ARTÍCULO

Resistencia a la obligación de armarse. Reclutamiento y servicio miliciano en la Guardia Nacional de frontera, Buenos Aires 1852-1879

 

Leonardo Canciani*

* Centro de Estudios Sociales de América Latina - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires/ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina. E-mail: leonardo_canciani@hotmail.com

Resistance against the obligation to arm themselves. recruitment and militia service in the frontier national guard, Buenos Aires 1852-1879

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Resumen

El objetivo del trabajo es analizar el reclutamiento de los guardias nacionales, el servicio miliciano que desarrollaron y las resistencias esgrimidas ante la obligación de armarse. Estas últimas fueron identificadas con desacatos a la autoridad, deserciones, amotinamientos y sublevaciones; es decir, mecanismos no contemplados por la legislación que fueron penados y reprimidos. Además, debemos sumar otras prácticas evasivas menos contestarias usadas para evitar el servicio activo y que contaron con el aval del Estado, como los pedidos individuales de dispensa, las súplicas colectivas de excepción y la utilización de personeros. Esto nos permitirá evaluar si es factible utilizar la noción de “ciudadanía armada” para estudiar la Guardia Nacional en la frontera.

Palabras clave: Guardia Nacional; frontera; resistencias

Abstract

In this paper, we will analyze the recruitment of national guards, the conditions of militia service and the resistances against the obligation to arm themselves. The latter were identified as contempt for authority, desertions, mutinies, uprisings; and since all were considered criminal acts against the State they were penalized. Moreover, there were less contested practices to avoid active service and had the endorsement of the State, like individual dispensation requests, collective exception pleas and the use of surrogates. The above mentioned material will enable us to assess whether it is feasible to use the notion of “armed citizenship” in order to study the National Guard on the frontier.

Key words: National Guard; frontier; resistances

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Introducción

Le contestó que no iba y que se retirase de su casa pues de lo contrario le pegaría un balazo

Esta acción se atribuyó a José Reinoso, vecino de Bragado y guardia nacional del regimiento Nº 6 de campaña, cuando supo de su designación para brindar servicio miliciano en la frontera. Según el 'cabo citador' Enrique Montero, además de resistirse a la obligación de armarse y con el objetivo de que no se lo integrara al contingente, Reinoso se dirigió al interior de su casa "haciendo el ademán de tomar un arma de fuego" que utilizaría para ultimarlo. Tratando de evitar mayores inconvenientes, el cabo Montero se retiró del domicilio de Reinoso y comunicó su versión de los hechos al capitán Juan Batista quien, de forma inmediata, inició el sumario correspondiente acusando al guardia nacional de "inasistencias a las citaciones, salir del partido sin pase ni licencia y haber amenazado de pegarle un tiro al cabo citador". Muy distinta fue la versión del acusado al respecto¹, tenía suficientes motivos para refutar al cabo y al capitán por la pena que le equivaldría ser condenado. Por desgracia, el expediente no tiene el fallo y solo podemos esbozar dos posibles resultados: el indulto o el destino de armas al Ejército de Línea por dos años.

Esta situación deja en claro el rechazo del guardia nacional a su obligación/deber de armarse para defender los intereses rurales en la frontera. Desafiar y rebelarse a la autoridad fue una de las estrategias puestas en juego por los habitantes de la campaña con el fin de evadir el servicio miliciano. Sin embargo, las posibilidades de lograr dicho objetivo a través de este tipo de prácticas se vieron empañadas por la persecución de las autoridades locales. Como consecuencia, se ensayaron otras formas de resistencia, tanto individuales como colectivas, con mayores probabilidades de éxito que formaron parte de la experiencia cotidiana de los pobladores de la campaña en su relación con el Estado provincial (Salvatore 2003).

La resistencia a la autoridad, las deserciones y las sublevaciones, consideradas como "delitos contra el Estado" (Salvatore 1997 y Larker 2011), fueron estudiadas por la historiografía en los últimos años. No obstante, estas prácticas no fueron las únicas pues coexistieron con otras avaladas por la legislación nacional y provincial, como las excepciones, los pedidos de dispensa y la personería, que no han recibido la misma atención en la historiografía -con excepción de una serie de estudios recientes (Caletti Garciadiego 2010, Barbuto y Cordero 2011, Literas 2012a y Macías y Parolo 2013). Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es analizar esas prácticas menos contestatarias, aunque no por ellos menos efectivas, que los habitantes de la campaña sujetos al reclutamiento a la Guardia Nacional pusieron en juego para evitar el servicio miliciano en la frontera.

La proliferación de diversos tipos de resistencias nos permitirá evaluar si es factible utilizar la noción de "ciudadanía armada" para estudiar la Guardia Nacional en la frontera bonaerense. Según se ha sostenido, la ciudadanía se relacionó estrechamente con el derecho y el deber de portar armas en defensa de la patria. Las milicias y la Guardia Nacional habrían cumplido un rol fundamental en ese sentido, no solo fueron una fuerza militar sino que también representaban al "pueblo en armas", aquel que tenía el derecho a elegir y ser elegido y el deber de enrolarse en esas instituciones. La noción de "ciudadano armado" combinaba el perfil del individuo trabajador, industrioso, educado y partícipe activo en la vida pública, con el del patriota comprometido con la defensa y el orden interno del país. En consecuencia, la Guardia Nacional fue interpretada como un instrumento del Estado nacional para incentivar en los individuos las conductas y los deberes cívicos, en especial el patriotismo y la lealtad nacional o, dicho de otra manera, se la consideró como una "escuela" de formación de ciudadanos (Macías 2001, 2003 y Sabato 2002, 2008).

Sin embargo, en los últimos años esta postura ha sido objeto de cuestionamientos. Moroni y Espinosa Fernández (2007), plantearon que en los territorios nacionales no puede aplicarse la idea de la Guardia Nacional como escuela de formación del "ciudadano armado", ya que los habitantes de los territorios incorporados con las campañas militares de 1879-1884 no pudieron elegir a sus autoridades ni ser elegidos como tales. Barbuto (2009), en su estudio para la Frontera Sur de Córdoba durante la década de 1860, sostuvo que el destino de armas en los territorios fronterizos difícilmente pudiera ser percibido como la realización de un derecho ciudadano y afirmó que en la práctica era mayoritariamente cumplido por grupos subalternos. Recientemente Literas (2013), en un análisis de la frontera bonaerense durante la década de 1850, afirmó que la Guardia Nacional fracasó como mecanismo institucional para inculcar valores cívicos y patrióticos en los sectores populares de la campaña, y observó una brecha muy marcada entre la "virtud simbólica del servicio miliciano" y los comportamientos de los sujetos de reclutamiento.

Estos aportes contribuyen a repensar la concepción de "ciudadanía armada" para estudiar la Guardia Nacional en los territorios fronterizos y también a evaluar la idea de considerar al servicio miliciano de frontera como una práctica que contribuyó a la formación de la ciudadanía decimonónica, y -si lo hizo- en qué sentido. Aunque los avances historiográficos que reseñamos aportan elementos para la discusión de esta problemática, todavía dista de estar concluida. Por ello, aquí buscaremos contribuir a dicha discusión intentando aclarar algunas cuestiones a partir del análisis de las resistencias de los actores involucrados en el servicio de frontera. Con tal fin, comenzaremos en 1852, con la creación de la Guardia Nacional en Buenos Aires, y concluiremos a fines de la década de 1870 con la disolución de la frontera en esa provincia. Primero, repasaremos dos aspectos fundamentales que hacen al mismo problema: las disposiciones que reglamentaron el reclutamiento en la campaña y las condiciones en las cuales se desarrolló el servicio de armas en la frontera, según la mirada que tuvieron los actores involucrados.

El reclutamiento en la campaña

La Guardia Nacional se creó en Buenos Aires el 8 de marzo de 1852, "con la necesidad urgente de dar para el porvenir una custodia fiel y firme al tesoro precioso de las Leyes", así como "un apoyo fuerte á la autoridad legítimamente constituida"². Al igual que sucedía en los espacios de frontera de otras provincias argentinas³,la principal función de la Guardia Nacional de campaña era evitar los malones en los poblados y los establecimientos rurales y procurar el avance de la frontera. Con esos objetivos, los habitantes rurales inscriptos en los regimientos fueron reclutados para guarnecer los fuertes y fortines que constituyeron la "línea de frontera", pese a las importantes críticas y debates que esta práctica generó en las cámaras legislativas a nivel nacional y provincial (Poggi 1997, 2000).

El reclutamiento se desarrolló hasta el 28 de septiembre de 1872 -momento en que se sancionó una nueva ley de reclutamiento para el Ejército- y a merced de algunos cambios y disposiciones ad hoc a partir de la ley de milicias de la provincia de Buenos Aires del 17 de diciembre de 1823⁴. La Guardia Nacional se organizó en tres armas: infantería, caballería y artillería. La primera tuvo un rol relevante en las ciudades, pueblos y enfrentamientos armados; la segunda desarrolló un papel clave en la cam­paña y los espacios de frontera; y la tercera fue organizada en la ciudad de Buenos Aires. Todos los argentinos entre 18 y 60 años de edad estaban obligados a inscribirse en los padrones de la institución. Aquellos que tuvieran entre 18 y 45 años -50 inclusive en el caso de los solteros- lo harían en la milicia activa mientras los que superaran los 45-50 en el caso de los solteros- y llegaran hasta los 60 años debían revistar en la milicia pasiva.

Al ser una fuerza de reserva del Ejército de Línea, los guardias nacionales en servicio activo eran convocados para suplir la insuficiencia de aquel en lo concerniente a la defensa y seguridad del territorio. Se diferenciaban del servicio permanente que desarrollaban los soldados de línea aunque, como veremos, poco diferían sus condiciones materiales. Por su parte, los enrolados en el servicio pasivo sólo serían llamados cuando peligrara la seguridad del Estado por invasión o rebelión. Una vez movilizados, los milicianos en servicio como las tropas regulares gozarían del mismo sueldo y serían obligados al cumplimiento del Código Militar, al tiempo que serían provistos de las raciones necesarias para su subsistencia (Canciani 2012a). La duración del servicio era de tres meses hasta que un Acuerdo del 31 de mayo de 1862 lo extendió a seis meses, transcurrido ese período el guardia nacional debía regresar a su hogar⁵.

Pese a lo anterior, algunos fueron dispensados del servicio activo y se dispuso que quedaran exceptuados los individuos contemplados en la ley de milicias de 1823. Es decir, los que por enfermedad o defecto físico no fueran aptos; todos los que fueran remunerados por los fondos públicos; los practicantes de leyes, medicina y alumnos de la universidad; los abogados, escribanos, médicos, boticarios, notarios, procuradores, corredores de número, maestros de escuela y capataces y mayordomos de establecimientos rurales cuyo capital excediera los 4000 pesos; los extranjeros transeúntes; los que por contratas especiales entraran en la provincia bajo las formalidades prescriptas en el decreto del gobierno del 7 de diciembre de 1822; los padres que tuvieran algún hijo en el servicio; el hermano a cuyo cargo estuvieran menores huérfanos de padre y madre; el hijo único de madre viuda y el mayor de los hijos de un padre impedido o septuagenario⁶.

Con motivo de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) esta legislación se reorganizó, estableciéndose que quedaran dispensados los ministros del poder ejecutivo nacional; los miembros del Congreso Nacional, los gobernadores de provincias y sus ministros; los miembros de las legislaturas provinciales; los jueces de los tribunales de la Nación y las provincias y los que tuvieran imposibilidad física probada. Al mismo tiempo, se exceptuó del servicio activo, fuera de sus distritos o departamentos, a los directores y rectores de las universidades y escuelas; los jefes de oficina de la Nación y las provincias; los maestros de postas; los médicos y practicantes del servicio en los hospitales y los que no hubieran cumplido 18 años de edad⁷.

Aquellos ciudadanos que no acataran el llamado de las autoridades militares y civiles para enrolarse en la Guardia Nacional o desertaran de sus filas serían penados. De acuerdo a la ley del 24 de noviembre de 1852, se autorizaba al gobierno a destinar al servicio de línea por dos años a todos los que no efectuaran el enrolamiento diez días después de la promulgación de dicha ley en la ciudad y treinta días en la campaña⁸. Esta penalización, que puede considerarse otro intento de disciplinamiento de la población rural bonaerense en el siglo XIX (Salvatore 1992, Garavaglia 2001 y Larker 2011) de acuerdo a la ley de reclutamiento para el ejército del 29 de octubre de 1858, se extendió a los individuos que inscriptos en la Guardia Nacional -y hallándose ésta en servicio- se ausentaran sin licencia por dos meses de su lugar de residencia y a los que sin causa justificada faltaran por igual término al servicio y no renovaran sus papeletas en los plazos determinados por el gobierno⁹.

Esta pena fue ratificada por las leyes del 23 de abril y 5 de junio de 1865 y por la ley de reclutamiento para el Ejército de Línea del 28 de septiembre de 1872 que, a la vez que revalidaba las disposiciones anteriores, aumentaba a cuatro años la pena a los guardias nacionales que desertaran del servicio activo¹⁰ donde, prácticamente, sus derechos como "ciudadanos armados" fueron abolidos o, en el mejor de los casos, desconocidos circunstancialmente.

Pero los habitantes de la campaña conocían muy bien las disposiciones que ordenaban su servicio y que posibilitaban, además, el que pudieran evadirlo legalmente. Así, los designados para el servicio activo y los que al ser remitidos al Ejército de Línea para cumplir la pena dispuesta por alguna falta no quisieran hacerlo tenían el derecho de buscar y proponer un personero que cumpliera en su lugar. Reconocido previamente por leyes del 24 de noviembre de 1852 y del 29 de octubre de 1858, el enganche de personeros fue sistematizado con el inicio de la guerra contra Paraguay. El presidente Mitre decretó que todo guardia nacional que deseara poner su reemplazante en el Ejército de Línea, por el término de la guerra y para eximirse del servicio, debía pagar su cuota de enganche al que contratara o al que designara la comisión creada por el Estado¹¹.

Para hacer cumplir estas disposiciones, las autoridades nacionales y provinciales delegaban funciones en los agentes del Estado distribuidos en la campaña, siendo estos los encargados de garantizar el reclutamiento. El circuito institucional constituido para tal fin era vertical, aunque no siempre se respetó. En primer lugar, respondían al ministro de Guerra y Marina de la Nación o al inspector general de milicias de Buenos Aires. Luego, el jefe del departamento militar se dirigía al comandante del regimiento de Guardias Nacionales y posteriormente éste, al prefecto, juez de paz y/o comandante militar del partido quien ordenaba la movilización de los milicianos a los alcaldes y tenientes de alcalde. Estos últimos eran los que convocaban a los individuos que revistaban en los regimientos (Literas 2012a), quienes debían concurrir con su caballo y uniforme -en caso de poseerlos¹².

Sin embargo, no debemos pensar que este sistema de reclutamiento funcionaba a la perfección. Uno de los problemas principales a los cuales debieron enfrentarse los jefes de frontera, así como las autoridades nacionales y provinciales, fue la dispensa discrecional de excepciones y licencias a los guardias nacionales por parte de los comandantes de los regimientos de la Guardia Nacional de campaña.

En una circular fechada el 7 de mayo de 1866, el inspector general de milicias de la provincia de Buenos Aires exhortó a los jefes de los regimientos de la Guardia Nacional de campaña a "empeñarse y vigilar bajo la más seria responsabilidad que las exepciones sean estrictamente sujetas á la Ley"y, al mismo tiempo, se los previno de una inspección sobre las excepciones efectuadas, concluido el enrolamiento¹³. Unos tres años después, el coronel Francisco Borges observó una situación similar en la Frontera Sud, al intentar explicar al ministro de gobierno los factores que imposibilitaban que los comandantes de los regimientos completaran los contingentes requeridos, afirmaba: "A todo esto Sor. Ministro hay que agregar las licencias que expiden a los Guardias Nacionales, por dos y tres meses, los Gefes de la frontera"¹⁴.

A continuación, repasaremos la percepción que tuvieron de las condiciones del servicio miliciano los actores involucrados.

El servicio de frontera: la mirada de los propios actores

Desde el período colonial, los cuerpos del Ejército regular y las milicias se abocaron a la defensa de la frontera. Los primeros reclutaron sus efectivos con voluntarios, destinados y contingentes que hacían de la vida militar una ocupación. Las segundas nutrieron sus filas con civiles que integraron las fuerzas auxiliares por determinados períodos¹⁵.Aunque estas instituciones tenían funciones específicas y respondían a dos modelos diferentes de entender la defensa, la fuerza militar y el poder de coerción del Estado (Sabato 2010) en la práctica funcionaron de forma complementaria, ya que las diferencias entre los soldados y los guardias nacionales que integraban los contingentes fueron más que borrosas (Garavaglia 2003); en muchas ocasiones sirvieron en espacios y bajo jefes comunes (Fradkin 2012) dando lugar a muchas críticas y denuncias por las condiciones en las cuales se llevaba a cabo el servicio¹⁶.

Así, desde un primer momento, los regimientos de la Guardia Nacional de campaña tomaron parte en la defensa de la frontera y su organización fue muy dificultosa (Caletti Garciadiego 2010). La disolución de las milicias produjo un cambio sustantivo en la estructura defensiva de la frontera y aunque se buscaba reemplazar un cuerpo miliciano por otro, el tiempo que medió entre el licenciamiento de las antiguas milicias y la definitiva organización de la Guardia Nacional dejó a los partidos de la campaña -sobre todo a los de frontera- en una situación de seria indefensión, debido a que los cuerpos de vecinos armados habían sido, en la etapa anterior, la fuerza principal que se ocupaba de la seguridad de la campaña (Ratto 2012).

Entre 1852 y 1879, el Ejército de Línea proveyó la mayor cantidad de efectivos permanentes para guarnecer las fronteras. Sin embargo, en coyunturas de conflictos políticos y enfrentamientos armados fuera de la frontera el apoyo de la Guardia Nacional de campaña fue fundamental para cubrir las falencias de aquel.

Según Silvia Ratto (2012), en la década de 1850 se observan dos realidades diferentes; en base al análisis de listas de revista sostiene que en octubre de 1855 -cuando no existieron conflictos militares con la Confederación- del total de 2.458 plazas que había para defender la frontera, el Ejército de Línea agrupaba el 57,24% del total de las fuerzas mientras que la Guardia Nacional y los "indios amigos" alcanzaban el 36,70% y 6,06% respectivamente. Mientras en 1859, en vísperas de la batalla de Cepeda, de 1.811 efectivos que cubrían la defensa de la frontera sur el Ejército de Línea solo aportaba el 27,38%, mientras la Guardia Nacional llegó a proporcionar el 69,56% de las fuerzas y los "indios amigos" siguieron aportando un escaso 3,06%.

Con respecto a la coyuntura de la Guerra de la Triple Alianza existe consenso entre los historiadores en que la vigilancia, defensa y expansión de la frontera descansó, de manera considerable, en los regimientos de la Guardia Nacional de campaña. Pese a ello, aún sigue siendo difícil brindar datos exactos sobre las fuerzas que actuaron allí, ya que la información más precisa aparece recién a partir de 1868. Según mostramos en otra investigación, en 1865 había 2.792 efectivos del Ejército de Línea acantonados en la frontera de Buenos Aires que se complementaron con solo 200 guardias nacionales (Canciani 2013). En 1866 ese número se incrementó de forma notable y se movilizaron 2.854 guardias nacionales con tres objetivos: combatir en Paraguay, sofocar la "rebelión de los colorados" en Cuyo, y guarnecer la frontera. En cuanto al trienio 1868-1870, según los datos de las Memorias del Ministerio de Guerra y Marina en 1868 del total de 2.551 efectivos distribuidos en la frontera bonaerense, 1.428 correspondían a la Guardia Nacional, 575 al Ejército de Línea y 418 eran "indios amigos". En 1869 la proporción entre ambas fuerzas parece igualarse, aunque con un leve predominio de las fuerzas regulares sobre los guardias nacionales -1000 y 906 respectivamente-; mientras los "indios amigos" solo proveyeron 365 efectivos. En 1870 se mantiene esta tendencia, los guardias nacionales sumaron 932 efectivos, los soldados de línea 1179 y los "indios amigos" 319. Por último, en 1871 finalizada la guerra contra Paraguay los efectivos destacados en la frontera se incrementaron enormemente: se contabilizaron 2.175 soldados de línea, 1.878 guardias nacionales y 312 "indios amigos" (Canciani 2013).

Para entonces era notorio el predominio de las fuerzas de Línea pero tres años después, en ocasión del levantamiento de López Jordán en Entre Ríos, la Guardia Nacional volvió a tener un papel relevante en la frontera. Con excepción de este conflicto, desde inicios de la década de 1870 se incrementó la cantidad de soldados de Línea y lanceros indígenas que sirvieron en la frontera mientras disminuyó la de milicianos (Ratto 2011). No obstante, hubo determinados momentos donde se recurrió a la movilización de importantes contingentes de guardias nacionales, por ejemplo durante la revolución mitrista a fines de 1874 (Barbuto y Cordero 2011) y con motivo de la construcción del "zanja de Alsina" entre 1876-1877 (Ébelot 1968).

Cabe señalar, sin embargo que las cifras aquí expuestas tienen un carácter ilustrativo y relativo ya que, al igual que se ha sostenido para los "soldados indígenas" (Ratto 2011 y Gambetti 2012), los datos vertidos omiten la cantidad de guardias nacionales militarizados circunstancialmente para defender la frontera y por lo tanto no son absolutos. Ahora bien, si contemplamos los milicianos movilizados solo por el lapso de días o semanas su rol se incrementa aún más (Canciani 2013); lamentablemente la dispersión de la documentación torna difícil sistematizar los datos que dan cuenta de ello.

¿Qué percepción tuvieron del servicio de frontera los actores involucrados?, varios protagonistas denunciaron ante las autoridades nacionales y provinciales las arbitrariedades que sufrían los guardias nacionales en la frontera. Los ministros de Guerra y Marina, los jefes de los departamentos militares y de los regimientos de Guardias Nacionales, los comandantes de los partidos de campaña, los jueces de paz y los propios vecinos que vistieron el uniforme de miliciano se hicieron eco de estas cuestiones.

El exceso de tiempo en el servicio constituyó una carga pesada para los guardias nacionales y aunque se dispuso que su duración no superara los seis meses -al cabo de los cuales nuevos contingentes deberían ser enviados a la frontera para relevar a los existentes- esto no siempre se respetó¹⁷.A fines de mayo de 1877 el comandante militar de Bahía Blanca, ngel Marcos, reclamó al ministro de gobierno el licenciamiento de 100 vecinos que habían sido remitidos a la frontera bajo las órdenes del teniente coronel Daniel Cerri, "habiéndose pasado tanto tiempo en el exceso del servicio". Para complejizar aún más la situación, Marcos agregó: "la mayor parte de esos G. Nes. desnudos é impagos han desertado y los pocos que quedan solicitan a cada momento la baja"¹⁸.

Esta denuncia del comandante de Bahía Blanca introduce otros problemas: la pobreza en el vestuario y el atraso y/o falta de pago. A inicios de la guerra contra Paraguay, lvaro Barros, jefe de la Frontera Costa Sud comunicaba a Marcos Paz, vicepresidente en ejercicio de la presidencia, la situación de la división de Tres Arroyos integrada por "jente nueva, provincianos en su mayor parte". "Estos infelices [afirmaba] están cubiertos con verdaderos arapos, en malísimos ranchos y aquí los fríos son crueles, [] muchos soldados no tienen más que el chiripá y la camisa, y un poncho gastado y lleno de agujeros"¹⁹. El panorama era poco alentador, "somos casi tan pobres como los indios" y los 350 uniformes que había recibido eran "tan malos qe. ya está[ba]n destruidos, y [] dentro de un mes no ecsistirán"²⁰.

Durante el servicio activo, los guardias nacionales gozaban de la misma retribución que los soldados de línea y, al igual que éstos, sufrían la constante falta y atraso en la paga²¹. En noviembre de 1868, el jefe del regimiento Nº 22, Paulino Amarante, pasaba una lista a la Inspección de Milicias con los guardias nacionales impagos que se habían presentado a la comandancia del regimiento en demanda de su paga. Al soldado Mariano Reinoso se le adeudaban siete meses; al soldado Isidoro Marin más de nueve meses; a los cabos primeros Lorenzo Pereira y José Sequeira, cabo segundo Cruz Linoñes y sargento segundo Trancito Potes, más de diez meses; al soldado Elías Suarez once meses y al sargento segundo José Negrete diecisiete meses²².

Aunque en ciertas ocasiones los jefes de los regimientos intercedieron por los guardias nacionales impagos a fin de que el gobierno enviara un comisario pagador a la comandancia con los sueldos atrasados, en otras abusaban de su poder con el fin de reforzar su autoridad en la jurisdicción que tenían a cargo. Con motivo de un inconveniente en Junín entre el capitán del batallón n° 4 de línea, Manuel López, y un soldado de la partida de policía, ocurrido en presencia del comandante militar de ese partido, José Ruiz, el juez de paz elevó una queja al gobernador donde expuso su versión de los hechos. Mientras el capitán López y el comandante Ruiz jugaban al villar en el pueblo, el soldado de la partida de policía bajo las órdenes de Ruiz, presente en el juego, lo alentaba diciendo "en cada bolada que tiraba [] bien mi Comandante". Eso bastó para que el capitán "lo agarrase a tacazos [] con el taco que tenía jugando hasta estropearlo y dejarlo en el suelo [] abusando con toda arbitrariedad y descortesía [] sin tener para ello un motivo grave". Según la opinión del juez de paz, el proceder del capitán no constituyó otra cosa que un intento de intimidar al resto de la partida de policía y "a cualquier pobre paisano que no se le humilla y le sirve a sus intereses particulares"²³. Mientras que a veces esos "intereses particulares" significaban engrosar las filas de un regimiento o división para constituir verdaderas "maquinas electorales" (Sabato 1998), en otras ocasiones representaron una forma fácil y accesible de conseguir peones para los establecimientos rurales de los comandantes (Barros [1872].1957).

La arbitrariedad y los abusos cometidos con los habitantes de la campaña en el reclutamiento constituyeron otro problema de consideración. A inicios de la década de 1870, el ministro de Guerra y Marina de la Nación no dudaba en recordárselo al gobernador de Buenos Aires y le solicitaba "la adopción de un medio que ponga toda la Guardia Nacional de la República a cubierto de los abusos y violencias que trae consigo el envío de contingentes", con el fin de darle al poblador rural "hogar que no tiene y garantías individuales de que desgraciadamente carece". Concluía expresando la necesidad de "libertar al paisano de nuestras campañas del servicio de frontera, que á tantos abusos se presta y que no descansa sobre ningún principio de justicia"²⁴.

Cuando se citaba la Guardia Nacional activa en muchas ocasiones los vecinos de los partidos procuraron evadir esa obligación, como consecuencia las autoridades debieron poner en práctica otros mecanismos más coercitivos para conformar los contingentes. Así reconocía el comandante militar de Ajó ante el subinspector de Milicias de la Costa Sud: "citada la Ga. Nl. para tomarle el número del contingente, muy pocos fueron los que asistieron al llamado, quedándome el recurso de siempre de tomarlos a la fuerza"²⁵.

Los pobladores sujetos al reclutamiento también destacaron las consecuencias negativas que ocasionaba el servicio miliciano para sus intereses particulares. Como señalaron Mayo y Latrubesse (1993), entre un servicio a pura pérdida y levantar sus cosechas, herrar sus animales y percibir los salarios pagados en la siega, los milicianos optaban racionalmente por la segunda alternativa. A mediados de 1869, los vecinos de Tapalqué suplicaron al gobernador la excepción del servicio de frontera y la suspensión de la reunión de la Guardia Nacional de ese partido, ya que

están quedando abandonados establecimientos de campo con valiosos intereses sin poderse conseguir hombres que pudieran quedar al cargo de ellos, pues los [] que han quedado en el Partido, después de tan repetidas invasiones de los Indios, están nombrados para dictar servicio en la Frontera. Muchas de las Chacras de este pueblo también quedan abandonadas por haber recaído el nombramiento del servicio en la mayor parte de los chacareros, quedando por esta razón el pueblo en completo abandono, pudiendo hoy un número pequeño de Indios invadir a él y cometer las atrocidades que acostumbran²⁶.

En conclusión, cuando analizamos la cotidianeidad del servicio que debían llevar a cabo los guardias nacionales en la frontera observamos que la diferenciación entre milicianos y soldados de Línea se encontraba presente más en las leyes y decretos que en la puesta en práctica. Los actores involucrados destacaron las pésimas condiciones materiales en las que éste se desarrolló: el exceso en el tiempo del servicio, la carencia de uniformes y pobreza de vestuario, el atraso y falta de pago así como la violencia física contra los soldados y guardias nacionales, la utilización con fines personales -políticos y económicos- por parte de los jefes militares y los abusos cometidos en el reclutamiento. Los jefes de los departamentos militares y de los regimientos de la Guardia Nacional, los comandantes militares de los partidos, los jueces de paz y los propios habitantes de la campaña se hicieron eco de estas penurias que impactaban negativamente no solo en sus intereses particulares sino también en los del vecindario, al reducir los brazos disponibles para la producción agropecuaria y la economía local.

Estas miserables condiciones del servicio generaron adaptaciones y resistencias a partir de las cuales buscaron reducir el impacto coercitivo que la legislación concerniente al reclutamiento tuvo sobre ellos y sus familias. De esto, nos ocuparemos en el próximo apartado.

Resistencias al servicio activo

La conformación de los regimientos de frontera quedó supeditada a las reglamentaciones del Estado y a la adaptación que de ellas hicieron sus jefes de acuerdo a la realidad social en la cual estaban insertos y a los vínculos que construyeron en los territorios de su jurisdicción (Canciani 2012b). A causa de ello, los milicianos utilizaron estrategias que giraron en torno a la construcción de vínculos personales y colectivos con sus superiores, algo que demuestra el grado de negociación que existía al interior de los cuerpos al momento de constituir y movilizar la fuerza. Como el comandante era el encargado de clasificar a los guardias nacionales para el servicio activo o pasivo fue muy importante contar con su apoyo para obtener excepciones y ser enrolado en la milicia pasiva, ya que pocas veces era convocada a servicio y, de esta manera, se podía evadir el destino en un fortín de frontera (Canciani 2013)²⁷.Al respecto fue muy claro el coronel lvaro Barros al promediar la guerra contra Paraguay cuando expresaba: "está la G. N. de campaña librada sin inspección alguna a la voluntad de Gefes sin aptitudes y muchos de ellos con pretensiones y tendencias cruelmente perjudiciales" (Poggi 2000: 37).

Por su parte, aquellos no beneficiados con el favor del comandante y sus subalternos debieron optar por otro tipo de prácticas más vinculadas a la resistencia, como fueron los evasivos pedidos de dispensa y la utilización del derecho a la personería, o prácticas más contestatarias como las deserciones y las sublevaciones que no hacían más que reflejar el carácter coercitivo que también tenía la institución.

La deserción constituyó un problema estructural en las fuerzas milicianas, y la reticencia de los individuos a armarse se relacionaba con la dura carga que suponían contra sus intereses económicos particulares (Mayo y Latrubesse 1993, González 1997, Parolo 2008, Olmedo 2009, Néspolo 2012 y Literas 2012a y 2013). Como han mostrado diversos trabajos, dicha práctica constituyó una dificultad recurrente y constante en los ejércitos rioplatenses especialmente a lo largo del siglo XIX. En aquellos tiempos, y a partir de los cambios políticos que se dieron en la región, las fuerzas militares fueron movilizadas constantemente a causa del estado de guerra que caracterizó al país entre 1810 y 1880 generando graves problemas para el mantenimiento del orden social (Míguez 2003).

Además de considerar los problemas estructurales del servicio miliciano como causantes de las deserciones, algunos autores señalaron las filiaciones políticas para explicarlas. Mientras que éstas fueron interpretadas como prácticas de resistencia de la tropa contra los modos abusivos y tiránicos de la autoridad, las sublevaciones, los motines y las montoneras demostrarían la existencia de objetivos políticos en las acciones colectivas de los actores (Di Meglio 2006, de la Fuente 2007, Caletti Garciadiego 2010, Larker 2011 y Literas 2013). También, se destacó la manera en que la desmovilización de los ejércitos y las deserciones atentaban contra la construcción del orden social en la campaña (Míguez 2003) y cómo la proliferación de gavillas y montoneras vehiculizaban las demandas de los sectores populares del ámbito rural (Fradkin 2006, 2008 y Fradkin y Ratto 2009). Además, se ha avanzado en el estudio de las motivaciones de los desertores y en la comprensión de la deserción como resistencia al disciplinamiento social (Salvatore 1992 y Larker 2011) y como parte de un proceso de negociación entre los milicianos y la autoridad (Salvatore 2003 y Schmit 2004). Por último, recientemente se ha procurado medir cuantitativamente el fenómeno de la deserción (Rabinovich 2011 y Ratto 2012) para subrayar su significancia en las prácticas cotidianas de las tropas regulares que participaron en las guerras de independencia (Rabinovich 2013).

Realizar una estimación cuantitativa de este fenómeno no es una tarea sencilla, más en trabajos que adoptan este recorte espacial y temporal. Para lograrlo requeriríamos una búsqueda exhaustiva de fuentes y solo podría abordarse a través de una investigación mayor. Dado que la documentación a través de la cual puede abordarse el fenómeno de la deserción es muy fragmentaria, en lo relativo a la deserción de las fuerzas de frontera Ratto (2012) plantea que no todas las listas de revista -principal fuente para el estudio cuantitativo del fenómeno- permiten desarrollar este tipo de investigación. Mientras algunas son muy completas y registran las deserciones del cuerpo, los ascensos militares, las incorporaciones, las bajas del mismo y las ausencias, otras son registros nominales de los efectivos sin más aclaración sobre la situación del cuerpo.

En la frontera de Buenos Aires los guardias nacionales optaban por desertar a tal punto que, según afirmaba el coronel Martín de Gainza, "los indios de Catriel a más del servicio que les está encomendado, prestan el de escoltar a los guardias nacionales que hacen descubiertas y guarnecen fortines para evitar su deserción" (Walther 1970: 356). La deserción podía ser individual o colectiva; en algunas circunstancias los milicianos optaban por hacerla en soledad, en otras se consumaba en pequeños grupos -no faltando ocasiones en donde los propios oficiales efectuaran este delito²⁸. El fenómeno respondió a una complejidad multicausal, destacándose las carencias materiales, la ausencia de afectos, los malos tratos, los castigos, las deficiencias de alimentación, las promesas incumplidas, el desconocimiento del rol miliciano, la falta de comprensión y estima por parte de los oficiales y los jefes, la reiteración de los servicios y las diferencias políticas (González 1997).

El problema de la deserción se reflejó, por ejemplo, en la proliferación de decretos para impedirla y ya cometida, reprimirla, apelando a la colaboración de los vecinos de la campaña a cambio de una retribución económica por parte de las autoridades estatales.También en la gran cantidad de documentación expedida por los comandantes de los regimientos a los jueces de paz, prefectos y comisarios de campaña, con el fin de reprimir lo que consideraban, "el vicio inmoral en nuestras masas [] que perjudica el servicio público y al mismo vecindario de la campaña"²⁹.

Los regimientos de la Guardia Nacional de la campaña de Buenos Aires estaban integrados por "paisanos de condición movible" (Díaz 1959: 65), o sea labradores, pequeños pastores, peones y jornaleros (Garavaglia 2003, 2012), algunos provenientes de provincias del Interior del país. Aunque la mayor parte de los desertores provenían de la provincia de Buenos Aires (Literas 2013), las filiaciones reflejan una notable heterogeneidad de origen en la conformación de los escuadrones, batallones y compañías. Hallamos desertores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, San Luis e incluso, Uruguay (Canciani 2012b).

En escenarios caracterizados por la guerra, las deserciones podían tornarse masivas y derivar en pequeñas sublevaciones (Literas 2013). En 1874 en el contexto de la revolución mitrista, y durante la batalla de "La Verde", el capitán Peñalverde -de la División "Sol de Mayo" del Ejército Constitucional- en lugar de secundar la carga con la caballería a su mando sobre la infantería enemiga, como le había sido ordenado, optó por sublevarse junto a un grupo de soldados y un preciado botín de caballos ensillados y se retiró del campo de batalla para huir al sur de la provincia. Mientras el grupo se alejaba de la contienda la autoridad del capitán desertor fue acatada; sin embargo, cuando llegó el momento del reparto del botín la disciplina comenzó a relajarse. De acuerdo a las memorias de Teófilo Gomila, "el Capitán se arremangó invocando su jerarquía militar para adjudicarse [el botín] con arreglo á ella [] [pero] el que había cazado no largaba su presa, [] procuraba más; de manera que la falta de obediencia se trocó en rebelión"³⁰.Los milicianos le hicieron entender que con la disolución del ejército se habían terminado los grados militares y, en con­secuencia, allí eran todos iguales y debían recibir la misma porción del botín.

La resistencia colectiva de mayor impacto fue la sublevación. Aunque no se produjeron con la frecuencia de la deserciones -de allí que no se observen en la documentación con la frecuencia de estas últimas-, también existieron en los regimientos de la Guardia Nacional de campaña³¹.Por ejemplo, en noviembre de 1854 se sublevó un contingente de guardias nacionales de Mar Chiquita que marchaba en persecución de un grupo de indígenas que había saqueado la estancia San Antonio de Iraola. Según informaba el coronel Julián Martínez, "antes de llegar se sublevaron y mandaron mudar desobedeciendo al oficial"³².Casi cuatro años después, se observa una situación similar en un contingente del regimiento n° 14 que marchaba a la frontera. A diferencia del caso anterior donde Martínez no destaca ningún cabecilla, esta vez la insubordinación fue encabezada por un sargento desertor del Ejército de Línea, un tal Domingo López, que estaba destinado a la frontera en calidad de preso. En dicha ocasión López fue secundado por un soldado de línea y ocho guardias nacionales³³.

Por lo general las penas para los sublevados eran mayores a las aplicadas a los desertores, quienes en ciertas ocasiones -como en momentos de escases de hombres para las fuerzas militares- solían ser perdonados³⁴.Debido a que contaban con uno o más cabecillas, las autoridades adjuntaban en las circulares las identificaciones de todos los implicados y recomendaban "con especificidad" la necesidad de dar, al menos, con el paradero de los primeros en caso de que los segundos lograran escapar³⁵, aunque a veces no todos podían hacerlo. A mediados de julio de 1861 el coronel Benito Machado, a cargo de la Frontera Sud, se dirigió al juez de paz de Tandil en los siguientes términos:

habiendo tenido lugar en la mañana del 17 del que corre, en la marcha del Regto. Nº 14, y sin embargo de haber sido escarmentados y muertos en su mayor parte, tiene conocimiento el qe firma que en número de veinte y tantos individuos se han dispersado en distintas direcciones [] Con su consecuencia, movilizará V. todo el partido á su cargo, sin excluir la [milicia] pasiva, á fin de aprehender todo individuo desconocido que se encontrara en él³⁶.

Como podemos ver en este caso, ilustrativo pero no generalizable, las sublevaciones generaban grandes inconvenientes en las fuerzas en tránsito. Por ello el comandante del contingente no dudó en castigar a parte de los sublevados que, por la información que aporta la fuente, no fue un grupo pe­queño³⁷. Además, impartió órdenes a las diferentes autoridades de campaña a fin de aprehender a aquellos que lograron escapar, al punto tal de ordenarles que movilizaran la milicia pasiva. Si bien el documento no nos permite afirmar cuáles fueron los objetivos de los guardias nacionales sublevados, lo cierto es que la dura respuesta de Machado evidenciaba el fuerte desacato a la autoridad que suponía tal suceso.

Al mismo tiempo, proliferaron otros tipos de resistencias que tuvieron un impacto negativo mucho menor en la disciplina de los cuerpos, ya que estuvieron contempladas por las disposiciones de reclutamiento. En este sentido, los pedidos de dispensa al gobernador y la búsqueda de personeros para la Guardia Nacional fueron las primeras opciones que tuvieron los milicianos para evadir la obligación/deber de armarse antes de ser movilizados a la frontera.

Los guardias nacionales o sus allegados también desarrollaron un papel activo con el objetivo de obtener licencias para el servicio activo. Los requerimientos de dispensa fueron recurrentes y pueden rastrearse con frecuencia en la documentación de la Inspección General de Milicias de la provincia de Buenos Aires. Constituyeron una estrategia para resistir a las prácticas opresivas del reclutamiento. Cuando la situación lo ameritaba, los guardias nacionales se dirigían al propio gobernador para pedir su excepción. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los interesados se presentaban al juez de paz y exponían su situación con los certificados correspondientes que la probaran. Estos eran elaborados por médicos o sacerdotes, en caso de que el pedido de dispensa se debiera a enfermedad o minoridad respectivamente. A su vez, los jueces de paz debían verificar la viudez de la madre o la situación de impedimento del padre. Por último, con esta información el comandante del regimiento determinaba si otorgaba o no la excepción al interesado.

Los pedidos fueron formulados tanto por gente de posición y dinero, como por quienes integraban puestos más relegados en la escala social (Sabato 2008). Aunque se realizaron en momentos de fuerte presión reclutadora, como por ejemplo durante el sitio de Buenos Aires por parte del coronel Hilario Lagos (Literas 2012a), también se elevaron con motivo de evitar el servicio en la frontera. Los guardias nacionales acudieron a los jueces de paz esgrimiendo diferentes razones, tales como: ser capataces de establecimientos rurales de sus padres o madres³⁸; o hijos de madre viuda o padre enfermo y/o impedido para trabajar³⁹; estar enfermos o ser "inútiles" para el servicio⁴⁰; por exceso de edad o estar cerca de los 60 años⁴¹; superar el capital de $4000 que exigía la disposición del 1º de julio de 1852 a los capataces o tener a cargo sus estancias⁴²; por haber participado en la Guerra de la Triple Alianza⁴³; servir al gobierno durante la revolución mitrista de 1874⁴⁴o haber trabajado en el zanjeo de la frontera en 1877⁴⁵; entre otros motivos.

En otras ocasiones, eran sus familiares, patrones o encargados de su cuidado los que solicitaban la excepción del servicio. Era muy común que los dueños de los establecimientos rurales o de postas pidieran la dispensa para sus capataces o peones⁴⁶, aunque también las viudas o padres lo hacían por sus hijos⁴⁷no faltando, incluso, personas que tenían a su cargo amigos o familiares que por cuestiones de enfermedad requerían cuidado intenso⁴⁸.A su vez, estas dispensas se elaboraban colectivamente en los partidos de campaña, ante las exigencias estacionales de la cosecha o epidemias que redujeron la población de los vecindarios⁴⁹.

También fue utilizado el derecho a la personería, como vimos anteriormente los ciudadanos elegidos para el servicio en la Guardia Nacional, así como aquellos que al ser remitidos al Ejército de Línea para cumplir la pena establecida no quisieran hacerlo, tenían derecho a buscar y proponer un reemplazante. Pero la cuota de enganche para personeros era relativamente alta para los sectores de bajos recursos y no estaba al alcance de todos los guardias nacionales⁵⁰, asi quefueron los individuos pertenecientes al sector de propietarios más acomodados de la sociedad los que estaban en condiciones de procurarse los reemplazos. Así lo reconoció el gobierno porteño, a través de un decreto del 22 de junio de 1857, desde el cual se reglamentó el enrolamiento para la Guardia Nacional de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo era evitar el "enorme é injusto recargo á aquellos buenos servidores, que se presentan con exactitud en los turnos que les corresponden", ya que "los individuos de las clases acomodadas, que gozan mayores ventajas en fortuna y posición social, son los que más comúnmente se sustraen á este deber, con perjuicio de los ciudadanos laboriosos"⁵¹. Aunque como afirma Sabato (2008), tan situación no debe llevarnos a pensar que todos los que podían evadir el servicio miliciano con un personero lo efectivizaran.

La formación de contingentes dio lugar a contrataciones de personeros y, en algunas circunstancias, esto generó inconvenientes por el incumplimiento de la paga acordada. A inicios de 1863, el jefe de la Frontera Oeste informaba al comandante del regimiento n° 7 de Guardias Nacionales que "entre los varios individuos que vinieron [a Bragado] y solicitaron poner personero por el tiempo que les tocaba el servicio", Venancio González puso en su reemplazo un guardia nacional que se hallaba en servicio bajo sus órdenes, "al cual le quedó restando ochocientos cincuenta pesos, habiendo quedado comprometido á mandarlos directamente [] en la primera diligencia que viniese de ese punto á este". Debido a que el tal González no había cumplido con su compromiso, ordenaba a su subalterno cobrarle la suma adeudada para entregársela al personero, de lo contrario debería cumplir con el servicio militar dispuesto⁵². Este tipo de problemas, así como la deserción de los personeros luego de cobrar su paga de enganche, obligó al inspector de milicias a extender una circular donde se estipulaba que la formalización del contrato de personería se debía hacer en presencia del jefe del regimiento y la autoridad civil del partido. Al mismo tiempo, indicaba que la primera mitad de la cuota de enganche acordada se debía entregar al personero al momento de partir el contingente y la segunda, que permanecería en poder del juez de paz, al finalizar los seis meses del servicio⁵³.

Los personeros fueron muy utilizados en coyunturas de intenso reclutamiento, por ejemplo durante la Guerra de la Triple Alianzay la revolución mitrista de 1874, incluso se generó un mercado de personeros en la ciudad de Buenos Aires con estructuras comerciales dedicadas a ofrecer reemplazantes a aquellos que pudieran pagarlos (Barbuto y Cordero 2011). La práctica se extendió de tal forma en la mencionada revolución que el encargado de la Comisión de Personeros de Buenos Aires, coronel Liborio Muzlera, denunció ante Ministro de Gobierno que "diariamente se me presentan guardias nacionales pertenecientes á esta división, con bajas del servicio por haber puesto personero, que las consiguen en esa sin permiso previo de sus gefes". Al tiempo que reconocía que "el proceder de la Comisión de Personeros, puede ser muy bien arreglado á la mente del decreto del S. Gobierno", se quejaba de que "es malo en la práctica, porque de ese modo vamos a quedar sin gente, porque todos se procurarán su escepción sin que haya quien los remplace en su servicio"⁵⁴.

En conclusión, los guardias nacionales no fueron sujetos pasivos que aceptaron el reclutamiento y se condenaron a meses o años de servicio en la frontera. Todo lo contrario, pusieron en práctica diversas estrategias para evadirlo. Las resistencias a la autoridad, las deserciones y las sublevaciones fueron importantes mecanismos contestatarios que utilizaron algunos guardias nacionales movilizados cuando padecían injusticias, sufrían los avatares del servicio o eran obligados a participar en enfrentamientos bélicos de envergadura -a pesar de estar penados por la legislación y de constituir delitos contra el Estado. A su vez, utilizaron las garantías personales y los reparos de las diversas disposiciones de reclutamiento. En este sentido, las solicitudes personales de dispensa, los pedidos grupales de excepción y la contratación de personeros, representan un claro ejemplo de ello. Los habitantes rurales sujetos a reclutamiento fueron actores al tanto de los amparos que las reglamentaciones militares-milicianas les brindaban y estuvieron siempre dispuestos a utilizarlos en provecho propio, antes de optar por la deserción o por sublevarse.

Consideraciones finales

A lo largo del trabajo hemos analizado las resistencias de los pobladores de la campaña bonaerense, sujetos al reclutamiento para la Guardia Nacional, a cumplir con su deber/ obligación de brindar su servicio miliciano en la frontera con los indígenas. En primer lugar, repasamos las disposiciones que reglamentaron el alistamiento y el servicio activo y destacamos las penas que correspondían a los infractores, así como los resguardos que amparaban a algunos de ellos. En segundo lugar, nos detuvimos en las percepciones que tuvieron los individuos integrantes de los cuerpos que actuaban en ese espacio y relativizamos las diferencias que, en teoría, separaban al "ciudadano armado" del soldado regular. Por último, analizamos sus diversas resistencias a participar de la Guardia Nacional, ya sea para enrolarse en la milicia activa como para prestar servicio miliciano cuando formaban parte de los contingentes.

Los actos de resistencia a participar en las fuerzas armadas decimonónicas se identificaron, generalmente, con los desacatos a la autoridad y las deserciones y, en menor medida, con los amotinamientos y las sublevaciones. No obstante, estas prácticas -no aceptadas por la ley, al punto de ser consideradas importantes "delitos contra el Estado" que debían reprimirse- constituyeron sólo una parte de las mismas. Aunque los pedidos individuales de dispensa, las suplicas colectivas de excepción y la contratación de personeros no recibieron la misma atención que aquellas deben ser interpretados también en esta clave. A diferencia de los anteriores recursos éstos fueron reconocidos por la legislación y avalados -trámites mediante- por las autoridades estatales. De esta forma, los habitantes de los partidos de campaña, potenciales sujetos de reclutamiento para los regimientos de la Guardia Nacional, hicieron uso de los intersticios de las leyes y decretos militares del Estado con el fin de evadir la obligación de armarse para defender a la "patria", la Constitución y, en este caso, los intereses rurales en la frontera, muchas veces ajenos a los propios.

Antes de consumar un acto delictivo para desembarazarse de una situación que consideraban injusta -y que conllevaría a que el Estado recurriera a mecanismos represivos y de control para garantizar el orden social- los guardias nacionales utilizaron otros recursos. Aquellos que estuvieron al resguardo del servicio activo por las diversas circunstancias que hemos enumerado pudieron evadir legalmente el servicio miliciano en la frontera sin recurrir a "delitos contra el Estado". La escasa atención que ha prestado la historiografía a estas estrategias, a pesar del considerable desarrollo que adquirió en los últimos años el estudio de la militarización en el siglo XIX, debe interpretarse como consecuencia directa de la deuda que los investigadores aún mantienen con la documentación propia de la burocracia militar, más que como resultado de su inexistencia.

Este tipo de estudios permite -y permitirá- reconsiderar la noción de "ciudadanía armada" como instrumento de análisis para examinar la Guardia Nacional. Al ver el funcionamiento de esta institución en espacios territoriales concretos, en este caso la frontera bonaerense, podemos evaluar la factibilidad de aplicar conceptualizaciones que se elaboraron para ámbitos muy distintos a los que estudiamos aquí. Tal como se ha mostrado en diversas investigaciones, el concepto de "ciudadanía armada" es viable para estudiar la Guardia Nacional en las ciudades y para abordar la participación de determinados grupos sociales -como las elites o los sectores más acomodados- en el servicio miliciano. A su vez, también es factible para explorar la participación popular en levantamientos, pronunciamientos armados y revoluciones. Sin embargo, en los territorios de frontera ese binomio interpretativo debe ser ajustado con mayor precisión.

Las condiciones en las cuales se desarrolló el servicio miliciano en la frontera y las resistencias que generó hacen dificultoso pensar a la Guardia Nacional de campaña en términos de "ciudadanía armada". En lugar de significar una vía de entrada a la ciudadanía decimonónica para los habitantes rurales sujetos al reclutamiento -en tanto individuos con derechos y obligaciones civiles- se transformó, más bien, en un verdadero obstáculo. Los guardias nacionales que estuvieron implicados en desafíos y desacatos a la autoridad, deserciones, amotinamientos y sublevaciones se convirtieron en infractores de las leyes y, por lo tanto, en delincuentes al haber cometido "delitos contra el Estado". Asimismo, debemos recordar que el servicio de frontera tuvo un carácter condenatorio, disciplinario y correctivo hasta fines del siglo XIX, cuando las cárceles comenzaron a adquirir ese rol.

Pese a ello, tampoco podemos desechar por completo este principio. Como observamos en el trabajo, los guardias nacionales no desconocieron sus derechos como ciudadanos, incluso utilizaron los pedidos de dispensa, las súplicas colectivas de excepción y la personería para evitar el servicio de armas en la frontera antes de incurrir en acciones delictivas que los apartara de la ley. En estas ocasiones la noción de "ciudadanía armada" tendría mayor cabida, ya que ir en búsqueda del reconocimiento de sus derechos contribuyó al aprendizaje de la ciudadanía. En definitiva, aunque este precepto no puede ser utilizado en toda su significancia para analizar la Guardia Nacional en la frontera, de igual modo que se lo ha usado para las ciudades de Buenos Aires y Tucumán, tampoco puede desecharse por completo. En todo caso, se deben tener en cuenta las particularidades regionales y locales para examinar la factibilidad de usar dicha noción. De esta forma, las respuestas a los interrogantes que plantea el estudio de la Guardia Nacional debemos buscarlas, una vez más, en el análisis del funcionamiento de esa institución en territorios específicos.

Abreviaturas

AGN: Archivo General de la Nación (Buenos Aires)
AHMT: Archivo Histórico de la Municipalidad de Tandil
AHPBA: Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires [
AMP: Archivo Marcos Paz
CCLEPBA: Colección Completa de Leyes del Estado y Provincia de Buenos Aires
CLDM: Colección de leyes y decretos militares
IGM: Inspección General de Milicias
MG: Ministerio de Gobierno
ROPBA: Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires
RORA: Registro Oficial de la República Argentina
s/n: sin numerar.

Notas

1. AHPBA, IGM, leg. 4, año 1866, exp. 681.

2. Decreto del gobierno de Buenos Aires, 8/3/1852. ROPBA, p. 39.

3. El 28 de abril de 1854 se creó la Guardia Nacional en la Confederación Argentina con el propósito de defender a la patria y sus instituciones, también para afianzar el orden, las leyes y las garantías del ciudadano. Decreto del gobierno de la Confederación Argentina, 28/4/1854. RORA, t. III, pp. 108-109.

4. Para un análisis más exhaustivo de la reglamentación de la Guardia Nacional en relación al servicio de frontera durante el período abordado en este trabajo consultar Literas (2012b).

5. Archivo del Servicio Histórico del Ejército, Frontera con los indios, año 1862, doc. 1787.

6. Ley de la Legislatura de Buenos Aires, 17/12/1823. CCLEPBA, t. I, pp. 525-529.

7. Ley del Congreso de la Nación, 5/6/1865. RORA, t. V, p. 218.

8. Ley de la Legislatura de Buenos Aires, 24/11/1852. AHMT, Juzgado de Paz, caja 13, año 1861, doc. 1.

9.  Ley del Senado y la Cámara de Representantes de Buenos Aires, 29/10/1858. CCLEPBA, t. I, p. 524. Para un estudio pionero de las consecuencias de esta ley en la población de la campaña bonaerense remitimos a Díaz (1959).

10. Ley del Congreso de la Nación, 28/9/1872. CLDM, p. 412-415.

11. Decreto del gobierno de la Nación, 2/5/1865. RORA, t. V, p. 212.

12. Por lo general, los guardias nacionales no contaban con estos elementos. Las autoridades civiles y militares locales, provinciales y nacionales tuvieron la responsabilidad de proveérselos. En la documentación se observan insistentes pedidos de uniformes y caballos por parte de los comandantes de frontera.

13. AHPBA, IGM, leg. 4, año 1866, exp. 691.

14. AHPBA, IGM, leg. 9, año 1869, exp. 1.495.

15. Para el Ejército de Línea y la Guardia Nacional consúltese Auza (1971), Comando en Jefe del Ejército (1971), Rouquié (1984), González (1997), Poggi (2000), Macías (2001), Sabato (2002, 2008), Garavaglia (2003), Buchbinder (2004), Barbuto (2009), Olmedo (2009), Canciani (2012a, 2012b, 2013), Ratto (2012) y Literas (2012a, 2012b, 2013).

16. Las críticas al servicio miliciano de los guardias nacionales en la frontera fueron destacadas por varios autores, entre otros Díaz (1959), Barba (1976), Halperin Donghi (1985), González (1997), Poggi (1997, 2000), Garavaglia (2003), Míguez (2005), Barbuto (2009) y Literas (2012b).

17. AHPBA, IGM, leg. 6, año 1867, exps. 731 y 744; leg. 8, año 1868, exp. 1234; leg. 9, año 1869, exps. 1395 y 1432.

18. AHPBA, IGM, leg. 76, año 1877, exp. 213.

19. AMP, t. IV, p. 84. lvaro Barros y Marcos Paz, 6/8/1865.

20. AMP, t. IV, pp. 245-246. lvaro Barros a Marcos Paz, 24/10/1865.

21 AHPBA, IGM, leg. 6, año 1867, exp. 763; leg. 8, año 1868, exps. 1261 y notas sueltas de diciembre s/n; leg. 44, año 1874, exp. 3 notas de febrero; leg. 65, año 1876, exp. 9.

22. AHPBA, IGM, leg. 8, año 1868, notas sueltas de noviembre s/n.

23. AHPBA, MG, leg. 7, año 1864, exp. 604.

24. AHPBA, MG, leg. 11, año 1871, exp. 763.

25. AHPBA, IGM, leg. 27, año 1872, exp. 3258.

26. AHPBA, IGM, leg. 9, año 1869, exp. 1527.

27. A partir del análisis de una muestra de 291 individuos que integraban el 2º escuadrón de la 3º subdivisión del regimiento n° 17 de Guardias Nacionales "Sol de Mayo", observamos que de los 194 individuos que revistaban en la milicia pasiva tan solo 8 (4,1%) habían participado de alguna acción militar o del servicio de frontera entre 1852 y 1868, año en que se confeccionó la lista de revista en cuestión. Los restantes 186 (95,9%) nunca habían llevado a cabo servicio alguno. Para más información remitimos a Canciani (2012b).

28. En abril de 1859, el jefe del regimiento Nº 15 de Guardias Nacionales se dirigió al prefecto del 6º Departamento de Campaña para informarle de la deserción del teniente 2º Benjamín Vergara y el alférez Pantaleón Busto de Ruiz (AHMT, Juzgado de Paz, caja 11, año 1859, doc. 409).

29. AHPBA, Juzgado de Paz, Juzgados varios (Benito Juárez, Tandil, Tres Arroyos y Azul), leg. 12, año 1877, exp. s/n. No obstante, en ocasiones fueron los propios jefes de los regimientos los que protegieron a los desertores de sus cuerpos al integrarlos a sus partidas o comisiones, con el fin de reclutar nuevos contingentes. Véase González (1997) y Olmedo (2009) para Córdoba; Poggi (2000) y Canciani (2013) para Buenos Aires y Larker (2011) para Santa Fe.

30. Memorias de Teófilo Gomila, "La revolución de 1874" (de Jong y Satas 2011: 284).

31. Para registros de sublevaciones en la documentación, véase AGN, Comandancia de Campaña, X-20-7-1; Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, X-18-10-3; X-19-8-4; AHPBA, MG, leg. 4, año 1869, exp. 269; AHPBA, IGM, leg. 22, año 1871, exp. 2742, foja 227; AHMT, caja 10, año 1858, doc. 777; caja 12, año 1859, doc. 1091; caja 14, año 1861, doc. 305.

32. AGN, Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, X-18-10-3.

33. AGN, Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, X-19-8-4.

34. AHMT, Juzgado de Paz, caja 10, año 1858, doc. 777; AMP, t. VI, p. 51-52.

35. AHMT, Juzgado de Paz, caja 12, año 1859, doc. 1091.

36. AHMT, Juzgado de Paz, caja 14, año 1861, doc. 305.

37.  Esta no fue la primera vez que Benito Machado tomó ese tipo de represalias frente a los sublevados. En diciembre de 1859, durante el sitio del coronel Pedro Rosas y Belgrano a Azul, un teniente del regimiento n° 17 de Guardias Nacionales "Sol de Mayo", Zoilo Díaz, se sublevó junto a un grupo de milicianos. Una vez capturado Díaz fue sometido a una Junta de Guerra y posteriormente ejecutado (Míguez 2003).

38. AHPBA, IGM, leg. 1, año 1857, exps. 31, 37, 38 y 49.

39. AHPBA, IGM, leg. 1, año 1857, exps. 26, 33, 49, 54 y 57; leg. 5, año 1865, exp. 642; leg. 32, año 1873, exps. 3657 y s/n; leg. 65, año 1876, exp. 39.

40. AHPBA, IGM, leg. 1, año 1857, exp. 59; leg. 5, año 1865, exp. 642; leg. 9, año 1869, exp. 1399; leg. 32, año 1873, exp. s/n; leg. 76, año 1877, exp. 208.

41. AHPBA, IGM, leg. 3, año 1863, exp. 407; leg. 32, año 1873, exp. s/n.

42. AHPBA, IGM, leg. 1, año 1857, exp. 56.

43. AHPBA, IGM, leg. 12, año 1870, exp. 1779. Según la ley del 28 de septiembre de 1866, la participación en dicha guerra exceptuaba a los guardias nacionales del servicio activo por diez años.

44. AHPBA, IGM, leg. 65, año 1876, exp. 13.

45. Los guardias nacionales que participaron del zanjeo de la frontera durante 1877 fueron exceptuados del servicio militar por diez años.

46. AHPBA, IGM, leg. 1, año 1857, exp. 61; leg. 8, año 1868, exp. 1192; AHMT, Juzgado de Paz, caja 10, año 1858, doc. 534.

47. AHPBA, IGM, leg. 1, año 1857, exp. 47; leg. 8, año 1868, exp. 1137; leg. 22, año 1871, exps. 2857 y 2859; leg. 78, año 1878, exp. s/n.

48. AHPBA, IGM, leg. 1, año 1857, exp. 26.

49. AHPBA, IGM, leg. 8, año 1868, exp. s/, notas sueltas de noviembre; AHPBA, IGM, leg. 27, año 1872, exp. 3249.

50. Según el decreto de personeros del 2 de mayo de 1865, los guardias nacionales de la ciudad de Buenos Aires que quisieran evitar el servicio en la guerra contra Paraguay mediante un personero debían abonar una cuota de 5.000 pesos (RORA, T. V, p. 212). En tanto, otro decreto dictado tres días después establecía en 6000 pesos la cuota para contratar un personero en la campaña (AHPBA, IGM, leg. 5, año 1865, exp. 632).

51. AGN, Gobierno, X-28-10-13, exp. 13.693.

52. AHPBA, IGM, leg. 2, año 1863, exp. s/n.

53. AHPBA, IGM, leg. 22, año 1871, exp. 2742, foja 227. Circular de IGM, 17/3/1871.

54. AHPBA, MG, leg. 20, año 1874, exp. 842.

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Fecha de recepción: 18 de julio de 2013.

Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2013.