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Memoria americana

versión On-line ISSN 1851-3751

Mem. am.  n.17-2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jul./dic. 2009

 

ARTÍCULOS ORIGINALES

Estado nación, frontera y milicias: de avances y resistencias. Córdoba 1860-1870

Nation-state, frontier and militia: assaults and resistance. Córdoba 1860-1870.

Lorena Barbuto

Sección Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: barbutol@yahoo.com.ar

Resumen

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el problema de las "fronteras interiores" fue uno de los frentes de conflicto para las pretensiones de expansión del estado nación argentino en consolidación. El estudio de la dinámica social de la frontera y sus actores tendió a ser relegado por una historiografía que consideró la desaparición de ese mundo como un proceso ineludible. Si bien en los últimos veinte años, las investigaciones histórico-antropológicas han estudiado la sociedad de frontera construyendo una visión compleja de las relaciones políticas, sociales y económicas de los diversos actores, hay aún aspectos poco conocidos del avance estatal que involucraron a las poblaciones rurales de la campaña. En este trabajo, realizaremos un primer acercamiento al régimen de Guardias Nacionales, un sistema de prestaciones militares que subordinó a sectores de la población civil a actividades de defensa militar, tanto en la línea de frontera como en otros frentes internos e internacionales. Nos proponemos caracterizar estas milicias identificando las esferas estatales que intervinieron en su funcionamiento, problematizar la inserción de la población sujeta a este régimen e indagar en los niveles de consenso y resistencia que el mismo generó.

Palabras claves: Estado nación; Guardias nacionales; Frontera; Córdoba.

Abstract

During the second half of nineteenth century, the problem of the 'inner frontiers' was one of the conflict fronts to the expansionist aspirations of the Argentine nation-state in consolidation. The study of the social dynamics of the frontier and its actors tended to be relegated by a historiography that considered the disappearance of that world as an unavoidable process. Even though, in the last twenty years, historic-anthropological research has studied frontier society, building a complex vision of political, social and economic relations of the various actors involved, there are little known aspects of the state advance that involved rural populations of the campaign countryside. In this work, we will make a first approach to the National Guards system, a provision of military services system that subordinated some sectors of the civil population to military defense activities in the frontier line as well as in other inner and international fronts. Our purpose is to characterize those militia, by identifying the state spheres that intervened in its operation, problematizing the insertion of the population subjected to this system, and investigating the levels of consensus and resistance that the system generated.

Key words: Nation-state; National guards; Frontier; Córdoba.

Introducción

La producción historiográfica sobre la formación del Estado-nación argentino ha caracterizado la segunda mitad del siglo XIX como el período de "organización nacional" o "consolidación nacional" (Oszlak 1982, 2004, Yanquelevich 2005, Rock 2006). Este proceso ha sido interpretado en términos de la constitución de una instancia política de dominación central -materializada en instituciones- simultánea a la consolidación de un ámbito territorial delimitado y a un conjunto de valores y sentimientos de pertenencia como vehículos de la dominación ideológica (Oszlak 1982). Durante gran parte del siglo XIX las principales fracciones de la elite dominante se habían disputado el modelo de país a construir, sostenido desde distintos proyectos de nación en pugna (Halperín Donghi 1980). Pero fracasado el proyecto de la Confederación Argentina al concluir la década que va de la batalla de Caseros (1852) a la de Pavón (1861), es la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868) la que inicia la consolidación del estado nacional y la transformación socioeconómica que acompañó la integración del país al orden capitalista mundial (Oszlak 1982).

Durante todo este período, las "fronteras interiores" constituyeron uno de los frentes de conflicto para las pretensiones de expansión del estado nacional. Los territorios de la Pampa y Patagonia se encontraban dentro de los límites a los que aspiraba la nación, sin que pudiera establecerse sobre ellos una ocupación y dominio efectivos. Con respecto a ese espacio controlado por los indígenas, los sucesivos gobiernos alternaron estrategias agresivas -como el envío de expediciones punitivas- con otras más contemporizadoras como la formalización de alianzas y la entrega de subvenciones; incluso se combinaron ambas estrategias (Mases 2000). Esta oscilación entre distintas políticas no implicaba un desinterés por parte del estado nacional en la resolución del problema de las fronteras interiores sino una imposibilidad de llevarlo a cabo.

Aunque en los proyectos de las elites del país se delineaba una unidad geo-política que implicaba cierto territorio como "nacional", diferentes coyunturas políticas pospusieron la disputa de parte de ese territorio a los indígenas (Delrio 2002). Junto con el problema de las "fronteras interiores" los gobiernos nacionales constituidos luego de Pavón debieron enfrentar otros frentes de conflicto, como las numerosas rebeliones en las provincias encabezadas por los caudillos que resistían la creciente centralización del poder del estado nacional (Oszlak 2004). A esto se sumaba además el frente internacional, con la participación de Argentina en la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870).

En este contexto de avance del estado, la población civil se vio sometida a un régimen de prestaciones en las milicias denominadas Guardias Nacionales. El régimen de Guardias Nacionales reclutaba a sectores de la sociedad civil para el cumplimiento de actividades de defensa militar, tanto en la frontera como en conflictos políticos internos e internacionales. Este régimen -que contó con antecedentes en las milicias armadas a lo largo de los períodos colonial y republicano- implicó la formación de una milicia nacional dependiente del poder central, aunque su constitución involucraba esferas provinciales y locales. Su conformación dependía de la movilización de la población civil para constituir la reserva del ejército de línea. Sin embargo, ante la insuficiencia de las fuerzas del ejército nacional -que comenzó a consolidarse recién hacia mediados de la década de 1870-, las actividades de defensa militar frecuentemente recayeron en las milicias, implicando una fuerte exigencia sobre las poblaciones rurales de la campaña.

El estudio de la dinámica social de la frontera y de sus actores durante este período ha tendido a ser relegado por una historiografía que concibió su desaparición ante el avance del proyecto estatal como un proceso ineludible (de Jong 2009). Si bien en las últimas décadas las investigaciones histórico-antropológicas han estudiado la sociedad de frontera, hay aún aspectos poco conocidos de ese avance estatal que involucraron a las poblaciones rurales de la campaña. Uno de esos aspectos es el régimen de Guardias Nacionales, que ha comenzado a ser estudiado recientemente. En este sentido, Sábato (2003, 2005) trata el tema de las milicias a través de la noción de "ciudadano en armas" y su vínculo con los deberes y derechos de los ciudadanos. Sus planteos son seguidos por Macías (2001, 2003, 2007) en sus trabajos sobre la construcción y el aprendizaje de la ciudadanía política desde las instituciones militares, abordando el caso de la provincia de Tucumán en la segunda mitad del siglo XIX. Desde otra perspectiva, Olmedo (2006, 2007) se ocupa tanto las guardias nacionales como el ejército al analizar el proceso de militarización en la zona de Río Cuarto (Córdoba) hasta la década de 1870. González (1997) estudia las deserciones en las milicias cordobesas en el largo período que va desde la fundación de la ciudad de Córdoba hasta el final de la guerra del Paraguay, analizando las condiciones que propiciaron el fenómeno de la deserción a lo largo de la historia de las milicias. Finalmente, podemos mencionar a Poggi (2000) que realiza un trabajo descriptivo sobre las Guardias Nacionales en la provincia de Buenos Aires a través del seguimiento de los debates sobre las milicias en fuentes legislativas de la época. Si bien estos trabajos constituyen importantes avances en la temática1, el estudio de la Guardia Nacional sigue siendo un desafío para el conocimiento de los sectores y dinámicas relacionadas con la consolidación del estado nación. La estructura administrativa y legal de esas milicias, las competencias formales de las distintas instancias estatales y militares, sus formas de funcionamiento y las características de la población involucrada son algunos de los aspectos que esperan ser trabajados en profundidad.

En este trabajo proponemos una primera aproximación al estudio del régimen de Guardias Nacionales como uno de los dispositivos de poder desplegados por el estado nacional en función de desarticular las resistencias a su avance, no sólo de los indígenas en las fronteras internas sino también de los grupos que no se adecuaban al nuevo orden. Abordaremos para ello su puesta en práctica en la frontera sur de Córdoba durante la década de 1860.

Nos proponemos caracterizar las milicias reconstruyendo su estructura formal, identificando los distintos ámbitos estatales que intervinieron en su funcionamiento, el marco normativo que lo reglamentaba y el alcance que tuvo sobre la población civil. Analizaremos también el impacto que este régimen tuvo sobre los grupos sometidos al reclutamiento y los niveles de consenso y resistencia que generó sobre los diversos actores sociales que estuvieron involucrados en él.

Las fuentes documentales que utilizaremos son principalmente oficiales de tipo administrativo y militar, como las memorias del Ministerio de Guerra y Marina (en adelante MMGM), comunicaciones oficiales estatales, leyes, decretos y partes de las autoridades de fronteras. Estos documentos plantean dos tipos de dificultades. Por un lado, resulta complejo rescatar la voz de los propios guardias nacionales ya que no es frecuente la presencia de fuentes directas de los milicianos. Aún los documentos de pedidos de excepción al servicio de armas -tanto individuales como los intermediados por otros- lejos de considerarse como enunciados transparentes, requieren evaluar las circunstancias y el contexto de su formulación (Todorov 2005). Por otro lado, las fuentes oficiales sólo excepcionalmente ofrecen indicios sobre las condiciones y trayectorias de los milicianos y de las dificultades para concretar las normativas del régimen. En este sentido, Olmedo (2006) interpreta la ausencia de este tipo de información bajo el concepto de "silencio militar", aludiendo así a un factor que operó negando las resistencias y debilidades de los sectores dominantes. Tomando entonces en cuenta estos recaudos, analizaremos los documentos de la época para realizar una primera problematización del régimen de Guardias Nacionales y delinear nuevas preguntas.

La frontera sur de Córdoba

El concepto de frontera en tanto límite y escenario de permanente confrontación, ha sido revisado críticamente por diversos autores desde una perspectiva que considera esos espacios como áreas complejas de interrelación donde se desplegaban procesos económicos, sociales, políticos y culturales que involucraban a una gran diversidad de actores (Quijada 1999, 2002; Ratto 2003b; Boccara 2005). Así, puede considerarse a la frontera como "un territorio imaginado, inestable y permeable de circulación, compromiso y luchas de distinta índole entre individuos y grupos de distintos orígenes" (Boccara 2003:64).

Desde esta perspectiva, el territorio al sur del río Cuarto constituyó un espacio de frontera desde la época colonial. El trazado efectivo de la línea militar se realizó a fines de la colonia con la construcción de fuertes y fortines a lo largo del río Cuarto. Desde el límite con San Luis se establecieron los fuertes y fortines de la Cruz, el Tambo, la Esquina, Concepción, San Bernardo, Reducción, San Carlos, Pilar, el Sauce (La Carlota) y San Rafael, cercano a la frontera de Buenos Aires. Además, entre los ríos Cuarto y Quinto se crearon los fuertes y fortines de Loreto, Santa Catalina y San Fernando. En las primeras décadas del siglo XIX se construyeron los fortines de Achiras (1834), Los Jagüeles (1838) y Rodeo Viejo (1840) y en la década de 1850 se agregó el fuerte Tres de Febrero. A partir de 1860 el aumento de la conflictividad en las relaciones con los indígenas llevó a que se abandonaran los fuertes de avanzada y se replegara la línea de frontera hacia el río Cuarto (Tamagnini y Pérez Zavala 2007).

Luego del triunfo de Mitre en Pavón, la situación política en Córdoba estuvo signada durante toda la década de 1860 por una gran inestabilidad debido a las disputas entre distintas fracciones del partido Liberal que intentaban controlar el gobierno provincial. Así, entre 1861 y 1871 hubo en la provincia trece gobernadores y numerosas sublevaciones, revoluciones y revueltas2.

En lo que respecta específicamente a la situación de la frontera, su dinámica y las relaciones entre los distintos actores fueron variando de acuerdo con las coyunturas políticas y los intereses y objetivos de los diversos sectores (Pérez Zavala 2007). La década de 1860 fue altamente conflictiva. Si bien las alianzas conformadas entre la Confederación Argentina y los grupos indígenas en la década anterior3 habían perdido vigencia ante el nuevo gobierno nacional unificado, se sumaron al frente de conflicto el accionar de las "montoneras"4 que resistían el proyecto de Mitre.


La Frontera Sur de Córdoba hacia 1869
Fuente: Barrionuevo Imposti, Víctor (1988) Constitucionalismo y liberalismo nacional, Tomo III. Córdoba, Impresión Carlos Firpo S.R.L

En los primeros años de la década de 1860 fueron continuos los malones5 sobre la frontera cordobesa que, como mencionamos, debió ser replegada sobre el río Cuarto. Al estallar la guerra con Paraguay (que agudizó la oposición de los sectores regionales representados por los caudillos y demandaba un número creciente de fuerzas militares), el gobierno nacional intentó pactar con los indígenas, llegando a un acuerdo en junio de 1865 con los caciques ranqueles Baigorrita y Mariano Rosas. Sin embargo, los acuerdos sólo duraron unos meses y una vez rotos se reafirmó el vínculo entre los ranqueles y las montoneras, agudizándose durante 1866 los ataques a la frontera6 (Pérez Zavala 2007).

Al mismo tiempo, los pobladores rurales asentados en la franja comprendida entre los ríos Cuarto y Quinto, que se vinculaban tanto a la economía indígena a través de intercambios comerciales como con el capitalismo incipiente empleándose como peones, se unieron frecuentemente a las montoneras o a los indígenas en estos años cuando el gobierno nacional trató de imponer su control en la frontera (Tamagnini y Pérez Zavala 2007). En este sentido, Tamagnini (2005) plantea que la historiografía liberal ha vinculado las invasiones indígenas al desamparo de la frontera originado en la reorientación de las fuerzas militares nacionales a otros focos de conflicto. Sin embargo, la autora considera que la actuación de las montoneras y de los indígenas puede interpretarse como el accionar de fuerzas sociales que expresaban todo aquello que quedaba fuera del orden mitrista.

Como ha quedado planteado entonces, la década de 1860 fue de una alta conflictividad en la frontera sur de Córdoba, debido a los numerosos malones indígenas, a las sublevaciones7 y al accionar de las montoneras. Si bien durante estos años se proyectó en distintos momentos avanzar la línea de frontera8, recién a mediados de 1869 el coronel Lucio Mansilla, que estaba a cargo de la frontera sur de Córdoba desde principios de ese año, consiguió llevar la línea hasta el río Quinto (Barrionuevo Imposti 1961).

La consolidación del estado-nación y las milicias

La participación de la población civil en las milicias es analizada por Sábato (2005) a través del concepto de "ciudadanía en armas". La autora indica que una de las facetas de la institución miliciana se vinculaba con una fuerte carga simbólica asociada a la ciudadanía y el patriotismo. La retórica oficial sobre la Guardia Nacional exaltaba el derecho de defensa de la patria como privilegio de los ciudadanos, incidiendo en el imaginario de amplios sectores sociales mediante la identificación con la figura del ciudadano armado. En este sentido, señala que la carga simbólica de prestigio asociada a la milicia llevó a sectores de la clase propietaria a considerar un honor el enrolamiento en la Guardia Nacional, aunque aclara que ellos pocas veces eran afectados por el servicio de frontera y por los abusos corrientes que sufrían los milicianos provenientes de las clases populares (Sábato 2005). En esta misma línea, Macías (2007) muestra en el caso de Tucumán no solo cómo el enrolamiento y el servicio en las milicias aparecía en el discurso oficial como un espacio de cumplimiento y demostración de deberes y virtudes cívicas -aunque era resistido por los sectores reclutados- sino también que esa retórica se utilizaba contra las fracciones políticas enemigas.

Sábato considera la dimensión política del "ciudadano en armas" a través de la asociación entre ciudadano elector y ciudadano armado. Un aspecto importante de las milicias en este sentido era la necesidad de portar la papeleta de enrolamiento para empadronarse y votar que, según la autora, funcionó como requisito hasta la década de 1870. Al mismo tiempo, los cuerpos de milicias constituían un recurso importante en la lucha por el control en el terreno electoral que fue puesto en juego en los espacios locales y provinciales. En las milicias también se consolidaban los liderazgos que se proyectaban luego en la vida política (Sábato 2005).

Desde una perspectiva diferente Olmedo (2006, 2007) analiza las instituciones militares en la frontera de Río Cuarto en relación al proceso de militarización de la sociedad que caracterizó al siglo XIX. El autor considera las milicias como parte de la imposición de un orden socio-político y económico desplegado por el proyecto estatal y apoyado por la elite propietaria. Así, la imposición del servicio de armas a las poblaciones de la campaña operó en términos de disciplinamiento. El fuerte constituía una de las formas de colonizar el territorio conteniendo la resistencia indígena, pero era también un lugar de ordenamiento y estructuración social para las poblaciones de la frontera.

Como vemos, los enfoques de Sábato y Olmedo ponen en relación la institución militar de la Guardia Nacional con procesos relativos a la expansión y consolidación estatal. Son numerosas las aproximaciones teóricas que abordan los aspectos constitutivos del estado y la nación. Algunas herramientas conceptuales permiten analizar las instituciones y actividades que se engloban bajo el término "estado" como "formas culturales cruciales", es decir actividades, rutinas y rituales estatales que inciden en la constitución y regulación de identidades sociales modelando subjetividades (Corrigan y Sayer 2007)9. Cada formación histórica particular despliega junto con la formación del estado un proyecto normalizador y naturalizador, una "regulación moral" en tanto ethos moral particular que legitima y naturaliza las formas estatales. La formación estatal es entonces por un lado, un proyecto totalizador que representa a los individuos como miembros de una comunidad personificada en la nación, que exige lealtad. Por otro lado, individualiza a las personas interpelándolas como ciudadanos, votantes, contribuyentes, habitantes, etc. Ambos aspectos niegan legitimidad a modelos alternativos de identificación y a las prácticas políticas y sociales que sustentarían. Las rutinas y rituales estatales operan en formas que constituyen un sistema de poder y también un sistema de conocimiento. Sin embargo, el proyecto normalizador del estado se encuentra siempre amenazado y cuestionado por la materialidad de las relaciones que intenta reprimir el discurso oficial (Corrigan y Sayer 2007).

Resultan asimismo pertinentes las propuestas de Alonso (1994), quien retoma las teorizaciones de diversos autores para comprender cómo la formación estatal se inscribe en la subjetividad.  Siguiendo a Abrams, plantea la necesidad de entender el estado como un ejercicio de legitimación y enmascaramiento de las relaciones de opresión históricamente construido. En consonancia con Brackette Williams, propone utilizar el concepto de "transformismo" de Gramsci para analizar "cómo el nacionalismo oficial y las rutinas estatales simultáneamente homogeneizan una comunidad mientras crean heterogeneidad" incorporando la diferencia (étnica, de clase, de género, etc.) que organiza las posiciones de los grupos de forma jerárquica (Alonso 1994). Así, para comprender la forma en que se lleva a cabo este proceso propone el análisis de estrategias discursivas como la "substancialización, "temporalización" y "espacialización". Esta última nos resulta aquí particularmente relevante en cuanto el destino de la población en la frontera implicaba la participación en un espacio con una fuerte carga simbólica para los intereses del estado. La estrategia de "espacialización" implica la transformación del espacio en territorio que se naturaliza y deviene propiedad nacional. Al mismo tiempo, en esta representación del espacio y en la forma en que son situados en él los sujetos está implicada la formación de desigualdad.

El régimen de guardias nacionales

La existencia de milicias como sistema de prestación militar por parte de la población civil puede remontarse a la época colonial, cuando existían cuerpos integrados por los vecinos de cada comunidad. Ya en la época republicana existieron milicias nacionales bajo el mando del gobernador intendente y milicias cívicas a cargo de los cabildos locales. Han sido definidas como fuerzas militares, integradas por ciudadanos, que no tenían una actividad permanente pero podían ser llamados al servicio de las armas en defensa de la patria. Se organizaban en diferentes cuerpos de milicias y sus integrantes eran instruidos en el uso de las armas y la disciplina militar (Sábato 2005).

En la Constitución Nacional sancionada en 1853, el inciso 67 del artículo 24 estipulaba entre las atribuciones del Congreso:

Autorizar la reunión de las milicias de todas las Provincias o parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones y repeler las invasiones. Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, y la administración del gobierno de la parte de ellas que estuviera empleada en servicio de la Nación, dejando a las Provincias el nombramiento de sus correspondientes Jefes y Oficiales, y el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina preescripta por el Congreso10.

Durante casi una década Buenos Aires estuvo secesionada de la Confederación Argentina que nucleaba al resto de las provincias. En 1852, el gobernador provisorio de la provincia disolvió los regimientos de milicias de ciudad y campaña y decretó la organización de la Guardia Nacional. Seis meses más tarde se dispuso el enrolamiento, encargándose de su organización a Bartolomé Mitre (Poggi 2000). Por su parte, en 1854 la Confederación dictó el decreto de creación de la Guardia Nacional:

Todo ciudadano de la Confederación Argentina desde la edad de 17 años hasta los 60 está obligado a ser miembro de alguno de los cuerpos de Guardias Nacionales, que las provincias confederadas deben crear con la brevedad posible11.

Durante los años de enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación, la Guardia Nacional de ambos bandos fue permanentemente movilizada. Luego de la victoria de Mitre en la batalla de Pavón (1861) esas milicias continuaron vigentes y su organización estuvo a cargo de los gobiernos provinciales, aunque se encontraban bajo la órbita del gobierno nacional. La Guardia Nacional de la República dependía del Inspector General de Milicias y de Subinspectores de Guardia Nacional en la campaña. Periódicamente se llevaba a cabo el enrolamiento, al que debían presentarse todos los ciudadanos comprendidos en las normativas vigentes. La jerarquía de la milicia estaba organizada en planas mayores y núcleos de jefes y oficiales.

El triunfo de Mitre en la batalla de Pavón implicó un nuevo escenario en el cual la legitimidad del estado ya no podía sostenerse únicamente en la coerción sino que era necesario crear bases consensuadas de dominación. La penetración estatal se llevó a cabo en distintas formas constituyendo un proceso profundamente imbricado en la experiencia histórica concreta que generó además que se crearan beneficios para determinados sectores, relegando a otros a "una existencia económica, cultural o políticamente marginal" (Oszlak 1982:540). La modalidad represiva implicó la constitución de una fuerza militar unificada y desplegada en el territorio, mientras que la cooptativa se llevó a cabo formalizando alianzas con los sectores dominantes12.

La institucionalización de un ejército nacional resultaba clave para fortalecer la capacidad represiva del estado. Sin embargo, el gobierno nacional no contaba con el poder suficiente para monopolizar este poder coercitivo, dependiendo de la capacidad de convocatoria militar de los gobiernos locales para integrar una fuerza nacional (Oszlak 2004). Al mismo tiempo, los frentes de conflicto simultáneos generaban una permanente falta de tropas de línea, suplidas entonces por las Guardias Nacionales. La defensa de la línea de frontera constituyó uno de los destinos recurrentes de las milicias y fue uno de los temas que generaron mayores cuestionamientos.

En 1864 Emilio Mitre, General en Jefe interino del Ejército Nacional, es comisionado para recorrer la línea de frontera sur. En su informe al Ministro de Guerra y Marina sobre la frontera sur de Córdoba (en estos momentos sobre el río Cuarto) da cuenta del estado de la misma:

Atentamente examinada esta extensa línea […] y después de haber cambiado mis ideas con las de algunos hombres prácticos y conocedores de la pampa, desde luego reconocí que el estado actual de defensa de esta frontera era deficiente, no solo por el escaso número de fuerzas que la guarnece, sino también por las respectivas posiciones en que se hallan colocadas13.

Los fuertes y guarniciones de la línea del río Cuarto se encontraban muy alejados entre sí, sin puestos de observación o avanzada entre ellos que les permitiera establecer un sistema de comunicaciones rápidas. Emilio Mitre propone entonces modificar este estado de cosas, estableciendo fortines y postas para cubrir los espacios demasiado extensos entre las actuales guarniciones. Luego de describir el emplazamiento de estos nuevos puestos, se refiere a las fuerzas que serían necesarias:

Paso ahora a enumerar a V. E. los elementos que son necesarios para la defensa de la línea demarcada […] La defensa de la susodicha línea, y mientras no se remontan los cuerpos de línea existentes en ella […] reclama la movilización de quinientos Guardias Nacionales próximamente, para ser distribuidos en la forma que V. E. verá luego.

Demostradas al Gobierno de esta Provincia, las ventajas indisputables de la línea provisoria proyectada, y el deseo del Exmo. Gobierno Nacional, de asegurar esta parte de la frontera de Córdoba […] me es agradable significarle al señor Ministro, que dicho Gobierno de Córdoba, ha aprobado desde luego mi plan de defensa [y] ha expedido ya las órdenes competentes para la movilización de la Guardia Nacional requerida14.

El estado nacional explicita su interés por asegurar las fronteras interiores, pero debe recurrir para ello a la movilización de la Guardia Nacional a través del gobierno provincial. Emilio Mitre explica que el acuerdo con el gobierno de Córdoba incluye arbitrar los medios para que en un lapso no mayor a seis meses se lleve a cabo la remonta del ejército en la frontera, destinando para ello a "malhechores, vagos, etc." en reemplazo de los guardias nacionales. Estos últimos serían licenciados a medida que llegaran los destinados. Sin embargo, este proyecto no pudo ser concretado.

A pesar de plantearse como una solución transitoria, el recurso a la Guardia Nacional para cubrir la línea de frontera debido a la insuficiencia de las fuerzas del ejército se mantiene a lo largo de los años. Las provincias tienen dificultades para lograr el reclutamiento y la movilización de los guardias nacionales y el gobierno nacional, que mantiene varios frentes de conflicto, debe aumentar sus presiones para concretar el servicio de milicias.

Las condiciones del enrolamiento se enmarcaban en la Ley 129, del 27 de mayo de 1865. En su artículo primero disponía el enrolamiento obligatorio de la Guardia Nacional activa en toda la República para todo ciudadano entre 17 y 45 años, para los casados, y hasta 50 años si fueran solteros. En esta ley también se establecía quiénes se hallarían exceptuados de prestar servicios en la guardia nacional: los ministros y otros miembros del Poder Ejecutivo Nacional; los miembros del Congreso, gobernadores y ministros; los jueces de tribunales nacionales y provinciales y aquellos que tuvieran imposibilidad física probada. Por otra parte, estarían dispensados del servicio activo fuera de su distrito o departamento los directores y rectores de universidades, escuelas y colegios; los jefes de Oficinas nacionales y provinciales; los maestros de postas; los médicos y practicantes al servicio de hospitales; los que no hubieran cumplido 18 años y el hijo único de madre viuda o el que atendiera la subsistencia de ella o de padre septuagenario o impedido. Por último se establecía que aquellos obligados a enrolarse, y que no lo hicieran, serían destinados al servicio de las armas en el ejército de línea durante la guerra disputada en esos momentos15.

Durante los años de guerra con el Paraguay (1865-1870) las Guardias Nacionales fueron masivamente movilizadas tanto para la custodia de la línea de frontera como para tomar parte de la guerra. En 1865, se movilizó toda la Guardia Nacional de la República con dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, estableciéndose la cantidad de contingentes que debía enviar cada provincia16. Un mes después, el Congreso dispuso autorizar al Poder Ejecutivo para remontar un ejército de 25.000 hombres para enfrentar la guerra, de los cuales 10.000 pertenecerían al ejército de línea y el resto se completaría con Guardias Nacionales17.

Para el caso de Córdoba, las fuentes documentales dan cuenta de las dificultades que debían enfrentar las autoridades para completar los reclutamientos periódicos y reunir el número necesario de milicianos para los diferentes frentes. Podemos preguntarnos cuál era el margen de acción que en la práctica tenían los grupos sometidos al reclutamiento para eludir esas obligaciones, desde la apelación a los mecanismos de excepción hasta las deserciones y sublevaciones. Sin embargo, no sólo los pobladores buscaban por distintos medios evadir las levas. El enrolamiento era un mecanismo complejo ya que la disposición y los intereses de las autoridades locales, provinciales y nacionales no siempre resultaban similares. En ocasiones, las autoridades civiles y militares locales no daban cumplimiento a las órdenes de instancias superiores, bien porque decidían preservar a los pobladores o debido a diferencias de criterios entre las instancias estatales involucradas. El poder ejecutivo provincial conformó comisiones de reclutamiento que sustituían en sus funciones a los comandantes militares, pero que de todas formas no lograban los resultados esperados (González 1997).

En relación a la reacción de los grupos reclutados frente a las levas periódicas, podemos recorrer algunos casos que dan indicios del margen de acción de distintos sectores. Como hemos mencionado, en los inicios de la guerra con Paraguay se estableció el cupo con el que debería contribuir cada provincia para completar el ejército. Córdoba debía remitir un contingente de 500 guardias nacionales, cantidad que se logra reunir con grandes dificultades. Una vez conocida la noticia del reclutamiento son muchos los que apelan a las condiciones de excepción establecidos por la ley, apareciendo en los documentos de esta época numerosísimos pedidos de excepción del servicio activo, en su mayoría relacionados con problemas de salud18. Una vez reunido -a pesar de los ocultamientos y fugas de los reclutados-, el contingente se encamina hacia Rosario para sumarse al ejército destinado al frente de Paraguay. Al término del primer día de marcha se produce una sublevación que, si bien es sofocada, concluye con una docena de muertos y casi un centenar de fugados. Luego de este episodio el gobierno de Córdoba, en medio de una tensa relación con las autoridades nacionales, debe reunir un nuevo grupo. Se repiten las dificultades para el reclutamiento (pedidos de excepción y licencia, ausencia de hombres), pero con cierta demora el nuevo grupo se dirige al puerto de Rosario. En esta ocasión una partida armada custodia al nuevo contingente que, de todas formas, intenta una sublevación que es controlada por su custodia (González 1997).

Otra forma de evitar el servicio de armas para quienes contaban con un mayor margen de acción, era establecer acuerdos circunstanciales con las autoridades locales o provinciales. En un pedido colectivo presentado al Gobernador de Córdoba el 5 de marzo de 1864, se plantean los inconvenientes que representa el servicio en la milicia y se propone costear económicamente la formación de un piquete que los reemplace:

Los infrascriptos ciudadanos, llamados a prestar el servicio de guarnición en el Principal, por la falta de un cuerpo permanente […] ante V.S. respetuosamente exponen:
que aunque comprenden lo excepcional de la situación actual19 en que se les llama a dar este servicio, el no puede menos que perjudicar muy gravemente los intereses generales del país, por cuanto les precisa abandonar sus ocupaciones cotidianas a este objeto, gravando así mismo sus intereses particulares, a los cuales tratan de proveer peticionando a V. S. se digne eximirles de este servicio, para lo cual espontáneamente ofrecen al Gbno. la suma de doce reales mensuales cada uno, con la cual podrá crearse un piquete que mientras dure el estado actual de conmoción en que se halla la provincia pueda donde con mayor regularidad y mejor éxito, sin que sean desatendidos tantos otros intereses como seriamente se comprometen con el servicio que se nos exige, el cual por otra parte no puede menos de resentirse de la calidad de las personas que se prestan extrañas como son a todo servicio militar. […] En esta inteligencia suplican á V. S. se digne aceptar la pequeña erogación que ofrecen, sin que por esto se comprenda que queden eximidos del sagrado Deber que la Constitución y demás leyes del país les imponen de armarse en defensa del orden cuando el caso lo demande20.

Podemos señalar aquí el uso, por parte de los vecinos que apelan al gobernador, de ciertas formas discursivas que probablemente remitan a los usos de la retórica oficial vigentes. Los solicitantes se presentan como "ciudadanos" que contribuyen con sus actividades a los intereses del país y consideran su propuesta como una mejor solución para sus circunstancias y las de la provincia, remarcando que ello no implica que abandonen sus deberes ciudadanos. Estos aspectos -las virtudes del comercio para la nación, el apego a la constitución y las leyes- son remarcados positivamente al momento de resolver la petición. El Gobierno de Córdoba accede, como "gracia especial", a exceptuar a los solicitantes -bajo las condiciones que proponen- mediante un decreto que plantea en sus considerandos:

Vista la anterior solicitud y considerando que el comercio se halla enteramente paralizado por el trastorno en que se ha encontrado la provincia hasta el presente desde la revolución del 10 de junio del año pospasado; considerando que si bien la falta de un cuerpo regular que preste servicio de guarnición en el Principal; puede no obstante proveerse a este en la forma que determinan los peticionarios, reglamentándola el Gobierno y favoreciendo por este medio los grandes intereses del Comercio que no pierde de vista ni en medio de la revolución; considerando que en la presente solicitud no se desconoce, antes se protesta el cumplimiento de la obligación en que se encuentra todo Ciudadano de armarse en Defensa del orden y de las instituciones, que establece la Constitución21.

Otro caso para ilustrar este tipo de acuerdos es el pedido de un estanciero de Río Cuarto, que solicita el 5 de marzo de 1865 al gobernador Roque Ferreira la excepción del enrolamiento para alguno de sus peones:

Juan Antonio Echenique de esta jurisdicción y vecino del Río 4° ante V. E. como mejor haya lugar en derecho me presento y digo, que teniendo en dicho Departamento mi estancia de campo y siéndome necesario para la atención de mis haciendas conservar en ella ocho ó diez peones por lo menos para el cuidado de dicha hacienda, me es forzoso ocurrir como lo hago á V. E. pidiendo se sirva concederme la excepción del servicio militar para tres ó cuatro hombres que serán los que me queden en caso de marchas ó servicio del Estado, porque de lo contrario me sucede siempre lo mismo que hoy, el quedarme con un solo hombre que de ningún modo puede atender la vigésima parte de mis intereses, como lo comprenderá V. E. por la contribución directa que anualmente pago y asciende a sesenta y tantos pesos […] si por desgracia ocurriese, como siempre sucede una invasión de indios, me llevarían estos todas mis haciendas por no tener dos hombres ó tres que puedan retirarlas para la sierra22.

Aunque no pueden realizarse generalizaciones a partir de casos puntuales, este documento nos permite destacar algunos aspectos que necesitan ser problematizados. Echenique, un estanciero de la zona de Río Cuarto, nos permite vislumbrar algunas dificultades de los productores cercanos a la frontera, como lo eran las invasiones de indios y el servicio en las milicias, que restaba la mano de obra necesaria a las explotaciones. La apelación al gobernador constituía uno de los recursos posibles para intentar solucionar estos problemas. Sin embargo, vemos también cierta tensión con las estructuras del estado, ya que este productor señala que pese a cumplir con sus contribuciones anuales, la situación de los peones afectados al servicio de armas continuaba siendo recurrente.

En este caso, el pedido fue atendido por las autoridades. En el expediente, consta que el Departamento de Gobierno solicita un informe al Comandante Principal del Departamento del Río Cuarto, quien confirma la veracidad de la que expone el solicitante, estanciero de la zona con numerosa hacienda. Vista entonces la presentación, el gobierno provincial concede a Echenique la excepción del servicio activo de la Guardia Nacional para dos de los peones que tuviese ocupados en su establecimiento debiendo turnarse bajo dicha excepción.

También aparecen en los documentos situaciones irregulares relacionadas con en el enrolamiento, como puede verse en la siguiente nota de comienzos de 1869, dirigida al Gobernador de Córdoba por un tropero de Villa María:

José M. Montenegro, vecino de esta Ciudad y tropero de profesión, ante V. E. como mas haya lugar me presento y expongo; que habiendo llegado a Villa María con mi tropa de carretas conduciendo carga de esta Ciudad fui sorprendido por una partida al mando del Capitán de Guardias Nacionales D. Alejandro Bustos la que me tomó los peones de mi tropa como los de otras muchas, siendo inmediatamente entregados al Jefe Nacional que reside en ese punto, quien los condujo incontinente por el tren a la Ciudad del Rosario de Santa Fe.

Este hecho E. S. juzgo que no ha sido autorizado por el Gobernador de la Provincia ni tampoco por autoridad Nacional alguna, de modo que creo, estas medidas son arbitrariedades cometidas por el Jefe Nacional residente en ese punto Comandante Ramos Mejía, valido de la buena disposición en que se encuentran los oficiales de la Guardia Nacional de la Provincia para coadyuvar a sus fines.

Resulta sugerente aquí la forma en que es planteado el problema, el tropero denuncia una situación que considera irregular apelando al gobernador, al suponer que el mismo desconoce el accionar de las autoridades militares. Así, le señala que estas situaciones acarrean riesgos no sólo para los intereses del comercio sino que también "deprimen la buena reputación del Gobernador de la Provincia, por cuanto son cometidos por autoridades subalternas a él". Podemos preguntarnos cuál era el margen de acción autónomo de las autoridades militares y si ello era una fuente de conflicto con los representantes del estado provincial y nacional.

El expediente continúa con el pedido del Ministerio de Gobierno de información al Comandante General del Departamento y al Jefe de las fuerzas nacionales estacionadas en Villa María. La respuesta hace saber que es inexacto que el capitán Alejandro Bustos haya salido con una partida y detenido a los troperos. Pero explica que sí es cierto que hace tiempo se impartieron comisiones en cumplimiento de las órdenes de ese gobierno y de la ley de enrolamiento que desde hace dos años no se ha podido cumplir:

Y si en la infracción a la ley y órdenes que tengo, se han encontrado caracterizados algunos peones troperos del Sr. Montenegro de los cuales no he tenido conocimiento, no dudo habrán sido entregados a los cuerpos de línea; asegurando a V. E. que todo individuo destinado ha sido tomado sin papeleta de enrolamiento, ni cosa alguna que pruebe el ser peón de tropa, o que dependiese á un patrón. La falta de seguridad a los individuos mencionados, es sin duda responsable el mismo Sr. Montenegro quien no supo munirlos de lo que tantas veces se ha ordenado en estas poblaciones, y no a la buena voluntad de coadyuvar a arbitrariedades que maliciosamente atribuye a los Jefes Nacionales residentes en esta Villa23.

Si bien no conocemos la resolución final de este caso, de este descargo se desprenden indicios sugerentes para la problemática de las milicias. Aparece la dificultad para cumplir con el enrolamiento y la práctica de reclutamiento forzado de los individuos que no puedan demostrar su adscripción laboral o de enrolamiento mediante las "papeletas" correspondientes, señalando en este sentido la responsabilidad de los empleadores para los afectados en esas situaciones.

Hemos visto hasta aquí algunas reacciones de los grupos sometidos al reclutamiento y las dificultades y conflictos de las distintas autoridades que debían organizar las milicias. El recurso permanente a las Guardias Nacionales generó también controversias que fueron debatidas en el Congreso y en las legislaturas provinciales. Se cuestionaba el carácter permanente que la Guardia Nacional había adquirido. Particularmente, en relación al servicio de frontera, se sostenía que el carácter de policía de campaña excedía la función de fuerza de reserva atribuida por las leyes vigentes.

El hecho que el reclutamiento se realizara mediante decretos del poder ejecutivo, entonces a cargo de Mitre, también fue objeto de críticas ya que violaba las atribuciones del Congreso. En el debate producido el 2 de septiembre de 1863 se discutió tanto la atribución del poder ejecutivo para convocar a las milicias ante la insuficiencia del ejército como la legitimidad del servicio de frontera. Allí, el diputado Mármol expresaba:

A todo hombre habitante de nuestra campaña, ya sea en el trabajo agrícola o pastoril, en cualquier momento dado, se le arranca de aquello que le ha costado el sudor de su frente, para llevarlo a defender la frontera, a defender las vacas de los ricos. […] Hablo siempre en términos generales, pero comprendo que la cuestión que trato nace de abusos escandalosos que se cometen con los Guardias Nacionales. ¿De dónde nace esto? De una falsa apreciación del derecho. Se cree que el Congreso puede hacer esto. Pero no es así. Fíjense los Sres. Diputados en la índole del sistema republicano. Fíjense en los dos grandes principios por los que se destina al ciudadano a ser soldado, y entonces se verá que se comete una gran injusticia. Se ha hecho jurar a los ciudadanos que defiendan las instituciones de su país; pero no han jurado defender las vacas de los ricos, contra las invasiones de los indios. Ellos prestan servicios que no les pertenecen24.

También en el senado hubo discursos apoyando esta visión del servicio de frontera. Según el senador Rojo

La Guardia Nacional no puede ser constitucionalmente movilizada, sino para los objetos que la Constitución designa como accidentales: en casos de sedición, de rebelión, de asonada, y aún entonces, sólo en cuanto el ejército de línea no baste a llenar los fines de tranquilidad y orden Público para que es creado. […] Es injusto; porque, fundándose en circunstancias pasajeras, impone una contribución de sangre muy desigual, desde que sólo va a ser movilizada una parte de la Guardia Nacional, la de las poblaciones más próximas a la frontera, y que toda contribución debe tener por base la igualdad, especialmente ésta, que trae consigo mayores quebrantos, trastornando el orden de la localidad llamada a prestar servicio25.

Pese a las voces disidentes y las resistencias y dificultades para concretar el reclutamiento de las milicias, la movilización de los guardias nacionales persistió ante las dificultades del estado nacional para concretar la conformación y profesionalización del ejército de línea. Así, en la memoria presentada en 1870 el ministro de Guerra y Marina expone las dificultades de la frontera sur:

Una de las principales reformas en el servicio de defensa que el Gobierno contaba llenar, concluida la guerra del Paraguay, era la sustitución de la Guardia Nacional por la tropa de línea en su guarnecimiento […] La supresión del contingente importaría no solamente descargar á los moradores de la campaña una contribución que ha llegado a inspirarles temor, sino también a ahorrar al erario del exceso de gastos que ocasiona ese servicio. Los Gobiernos de Provincia apenas pueden vencer las dificultades que les ofrece la reunión y envío a las fronteras de los contingentes que deben cubrirlas. Esto obliga al Gobierno á continuas representaciones ante los Gobiernos locales, y es ocasión muchas veces que las fronteras no estén convenientemente guarnecidas. Los sucesos de Entre Ríos26 vinieron a dilatar la resolución de tan importante punto, obligando la marcha ahí de las fuerzas de línea que eran destinadas a la frontera27.

Al año siguiente, reitera que el fortalecimiento de la línea de frontera se vio entorpecido por la campaña militar a Entre Ríos y deja constancia que el servicio de armas en la frontera se encuentra "casi totalmente cubierto con Guardias Nacionales movilizados"28

Los cuerpos de Guardias Nacionales continuaron vigentes y fueron objeto de nuevas reglamentaciones. La Ley 542 (1872) de "Reclutamiento del Ejército" establecía que en caso de insuficiencia del reclutamiento, el ejército se completaría con "contingentes". Estos contingentes estaban compuestos por Guardias Nacionales solteros entre 18 y 45 años de edad, designados en cada localidad por un sorteo. Así, las provincias debían suministrar los contingentes pedidos por el Poder Ejecutivo nacional quien establecería la cantidad necesaria de acuerdo a las plazas que faltaran para completar el ejército de línea. Estos soldados debían prestar servicios por el término de cuatro años. Se mantenían las disposiciones sobre los exceptuados de prestar servicio en la guardia nacional establecidas en la Ley 129 y se agregaba la posibilidad de que aquellos asignados por el sorteo a prestar servicios pusieran un personero que los reemplazara29. Esta nueva disposición permite preguntarse sobre el lugar de las milicias como factor de reproducción de las desigualdades sociales, exigiendo indagar cómo se llevaba a la práctica la posibilidad de poner un personero, qué grupos podían acceder a ello y quiénes eran los que actuaban como reemplazo. Por otra parte podría preguntarse también si, a la luz de lo ya analizado en las fuentes, la incorporación de la figura del personero en la normativa no habría legitimado una práctica que de hecho ya se daba desde antes.

Conclusiones preliminares

Hemos intentado analizar las características de organización y funcionamiento del régimen de Guardias Nacionales en el contexto del proceso de expansión y consolidación estatal. Planteamos la necesidad de realizar un abordaje que dé cuenta de sus formas de funcionamiento, su marco normativo y su impacto en las poblaciones reclutadas. Este trabajo constituye una primera aproximación en este sentido y podemos adelantar aquí una reflexión preliminar sobre el mismo, delineando nuevas preguntas.

Como vimos, el tema de las milicias ha sido trabajado para la segunda mitad del siglo XIX desde la perspectiva de la construcción de la ciudadanía (Sábato 2003, 2005; Macías 2001, 2003, 2007) y como parte del proceso de militarización de la sociedad en la segunda mitad el siglo XIX (Olmedo 2006, 2007). Estos enfoques, no necesariamente excluyentes, abordan contextos locales y provinciales particulares y diferentes que no permiten comparaciones o extrapolaciones sencillas. De todas formas, pueden plantearse algunas líneas de indagación sugeridas por ellos. Cabe preguntarse, si el proceso de construcción y aprendizaje de la ciudadanía se dio en términos de la valorización de los derechos y la incorporación de valores como el patriotismo. El destino en la defensa de la frontera difícilmente fuera percibido como la realización de un derecho ciudadano, y hemos visto que en la práctica era mayoritariamente cumplido por grupos subalternos. Otro de los aspectos para continuar indagando lo constituye la relación planteada entre milicias y procesos electorales, que no han sido explorados en este trabajo.

El régimen de Guardias Nacionales se consolida y despliega durante el proceso de unificación política iniciado con el triunfo de Buenos Aires sobre la Confederación en la batalla de Pavón. Durante la década de 1860 la concreción de una instancia estatal nacional fue un proceso inestable y signado por frentes de conflicto simultáneos. En este contexto, los poderes a nivel local y provincial contaban con cierta autonomía en el manejo político y administrativo de sus áreas -que fue reduciéndose a medida que se desarticulaban las resistencias al nuevo orden- y la Guardia Nacional constituyó uno de los elementos de disputa entre esas esferas de poder. Durante estos años distintas fracciones políticas compitieron por el control del gobierno de Córdoba y llegó a su punto más álgido el accionar de las montoneras provinciales. Simultáneamente aumentaron las dificultades para el control de la frontera sur de la provincia. En estas coyunturas de conflicto el gobierno nacional, no habiendo concretado aún la constitución de una fuerza militar de alcance nacional, debió recurrir a la capacidad de convocatoria de los gobiernos locales para concretar las prestaciones militares de la población civil. Sin embargo como hemos visto, ésta fue muchas veces una relación compleja en la que jugaban los intereses no siempre convergentes de las diferentes instancias de poder. La interacción de los poderes estatales nacional, provincial y local en el manejo de la Guardia Nacional constituye uno de los aspectos a profundizar, analizando los alcances efectivos de cada nivel y los elementos de disputa que se ponían en juego.

La legislación que constituyó el marco normativo del régimen de Guardias Nacionales puede entenderse bajo la forma de una rutina estatal que establecía y legitimaba sus propias prácticas. La regulación normativa habilitó la sujeción de amplios sectores de las poblaciones de la campaña a través del reclutamiento obligatorio en las milicias. En este sentido el régimen de Guardias Nacionales constituyó un dispositivo de poder desplegado por el estado nacional en función de desarticular las resistencias de los grupos que no se adecuaban al nuevo orden. Sin embargo, esas estrategias del estado no implicaron la concreción de una dominación acabada sino que fueron resistidas dentro de los márgenes de acción posible de las poblaciones involucradas. Las distintas prácticas para eludir el reclutamiento que aparecen en los documentos parecen estar en correlación con los recursos a disposición de los diferentes grupos sociales: desde los acuerdos circunstanciales ante la convergencia de intereses hasta el último recurso del ocultamiento o la deserción. Es necesario ampliar el análisis de los márgenes de manipulación y evasión que presentaban los mecanismos de reclutamiento así como el alcance de su carácter "obligatorio" para distintos sectores sociales. Esto nos permitirá indagar en las prácticas efectivas de los actores que intervenían en el funcionamiento de la Guardia Nacional y problematizar la inserción de la población sujeta a este régimen en un marco de relaciones de poder políticas, económicas y étnicas que mediatizaron la administración estatal en zonas de frontera.

Notas

1. Para la primera mitad del siglo XIX, trabajos como los de Cansanello (1998), Ratto (2003a) y Garavaglia (2003) entre otros, caracterizan algunos aspectos de las milicias en el área bonaerense durante la primera mitad del siglo XIX. También aparecen referencias a las guardias nacionales en estudios que se ocupan del proceso de consolidación estatal (Fradkin y Garavaglia 2004, Rock 2006, Garavaglia 2007).

2. E. Bischoff (1979) realiza una pormenorizada descripción del proceso político provincial en estos años.

3. En octubre de 1854 se firmó un Tratado de Paz entre la Confederación y los caciques Pichún, Calván y Calfulcurá. "De acuerdo al tratado, los caciques no podrían invadir las provincias confederadas ni realizar alianzas con los enemigos de éstas. Al mismo tiempo, el Gobierno de la Confederación se comprometía a no efectuar acuerdos con adversarios de los caciques firmantes" (Pérez Zavala 2007:69).

4. En estos años el término montonera refería a grupos de "gauchos" organizados que se movilizaban a nivel local, provincial o nacional rebelándose contra las autoridades, constituyendo un aspecto de la lucha política de la época (de la Fuente 2005). No pocas veces estos grupos contaron con el apoyo militar indígena, especialmente de los ranqueles (Tamagnini 2007).

5. Como ejemplo de estos ataques: el 29 de marzo de 1863, 400 indios de lanza sitian Río Cuarto (Tamagnini 2005) y el 7 de julio de ese mismo año, 600 ranqueles al mando del cacique Mariano asaltan la posta de Achiras (Barrionuevo Imposti 1961). El 8 de diciembre de 1864, 500 indios cruzaron el río Cuarto por el paso del Durazno para saquear las estancias del norte, pero los guardias nacionales al mando del Comandante Baigorria le cortaron la retirada, recuperando parte del botín.

6. Durante ese año hubo once grandes malones en el sur de la provincia (Barrionuevo Imposti 1961).

7. Barrionuevo Imposti (1961) menciona dos sublevaciones importantes en Río Cuarto, la del comandante Oyorzábal en 1860 y la del comandante Olazábal en 1866, siendo frecuente que los desertores se refugiaran tierra adentro.

8. En 1866 se intentó reforzar la línea de frontera reconstruyendo los fortines de avanzada de San Fernando, Santa Catalina y Jagüeles, pero al poco tiempo debieron ser abandonados (Barrionuevo Imposti 1961).

9. Corrigan y Sayer (2007) trabajan sobre la conformación del estado inglés considerando la formación estatal como una "revolución cultural" y remarcando la necesidad de tomar en cuenta el contenido cultural de las instituciones y actividades del estado.

10. Registro Nacional, Vol. 4: 339. Citado en Estrada Ábalos, 1971:238.

11. Registro Oficial de la República Argentina, tomo III (1883:109). Citado en Macías, 2001:141.

12. Otra forma de esta penetración estatal fue la material que desplegó en el territorio nacional servicios, obras y regulaciones para el avance económico. Finalmente, la modalidad ideológica llevó a la creación y difusión de valores y símbolos para generar sentimientos de nacionalidad que legitimaran la nueva dominación (Oszlak 1982).

13. Informe sobre la frontera sud de la provincia de Córdoba, 29 de diciembre de 1864, MMGM (1865), Archivo General de la Nación (en adelante, AGN).

14. Informe sobre la frontera sud de la provincia de Córdoba, 29 de diciembre de 1864, MMGM (1865), AGN.

15. Ley 129 "Enrolamiento de la Guardia Nacional de la República" del 27 de mayo de 1865. Leyes Nacionales, Tomo II, Librería La Facultad, Buenos Aires (1918), AGN.

16. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 16 de abril de 1865, movilizando la Guardia Nacional de la República. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 17 de abril de 1865. Este último establecía la movilización de 19 contingentes de Guardia Nacional de 500 plazas cada uno. MMGM 1865, AGN.

17. Ley 131 (02/06/1865) "Ejército de veinticinco mil hombres para la guerra con el Paraguay". Leyes Nacionales, Tomo II, Librería La Facultad, Buenos Aires (1918), AGN.

18. Archivo Histórico de Córdoba (en adelante AHC), Fondo Gobierno, Caja 254 (1865).

19. El 10 de junio de 1863 se produjo una sublevación contra el gobernador Posse por fracciones federales que apoyaban al Chacho Peñaloza. Este último ingresó a Córdoba días después y se enfrentó el 27 de junio con las fuerzas nacionales en las afueras de la capital provincial. Tras ser derrotado, Peñaloza se dirigió a San Luis. Luego del fracaso de la revolución federal Posse retomó la gobernación, pero renunció el 17 de julio. Asumió entonces el Gobernador interino Benigno Ocampo, quien estuvo en el cargo solo cuatro meses, ya que renunció en noviembre. La legislatura nombró entonces a Roque Ferreyra como gobernador, pero en los primeros meses de 1864 hubo dos sublevaciones contra Ferreyra que fueron sofocadas (Bischoff 1979).

20. AHC, Fondo Gobierno, Caja 253 fs. 365 a 367.

21. AHC, Fondo Gobierno, Caja 253, fs. 365 a 367.

22. AHC, Fondo Gobierno, Caja 254, fs. 65 y 66.

23. AHC, Fondo Gobierno, Tomo N° 5, 1870 fs. 22 a 24.

24. Citado en Poggi 2000:13-14.

25. Citado en Poggi 2000:14.

26. "Los sucesos de Entre Ríos" refieren a la rebelión de López Jordán.

27. MMGM 1870, AGN.

28. MMGM 1871, AGN.

29. Ley 542 (21/09/1872) "Reclutamiento del Ejército Nacional". Leyes Nacionales, Tomo III, Librería La Facultad, Buenos Aires (1918) AGN.

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Fecha de recepción: 27 de julio de 2009.
Fecha de aceptación: 20 de septiembre de 2009.