ARTÍCULOS

Procesos macroeconómicos y homicidios. Un estudio ecológico en los partidos del Gran Buenos Aires (Argentina) entre los años 1989 y 2006

Macroeconomic processes and homicides. An ecological study in the outskirts of Buenos Aires (Argentina) between 1989 and 2006

Hugo Spinelli¹, Guillermo Macías², Victoria Darraidou³

¹ Médico, Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor en Salud Colectiva, Universidad del Estado de Campinas, Brasil. Director de la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Argentina. hugospinelli@ciudad.com.ar
² Médico, UBA. Magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, UNLa. Profesor Adjunto de Epidemiología, UNLa, Argentina. guillomacias@gmail.com
³ Licenciada en Ciencia Política, UBA. Maestranda en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, UNLa, Argentina. victoriadarraidou@gmail.com

RESUMEN

Se analizó la evolución de la tasa de homicidios en los partidos del Gran Buenos Aires, en el período comprendido entre los años 1989 y 2006, y la estimación de la relación existente entre estos eventos y los procesos macroeconómicos que se desarrollaron en Argentina durante el período descrito. Se realizó un estudio ecológico, con análisis de correlación entre series "sin tendencia" de las variables para evaluar la existencia de asociación entre la mortalidad por homicidios e indicadores macroeconómicos seleccionados (previo proceso de suavizado de la tendencia de las curvas según técnica de Hodrick-Prescott). Los principales resultados son: la tasa de homicidios disminuye durante los dos primeros años para mantenerse en una meseta hasta el año 1997, cuando comienza a aumentar. Llega a su valor máximo en el año 2002 (11,1 por 100.000 habitantes) para comenzar un descenso que se ubica, en el año 2006, en valores similares a los de 1992. Fue hallada una correlación estadísticamente significativa entre la tasa de homicidios y el coeficiente de Gini (según ingresos familiares), el porcentaje de población bajo la línea de pobreza e indigencia y el PIB. No fue hallada correlación entre homicidios y desempleo. Los hallazgos sugieren que la variación de la tasa de homicidios está ligada directamente al empobrecimiento y la desigualdad, e inversamente al desarrollo económico.

PALABRAS CLAVE: Homicidio; Indicadores Económicos; Desigualdades en la Salud; Estudios Ecológicos; Argentina.

ABSTRACT

The evolution of the homicide rate in the outskirts of Buenos Aires and also the existing relation between these episodes and the macroeconomic processes developed in Argentina during period 1989-2006 were analyzed. An ecological study was carried out with correlation analysis among detrended series of the variables to assess the association between mortality by manslaughter and selected macroeconomic indicators (previous softening process according to Hodrick-Prescott). The main results are: the homicide rate decreases during the two first years to keep itself stable till 1997, then it starts increasing. It reaches its peak in 2002 (11,1 per 100.000 inhabitants) to start a decline that in 2006 present similar values to the ones in 1992. A significant correlation was found between the homicide rate and the Gini coefficient (according to family incomes), the percentage of the population under the poverty line and the NGP. No correlation was found between homicides and unemployment. The findings suggest that the homicide rate is directly related to poverty and inequality, and inversely to economic development.

KEY WORDS: Homicide; Economic Indexes; Health Inequalities; Ecological Studies; Argentina.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre las condiciones económicas de un país y el estado de salud de su población fueron descriptas en distintos momentos de la historia de la salud pública, aunque en general los estudios se realizaron por fuera de dicho campo de conocimiento o desde posiciones no hegemónicas al interior del mismo. Desde la segunda mitad del siglo XX y dentro de la temática señalada encontramos, entre otros, los estudios de Brenner sobre los cambios en las economías y la propensión al consumo de alcohol, así como también los trabajos del citado autor en conjunto con Mooney sobre el impacto del desempleo en la salud (1-3). También se encuentran otros estudios sobre la relación entre los procesos macroeconómicos y la mortalidad en los colectivos humanos, utilizando para ello generalmente datos del producto interno bruto (PIB), empleo y/o pobreza (4-8).

Los estudios encontrados acerca de la relación entre crisis económicas y muertes por violencias (9-11) indican que el impacto de las mismas en la salud puede variar según el lugar y el modo en el que éstas se producen, siendo sus efectos mayormente percibidos por las poblaciones de los países subdesarrollados (11), donde a la acotada red de protección social que habitualmente brindan sus Estados se deben sumar las reducciones sobre los gastos en servicios públicos, medida a la que generalmente acuden los gobiernos para recuperar equilibrios presupuestarios (9). Hasta el momento de redacción del presente artículo, se han encontrado pocos trabajos que tomen específicamente a los homicidios como objeto de análisis de esa relación (12-17).

De este modo, y bajo el entendimiento de que las políticas económicas aplicadas en las últimas décadas en Argentina modificaron las pautas de integración y cohesión social de nuestro país, analizaremos las mismas y su impacto en los homicidios.

En la Figura 1, se expone de manera esquemática la hipótesis de este trabajo, que indica que los homicidios estarían positivamente ligados a la desigualdad.

Figura 1. SÍNTESIS CONCEPTUAL DE LA RELACIÓN ENTRE HOMICIDIOS, ÍNDICE DE GINI Y PRODUCTO INTERNO BRUTO.

Como base empírica de los contextos interpretativos discutidos en este artículo, se realiza la descripción de la evolución de la tasa de homicidios en los partidos del Gran Buenos Aires, en el período comprendido entre los años 1989 y 2006, y la estimación de la relación existente entre estos eventos y los procesos macroeconómicos que se desarrollaron en nuestro país durante el período antes descrito.

EFECTOS DE LAS VIOLENCIAS SOBRE LA SALUD Y LA ECONOMÍA

Numerosos trabajos señalan la importancia de las violencias como causas de morbilidad y mortalidad, así como también las consecuencias que acarrean en forma cotidiana para los colectivos humanos (18-25)

Partimos del supuesto que las violencias son un complejo que responde a múltiples causas y en consecuencia debe ser abordado desde diversas perspectivas. Es una construcción de la interacción de las personas (por lo tanto es un fenómeno humano), definido según Domenach (26), como una libertad que quiere constreñir a otra, o a sí misma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que por año más de un millón de personas en el mundo mueren y tantas otras reciben heridas por causas violentas (27).

En Argentina las muertes por violencias (accidentes, homicidios y suicidios) representan la primera causa de muerte para el grupo etario de 1 a 34 años en los últimos 25 años, y son también la causa de la mayor cantidad de años potenciales de vida perdidos (APVP) (20, 23, 28).

Las violencias no son un asunto específico del sector salud, pero dos fuertes motivos inducen a relacionarlo con el mismo: en primer lugar porque todo lo que significa una amenaza a la vida, a las condiciones de trabajo, a las relaciones interpersonales y a la calidad de vida, forma parte -o debiera formar parte- del interés de las políticas de salud. Y en segundo lugar, porque afecta a la salud y frecuentemente produce muerte (29). De esa forma, aunque el carácter relacional de las violencias no sea de injerencia directa del sector salud, sí afecta a la salud individual y colectiva y por ello precisa de políticas sectoriales tendientes a prevenirla y enfrentarla (27).

Las violencias ocasionan costos emocionales, sociales y económicos. Dentro de estos últimos señalamos las pérdidas que se producen debido a días de ausencia al trabajo, a gastos en emergencia, asistencia y rehabilitación (27), así como también a costos legales, a productividad perdida (resultante de las muertes prematuras) y a las inversiones destinadas a atenuar este conflicto, que en general exhiben poca efectividad (30).

Ahora bien, con relación a los estudios que se han desarrollado sobre los gastos de las violencias, podemos decir que encontramos un abanico de investigaciones con diversos ítems medidos y en consecuencia con disímiles resultados.

Un informe para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicado en el año 1994, estimó que los costos directos para los servicios de salud, los gastos médicos complementarios y las pérdidas indirectas asociadas a las muertes prematuras y discapacidades producto de los hechos de violencia, representaban aproximadamente el 1,0 % del producto interno bruto (PIB) de la Región (31).

Años más tarde, entre 1996 y 1997, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un estudio sobre la magnitud y la repercusión económica de las violencias en seis países del subcontinente. Representado como porcentaje del PIB, en 1997 solo los gastos de asistencia sanitaria fueron de 1,9% del PIB en Brasil, 5,0% en Colombia, 4,3% en El Salvador, 1,3% en México, 1,5% en Perú y 0,3% en Venezuela (30).

Por otra parte, en el año 2000 fue publicada una investigación realizada por Londoño, Gaviria y Guerrero para el BID. Los guarismos obtenidos a partir de la medición del gasto en atención médica, años de vida perdidos, seguridad pública, seguridad privada y Justicia, todos ellos entendidos como gastos directos, representaron en Colombia el 11,4% del PIB, en El Salvador el 6,9%, en México el 4,9 %, en Brasil el 3,3% y en Perú el 2,9%. Si a los costos directos de las violencias añadimos los costos por el deterioro de la inversión y la productividad y por el deterioro del consumo y del trabajo, más las transferencias, denominados costos indirectos, las cifras ascienden duplicándose o triplicándose en algunos países. Así es como en El Salvador alcanzaron al 24,9% del PIB, en Colombia al 24%, en México al 12,3%, en Venezuela al 11,8%, en Brasil al 10,5% y en Perú al 5,1%. Finalmente, dicho estudio expresa que los costos de las violencias en América Latina representan el 12,1% de su PIB (32).

A partir de los trabajos citados, concluimos que los resultados de los mismos nos acercan más hacia la disparidad de cifras que hay sobre el tema que hacia un conocimiento del mismo que permita seguir su evolución.

La pregunta que nos formulamos en este artículo, invierte la lógica anterior, ya que se interroga acerca de los efectos de la macroeconomía sobre los homicidios.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio ecológico para analizar la tendencia de los homicidios y su relación con distintos indicadores macroeconómicos en los partidos del Gran Buenos Aires entre los años 1989 y 2006.

Para ello, se seleccionaron los datos de mortalidad por causas externas en el período mencionado a partir de las bases de datos oficiales de la Dirección de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación (DEIS-MSN). Luego fueron seleccionados los homicidios según el código de diagnóstico atribuido por la Clasificación Internacional de Enfermedades (9ª y 10ª revisión) (a).

En este trabajo se consideraron "partidos del Gran Buenos Aires" a los 24 partidos de la provincia de Buenos Aires (b) que conforman el Gran Buenos Aires (área comprendida por la Ciudad de Buenos Aires más los partidos del Gran Buenos Aires antes citados) según lo definido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (33). La elección de esta población se debió a que los partidos del Gran Buenos Aires conforman (junto con la Ciudad de Buenos Aires) el mayor aglomerado urbano de la Argentina, con aproximadamente 10 millones de habitantes según el censo 2001. Cabe destacar que la Ciudad de Buenos Aires no fue incluida dentro de este análisis debido a que los indicadores utilizados fueron construidos solo para los partidos del Gran Buenos Aires, excepto el PIB.

En base a esos datos, fueron calculadas las tasas de mortalidad por homicidios, tomando como denominadores las poblaciones informadas en los censos nacionales de 1980, 1991 y 2001, y las estimaciones poblacionales intercensales para cada año, algunas de ellas calculadas para cada partido por la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires (DPE-PBA) (34).

Como indicadores de la actividad macroeconómica fueron seleccionados cuatro, clásicamente utilizados:

1) el producto interno bruto nacional (c) (35);

2)  la tasa de desocupación (porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa, según definiciones y metodología de relevamiento del INDEC) (38 p.8-15);

3)  el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza e indigencia (d) (según definiciones y metodología de relevamiento del INDEC) (39);

4) el coeficiente de Gini, según ingresos familiares (medido con la metodología utilizada por el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) y el INDEC tomando los valores del segundo semestre de cada año) (40).

Se analizó la evolución de las tasas de mortalidad por homicidios a través de la lectura de los gráficos elaborados, donde también se observa la tendencia de los indicadores macroeconómicos seleccionados. Para evaluar la existencia de asociación entre estos marcadores y las tasas se procedió a realizar un proceso de suavizado de la tendencia de las curvas -según técnica de Hodrick-Prescott con parámetro de suavización 100 (41)- para luego determinar (restando al valor original el de la tendencia) la desviación absoluta anual de la series respecto a su tendencia. El paso siguiente consistió en calcular la correlación entre series de desviaciones (o series sin tendencia) de las variables. Las correlaciones altas (estadísticamente significativas) indican una variación concomitante y proporcionan apoyo estadístico a la hipótesis de que ambas series están asociadas (42,43).

No fueron utilizados datos anteriores a 1989 debido a que el registro de la mortalidad no fue confiable durante el período de la dictadura militar (1976-1983) y recién se estabilizó entre los años 1983-1989.

Para la realización de las distintas técnicas antes mencionadas se utilizaron los programas Microsoft Excel^® y R^®.

RESULTADOS

En el Cuadro 1 se encuentran los datos referentes al número absoluto y las tasas por 100.000 habitantes de homicidios, en los 18 años analizados. Se observa que la tasa varía en los años que abarca el presente estudio, cayendo bruscamente a partir de los dos primeros años, y luego se mantiene en una meseta (con tasas entre 4,6 y 4,8) hasta el año 1997, cuando comienza a aumentar. Llega a su valor máximo en el año 2002 (11,1 por 100.000 habitantes), sobrepasando el del año 1989 (9,5 por 100.000 habitantes) para comenzar un descenso que se ubica, en el año 2006, en valores similares a los de 1992.

Cuadro 1. MUERTES POR HOMICIDIOS Y TASA (POR 100.000 HABITANTES). PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, 1989-2006.

En la Figura 2 se observa la relación en el tiempo entre el PIB y la tasa de homicidios. Puede observarse una relación inversa entre estos indicadores: salvo en los primeros años de la serie (1989-1990) aparece un aumento de la tasa de homicidios cuando el PIB disminuye. Esto se ve de forma más marcada entre los años 2000 y 2006.

Figura 2. RELACIÓN ENTRE PIB NACIONAL Y LA TASA DE HOMICIDIOS (POR 100.000 HABITANTES). PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, 1989-2006.

En relación con el desempleo y los homicidios (Figura 3), puede observarse una relación entre ellos, aunque entre los años 1994 y 1999 esa relación no aparece tan marcada.

Figura 3. RELACIÓN ENTRE LA TASA DE DESEMPLEO Y LA TASA DE HOMICIDIOS (POR 100.000 HABITANTES). PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, 1989-2006.

Sin embargo, donde visualmente se observan tendencias más paralelas entre los indicadores es entre la tasa de homicidios y los indicadores de pobreza (porcentaje de población en situación de pobreza e indigencia) y el de desigualdad, medido a través del coeficiente de Gini según ingresos familiares.

En el análisis de la relación de los homicidios con pobreza e indigencia, a partir del año 1998 parece existir un desfasaje temporal entre las tendencias, debido a un aumento de la tasa de homicidios entre 1998 y 2002 (Figura 4). En cambio, cuando se comparan Gini según ingresos familiares y homicidios, el desfasaje se da a partir del año 1991 donde el índice de desigualdad disminuye y el de homicidios aumenta (Figura 5).

Figura 4. RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA Y LA TASA DE HOMICIDIOS (POR 100.000 HABITANTES). PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, 1989-2006.

Figura 5. RELACIÓN ENTRE EL COEFICIENTE DE GINI Y LA TASA DE HOMICIDIOS (POR 100.000 HABITANTES). PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, 1989-2006.

En cuanto al análisis de correlación, en el Cuadro 2 pueden observarse los coeficientes calculados y su significancia estadística entre la tasa de muertes por homicidios y los indicadores macroeconómicos. Fue hallada correlación estadísticamente significativa entre la tasa de homicidios y el porcentaje de población bajo la línea de pobreza e indigencia, el PIB y el coeficiente de Gini según ingresos familiares, lo que indicaría la presencia de asociación entre las dimensiones analizadas. No fue hallada correlación entre homicidios y desempleo. Es interesante señalar la fuerte correlación negativa entre el PIB y la tasa de homicidios en este período.

Cuadro 2. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE LAS TASAS POR HOMICIDIOS Y DE LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS ANALIZADOS. PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, 1989-2006.

DISCUSIÓN: LA VIOLENCIA DE UNA SOCIEDAD DESIGUAL

La fuerza de los datos encontrados en el estudio, exige realizar un relato que permita dilucidar las transformaciones del modelo de desarrollo en la Argentina, sus consecuencias en la sociedad y su impacto en los índices de la violencia interpersonal.

La instalación de un nuevo modelo político y económico desde 1976, trajo como consecuencias un proceso de ajustes macroeconómicos y reformas estructurales, que dio lugar a una mutación y reconfiguración del mapa social de la Argentina.

Tomando a Merklen diremos que desde 1976 el Estado fue el primer agresor de las clases populares. En principio, fue el encargado de la represión y regresión social ejercida por la dictadura militar (1976-1983). El gobierno del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), demostró su incapacidad de resolver la hiperinflación que dio como corolario la pulverización de los salarios y el desmantelamiento de los servicios públicos. En el decenio del gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999) se generó el desguace de los bienes públicos y de las relaciones que estructuraban el mundo del trabajo. Y finalmente la administración de la Alianza -bajo la presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001)- exhibió sus deficiencias en la gestión para superar la herencia recibida que, sumada a las propias incompetencias, condujeron a la catástrofe de 2001 (e).

Este proceso da cuenta de la desestructuración social que se produjo en las clases populares y medias de nuestro país, dándose el pasaje de la figura del "trabajador" a la del "pobre/excluido".

Afirmando este esquema, Svampa señala que los cambios económicos se comenzaron a bosquejar con la instalación de la dictadura, a través de un nuevo régimen de acumulación asentado en la importación de bienes y capitales y en la apertura financiera. Este cambio implicó el detenimiento de la política de industrialización sustitutiva y el endeudamiento de los sectores públicos y privados (47).

Estas transformaciones sociales empezaron a visualizarse en la década del '80, donde se ensayó la instalación de una economía productivista que fue boicoteada por la crisis estructural del modelo "nacional popular" que tuvo lugar en ese decenio, bautizado como la "década perdida". El impacto de esta crisis se manifestó a través del incremento de la deuda externa, la falta de inversión interna y externa, la creciente fuga de capitales y la hiperinflación, que en 1988 alcanzaría 388%. Esta última variable trajo consigo la caída del salario real, la contracción económica y la suspensión de la cadena de pagos. Ante un contexto donde los índices de pobreza habían alcanzado al 47,3%, de los cuales 23,3% eran nuevos pobres y la tasa de indigencia arribaba al 17,5%, una sucesión de hechos acontecidos en el primer semestre de 1989 (f), debilitaron fuertemente al gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín conduciendo a su renuncia el 1º de julio de 1989 y dando lugar a la asunción anticipada de Carlos Menem, allanando así el camino hacia una salida netamente neoliberal (48).

Finalmente en la década del '90, con el arribo de Menem a la presidencia y bajo las recomendaciones del Consenso de Washington, se produjo una real reconfiguración de las reglas del juego de la economía, y el Estado inauguró el rol hegemónico de regulador en detrimento de su antigua función de productor y núcleo ordenador de la sociedad.

La reestructuración estatal se llevó a cabo a partir de dos generaciones de reformas. Con la sanción de las leyes de Reforma del Estado (Ley 23.696/89) y de Emergencia Económica (Ley 23.697/89), y de Decretos Complementarios, se realizó la primera etapa. La misma planteaba la reducción de la intervención estatal a través de la privatización de las empresas y los servicios públicos, la apertura, liberalización y desregulación de la economía, además de la supresión de subsidios y subvenciones a los regímenes de promoción industrial. La segunda generación de reformas, con tiempos e intensidades diversas, se presentó profundizando las anteriores medidas e implementando nuevos mecanismos de gestión y control de la administración pública, de modificaciones en el reglamento de condiciones de trabajo y la creación del nuevo escalafón para el personal de la administración pública (49).

En este período se produjo una "modernización excluyente" que generó una dualización entre la economía y la sociedad, en donde la población económicamente activa creció un 28% en la década del '90. Pero a su vez el desempleo lo hizo en un 156,3% y el subempleo un 115,4%. Todo ello, gracias al aumento de la productividad con escasa generación de empleo y precarización de las condiciones de trabajo (50).

Este modelo basado en la contracción del mercado interno, la desindustrialización y el desmembramiento del Estado cristalizó su fragilidad a fines de 1994, debido al impacto que tuvo la crisis mexicana en la economía local. El denominado "efecto tequila" generó una abrupta contracción del crédito, que conjuntamente con el deterioro de las expectativas, provocaron una fuerte reducción de la demanda interna, acarreando una fuga de capitales de US$ 2.500 millones de dólares solo entre el 20 de diciembre de 1994 y el 15 de febrero de 1995, y de US$ 12.102 millones de dólares para el año 1995 (51). La respuesta del gobierno, para no modificar la paridad cambiaria, fue disminuir el déficit de la cuenta corriente por medio del aumento de impuestos y la reducción del gasto público, medidas que afectaron especialmente a los sectores medios y, fundamentalmente, a los trabajadores. Al entrar en crisis también el sistema bancario, se tomaron medidas adicionales que incluyeron una nueva ronda de privatizaciones y financiamiento externo adicional (52). El segundo revés del modelo económico, cada vez más dependiente de los ingresos de capitales, se produjo por la crisis de Rusia que provocó una profunda recesión a partir del año 1998, extendiéndose durante la gestión de la Alianza, bajo la presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001).

Si bien las dificultades atravesadas por el gobierno aliancista respondían ampliamente a la imposibilidad de revertir las consecuencias que acarrearon las reformas estructurales implementadas en la década del '90, el intento del gobierno de De la Rúa de mantener el modelo económico creado por su antecesor complicó más aún la situación. Sumado a ello, la administración ya no lograba generar confianza -como lo había hecho Carlos Menem entre 1989 y 1999- ni en los organismos de crédito internacional ni en los mercados financieros. En el interior del país, las provincias con sus economías cerca del colapso acudían cada vez más a las cuasi monedas y al endeudamiento (53). Lecops, lecors, patacones, federales, quebrachos, cemis, huarpes, fueron algunos de los nombres de las distintas monedas (bonos) provinciales, que en todo el territorio nacional llegaron a sumar 14, circulando conjuntamente con el peso (moneda oficial). Ante este contexto, los ciudadanos se veían afectados por el desempleo, la recesión, diversos ajustes, aumentos de impuestos y finalmente por la confiscación de los depósitos de los ahorristas en sus bancos. La suma de todos estos hechos dio como corolario una gran oposición y deslegitimación al sistema económico y político. Esta fuerte crisis social que se expresó a través de protestas callejeras, saqueos y cacerolazos, tuvo como momento cúlmine el 19, 20 y 21 de diciembre, jornadas en las que la represión por parte de fuerzas de seguridad públicas y privadas generó numerosas víctimas fatales (g). Durante el estallido social del 20 de diciembre de 2001, el entonces presidente Fernando De la Rúa presentó su renuncia, dando así lugar -una vez más en el proceso de recomposición democrática inaugurado en 1983- a una salida adelantada de la gestión de gobierno.

El 1° de enero de 2002, luego de una semana en las que se sucedieron tres presidentes, la Asamblea Legislativa designó como nuevo presidente al senador justicialista Eduardo Duhalde. Tras la aprobación de la Ley de Emergencia Económica el 6 de enero de 2002, el ministro de Economía Remes Lenicov anunció la devaluación de la moneda en un 40%. Esta medida pretendió generar un "efecto reactivante", beneficiando a las exportaciones y a todos los sectores que debían competir con la producción internacional, desplazando así al sector financiero de su lugar de interlocutor privilegiado para ser sustituido por el empresariado industrial.

Siguiendo a Cavarozzi diremos que en este nuevo proceso de recomposición, si bien el gobierno no pretendía devolverle al Estado el rol del principal motor de la economía, sí se propuso rearmar una red de contención a partir de la extensión de planes sociales que alcanzaron aproximadamente a dos millones de hogares (48).

El desencadenamiento de un nuevo proceso de sustitución de importaciones ya en el 2003 había permitido que comenzaran a disminuir las altísimas tasas de desempleo, generando hacia fines de ese año 1.060.000 nuevos puestos laborales (57). De todos modos es importante destacar que para el INDEC tanto los trabajadores en negro (sin distinguir el grado de legalidad de su contratación) como los beneficiarios de los Planes Jefas y Jefes de Hogar que realizan una contraprestación laboral a cambio de la asignación del subsidio, son considerados empleados. Estas dos categorías eran sumamente representativas para el año 2003, ya que sin contabilizarlas la desocupación arribaba al 19,7%, más de 5 puntos que al hacerlo (14,5%). En los años subsiguientes tal diferencia fue menguando, representando un punto en en el 2007, en tanto que los beneficiarios con contraprestación laboral conforman el 1% (alrededor de 110.000 personas) de la población económicamente activa (58).

Con la asunción de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, los avances productivos continuaron, así como también siguieron siendo favorables los niveles de déficit fiscal y el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual arrojó un promedio de 8,85% de crecimiento anual desde dicha asunción hasta el 2006, terminando su mandato con un crecimiento de 8,7% durante el 2007 (59). Pero esta tendencia presentó algunos reveses con relación a la tasa de inflación, que proyectó un promedio de 9,3% anual para el mismo período (53).

REFORMAS NEOLIBERALES, DESIGUALDADES Y VIOLENCIAS

De este modo Merklen (46) observó un período de "descomposición" desde los años 1976 a 2001, precedido por un proceso de construcción que se extendió con ciertas discontinuidades a lo largo del siglo XX hasta 1975.

Un país que no había sufrido desempleo masivo y que registraba un 3% de pobreza urbana según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el año 1970, experimentó una transformación que en poco más de dos décadas presentó una sociedad donde la pobreza se instaló en más del 50% de su población, la proporción de desocupados se multiplicó por cuatro y la cantidad de trabajadores informales era mayor a la cantidad de trabajadores formales, siendo que estos últimos no superaban al 30% de la población económicamente activa para el año 2002 (46).

El deterioro de las condiciones de vida de los individuos se presentó en toda la geografía del país pero se exhiben particularmente en las grandes urbes, donde pese al crecimiento productivo que viene experimentando el país desde el año 2003 y que se expresa positivamente en los índices de empleo, pobreza y desigualdad, aún persisten niveles de desigualdad muy importantes al igual que en determinadas zonas del país.

En la Ciudad de Buenos Aires la población que habita en villas de emergencia aumentó un 300% entre 1983 y 1991 y un 150% más en la última década, siendo que un 30% del aumento se produjo entre el 2002 y 2006 (60). Por otra parte, se estima que en los partidos del Gran Buenos Aires habría 2.500.000 personas que viven en una situación habitacional crítica, donde más de 1.700.000 vivirían en "villas miseria". Las ciudades de Córdoba y Rosario exhiben escenarios similares en distinta dimensión, en tanto que en la primera la población que habita en villas miseria se acerca a las 120.000 personas, cuatro veces más que en 1991, y en la segunda suman unos 70.000 habitantes (61).

Con relación a la distribución de la riqueza, los ingresos del 10% más rico de la población fueron 29,8 veces superiores a los del 10% más pobre en mayo de 2002. Esta cifra colocó al país entre los sistemas más injustos de la región, junto con Brasil y Chile, y cada vez más lejos de los sistemas más equitativos que Argentina compartía hasta los años '80 con Uruguay y Costa Rica (46).

Tomando a Castel et al., diremos que a diferencia de la sociedad salarial -donde si bien existía una disparidad de ingresos, patrimonios y accesos a diferentes bienes sociales, los mismos se encontraban regulados por relaciones de trabajo estables y condiciones salariales sólidas- en el sistema actual nos encontramos ante un nuevo tipo de desigualdad que es la "desigualdad desregulada" por el riesgo de la precariedad y el desempleo. Por un lado está el riesgo de la precarización que atraviesa el conjunto de las situaciones de trabajo, que golpea (de manera desigual) las distintas categorías socio profesionales; y por otra parte una desigualdad ante el riesgo al desempleo, que se instala en cada categoría social (pero nuevamente de forma desigual) e introduce una suerte de disparidad entre los pares, erosionando los lazos de solidaridad entre los mismos (62).

Pero así como la transformación de la sociedad salarial se expresa en todo el mundo, es importante destacar que en los modelos de capitalismo periféricos las reformas no solo profundizaron los procesos de transnacionalización del poder económico, sino que además se tradujeron en el desguace del estado social, que más allá de sus limitaciones y eficacia, orientaba su acción en cierta cohesión social. A diferencia de lo realizado en la Europa continental, donde la flexibilización laboral vino aparejada de la ampliación y renovación de los sistemas de protección social, en la Argentina estos mecanismos se vieron reducidos a una mínima expresión (47).

De modo que las nuevas formas de organización social y la reestructuración de las relaciones sociales cambiaron las pautas de integración y exclusión, conformando mayoritariamente en las grandes ciudades los escenarios que moldean las desigualdades cristalizadas en nuevos bolsones de pobreza y marginación.

Cierto sector de la literatura especializada concibe que la pobreza no es un indicador del aumento de las violencias (63). Tributaria de esta afirmación resulta la relación entre los mapas de la pobreza y de las violencias en nuestro continente, donde en los países con mayores índices de pobreza de América Latina, como lo son Bolivia o Perú, no aparecen las tasas más altas de homicidios. Lo mismo sucede al interior de los países, como es el caso de Brasil, donde las mayores tasas de homicidios no se encuentra necesariamente en los estados del nordeste, sino en las grandes urbes que exhiben mayores riquezas como San Pablo y Río de Janeiro (64). Lo cual resalta la hipótesis sostenida por numerosos autores que son los niveles de desigualdad los que deben asociarse con los niveles de violencia en nuestras sociedades, donde sí encontramos que a mayores niveles de desigualdad se registran mayores niveles de violencia (9,19,63,65).

Pero como ya hemos mencionado con anterioridad, sí están estrechamente relacionados con las violencias una serie de factores sociales, culturales y económicos. De modo que no resulta sorprendente el aumento de ciertas formas de violencia ante un contexto de creciente desempleo, consolidación de una estructura altamente regresiva de distribución de los ingresos y las riquezas, extensión de la pauperización de las condiciones de vida de las clases medias y bajas, al tiempo que en el extremo opuesto de la sociedad encontramos un alto grado de concentración económica. Es por ello que nos encontramos ante un escenario que moldea una sociedad que produce y alberga factores determinantes de las violencias como la exclusión, la desigualdad y la marginación social.

Tosca Hernández entiende que la intersubjetividad social reproduce la dinámica particular de las violencias como un proceso social subjetivo (presente en las representaciones y significaciones sociales) y objetivo (propios de los comportamientos y acciones) y es en estas variadas expresiones que las violencias imprimen su propio significado, su lógica de desarrollo, así como las consecuencias que genera en la comunidad que la reproduce (66). La autora sostiene que ante un espacio relacional en donde se percibe como natural anular o silenciar "al otro", se favorecen las condiciones para producir manifestaciones violentas (66). Y éste es claramente el caso que se produce ante los excluidos sociales, siendo ésta una categoría que representa a quienes están por fuera del alcance de las redes de contención del Estado. "Él (por el Estado) no los reconoce, porque no pertenecen. Les niega identidad, les niega su condición de ciudadanos" (23 p.20).

Por otra parte, Bleichmar considera que el motor de las violencias radica en la injusticia, ya que ante la solo aparente igualdad de oportunidades, la envidia aparece como un sentimiento arrasador que conduce a la destrucción del otro y del objeto anhelado, manifestándose así las violencias como un deseo de reconocimiento. Por ello agrega que solo la convicción de una reparación de la injusticia -y no de la caridad- es capaz de paliar la envidia; en tanto que la conservación de vidas reside en la garantía de un proyecto de inclusión no solo biológico sino subjetivo, por la restitución de la condición de ciudadanos de derecho (67).

Por último, Wacquant agrega que los sectores más excluidos ven profundamente limitada su capacidad de reproducción sin recurrir al aporte de circuitos informales, representando éstos los pocos recursos materiales que poseen en su entorno (68).

CONCLUSIONES

Tratándose de un estudio de diseño ecológico, estando los datos agregados a nivel poblacional, los resultados hallados solo pueden interpretarse a ese nivel. Conociendo las diferencias socioeconómicas importantes entre las distintas subdivisiones político-administrativas del país (provincias y municipios) sería importante realizar estudios posteriores con menores niveles de agregación, para evaluar la verdadera dimensión de estas relaciones en áreas menores.

Sin embargo, los gráficos expuestos sirven de evidencia para argumentar que ante una sociedad con un Estado limitado en sus redes de contención, cada desequilibrio económico cristaliza la fragilidad del modelo de acumulación que es traducida, según analizamos en este caso, en un aumento de la tasa de homicidios. De esta forma ante escenarios socioeconómicos desfavorables, los niveles de violencia interpersonal -medidos por los homicidios- aumentan, lo que conduce a un deterioro en los indicadores de salud de la población.

Lejos de caer en reduccionismos que indicarían que las violencias obedecen estrictamente a causas económicas, entendemos que las mismas se expresan como síntoma de una sociedad en crisis, condicionada por sus contextos políticos, sociales, culturales y también económicos.

En este caso observamos las transformaciones de una sociedad que experimentó reformas en su sistema de acumulación que trajeron aparejadas altos niveles de empobrecimiento y desigualdad. Reformas de un modelo donde el mercado quedó librado a producir desigualdades que el Estado no contuvo.

Estos cambios dieron lugar a una sociedad donde abunda la falta de expectativas acerca de la posibilidad de experimentar un ascenso social, y donde espacios como la escuela y el trabajo ya no parecen presentar los roles de contención y crecimiento tan claramente ligadas al desarrollo social. De modo que ante un modelo que impone pautas de consumo solo alcanzables para una minoría, ciertos mecanismos de ilegalidad representan la posibilidad de formar parte de una sociedad excluyente (h).

En este sentido entendemos fundamental el rol del Estado, ya que tal como los gráficos lo exhiben los indicadores macroeconómicos pueden mejorar así como las tasas de homicidios pueden disminuir, pero si no se realizan serias políticas de contención e inclusión social con claras políticas de redistribución con disminución de las brechas de desigualdad, junto a planes de persecución a la proliferación de mercados ilegales de armas y drogas, una vez más, tal como lo expresan los gráficos, las posibilidades de reencontrarnos con un aumento de los índices de violencia no parecería ser azaroso (i).

En la actualidad no se presenta una opinión unificada acerca de la relación entre períodos de recesión económica e indicadores de salud de la población, ya que mientras ciertos autores respaldan la hipótesis de que en períodos económicamente desfavorables la salud de las poblaciones empeora, otros no hallaron tal relación o hasta encontraron una relación inversa en sus estudios (4,6,8).

En nuestro caso, como hemos observado a lo largo del presente trabajo, las sucesivas crisis económicas conformaron uno de los principales factores que actuaron afectando al PIB y acrecentando las tasas de desempleo, pobreza y desigualdad, contribuyendo así a la generalización de la exclusión social. Ante estos contextos las tasas de homicidios aumentaron. Pero más aún, podemos indicar que los índices de violencia guardan una relación muy cercana con las condiciones de pobreza y desigualdad que se presentan al interior de una sociedad -entendiendo a la pobreza como una expresión de la desigualdad- hecho que se verifica en el presente trabajo. En consecuencia, podemos concluir que las crisis económicas -más aún en aquellas en las que se ven claramente afectados los índices de desigualdad- están asociadas con el aumento de las tasas de homicidios y consecuentemente al impacto negativo en los indicadores de salud de una población.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen los comentarios del Dr. José Tapia Granados y la Dra. Suely Deslandes.

NOTAS FINALES

a.  Debido a que durante el período estudiado hubo cambios en la codificación (se pasó de la CIE-9ª a la 10ª revisión en el año 1997) fue necesario realizar la conversión de los registros más antiguos, según las equivalencias existentes entre esas dos revisiones (33). Los códigos seleccionados fueron del 960 al 969 (para la CIE-9ª) y del X85 al Y09 (para la CIE-10ª).

b. Actualmente, ellos son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

c. El PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose por residente a una unidad institucional que se encuentra en territorio económico de un país y mantiene un centro de interés económico en ese territorio (36). Para más datos sobre su medición, visitar la página web de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC (37).

d.  Establece si los hogares tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias -la Canasta Básica de Alimentos (CBA)- y no alimentarias -la Canasta Básica Total (CBT), que es la CBA ampliada con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.)-, consideradas esenciales. Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la Canasta Básica Total (CBT); para el caso de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no superan la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

e. Si bien la crisis del 2001 será abordada de manera sucinta en párrafos posteriores de este artículo, el lector podrá profundizar en el tema en los trabajos de Federico Schuster (44), del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva (GEPSAC) (45) y de Denis Merklen (46).

f. Entre otros acontecimientos resaltamos: la crisis de energía eléctrica, el ataque del Movimiento Todos por la Patria al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, los saqueos y asaltos en los supermercados de los centros urbanos más importantes del país, la declaración de estado de sitio, el aumento mes a mes del costo de vida, y sumado a todo ello la falta de apoyo de la oposición.

g. El dato acerca de la cantidad de muertes en todo el país en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 producto de la represión, varían según la fuente relevada. Mientras que el diario Página 12 indica que fueron 39 las víctimas fatales (54), el diario Clarín revela que las muertes fueron 33 (55). Por otra parte el Informe Anual 2002. Derechos Humanos en Argentina realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indica que el total de muertes en dichas jornadas arribaron a 30 en todo el país distribuidas de la siguiente manera: 5 en la Ciudad de Buenos Aires, 9 en el Conurbano, 7 en Rosario, 1 en la Ciudad de Santa Fe, 1 en Córdoba, 2 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 1 en Río negro y 1 en Tucumán (56). En tanto que para un informe realizado por el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el total de muertes fueron 29: 7 en la Ciudad de Buenos Aires, 9 en el conurbano, 6 en Rosario, 2 en Paraná, 1 en Santa Fe, 1 en Corrientes, 1 en Córdoba, 1 en Río Negro y 1 en Tucumán (45).

h. Si bien el tema merece un estudio mucho más profundo y extenso que excede al objetivo de este trabajo, se recomienda la lectura de los trabajos de Briceño León (69); Alcira Daroqui (70); Alcira Daroqui, Gregorio Kaminsky y Juan Pegoraro (71); Gabriel Kesler (72); Juan Pegoraro (73); Jock Young (74); José Rogério Lopes (75); y Liliana Vargas, Thaís Oliveira y Júlia Garbois (76).

i. Sin quitar responsabilidad al Estado entendemos que en este punto el papel de la sociedad civil resulta crucial, ya que radica en ésta la capacidad de definir sus necesidades y articularlas en demandas que obtengan respuestas institucionales que reconozcan sus peticiones. Ello es, intervenir en el proceso de desarrollo de una política pública, lo que implica la facultad de la sociedad civil organizada de insertar una demanda en la agenda política. En este sentido, es decisivo que la misma sociedad civil pueda construir un tejido social en torno a una problemática planteada y que la misma pueda ser traducida en una demanda política. Para un análisis exhaustivo ver Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América Latina (77).

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Recibido el 15 de julio de 2008
Versión final presentada el 5 de septiembre de 2008
Aprobado el 10 de octubre de 2008