momento en que se crea la Subsecretaría de Economía Solidaria, actualmente denominada Secretaría de Economía Social³. Haremos referencia al contexto nacional y local en que se conforma esta dependencia en relación a procesos sociales y políticos que emergen a fines de la década del ‘80 y los ‘90 en la ciudad. En aquel momento, podemos observar que proliferaron diversas estrategias de subsistencia y experiencias organizativas por parte de los sectores populares en respuesta al crecimiento de la desocupación y la pobreza. En vinculación a estos procesos se fueron dando una serie de transformaciones y reconfiguraciones en las políticas municipales, con el objetivo de contener y dar respuesta a la crisis social que se agudizaba en la ciudad.

Posteriormente, abordamos las heterogéneas prácticas, relaciones y significaciones que construyen los sujetos emprendedores y cooperativistas en las interacciones con las políticas sociales. En tal sentido, analizamos la experiencia de emprendedores que participan de un Programa de la Subsecretaría de Economía Solidaria. Y por otro lado, abordamos el proceso de conformación legal de la cooperativa Mercado de Rosario, la cual se constituye jurídicamente como cooperativa de producción y consumo en el año 2004.

Mediante este análisis buscamos dar cuenta de algunos procesos transaccionales que se configuran en torno a las políticas sociales de economía social solidaria, destacando las concesiones estatales a las demandas de los sujetos y las sujeciones/adaptaciones de éstos a los requerimientos de las políticas, las normativas, regulaciones y controles.

2. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Para analizar las interacciones de los sujetos con el Estado, nos interesa recuperar un enfoque socioantropológico político centrado en la categoría de hegemonía, que nos permite atender a las articulaciones y relaciones entre procesos de dominación, resistencia, lucha y conflicto (Manzano, 2013). Específicamente haremos referencia a las vinculaciones de los sujetos con las políticas sociales, las cuales constituyen la forma de intervención social del Estado en el modo de reproducción de las condiciones de vida de distintos sectores sociales. Las mismas conllevan orientaciones hegemónicas en cuanto a la responsabilidad que asume el Estado en la reproducción y quiénes son reconocidos como sujetos de las políticas. En su construcción intervienen una diversidad de actores sociales, estatales y no estatales, que están estructuralmente ubicados de manera desigual y detentan cuotas diferenciales de poder para imponer sus intereses (Raggio, 1997). De esta manera, el sentido político-ideológico de tales políticas expresan la configuración de los rasgos básicos del modelo social de acumulación (Grassi, Hintze, Neufeld, 1996). Así, siguiendo a Thwaites Rey (2005), las políticas sociales, como parte de las políticas estatales constituyen una toma de posición del Estado frente a una determinada cuestión socialmente problematizada. Esto implica que es una parte relevante de un proceso social más abarcativo, atravesado por las luchas y contradicciones sociales que constituyen el Estado en tanto relación social de dominación (Thwaites Rey, 2005).

Para nuestro trabajo, consideramos el carácter procesual de la hegemonía, en el sentido que plantea R. Williams (1977), como un proceso histórico de configuración de relaciones de poder que genera marcos cambiantes para el ejercicio de la dominación y la resistencia, la aceptación, el consentimiento y la negociación (Williams, 1977). En este sentido, nos referimos a relaciones de poder activamente construidas, que articulan de manera tensa coerción y consenso. Este concepto destaca el rol de agencia y las múltiples acciones e interacciones entre sectores sociales dominantes y subalternos, en un proceso de mutuas apropiaciones y resignificaciones (Grimberg, 2009)

En tal sentido, resulta pertinente para nuestro estudio, considerar el concepto de campo transaccional en tanto categoría descriptiva que permite dar cuenta de los modos de operatoria cotidiana de las relaciones de hegemonía. Esta perspectiva contribuye a captar las contradicciones de los procesos y las relaciones de poder, entendidos como partes de una relación de dominación/subordinación activa, que articula en tensión prácticas de confrontación- negociación-concertación, coerción-consenso, resistencia- reproducción (Grimberg, 1997; Manzano, 2013).

En cuanto a la orientación teórico-metodológica, recuperamos el enfoque antropológico relacional (Achilli, 2005; Menéndez, 2010). Desde esta perspectiva, priorizamos el estudio de la cotidianeidad social de los sujetos, sus prácticas, significaciones y construcciones de sentidos en relación a los contextos socio-históricos. De esta manera, buscamos dar cuenta de la articulación de los fenómenos en el contexto global de las prácticas y relaciones, así como de la operatoria de procesos socio-culturales, políticos y económicos (Grimberg, 2009). Un aspecto característico de este enfoque es la circularidad entre teoría y campo, la cual contribuye a una construcción del conocimiento desde la originalidad y particularidad de la problemática específica de estudio y no meras verificaciones de teorías (Rockwell, 2009).

Siguiendo esta perspectiva, nuestra investigación combinó diferentes estrategias metodológicas: entrevistas en profundidad a los integrantes de las experiencias productivas, así como también, a trabajadores y funcionarios estatales, lo que nos permitió aproximarnos a los diversos actores significativos que intervienen en el campo problemático y analizar las significaciones y construcciones de sentidos de los sujetos. A su vez, realizamos observaciones en los lugares de trabajo y en distintas situaciones, lo que constituyó una herramienta privilegiada para el acceso a las prácticas e interacciones cotidianas. Por último, el relevamiento y análisis de fuentes secundarias, material documental y legislación vigente nos permitió triangular y complejizar la información proveniente de entrevistas y observaciones.

En relación a los emprendimientos, fueron relevadas diferentes unidades productivas de beneficiarios de políticas de economía social solidaria vinculadas al municipio rosarino (emprendimientos desarrollados principalmente al interior del ámbito doméstico, huertas familiares y comunitarias). El criterio de selección de estas unidades residió, por un lado, en tomar en consideración los rubros productivos más representativos y, por otro lado, su localización, es decir, los lugares de residencia y producción de los emprendimientos. El trabajo de campo se centró en dos asentamientos irregulares, uno localizado en el distrito Oeste⁴ de la ciudad -el cual registra el mayor número de emprendimientos- y otro, en el distrito Sudoeste. También hicimos trabajo de campo en huertas comunitarias localizadas en los distritos Sur y Centro de la ciudad. Realizamos un total de 54 entrevistas en profundidad a emprendedores de distintos rubros productivos durante el período 2007/2015, 22 observaciones participantes en los espacios de producción (hogares de familia) y en las ferias distritales (espacios cedidos para la comercialización ubicados en diferentes espacios públicos de la ciudad).

Por otro lado, el trabajo de campo en la cooperativa se extendió desde el año 2007 al 2015 y se basó en la realización de un total de 21 entrevistas en profundidad y observaciones. También incluimos entrevistas a agentes del Estado municipal, particularmente a trabajadoras de la Subsecretaría de Economía Solidaria y la Dirección de Cooperativa. A esto se le sumó la información proveniente de documentación escrita de la cooperativa, actas de reuniones, página web, volantes y folletos, estatutos, documentación legal y resoluciones municipales.

3. LA CONFORMACIÓN D ELA SUB-SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN ROSARIO
En el siguiente apartado describiremos el proceso de conformación de la Subsecretaría de Economía Solidaria, la cual se crea bajo la órbita de la Secretaría de Promoción Social del municipio rosarino en el año 2004. Tomaremos en consideración el contexto histórico y social en el que se desarrollan estas políticas y su vinculación con algunas tendencias a nivel nacional. Luego, referiremos a algunas particularidades locales rastreadas a partir de nuestro trabajo de campo, entre las que se destaca la configuración del entramado de actores involucrados en la política, puntualmente la vinculación con algunos referentes de organizaciones populares que luego formarán parte orgánica de la misma. Finalmente, se analizan los aspectos institucionales y operativos de su funcionamiento.

En Argentina, en el contexto del 2001 y con más claridad a partir de la gestión de gobierno del 2003, se plantea una reorientación de las políticas sociales que tendrán a la economía social como uno de los ejes centrales para la generación de inclusión social. Estas políticas son presentadas desde los discursos de funcionarios y agentes estatales en oposición a las políticas asistenciales y focalizadas⁵ propias de la década anterior. Este viraje se inscribe en un contexto económico, social y político signado por los efectos de la aplicación de medidas de corte neoliberal durante los ´90. Entre estos se destacan, los elevados niveles de desempleo, informalidad y precariedad laboral, como también de altos índices de conflictividad social, que tenían como protagonistas principales a trabajadores desocupados y del sector informal.

Consideramos que la rebelión⁶ producida en el año 2001, visibilizó con mayor intensidad procesos colectivos, sociales y políticos que, desde fines de la década del ‘90, tensionaban y comprometían al Estado, a través de formas organizativas, luchas y resistencias re-creadas por los sectores subalternos para enfrentar los embates de un sistema cada vez más excluyente (Manzano, 2013). Entre los procesos de resistencia y conflictividad social se combinaba la confrontación abierta en las calles y sus demandas frente a los poderes públicos, como también la búsqueda de alternativas de subsistencia. En este contexto, los sectores populares recrearon un sinnúmero de emprendimientos productivos y de servicios, conformando cooperativas populares y emprendimientos barriales o familiares.

A partir de la gestión de gobierno que asume en el año 2003⁷, comienza un proceso de reconstrucción del poder y legitimación del Estado y de normalización del conflicto social, proceso que se desarrolló sobre la base de la incorporación de demandas de los sectores movilizados antes descritos. Especialmente significativo fue el giro en materia de política social hacia las organizaciones de desocupados y sus demandas (Piva, 2013). Estas políticas tuvieron como objetivo contribuir a la generación de empleo y la inclusión social, incentivando proyectos productivos asociativos y formas de trabajo autogestionadas que permitan la autosustentación⁸ (Ciolli, 2013, Castelao Caruana, 2009). De esta manera, consideramos que estas políticas expresan y recuperan demandas y reivindicaciones de las experiencias que se venían desarrollando a la luz de la creatividad y capacidad de organización de los sectores sociales más castigados por las consecuencias del neoliberalismo (Ciolli, 2013).

En la ciudad de Rosario en el año 2004, y en consonancia con los procesos descritos a nivel nacional, se crea la Subsecretaría de Economía Solidaria bajo la órbita de la Secretaría de Promoción Social del municipio rosarino. Esto hizo de la ciudad una de las primeras en crear una dependencia estatal específica para contener, impulsar y acompañar las distintas iniciativas económicas recreadas desde los sectores populares frente a la crisis, planteando la importancia de apoyar este sector excluido de la economía local (Experiencia de Gobernabilidad, 2006).

En relación al proceso de conformación de la Subsecretaría y su funcionamiento, nos interesa dar cuenta de algunas particularidades del contexto socio histórico local y las modalidades de vinculación construidas con diferentes actores sociales de la ciudad. En este sentido, podemos observar el fuerte impacto que tuvo el proceso de desindustrialización iniciado durante el gobierno militar de 1976, el cual modificó la fisonomía del cordón industrial del Gran Rosario mostrando el rostro del desempleo, el subempleo, la precarización y la marginalidad (Rodríguez, 2001). Durante los años ´80, estos procesos se agudizaron a partir de las altísimas tasas de inflación que llevaron, hacia fines de la década, a las intensas olas de protestas sociales conocidas como los saqueos a supermercados y comercios, siendo Rosario uno de los epicentros del conflicto, particularmente la zona sur. El hambre se constituyó así en el principal y casi excluyente móvil unificador del accionar colectivo (Viano y Aguila, 2006). En este momento, resulta significativa la emergencia de distintos procesos de organización colectiva, como fueron la toma de tierras, la emergencia de huertas comunitarias, la creación de comedores populares y emprendimientos productivos.

Asimismo, en relación a estos procesos, se destaca la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB)⁹. Ubicamos que las mismas se desarrollan en la ciudad desde mediados de la década del ‘80 en diferentes barrios periféricos de la ciudad, entre ellos Villa Banana, La Boca, Bella Vista, San Francisquito, Triángulo, Ludueña, etc. Las instituciones que funcionaban por entonces eran San Francisquito de los Pobres, María Madre, San José Obrero, La Consolación, María Eva, Mensajeros de Jesús, Grupo Obispo Angeleli (GOA), etc. Estos desarrollaban diferentes actividades comunitarias que daban respuestas a las principales necesidades de los barrios: comedores populares, huertas comunitarias y diferentes iniciativas productivas.

Durante la década del ‘90 se conforman también la mayoría de los nodos o clubes de trueque¹⁰ de la ciudad, los cuales tuvieron su momento de máxima expansión y crecimiento con la crisis del 2001, en un contexto de colapso del sistema financiero y bancario argentino, que aunó la recesión económica, la disminución del dinero circulante, y el aumento del número de trabajadores desocupados.

Asimismo, hacia mediados de los años ‘90 encontramos la experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores. Se registran diez casos de empresas recuperadas en el Gran Rosario, la más antigua de ellas, la Carrocera DIC, que empezó la lucha por “mantener la fuente de trabajo” en 1996 y hoy es una cooperativa de trabajo.

En cuanto a los modos de articulación de estas experiencias previas con la conformación de la Subsecretaría, se destaca que la misma surge como parte de un Sublema¹¹ que acompañó al Frente Progresista Cívico y Social¹² con la candidatura de Miguel Lifschitz a Intendente de la ciudad en el año 2003. Dicho Sublema (Y33) estaba constituido por dirigentes sociales de impronta cristiana provenientes de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), que como mencionamos anteriormente tenían un amplio desarrollo en diferentes barrios de la ciudad de Rosario. Frente al triunfo de este candidato, se conforma la Subsecretaría que pasa a estar integrada por miembros de este grupo. A su vez, uno de los dirigentes sociales de mayor referencia es designado Subsecretario, el cargo máximo de esta dependencia estatal.

Por otro lado, identificamos ciertas vinculaciones entre el Programa de Agricultura Urbana promovido por la municipalidad desde el año 2002 y experiencias colectivas en torno a la producción de alimentos. Nos referimos puntualmente a vecinos y militantes del barrio Saladillo Sur, quienes a fines del año ‘89 conformaron una Organización No Gubernamental denominada Centro de Estudios para la Producción Agroecológica (CEPAR). A partir de ese momento, CEPAR impulsó el desarrollo de huertas familiares, comunitarias, barriales y escolares como búsqueda de paliativos a los efectos devastadores de la hiperinflación de 1989/91. Más tarde, con la conformación de la subsecretaría, los fundadores de esta ONG serán incorporados a los cargos de coordinación del Programa de Agricultura Urbana que se integra al organigrama de esta dependencia (Relato Institucional del Programa, s/f).

En este sentido, nos interesa destacar que el proceso de conformación de la Subsecretaría es expresión de múltiples interacciones del Estado municipal y organizaciones populares en torno a la problematización de la cuestión del desempleo y la emergencia de heterogéneas prácticas sociales de los sectores subalternos. De esta manera, observamos que la impronta de la Subsecretaría recupera diferentes experiencias de organización previa que venían desarrollándose en el marco de la crisis.

Pasando a describir el organigrama y objetivos de la Subsecretaría, observamos que la misma se estructuró bajo tres líneas de trabajo: cooperativas, fábricas recuperadas y emprendimientos productivos. Dentro del primer eje se ubica la Dirección de Acción Cooperativa y Mutual, donde se llevan a cabo capacitaciones y asesoramiento a cooperativas y mutuales en aspectos educativos, organizativos, socioeconómicos y jurídicos y se administran líneas nacionales de financiamiento. En cuanto a los emprendimientos, relevamos un fuerte y novedoso desarrollo institucional sustentado en ocho programas específicos por rubros de producción como son: Agricultura Urbana, Alimentos, Producciones animales, Pesca artesanal, Artesanías, Vestimenta y Calzado, Servicios a la construcción y Reciclado de residuos.

Estos programas estimulan la generación de emprendimientos productivos, donde la intervención estatal queda mediatizada por el trabajo, o mejor dicho, por el estímulo al autoempleo a partir de la prestación de herramientas, insumos, capacitaciones y especialmente la generación de normativas tendientes a la institucionalización y legalización de estas formas productivas. En este sentido, se crea el Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales¹³ , constituido en el año 2000, que es incorporado al funcionamiento de la Subsecretaría, con el objetivo de recolectar y almacenar los datos pertenecientes a los diversos emprendimientos productivos existentes en la ciudad. Por otro lado, se crea un sistema para auditar los productos alimentarios fabricados y comercializados en la ciudad, denominado Gestión de Inocuidad de Producto (GIP)¹⁴, creado en el año 2001.

En cuanto al modo de implementación de los Programas, se recupera la dinámica territorial, es decir la intervención situada en los distintos barrios periféricos, donde se desarrollan estas experiencias productivas. Así, son creados centros de atención específicos en los diferentes Centros Municipales de Distritos, donde se localizan Promotores de Economía Solidaria que deben informar y conectar a los interesados en conformar emprendimientos con los programas. Observamos que el abordaje desde lo territorial, se realiza con el fin de alcanzar sólo a la población objetivo de intervención. De esta manera, el territorio mismo es objeto de intervención focalizada, dejando de lado los mecanismos que regulan el mercado de trabajo y las condiciones de empleo (Cravino, 2004). Así, las acciones estatales se focalizan en el apoyo a las unidades productivas (tanto cooperativas como microemprendimientos) de forma puntual, y se hace hincapié en la asistencia técnica o distintos tipos de subsidios no reembolsables según los casos. El objetivo es la generación de emprendimientos productivos en el territorio como formas alternativas de resolución de situaciones de desocupación, precarización y/o pobreza. El supuesto en el que se sustenta su intervención es que bajo la forma de emprendimientos se recupera el capital social de los sujetos beneficiarios, superando así las intervenciones asistenciales.

Para la comercialización de las producciones de los emprendedores se crearon cinco ferias distritales de verduras y productos artesanales que funcionan una o varias veces por semana en espacios públicos de la ciudad y mediante un convenio con la Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha - empresa recuperada por sus trabajadores- se dispuso un espacio permanente de comercialización en el Centro Cultural La Toma. También se establece la Ley 25865 y el Decreto 189/04, los cuales crean la categoría de Monotributo Social y el Registro Nacional de Efectores Sociales por el cual se tiene acceso a la emisión de facturas, una cobertura médica para la familia con idénticas prestaciones que reciben el resto de los afiliados monotributistas en cualquiera de las Obras Sociales Sindicales. El Registro fue creado para facilitarles a los Efectores poder desarrollar esas actividades productivas e incorporarse a la economía formal.

En suma, observamos que estas políticas expresan y recuperan demandas, reivindicaciones y formas organizativas colectivas que se venían desarrollando en la ciudad, orientándose, principalmente a la institucionalización y legalización de estas diferentes formas productivas. Sin embargo, observamos que el énfasis en el emprendedurismo también sostiene elementos de focalización y responsabilización de los propios sujeto, ya que se apela al voluntarismo y a la capacidad emprendedora de los trabajadores desocupados sin atender a los mecanismos excluyentes del mercado de trabajo.

 4. LAS POLÍTICAS COMO CAMPO TRANSACCIONAL: CONCESIONES, DEMANDAS Y ADAPTACIONES
A continuación nos interesa analizar las heterogéneas prácticas, relaciones y significaciones que construyen emprendedores y cooperativistas en su vinculación con las acciones, marcos normativos y disposiciones desarrolladas por la Subsecretaría de Economía Solidaria. En este sentido, nos parece importante, en un primer momento, presentar brevemente a los sujetos que participan de los emprendimientos y la cooperativa dando cuenta de algunos aspectos que constituyen sus trayectorias, motivaciones y situaciones que incidieron en su participación. Consideramos que algunos de dichos aspectos han aportado de diverso modo a los procesos que devinieron en la conformación de las distintas experiencias analizadas, las modalidades organizativas que asumieron y la relación que establecen con el Estado.

Para el análisis tomaremos el recorrido de una pareja de emprendedores que participa del Programa de Alimentos de la Subsecretaría y, por otro lado, describimos el proceso de conformación legal de la cooperativa Mercado de Rosario. Tendremos en cuenta cómo las regulaciones, normativas y legislaciones condicionan las experiencias analizadas y las tensiones que se generan en la práctica cotidiana de los sujetos. De esta manera, buscamos dar cuenta de algunos procesos transaccionales que se configuran en torno a las políticas de economía social solidaria atendiendo a los procesos de adaptación, cuestionamiento, disputa, aceptación y apropiación que se generan el marco de las interacciones de los sujetos con el Estado.

4.1. LOS EMPRENDEDORES: TENSIONES, ADAPTACIONES Y DEMANDAS EN SU INTERACCIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
Como señalamos en el apartado anterior, relevamos que gran parte de los emprendedores que participan de los programas de la Subsecretaría de Economía Solidaria en Rosario, realizaban entre otras estrategias de reproducción, emprendimientos alimenticios, textiles y producción en huertas, desde fines de la década del ‘80 y durante los ‘90. Estas iniciativas se constituían como respuesta frente la vivencia del desempleo o las dificultades de acceso al mercado de trabajo, adquiriendo gran envergadura en la ciudad durante la crisis del 2001. Las trayectorias de vida de los casos analizados, permitieron identificar una heterogeneidad de experiencias, en las que se articulan tradiciones laborales formales e informales, migraciones internas, tradiciones organizativas y políticas. La mayoría de los emprendimientos relevados se caracterizan por la producción independiente y doméstica, ya que la actividad se realiza en el ámbito del hogar, llevada adelante por familiares y conocidos principalmente. A su vez, ésta presenta condiciones de cierta precariedad, dado que, en líneas generales, cuentan con escasos recursos materiales para iniciar la producción, utilizando medios de trabajo no industriales, con baja capacidad productiva y con bajo volumen de venta de los productos elaborados.

Según datos de la Subsecretaría se registra un total de 991 emprendimientos llevados a cabo por 3033 personas. En cuanto a sus principales características se destaca que la mayoría de los emprendedores tienen entre 20 y 40 años (43%), seguidos por emprendedores de entre 40 y 60 años (26%). El 63% del total son mujeres. En cuanto a los rubros productivos más numerosos, los mismos son la producción de panificaciones o elaboración de pastas caseras (315 emprendimientos), seguido por huerta (161 emprendimientos) y dulces. El nivel educativo de los emprendedores es variable: el 27% tiene la primaria completa, el 10% del total tiene el secundario completo y un 7% del total ha accedido a algún nivel terciario o universitario.

Para el análisis de las interacciones cotidianas de los emprendedores con las diferentes acciones de la Subsecretaría, hemos seleccionado un emprendimiento dedicado a la producción de Granola y turrones de cereal, que es llevado a cabo por una pareja de entre 36 y 38 años. En tal sentido, recorreremos las diferentes instancias por las que atraviesan al ponerse en contacto con la Subsecretaria, esto es, desde el momento del registro del emprendimiento, su participación en las ferias y eventos organizados por la misma y la relación con los subsidios municipales y nacionales.

Dicha pareja desarrolla el emprendimiento desde el año 2005 y se vinculan a la Subsecretaría en el 2008 con el objetivo de lograr los avales correspondientes para la habilitación municipal de sus producciones alimenticias en la ciudad. A partir de ponerse en contacto con la Subsecretaría y sus diferentes instancias burocráticas, se desarrollaron una serie de tensiones vinculadas a los requisitos e instancias administrativas y sus necesidades como productores. En este sentido, los emprendedores señalan que para poder acceder a las habilitaciones y sistema de ferias los emprendimientos deben ser inscriptos en el Registro de Emprendimientos, lo que es un trámite muy lento que dura más de un año.

Este trámite implica el despliegue de ciertos saberes técnicos que deben desarrollar los emprendedores para poder reunir la información requerida. El acceso al Registro se hace mediante fichas de Identificación de Emprendimientos Productivos, las cuales se componen de datos personales de los integrantes del emprendimiento, nº de CUIL, cantidad de integrantes del emprendimiento, sector económico, rubro de actividad, localización del emprendimiento. Entre los requisitos mínimos se requiere: la asociatividad de los miembros del emprendimiento, es decir que sea desarrollado por dos o más personas y que los inscriptos tengan domicilio en la ciudad de Rosario.

Luego de la cumplimentación de la ficha de emprendimiento, le sigue la instancia de las visitas a los domicilios de los emprendedores por parte de los Promotores en Terreno para la habilitación de la vivienda para la producción de alimentos. Una vez realizada la visita, en el caso de que se cumpla con los requisitos (tener pintadas las paredes de blanco, pisos de material, mesadas de material que puedan ser higienizadas con facilidad, ventanas cercanas con mosquiteros, etc.) se accede al Registro. Realizar dicho registro del emprendimiento es caracterizado por la pareja de productores como un parto ya que según refieren, el promedio de tiempo para acceder al registro es de un año o más.

“Fue un parto, un parto en el sentido en que es tan burocrático, tienen que venir a ver la casa, ver dónde vas a producir, eso desde que vos llamas hasta que vienen pasan todo un tiempo, ehh, tienen un promotor para todo Rosario, ehh y a veces son municipales, (risas), pero yo fui insistente porque lo necesitábamos y ahí nos dimos cuenta de que había gente que le tardaba más tiempo, que el trámite en promedio dura un año, un año y pico, gente estuvo esperándolo. No es sencillo, en realidad como fue la entrada a economía solidaria no fue sencillo, y todo después tampoco, después nos dimos cuenta de que todo el entramado como está hoy por hoy es muy complicado acá en Rosario” (Sebastián, Emprendedor, Registro nº 24, 2011).

Observamos que esta dificultad se articula con una de las demandas de los propios trabajadores de la Subsecretaría en relación a la necesidad de contar con mayor cantidad de Promotores en Terreno para poder realizar las visitas a los emprendedores en los distintos barrios de la ciudad. En palabras una de las Promotoras:

“sólo somos un Promotor por distrito. Y nosotros nos dividimos entre la parte de Atención al Público, que se hace en cada distrito, que es donde llegan los futuros emprendedores con su idea; y las visitas a las casas para ver con qué cuentan y qué necesitan. Nosotros les damos las primeras ideas y después tenemos que visitar para acompañarlos con lo que se le pueda brindar, y lo que pasa es que por la escasez de recursos y siendo tanta la gente que viene, al vecino que atendimos en la parte de Atención al Público, lo visitamos a los tres meses, y ese vecino ya se puso a hacer otra cosa, y eso hace que se caiga, no hay para hacer un acompañamiento real, la gente necesita que vayas en el momento. Cuando llegas después de tres meses te dicen yo creí que no ibas a venir y se la rebuscaron de otra forma.” (Andrea, Promotora territorial, Registro nº 23, 2009)

De esta manera, el desfasaje entre los tiempos administrativos para poder acceder al Registro de Emprendedores y sus necesidades como productores es resuelto recurriendo a la articulación de diferentes estrategias de subsistencia dentro del grupo familiar. En este sentido, registramos que la mayoría de los emprendedores recurren a otras fuentes de ingresos complementarias para poder acceder a la subsistencia.

Volviendo al recorrido de los emprendedores, señalan que luego de 6 meses de diferentes gestiones y presencia en la Subsecretaría, logran tanto el registro de su emprendiendo en el Programa de Alimentos, como la obtención de la habilitación de su comercialización (GIP). Una vez registrados también acceden al régimen de ferias que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría. El acceso a dicho régimen no se encuentra reglamentado a partir de una normativa clara, ni por medio de una fiscalización de las producciones. De esta manera, los emprendedores señalan que se establecen mecanismos de selección por afinidad para poder lograr el puesto y participar en los días y ubicación de mayor venta de las ferias. Esto no les resultó fácil ya que para lo mismo se demanda que se pase mucho tiempo en las ferias y esto reduce los tiempos de producción para el emprendimiento. Sin embargo, acceder a la feria de mayor venta les permite a los emprendedores no sólo comercializar su producto sino también promocionarlo y hacerlo conocer en la ciudad.

Por otro lado, desde la Subsecretaría y el Programa de Alimentos se organizan diferentes eventos a los cuales se invita a los emprendedores a participar. En los mismos se sugiere que lleven mucha producción para que los stands estén llenos y se propone poner a disposición sus productos para realizar degustaciones. En relación a esto, los productores señalan que estos eventos suelen ser espacios en los cuales no se generan muchas ventas lo que les genera pérdidas materiales y de tiempo. Asimismo, la producción destinada a la degustación no es retribuida, lo que también genera pérdidas económicas.

Otra de las cuestiones que genera diferentes tensiones, refiere a la posibilidad de acceder a subsidios para poder financiar su emprendimiento. Esta es una de las principales demandas que expresan tanto los emprendedores como los trabajadores de la Subsecretaría. Desde la Subsecretaría se estipula el otorgamiento de un subsidio de emergencia cuyo fin es poder asistir a personas que no cuenten con el capital inicial para conformar el emprendimiento. Este consta de 3 cuotas de 2000 pesos las cuales suelen extenderse a un plazo de dos meses por cada una y deben irse rindiendo con las facturas de las compras realizadas para poder recibir la siguiente. Entre los requisitos para acceder al mismo se solicita la presentación de una fotocopia del DNI, el registro social, un informe del promotor que solicita el Subsidio y la posterior autorización de coordinación de promotores.

Los emprendedores señalan que la suma otorgada no les resultó suficiente para poder adquirir la maquinaria principal y el tiempo que transcurre entre las cuotas es demasiado largo para poder ahorrarlo, por lo que terminaron comprando insumos y maquinaria usada o de escala doméstica. Por estas limitaciones los emprendedores señalan que recurrieron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin embargo, tanto el tiempo que demanda el acceso a estos mecanismos como la gestión del mismo, contrajo grandes dificultades por lo que decidieron no volver a participar de esas instancias.

“bueno fui a la provincia, fui a nada, tenés que estar ahí, no te dan bola, y preguntaba y nada, y yo la verdad que no sé si quiero estar ahí como perro faldero para ver si me dan algo, entendés, (…) Después fuimos a Desarrollo Social de la nación, nos metimos a ir averiguando cosas, tardó bastante, pero lo tuvimos, pero bueno ahora no nos queremos quemar de nuevo con eso…” (Sebastián, Emprendedor, Registro nº 24, 2011).

Los emprendedores señalan que son los mecanismos de afinidad y cercanía con distintos niveles de la gestión los que facilitan u obstruyen la posibilidad de obtener recursos y financiamiento. Estas afinidades se construyen destinando tiempo de los propios emprendedores con presencia en las dependencias estatales. Así, “acercarse a hablar”, “pegar onda” son modos de gestión de subsidios y estrategias de los emprendedores para poder obtener recursos, además de los requerimientos formales establecidos para lo mismo.

A partir de las limitaciones en el acceso a subsidios para lograr los medios de trabajo necesarios, los emprendedores ven afectada su capacidad de producción. Esto repercute en su jornada laboral, en la cual se articula gran cantidad de responsabilidades y tareas que incluyen el abastecimiento, la búsqueda de financiamiento, la producción y la venta. Por otro lado, relevamos que la producción realizada al interior de la vivienda genera dificultades laborales y habitacionales, entre ellas se encuentra: establecer turnos para el uso de la cocina distribuyendo entre los momentos de producción y alimentación del grupo familiar, espacios de almacenamiento en el hogar que incomodan la vida familiar, dificultades de aislamiento del calor generado por la cocción, entre otros.

A partir del recorrido realizado observamos que los emprendedores se acercan a la Subsecretaria con el objetivo de poder lograr los avales correspondientes para la comercialización de sus producciones en la ciudad. Para lograr su legalización atravesaron una serie de dificultades que se vinculan principalmente al desfasaje entre los tiempos administrativos y las urgencias con las que se encuentran los productores, la necesidad de adquirir determinados saberes técnicos, la necesidad de establecer relaciones de cercanía y afinidad con diferentes actores de las dependencias estatales, y principalmente el desacople entre sus necesidades materiales y la escases de recursos financieros para el sector. Estas dificultades concurren en una serie de adaptaciones y sobrecarga laboral para los sujetos, quienes deben adquirir conocimientos específicos y desarrollar una serie de actividades que se suman a aquellas definidas como estrictamente productivas.

4.2. LA COOPERATIVA MERCADO DE ROSARIO: ENTRE PROCESOS DE ADAPTACIÓN, APROPIACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA
El proceso que devino en la conformación de la cooperativa Mercado de Rosario se encuentra vinculado a una experiencia de trueque. Los/as integrantes de la cooperativa inician su participación en los trueques en el año 2001, en un contexto de fuerte crisis social, política y económica, en el cual, el crecimiento de este fenómeno se vinculó a procesos de extensión del desempleo, la pobreza y la pauperización de la población trabajadora. Tras las masivas jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre, los sujetos que venían participando de estos espacios de intercambio, se proponen llevar adelante la conformación de un club de trueque propio convocados/as por lo que entienden se trata de una experiencia de “creación popular”, “novedosa” y “transformadora”, que expresaba el desarrollo de “una nueva forma de economía” (Ricardo, socio de la cooperativa, Registro nº 33, 2015)

Observamos que el proceso que devino en la conformación del club de trueque y posteriormente en la cooperativa, confluyeron un conjunto heterogéneas trayectorias que consideramos han aportado e influido de diverso modo en este proceso organizativo.

Resulta importante señalar que, los sujetos fundadores de este espacio son trabajadores asalariados, con inserciones laborales estables y con continuidad (las mujeres en docencia y los hombres en bancos e instituciones cooperativas). Asimismo, cuentan con estudios universitarios y participan activamente en los sindicatos que los nuclean. Otro aspecto importante a destacar es que algunos de ellos transitaron por una militancia político-partidaria durante los años ’80 en partidos de izquierda. Durante el período previo al estallido del año 2001 y luego de estos hechos, los sujetos manifiestan que venían realizando una lectura crítica de sus experiencias de militancia previas en partidos, y van recuperar y revalorizar en cambio, aquellas prácticas políticas que propugnan la autoorganización, la autogestión, la horizontalidad y democracia directa como generadoras de igualdad para la transformación social.

Por otro lado, entre las personas que se fueron integrando a esta experiencia con posterioridad, en distintos momentos de este proceso, encontramos estudiantes universitarios, terciarios, con empleos precarios o desocupados y sin experiencia de militancia político-partidaria. Pudimos observar que estas personas se fueron incorporando a la cooperativa tanto por una motivación económico-laboral de obtener un ingreso como por una motivación ideológica o “inquietud política”, vinculada a una práctica colectiva “no capitalista”, “autónoma” y “autogestiva”, y también planteando un “consumo alternativo”. De esta manera podemos señalar que, los sujetos que conforman este espacio constituyen un heterogéneo conjunto social.

En el año 2004, quienes integran en ese entonces el trueque, inician la discusión en torno a la necesidad de encontrar una nueva modalidad organizativa, en un contexto en que la economía presenta indicios de recuperación tras la salida de la convertibilidad y la devaluación, y el fenómeno del trueque se encuentra en retroceso. Así, la decisión de adoptar el formato jurídico cooperativo se toma con el fin de dar un marco de formalidad y legalidad para la comercialización a los emprendimientos que ya se habían conformado en el marco del trueque y tenían cierta experiencia productiva y como una manera que les permita facturar, dado las oportunidades de trabajo que habían surgido, fundamentalmente vinculadas a los servicios. A su vez, plantean que esta manera les permitiría dar continuidad a una forma de trabajar que les gustaba, “trabajar con otros, de forma asociativa” y conservar las “relaciones que se habían generado” (Ramiro, socio de la cooperativa, Registro n° 19, 2011).

De este modo, se vinculan a la Dirección de Cooperativas de la municipalidad, la cual ofrece asesoramiento legal y acompañamiento durante el proceso de formalización. Así, en el año 2005 quedan formalmente constituidos bajo el formato jurídico de cooperativa de producción y consumo, dedicada a la producción de alimentos (dulces, licores, granola, comidas, entre otros), producción de bienes artesanales (cosmética, tejidos, bijou) y la prestación de servicios (informática y proyectos de obra).

Entendemos la conformación de la cooperativa como un modo de dar continuidad al proceso organizativo que se venía desarrollando a partir de la conformación del club de trueque, en un contexto de reflujo de esta actividad y reactivación económica. En este sentido, señalan que la cooperativa “es como una situación a la que caemos ya de última, teníamos mucha resistencia a armar una cooperativa, bah no se nos había ocurrido en el 2002” (Clara, socia de la cooperativa, Registro n° 20, 2011).

La adopción del formato cooperativo formó parte de un gran debate en el momento de definir la forma jurídica que regirá esta organización. Entendían que en la Argentina no había ninguna persona jurídica que respondiera a la “situación histórica que se estaba viviendo”. Asimismo, plantean que son muy críticos del movimiento cooperativo formal que, según entienden, terminan funcionando dentro del mercado y, en este sentido, no presentan muchas diferencias con lo que sería el funcionamiento de una empresa capitalista.

En el proceso de formalización de la cooperativa, los sujetos se encontraron con una serie de dificultades que retardaron la conformación legal. Por un lado el formato cooperativo al que aspiraban, la cooperativa de trabajo, -que implica “la no contratación de empleados” y, por lo tanto, la “no explotación de trabajo”- no se pudo concretar dado que contemplaba a organizaciones económicas que produzcan un solo objeto y la cooperativa es, como plantean sus integrantes, multifunción o multipropósito, es decir que ofrece una variedad de productos y servicios distintos.

En este sentido, consideran que la Ley de Cooperativas (Ley N° 20337)¹⁵ es una ley que pasó por diferentes situaciones de encorsetamiento” (Clara, socia de la cooperativa, Registro n° 20, 2011), que hace que sea muy “rígida” y “burocrática” para este tipo de organizaciones, y esto dificultó que los aprobaran y retardó la conformación legal.

Otras dificultades las atribuyen a la exigencia de la legislación vigente de pagar los mismos impuestos que una empresa privada, y de que todo miembro de la cooperativa sea monotributista. Señalan que significó un problema pasar en blanco las producciones que realizaban hasta entonces en negro dado a que implica un aumento en el precio de los productos que elaboran, los cuales terminan siendo poco competitivos en relación a los supermercados.

De esta manera, plantean que este marco legal no contribuía a la construcción de una economía alternativa sino que los iba induciendo a adoptar una modalidad de funcionamiento cada vez “más similar a una empresa privada”. Por este motivo, los integrantes de la cooperativa se muestran críticos respecto del Estado en el sentido que “no tiene una legislación específica sobre economía solidaria” (Clara, socia de la cooperativa, Registro n° 20, 2011).

A partir de esto, quienes participaron de este proceso tomaron como decisión que la cooperativa sería el “andamiaje formal jurídico” que iba a adoptar su empresa social: “entonces nosotros tenemos un funcionamiento político propio que no es el que exige la ley de cooperativa” (Clara, socia de la cooperativa, Registro nº 30, 2013)

En este sentido, los/as integrantes de la cooperativa plantean que tienen un doble funcionamiento, distinguiendo entre lo que es el funcionamiento formal de la cooperativa, es decir la forma organizativa legal reglamentada por el INAES (Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria)¹⁶ , y lo que consideran que sería el funcionamiento real que se fueron dando, plasmado en sucesivos Acuerdos de funcionamiento y Prácticas Asociativas (2007). Este consiste en un documento en el que se encuentran expresadas un conjunto de definiciones acerca del funcionamiento político de la cooperativa, acordadas por los integrantes de la misma, de manera colectiva y en asamblea. Tales acuerdos sufrieron modificaciones a lo largo del tiempo, producto del debate colectivo y de la propia experiencia transcurrida.

Este funcionamiento político definido por los/as integrantes de este espacio, se orienta a la conformación de una economía alternativa y se basa en la autogestión, la horizontalidad, la autonomía y la no explotación de mano de obra.

De esta manera, a diferencia de lo establecido por la ley vigente¹⁷, los miembros de la cooperativa sostienen un funcionamiento asambleario. Las únicas figuras legales que cumplen un rol dentro del funcionamiento real de esta organización son el tesorero y el secretario de actas, ambas tareas son rotativas. Las asambleas son el ámbito donde se debaten, definen y resuelven distintos asuntos y problemáticas que tienen que ver con la vida cotidiana de este espacio. Estas se realizan cada quince días y participan todos los socios: “es imposible pensar que se va a reunir un grupo nomás, porque por nuestro propio funcionamiento asambleario horizontal, entonces nosotros tenemos un doble funcionamiento” (Clara, socia de la cooperativa, Registro nº 20, 2011).

Así, sus integrantes consideran que la cooperativa constituye tanto una organización económica -la cual presenta un funcionamiento como cualquier empresa pagando impuestos, llevando libros contables y comerciales, registro de socios, registro de actas, etc.,- y al mismo tiempo, una organización política, con sus propios acuerdos de funcionamiento político expresados en el documento mencionado anteriormente.

A la vez, el documento al que hacemos referencia define los compromisos que deben asumir los socios, sus derechos y obligaciones. Asimismo se especifican distintas prácticas asociativas que definen una modalidad de ingreso gradual para la incorporación de nuevos integrantes¹⁸. De este modo, resulta importante acordar con los contenidos de este documento para integrar la cooperativa, en tanto el mismo establece los objetivos y el funcionamiento organizativo de la misma: “son cuestiones básicas, el tema es que estas cuestiones básicas al transmitirlas de forma escrita nos lleva a no darlas por supuesta” (Juan, socio de la cooperativa, Registro nº10, 2007)

A partir de esto, podemos observar que en el proceso de conformación legal de la cooperativa los sujetos retoman y se apropian creativamente del marco legal cooperativo, transformando y resignificando en la práctica cotidiana algunos aspectos de la normativa vigente. Esto se expresa fundamentalmente en la redacción del documento Acuerdos de funcionamiento y Prácticas Asociativas, donde queda plasmado un modo de funcionamiento político propio, definido de manera colectiva por los integrantes de la cooperativa a partir de experiencia transcurrida. Un aspecto central de este modo de funcionamiento ha sido la práctica asamblearia que sostienen los integrantes de este espacio. El conjunto de estas definiciones se orientan, desde la perspectiva de los sujetos, a la conformación de una economía alternativa, no capitalistas. De esta manera, observamos que la cooperativa se fue constituyendo tanto como espacio político/de militancia, así como un espacio económico/productivo.

Al mismo tiempo, observamos que adoptar el marco legal cooperativo les ha permitido comercializar los distintos productos que elaboran, tanto en el local propio, así como en el marco de las ferias municipales. También les dio la posibilidad de trabajar con distintas instituciones que operan en la economía formal (fundamentalmente sindicatos e instituciones cooperativas) a las que se les prestan servicios. A la vez, tener existencia jurídica les ha permitido demandar subsidios al Estado y recibir distintas ayudas económicas.

En este sentido, podemos observar que la cooperativa recibió subsidios del Estado Municipal, en un principio cuando se estaban conformando, lo que les permitió acondicionar la casa que habían alquilado. Por otro lado, realizaron dos pedidos de subsidios al INAES, a través del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de los cuales ninguno se concretó. Estas solicitudes involucraban una suma de dinero importante destinada a la compra de una casa, computadoras, maquinaria, etc. Además requerían de la elaboración de determinados proyectos, que implicaban necesariamente contar con ciertos conocimientos y formación previa.

A partir de estas experiencias señalan como balance, que les resulta más costoso y les produce un mayor desgaste intentar acceder a subsidios del Estado de esta manera, que “mantenerse con lo que tienen”. Esto lo atribuyen a las características del grupo: “es una cooperativa donde sus integrantes pertenecen de una u otra manera a la clase media, entonces lo que no tenemos en capital real, dinerario, lo tenemos en capital cultural, relacional, digamos en términos de Bourdieu” (Clara, socia de la cooperativa, Registro nº 20, 2011).

De esta manera, los sujetos plantean que este capital cultural y relacional, les permite acceder a determinados recursos que de otra manera no podrían, y al que otros grupos no pueden tener acceso y les proporciona cierta independencia.

En este sentido, identificamos que la obtención de recursos asume características particulares, a partir de relaciones interpersonales con algunas personas que trabajan en el Estado (sobretodo a nivel local y en menor medida provincial) que, según nos relatan, se conocen por sus trayectorias de vida (de la militancia, la universidad, etc.).

“nosotros por nuestras militancias anteriores, por nuestras propias trayectorias conocemos puntualmente gente que está en el Estado, sobretodo en el Estado local, y se da un caso raro porque personas que pertenecen a diferentes tradiciones políticas pero que a lo mejor nos conocemos de otro momento, de la universidad o de la militancia o de lo que fuera, hace que muchas veces más que a determinado partido o a determinada propuesta política le vamos a pedir ayuda a determinadas personas, que por su trayectoria personal se interesan por lo que hacemos y nos ayudan, es más un vínculo interpersonal que un vínculo con los partidos.” (Clara, socia de la cooperativa, Registro nº 20, 2011).

Por otro lado, los vínculos que mantienen con el Estado son favorecidos a partir de “la trayectoria de la cooperativa”, ya que son “conocidos en el mundo pequeño de la economía solidaria local” (Clara, socia de la cooperativa, Registro nº 20, 2011). A partir de esto señalan que cuentan con la confianza de algunos funcionarios públicos que los habilita a tomar prestados una serie de recursos del Estado:

“si vamos a economía solidaria y les pedimos las carpas, ellos nos prestan las carpas y nos dan esa cuota de confianza porque no firmamos ningún papel para llevar una cantidad de recursos que son muy costosos, (…) no nos condicionan para prestarnos determinados recursos, y eso tiene que ver con el lugar que ocupa nuestra cooperativa en este entramado relativamente pequeño, más local” (Clara, socia de la cooperativa, Registro nº 20, 2011).

Por lo expresado entendemos que en la relación con el Estado se genera un proceso contradictorio. Por un lado vemos que se plantea una demanda de legislación específica para el sector de economía social que permita su reconocimiento y otorgue beneficios y, a la vez, se negocia y se obtiene subsidios y recursos. Por otro lado, se plantea un funcionamiento autónomo, autogestivo e independiente del Estado, que apuesta a la construcción de vínculos con otras organizaciones, buscando alternativas que permitan la sustentabilidad, el crecimiento y mayores márgenes de autonomía. Al mismo tiempo, observamos una disputa por los sentidos de la economía social solidaria que se proponen desde las políticas.

 5. CONCLUSIONES
En este trabajo procuramos analizar las modalidades de vinculación con el Estado que establecen los sujetos integrantes de diversas experiencias productivas, atendiendo a los procesos de transacción. Particularmente, colocamos la mirada en las heterogéneas prácticas, relaciones y significaciones que construyen emprendedores y cooperativistas en su relación con políticas sociales orientadas a la economía social solidaria.

A diferencia de las visiones normativas presentes dentro de este campo de estudio, buscamos complejizar el análisis de estas experiencias dando cuenta de contradicciones, tensiones y heterogeneidades que se expresan en las prácticas cotidianas de los sujetos. En este sentido, fuimos analizando cómo se articulan prácticas de adaptación, apropiación, cuestionamiento, disputa y negociación en el marco de las interacciones de los sujetos con el Estado. Como señala Grimberg (2009) estos procesos se articulan en un campo de fuerza societal de múltiples disputas, en el que los conjuntos sociales pueden desarrollar prácticas que simultánea y contradictoriamente implican cuestionar/impugnar algunos aspectos de las relaciones de dominación-subordinación, mientras adhieren o reproducen otros; aceptar, resignar, negociar y resistir, efectuar reelaboraciones, desarrollar iniciativas propias o prácticas no necesariamente funcionales a la reproducción de las relaciones de dominación (Grimberg, 2009).

En tal sentido, reconstruimos cómo las políticas orientadas a la economía social solidaria a nivel municipal no sólo se articulan con las tendencias políticas que se sucederán a partir del año 2003 a nivel nacional, sino que se entrelazan con experiencias de organización popular que contribuyeron a definir un espacio de disputa y negociación en torno al problema de la desocupación. De esta manera, se impugnó por el reconocimiento de formas laborales autogestivas, de carácter barrial, referenciando al Estado como interlocutor central de las demandas colectivas. Así, la conformación de la Subsecretaria respondió a un proceso de institucionalización y legalización de diversas estrategias de subsistencia y experiencias organizativas desarrolladas por parte de los sectores populares en respuesta al crecimiento de la desocupación y la pobreza. De esta manera, pudimos observar que las políticas implementadas desde esta dependencia recuperan demandas, reivindicaciones y formas organizativas que se venían desarrollando en la ciudad, en las que se conjugaron procesos económicos, políticos y sociales.

En relación a las experiencias abordadas pudimos observar que en ambas casos, los procesos de legalización/formalización se derivaron de la necesidad de contar con un marco legal jurídico para comercializar y para poder acceder a subsidios. Estos procesos generaron prácticas de adaptación, aceptación y apropiación de las normativas y regulaciones estatales, que no estuvieron libres de tensiones y cuestionamientos. Entre las dificultades relevadas destacamos: la sobrecarga de requisitos técnicos/legales/administrativos, que implicaron el desarrollo de ciertos saberes específicos por parte de los sujetos, sumando tareas y responsabilidades a los mismos. También observamos que las exigencias tributarias resultaron ser muy elevadas para emprendimientos de estas características. Cumplir con todos estos requisitos constituyó para los sujetos un proceso difícil, largo, lento, burocrático, que da cuenta de un desfasajeentre las necesidades de los sujetos y los tiempos administrativos. La adaptación a las normativas y regulaciones municipales significó para los emprendedores de granola, la percepción de ser un “parto”. Por otro lado, respecto de los integrantes de la cooperativa, la adopción del formato jurídico cooperativo significó la percepción de “estar conformando una empresa privada capitalista”.

En este sentido relevamos una serie de demandas, tanto desde los emprendedores como desde los integrantes de la cooperativa. Por un lado, desde los cooperativistas se plantea una demanda por una legislación específica para este sector, que sea más flexible y que otorgue beneficios en exenciones tributarias y facilidades para comercializar y obtener financiamiento.

De la misma manera, los emprendedores plantean la necesidad de acceder a mayores líneas de financiamiento para su sostenimiento. Las dificultades materiales relevadas en los emprendimientos redundan tanto en la ampliación de la jornada laboral, como también en una gran precariedad laboral, que se ve articulada con la habitacional. En relación a estas problemáticas, a partir de nuestro trabajo de campo, observamos que la obtención de recursos del Estado se encuentra signada en gran medida por mecanismos de selección informales como la afinidad, la cercanía o lobby. En relación a esto, vimos que los vínculos interpersonales conformados a partir de las trayectorias de vida y militancia, junto con la confianza que esto genera, contribuyen y facilitan el acceso a subsidios.

Finalmente, observamos que al mismo tiempo que se producen adaptaciones a las normativas y reglas, se producen resignificaciones y reelaboraciones por parte de los sujetos. Esto se manifestó, en el caso de la cooperativa, en la definición de acuerdos colectivos de funcionamiento por parte de sus integrantes, los cuales fueron plasmados en un documento, donde expresan un modo de funcionamiento político propio, en el cual la práctica asamblearia es central. Consideramos que de esta manera se plantea una disputa alrededor del sentido y el contenido de la economía social solidaria en tanto economía alternativa. De esta manera, la cooperativa se fue constituyendo para los sujetos tanto como espacio económico/productivo, así como también en un espacio político/de militancia.

NOTAS
¹Vale la pena aclarar que este concepto es de carácter polisémico. Designa tanto una corriente de pensamiento de la primera mitad del siglo XIX atravesada por el debate de los socialistas utópicos, y asimismo, comprende un campo de investigación más contemporáneo (con especial desarrollo en Europa y Canadá) que enfatiza el análisis en un subsector de la economía integrado por asociaciones cooperativas, asociaciones de voluntarios, empresas de carácter social, empresas mixtas, sindicatos y organizaciones con fines sociales (Merlinsky y Rofman, 2004).

²Rosario se encuentra ubicada en la Provincia de Santa Fe (Argentina), sobre la margen oeste del Río Paraná, posee un total de 948.312 habitantes según datos del último Censo Nacional, realizado en el año 2010.  Actualmente ocupa el tercer lugar entre las ciudades más pobladas del país, con una densidad de 5.089 hab/km, representando el 40% de la población provincial. Su población es básicamente urbana (99%) con un 52, 5% de mujeres y un 47.5 % de hombres.

³A fines del año 2015, se realizaron elecciones gubernamentales en los diferentes estamentos del estado, obteniendo como resultado un cambio en la gestión partidaria al interior de la Municipalidad, con lo cual esta dependencia adquirió el estatus de Secretaría de Economía Social. Como consecuencia se introdujeron transformaciones en torno a su organigrama y funcionamiento. Sin embargo, para el presente trabajo, recortamos el análisis para el período que se abre desde el año 2004 hasta el año 2015. Para no prestar confusión, utilizaremos a lo largo del escrito la denominación de Subsecretaría de Economía Solidaria.

⁴ Hacia fines de 1995, la gestión de gobierno rosarina, pone en marcha el Programa de Descentralización y Modernización, el cual implicó la organización territorial de la ciudad en seis Centros Municipales de Distrito (CMD). Desde entonces el municipio se encuentra descentralizado en seis Centros Municipales de Distrito (CMD) (Centro, Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste y Sur). 

⁵Consideramos que más allá de los énfasis discursivos en relación a las modificaciones en las políticas sociales desarrolladas desde el 2003, observamos que las mismas no superan las formas de intervención focalizada y asistencial de la pobreza características de la década del ´90, las cuales se basaron en una creciente desgubernamentalización de la intervención y protección social, pérdida de derechos sociales, y por el traslado de la responsabilidad a los propios pobres por medio de foco políticas asistenciales (Álvarez Legizamón, 2013; Campana, 2013).

⁶Katz utiliza el concepto de rebelión para caracterizar los sucesos de diciembre del 2001, término que denota la existencia de acciones populares contundentes y masivas de rechazo al orden vigente, pero también indica las limitaciones en cuanto a generar propuestas alternativas o un proyecto político autónomo de los oprimidos (Katz, 2008).

⁷Las transformaciones que se generaron a partir de 2003 en Argentina, están atravesadas por el periodo iniciado durante la post convertibilidad, a partir de la cual se generaron ciertos contrastes con respecto al desenvolvimiento económico, social y político que caracterizó a los años noventa. Dichos contrastes se desplegaron tanto en lo que respecta a la recomposición de la acumulación capitalista como de la dominación social, posterior al estallido de la crisis en el año 2001 (Marticorena, 2014). Entre las acciones desarrolladas por el estado se resalta el aumento de su capacidad regulatoria en la inspección del trabajo; el fortalecimiento de la negociación colectiva y un conjunto decisiones económicas sobre el modelo de crecimiento (Salvia, 2010).

⁸Los programas de mayor alcance e implicancia que se implementaron en este sentido son el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra (2003), el cual busca “promover la inclusión social a través del fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo productivo o comunitario”. Luego, en 2009 desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzó a implementarse el Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja.

⁹La pastoral de comunidades es una de las líneas de trabajo que surgen a partir del Segundo Concilio Vaticano II y la Conferencia de Obispos Latinoamericanos en Medellín-Colombia realizada en 1968, en la cual se invita pastoralmente a formar Comunidades Eclesiales de Base, dependientes de las parroquias, desde donde se proporciona atención pastoral a los sectores alejados de la sede parroquial priorizando el trabajo entre sectores rurales y marginados urbanos (II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 1968).

¹⁰Los denominados clubes o nodos de trueque son los lugares donde los prosumidores (aquellos que son productores y consumidores al mismo tiempo) intercambian bienes y servicios con la utilización de una moneda social o crédito. Los trueques se expandieron por todo el país, llegando a ser, en la ciudad de Rosario, 150 nodos para el año 2002.

¹¹Los Sublemas pertenecen a un sistema electoral denominado doble voto simultáneo o ley de lemas, el cual rigió en la provincia de Santa Fe hasta el año 2003. Este sistema electoral se caracteriza por considerar a cada partido político o coalición de partidos como un lema, a su vez cada lema puede tener varios sublemas, es decir, listas de candidatos agrupados en torno al lema pero con énfasis políticos diferentes del partido/lema o con una organización propia dentro del partido/lema.

¹²Alianza política integrada por el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista.

¹³El Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales se crea mediante la sanción de la Ordenanza nº 7358, la cual regula los emprendimientos productivos conformados por personas domiciliadas en la ciudad.

¹⁴Este sistema se crea en mayo de 2001 mediante la resolución nº 258 de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad. Mediante el mismo, el Instituto del Alimento certifica la inocuidad de los productos de acuerdo a lo fijado en el Código Alimentario Argentino, las Buenas Prácticas en Manufacturas y lo aconsejado por los organismos internacionales.

¹⁵La primer Ley sobre Cooperativas (Ley Nº 11388) se promulgó en el año 1926. Ésta fue sustituida en 1973 por el decreto-ley N° 20337, que se encuentra actualmente en vigencia.

¹⁶El Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria (INAES) es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, encargado de asesorar y promover las cooperativas, mutuales etc. Las cooperativas deben matricularse ante este organismo y obtener una matrícula que otorga el organismo para poder funcionar como tales, cumpliendo con los requisitos que exige la Ley Nacional de Cooperativas (1973).

¹⁷La organización legal contempla la existencia de dos órganos, el Consejo de Administración y el Consejo de Síndico. El primero está formado por un presidente, secretario/a, tesorero/a y dos vocales suplentes, su función es la de administrar y dirigir las operaciones de la cooperativa. El Consejo de Síndico está formado por un síndico titular y un suplente, su función es fiscalizar al consejo de administración. La ley exige que el Consejo de Administración se reúna una vez al mes, y que haya una asamblea ordinaria anual con la participación de todos los socios/as donde se deciden los temas más trascendentes y se elige a los consejeros de ambos órganos.

¹⁸De esta manera, queda establecido un modo de asociación modular y otro denominado asociación nómade. Los primeros son quienes están en proceso de asociación a la cooperativa y los socios nómades son quienes realizan acuerdos previos respecto de lo que va a ser su participación en la cooperativa y realizan actividades que son acotadas en el tiempo (ciclo de cine, muestras de arte, presentaciones de libros, talleres).

 BIBLIOGRAFÍA
1. Abella, F.; Barbieri, E.; De Castro, R. (2011). “Política Social y la “cultura del emprendimiento”: representaciones y estrategias colectivas en el escenario sociopolítico actual”. X Congreso Argentino de Antropología Social, FFyL, UBA, Bs. As.

2. Achilli, E. (2005). Investigar en antropología social. Los desafíos de transmitir un oficio. Laborde Libros Editor, Rosario.         [ Links ]

3. Abramovich, A. y Vázquez, G. (2007). “Experiencias de Economía Social y Solidaria en la Argentina.” Estudios Fronterizos. Nueva época, vol. 8, nº 15, pp. 121-145.

4. Antunes, R. (2005). Los sentidos del trabajo. Ed. Herramienta, Buenos Aires.         [ Links ]

5. Carenzo, S.  y Míguez, P. (2010). “De la atomización al asociativismo: reflexiones en torno a los sentidos de la autogestión en experiencias asociativas desarrolladas por cartoneros” en Revista Maguaré n° 24. pp 233-263.        

6. Castelao Caruana, M. E. (2009). “La Economía Social y solidaria en las políticas públicas argentinas, instrumento de política o alternativa socioeconómica? Un análisis preliminar.” En: Cayapa, Vol. 9, Nº 17, enero-julio 2009 pp 30-48.

7. Ciolli, V. (2013). “El papel de las políticas de Economía Social en la matriz socio-asistencial Argentina”. Iberofórum. Revista Ciencias Sociales, año VIII, nº15, pp. 31-63.

8. Coraggio, J. L. (2007). “Una perspectiva alternativa para la economía social: de la economía popular a la economía del trabajo”, en Coraggio, J. L. organizador, La Economía Social desde la periferia. Contribuciones latinoamericanas, Altamira, Buenos Aires.

9. Cravino, C. (2004). "El barrio concebido como comunidad. Reflexiones acerca de algunos supuestos presentes en la focalización territorial de políticas asistenciales". En revista Cuaderno Urbano N° 4, Resistencia: pp. 75-98.         [ Links ]

10. Deux Marzi, M. V y Vázquez, G. (2009). “Emprendimientos asociativos, empresas recuperadas y economía social en la Argentina”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Quito. FLACSO sede Ecuador, nº33, enero 2009, pp. 91-102.

11. Fernández Álvarez, M. I. (2007). “De la recuperación como acción a la recuperación como proceso: prácticas de movilización social y acciones estatales en torno a las recuperaciones de fábricas”. Cuadernos de Antropología Social, nº 25, pp. 89-110.

12. Fernández Álvarez, M. I.; Grimberg, M. y Carvalho, R. (Comps.), (2009). Estado y movimientos sociales: estudios etnográficos en Argentina y Brasil. Antropofagia: Buenos Aires.         [ Links ]

13. Fernández Álvarez, M. I. (2016). Hacer juntos(as). Dinámicas, contornos y relieves de la política colectiva. Editorial Biblos – Investigaciones y Ensayos. Buenos Aires.

14. Gago, V. (2013). “La Salada: ¿un caso de globalización “desde abajo”? Territorio de una nueva economía política transnacional” en Revista Nueva Sociedad Nº 241, septiembre-octubre de 2012 pp. 63-78.

15. Giavedoni, J. (2013). “Experiencias de economía social en Programa de la Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario. Dificultades teóricas y complejidad empírica”. Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 8. Volumen II, pp. 1-20.

16. Grassi, E. (2012). “La política social y el trabajo en la argentina contemporánea. Entre la novedad y la tradición”. Revista e-l@tina, Vol. 10, núm. 39, pp. 5-33.

17. Grassi, E; Hintze, S; Neufeld, M. (1996). “Crisis del Estado de Bienestar y construcción del sentido de las políticas sociales” en Cuadernos de Antropología Social n° 9, UBA, pp 15-38.

18. Grimberg, M. (2009). “Poder, políticas y vida cotidiana un estudio antropológico sobre protesta y resistencia social en el área metropolitana de Buenos Aires.” Revista de Sociología e Política, vol. 17, nº 32, pp. 83-94.

19. Hintze, S. (2007). Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo posible. Espacio Editorial: Buenos Aires.         [ Links ]

20. Hopp, M. (2011). “Relación Estado-sociedad civil en las políticas de desarrollo socio-productivo en Argentina contemporánea”. Katál. Florianópolis vol.14, n.1, pp.13-22.

21. Katz, C. (2008). Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg.         [ Links ]

22. Lagiu, E.; Tavella, M.; Valentino, N. (2009) “Un Estilo de Vida en las Empresas Recuperadas: El Tiempo como Precariedad”. 9º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo ASET, UBA.

23. Manzano, V. (2013). La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires. Prohistoria Ediciones: Rosario.         [ Links ]

24. Manzano, V. (2008). “Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires”. Runa, Nº 28, pp.72-92.

25. Menéndez, E. (2010). La Parte Negada de la Cultura. Relativismo, diferencias y racismo. Prohistoria Ediciones, Rosario.         [ Links ]

26. Merlinsky, G. y Rofman, A. (2004). “Los Programas de promoción de la Economía Social: ¿Una nueva agenda para las políticas sociales?”, en: Forni, F. (comp.), Caminos solidarios de la economía argentina. Ed. CICCUS: Buenos Aires.

27. Motta, E. (2014). “Houses and economy in the favela” in: Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, v. 11, n. 1. January to June 2014. Brasília. Pp 118-158.

28. Piva, A. (2013). “¿Cuánto hay de nuevo y cuánto de populismo en el neopopulismo? Kirchnerismo y peronismo en la Argentina post 2001.” Revista Trabajo y Sociedad. Santiago del Estero, pp. 135-157.

29. Presta, S. (2011). “Crítica a las ideas de dignidad y autonomía en la Economía Social: ficciones del mandato de ser digno de ser feliz”. Revista Otros Logos, Neuquén, Año 2011 pp. 1 - 25.

30. Quijano, A. (2011). "¿Sistemas alternativos de producción?" en Santos (Coord.) Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista, México, Fondo de Cultura Económica.         [ Links ]  

31. Raggio, L. (1997). “El enfoque antropológico en el estudio de las políticas sociales posibilidades y limitaciones” en V Congreso de Antropología Social, La Plata, Argentina. http://www.naya.org.ar/info@naya.org.ar Consultado el 12/07/07

32. Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica. Paidos, Buenos Aires.         [ Links ]

33. Rodríguez, G. (2001). “Un rosario de conflictos. La conflictividad social en clave local”, en Revista OSAL Nº 5. CLACSO. Buenos Aires.

34. Strada Rodríguez, J. (2012). “Debates al interior de la Economía Social: la reconfiguración neoliberal y la visión regeneradora de las políticas sociales”. Revista Papeles de Trabajo, nº 24, pp. 49-72.

35. Trinchero, H. (2007). “Economía política de la exclusión. Para una crítica desde la experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores” Cuadernos de Antropología Social, nº26, pp.41.

36. Thwaites Rey, M. (2005). “El Estado: notas sobre su(s) significado(s)” en Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. El derrotero del ajuste neoliberal en el estado argentino. Ed. Prometeo, Buenos Aires. ISBN Nº 987-574-013-6.

37. Viano, C. y Aguila (2006). “Entre 1969 y 1989: dos contextos de movilización social regional en perspectiva comparada. Rosariazos y saqueos” en Nueva Historia de Santa Fe, tomo 11, coedición PROHISTORIA y Diario La Capital.

38. Williams, R. (1977). Marxismo y literatura. Ediciones Península, Barcelona.         [ Links ]

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Para citar este artículo:
Vitali, S.; Cavigliasso,  C.; Lilli, L. (2017) “Demandas, negociaciones y resignificaciones de emprendedores y cooperativistas en vinculación con políticas orientadas a la economía social solidaria en la ciudad de Rosario 2003-2015” DAAPGE Vol. 17, N° 28, 2017, pp. 123-153. UNL, Santa Fe, Argentina.
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