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“Pioneros, Patrióticos y Patagónicos”. El discurso de la Unión Industrial Patagónica en su etapa fundacional

“Pioneers, Patriotic and Patagonian”. The discourse of the Patagonian Industrial Union on its foundational times

 

Gonzalo Pérez Alvarez*

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Resumen

Este artículo apunta a debatir la estrategia corporativa que desarrolló la Unión Industrial Patagónica (UIP) durante las décadas de 1950 y 1960. En 1956 el gobierno nacional de Argentina decretó la exención de impuestos a las industrias instaladas al sur del paralelo 42S, las actuales provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por ser la región más cercana al centro del país entre las incluidas en el proyecto de industrialización subsidiada, la mayoría de estas industrias se instalaron en el noreste de Chubut. Los empresarios que desarrollaron estos emprendimientos conformaron la Unión Industrial Patagónica -aunque la mayoría de ellos nunca vivió en la región- como herramienta para defender sus intereses,  y enfrentaron las posturas de otras corporaciones empresarias del norte del país que reclamaban derogar estas leyes de promoción, calificadas como privilegios hacia estos industriales. La defensa de la UIP hizo eje en la reivindicación de un proyecto desarrollista y nacionalista, planteando a la Patagonia como un espacio subdesarrollado que necesitaba de las industrias para garantizar su crecimiento. Se pretende conocer cómo estos empresarios articularon la defensa de sus intereses, cómo construyeron un discurso en común con el Estado nacional y provincial que planteaba la necesidad de poblar y argentinizar la Patagonia, cuál fue la influencia del proyecto desarrollista, y cuál el papel que cumplió la relación con la clase obrera que se conformó en la región.
El abordaje se realiza a través de fuentes periodísticas, gubernamentales y orales. El tratamiento de la presentación de la UIP ante el gobierno nacional en 1960, para defender el régimen promocional hacia Patagonia es especialmente clave. Se trata de un archivo hasta hoy no trabajado, que consta de documentos, cartas, presentaciones e informes específicos de la situación de cada empresa.

Palabras clave:Patagonia Argentina, industrialización, subsidios, polos de desarrollo.

Abstract

This article aims to debate the corporative strategy developed by the Industrial Patagonian Union (UIP) during the decades of 1950 and 1960. In 1956 the national government of Argentina decreed the exemption of taxes to the manufacturers installed south of the 42nd parallel, now the provinces of Chubut, Santa Cruz and Tierra del Fuego. The majority of these industries was settled in Chubut's North-East, the nearest region to the center of the country, inside the included ones in the project of subsidized industrialization. The businessmen who developed these projects founded the Industrial Patagonian Union, although most of them never lived in the region, as a tool to defend their interests, and facing the positions of other industrial corporations of the north of the country that were demanding the repeal of  these promotion laws, qualified as privileges towards these manufacturers.
The defense of the UIP emphasized the idea of a project based on development and nationalism, posing the Patagonia as an "underdeveloped space" that needed the industries to guarantee its growth. We try to know how these businessmen articulated the defense of their interests, how they constructed a speech jointly with the national and provincial governments who were posing the need to populate and "argentinizar" the Patagonia, which was the influence of the project of development, and which the paper fulfilled by the relation with the working class conformed in the region.
The approach is made through journalistic, governmental and oral sources. A key source is the presentation of the UIP before the national government in 1960, to defend the promotional regime towards Patagonia. This file had not been used until now, it contains documents, letters, presentations and specific reports on the situation of every company..

Keywords: Argentinean Patagonia, industrialization, subsidies, development poles.

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Introducción

 

Este artículo analiza la estrategia corporativa que desarrolló la Unión Industrial Patagónica (UIP) desde su conformación, a fines de la década de 1950, hasta los años 1960. En 1956 el gobierno nacional de Argentina decretó la exención de impuestos a las industrias instaladas al sur del paralelo 42S, que comprendía las actuales provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por ser la región más cercana al centro del país, dentro de las incluidas en el proyecto de industrialización subsidiada, casi la totalidad de estas industrias se instalaron en el noreste de Chubut.

Los empresarios que desarrollaron estos emprendimientos conformaron en 1958 la Unión Industrial Patagónica -pese a que la gran mayoría de ellos nunca vivió en la región-, como herramienta para defender sus intereses. Enfrentaban las posturas de otras corporaciones empresarias del centro y norte del país, que reclamaban la derogación de estas leyes de promoción, que eran calificadas como “privilegios” y denunciadas por su supuesta inconstitucionalidad.

La defensa de la UIP hacía eje en la reivindicación de un proyecto desarrollista y nacionalista, que planteaba a la Patagonia como un “espacio subdesarrollado” que necesitaba de las industrias para garantizar su crecimiento. Se procura conocer cómo estos empresarios articularon la defensa de sus intereses, cómo construyeron un discurso en común con el estado nacional y provincial que planteaba la necesidad de poblar y “argentinizar” la Patagonia, cuál fue la influencia del proyecto desarrollista, y cuál el papel que cumplió la relación con la clase obrera que se conformó en la región.

El abordaje se realizó a través de una fuente clave: la presentación que realizó la UIP ante el gobierno nacional en 1960, para defender el régimen promocional hacia Patagonia. Se trata de un archivo hasta hoy no trabajado, que consta de documentos, cartas, presentaciones e informes específicos de la situación de cada empresa, con más de 300 fojas [1] . Allí la UIP buscaba que el gobierno nacional dejara de lado las restricciones a la importación de materias primas que habían practicado en 1958 y 1959 ante las denuncias por contrabando durante 1956 y 1957, realizado aprovechando las facilidades que daba el sistema de importación libre de impuestos para maquinarias y materias primas al sur del paralelo 42º.

El documento pretendía sustentar la necesidad de confirmar el proyecto de promoción industrial en base a la letra de los decretos de 1956 y 1957, enfrentándose con los planteos de otras corporaciones industriales del país que denunciaban a estos proyectos como contrarios a la igualdad ante la ley sancionada por la Constitución Nacional.

 

La historia previa

 

La industrialización desarrollada a partir del régimen de promoción industrial inaugurado en 1956 se instaló fundamentalmente en la provincia de Chubut. Esta se creó en 1955, recortando una porción de 224.686 km cuadrados en la parte central de la Patagonia Argentina, entre los paralelos 42º y 46º de latitud sur, limitando al norte con la provincia de Río Negro, al sur con la de Santa Cruz, al este con el océano Atlántico y al oeste con la cordillera de los Andes. Hasta esa fecha la actual provincia del Chubut era un territorio nacional de Argentina, es decir que sus habitantes no podían elegir a sus propios gobernantes provinciales, quienes eran designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

La gran mayoría de estas industrias se instalaron en el noreste de la provincia, delimitado por los actuales departamentos de Biedma y Rawson, en los que se ubican las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Se trata de la región más cercana al paralelo 42 y al poder político provincial, ya que Rawson es la capital de Chubut.

Hasta mediados del siglo XIX toda la región patagónica era habitada únicamente por pueblos originarios, especialmente tehuelches que se fueron uniendo con los mapuches ante la ofensiva militar del ejército argentino y chileno sobre las tierras del sur, hacia 1870-1880.

En 1865 llegaron inmigrantes de Gales a la zona del actual Puerto Madryn, que escapaban de las malas condiciones de vida y de la persecución religiosa. Se instalaron en la región previamente a su ocupación por parte del Estado argentino, y comenzaron a desarrollar tareas agrícolas y comerciales, sin entrar en enfrentamientos con los pobladores originarios. Esta corriente de colonización se centró en el área noreste de la provincia, cercana a la costa, fundaron las actuales ciudades de Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Gaiman, y posteriormente avanzaron hacia el área cordillerana, donde crearon los pueblos de Esquel y Trevelin.

Tras la guerra por la conquista de Pampa y Patagonia, generada por la necesidad de aumentar la extensión de las tierras en producción, el Estado argentino comenzó a instalarse en la región. Con ello también se inició el arribo de inmigrantes de distintos orígenes (Luque, Martínez, Avalos, Auzoberría: 2000). En lo económico se pasó a una expoliación acelerada de los recursos para la acumulación individual de capitales.

A principios del siglo XX el gobierno nacional declaró libres a los puertos patagónicos, para comerciar sin impuestos con los demás países del mundo. Esta medida puede considerarse el primer antecedente de las políticas de promoción hacia la Patagonia (Irusta y Rodríguez, 1993). También la zona sur de Chubut comenzaba a poblarse, a partir del hallazgo de petróleo en lo que hoy es Comodoro Rivadavia.

Las principales actividades de la región norte de Chubut eran la producción agrícola en el valle inferior del Río Chubut, y la ganadería ovina y la explotación de salinas en Península Valdés. Trelew comenzó a funcionar como articulador comercial de estas producciones (López, 1997; Ibarra y Hernández, 2016). La concentración y centralización de la propiedad y la riqueza generó la formación de grandes casas comerciales, y de una estructura de tenencia de la tierra basada en el latifundio y el sobrepastoreo.

Hacia 1940 la producción de las salinas se había abandonado ante su nula rentabilidad y la agrícola comenzaba a hacerse menos redituable ante la baja de los costos del transporte, que dificultaba la competencia con los productos del norte. Otras producciones de la región, como su fábrica de cerveza, molinos harineros o la producción tambera, no pudieron competir con las empresas nacionales e internacionales. Así la producción ganadera ovina fue la actividad primordial, y casi única, hasta la instalación de los programas desarrollistas.

Desde mediados de los años 1950, comenzó la transición hacia una estructura económica social que se denomina “capitalismo de estado en enclaves” (Iñigo Carrera, Podestá y Cotarelo, 1999). Se caracteriza por la limitación de la actividad productiva a pocas ramas y la creación de ciudades a partir de proyectos financiados por el Estado. El peso del sector asalariado es fuerte, con una profunda inserción de las relaciones sociales capitalistas y predominio de la población productiva. En ellas el elemento capitalista fundamental es personificado por el Estado, que es el impulsor de las políticas seguidas en la región.

Las actividades productivas que se desarrollan tienen una débil o nula articulación con las demás ramas de la estructura y, por ello, un escaso efecto multiplicador. La base de su conformación está fijada por estímulos externos a la región, ya sea a partir de aportes del Estado -polos de desarrollo, centros mineros-, o de la exportación del producto sin casi agregado de valor, como pesca, extracción de petróleo, etc.

Este es el tipo de programas que la UIP impulsaba, defendiendo sus intereses corporativos como industriales beneficiados por el régimen de promoción industrial. En ningún momento la UIP, pese a todos sus discursos, realizó alguna propuesta específica para repensar la formulación de los proyectos de promoción. Nunca se propuso romper con la estructura de enclave y avanzar hacia un verdadero plan de desarrollo sustentable de la región patagónica, con encadenamientos productivos propios y rompiendo con la dependencia de esos aportes o estímulos externos.

Puede formularse aquí la primera lectura clave de este trabajo: la posibilidad de que la UIP discutiera estos programas era en sí misma imposible, ya que proponer otros canales de promoción del desarrollo en la Patagonia implicaba cuestionar su entera matriz de negocios. La UIP no podía cuestionar la estructura de enclaves ya que ella misma funcionaba como tal: no es solamente un dato anecdótico que la Unión Industrial Patagónica tuviera su sede central en Reconquista 684, en pleno centro de la Capital Federal [2] de Argentina, a más de 1500 kilómetros de la región donde se encontraban sus industrias.

Estos enclaves tienen una gran fragilidad por su especialización extrema en determinadas producciones y por la dependencia de esos factores externos; cualquier cambio en ellos llevará a la caída de los proyectos. Esto es lo que sucedió a partir de mediados de los años 1980 y que se desencadenó durante la década de 1990.

 

Un contexto necesario

 

El primer impulso a los programas desarrollistas se produjo a fines de los años 1950 e inicios de los de 1960, y la Patagonia fue el laboratorio ideal para experimentar este proyecto (Perren y Pérez Álvarez, 2011). No era una simple coincidencia el hecho de que estos territorios estuviesen atravesando su proceso de provincialización durante este mismo período. El Estado nacional buscaba superar el atraso de estas “nuevas provincias”, y el derecho a elegir sus propios gobiernos y redactar sus constituciones era parte del cambio que se promovía.

Con la sanción de sus constituciones las nuevas provincias se sumaron en forma entusiasta al programa desarrollista. El caso de Chubut fue el más evidente en este sentido (Gatica y Pérez Álvarez, 2012b), aunque el impulso más decidido recién pudo darse cuando el Estado nacional fortaleció su presencia en la región.

La asamblea constituyente de Chubut se celebró en 1957, en un contexto en el cual las regiones que habían ocupado un lugar marginal en el marco del Estado nacional, eran destacadas como espacios a desarrollar e integrar. Los discursos de dicha asamblea se conformaron alrededor de las nociones de “integración” y “desarrollo”, con una evidente idealización del desarrollismo, que pretendía incorporar todo el territorio nacional a una modernización basada en la creación de industrias mediante el impulso del Estado.

A partir de allí los habitantes de Patagonia se incorporaron finalmente al ejercicio de los derechos políticos, en igualdad de condiciones con los habitantes del resto de la Nación. Pero esto no implicó una ruptura fundamental con prácticas sociales muy consolidadas en la región, que en algún punto se enfrentaban con las lógicas de la democracia liberal: especialmente esto se refiere a la importancia que seguían concentrando las organizaciones corporativas que controlaban la matriz productiva de la región en cada momento.

De hecho en la constituyente de Chubut no hubo voces contra hegemónicas, que pudiesen plantear algún tipo de cuestionamiento a las bases del programa desarrollista y a la defensa irrestricta de los intereses de los empresarios que habían comenzado a invertir en la región al abrigo de los subsidios nacionales. La constitución provincial impulsó una fuerte presencia del Estado en la economía y la sociedad, enmarcado en las políticas de seguridad nacional que se llevaban adelante: superando el modelo basado en las guarniciones militares, el Estado nacional realizó una gran inversión en subsidios e infraestructura, para conformar la base que permitiera el rápido poblamiento de las "nuevas provincias".

Este contexto explica el proyecto de claro sesgo industrialista que se puso en marcha en Chubut, el cual generó fuertes disputas entre distintas corporaciones empresarias. El Estado nacional atravesó estos enfrentamientos ratificando la necesidad de promocionar determinados “polos de desarrollo” como medio para dinamizar al conjunto del país. La política de generar "polos de desarrollo" se planteaba, desde lo teórico, como la creación de centros industriales que irradiarían el “progreso” hacia las regiones cercanas al polo originario. Esta formulación, elaborada centralmente por el economista francés François Perroux, igualaba industrialización, crecimiento y desarrollo, y esa proyección se hacía posible gracias al aporte de un factor exógeno, en especial la intervención del Estado subsidiando inversiones privadas (Benko y Lipietz, 1994 y Coraggio, 1972).

Si estos polos debían fortalecer a las regiones débiles, parece lógico que las nuevas provincias patagónicas hayan sido objeto de su planificación. Los complejos hidroeléctricos en Neuquén, la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales en Santa Cruz, la puesta en explotación de la reserva mineral de Sierra Grande, el impulso a la industrialización subsidiada en Chubut, son evidencias de la concepción dominante acerca de cómo asegurar el desarrollo y crecimiento de la región.

Esta mirada no era privativa de los cuadros técnicos del Estado nacional. Ya se refirió cómo la constitución de Chubut se sumaba a esta perspectiva. Y así también puede registrarse que el mismo ideario fue reproducido una y otra vez en los medios de comunicación de la región. La necesidad de promover a la Patagonia mediante la planificación y los subsidios estatales era una concepción compartida por la amplia mayoría de la sociedad, incluidos sus sectores subalternos.

Esta política fue más allá de los signos políticos de los distintos gobiernos: de hecho los primeros pasos fueron dados durante el peronismo, cuando el Estado nacional fortaleció su presencia en los distritos patagónicos. Pero luego del derrocamiento de Perón esta perspectiva se profundizó, especialmente durante la década de 1960, cuando estos territorios aceleraron su tránsito hacia la estructura económico social de capitalismo de estado en enclaves.

 

Desarrollismo y subdesarrollo

 

La base argumentativa de la necesidad de poner en marcha planes de desarrollo era la concepción de que se estaba ante regiones “subdesarrolladas”. Dicha situación se explicaba fundamentalmente por la poca atención que habían tenido desde el Estado nacional y por su lejanía con respecto a la región central de la economía argentina. Ni el modelo agro-exportador, ni la industrialización por sustitución de importaciones, habían impactado en el redimensionamiento de las características de la Patagonia. Con una participación ínfima en el producto bruto nacional, la estructura productiva patagónica dependía, para fines de los años 1950, de un pequeño puñado de actividades.

La ganadería era, para la mayor parte de la superficie patagónica, la principal y casi única actividad productiva. Recuérdese que hacia fines del siglo XIX gran parte de la Patagonia fue integrada al sistema económico nacional a través de la captación de ganado ovino, expulsado de la Pampa Húmeda por el avance de los cereales y el ganado vacuno (Bandieri, 2005). Muchos factores se conjugaron para que esta actividad comenzara a perder dinamismo hacia 1960. En las “provincias ovinas”, el stock se estancó o comenzó a descender a partir de las décadas centrales del siglo XX [3] .

Los únicos sectores que seguían siendo relativamente prósperos eran el comercio y la explotación de hidrocarburos. En el primer caso, el crecimiento de las ciudades a costa de la campaña permitió una explosión del número de establecimientos (Ibarra y Hernández, 2016). La explotación de hidrocarburos aportaba, hacia comienzos de los ‘60, entre un tercio y la mitad del Producto Bruto Geográfico. Pero hasta la provincialización, el Estado nacional no sólo exploraba, explotaba, industrializaba y comercializaba los recursos, sino que además se apropiaba de la renta petrolera, ya que las regalías sólo correspondían a las provincias.

Esta concepción del subdesarrollo de la región era una y otra vez planteado en el documento de la UIP, que aquí se trabaja. Allí afirmaban que el proyecto de industrialización debía ser sostenido, citando, para defender su postura, las palabras del mismo gobierno nacional. En uno de los primeros decretos de reglamentación de los planes de promoción industrial se planteaba la necesidad de: “…un régimen adecuado de fomento industrial para las regiones subdesarrolladas del país” (Documento UIP, p. 18); donde específicamente se incluía a la Patagonia como parte de esas regiones subdesarrolladas.

En las páginas 46, 47 y 48 del documento de la UIP se analiza en profundidad la coyuntura concreta de inicios del año 1960, reclamando al gobierno nacional retornar a los decretos reglamentarios de 1956 y 1957, sin las restricciones incorporadas luego. La UIP sostenía que las limitaciones impuestas a la importación de materias primas -basadas en las denuncias de contrabando- atentaban contra el respeto al derecho, ya que se estaban modificando las reglas en base a las cuales ellos habían decidido realizar sus inversiones en Chubut, y, especialmente, no contemplaban la realidad de que la Patagonia seguía siendo una “zona subdesarrollada”.

La importancia clave del concepto de subdesarrollo aplicado a Patagonia, en la fundamentación de los industriales de la UIP para defender sus intereses, queda aún más evidente en la sentencia clave que emitió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia  rechazando el planteo de inconstitucionalidad de los proyectos de promoción industrial. Este era uno de los puntos nodales en la disputa política y jurídica entre la UIP y la Unión Industrial Argentina (UIA), organización que sustentaba la denuncia de inconstitucionalidad.

Entre las más de sesenta fojas de anexos, donde se integran los diversos decretos, leyes y fallos judiciales que a lo largo del informe de la UIP fueron citados,  está incluido el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que declaró la constitucionalidad del decreto 9924/57, rechazando así un fallo de primera instancia que consideraba inconstitucionales a estos regímenes, por no sostener la igualdad ante la ley.

El Dr. Gallart Berdier, en la fundamentación de su voto, sostuvo:

 

“No estoy de acuerdo en que tales decretos-leyes, dictados para propender al progreso de una zona alejada y subdesarrollada del país, vulnera cláusula constitucional alguna (…) la región patagónica, escasamente poblada, y sin otra perspectiva, hasta ahora, que el lento desarrollo que puede proporcionar la explotación extensiva de sus pampas semidesérticas, puede unirse a la armonía del progreso general del país, por la diversificación de sus fuentes de riqueza, lo que traerá, al par que su fortificación económica un aumento demográfico, sin el cual, es inútil hablar de progreso y de civilización” (Documento UIP, anexos).

 

En las páginas 43, 44 y 45 del informe de la UIP se desarrollan los argumentos jurídicos para rechazar los planteos de inconstitucionalidad del régimen de promoción industrial; estos argumentos, formulados por la UIP previamente al ya citado fallo del juez Gallart Berdier, son llamativamente parecidos a la argumentación expuesta. La UIP destacaba que Argentina siempre tuvo políticas de beneficios para determinadas zonas atrasadas o poco integradas al Estado nacional. Más aún para:

 

“…una zona que obviamente necesita, por su naturaleza, por sus características, por su importancia política, de una legislación de fomento que favorezca el crecimiento de su población, desde que solo la existencia de pueblo asegura la soberanía sobre el suelo, y facilite la explotación intensiva de sus riquezas, la instalación de industrias, su prosperidad en beneficio general del país” (Documento UIP, p. 44).

 

En términos jurídicos se afirmaba que la condición coyuntural de ser una región subdesarrollada explicaba la necesidad de políticas de promoción excepcionales para “armonizar” el desarrollo nacional e integrar estas regiones al conjunto del país. Asimismo se hacía expresa la perspectiva de seguir pensando a la Patagonia como un “desierto” a “poblar” y “explotar”, como únicos caminos posibles hacia el “progreso” y la “civilización”. Más adelante se volverá sobre algunos de estos tópicos.

 

Las industrias y los industriales (según ellos mismos)

 

En el informe trabajado se desarrollan las distintas leyes de promoción sancionadas, remarcando su importancia, la intención de apuntar al desarrollo de la Patagonia y los controles que se establecían para evitar toda forma de contrabando o estafa. Esos controles, que en las primeras páginas del informe de la UIP son destacados como un elemento central para fundamentar la seriedad del proyecto de promoción industrial, posteriormente, en la sección media del documento, son fuertemente criticados por lo supuestamente engorroso y complejo de los trámites de revisión para aprobar compras y/o traslados de materias primas importadas. Se indica allí que estas complicaciones eran uno de los mayores problemas para la normal puesta en marcha de las plantas industriales en Chubut.

El documento pretendía sustentar la necesidad de generar mecanismos rápidos de importación, sin controles “excesivos”. Y especialmente hacía énfasis en el desarrollo social que la instalación de estas industrias habría generado en la provincia de Chubut al calor de los decretos de 1956 y 1957, situación que se ponía en riesgo con las restricciones a las importaciones impuestas en 1958 y 1959.

Más de cien fojas del informe son registros estadísticos de 42 de las 56 fábricas que según la UIP estaban instaladas y producían en la región -de ellas 11 estaban en Comodoro Rivadavia, 1 en Esquel, 16 en Puerto Madryn y 28 en Trelew; todas en la provincia de Chubut. En esos registros se contabilizaba la cantidad de obreros empleados, la proporción de obreros de la zona (alrededor de un 87%) en comparación con los traídos de “afuera”. La cantidad de técnicos (un 4% del total de trabajadores ocupados) y, especialmente, los días de trabajo perdidos por diversas situaciones. El período de registro iba desde 1956 (o la fecha de inicio de producción de cada empresa, que es variable) hasta marzo o abril de 1960.

Si bien todos estos datos deberían ser controlados a la luz de otros documentos que permitan corroborar o debatir lo expuesto, en términos de la defensa de sus intereses es importante destacar que hay casi un 35% de días perdidos en promedio en el total de empresas informadas. De esos días perdidos casi la totalidad son explicados por “falta de materia prima debido a problemas en la importación” (un 85% del total de días perdidos, que llegan a las 4569 jornadas).

Luego se enumeran como causales, en orden de importancia, todas muy reducidas en comparación a la ya destacada: los problemas técnicos (rotura de maquinaria, falta de energía; esto explica el 7,2% de los días perdidos), problemas de personal (entrenamiento, capacitación, falta de personal, explica el 6,6%) y, por último, dos huelgas por empresa (son 23 días de conflicto, que explican el 0,5% de días perdidos).

Como una muestra del perfil de estos industriales se destaca que en casi todos los casos las vacaciones o licencias anuales también son computados como “días perdidos” -no fueron tomados así para los datos expuestos en este trabajo-. en lugar de ser entendidos como parte de las condiciones legales de producción.

En el Informe de la Comisión Especial Parlamentaria Mixta sobre franquicias al sur del paralelo 42, que visitó la región en el marco de este conflicto, se realiza una breve síntesis de la estructura cuantitativa de las fábricas instaladas que no coincide exactamente con los datos expuestos por la UIP [4] .

Además de los elementos cuantitativos es central comprender y analizar cómo desarrollaron su auto representación en tanto industriales. Es repetida la idea de que son “pioneros”, que se animaron a encarar una tarea enmarcada en la búsqueda de engrandecer al país y ayudar a su desarrollo. Por ello, en la disputa con el resto de los industriales, los miembros de la UIP se presentaban como aquellos que trabajaban por el desarrollo del país, en contra de los que solamente velaban por sus espurios intereses económicos.

Así destacaban su compromiso con la política de las autoridades nacionales y sus proyectos de desarrollo:

 

“Los primeros empresarios se presentaron a la Administración Pública para realizar sus gestiones, fueron entusiasmados e impulsados a llevar a cabo esa obra de verdaderos pioneros. Son muchas las paredes de las fábricas que en sus paredes ostentan las fotos de los más altos dignatarios de la Nación quienes tuvieron muchas veces palabras y actitudes que alentaron a los industriales, hombres de empresa y financiadores, a la inversión de sus capitales” (Documento UIP, p. 1).

 

Esta cita, con toda su carga ideológica y simbólica, se encuentra en la primera página del documento. Es destacable que dichos “altos dignatarios” eran provenientes de gobiernos de facto o de gobiernos constitucionales fuertemente restringidos en su legalidad. De hecho los decretos-ley que la UIP consideraba positivos son los de un gobierno de facto en manos de las Fuerzas Armadas; mientras tanto aquellos que limitaban la importación eran provenientes de un gobierno constitucional, aunque sin una verdadera democracia efectiva [5] .

Estos “pioneros” enfrentaron una tarea que ellos parecían asumir casi como una carga, como un proyecto que no realizaban por el simple interés de obtener ganancias, sino por el engrandecimiento de la patria. Industriales serios y de prestigio iniciaron este camino y reclamaban por ello el acompañamiento de la Nación [6] . Destacaban su trabajo de años en la actividad industrial, para enfrentar las acusaciones que los denunciaban como aventureros que realizaban negocios por fuera de la ley [7] .

Los miembros de la UIP en todo momento se autodefinían como “industriales patagónicos”, pese a que ninguno de ellos parecía ser proveniente de esta región, y ni siquiera vivían en ella. En ese marco destacaban su trabajo por el bienestar de la Patagonia como región y el hecho de que los otros grupos de industriales solamente pensaban en sus intereses [8] . Así:

 

“Recién cuando la producción comienza a afluir al mercado (…) se desata una violenta campaña, inspirada exclusivamente en intereses económicos. Recalcamos esto: intereses económicos encontrados” (Documento UIP, p. 2, en negrita en el original).

 

Además de estos rasgos particulares en defensa del régimen promocional, los miembros de la UIP también estructuraron su defensa del programa de industrialización subsidiada en torno a los criterios más clásicos, para la clase dominante, de defender la legalidad vigente. Básicamente remarcaban que las inversiones hechas bajo un marco normativo determinado debían seguir reguladas por el mismo contexto legal, para no cambiar las condiciones instituidas [9] .

En ese marco planteaban una de las ideas centrales del documento, y que expresa sin dudas toda una perspectiva implícita en estas estructuras corporativas de la clase dominante:

 

“Por lo tanto consideran, y siguen entendiendo con toda razón y derecho, que están al margen y por encima de las opiniones de determinados funcionarios, o aún del gobierno mismo” (Documento UIP, p. 2).

 

Los industriales al margen y por encima del mismo gobierno… Era sin dudas toda una declaración de principios, incluida también al inicio del informe.

Estos son los ejes discursivos que sostenían su estructura de defensa. En términos cronológicos, tras los decretos de 1956 y 1957 que impulsaban la promoción industrial en la región, hacia fines de 1958 comenzaron los cambios a partir de las presiones de otros grupos de industriales:

 

“Llegamos, así, al 30 de diciembre de 1958, fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional modifica sustancialmente el régimen cambiario argentino, reemplazando todo el sistema de permisos” (Documento UIP, p. 14).

 

Tras diversos planteos legales y reuniones con funcionarios nacionales y provinciales, la UIP consiguió una suspensión de un año para poner en marcha la nueva reglamentación, y la conformación de un espacio de análisis para determinar las políticas a seguir:

 

“El resultado de todas nuestras gestiones fue un simple paliativo (…) una subcomisión integrada por representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Unión Industrial Patagónica” (Documento UIP, p. 21).

 

Esta subcomisión fue aplazando sus resoluciones, generando nuevos problemas en las industrias que dependían de materias primas importadas para su procesamiento:

 

“…estábamos ya a mediados de agosto y otra vez con la angustia de la escasez o falta de materia prima para un trabajo normal” (Documento UIP, p. 23).

 

En ese mes de agosto de 1959 la Secretaria de Industria de la Nación convocó a la Unión Industrial Argentina y a la Unión Industrial Patagónica para debatir los problemas en torno a las leyes de promoción. La UIP rechazó la convocatoria, indicando que el recién nombrado Secretario de Industria, Carlos Juni,

“…hacía sólo 55 días –siendo Presidente de la Cámara Gremial de Productos Químicos,- uno de los sectores en pugna con la producción patagónica- había firmado un memorial dirigido al Gobierno solicitando la derogación del régimen de franquicias al Sur del paralelo 42º” (Documento UIP, p. 24).

 

Finalmente la comisión se puso en marcha sin la presidencia de Juni. La UIA reclamó la inmediata anulación de las leyes de promoción. Tras meses de disputa se consiguió habilitar el 80% de la importación de materias primas que reclamaba la UIP. El debate que sostenía la UIA afirmaba que las importaciones solicitadas eran excesivas para los niveles de producción, y que así se encubrían operaciones de contrabando.

Uno de los puntos que establecía cuáles productos podrían ser importados sin impuestos definía en la reglamentación de 1957: “…que las mercaderías importadas no puedan ser adquiridas en el país en calidad y cantidad necesarias” (Documento UIP, p. 9). Este será uno de los ejes fundamentales de conflicto, ya que las empresas del centro y norte del país querían imponerse como proveedoras de las materias primas que, según esta reglamentación, los industriales con inversiones al sur del paralelo 42º podían importar sin pago de impuestos.

El 18 de enero de 1960 el gobierno nacional emitió el decreto Nº 509/60 que fijó una nueva situación provisoria, cuya mayor modificación fue reemplazar el concepto “necesarias” en la formulación que habilitaba la importación de materias primas, por el de “satisfactorias”. Este simple cambio de una palabra encubría una profunda disputa económica, ya que la calidad “satisfactoria”, era definida como:

 

“…las materias primas o productos nacionales que sean aptos para ser procesados o utilizados en los establecimientos ubicados al sur del paralelo 42 que sean los de uso y consumo habitual por la industria del país” (Documento UIP, anexos).

 

Según la UIP esta modificación implicaba la destrucción de las industrias instaladas, que se habían conformado para procesar materia prima importada de una calidad que no podía ser provista por la industria nacional. Por ello impugnó este decreto, entrando en largos y complejos procesos de debate político y jurídico [10] .

La UIP alertó asimismo sobre las graves condiciones sociales que generaría la caída del incipiente proceso de promoción industrial:

 

“Una eliminación súbita de las industrias – que sería consecuencia inmediata de la supresión de las franquicias – provocaría un verdadero descalabro en las economías locales y una lamentable descenso en el nivel de vida de la población de casi todos los centros poblados del sur argentino (tal vez con la sola excepción de Comodoro Rivadavia)” (Documento UIP, p. 36).

 

Claramente se intentaba presionar a través del miedo a la pérdida de puestos laborales.

 

 

La clase obrera a construir

 

En otros trabajos del autor (Pérez Álvarez, 2014; 2015a; 2015b) se investiga el proceso de conformación de una nueva clase obrera en las regiones de Chubut que se vio transformada por el proyecto de promoción industrial hacia las décadas de 1960 y 1970, bajo la hipótesis de que durante estos años se construyó en la región una nueva clase obrera, producto del arribo de diversos contingentes migrantes, ya sea de otras provincias del país, de las zonas rurales de Chubut y de países limítrofes.

El desarrollo de la industrialización subsidiada planteaba la necesaria construcción de una clase obrera para trabajar en las fábricas que se instalaban, y en las actividades satélites que se iban conformando. En las ciudades se vivió un cambio acelerado, que modificó la vida social en todos sus aspectos. Entre ellos se transformaron las relaciones de género, dado que la producción textil incorporó trabajadoras, modificando el rol tradicional asignado a la mujer en la Patagonia (Beccaria, 1983; Gatica, 2000).

Esta clase obrera, sumamente heterogénea y que en muchos casos no traía experiencia (Thompson, 1989) de trabajo fabril o vida urbana, se encontró con un contexto de pleno empleo, inauguración frecuente de fábricas y la posibilidad de ir mejorando sus condiciones de vida.

Esto no implica que hasta allí no existieran conflictos u organización obrera [11] , pero sí que la clase obrera que se conformó no parece haber construido vínculos históricos de importancia con las experiencias y tradiciones previas de los pequeños núcleos obreros que ya existían en la región. El rasgo central fue una evidente heterogeneidad, poca experiencia política y/o sindical, falta de tradiciones en común, y ausencia de experiencia colectiva en tanto trabajadores industriales y/o urbanos. Estos rasgos explicarían un bajo nivel de conflictividad [12] , y la identificación de intereses entre esta nueva clase y los sectores dominantes asociados al proyecto de industrialización subsidiada.

El documento trabajado en este artículo aporta elementos para comprender en mayor profundidad algunas de sus características, y observar cómo estos rasgos eran considerados por la clase dominante. Es muy interesante destacar que las principales fuerzas políticas “legales” [13] del momento (la UCRI y la UCRP [14] ) subrayaban la ausencia de conflictos sociales como un elemento central para proponer la continuidad de los planes de promoción industrial para la región. Asimismo se expresaba y valorizaba el trabajo de los obreros, su dedicación y compromiso.

La UIP invitó a diversos legisladores y funcionarios nacionales a conocer las industrias instaladas al sur del paralelo 42 bajo el régimen de franquicias [15] . Son de especial interés algunas citas de los informes de los legisladores de la UCRI y de la UCRP, publicados en páginas 40, 41 y 42 del informe de la UIP.

El 19 de octubre de 1959 la UCRI destacaba:

 

“…la capacidad demostrada por los obreros patagónicos que en poco tiempo han alcanzado un alto grado de calidad y dedicación (…) el esfuerzo de los industriales y la afanosa colaboración de los obreros y formula su convicción de que, muy pronto el progreso integral y definitivo de la Patagonia ha de lograrse” (Documento UIP, p. 41).

 

La UCRP, el 23 de octubre de 1959, sostenía que el régimen de promoción:

 

“…constituye un medio extraordinario de afincar población en aquel lugar lejano del país que necesita como ningún núcleo de habitantes estables y que contribuyen a sentir la emoción de la República y que colabore con sentido de argentinidad al desenvolvimiento del país” (Documento UIP, p. 41).

 

Además de hacer énfasis en la idea de poblar y argentinizar, es muy interesante su caracterización sobre el tipo de clase obrera y de organización sindical que se había conformado:

 

“También se ha observado un desarrollo gremial que se ha gestado al conjuro de los establecimientos industriales, con sentido sindical auténtico y con responsabilidad, mereciendo destacarse que cumple sus funciones específicas sin tintes políticos” (Documento UIP, p. 41).

 

Es evidente que estos sectores observaron estos rasgos como un diferencial con respecto al tipo de actividad que desarrollaban los trabajadores en los centros industriales tradicionales del país. En ese sentido es necesario retomar la hipótesis (formulada por Schvarzer, 1986) de que una de las razones para la instalación del modelo de polos de desarrollo fue la intención de “des promover” a los conglomerados industriales tradicionales, como mecanismo para dividir a la clase obrera y debilitar su organización sindical.

En el Informe de la Comisión Especial Parlamentaria Mixta sobre franquicias al sur del paralelo 42, se destacaba que:

 

“Los jornales, que son en todos los casos ampliamente remunerativos (…) sirven de atractivo para una actividad estable y de un progreso cierto y han determinado como lógica consecuencia la afluencia a los centros industriales, de personas que residen en las zonas rurales.” (Documento UIP, anexos).

 

Se observan allí dos rasgos marcados más arriba: la posibilidad de obtener buenos salarios y el hecho de que gran parte de esta clase obrera provenía de regiones rurales y no traía consigo tradiciones de trabajo fabril y, en general, tampoco de organización sindical y/o política.

Otro elemento de interés es observar si la conformación de esta clase obrera demandó un esfuerzo de importancia en torno a la capacitación y el acostumbramiento de los obreros al nuevo régimen de trabajo. Los datos expuestos en el apartado anterior muestran que no hubo gran cantidad de días perdidos por entrenamiento o capacitación. Solamente dos fábricas plantearon que han perdido días de trabajo por falta de personal, aunque fue constante, hasta los años ‘80, que todos los trabajadores realizasen horas extras, expresión de cierto nivel de carencia de fuerza de trabajo disponible. Sin embargo los industriales de la UIP destacaban, como uno de sus aportes al progreso de la región, haber tenido que:

 

“…entrenar y preparar mano de obra local, que hasta ayer era ignorante a todo proceso industrial; en muchos casos construir alojamientos; llevar desde Buenos Aires técnicos especializados, gerentes y capataces” (Documento UIP, p. 2).

 

       Ya se mencionó que la matriz del proyecto de ocupación de Patagonia por el Estado argentino fue parte fundamental del proceso. Esta perspectiva, que para nosotros a juicio del autor fue hegemónica también en la clase obrera que se construyó, planteaba una supuesta comunidad de intereses entre obreros y patrones en la región, cuyo objetivo era asegurar el desarrollo de la Patagonia. Ese posicionamiento se reforzaba con la idea de la necesidad de mantener la paz social, para no poner en riesgo los planes de promoción industrial.

       Este discurso era poderoso porque se asentaba en elementos objetivos. La industrialización subsidiada dependía, para su continuidad, de la promoción industrial. Los trabajadores eran concientes de esta problemática y, tanto la mayoría de ellos como sus conducciones sindicales, desarrollaron una estrategia que planteaba una alianza con la burguesía con intereses en la región, donde esa burguesía era la que dirigía el proceso. Dicha alianza sostenía la defensa de la región, demandando el sostenimiento de los beneficios para los empresarios que invertían en la Patagonia.

 

Argentinizar y poblar

 

No hay dos palabras más utilizadas en el documento que las que figuran como título de este apartado. También son las dos palabras que permanentemente recorren todos los discursos acerca de la ocupación de Patagonia, desde fines del siglo XIX hasta el presente. Hasta parece obvio hablar de ellas, y hacer énfasis en la importancia de estos términos para pensar los proyectos de desarrollo formulados para Patagonia en el siglo XX y las estrategias que elaboraron los industriales con inversiones en la región para defender sus intereses.

Argentinizar y poblar son los ejes articuladores de la concepción de soberanía. A la ocupación del territorio por parte de las guarniciones militares, le siguió el plan de ocupación por estos “nuevos fortines” que serían las industrias subsidiadas por el Estado. Fortines que irradiarían el progreso y la civilización a través de sus dos bases fundamentales: la argentinización y el poblamiento de la región.

Se han citado más arriba algunas frases de los legisladores que visitaron la Patagonia para observar las industrias subsidiadas. Se han destacamos en ellas diversos elementos; pero lo central de la argumentación reside sin dudas en el cierre de los informes, tarea que realizó el senador Bayol, presidente de la Comisión de Industrias del Senado, quien sostuvo:

 

“…en esta zona patagónica, que es necesario argentinizar y poblar, la radicación de cualquier industria significa un progreso” (Documento UIP, p. 42).

 

Para la UIP el contenido del proyecto de promoción industrial debía ser considerado una verdadera cruzada patriótica, y así lo expresaban desde la primera página de su documento:

“…estos altos y patrióticos fines perseguidos por el Superior Gobierno de la Nación al establecer el sistema de franquicias” (Documento UIP, p. 1).

 

Una región que necesitaba ser defendida de los enemigos de la nación, de los externos, y, especialmente, de los "internos". En el documento se remarca en todo momento la fragilidad de la región [16] y la debilidad de la soberanía argentina sobre ella [17] . Una perspectiva similar se encuentra en el Informe de la Comisión Especial Parlamentaria Mixta sobre franquicias al sur del paralelo 42:

 

“… por razones elementales de integración nacional, de ejercicio real de la soberanía, requiere un afincamiento efectivo de población…” (Documento UIP, anexos).

 

       Este informe deja ver, además, toda una perspectiva clásica sobre la Patagonia y las narrativas que la han construido como espacio a conquistar y redimir:

 

“Extensiones inmensas, tierras pobrísimas aunque potencialmente magníficas, con comunicaciones escasas; pocos y pequeños centros poblados extraordinariamente alejados entre sí, y una configuración climática tremenda, con sus vientos legendarios y sus inviernos inclementes; todo se une para hacer de la Patagonia una aventura de la que muchos se acobardaron, no pocos fracasaron y algunos triunfaron” (Documento UIP, anexos).

 

La Patagonia seguía siendo visitada desde miradas que la entendían como tierra maldita y, al mismo tiempo, como tierra de promesas. Una tierra de leyenda, que debía ser controlada y asimilada al progreso y la civilización. Los industriales eran los nuevos pioneros, aunque esto sucediese ya en 1960.

Se sostenía, también, que uno de los graves problemas de la Patagonia era “étnico”:

“…debemos llegar a las causas mismas que han impuesto la necesidad de establecer un régimen de franquicias para el Sur patagónico, como un medio de fomento económico y social a fin de superar ciertos problemas geográficos, étnicos, económicos y sociales de su población.” (Documento UIP, anexos).

 

No hay mayor desarrollo de la temática en este documento, pero parece obvio que el problema “étnico” apuntaría a la presencia de los pobladores originarios [18] y a la población de origen chileno.

De hecho, hacia el final del documento se destaca el problema que las industrias se concentraron en la zona atlántica y cercana al paralelo 42º, y la necesidad del

 

“…aumento de la densidad de población en la zona precordillerana (…), por razones de alta política, pues el efectivo y cierto ejercicio de la soberanía en el territorio patagónico, no ejercitado en plenitud en la zona limítrofe con Chile, vendrá exclusivamente por vía de lograr la estabilización de los habitantes…” (Documento UIP, anexos).

 

Este discurso, que hacía eje central en la soberanía nacional, se sostuvo y reconfiguró durante las décadas siguientes como herramienta para defender la legislación que garantizaba la continuidad del régimen promocional para Patagonia. Los gobernantes y las principales cámaras industriales de la región intentaron mantener los subsidios originalmente sancionados. Su perspectiva asociaba, como un todo indisoluble, a la industrialización subsidiada con el crecimiento económico, el despegue demográfico y la efectiva soberanía nacional.

Con la llegada de la última dictadura militar, el discurso tendiente a sostener la legislación promocional volvió a encontrarse con las arengas de seguridad y soberanía nacional. La hipótesis de conflicto con Chile fue de fundamental importancia para sostener el relato. El asentamiento de población era pensado como una pieza clave en el armado geopolítico; una declaración de la Unión Industrial Patagónica marcaba que sus propósitos no podían estar

 

“ajenos a los objetivos políticos y estratégicos que la nación se proponga alcanzar en la región, a los imperativos de la seguridad nacional, ni a una opción conciente de los bienes materiales y espirituales a que nuestra sociedad aspira”.

 

Y terminaba su llamado intentando convertir a los intereses del sector industrial en los de la Nación; después de todo, rezaba la declaración, “la industrialización es un movimiento de la sociedad como un todo; (…) no tiene por finalidad hacer cosas, sino hacer un país" [19] .

Hacia la década de 1980, alejados ya los fantasmas bélicos con Chile, avanzaban las medidas aperturistas de la economía y se cuestionaba la planificación estatal. Los discursos locales trataron de sintonizarse en otras frecuencias, donde la industria comenzó a ser imaginada como una fuente de estabilidad para evitar los “estallidos sociales”. La defensa de la soberanía pasaba ahora por evitar la radicalización de los conflictos, y las industrias subsidiadas garantizaban una previsibilidad sostenida para la región y sus trabajadores. Pero ya la situación había cambiado y los industriales con intereses en la Patagonia no tenían capacidad para defender sus posiciones ante el avance del proyecto del capital más concentrado, que ahora también dominaba el aparato estatal y la planificación de sus políticas (Bonnet, 2008; Pérez Álvarez, 2013).

 

Reflexiones finales

 

Se han desarrollado a lo largo del trabajo diversos elementos que sintetizan lo que en este artículo se pretendía estudiar. Un primer dato de relevancia señala que los argumentos desarrollados para sostener la política promocional por parte de la UIP retomaron los mismos ejes discursivos que fueron los estructurantes de la asamblea constituyente de Chubut. Y también, una y otra vez, esos discursos se realizaban desde un entramado de corporaciones y poder político que difícilmente podía diferenciarse. El peso clave de las corporaciones siguió siendo un factor distintivo de la historia de Chubut y la Patagonia.

La UIP constantemente presentaba a estos industriales bajo el título de pioneros, auto-representándose como aquellos que estaban iniciando una verdadera cruzada patriótica y civilizatoria. Por ello reclamaron el apoyo del Estado, y se consideraban “al margen y por encima” de las mismas autoridades del país.

Estos industriales identificaron sus intereses particulares con los de la Patagonia y la Nación como un todo. En su auto representación ellos son la Patagonia, y la Patagonia es, a su vez, el reservorio de la soberanía nacional, por sus riquezas naturales, por su fragilidad, por su dimensión de territorio a conquistar y redimir. Por eso alertaban que su caída -la de ellos como industriales con inversiones en la región- generaría el derrumbe de la región toda, a excepción de aquellas ciudades conformadas como enclaves en base a la extracción de hidrocarburos. Y que esto, a su vez, pondría en riesgo la soberanía nacional y atentaría contra los intereses de toda la Nación.

Presentaban así a los intereses de su sector como idénticos e inescindiblemente unidos a los intereses de la Nación. Ellos eran los industriales que estaban haciendo un País. En cambio el resto de las corporaciones únicamente pretendían defender sus “intereses económicos”. Casi nunca en el documento se habla de tasas de ganancias o márgenes de rentabilidad. Para la UIP no eran esos los objetivos que perseguían sus asociados, sino la búsqueda de conseguir otros “altos y patrióticos fines”.

La interpelación que realizan es en todo momento hacia el Estado, que se constituye como la personificación del elemento capitalista en la región, y el principal impulsor de las políticas que se llevaron a cabo hacia la Patagonia en los distintos momentos históricos. Nada parece posible para estos industriales si el Estado no los acompaña, los tutela y, sobre todo, los subsidia.

Esta interpelación es, en el documento trabajado, dirigida únicamente hacia el Estado nacional, algo lógico en el período histórico investigado, cuando aún el Estado provincial estaba en construcción y sin capacidad de contar con recursos propios. En las siguientes décadas parte de esos industriales comenzaron a descargar sus exigencias también hacia el Estado provincial, que fue un activo partícipe, otorgando subsidios y aportes estatales a estos empresarios privados.

No hay ninguna diferenciación para esos industriales entre gobiernos constitucionales o provenientes de un golpe de estado. De hecho jamás se ponen en juego estas categorías en el documento analizado, y es evidente que hubo mucha mejor sintonía de la UIP con las decisiones emanadas de los gobiernos dictatoriales. Así lo fue también durante el período dictatorial de 1966 a 1973, cuando se dio el impulso fundamental a la industrialización de la región, con la construcción del parque industrial en Trelew [20] hacia 1971, y la puesta en marcha de la concesión de ALUAR [21] en Puerto Madryn, concesión realizada también en 1971 y que comenzó su producción en 1974.

En definitiva esto no debiera parecer extraño, dadas las coordenadas ideológicas que se ha mostrado se repetían en estos proyectos desarrollistas para

Patagonia: soberanía nacional, seguridad interior, argentinización, poblamiento. El discurso de los industriales sintonizaba exactamente esta misma frecuencia.

Al inicio del trabajo se sostuvo que no existieron cuestionamientos al modelo de enclaves, ni el menor debate acerca de la posibilidad de pensar un modelo de desarrollo sostenible para Patagonia, con encadenamientos productivos al interior de la propia región. Y se destacó que era lógico que esta fuese la postura de la UIP: ellos mismos, en tanto corporación, se constituyeron como un enclave en la Patagonia.

Cuestionar la conformación de la región en torno a un capitalismo de estado en enclaves, era enfrentarse con la matriz de negocios que aseguraba sus ganancias. Es aquí donde se hace evidente que el interés de la UIP era desarrollar el máximo de beneficios en el menor tiempo posible, y no “garantizar la soberanía nacional y el engrandecimiento de la patria”, como constantemente prometían en sus escritos y declaraciones apologéticas.

 

 

Bibliografía

 

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* Doctor en Historia, investigador del CONICET y profesor en la Uiversidad Nacional de La Plata. Director Concursado del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, Chubut, Argentina.

[1] Este documento era parte del archivo personal de un trabajador del Estado provincial, que lo conservó cuando la oficina estatal en la que trabajaba decidió quemar los archivos viejos. Conociendo mis investigaciones consideró que podía ser de mi interés. Todas las citas hechas son textuales, preservando algunos pequeños errores de redacción o de reglas ortográficas presentes en el original.

[2] A su vez el secretario de la UIP durante 1959, el señor Koslovsky, fijó como su domicilio personal para las notificaciones legales el de la calle Bolívar 430, también en la Capital Federal.

[3] Para el caso de Chubut el número de cabezas ovinas, pasapasó de 6.400.000 en 1977 a 5.200.000 en 1988 y a sólo 3.200.000 en 1996.

[4] “Total de fábricas instaladas al sur del paralelo 42: 62; total de obreros ocupados de la zona: 3000; total de obreros ocupados de Buenos Aires: 168; energía utilizada: 3174 H.P. y 9500Kw; tienen fábrica al Norte del paralelo 42: 9 firmas; no tienen fábrica al Norte del paralelo 42: 41 firmas; capital en giro: $3.000.000.000; capital fijo invertido: $1.200.000.000” (Documento UIP, anexos).

[5] En 1955 las Fuerzas Armadas depusieron por la fuerza al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Entre 1956 y 1957 el gobierno estuvo en manos de las Fuerzas Armadas. En 1958 Arturo Frondizi ganó las elecciones, en una votación donde la fuerza política mayoritaria, el Partido Justicialista, no podía presentarse. El gobierno de Frondizi estuvo condicionado por la posibilidad de un nuevo golpe de estado, que sucedió en 1962.

[6] Los siguientes extractos del documento intentan fundamentar esta perspectiva: “…son hombres de empresa de sólido prestigio y muchísimos de ellos con años de actuación en la industria argentina y que continúan con sus actividades al Norte del paralelo 42º, como son, por ejemplo: Los Alerces S.R.L. – Oxigen S.C.I.C. – I.N.F.A.S.A. – Manufactura Plástica Argentina – Juan Bikkesbakker – Héctor A. Briozzo – Industrias Plásticas Saladillo – Félix N. Curani – Edelgar S. en C. – Lanaco S.A. – Omnipol Sudamericana S.R.L. – Ricardo Dell’ Orto – Artifibro Soc. en Com” (Documento UIP, p. 10). “… un grupo numeroso de entusiastas industriales emprendedores afrontó la tarea de implantar industrias en la Patagonia. Nadie fue a la aventura ni al azar” (Documento UIP, p. 5, en negrita en el original).

[7] Una de esas acusaciones fue así citada en el informe de la UIP: “…un titulado ‘Movimiento de Defensa Industrial’, llegó a manifestar en publicaciones periodísticas que la producción de medias elaboradas en el sur, eran en realidad provenientes del contrabando” (Documento UIP, p. 11).

[8] La UIP denunció en 1959 “La Unión Industrial Patagónica indica que la UIA no defiende intereses populares sino monopolistas”. Ese monopolio estaría centralmente en la industria plástica y química; por ello pretenden impedir que ingrese a Argentina el hilado sintético importado. Se afirma que el kilogramo de hilo importado tiene un costo final de $336, mientras el hilado nacional (que además no es de la calidad “necesaria”) se cotiza a $900 y $1000 por kilo.

[9] “Cuando los industriales se han amparado en una ley que les aseguraba un régimen de trabajo por un tiempo dado, entendían, y siguen entendiendo, que ellos significaba seguir una línea de política económica de la Nación” (Documento UIP, p. 2).

[10] “Toda modificación que pretenda el Poder Ejecutivo sobre el particular deberá ser para futuras industrias que se autoricen” (Documento UIP, p. 31).

[11] De hecho relevamos conflictos ya en el principiohacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX (Gatica y Pérez Álvarez, en prensa2012a).

[12] Especialmente en comparación con lo que acontecía en los centros tradicionales del país.

[13] Recordemos que el peronismo estaba proscripto y prohibida su actividad política.

[14] Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo.

[15] Según la UIP “… los legisladores pudieron ver la realidad industrial lograda al amparo del régimen de franquicias y, también, apreciaron el palpitar del hondo amor al trabajo en hombres y mujeres que laboran al pié de la máquina por un nivel de vida nuevo, por un presente feliz y un futuro promisorio” (Documento UIP, p. 40).

[16] “La Patagonia ofrece características especiales por muchas razones. Su extensión -la tercera parte de la República-; su dilatado litoral marítimo; su escasísima población…” (Documento UIP, p. 3).

[17] “Desde los albores de la organización nacional se discutió el derecho a la soberanía sobre esas tierras” (Documento UIP, p. 3).

[18] Ver en Gatica y Pérez Alvarez (2012b) los debates sobre “el problema del indio” en la asamblea constituyente de Chubut.

[19] Diario El Chubut: 2-9-1979, p. 7.

[20] Hasta ese año las industrias se instalaban en la trama urbana de la ciudad, situación que generaba constantes problemas. En el documento analizado también figura un mapa con la ubicación de las industrias, una temática que aquí no se ha podido abordar.

[21] Se trata de la única planta productora de aluminio primario de Argentina. Su instalación fue promovida por la Fuerza Aérea Argentina y recibió enormes subsidios estatales, aunque la empresa adjudicataria fue de capital privado (Rougier, 2011; Caprano, López, Palacios, 2004).