Introducción

En 1572, la iglesia de Santa Isabel de Pucará se vistió de luto con motivo del funeral de don Juan Tomi Guaricallo, cacique principal del recientemente fundado pueblo de reducción. Doña María Cancha, su joven viuda, sostenía la mano de su pequeño hijo Pedro; a pocos pasos, don Fernando Taca Guaricallo, primo hermano del fallecido, conversaba con las autoridades de las distintas parcialidades sobre los pasos a seguir. Precisaba de su apoyo para hacerse cargo del gobierno del pueblo, amparándose en una práctica de sucesión lateral, fraternal o “entre hermanos” que, según sabían y entendían, formaba parte de las costumbres de sus antepasados. No obstante, debían considerar un factor ineludible: la presencia de Juan Ramírez de Zegarra, el visitador designado por el virrey don Francisco de Toledo para llevar adelante el proceso reduccional, el empadronamiento de la población, el establecimiento de una nueva matricula tributaria y el aprovisionamiento de mano de obra mitaya para las minas de oro ubicadas en los valles orientales de Carabaya.

Entre el conjunto de reformas implementadas en el Virreinato del Perú durante el gobierno de don Francisco de Toledo (1569-1581), la redefinición de los criterios de legitimidad de los caciques y la reducción a pueblos de indios ocuparon un lugar central. Al tiempo que se limitó la cantidad de autoridades exentas de las cargas coloniales -el tributo monetizado y la leva mitaya-, se establecieron una serie de requisitos para la confirmación de los nuevos caciques, tales como la legitimidad, la primogenitura, la sucesión vertical, la ladinidad y la fiel observancia del culto católico expresada en el matrimonio sacramental y la vida ejemplar. En efecto, el cacicazgo fue rediseñado en términos similares al mayorazgo peninsular (^{Spalding, 1974}; ^{Stern, 1986}; ^{Glave, 1989}; ^{Pease, 1992}; ^{Choque Canqui, 1993}; ^{Mumford, 2012}; ^{Zuloaga Rada, 2012}; ^{Jurado, 2016}; ^{Saito y Rosas Lauro, 2017}). Sin embargo, esta imposición debió dialogar con las prácticas sucesorias de origen prehispánico. De la interacción entre ambas lógicas asomaron no pocas reyertas entre miembros rivales del mismo colectivo parental, tanto ante los corregidores de indios como ante los tribunales audienciales. En esta línea, el presente artículo recorre los pormenores de un expediente judicial protagonizado por la familia cacical del pueblo de Santa Isabel de Pucará, emplazado como efecto del proceso reduccional toledano sobre el curso medio del río homónimo, a 31 km al noroeste del lago Titicaca, en lo que en tiempos coloniales fuera el corregimiento de Cabana y Cabanilla -actual provincia Lampa del departamento de Puno, Perú. Según alegaba don Pedro Sulcataca, promotor del caso, sus derechos habían sido vulnerados en reiteradas oportunidades tanto por sus tíos segundos -primos hermanos de su padre, don Juan Tomi Guaricallo- como por las autoridades coloniales que los habían amparado.

No es éste uno más de los trabajos dedicados al estudio de la sucesión cacical en los Andes meridionales, tan frecuentes en el campo disciplinar. Nuestra propuesta se nutre de los aportes de Martha Bechis (1929-2017), antropóloga argentina especializada en las sociedades nativas del sur sudamericano. En sus trabajos sobre los cacicazgos pampeanos del siglo XIX, Bechis advirtió la vigencia de una práctica sucesoria “entre hermanos”, a la que categorizó como “adélfica”.¹ Dado que una práctica sucesoria similar se registra en los cacicazgos andinos, en este trabajo proponemos poner a prueba el potencial interpretativo del concepto subrayando las influencias de Martha Bechis y los aportes de su obra en nuestra aproximación al problema de investigación.

Como el viajero imaginario de Eric ^{Wolf (2005}: 40), nuestro recorrido se inicia en la frontera sur de la provincia de Córdoba (Argentina) a mediados del siglo XIX, de la mano de los originales aportes de Martha Bechis; luego, ejecuta un salto en la continuidad espacio-temporal hacia algunas poblaciones nativas de América del Norte y África meridional durante la primera mitad de siglo XX, en cuyas etnografías abrevamos tras las pistas de la sucesión adélfica; para volver al pueblo de Santa Isabel de Pucará en el altiplano lacustre a fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII, escenario central de nuestro trabajo. Este itinerario sólo podría resultar errático en apariencia ya que recuperando en gran medida la metodología “clásica” del trabajo etnohistórico, aunque bien advertidos de sus limitaciones, entendemos que la discontinuidad espacio-temporal redundará en una ganancia en términos de reflexión analítica.

La sucesión adélfica en la obra de Martha Bechis

En su disertación doctoral, Martha ^{Bechis (1984}: 77-91) postuló que, en el siglo XIX, los grupos nativos del área arauco-pampeana se organizaban políticamente en torno a liderazgos flexibles, cuya legitimidad se sustentaba en atributos personales de los caciques tales como su capacidad de persuasión y su carisma. En efecto, los caciques precisaban reconfirmar recurrentemente su autoridad ante el conjunto de sus seguidores para tomar las decisiones de manera colectiva, en instancias consultivas como las juntas y los parlamentos. Asimismo, Bechis detectó que hacia mediados de ese siglo se produjeron una serie de transformaciones en las características personales de los caciques y en ciertos aspectos simbólico-religiosos de los cacicazgos.² En palabras de la autora: “Estos elementos religiosos, junto a una débil estratificación emergente, el énfasis en el carácter hereditario del status de cacique y su sucesión adélfica intensificaron la fusión de los grupos locales” (^{Bechis, 1984}: 87).³

Para dotar de historicidad y documentar su hipótesis sobre la incorporación de una pauta sucesoria de tipo adélfico, Bechis refería a un sugestivo pasaje de la Descripción del Reyno de Chile de Thaddaeus Haenke. Al respecto del “sistema gubernativo” de los “araucanos”, el naturista bohemio señalaba:

Bien sea entre los caciques primeros o los subdelegados, estamose ciertos de que el empleo de cacique es hereditario recayendo antes no obstante en los hermanos que en los hijos a menos que estos no estén ya en edad de aconsejar y dirigir a los Mozetones (^{Haenke, [1794] 1942}: 125 [f. 289v]).

Esta identificación de un esquema sucesorio entre hermanos fue retomada en una señera ponencia, presentada en el Primer Congreso Internacional de Etnohistoria,⁴ (^{Bechis, [1989] 2008}: 284-286), donde también cuestionó el carácter hereditario de la sucesión entre los grupos del “área araucano-pampeana” del siglo XIX. La matriz eminentemente igualitaria de las sociedades nativas de la región se correspondía con un tipo de liderazgo basado en cualidades personales como la oratoria, el carisma o el prestigio. A diferencia de las jefaturas polinesias analizadas por Marshall Sahlins (^{[1963] 1979}), los lideratos pampeanos carecían de una posición de poder institucionalizada. La sucesión de un cacique por parte de alguno de sus hijos no implicaba la existencia de una pauta fija; más bien, la adquisición del oficio se explicaba por la cercanía al líder anterior y por los aprendizajes consolidados bajo su tutela. Bechis reforzaba su argumento retomando el planteo de Gary ^{Feinman y Jill Neitzel (1984}: 61) según el cual en las sociedades “de rango medio” la variabilidad y flexibilidad de las pautas sucesorias no definen el tipo de liderazgo.

Uno de los casos estudiados por Martha Bechis fue el de los rankülche -ranqueles- asentados en la frontera sur de la provincia de Córdoba. A principios de la década de 1830, y en el contexto de la reconfiguración del panorama político del área arauco-pampeana -y de las sociedades criollas-, dos familias dirigentes rankülche -los Yanquetruz, asentados en Poitahue, y los Güor, asentados en Leuvucó- pactaron una “arquitectura sucesoria” compartida, sustentada en la concertación de una serie de matrimonios patrilaterales oblicuos entre ellas. Sin embargo, el progresivo acercamiento del cacique Painé Güor al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, se tradujo en el quiebre del esquema sucesorio, lo cual quedó en evidencia a la muerte de Painé Güor en 1844; éste fue sucedido consecutivamente por sus hijos Calviuñ Güor (1844-1858), Panghitruz Güor (Mariano Rosas, 1858-1877) y Epumer Rosas (1877-1879). En efecto, tras la ruptura del pacto sucesorio y la posterior fisión de las parcialidades rankülche, Bechis (^{1998 [2008]}) propuso que el cacicazgo de Leuvucó adoptó una pauta sucesoria adélfica.⁵

A partir de esta formulación inicial, Lidia ^{Nacuzzi (2008}: 86; ²⁰¹¹: 35-36) recuperó el concepto de “sucesión adélfica” propugnado por Bechis para fortalecer su propuesta en torno a la existencia de jefaturas duales en los grupos pampeano-patagónicos de la segunda mitad del siglo XVIII. La actuación combinada de un jefe “de paz” y otro “de guerra”, el control compartido de territorios adyacentes por parte de caciques hermanos o parientes y la conservación del cacicazgo entre familias emparentadas entre sí, aspectos ya sugeridos por la autora en trabajos anteriores (Nacuzzi, ^1993-94; ¹⁹⁹⁸: 184), también fueron observados por María Paula ^{Irurtia (2010}: 416-417) para los tehuelche meridionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Por su parte, tanto Sara ^{Ortelli (1996}: 209) como Juan Francisco ^{Jiménez (2019}: 10) señalaron la adopción de la sucesión adélfica entre los grupos pampeanos y los pewenche del Reino de Chile durante el siglo XVIII, respectivamente.

Teniendo en cuenta los objetivos centrales de nuestro trabajo, nos interrogamos sobre la posibilidad de emplear el concepto de “sucesión adélfica” en el estudio de los cacicazgos andinos de los siglos XVI y XVII. Para fundamentar esta apuesta metodológica, proponemos a continuación una operación historiográfica disruptiva de la continuidad espacio-temporal. Abandonaremos el área arauco-pampeana de los siglos XVIII-XIX, cuna de las investigaciones de Martha Bechis, para retrotraernos al período de consolidación del dominio colonial en el sur andino; empero, y como veremos en las páginas siguientes, el recorrido distará de ser lineal.

Derivaciones de una propuesta: el “tío malvado”

Tal como planteamos al inicio, las transformaciones operadas por el dominio colonial hispánico sobre las autoridades indígenas, sus criterios de legitimidad, sus pautas de reproducción social y, más específicamente, los mecanismos de acceso y sucesión al oficio constituyen tópicos clásicos en la historiografía del mundo andino colonial. A partir del estudio cruzado de documentación proveniente de diferentes espacios del Virreinato del Perú -y más específicamente para la jurisdicción de la Audiencia de Charcas-, existe en la actualidad cierto consenso en torno a la vigencia, en tiempos prehispánicos y temprano-coloniales, de una pauta sucesoria generacional “entre hermanos” (^{Platt et al., 2006}: 686-687; ^{Remy Simatovic, 2011}: 35-42; ^{Hernández Astete, 2012}). A través de distintas estrategias de intervención, tanto los agentes del gobierno colonial como los responsables de la evangelización buscaron alterar esos esquemas para establecer un modelo familiar y sucesorio basado en el matrimonio sacramental, la heredabilidad, la legitimidad y la primogenitura, según los cánones contrarreformistas dimanados del Concilio de Trento (^{Goody, 1986}; ^{Estenssoro Fuchs, 2003}; ^{Ramos, 2010}). En sintonía con casos relevados por distintos autores, hemos detectado sucesiones entre caciques hermanos -o primos hermanos- en los pueblos de Tiwanaku y Jesús de Machaca, en el corregimiento de Pacajes, al sur del lago Titicaca a principios del siglo XVII (Tabla 1 y Figura 1), las cuales caracterizamos como adélficas siguiendo los planteos de Martha Behcis (^{Morrone, 2015} y ²⁰²⁰).

Tabla 1 Evidencias de sucesiones “entre hermanos”/ adélficas en el sur andino. 

Mapa 1 Pueblos de reducción del surandino con evidencia de sucesión adélfica. 

Para reforzar esta propuesta, y profundizar el análisis de los cambios en las pautas sucesorias de los cacicazgos andinos, emprendimos una exploración sobre cierta literatura proveniente de otras latitudes y otros períodos históricos. Concretamente, recurrimos a investigaciones de corte etnográfico sobre los modos de vida “tradicionales” de grupos nativos de América del Norte y del África meridional durante la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, esta operación -acaso aventurada- no pretende sugerir una aplicación directa ni trazar miradas comparativas de modo exhaustivo sino, más bien, evaluar el potencial hermenéutico de un instrumento analítico forjado en otros contextos históricos para reinterpretar nuestro caso de estudio.

Como campo interdisciplinario, la Etnohistoria ha empleado, desde sus orígenes, la analogía etnográfica como forma de aproximación a las sociedades nativas prehispánicas y coloniales, en gran medida debido a la hegemonía del funcionalismo británico en la Antropología de mediados del siglo XX (^{Van Buren, 1996}; ^{Julien, 2000}: 9-10; ^{Lorandi, 2012}). Por ello, resulta fundamental explicitar estas advertencias, toda vez que nuestro relevamiento corresponde a sociedades organizadas sobre bases económicas y sistemas políticos bien distintos tanto de los caciques rankülche del siglo XIX como de los caciques andinos del siglo XVI. Nuevamente, la discontinuidad espacio-temporal se justifica en la indagación de nuevas matrices conceptuales.

En su estudio sobre los vínculos entre sistemas de parentesco y sucesión, John ^{Martin (1984}) plantea que las pautas hereditarias y sucesorias de tipo lateral o adélfica suelen predominar en sociedades poligínicas, en función de variables tales como la edad promedio de los hombres al momento de su matrimonio, la distribución de su descendencia sobreviviente y su expectativa de vida. Retomando planteos de Jack Goody, Martin señala que en las sociedades preindustriales, caracterizadas por altas tasas de fertilidad y de mortalidad, el retiro, incapacidad o muerte del jefe comunal daban paso a mecanismos laterales de herencia y sucesión. Este pariente colateral, generalmente un hermano menor del jefe anterior -el “tío malvado”-, fungía como “depositario” (trustee) o “regente”. En este sentido, Martin advierte la sutil diferencia entre el estatus de depositario o regente de estos parientes laterales y su condición de herederos efectivos, aunque la duración en el oficio a menudo era limitada en función de sus avanzadas edades. Si bien los intereses del “heredero oficial” podían resultar bien cuidados por un acertado manejo de los bienes y del oficio, con frecuencia se generaban tensiones intrageneracionales -entre hermanos del depositario o regente- y/o intergeneracionales -entre éste y los “partidarios” de su joven sobrino. En su análisis sobre los havasupai del noroeste de Arizona (Estados Unidos) durante la primera mitad del siglo XX, Martin asocia la proliferación de sucesiones laterales a la brecha entre las edades del jefe y de su hijo mayor y heredero. En efecto, la combinación entre una tardía edad matrimonial y una baja expectativa de vida redundaba en que, a la muerte del jefe, la herencia y la sucesión recayeran en sus hermanos.⁶

Por su parte, en su etnografía sobre los grupos denominados tembe-thonga ubicados en la frontera entre Mozambique y Sudáfrica, David Webster también registró una pauta de sucesión adélfica durante la primera mitad del siglo XX. Tras la muerte de un jefe, su autoridad pasaba a sus hermanos para luego revertir en el hijo mayor del hermano mayor. Al igual que Martin, Webster (¹⁹⁸⁶: 624-625) otorga especial énfasis a los conflictos que emergían entre hermanos por la sucesión y entre éstos y los miembros de la generación siguiente, fundamentalmente entre un “regente” y su sobrino, quienes en no pocas oportunidades resolvían estos enfrentamientos a través de la guerra.⁷

¿Qué elementos podemos recuperar de este excursus etnográfico para el estudio de las sucesiones cacicales en el sur andino en los primeros siglos de dominio colonial hispano? En primer lugar, resulta llamativa la similitud entre las pautas sucesorias hasta aquí descriptas y las retratadas en un pasaje de la Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas del cronista Hernando de Santillán (^{[1563] 1968}: 109):

Acerca de esto también hay alguna variedad, porque otros dicen que a estos señores principales y curacas de pachacas y guaranga les suceden sus hermanos el que dellos era más bastante para mandar y esto aunque dejase hijos; y después de muerto el hermano le sucedían los hijos del primer hermano difunto y a éste sus hermanos, y que por esta orden iba la sucesión, y al presente se hace desta manera; y esto parece ser así por muchas probanzas e informaciones que dello se han visto en el audiencia. Pero todo debe ser verdad, porque aunque, como dicho es el señor escogía en vida el que le parecía mas bastante, siempre escogía uno de sus hermanos, y el otro, por el consiguiente, escogía entre los hijos del hermano de quien había heredado el señorío. Y así parece y se ve ser la sucesión y de estos señoríos y cacicazgos; y cuando los dichos señores morían, al sucesor que dejaban encomendaban su hacienda e hijos.

Por su parte, en 1586 el Licenciado don Diego Cabeza de Vaca, corregidor de la ciudad de La Paz, también observaba que:

La sucesión destos cacicazgos era en aquel tiempo de hermano a hermano y en falta desto del sobrino al tío, y pocas veces heredaba el hijo inmediatamente, sino que se interponía algun tío o primo de por medio, hasta que agora han entendido la subcesión que las reales leyes mandan, y así se guarda (^{[1586] 1965}: 347).

Ambos fragmentos remiten a una sucesión fraterna o “entre hermanos” que databa de tiempos prehispánicos y perduraba durante la segunda mitad del siglo XVI, aunque el proceso de reformas toledanas buscó reemplazar esa práctica por una modalidad vertical basada en la primogenitura, rasgo característico de los sistemas sucesorios de la Europa medieval (^{Guerreau-Jalabert, 1990}; ^{Pérez, 2014}). Ahora bien, ¿qué características tuvieron los contextos históricos específicos en los que se desplegó la sucesión adélfica? ¿Qué elementos del registro etnográfico resultan útiles para repensar esta práctica sucesoria?

Análisis de caso: los caciques de Santa Isabel de Pucará (1542-1606)

En este apartado ampliaremos nuestro análisis sobre la sucesión al oficio cacical a partir de la incorporación de un nuevo caso de estudio, contenido en un expediente inédito e inexplorado hasta el momento. Se trata de una presentación elevada el 5 de septiembre de 1606 a la Audiencia de Charcas por Juan Tamayo, protector de naturales, en nombre de don Pedro Sulcataca, cacique principal del pueblo de Santa Isabel de Pucará, solicitando la confirmación de su oficio. Los pormenores del caso despertaron nuestro interés al verificarse una serie de desavenencias entre don Pedro y su tío segundo, don Alonso Puraca.⁸ Presentamos a continuación el contexto general para luego ingresar en la secuencia del proceso.

El pueblo de Santa Isabel de Pucará fue fundado hacia 1572 en el marco de la visita general ordenada por el virrey Toledo. Siguiendo la concepción hispánica del espacio civil y cristiano, los visitadores toledanos buscaron adscribir a un patrón fijo de residencia a la población de los dos ayllu locales -Pucará y Quipa- y a los descendientes de antiguos mitmaqkuna o colonos incaicos trasladados desde la sierra central -ayllu Angaraes- y la ribera meridional del lago Titicaca -ayllu Pacaxes.⁹ La visita registró 242 tributarios y señaló cuatro caciques sobre un total de 1.289 personas. A partir de este caudal tributario, se estableció una nueva tasa en metálico -oro quintado y, en menor medida, plata ensayada- y especies -llamas, ropa de abasca y hechuras, cada una con su respectiva conversión en plata. Deducidas las costas destinadas al sínodo del cura doctrinero y al salario de justicias y caciques, el remanente debía enterarse en la caja real para ser entregado a los apoderados de su encomendera, doña Beatriz Clara Coya, hija del Inca Sayri Tupac y esposa del capitán Martín García de Loyola (^{Cook, 1975}: 107). Por otro lado, la visita impuso sobre la población tributaria un servicio de mita en las minas de oro de Carabaya -situadas en las tierras bajas orientales- y el mantenimiento del tambo, importante estructura de almacenamiento, abastecimiento e intercambio mercantil (^{Vaca de Castro, [1543] 1908}: 436; ^{Glave, 1989}: 117-176). Administrativamente, desde 1565 los repartimientos que luego serían reducidos al pueblo de Santa Isabel de Pucará habían quedado englobados en el corregimiento de Cabana y Cabanilla, también denominado “Urcosuyo del Collao” en la documentación de la época (^{Maúrtua, 1906}: 75-76).

El 4 de noviembre de 1591, don Pedro Sulcataca se presentó ante el corregidor, el capitán Francisco de Morales, para solicitar su nombramiento como cacique principal y gobernador del ayllu Quipa, segmento que ejercía la jerarquía superior en el pueblo. Para fundamentar su causa, esgrimía derechos hereditarios en su condición de hijo legítimo de don Juan Tomi Guaricallo, anterior cacique, y de doña María Cancha, ya que “como a tal hijo suyo me venia derechamente la herencia y subçesion de dicho caçicazgo y estado segun es ley divina y humana que los hijos ereden a sus padres en todos sus bienes y estados” (f. 2r). Asimismo, informaba al corregidor que a la muerte de su padre -ocurrida hacia 1572- no contaba con la edad suficiente para asumir el oficio cacical, el cual fue ocupado por un primo hermano del difunto cacique, don Fernando Taca Guaricallo, aunque “sin llamarse a erencia ni con titulo del ni autoridad de justiçia” (f. 2r). Hacia mediados de la década de 1580, tras la muerte de don Fernando, don Pedro no se hallaba en condiciones materiales de solicitar la confirmación del cacicazgo, por lo cual el oficio recayó en un hijo natural de don Fernando, llamado don Francisco Guaricallo, quien a su vez fungía como tutor del hijo legítimo de su padre, también llamado don Fernando. Ambos hermanos perecieron en 1589 víctimas de un brote de viruela que asoló el sur andino (^{Saignes, 1987}).¹⁰ Al respecto, don Pedro sostuvo que “se ynfiere que a de bolver a su antiguo y verdadero tronco que soy yo sin contradiçion ninguna de parte que sea verdadera” (f. 2v). Esta exigencia respondía a que el corregidor don Juan Manuel de Anaya había designado al frente del cacicazgo a don Alonso Puraca, “hermano bastardo” de don Fernando Taca Guaricallo y tío de los hermanos fallecidos “en el ynterin que paresçiese y reclamase heredero ligitimo” (f. 2v). En efecto, don Pedro fundamentó su petición en la ilegitimidad de don Alonso y en el hecho de contar, ahora sí, con la edad y capacidad suficientes para ejercer el oficio cacical. De hecho, agregó que el corregidor Anaya había reconocido sus derechos al nombrar interinamente a don Alonso, quien también reconoció “que no pretende derecho alguno al dicho ofiçio ni es parte en nada” (f. 2v). En la Figura 2 hemos reconstruido el esquema genealógico de la familia cacical.

Figura 1 Genealogía de los caciques de Santa Isabel de Pucará (1542-1606). Fuente: ABNB EC 1606-8. 

La muerte consecutiva de varios caciques del pueblo suscitó un clima de inestabilidad política, en virtud de ciertos robos y de los maltratos perpetrados, según don Pedro, por don Alonso Puraca. Habiendo reunido las condiciones necesarias para ejercer plenamente el oficio, don Pedro Sulcataca solicitaba al corregidor aceptase la presentación de testigos para afirmar su causa.

Los seis testigos que sustentaron la probanza de Sulcataca eran caciques y autoridades menores del propio pueblo de Pucará y de otros pueblos comarcanos (fs. 3v-9v). Sus testimonios, registrados entre el 6 y el 12 de noviembre, aportaron información precisa y sustancial sobre los orígenes, biografía y vínculos familiares del cacique, sobre la sucesión cacical y sobre la dinámica política del pueblo, por lo cual guiarán nuestro recorrido retrospectivo.

Don Fernando Poco Guanca, cacique principal de los Angaraes, de 80 años aproximadamente, conoció al padre de don Pedro, don Juan Tomi Guaricallo, de quien dijo “que viniendo de Quito despues que se descubrio este reyno por los españoles tomo posesion del dicho caciazgo porque era suyo y le venia de derecho”, gobernando por más de 30 años hasta su muerte (fs. 3v-4v). Esta primera referencia temporal nos llevó a pesquisar la coyuntura de la partida de don Juan Tomi Guaricallo hacia Quito, lo cual a su vez nos permitió ubicar temporalmente el gobierno de cada cacique, aspecto central para explorar las circunstancias de cada sucesión. Por su parte, el testimonio de Marcos Cansa, cacique del ayllu Collana del vecino pueblo de Santiago de Lampa, confirmó la designación de don Fernando Taca Guaricallo por parte del visitador toledano Juan Ramírez de Zegarra en 1572 (fs. 8v-9v), tal como también consta en la provisión otorgada por el virrey el 21 de octubre de ese año a Martín García de Loyola para la posesión de los indios de sus respectivos repartimientos (^{Covey y Amado González, 2008}: 314). Si don Juan Tomi Guaricallo había gobernado “mas de treynta años y hasta que murio” (f. 4r), deberíamos retrotraernos, por lo menos, a 1542 para datar su regreso y la toma de posesión de su oficio.

En esos tempranos años coloniales, el repartimiento de Pucará formaba parte de un opulento conglomerado que Francisco Pizarro se atribuyó a sí mismo y cuya población tributaria había pertenecido a dos linajes incaicos (^{Rostworowski, 1970}; ^{Varón Gabai, 1996}: 295; ^{Covey y Elson, 2007}; ^{Arkush, 2010}: 171-173). A fines de 1539, Pizarro nombró a su hermano Gonzalo como gobernador de Quito, quien se trasladó allí acompañado de un nutrido ejército que incluía gran cantidad de población nativa. Tras el asesinato de Francisco Pizarro a manos de los almagristas en junio de 1541, Gonzalo retornó a Lima para hacerse cargo de sus sobrinos y administrar su cuantiosa herencia, entre otros menesteres; luego de la derrota de los almagristas en la batalla de Chupas en 1542, Gonzalo se retiró a Charcas para ejercer su vecindad en La Plata y disfrutar de los réditos de su también cuantiosa encomienda al sur de Potosí (^{Varón Gabai, 1996}: 142-145; ^{Platt et al., 2006}: 245). En este contexto, estimamos a modo de hipótesis que Tomi Guaricallo había sido el kuraka prehispánico de Pucará y que formó parte de la hueste de Gonzalo Pizarro para retornar hacia 1542. Por este motivo, en 1591 don Fernando Poco Guanca señaló que el cacicazgo “era suyo y le venia de derecho” (f. 4r), mientras que don Pedro Ticona, principal del ayllu Pacaxe, afirmó que don Juan “era tal curaca y señor de toda esta tierra” (f. 7r).¹¹

Otros pasajes del testimonio de don Fernando Poco Guanca nos permiten generar otras hipótesis con respecto a los ciclos vitales de la familia cacical. Según el testigo, Tomi Guaricallo “en su vida se baptizo y bolvio christiano”. De su matrimonio con doña María Cancha había nacido don Pedro Sulcataca a mediados de la década de 1560, fecha estimada a partir de su afirmación sobre ser muchacho a la muerte de su padre en 1572 y contar con la edad suficiente -entre 18 y 20 años aproximadamente- para asumir el cacicazgo a principios de la década de 1580.¹² El hecho de que doña María Cancha aún viviera en 1591 da cuenta de una amplia diferencia de edad con su marido. La combinación de estos indicios sugiere un nuevo conjunto de hipótesis: (1) Don Juan Tomi Guaricallo contrajo matrimonio tardíamente con doña María Cancha, fruto del cual nació don Pedro Sulcataca; (2) Don Juan Tomi Guaricallo habría tenido una esposa anterior, con la cual no tuvo hijos o, si los tuvo, no lo sobrevivieron; (3) Don Juan y doña María tuvieron otros hijos que murieron vita patris, lo cual motivó que don Pedro -nacido más de veinte años después del regreso de su padre- fuera el único hijo sobreviviente. Como refuerzo de esta última opción, notemos que el apellido de don Pedro incluye el componente sullca, cuya traducción del aymara es, precisamente, “hermano menor” y en quichua se asocia, además, a un rol de cuidado de los padres durante su vejez y a la eventual herencia de la casa familiar.¹³

El estrecho lapso transcurrido entre el nacimiento de don Pedro (circa 1565) y la muerte de don Juan (1572) inauguró un escenario propicio para la puesta en marcha de una sucesión adélfica, tal como reseñamos a partir de la información etnográfica. Así, según Marcos Cansa, en el contexto de la visita toledana “se hizo curaca don Fernando [Taca] Guaricallo en el dicho pueblo de Pucara […] y tuvo el cacicazgo por mas de diez años” (f. 9r), lo cual sería denunciado años después por don Pedro, quien impugnó la designación de su tío segundo “sin llamarse a erencia ni con titulo del ni autoridad de justiçia” (f. 2r). Es altamente probable que, ante el fallecimiento don Juan Tomi Guaricallo, el visitador Zegarra designara a un “hermano posicional” -en términos nativos- disponible en vistas de que el “heredero legítimo” -en términos hispánicos- era aún muy joven.

Avancemos hacia los siguientes contextos sucesorios. Poco tiempo pasaría entre la muerte de don Fernando Taca Guaricallo y las de sus hijos. En 1589, nuevamente verificamos la intervención de una autoridad colonial. El nombramiento de don Alonso Puraca, “hermano bastardo” de don Fernando, como cacique interino respondió, muy probablemente, a una estrategia del corregidor Anaya, quien buscaba recrear la misma red de alianzas que había diagramado años atrás en el corregimiento de Lucanas.¹⁴ Este factor explica los inconvenientes denunciados en 1591 por don Pedro ante el nuevo corregidor -robos, maltratos, quejas. Teniendo en cuenta sus antecedentes, no resultaría extraño que Anaya instigara estos “males” al pretender usufructuar el tambo como “base de operaciones” para sus negocios extraoficiales en un contexto de auge de los “trajines” auspiciados por los corregidores de indios (^{Glave, 1989}: 148-161).

Por otro lado, don Pedro apelaba al criterio de legitimidad hispánico al tildar a don Alonso como “bastardo”, aunque en paralelo a la intervención del corregidor también pudo haber operado un criterio adélfico. De todos modos, Anaya obró de manera calculada: en el auto de nombramiento de don Alonso dejó a salvo los derechos de don Pedro.

En efecto, entendemos que en ambos contextos sucesorios se combinaron las intervenciones de autoridades coloniales con vestigios de pautas adélficas: ambos factores pudieron haberse retroalimentado. A partir de este punto, se abren una serie de interrogantes: ¿se apoyaron las autoridades coloniales en la sucesión adélfica para designar candidatos funcionales a sus propios intereses?, ¿se sirvieron esos candidatos “funcionales” de la intervención de las autoridades coloniales para posicionarse, “actualizando” la sucesión adélfica a las nuevas coyunturas?, ¿se trató de una utilización política de la sucesión adélfica por parte de las autoridades coloniales? A la inversa, ¿utilizaron políticamente los candidatos la intervención de las autoridades coloniales? Resulta sugerente considerar este doble juego de intereses porque informan sobre el entramado local de equilibrios políticos coyunturales entre caciques y corregidores, que debían renovarse tras la muerte de cada cacique y/o al momento de la rotación de los corregidores (^{Hidalgo Lehuedé y Castro Flores, 2004}; ^{Morrone, 2011} y ²⁰²⁰).

Notoriamente, la posición de don Pedro Sulcataca resultó ser la más apegada al corpus normativo hispano, toda vez que reclamaba sus derechos hereditarios, primogenitura y sucesión lineal que tanto sus tíos como las autoridades coloniales distaron de atender o respetar. En las coyunturas reseñadas, una redefinición de la funcionalidad política de la sucesión adélfica resultó igualmente conveniente a los miembros de la generación mayor y a las autoridades coloniales. De hecho, es asimismo probable que en 1591 don Pedro apelara al arribo de un nuevo corregidor, el capitán Francisco de Morales, para concertar otro esquema de alianzas o colaboración como el que sugerimos se tramó entre don Alonso Puraca y don Juan Manuel de Anaya en 1589. En cualquier caso, su intento no resultó favorable ya que, para 1606, don Alonso Puraca seguía ejerciendo el cacicazgo.

Dado que el expediente analizado está trunco, no podemos explicar la brecha temporal entre la presentación del caso -4 de noviembre de 1591- y la sentencia de la Audiencia de Charcas que otorgaba la provisión ordinaria de cacicazgo en favor de don Pedro Sulcataca -15 de septiembre de 1606. Sin embargo, a modo de ejercicio y teniendo en cuenta la estructura básica de los pleitos por cacicazgos, proponemos una reconstrucción del curso seguido por el proceso. En primer lugar, resulta extraño que Sulcataca otorgase un poder para tramitar la solicitud directamente ante la Audiencia de Lima y el virrey don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete (f. 10r). En segundo lugar, es asimismo probable que don Alonso Puraca haya presentado su propio nombramiento como cacique interino, alguna información de testigos e, incluso, una declaración contraria a la de Sulcataca, aunque inicialmente confirmara la versión de su sobrino. Si éste fue el caso, debió haberse desencadenado una sucesión de alegatos y notificaciones típica de la dinámica bilateral de los procesos judiciales. Por otro lado, dado que la duración del oficio de corregidor de indios era de aproximadamente dos años, luego del capitán Morales pudieron haberse sucedido hasta siete corregidores, cada uno de los cuales, a su vez, debió haber jugado sus propias cartas en torno a la disputa por el cacicazgo.¹⁵ El último de esa serie de corregidores, Cristóbal de Molina, remitió los autos a la ciudad de La Plata, quizás junto a un traslado de un poder otorgado por Sulcataca a Juan Tamayo, protector de naturales.¹⁶ De todos modos, el hiato temporal de casi quince años no deja de resultar peculiar.¹⁷

Consideraciones finales: “como decía Martha Bechis...”

Más de 2.400 kilómetros lineales y 272 años mediaron entre las defunciones de don Juan Tomi Guaricallo, cacique principal del pueblo de reducción de Santa Isabel de Pucará (1572), y de Painé Güor, cacique de los rankülche asentados en las tolderías del paraje pampeano de Leuvucó (1844). Poco después de sus respectivas exequias fúnebres, se iniciaron sendos procesos sucesorios que, por diferentes motivos, adoptaron una modalidad adélfica: en el primer caso, debido a la escasa edad del único hijo de don Juan, don Pedro Sulcataca, y la intervención del visitador toledano; en el segundo, debido a la ruptura de una arquitectura sucesoria diseñada décadas atrás como efecto de un viraje en la orientación política de Painé hacia las autoridades criollas. Por lo demás, cualquier pretensión comparativa sólo arrojaría diferencias palmarias. Nuestro ejercicio consistió en valorizar los aportes teórico-metodológicos de la obra de Martha Bechis para esgrimirlos como claves hermenéuticas en la complejización del análisis de los cacicazgos andinos de la segunda mitad del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Para ello, exploramos un conjunto acotado de estudios etnográficos que ofrecieron descripciones e interpretaciones sobre la sucesión adélfica con el objetivo de diversificar nuestra plataforma de aproximación. Resta, pues, avanzar sobre algunas reflexiones finales.

En lo que respecta a las figuras de autoridad nativa, señalamos que a partir de la década de 1570 las reformas toledanas buscaron imponer una pauta sucesoria vertical basada en la legitimidad y la primogenitura. En este sentido, surge el interrogante sobre la coexistencia de prácticas sucesorias, toda vez que el registro documental revela manifestaciones de la pauta adélfica en el sur andino hasta, por lo menos, la década de 1630.

¿Cuál era, pues, la naturaleza de esa práctica prehispánica, reversionada en tiempos coloniales? Al respecto, Silvia ^{Rivera Cusicanqui y Tristan Platt (1978}: 108) sostenían que, para la segunda mitad del siglo XVI:

una generación hereda de otra generación dentro de los límites de la parentela cacical [...]: para los aymara se trataba de una manifestación arquetípica de la relación entre las generaciones, mientras para los europeos era más bien una anomalía que sin embargo permitía la reanudación posterior del derecho patrilineal.

Se trataría, en efecto, de decodificaciones diferenciales de la práctica sucesoria. Sin embargo, entendemos que la sucesión adélfica no constituyó tanto una pervivencia en tiempos coloniales de antiguas prácticas tradicionales como una readaptación o readecuación en respuesta a la lógica de los actores sociales situados en función de sus propios y coyunturales intereses y necesidades. De hecho, la adopción de la sucesión vertical basada en la primogenitura devino una estrategia política por la cual algunos caciques andinos reformularon, hasta cierto punto, algunas imposiciones del dominio colonial, tal como propusimos para el caso de don Pedro Sulcataca.

En virtud de la exploración de literatura etnográfica, correspondiente a escenarios bien diversos, detectamos un conjunto de rasgos que, al operar de manera convergente, habilitaron escenarios propicios para el despliegue del esquema sucesorio adélfico. En primer lugar, la combinación de altas tasas de natalidad y de mortalidad masculina arrojaba, en el caso de las familias cacicales, un tendal de niños incapaces de ocuparse de las obligaciones del oficio, sobre todo si tenemos en cuenta las uniones poligínicas no poco comunes entre las elites nativas andino-coloniales (^{Tandeter, 1997}; ^{Bernand, 1998}; ^{Presta, 2009}). En segundo lugar, los matrimonios cacicales a edad avanzada conllevaban a un tardío nacimiento del heredero y, generalmente, a la intervención de un pariente colateral del cacique fallecido -el “tío malvado”- tanto en el gobierno efectivo como en la crianza del joven heredero. De allí que nuestra propuesta apunte a relativizar las acusaciones proferidas por los jóvenes caciques sobre sus tíos, hermanos del cacique fallecido.

En cualquier caso, las prescripciones de la normativa hispánica no eran los únicos requisitos necesarios para transitar la sucesión y acceder al oficio cacical. Obtener la confirmación del título por parte de la audiencia o el virrey, reconfirmar las alianzas con autoridades coloniales locales -corregidor, cura doctrinero- y con autoridades menores del pueblo -principales, alcaldes-, y auspiciar todo tipo de celebraciones con los miembros de los ayllu, por mencionar sólo algunas, eran exigencias que implicaban gran cantidad de recursos económicos y relacionales que no todos los jóvenes caciques podían proveer. El desafío de la sucesión no siempre pudo ser resuelto; como vimos, a pesar de que a mediados de la década de 1580 don Pedro Sulcataca ya contaba con la edad suficiente para acceder al cacicazgo, afirmaba -no sin cierta intencionalidad- “andar yo con mi pobreza y desamparado sin posible para lo pedir” (f. 2r). Como tantos otros caciques coloniales del mundo andino, don Pedro se perfila como una figura de liderazgo “poco afamada”; es decir, como uno de aquellos caciques pobres o de larvado poder político, con escasa presencia documental y, en consecuencia, menor visibilidad historiográfica (^{Morrone, 2011}, ²⁰¹⁶ y ²⁰²¹). Sin embargo, la pervivencia del apellido Guaricallo entre los caciques de Pucará hasta bastante avanzado el siglo XVII podría indicar una relativa mejora en esa desfavorable situación inicial.¹⁸

Como una de las principales responsables de la renovación historiográfica sobre la historia de las poblaciones nativas de Pampa, Patagonia y Araucanía, Martha Bechis supo delinear nuevas formas de leer las sucesiones al oficio cacical. Nuestro trabajo evidencia que, aún sin proponérselo de manera explícita, Martha también abrió una puerta de acceso para revisar los pleitos sucesorios de otras latitudes y temporalidades. Este avance de investigación constituye tanto una evidencia de la fortaleza y perspicacia de sus aportes como un homenaje a su trayectoria académica, a su calidad como persona y a su memoria.

Fuentes documentales