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Memoria americana
versión On-line ISSN 1851-3751
Mem. am. no.21-1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene./jun. 2013
ARTÍCULOS
La administración fronteriza y la construcción de redes políticas: frontera sur de Buenos Aires, décadas de 1860 y 1870
Guido Cordero*
* Sección de Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Becario de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, PICT 2010/1430. E-mail: corderoguido@yahoo.com.ar.
Resumen
En este trabajo se analizan las estrategias políticas desplegadas por las autoridades militares de las fronteras en la provincia de Buenos Aires durante las décadas de 1860 y 1870. Para ello nos centraremos en la construcción de redes políticas en tres secciones de la administración fronteriza (Oeste, Sud y Costa Sud) poniendo énfasis en el manejo de la Guardia Nacional, en la utilización táctica del conflicto con los grupos indígenas y su capitalización en el marco de las luchas políticas al interior del liberalismo de Buenos Aires, marcadas por el desplazamiento progresivo de la facción liderada por Bartolomé Mitre.
Palabras clave: Administración fronteriza; Indios amigos; Guardia Nacional; Autoridades militares
Abstract
This paper analyzes the political strategies conducted by Buenos Aires border authorities between the 1860' and 1870'. The focus is placed on the construction of political nets in three administrative sections -West, South and the South Coast- emphasizing on how the National Guard was handeled, the use of tactical conflict facing indigenous groups and its capitalization in the frame of a conflictive political arena within porteño liberalism, marked by the progresive displacement of Bartolomé Mitre's faction.
Key words: Frontier administration; Indios amigos; National Guard; Military authorities
Frontier administration and contruction of political nets: Buenos Aires south frontier, during the 1860' and 1870'
Introducción1
En este trabajo nos proponemos analizar las prácticas políticas desplegadas por las autoridades militares de la frontera en la provincia de Buenos Aires, durante las décadas de 1860 y 1870. En el marco del proceso de formación y consolidación del estado argentino, las denominadas "fronteras interiores" expresaban las limitaciones del control territorial y las instancias institucionales y militares con que se intentaba hacer frente a los grupos indígenas, aún autónomos, y extender el control sobre el territorio reclamado por las elites gobernantes como perteneciente a la nación argentina.
Las visiones tradicionales sobre la llamada "Organización Nacional" tendieron a enfatizar la expansión del Estado central sobre las provincias, a partir del triunfo porteño sobre la Confederación Argentina en la batalla de Pavón1. Una vez triunfantes, los grupos políticos que se hicieron con el control de los principales resortes de poder habrían llevado adelante una progresiva expansión por el conjunto del territorio, al tiempo que construían y consolidaban sus instituciones y vencían las diversas resistencias de los estados provinciales mediante estrategias de represión y cooptación. Durante este proceso se habría reemplazado un perfil de liderazgo "caudillista" por uno de nuevo tipo, a tono con las pretensiones de un Estado moderno fuertemente identificado con la tradición liberal y esencialmente "nacional", en contraste con la territorialización y regionalización del poder que caracterizó el período posterior a la revolución y las guerras de independencia2. Frente a estas propuestas, y a partir de un desplazamiento de la perspectiva analítica desde los centros hacia las periferias, se han producido recientemente lecturas que relativizan la profundidad de los cambios observados en las prácticas políticas. A su vez tienden a enfatizar, más que la expansión del núcleo porteño vencedor de Pavón, la confluencia de las distintas elites regionales, el desarrollo complejo de institucionalidades locales y los cambiantes espacios de negociación entre los grupos de poder, local y central en los niveles inter e intraprovinciales, en la conformación del nuevo orden político. Esta dinámica de interacción se habría expresado en el marco de la conformación de cierto "consenso liberal", compartido por las elites del interior y de Buenos Aires3. Sin embargo, este consenso solo pudo establecer su dominio mediante la incorporación de prácticas políticas que cuestionaba y entendía como supervivencias del orden social que deseaba superar (Garavaglia 2007; Bohovslavsky y Godoy Orellana 2010; Bragoni y Míguez 2010b; Míguez 2012). Los aportes recientes sobre este proceso han mostrado como, en diferentes espacios, los grupos que se disputaban el control del Estado recurrieron a estrategias de gestión del poder local que expresaban la persistencia de lógicas "clientelares" o "caudillistas" contradictorias con el tipo de orden que los sectores dominantes aspiraban a construir4.
En los espacios fronterizos, esto ocurría en un contexto en el cual se evidenciaban de manera acentuada dos características que, de acuerdo a Míguez (2012), eran hasta cierto punto extensibles al conjunto del país: un alto grado de militarización de la sociedad y un Estado relativamente débil para imponer formas de organización que no estuvieran sancionadas por el imaginario social imperante.
Aunque la militarización de la sociedad marcó la mayor parte del siglo y al conjunto del territorio (Míguez 2003), las fronteras se caracterizaban, aún más que otras regiones, por la presencia permanente de población en armas, en parte, debido a su misma naturaleza como espacio de transición entre el mundo criollo y el indígena5. Las fuerzas para la defensa con las que contaban las autoridades incluían al Ejército de Línea, al que se sumaba un contingente variable de milicianos enrolados en la Guardia Nacional y distintos grupos de "indios amigos" aliados del gobierno nacional. Paradójicamente, la presencia acentuada de grupos armados convivía con la debilidad relativa de los instrumentos de coerción del Estado6.
Los avatares del período, los cuales incluyen conmociones, revoluciones interiores y un conflicto internacional de envergadura con el Estado paraguayo, implicaron una permanente carencia de tropas experimentadas en las fronteras, la cual fue compensada recurriendo a la Guardia Nacional. Concebida formalmente como fuerza de apoyo a las tropas profesionales, esta Guardia Nacional se transformó en un recurso militar permanente. Las duras condiciones de vida de los milicianos, los sistemáticos retrasos en sus pagas y en la distribución de bienes elementales, sumados a las características del territorio que facilitaban la deserción, hicieron difícil sostener el número de hombres en armas requerido para la defensa de la frontera y el mantenimiento del orden. Además, la legitimidad en el ejercicio del poder requería adecuarse al imaginario colectivo y, como señalan Míguez y Bragoni (2010), el fundamento más sólido del orden social en la frontera estaba dado por los mecanismos clientelares.
Esto condujo a las autoridades de la frontera a implementar estrategias capaces de retener a a tropa que, al mismo tiempo, contribuyeron a conformar redes de poder pasibles de ser utilizadas en los conflictos faccionales -de orden militar o electoral- o eventualmente, en la acumulación personal de poder y recursos. Del mismo modo, los vínculos con parcialidades indígenas "amigas" asentadas en la frontera, mediante tratados que implicaban el flujo de recursos en forma de raciones controladas por los comandantes, constituyeron herramientas capaces de ser activadas en determinadas coyunturas políticas y militares, más allá de las obligaciones de defensa de la frontera explicitadas en los acuerdos con los caciques. Es probable, asimismo, que la dinámica del conflicto con los grupos indígenas de "tierra adentro" que defendían su autonomía política ante los intentos expansivos del Estado nacional -caracterizada por complejas instancias diplomáticas que incluían negociaciones y acuerdos además del conflicto abierto- haya posibilitado el recurso, por parte de las autoridades, de prácticas de gestión estratégica del conflicto con arreglo a objetivos ligados a la lucha faccional o a la construcción de poder político y económico a nivel local (Barbuto y de Jong 2012).
El período que abordamos en este trabajo estuvo atravesado por la lucha política de dos sectores del liberalismo porteño que tomó el control de la provincia de Buenos Aires tras la caída de Juan Manuel de Rosas. Por un lado, el Partido Nacional referenciado en la figura de Bartolomé Mitre, y por otro el Partido Autonomista, ligado a Adolfo Alsina. Aunque se han vinculado ambas facciones7 con diferentes sectores sociales -con familias tradicionales el mitrismo y con un perfil más "popular" el alsinismo- o fracciones de la elite -el nacionalismo con la burguesía comercial porteña y el autonomismo con los grandes ganaderos-, los apoyos de una y otra parecen haber sido menos lineales, por lo que estas perspectivas deberían matizarse. De cualquier modo, por lo que aquí nos interesa no intervendremos en la discusión sobre las características de ambos grupos. Nuestro objetivo se orienta al análisis de la naturaleza de las prácticas políticas en los espacios de frontera, más que a sus objetivos doctrinarios declamados -los cuales, por otra parte, eran muy similares8. El período considerado corresponde a los últimos años de la década de 1860 y los primeros de la década siguiente, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y en el marco de los intentos de las fuerzas políticas ligadas al mitrismo de preparar lo que esperaban fuera su regreso al control del Estado nacional.
Intentaremos de aquí en más analizar el escenario político en la frontera a partir de dos vías. En primer lugar, caracterizaremos la forma en que las autoridades de frontera construían redes políticas a partir de vínculos clientelares con la población de la campaña. En segundo lugar, plantearemos algunas instancias en las cuales distintos comandantes de frontera administraron estratégicamente el conflicto interétnico en función de objetivos ligados a la lucha política faccional o a la acumulación personal de poder.
"Usted es un hombre en el aire, porque no tiene ningún resguardo".
La frase que encabeza este apartado fue pronunciada en 1872 por el juez de paz de la localidad de 25 de Mayo, ante un azorado inmigrante tucumano que, con el tiempo, llegaría a ser un próspero comerciante en la frontera oeste de Buenos Aires. Al ser conducido ante el juez, Electo Urquizo9, llegado pocos años antes a la provincia, confesó que carecía de papeleta de enrolamiento en las milicias o pase firmado por autoridad competente que explicara su no pertenencia a algún cuerpo armado (Urquizo 1983). Aunque el juez se apiadó de Urquizo y lo puso en libertad, la arbitrariedad implícita en su indulgencia ilustra la amenaza latente que sufrían aquellos que no contaban con vínculos sociales capaces de protegerlos de las autoridades.
Como señaláramos en la introducción, el dispositivo militar en las "fronteras interiores" se encontraba constituido por tres sectores. El Ejército de Línea y la Guardia Nacional constituían los pilares del sistema de defensa nacional. Sus funciones y estructura organizativa eran diferentes y, de acuerdo a Sabato (2008 y 2010), expresaban sendas concepciones sobre la defensa y el Estado. Desde esta perspectiva, mientras las milicias se sustentaban en el principio de "ciudadanía armada", las tropas del Ejército de Línea estaban formadas por soldados "enganchados" por un salario, o "destinados" por alguna autoridad en función de algún delito, entre ellos la deserción de la Guardia Nacional. Por su parte, mientras el ejército se pensaba como el brazo armado del gobierno nacional, las milicias eran convocadas por las provincias y aparecían asociadas a una distribución del poder más fragmentaria y horizontal. En función de ello, ambas fuerzas ocupaban un espacio simbólico diferente en los discursos de la época y en el imaginario social. Las milicias eran actores centrales en las luchas políticas, fueran estas electorales o militares, en tanto expresaban "un canal de transmisión del régimen representativo que aparecía estructurado por un concepto de ciudadano armado que unía el ejercicio electoral con la defensa de la patria" (Bragoni 2010: 96).
De acuerdo a la Constitución Nacional de 1853 formaban parte de la Guardia Nacional todos los ciudadanos argentinos adultos, quienes tenían la obligación de enrolarse periódicamente, acudir a los ejercicios doctrinarios y estar disponibles para el servicio de armas cuando así les fuera requerido10. Sobre esta base existían determinadas excepciones, previstas en la ley, que permitían eludir el servicio, como la posibilidad de contratar un "personero" quien, a cambio de un pago reemplazaba al miliciano. La convocatoria a las armas era potestad del gobierno nacional pero, como mencionamos, su remonta efectiva era llevada a cabo por los estados provinciales y, en las zonas rurales de Buenos Aires, por los jueces de paz. La estructura de la Guardia Nacional era menos jerárquica que la del ejército, si bien en el período que analizamos este aún se encontraba en etapa de consolidación. En efecto, las promociones y ascensos en el Ejército de Línea dependían más de la actuación militar y de los vínculos político-partidarios que de un sistema formal (Sabato 2010). Esta labilidad organizativa, objeto de intentos de reforma en el período analizado11, no era independiente del origen miliciano del ejército construido inicialmente sobre la base de la Guardia Nacional de Buenos Aires, a la que posteriormente se fueron incorporando oficiales de otras provincias, como parte del proceso que señalamos en la introducción (Bragoni 2010, Sabato 2010). Por último, aunque los regimientos de Guardia Nacional correspondientes a los distritos de frontera dependían de los jueces de paz -lo que en algunos casos podía implicar conflictos con los jefes de frontera- los regimientos provenientes de otros partidos quedaban directamente bajo la autoridad de la comandancia, siendo difícil diferenciarlos de las tropas de línea. Además, debido a la poca institucionalización del ejército, ya mencionada, no era inhabitual que jefes de Guardia Nacional pasaran a ocupar cargos militares en la frontera -como el caso de Benito Machado que veremos más adelante- al tiempo que oficiales y soldados de la milicia podían ser incorporados al ejército ante el pedido de las autoridades. Las vinculaciones entre las distintas instancias de poder estatal que consideramos en este trabajo -el Ejército de Línea, la Guardia Nacional y los juzgados de paz- podían ser conflictivas o no, de acuerdo a las circunstancias y a los actores presentes. Es en parte por ello que, como se verá, ponemos énfasis en los clivajes partidarios para el análisis de la política fronteriza12. En ese sentido, desde la perspectiva que utilizamos, la construcción del escenario político de la frontera estará menos dada por las instancias institucionales existentes que por su utilización como insumos de acumulación de poder por parte de los actores políticos.
Por entonces, parecía haber cierto acuerdo en la provincia de Buenos Aires respecto a que el peso de la defensa fronteriza recayera en el Ejército de Línea; constituyendo la composición del "contingente" motivo de protesta en distintos ámbitos políticos provinciales (Poggi 2000). Sin embargo, los diversos conflictos internos y externos que el Estado nacional debió afrontar en este período redundaron en la endémica falta de tropas de línea en la frontera y la defensa del territorio recayó, esencialmente, en la población rural de la campaña organizada en la Guardia Nacional. El consenso sobre el rol central que debía adoptar el Ejército de Línea en la frontera parecería ser contradictorio con la preeminencia de concepciones que privilegiaban el modelo de "ciudadanía en armas" que, en la perspectiva de Sabato ya citada, convivía y confrontaba con la creciente centralización del poder armado en el ejército. Consideramos, sin embargo, que las objeciones al "contingente" -además de las críticas a las duras condiciones que debían soportar los milicianos- se vinculaban con el carácter dilatado de la guerra de frontera, la cual derivaba en una movilización permanente de la Guardia Nacional con efectos sociales y económicos pero no implicaba un cuestionamiento al principio de "ciudadanía en armas" sobre el que se fundaban las milicias.
El tercer grupo armado que mencionamos estaba conformado por las tribus de "indios amigos". Se denominaba así a las tribus que aceptaban instalarse en las cercanías de la frontera en función de acuerdos con el Estado, aceptando la subordinación militar a las autoridades fronterizas y comprometiéndose en su defensa (de Jong 2010). La presencia de "indios amigos" en la frontera respondía a un retorno a la práctica rosista del "negocio pacífico de indios"13, brevemente abandonada durante la década de 1850, aunque con algunas diferencias fundamentales. En tanto el "negocio pacífico" rosista se extendió con relativa estabilidad durante muchos años, la política de tratados reinaugurada en la década de 1860 se llevó adelante en el marco de un proceso de creciente presión sobre los territorios indígenas. En efecto, durante este período fue aprobado el marco jurídico con arreglo al cual se llevaría adelante la conquista definitiva, y se realizaron algunos ensayos de efectivizarlo sobre el terreno (Ratto 2009). A partir de la presidencia de Sarmiento, los tratados con distintos caciques comenzarán a articularse de modo pragmático con avances parciales de la línea de frontera, constituyendo ambas tácticas una única estrategia de avance territorial y desarticulación de la resistencia indígena (de Jong 2011). Para los "indios amigos", esto implicaría crecientes exigencias militares por parte de las autoridades criollas que llegarían a encender violentos conflictos internos (de Jong 2012)14 .
Luego de esta breve descripción, volvamos a la Guardia Nacional. Aunque las milicias solo recientemente han comenzado a ser estudiadas en profundidad para el caso de la campaña bonaerense, sabemos que constituían un elemento central en la conformación de redes políticas asociadas a las autoridades civiles y militares. Concurrían para ello dos factores mencionados en la introducción, y aparentemente contradictorios: la fuerte militarización del espacio y la debilidad relativa de los instrumentos coactivos del Estado. Ambos hacían difícil garantizar el número de plazas requeridas para hacer frente a los desafíos militares de la dilatada guerra contra las tribus autónomas de "tierra adentro". En efecto, las oportunidades de eludir el servicio de armas no eran excesivamente complejas en las poco pobladas llanuras y serranías del sur bonaerense, de manera que para que fuera efectivo debía contar con cierta aceptación de la población movilizada (Míguez 2010b; Barbuto y Cordero 2011). El recurrir a diversos mecanismos, generalmente caracterizados como "caudillistas" o clientelares, permitía a las autoridades sostener la cohesión y el orden social, al tiempo que garantizaba la remonta de milicianos dentro de ciertos límites de tiempo y en coyunturas críticas (Míguez 2010b). La construcción de vínculos de reciprocidad verticales podía dotar de cierta protección a los pobladores y permitía a las autoridades construir redes políticas capaces de ser activadas para la lucha facciosa, tanto en procesos eleccionarios (Poggi 2001) como en rebeliones armadas (Míguez 2012; Barbuto y Cordero 2011). La fuerza del Estado en la remonta para ocupar los puestos necesarios en la guerra de fronteras, entonces, era descargada en aquellas personas con vínculos sociales débiles, tales como migrantes internos o enemistados con las autoridades. Para estos sectores de la población rural el alistamiento en las milicias parece haber constituido una carga muy dura. El servicio podía prolongarse durante años y, en ocasiones, su situación era difícil de distinguir de la tropa del Ejército de Línea, formada por "enganchados" y destinados forzosos con pagas que se retrasaban meses y condiciones de vida de gran precariedad.
Existen indicios en las fuentes disponibles que muestran los mecanismos de construcción de estas redes políticas por parte de las autoridades de frontera. El ya citado Electo Urquizo describe con fuerte antipatía al comandante de la Guardia Nacional de Junín, Ataliva Roca. Este comandante de Guardia Nacional y juez de paz (Urquizo 1983; Hux 2009) había construido su popularidad, de acuerdo a la descripción del pulpero Urquizo, dotando de protección a distintos pobladores de la campaña. Los caudillos como Roca, denuncia, "han sido los verdaderos alcagüetes y defensores de todos los gauchos vagos y ladrones, pues eran operarios de sus industrias politiqueras" (Urquizo 1981: 197).
Sin duda, las simpatías políticas de Urquizo influyeron en esta caracterización. El autor se asume como simpatizante del Partido Nacionalista, vinculado a Bartolomé Mitre, del cual Roca era un importante adversario a nivel local. Sin embargo, la descripción de Urquizo dista de ser excepcional y acusaciones similares, como advierte Míguez (2010b), atraviesan los distintos posicionamientos faccionales. Por ejemplo, una caracterización ampliamente citada sobre las formas de construcción de poder del coronel mitrista de Tandil, Benito Machado -sobre quien volveremos-, pertenece al coronel Álvaro Barros: "empezó por hacerse simpático entre las masas, constituyéndose en protector de todos los criminales que la justicia perseguía, buscando así el prestigio como base de futura fama y poder" (Barros [1872] 1975: 157).
Barros actuó en la frontera sur a mediados de la década de 1850, retornó en la segunda mitad de la década siguiente y posteriormente fue desplazado. Es quizás quien escribió más sistemáticamente sobre la lógica facciosa, la arbitrariedad y la corrupción que, en su opinión, caracterizaban la organización de la población en armas en el sur bonaerense15. En sus escritos, publicados a lo largo de la década de 1870, opinó que la ausencia de una organización moderna y profesionalizada del ejército se debía a la existencia de un sistema de corrupción generalizada y a una lógica de ascensos ligada al interés partidario antes que al mérito, a la ausencia de una organización moderna y profesionalizada del ejército, a lo que se sumaba la dilataba ocupación efectiva del territorio. Aunque buena parte de sus publicaciones están marcadas por la feroz oposición al mitrismo, debilitado tras la revolución de 1874, su diagnóstico se mantuvo inalterado, convirtiéndo en foco de sus críticas al ministro de Guerra, Adolfo Alsina, a cuyo partido había pertenecido hasta entonces (Barros 1871, [1872] 1975, [1875, 1877, 1877b] 1975 y 1876). Por supuesto, ello no implica que sus denuncias estén atravesadas por un interés político. En uno de sus primeros escritos, un folleto publicado en 1871, dos años después de su alejamiento forzoso de la comandancia de la frontera Sud y de su reemplazo por figuras ligadas al mitrismo, emprendió sus críticas contra el lenguaraz e Intendente de Indios, Santiago Avendaño.
Este personaje, vivió como cautivo entre los ranqueles desde los siete años hasta su fuga ya adolescente, había adquirido cierta importancia en el Azul desde fines de la década de 1860. Sus conocimientos de la lengua y las costumbres indígenas16 le habían permitido convertirse en nexo entre las autoridades y los "indios amigos" de Azul, conducidos por el cacique Catriel. Según Barros, a partir del poder inicialmente construido gracias a su influencia sobre el cacique, Avendaño habría logrado gran predicamento con el jefe de frontera, Ignacio Rivas -sobre quien volveremos. Gracias a ello, el ex-cautivo habría pergeñado una conspiración en 1870, asociada a los intereses de los comerciantes dedicados al tráfico de cueros vendidos por los indios, y con el propósito de reemplazar al juez de paz de Azul. Utilizando su ascendiente sobre el general Rivas, Avendaño habría conseguido elevar a ese cargo a un pulpero de origen español17, consiguiendo asimismo un nombramiento en la municipalidad de Azul y un cargo como Intendente de Indios con sueldo de capitán del ejército. Desde esas posiciones, y luego de asegurarse el desplazamiento de todos aquellos funcionarios que no eran afines, Avendaño habría logrado acceder a su riqueza a partir de manejos espurios con las raciones destinadas a los indios (Barros 1871)18.
El peso político atribuido por Barros al lenguaraz pudo haber sido exagerado, quizás con el propósito de deslegitimar a Rivas, su reemplazante en la frontera. Contra este último lanzaría graves acusaciones conjuntamente con un grupo de oficiales, en ocasión de la guerra civil en Entre Ríos, el año anterior a la publicación del folleto y estando bajo su mando (Barros 1975 [1872]). Podría pensarse que al centrar la "conspiración" en un actor que, a ojos del lector a quien se dirigía, era de origen y vínculos dudosos, buscaba enfatizar en su ataque al mitrismo tanto el carácter "caudillista" como sus relaciones con personajes oscuros. De cualquier modo, sean los hechos tal como Barros los describió o no, la utilización de redes de relaciones como forma de adquirir poder y riqueza coincide con otros testimonios19.
La descripción que hizo Barros del derrotero de Avendaño, además, trae a colación otro aspecto de la construcción de redes políticas en la frontera. Así como los vínculos clientelares entre el juez de paz y la autoridad militar mediaban la relación de los guardias nacionales con el Estado, algo comparable ocurría en la relación entre los jefes de frontera y los caciques indígenas (de Jong 2008; Míguez 2010b). De este modo, también los grupos de "indios amigos" pasaban a constituir parte del capital político pasible de ser activado en distintas circunstancias por las autoridades. Aunque los indios, a diferencia de los milicianos, no participaban de las contiendas electorales constituían una fuerza relevante para ser movilizada en caso de que los conflictos entre facciones llegaran a una instancia armada. Así durante la revolución de 187420, el ejército mitrista contó con la participación de la tribu del cacique Catriel, quien finalmente murió lanceado por sus hermanos junto a Avendaño como resultado del cruce entre el apogeo de la competencia faccional criolla y las propias tensiones internas entre los catrieleros (de Jong 2010; Barbuto y Cordero 2011). Los vínculos mitristas con grupos indígenas probablemente se hayan extendido aún después de la derrota de la revolución. En un período posterior, durante la extensión de la línea de frontera hasta la llamada "zanja de Alsina"21, hubo suspicacias entre los militares a cargo en ocasión de la supuesta colaboración entre personalidades ligadas al mitrismo e indígenas de "tierra adentro", como también por la toma de prisioneros criollos refugiados entre los indios que contaban, entre sus efectos personales, con pases y papeletas firmados por autoridades de esa facción (Ebelot [1876-1880] 1965: 170).
Como hemos visto en las referencias precedentes, existía cierto consenso en cuanto a que, por un lado, el otorgamiento arbitrario de protección a pobladores de la campaña permitía a las autoridades construir vínculos verticales por medio de los cuales se cimentaba la autoridad política a nivel local. Por otro lado, existía coincidencia en cuanto a lo cuestionable de estas prácticas y su asociación con un tiempo que se esperaba dejar en el pasado. Por último, y a despecho de la indignación de los distintos denunciantes, las mencionadas prácticas de construcción política parecen atravesar las diferentes líneas partidarias, constituyendo el núcleo de la acumulación de poder y prestigio. La capacidad de proteger a la población de la campaña, administrando la remonta de guardias nacionales, podría haber sido un elemento en la construcción de lealtades políticas pasibles de ser movilizadas en distintas coyunturas. A su vez, quienes quedaban por fuera de esas redes de protección, sufrían mayoritariamente las consecuencias de una sociedad militarizada. Eran "hombres en el aire", si utilizamos la expresión del juez de paz citado al comienzo. Con los grupos indígenas asentados en la frontera, asimismo, se constituían, por medio de los caciques, vínculos clientelares comparables, capaces de ser puestos en juego cuando la dinámica de la contienda política así lo exigía.
Pero existía otro aspecto de la posición singular de las autoridades de frontera, en especial las autoridades militares, que generaba las condiciones para ser utilizado en la acumulación faccional o personal de poder e influencia. Este aspecto estaba ligado a la misma función de los comandantes de frontera, en tanto expresión del Estado ante las tribus indígenas y en quienes éste delegaba las instancias militares y diplomáticas por medio de las cuales se vinculaba con aquellas. Dedicaremos el próximo apartado a la descripción de un conjunto de episodios en los que la guerra puede haber sido instrumentada como insumo en las luchas internas de las facciones liberales porteñas.
Aadministrando la guerra: Machado, Rivas y Roca
Durante la segunda mitad de la década de 1860, contamos con un episodio protagonizado por el ya mencionado coronel Benito Machado22. Este líder militar, vecino y estanciero de Tandil, de gran influencia en la región fue designado como comandante de la frontera Sur en 1865 pues su superior, el general Ignacio Rivas, fue destinado al frente abierto con motivo de la guerra del Paraguay. Como subordinado de Machado fue enviado a la frontera Álvaro Barros, quien como hemos visto no estaba vinculado a su facción política. De acuerdo a Rinaldo Poggi (1997), basado en los escritos del propio Barros y otras fuentes, Machado despliega una serie de acciones destinadas a perjudicar al recién llegado, a quien no se le envían caballada y es despojado de sus principales oficiales. Ante las denuncias de Barros -que contaba con el apoyo del vicepresidente Marcos Paz, en ejercicio de la presidencia por encontrarse Bartolomé Mitre en el frente paraguayo- y quizás previendo su posible desplazamiento, habría provocado un conflicto con el cacique salinero Calfucurá. Para ello, se apropió de las raciones acordadas a Calfucurá por el gobierno y retuvo a la comisión de indios enviados a retirarlas. Posteriormente, por medio de su correspondencia con el cacique, Machado intentó llegar a un acuerdo con los salineros, responsabilizando a Barros de lo sucedido y buscando presentarse como el único interlocutor válido del jefe indígena y garante de la paz en la frontera. Aunque finalmente fracasa en sus objetivos y es desplazado, volverá a la frontera pocos años después, a instancias de Rivas, quien había retornado de Paraguay. Ello formó parte del rasgo de continuidad, analizado por Barbuto y de Jong (2012), de la presencia de comandantes mitristas en la frontera, especialmente en la sección sur de la misma. Las autoras se interrogan sobre los nexos entre los conflictos faccionales al interior del liberalismo y la administración fronteriza. Para ello, analizan el accionar de los comandantes de frontera ligados al mitrismo, Rivas en particular23, durante la primera parte de la década de 1870, desde la perspectiva de la competencia entre los grupos que se disputaban el control del Estado. Además de su rol específico en la defensa de los bienes de la población de la campaña, el mando de la frontera implicaba un conjunto de recursos capaces de ser utilizados en la dinámica política. Desde mediados de 1871, el ministro de Guerra y Marina, Martín de Gainza, había encargado al general Rivas la preparación de una incursión a las tolderías del cacique Calfucurá, instaladas en Salinas Grandes, con el objetivo de ocupar definitivamente ese punto estratégico y culminar con la ocupación del espacio reclamado por el Estado y bajo poder de grupos indígenas. Distintas circunstancias, en ocasiones contradictorias, fueron pretextadas por Rivas durante esos años para postergar la expedición. Cuando finalmente se llevó adelante, en enero de 1874, resultó fallida desde el inicio. Poco después, se produjeron las elecciones en las cuales el mitrismo fue derrotado. A partir de ese momento, Rivas comenzó a reclamar con urgencia el envío de armamento que luego sería utilizado durante la rebelión mitrista, en septiembre de ese año. Concluyen las autoras que las acciones desplegadas por los comandantes de frontera no pueden ser pensadas exclusivamente en función del conflicto con los indios de "tierra adentro", pudiendo estar supeditadas a los conflictos partidarios. Así, las dilaciones de Rivas para cumplir con las instrucciones del ministro Gainza estarían vinculadas a estos conflictos, ya sea buscando evitar que fuera la facción rival la que capitalice un eventual triunfo militar contra los indígenas, lo que de hecho habría ocurrido con ocasión del triunfo criollo en la batalla de San Carlos24, como al reclamar recursos que serían utilizados en la preparación del levantamiento militar, una vez electoralmente derrotado el mitrismo durante la compulsa de 1874.
Al igual que sucedía con los vínculos verticales de solidaridad que describimos en el apartado anterior, la utilización del conflicto interétnico como estrategia de acumulación faccional no era la particularidad de un solo sector. Retomamos, para finalizar, al comandante de Guardia Nacional Ataliva Roca25 quien, como se ha señalado, no pertenecía al mitrismo sino que puede ser asociado a sus rivales del Partido Autonomista. De acuerdo a la opinión de Electo Urquizo en sus memorias ya citadas, Roca ambicionaba apropiarse de las tierras cedidas a la tribu de "indios amigos" que respondía al cacique Coliqueo, conocido por sus simpatías con el partido de Mitre, al igual que el mismo Urquizo. Provocar un levantamiento de los indios, desde esta perspectiva, permitiría cumplir con dos objetivos: la apropiación de las tierras por el comandante y el debilitamiento del mitrismo en la frontera Oeste. Con esto en mente, Ataliva Roca habría buscado en distintas ocasiones generar situaciones de conflicto con la tribu que justifiquen su expulsión de la frontera.
En octubre de 1873, el cacique Justo Coliqueo recibió en sus tierras al cacique Manuel Grande y su tribu, recientemente liberados de la isla de Martín García. El comandante de la frontera, el coronel Hilario Lagos, envió una esquela a Coliqueo exigiendo explicaciones por ese asilo. Al no recibir respuesta en el mismo día, decidió dar un escarmiento a la tribu marchando con treinta veteranos, a los que se sumaron medio centenar de guardias nacionales de Junín al mando de Roca. Si bien el cacique había recibido el requerimiento, no había considerado necesario contestar inmediatamente y, por otro lado, no se encontraba en los toldos su hermano Antonino Coliqueo, quien hacía de secretario por ser el único alfabetizado de los hermanos. La violencia desplegada por las tropas de Lagos y Roca irrumpieron, provocó algunos heridos y llevó a los indios a tomarlos prisioneros, rodeándolos. El cacique decidió enviar un mensaje al juez de paz de 9 de Julio, explicando la situación, al tiempo que intentaba contener a los suyos, enfurecidos por el ataque. Finalmente, la intervención de un vecino criollo pudo calmar los ánimos, Coliqueo logró explicar a Lagos su demora en responder, este quedó satisfecho y, según Urquizo, "comprendió que había actuado con ligereza y de que quizás era instrumento de las ambiciones solapadas de un intrigante" (Urquizo 1983: 186).
Un episodio similar, aunque con consecuencias más serias, volvió a repetirse en marzo del año siguiente. Lagos había sido reemplazado por el coronel Borges, recién llegado de Entre Ríos y, como los Coliqueo, miembro del mitrismo. Nuevamente Roca habría intrigado buscando un enfrentamiento con la tribu, convenciendo a Borges de que las tropas nacionales habían sido objeto de una grave humillación por parte de los indios. Ante la situación creada por la gravedad de los hechos atribuidos a sus aliados, el comandante decidió ordenar a Justo Coliqueo que remita la tribu de Manuel Grande a Junín. Al negarse, decidió marchar a la tribu con una tropa de 250 hombres, incluidos nuevamente los guardias nacionales de Junín, al mando de Roca. Aunque las explicaciones del cacique, así como su pacífico recibimiento, parecen haber sido convincentes -dejando en evidencia la maniobra de Roca, impelido por la necesidad de lavar el supuesto ultraje- Borges ordenó el traslado de los indios del cacique Manuel Grande a Junín, remitiendo parte de sus guerreros al Ejército de Línea. Con respecto a Justo, decide degradarlo y tomarlo prisionero, junto a quince de sus capitanejos, nombrando en su lugar a su hermano Simón Coliqueo. Aunque comprendiendo que había sido utilizado "el Coronel observó con Justo Coliqueo toda clase de atenciones, haciéndolo comer en su misma mesa y dormir en su carpa" (Urquizo [1907] 1982:187), a raíz de los partes enviados por Roca sobre su indulgencia, los indios fueron remitidos a Buenos Aires y de allí a Martín García, donde algunos fueron fusilados (Hux 2009). A instancias de las recomendaciones de Borges, entre otros oficiales, Justo Coliqueo fue liberado a fines de agosto, con el compromiso de no tomar parte de la revolución que comenzaría poco tiempo después. Si bien Roca habría fracasado en forzar un enfrentamiento que le permitiera apropiarse de las tierras cedidas a la tribu, el objetivo de debilitar al mitrismo en la frontera Oeste parece haberse cumplido. Los Coliqueo, efectivamente, no se sumaron a la rebelión de 1874, manteniéndose fieles al gobierno nacional. La debilidad del comandante mitrista, rodeado y manipulado por oficiales de la facción opuesta, quedó de manifiesto al estallar la revolución. A diferencia de Rivas y Machado, que sumaron al Partido Nacionalista la mayoría de las tropas en los distritos bajo su mando, él marchó solo, alineándose las tropas a su mando en el bando opuesto, al que respondían líderes como Roca y Lagos, y siendo muerto en la batalla de La Verde, que dio por terminada la guerra en Buenos Aires (Míguez 2010).
Consideraciones finales
En este trabajo hemos propuesto analizar la construcción, en los espacios de frontera, de redes políticas criollas capaces de ser movilizadas electoral y militarmente y los vínculos clientelares con grupos indígenas utilizables en ocasión de rebeliones militares. Posteriormente, nos hemos referido a la manera en que los recursos destinados a la defensa y administración de la frontera podía ser utilizada por los comandantes militares como recursos en la lucha partidaria en dos niveles. Por un lado, en un nivel de menor importancia, manipulando o intentando manipular el conflicto de manera tal de obtener o sostener prestigio y poder, o bien debilitar a un rival, como en los casos analizados de Benito Machado y Ataliva Roca. En un nivel de mayor generalidad, y siguiendo la propuesta de Barbuto y de Jong (2012), ralentizando durante casi un lustro el avance de la frontera con el objetivo de evitar que dicho avance fuera capitalizado políticamente por el sector político rival y exigiendo posteriormente mayor celeridad en la entrega de armamentos y recursos con el objeto de desviarlos hacia la lucha facciosa. En este sentido, si bien sería extremo asociar la dinámica del conflicto interétnico fronterizo a la vinculada a la rivalidad interna al liberalismo porteño, parece claro que, en determinadas circunstancias, el derrotero de la guerra y la diplomacia en las fronteras podía ser administrado estratégicamente de acuerdo a objetivos partidarios y, efectivamente, lo fue en algunos contextos.
Como hemos visto también, las autoridades de frontera contaban con diversos mecanismos para acrecentar su poder a nivel local, permitiéndoles contar con recursos para la lucha partidaria. La arbitrariedad en las levas para determinar quienes debían cumplir el servicio de armas en las fronteras, les permitía aliviar la carga sobre sus simpatizantes, afianzando así redes de solidaridad capaces de ser activadas en ocasión de conflictos políticos y militares. Redes de las que quedaban excluidos aquellos "hombres en el aire", al decir de Urquizo quienes, por ser migrantes sin anclajes sociales sólidos o por no gozar de las simpatías de personajes poderosos, sufrían el duro destino de los fortines. Vínculos análogos se extendían con los grupos de "indios amigos" instalados en la frontera, aunque en este caso los mismos eran mediados por las figuras de los caciques.
Un aspecto que queda para posteriores aproximaciones es el rol de la administración económica de los recursos derivados por el Estado a las fronteras. Las comandancias de frontera eran encargadas del racionamiento de los grupos indígenas independientes con los que se habían firmado tratados, así como de las tribus amigas instaladas en la frontera. Asimismo, eran quienes certificaban que fueran entregadas las raciones necesarias para su manutención y los salarios correspondientes a los Guardias Nacionales y los soldados de línea destacados en la frontera. En diferentes momentos de la vigencia de la administración fronteriza, cuestiones derivadas de este manejo fueron denunciadas como un foco de corrupción y de abuso por parte de observadores contemporáneos. En la misma línea de lo trabajado hasta aquí, consideramos necesario analizar también estos aspectos a la luz de la dinámica de la lucha política entre las distintas facciones del liberalismo porteño.
Como observara Míguez (2010b) y mencionáramos en la introducción, se percibe una tensión entre el proyecto reformista y la recurrencia a prácticas de construcción política denunciadas como caudillistas, propias del pasado que intentaban dejar atrás los mismos actores que las practicaban con asiduidad. Podemos preguntarnos si dicha tensión corresponde sencillamente al cinismo de las autoridades de la frontera o si, por el contrario, resultaban de la convicción de que los medios empleados eran legítimos en aras de cumplir los altos objetivos que, por cierto, estaban reservados exclusivamente a la propia facción en detrimento de las rivales. Otra perspectiva, quizás, podría analizar estas inconsistencias como respuestas pragmáticas ante situaciones que excedían la voluntad de los actores. La resolución cotidiana de problemas asociados a un Estado particularmente débil en sus herramientas de control, al tiempo que fuertemente militarizado, podría haber llevado a la adopción de prácticas cuya legitimidad nunca podía ser puesta en duda, en la medida que de ellas dependía el dificultoso mantenimiento de ciertos umbrales mínimos de orden social.
1. En la batalla de Pavón, librada el 18 de septiembre de 1861, el ejército de Buenos Aires al mando de Bartolomé Mitre derrotó a las fuerzas de la Confederación Argentina formada por las restantes provincias. Como resultado de esa victoria Mitre asumió la presidencia de la república, culminaba así una década de secesión porteña con la unión de todas las provincias bajo la hegemonía de Buenos Aires.
2. Entre los enfoques que comparten esta perspectiva mencionamos el influyente trabajo de Oszlak (1983), así como los más recientes de Rock (2006) y Yanquelevich (2005).
3. Tomo la expresión de Bragoni y Míguez. Aún entre los grupos que expresaban la vigencia de tradiciones y simbologías federales, la posibilidad de alcanzar importancia política "tendía a domesticar sus contenidos hasta transformarlos en una variante personal dentro del sistema político-ideológico establecido" (Bragoni y Míguez 2010: 22-23).
4. Las especificidades que este proceso adquirió en distintos espacios excede los objetivos de este trabajo. Remitimos a los distintos trabajos incluidos en la obra colectiva compilada por Bragoni y Míguez (2010).
5. En las últimas décadas el estudio de las fronteras ha recibido numerosos aportes provenientes de la historiografía y de la antropología histórica. Estos trabajos han redefinido la tradicional visión de frontera como límite interétnico por otra que la concibe como "un territorio imaginado, inestable y permeable de circulación, compromiso y luchas de distinta índole entre individuos y grupos de distintos orígenes" (Boccara 2003: 64); es decir como un lugar de profusos intercambios económicos, sociales y militares.
6. Analizando la ciudad de Azul desde una perspectiva interdisciplinaria, con el objetivo de plantear hipótesis relativas al grado de control territorial durante el proceso de construcción del Estado, Lanteri y Pedrotta (2007) se preguntaron si es posible afirmar la existencia de instituciones con poder de coacción en la frontera sur de Buenos Aires hacia mediados del siglo XIX. Míguez y Yanguilevich (2010) plantearon una pregunta similar en el marco de su análisis de la administración de justicia en la frontera, durante el mismo período.
7. La utilización de la expresión "facción" por los contemporáneos conlleva un carácter descalificatorio en el marco de una concepción de la comunidad política entendida como unidad. Sabato ha advertido sobre los riesgos implícitos de su uso como categoría explicativa: "la utilización de ese término de época como concepto analítico clausura la interrogación sobre los contextos y las condiciones en que se usaba, así como sobre sus cambiantes sentidos en el marco de los lenguajes políticos en circulación" (2011: 4). Aunque somos conscientes del riesgo implícito de estos deslizamientos por cuestiones expositivas en este trabajo nos referiremos indistintamente a los agrupamientos políticos como "facciones", "grupos" o partidos, cuidando de no darle el cariz específico propio del lenguaje de la época.
8. Para las facciones del liberalismo porteño puede consultarse el trabajo clásico de Barba (1982) o los capítulos dedicados al tema en Rock (2006).
9. Electo Urquizo fue un migrante tucumano que llegó muy joven a la frontera oeste de la provincia de Buenos Aires. Se instaló como pulpero en las tierras cedidas a la tribu de los caciques Coliqueo y amasó una fortuna que le permitió manejar una importante red de casas comerciales en la zona y fundar la actual localidad de Los Toldos. Dejó numerosos escritos, entre ellos sus "Memorias de un pobre diablo", sobre sus experiencias en la frontera que fueron editadas y publicadas por Hux.
10. Sobre las milicias consultar, entre otros, a Garavaglia (2003) quien caracteriza algunos aspectos de las milicias para la primera mitad del siglo XIX mientras para la segunda mitad del mismo siglo son imprescindible los trabajos de Hilda Sabato (2003, 2008, 2009, 2010), así como la ya mencionada obra colectiva compilada por Míguez y Bragoni (2010) y el Dossier compilado por Flavia Macías (s/f) para la revista digital HisPol. Sobre el espacio bonaerense consultar a Leonardo Canciani (2010), el citado artículo de Eduardo Míguez (2010a) y nuestras presentaciones sobre la movilización de la Guardia Nacional en el contexto de la revolución de 1874 (Cordero 2010, Barbuto y Cordero 2011). Para la etapa inmediatamente posterior a Caseros en la campaña bonaerense ver Literas (2012) y desde una perspectiva más tradicional es de gran interés el trabajo de Poggi (2000).
11. Durante la presidencia de Sarmiento se intentó llevar adelante una reforma integral sobre las fuerzas militares, acentuando la centralización del ejército y la subordinación de la Guardia Nacional al gobierno central (Macías 2010)
12. Acordamos al respecto con Hilda Sabato en cuanto a que "para muchos jefes, su identificación no era corporativa y podía quedar subordinada a otras identidades. Así, por entonces nadie se sorprendía frente a alineamientos fundados en identidades políticas (y aún personales) que tenían precedente sobre la carrera militar" (Sabato 2010: 88).
13. Ratto (2005) caracteriza el "negocio pacífico de indios" como un sistema que estructuraba los vínculos diplomáticos hispano-criollos e indígenas a partir de tres círculos concéntricos con eje en Rosas. El primer círculo estaba conformado por los "indios amigos", el segundo por "indios aliados" que vivían "tierra adentro" pero se acercaban a la frontera para comerciar y recibir regalos; y el tercer círculo estaba conformado por indios transcordilleranos con los cuales la vinculación diplomática era más esporádica.
14. Una perspectiva que enfatiza las posibilidades, aún abiertas, de integración indígena a la sociedad mayoritaria durante este período puede consultarse en Quijada (2011).
15. Sobre Barros puede consultarse el estudios preliminar de Yunque ([1957] 1975) y especialmente el de Weinberg (1975), publicados con la reedición de sus libros. En un aporte más reciente y centrado en su actuación en la frontera Poggi (1998) describe los conflictos políticos que derivaron en su alejamiento de la frontera y su retiro del servicio activo.
16. Sobre Avendaño puede consultarse una nota biográfica reciente en Salomón Tarquini (2006), así como sus memorias reeditadas (Avendaño 1999 y 2000).
17. El nombramiento de los jueces de paz era realizado por el gobernador de la provincia a partir de una terna presentada por la comisión municipal (Barba 1982). Barros no especifica de qué modo el jefe de frontera mitrista podría haber influido en un gobierno provincial de la facción opuesta para el nombramiento de su candidato.
18. Este texto, que no ha sido reeditado, aparece firmado anónimamente por "un viajero argentino". Sin embargo, existe acuerdo en que fue escrito y publicado por Álvaro Barros (Weinberg 1975).
19. Entre ellos el del propio Avendaño quien describe, en términos similares a los que venimos mostrando, al caudillo de origen chileno, Valdebenito, instalado en la frontera desde los tiempos de Rosas (Míguez 2010b).
20. La llamada revolución mitrista, entre los fines de septiembre y comienzos de diciembre de 1874, fue llevada adelante por los seguidores de Bartolomé Mitre. Aducían que la llegada de Nicolás Avellaneda a la presidencia era resultado de un proceso electoral fraudulento. Aunque los revolucionarios no contaron con el apoyo esperado y fueron fácilmente derrotados, el sur de Buenos Aires constituyó uno de sus epicentros pues la mayoría de los comandantes destacados en la frontera estaban fuertemente asociados a esa facción. Acerca de las causas y el sentido de la rebelión ver Míguez (2010a), para un análisis específicamente vinculado con la movilización de la Guardia Nacional en la campaña durante la revolución mitrista ver Barbuto y Cordero (2011). La participación indígena de la tribu de Catriel y los conflictos internos que llevaron a la muerte del cacique han sido analizados por de Jong (2012).
21. La "zanja de Alsina", así llamada por referencia al ministro de Guerra que la proyectó y durante cuyo mandato fue construida, fue un foso con un trazado coincidente con la línea de frontera cuyo objetivo era evitar las invasiones y el pasaje a territorio indígena del ganado robado.
22. Sobre Benito Machado puede consultarse la breve reseña biográfica de Yanguilevich (2010) así como el artículo de Canciani (2012).
23. Nacido en Uruguay, de donde pasó a la Argentina con la caída del régimen de Rosas, Ignacio Rivas fue uno de los jefes militares más estrechamente ligados al mitrismo. Estuvo presente en la frontera desde mediados de la década de 1850, con diversas interrupciones en las que participó en la represión de las rebeliones montoneras en el interior del país, la guerra del Paraguay y los levantamientos de López Jordán en Entre Ríos. Después de la derrota de la revolución mitrista, no volvió a tener tropas a su mando.
24. En la batalla de San Carlos, ocurrida en marzo de 1872, los indios dirigidos por el cacique Calfucurá fueron derrotados por las tropas comandadas por Ignacio Rivas, quien contaba con el apoyo de los indios aliados al mando de Cipriano Catriel y Coliqueo. Aunque dicho triunfo acrecentó el prestigio de Rivas, fue capitalizado por el gobierno del entonces presidente Sarmiento (Barbuto y de Jong 2012:12).
25. Ataliva Roca era hermano del entonces coronel Julio Argentino Roca quien, como ministro de Guerra y Marina de Nicolás Avellaneda, llevaría adelante la llamada "conquista del desierto"y posteriormente sería electo presidente.
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