INTRODUCCIÓN

Desde principios del siglo XXI, la provincia de Salta ha incorporado el concepto de interculturalidad como estrategia para mejorar la atención primaria de las poblaciones indígenas. Esto se ha traducido en la implementación de políticas de salud pública destinadas al monitoreo del crecimiento y desarrollo focalizados en menores de seis años, a través del Programa de Atención Primaria de la Salud de la Provincia de Salta (PROAPS). No obstante, el problema de la desnutrición infantil en Salta aún despierta polémicas en la esfera pública y entre funcionarias y funcionarios del gobierno¹, mientras los casos fatales de niñas y niños indígenas irrumpen en la prensa nacional de modo intermitente, como episodios extraordinarios que se explican por la diferencia étnica de las personas afectadas² o como resultado de las condiciones climáticas³.

Desde el ámbito académico, diversos estudios señalan que las deficiencias nutricionales constituyen un aspecto determinante en la salud de los pueblos indígenas de Latinoamérica^4,5,6 y en el contexto argentino en particular^7,8,9. La provincia de Salta constituye un caso paradigmático, ya que es una de las que presenta mayor cantidad y variedad de poblaciones indígenas: el 6,5% (79.204 personas) de su población total se identifica dentro de alguna de las etnias chané, chorote, chulupí, diaguita calchaquí, guaraní, tapiete, toba, kolla y wichí, atacama, iogys, lule, tastil y/o weenhayek. No obstante, la implementación de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena presenta marcadas dilaciones, vulnerando los derechos de las poblaciones mencionadas¹⁰. En los últimos años, diversas investigaciones antropológicas han analizado los modos en que el proceso de acaparamiento de tierras, la deforestación, la exposición al uso indiscriminado de agrotóxicos, la contaminación, las restricciones a la circulación, la migración forzada y los conflictos entre comunidades e interétnicos que ellos generan, afectan a la situación sanitaria de los pueblos indígenas de dicha provincia^{10,11,12,13,14,15,16}.

Los sectores rurales del departamento de Orán en los que se desarrolló esta investigación se ubican a pocos kilómetros de Bolivia, en una zona de fronteras geográficas, jurisdiccionales y étnicas^17,18 donde se inserta un polo agrícola económico en el cual convive el complejo agro-industrial de San Martín de Tabacal, junto con fincas de producción de hortalizas de primicia, que demandan mano de obra estacional. Los registros históricos y arqueológicos señalan que esta misma zona estuvo habitada por parcialidades chiriguanas -ava-guaraníes- en permanente contacto con las poblaciones de las tierras andinas y de las tierras bajas del Chaco¹⁹. La experiencia colectiva de estas poblaciones indígenas está marcada por un doble proceso de deterritorialización: la que los alejó de sus tierras para trasladarse a trabajar y vivir en los lotes del Ingenio San Martín de Tabacal en Orán y “la que décadas más tarde resultó de su expulsión de dicho Ingenio a los núcleos urbanos circundantes”¹⁹. El trabajo de campo etnográfico en estas localidades nos permitió conocer una amplia heterogeneidad étnica: familias kolla, wichí y ava-guaraní junto a familias criollas de origen boliviano y argentino. Todas ellas pertenecían a sectores sociales subalternos²⁰, con bajo nivel educativo -en su mayoría primario incompleto-, en condiciones laborales y habitacionales inestables.

En vistas de aportar a una línea de estudios sobre las relaciones entre el despojo territorial y la situación sanitaria de pueblos indígenas, el presente artículo propone abordar los diagnósticos infantiles de déficits nutricionales desde una perspectiva antropológica^21,22 que analice los modos en que el cuidado infantil es organizado en los contextos rurales y periurbanos del departamento de Orán, Salta. Sobre la base de discusiones recientes^23,24,25, comprendemos el cuidado infantil como una organización social y cultural que permite observar las relaciones entre factores estructurales, valores culturales y tendencias ideológicas y políticas. Desde este posicionamiento conceptual, presentamos los resultados de una investigación etnográfica que se focalizó sobre las estrategias desarrolladas por las familias ava-guaraní, kolla, wichí y criollas para “hacer crecer la cría” en contextos rurales y periurbanos del departamento de Orán, Salta²⁶. La hipótesis de trabajo fue que la atención médica del PROAPS atribuía los padecimientos de salud de la población destinataria más a determinadas conductas de la población adulta -a cargo de las niñas y los niños- y de su “cultura”, que a las condiciones socioeconómicas en que dichas personas vivían.

El objetivo del presente artículo es identificar cómo las prácticas que configuran el cuidado de las infancias en el contexto salteño contemporáneo se relacionan con la desigual distribución de tierras, las condiciones laborales, las diferencias étnicas y las desigualdades de género. Así, buscamos generar evidencia científica que contribuya a la toma de decisiones y acciones culturalmente pertinentes para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

A modo de introducción, presentamos la caracterización de la muestra en la Tabla 1, a los efectos de brindar un panorama de la distribución de los casos con déficit nutricional según el PROAPS en los tres sectores seleccionados por sus distintivas características. En la primera fila se encuentran las unidades domésticas seleccionadas, en las que vivían niñas y niños con alguno de los tres diagnósticos del PROAPS para déficits nutricionales positivos (riesgo bajo peso, bajo peso o muy bajo peso). A primera vista, señalamos que entre las niñas y los niños de la comunidad ava-guaraní de Arcoiris -que poseía reconocimiento territorial de sus tierras- no había casos con diagnóstico positivo para déficit nutricional.

Si bien estos datos no habilitan la elaboración de proyecciones, nos permiten captar una imagen del trabajo etnográfico, que reponemos a los fines de describir y contextualizar las condiciones de vida de las personas que conformaron el campo. Aún cuando las niñas y los niños beneficiarios del PROAPS pertenecen a sectores diferentes, encontramos proporcionalmente más casos con déficits nutricionales en El 26 (n=14) que en Fortaleza (n=15), en relación con el total muestral. La preponderancia de casos de niñas y niños con déficits nutricionales en El 26, puede relacionarse con los datos que recabamos a partir de las observaciones etnográficas en dicho sector. De las 42 familias allí contactadas durante el trabajo de campo, en 39 de ellas, el principal sostén del hogar trabajaba en fincas de producción agrícola. De esta porción, solo dos lo hacían como “efectivos” y eran varones. La categoría nativa de “efectivo” implicaba una relación laboral más estable que la de “jornaleros”, que cobraban una remuneración por día, pero no necesariamente significaba una relación laboral como lo indica el trabajo registrado, que supone cobertura de aseguradora de riesgos del trabajo, un seguro de desempleo, los beneficios del acuerdo colectivo de trabajo (viáticos, refrigerios, escalafón, antigüedad, ropa de trabajo), aportes jubilatorios, licencias por maternidad/paternidad, vacaciones pagas, aguinaldo, seguro de vida y una pensión para la familia en caso de fallecimiento⁴⁵. No conocimos ninguna mujer que trabajara de modo registrado en las fincas de producción agrícola y, a excepción de las dos familias que contaban con el principal sostén del hogar registrado, en el resto de hogares el único ingreso estable estaba constituido por la Asignación Universal por Hijo⁴⁶. Las mujeres madres contactadas realizaban trabajos remunerados irregulares, como ser “jornalera por tareas” en las fincas, vender comida para los obreros rurales o hacer arreglos económicos para cuidar a niñas y niños de mujeres que trabajaban en las cosechas. La ausencia de servicios de cuidado en el ámbito rural -la matrícula escolar comienza a los 4 años de edad- y/o en las fincas de producción agrícola, generaba que la posibilidad de trabajar de modo remunerado se vincule con el acceso a redes familiares. De este modo, en las unidades domésticas formadas por una única familia nuclear (matrimonio y descendencia), las mujeres madres tenían menos posibilidad de trabajar de modo remunerado, mientras que las familias extensas, integradas por otras parientas mujeres, permitían familiarizar las demandas de cuidado infantil y que las mujeres madres se incorporen al trabajo remunerado. Esta última posibilidad era muy escasa para las madres migrantes de hijas o hijos de corta edad o para las “madres solas”, sin pareja ni familiares que ofrecieran cuidados infantiles. Este escenario de precariedad laboral, se articulaba con la inestabilidad habitacional que implicaba vivir en el asentamiento al costado de la ruta o en los “conventillos” que no contaban con abrigo y/o aislamiento de las condiciones propias del clima subtropical.

Las viviendas en las fincas estaban lejos de cumplir con los requisitos mínimos del Régimen de Trabajo Agrario tales como: condiciones de seguridad, abrigo, higiene, luz, dormitorios en función de la cantidad de personas y “baño para cada grupo familiar que deberá como mínimo contener inodoro, bidet, ducha y lavabo”⁴⁷. Las viviendas de El 26 ubicadas dentro de fincas eran un dormitorio donde debía dormir todo el grupo familiar (incluso en el caso de los encargados, que se ubicaban en una mayor jerarquía y supuestamente tenían mayor estabilidad) y los baños eran compartidos por los jornaleros. En este sentido, la vida en las fincas implicaba una convivencia intensa entre familias argentinas y bolivianas que compartían jornadas laborales. Mientras los varones, padres y “solteros” eran compañeros de trabajo y procuraban el abastecimiento de agua de las viviendas transportando los bidones desde las bombas de las fincas, las mujeres debían mantener limpios los espacios sanitarios compartidos. Estas actividades podían generar lazos de cooperación y de competencia. A esto se sumaba que todo lo que ocurría puertas adentro, era escuchado puertas afuera de los dormitorios y viceversa. Estas condiciones habitacionales permitían cuestionar el significado del término “privado” que se iguala al espacio doméstico desde la perspectiva del PROAPS, en su referencia al “saneamiento ambiental”, que en el contexto de las fincas es además eminentemente público. Muchas familias elegían el asentamiento porque así evitaban compartir sanitarios y espacios comunes con el resto de trabajadores rurales. No obstante, el riesgo de sufrir un desalojo por parte de finqueros de la zona, era un temor permanente de quienes decidían vivir en el asentamiento.

Este temor al desalojo no era experimentado por quienes habitaban en Fortaleza, ya que eran dueños de las viviendas. Si bien el barrio se ubicaba en una zona periurbana y había un mayor acceso a transporte público y a escuelas, en solo diez de las familias contactadas el principal sostén del hogar trabajaba de modo registrado y solo dos eran mujeres, que se desempeñaban en diferentes servicios públicos.

Nos interesa sumar a las observaciones sobre precariedad laboral y desigualdad de género, aquellas en torno al acceso a los alimentos. En Fortaleza -zona periurbana- el acceso a alimentos se daba únicamente a través de comercios y ferias de abasto. Mientras que quienes habitaban las zonas rurales podían respaldar su dieta con frutas y verduras, sobre todo en Arcoiris debido a la actividad de autoproducción. En El 26 hemos observado que algunas familias podían acceder al excedente de la producción de las fincas, aquellas donde había un “encargado”, que eran los jefes de los “jornaleros” y comúnmente tenían mayor antigüedad en las fincas. Algo que permitió observar la labor etnográfica fue que mientras el remanente de comida disponible para “calmar” el hambre de niñas y niños en Fortaleza, en general, eran panificados, en Arcoiris, eran bananas.

Algunas madres y abuelas de los sectores rurales de El 26 y Arcoiris coincidían en que en “el campo” había acceso a mejor calidad y mayor cantidad de alimentos que en los centros urbanos. En este sentido, una abuela comerciante y cuidadora a tiempo completo, se jactaba de las bondades de la vida rural en Orán: “acá siempre hay algo para comer, un tomate, una palta, eso es lo bueno de vivir en el campo” (EA, mujer criolla, 56 años, octubre 2015) mientras miraba el frondoso árbol de palta que estaba en el fondo de su vivienda. Ahora bien, ese árbol estaba en los terrenos de la finca donde ella vivía. Es decir, si su patrón la despedía a ella y/o a su marido, ellos no podrían acceder más a las bondades de “vivir en el campo”. En este sentido, las personas que habitaban en Arcoiris, si bien estaban sujetas a las intrusiones y las presiones de empresarios locales, se encontraban en una posición más estable que el resto de las personas del ámbito rural. Incluso, señalaban los beneficios de tener el reconocimiento de tierras en un ámbito rural, frente a la situación de sectores urbanos:“las comunidades en las ciudades comen pan y galleta todo el día, no se alimentan bien y ahí los changos crecen mal” (ESE, mujer ava-guaraní, 49 años, agosto 2014). En cambio, en la comunidad ava-guaraní de Fortaleza, ubicada en un área periurbana, no era fácil armar una huerta: si bien contaban con acceso a redes de agua corriente, comúnmente escaseaba. Recordemos además que el barrio había sido construido en medio de una plantación de soja.

El trabajo etnográfico en las unidades domésticas donde vivían niñas y niños en Arcoiris, permitió observar que la posesión comunitaria de tierras y el acceso a una parcela no era sinónimo de producción de alimentos. “Hacer la huerta” implicaba acceder a tierra de buena calidad, a fuentes de riego, cercos para protección de los cultivos y a determinada mano de obra para trabajar y cuidar de la tierra, pues “para que la tierra dé frutos hay que cuidarla y trabajarla” (ESE, mujer ava-guaraní, 49 años, agosto 2014). Así pues, el acceso a alimentos mediante autoproducción era lograda con intervenciones del Programa ProHuerta del Instituto Nacional de Ingeniería Agropecuaria (INTA) y además implicaba el trabajo de integrantes de las unidades domésticas. En este sentido, el trabajo de la huerta en una parcela propia se articulaba mejor con las demandas del cuidado infantil que el trabajo asalariado por fuera del hogar. De este modo, observamos una relación favorable entre organización social del cuidado infantil, y organización familiar y comunitaria del cuidado de la tierra.

DISCUSIÓN

Diversas investigaciones evidencian la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y las consecuencias del despojo territorial en su situación política, económica y social^8,48,49. Encontramos estudios que exponen las relaciones entre derechos vulnerados y la crítica situación sanitaria y nutricional en países latinoamericanos^5,7,8,9,50 pero muy pocos realizados desde una perspectiva antropológica^4,6,51. El enfoque etnográfico permitió observar la diversidad de procesos sociales, económicos y ambientales implicados en los modos en que las personas logran alimentar y cuidar a sus hijas e hijos. La perspectiva relacional propia de dicho enfoque, implicó realizar un abordaje contextualizado de las infancias, atendiendo a cómo las afecta las condiciones de vida de las personas adultas con quienes viven. La observación de la vida cotidiana de las y los pacientes infantiles del PROAPS y los vínculos entablados entre las niñas, los niños y las personas que intervienen en su cuidado nos permitió comprender e interpretar cómo el fenómeno de la (des)nutrición “está articulado con otras dimensiones vitales usualmente no contempladas o subvaloradas en las consultas médicas”⁵². La triangulación entre observaciones de la vida cotidiana, entrevistas y controles nutricionales permite advertir que la posesión de tierras rurales, aún sin contar con el título de tenencia, constituye una variable fundamental para comprender cómo se distribuyen los padecimientos⁴⁰. Si bien advertimos las dificultades de habitar en el ámbito rural con niñas y niños, por la falta de servicios públicos (agua potable, escuelas, transporte), observamos que quienes pueden vivir y/o acceder a dichas áreas tienen más probabilidad de incorporar frutas y verduras a su dieta. Esto nos permite reflexionar en torno a las categorías de riesgo, cuidado y cultura, que permean las explicaciones sobre la emergencia de déficits nutricionales.

El “cuidado de la salud infantil” constituye el leit motiv de las políticas públicas sanitarias. No obstante, dichas acciones se orientan construyendo un sujeto limitado al ámbito familiar, cuyo estado de salud deriva de las decisiones de sus cuidadores. Siguiendo los trabajos de quienes proponen realizar una definición del riesgo socioantropológica^35,36,53,54 la probabilidad de que las niñas y los niños padezcan déficit nutricional, no solo tiene que ver con el cuidado provisto por su familia, sino con factores ambientales, económicos y sociales, que afectan su vida y la de su familia. Así como el riesgo es producto de sistemas de clasificación que definen qué es riesgo y qué no lo es⁵⁴, su distribución no es homogénea, sino que presenta desigualdades de acuerdo a las condiciones de vida de los grupos sociales⁵³. En este sentido, la clasificación del PROAPS convierte al paciente infantil en portador de un riesgo, limitando a las intervenciones al plano somático infantil o a los comportamientos de sus cuidadores. Esto guarda relación con el proceso de medicalización de la alimentación⁵⁵ y la tendencia de los estudios médicos sobre crecimiento y desarrollo, a considerar a la díada madre-hijo como las únicas dimensiones que componen el ambiente²⁹, omitiendo las condiciones habitacionales, demográficas, económicas y sociales que moldean las experiencias infantiles y definen la probabilidad de la emergencia de los padecimientos.

Desde el campo de la pediatría y la nutrición Soruco y Ferrer⁵⁶ señalan que el derecho al territorio como un determinante social del estado nutricional infantil y la seguridad alimentaria de pueblos indígenas, advirtiendo que en provincias como Salta y Jujuy, el 85% de las comunidades carecen de títulos de tierras a pesar de representar la población mayoritaria⁵⁶. El proceso de urbanización de la población rural indígena en Orán¹³ se asocia a la pérdida de alimentación tradicional y al consumo de alimentos industrializados. La seguridad alimentaria o el derecho a acceder a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales opera a través del ingreso real^5,55 y se encuentra estrechamente vinculado tanto a la inserción de los grupos sociales en los campos social, laboral y productivo del país, como a las políticas públicas relacionadas directa o indirectamente con los procesos alimentarios⁵⁷. En este sentido, estudios realizados con poblaciones indígenas mexicanas⁵¹ han señalado que una de las cuestiones más problemáticas de los tratamientos para prevenir la desnutrición consiste en recomendar a las familias de los estratos más pobres que alimenten de modo variado a sus niños, con frutas y verduras. En Argentina, esos alimentos “más sanos” no son baratos, ni logran saciar el hambre. En cambio, los alimentos más accesibles y baratos en el mercado son ricos en hidratos de carbono y azúcar, logran saciar el apetito, pero no aportan una nutrición adecuada⁵⁵, tal como lo observamos en el barrio de Fortaleza.

Recientes estudios realizados con poblaciones indígenas en Salta señalan que la pérdida de los territorios y las prácticas alimentarias tradicionales permiten comprender la emergencia de la diabetes en el caso tapiete¹⁵ y la malnutrición en mujeres adultas wichí¹². Estos trabajos advierten las dificultades de las mujeres para sostener las prácticas de autocuidado, además de que son las primeras en relegar su alimentación a favor de las de sus familias, especialmente de las niñas y los niños. Tejerina et al.¹² enfatizan que la asistencia social y alimentaria en contexto salteño resulta insuficiente desde el punto de vista nutricional y culturalmente adecuado, además “su carácter focalizado (menores de edad y/o embarazadas) deja sin cobertura al resto de la familia”¹². En otros trabajos^6,58 hemos analizado cómo el paradigma de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ley 26061, se institucionaliza por medio de políticas públicas, que comúnmente implican la focalización de la asistencia alimentaria en los menores de seis años con diagnóstico de riesgo de desnutrición. Dicha focalización genera tensiones, ya que las familias suelen compartir los alimentos de los módulos entregados por los equipos sanitarios, práctica que suele ser clasificada como “cuidado inadecuado” de las madres por parte de agentes sanitarias y sanitarios. Las perspectivas de las madres criollas con hijas o hijos con bajo peso, que denunciaban que la asistencia alimentaria “eran para indios nomás” reflejan los modos en que la focalización reactualiza las tensiones interétnicas históricas. En este sentido, Lorenzetti⁵⁹ sostiene que el modo en que el PROAPS identifica riesgos genera una determinada moralidad en torno a las personas destinatarias. Así, “’un buen ciudadano’ es quien no requiere ayuda” mientras “todo aquel que esté en condiciones de recibirla carga con el síntoma de una falta o carencia moral”⁵⁹.

Las niñas y los niños con “bajo peso” presentaban los síntomas de lo que en pediatría se denomina “desnutrición oculta”, que implica un conjunto de carencias específicas de micronutrientes que se caracterizan por ser altamente prevalentes en el contexto argentino⁶⁰. Este tipo de desnutrición no presenta síntomas observables en el corto plazo, por lo tanto, muchas veces no se significa como una patología o enfermedad. En su estudio sobre desnutrición en la ciudad bonaerense de La Plata, Ortale⁶¹ sostiene que “la conceptualización de la desnutrición como descuido materno de parte de las madres con hijos eutróficos hace que no se la considere una enfermedad, excepto cuando deriva de una patología”⁶¹. En el contexto salteño, el problema de la desnutrición infantil se entrama además con las formaciones de alteridad: no solo era representada como un descuido materno, sino además indígena o migrante. Observamos que, en El 26, paraje más cercano a la frontera con Bolivia, la desnutrición se asociaba a un problema de las “malas” madres migrantes que trabajaban, mientras en la zona periurbana de Fortaleza, se trataba de “un problema indígena” asociado a las familias wichí. Así, las “buenas madres” criollas, como Romina, no podían advertir un riesgo de desnutrición en la salud de sus hijos. Siguiendo con el análisis de Ortale⁶¹ recuperamos la idea de que “el descuido materno siempre alude a otras mujeres”. Algo similar ocurría en el contexto salteño, donde la desnutrición se circunscribía a un problema de la alteridad indígena, que era sufrida por otras madres, aquellas que “no sabían cuidar bien a sus hijos”. En estas coordenadas observamos la matriz maternalista⁶² de las políticas públicas, que ubican a las madres como únicas responsables del cuidado y desarrollo infantil y que, en el contexto salteño, se imbrica con la estigmatización de la población indígena y migrante. En este sentido, la asociación entre nacionalidad boliviana y cuidado inadecuado materno o falsa identidad indígena, guarda relación con las retóricas y prácticas discriminatorias hacia la población migrante que se dan en las localidades fronterizas⁶³. Aun considerando que los datos recabados son relativos a los grupos contactados en un determinado momento, los resultados nos permiten cuestionar las explicaciones esencialistas y maternalistas sobre la desnutrición infantil en el contexto salteño, pues la variable indígena no solo no resulta eficaz para explicar el problema de la desnutrición, sino que además favorece la elaboración de argumentos falaces en torno a un problema en el que se entraman procesos sociales, económicos y políticos.

Diversos estudios antropológicos han explicado que los equipos médicos refieren a “lo cultural” cuando quieren explicar la emergencia de ciertas patologías que involucran poblaciones indígenas o migrantes^31,57,59,64. Identificamos que, en el contexto salteño, “lo cultural” se asocia a diferencias indígenas, pero no a los roles asignados a cada género, que son un aspecto estructurante de los modos en que se organiza el cuidado infantil. Que el trabajo femenino sea comprendido como causante de la desnutrición infantil es parte de los significados culturales de la maternidad en dicho contexto. Asimismo, desde la perspectiva relacional con la que procuramos comprender los problemas sociales, el reverso de las explicaciones maternalistas en torno a la desnutrición infantil, guarda relación con la naturalización de la irresponsabilidad paterna, que se enlaza con la precariedad laboral que afecta más a mujeres que a hombres del ámbito rural. No es un dato menor, que en seis años de trabajo etnográfico en el ámbito rural no hemos contactado una sola mujer que trabaje para una empresa agrícola de modo registrado. Si bien las condiciones laborales de los varones también eran mayoritariamente precarias e inestables, la naturalización con la que se los desresponsabiliza del cuidado infantil opera en detrimento de las posibilidades de las madres de insertarse en el mercado laboral y/o de su autonomía⁴³. Según Patel⁶⁵, la inequidad de relaciones de género en la producción de alimentos, tanto al interior como afuera de los hogares, constituye uno de los pilares de la inseguridad alimentaria. Por estos motivos, considera que las intervenciones deben promover la participación masculina en tareas domésticas, sobre todo en contextos signados por la desocupación y la desigualdad social, como es el caso de Salta, aunque allí el énfasis de las intervenciones y las charlas de educación nutricional, se focaliza en las madres^58,66. Al mismo tiempo, insistimos en que la estigmatización de las madres indígenas y la naturalización con las que se las responsabiliza de la desnutrición infantil, opaca los condicionamientos estructurales que generan que las niñas y los niños de origen criollo tampoco accedan a una alimentación adecuada. En este sentido, coincidimos con Schuch y Fonseca⁶⁷, quienes señalan que explicar problemas sociales a través de responsabilidades individuales de trabajadores sanitarios o pacientes, entrampa a los sujetos sociales en acusaciones mutuas. A partir de las observaciones, consideramos que focalizarse en comportamientos individuales, obtura la posibilidad de pensar intervenciones más allá de los cuerpos de las y los pacientes, mientras los precios de los alimentos, el transporte público y las condiciones habitacionales y/o laborales son cuestiones que no se piensan como objeto de intervención en pos de mejorar la salud de poblaciones indígenas y/o infantiles. La precariedad laboral de las mujeres en el ámbito rural y la falta de cumplimiento de las empresas agrícolas de los convenios laborales que estipulan la creación de viviendas adecuadas, entre otros, son factores que también deben ser considerados si se quiere intervenir desde una perspectiva de género o desde una perspectiva que busque garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes desde un paradigma integral.