ARTÍCULOS

Deliberación
Un concepto clave en la teoría de la democracia deliberativa de Jürgen Habermas

Deliberation
A key concept in Jürgens Habermas's theory of deliberative democracy

 

Dorando Michelini

Universidad Nacional de Río Cuarto - CONICET

 

Recibido: 04/11/14
Aceptado: 16/03/15

 

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Resumen

El artículo expone, en primer lugar, la relevancia de la deliberación como procedimiento en la teoría de la democracia deliberativa habermasiana. Luego se destaca la centralidad del procedimiento en el espacio público y en la configuración de una democracia de calidad. Finalmente se explicitan de forma sintética los aportes que puede realizar la teoría de la democracia deliberativa ante los desafíos teóricos y prácticos que representan la globalización, la interculturalidad y la exclusión.

Palabras clave: Deliberación; Democracia deliberativa; Democracia de calidad.

Abstract

The following paper presents, firstly, the relevance of deliberation as a procedure in Habermas's theory of deliberative democracy. Then, it highlights the centrality of the mentioned procedure in the public space and in the configuration of a quality democracy. Finally, it summarizes the contributions that the theory of deliberative democracy can make to the theoretical and practical challenges posed by globalization, multiculturalism and exclusion.

Key words: Deliberation; Delibertaive Democracy; Quality Democracy.

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Introducción

A través de la historia, y según las épocas y los posicionamientos teóricos, el concepto de democracia ha sido especificado con distintos calificativos, como democracia directa e indirecta, representativa, participativa, radical, etcétera. En la actualidad, el concepto de democracia deliberativa es no sólo discutido en ámbitos académicos, teórico-políticos y filosóficos, sino también utilizado a menudo por los profesionales de la política. Una de las teorías más relevantes de la democracia deliberativa es la que ha elaborado Jürgen Habermas. Desde un punto de vista teórico-político, la propuesta habermasiana ha tenido una amplia repercusión a nivel internacional y ha sido intensamente discutida también en el contexto de la reflexión política y filosófica latinoamericana (Reigadas, 1997; Dussel, 1998; De Zan, 1993, 2002; Pinzani, 2007; Guariglia, 2011; Michelini et. al. (eds.), 2008, 2009, 2010, 2012; Velasco, A. 2013).

La teoría habermasiana de la democracia deliberativa está contenida fundamentalmente en las obras Facticidad y Validez (Habermas, J. 1998) y La inclusión del Otro (Habermas, J. 1999). Esta teoría forma parte del "giro deliberativo de la democracia" (Cortina, A. 2007, 54), cuya peculiaridad reside en el esfuerzo por articular la normatividad de una política racional, reacia a renunciar a lo universal, con las exigencias propias de la realización política concreta.

La teoría de la democracia deliberativa tiene su fundamento filosófico en la ética discursiva, que Jürgen Habermas fue elaborando tanto en cooperación como en discusión crítica con Karl-Otto Apel (Habermas, J. 1991, 2000; Apel, K. 1985, 1988). La tesis central de la ética discursiva es que una norma es justa cuando satisface intereses universalizables. La averiguación de dichos intereses se logra mediante el discurso práctico, un procedimiento orientado al entendimiento mutuo y guiado por los siguientes principios: inclusión de todos los afectados; libertad, igualdad y simetría de los interlocutores discursivos; exclusión de la violencia.

Es sabido que, de hecho, muchas de las negociaciones políticas no culminan en un entendimiento mutuo, sino que más bien suelen conducir a acuerdos estratégicos, los cuales se reducen a satisfacer los intereses y las aspiraciones de algunas de las partes, a menudo en detrimento de terceros. Es por ello que las negociaciones y los acuerdos entre partes sólo son plenamente satisfactorias -es decir, son no sólo eficientes, sino también justas- cuando la búsqueda de entendimiento entre los participantes en las argumentaciones pretende alcanzar, en principio, el consenso de todos los afectados (Michelini, D. 2008).

En lo que se refiere a la terminología, y más allá de esta conexión con la ética discursiva, conviene señalar que es más adecuado hablar de "democracia deliberativa" -y no de "democracia discursiva"- para evitar el malentendido de que los problemas políticos deben ser solucionados de igual modo que los problemas morales. Los problemas políticos están entrelazados con intereses y comportamientos estratégicos que requieren de negociaciones específicas, para cuya solución se necesitan no sólo razones orientadas al consenso, sino también acuerdos pragmáticos y éticos. En este sentido, Habermas señala que el derecho, la moral y la política están entrelazados y se complementan mutuamente, y que soberanía popular y derechos humanos son co-originarios y se presuponen mutuamente (Habermas, J. 1999, 253s.; 1998, 535ss.).

En lo que sigue, explicito, en primer término, la comprensión de la teoría de la democracia deliberativa habermasiana como procedimiento que permite precisar los intereses y las aspiraciones de los ciudadanos, y tomar decisiones racionales basadas en una voluntad común. (1) A continuación muestro la relevancia que le otorga Habermas a la deliberación en el espacio público (2) y destaco la idea de que una democracia de calidad sólo se puede lograr mediante un procedimiento deliberativo racional e inclusivo. (3) Finalmente expongo de forma sintética los aportes que puede realizar la teoría de la democracia deliberativa ante los desafíos teóricos y prácticos que representan la globalización, la interculturalidad y la exclusión. (4)

1. La deliberación como procedimiento: idea clave de la teoría de la democracia deliberativa habermasiana

En el mundo de la vida, la deliberación racional no es la única forma de comunicación y, quizá, ni siquiera la forma más habitual de comunicarse, pero en política, la deliberación ocupa un lugar central, puesto que contribuye a la autodeterminación ciudadana y a la toma de decisiones racionales y justas. En política se puede deliberar sobre los más diversos asuntos: se delibera para lograr acuerdos y determinar no sólo quiénes habrán de gobernar, sino también dentro de qué marco y reglas de juego los gobernantes habrán de ejercer el poder que la ciudadanía les otorga; se delibera y discute para lograr acuerdos básicos que permitan la convivencia pacífica y justa, etcétera. Según la democracia deliberativa, en política no se trata de obtener, ampliar y mantener el poder a cualquier medio, o de escrutar periódicamente a la ciudadanía para que la mayoría imponga sus intereses y preferencias mediante el voto, sino de la búsqueda conjunta de una voluntad común mediante la praxis deliberativa. La deliberación pública contribuye tanto a la determinación conjunta de las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, como también a la legitimación racional de todos aquellos asuntos que son de interés general y que deben ser resueltos de forma no sólo eficiente, sino también justa.

El modelo habermasiano típico-ideal de democracia deliberativa, si bien abreva en las fuentes del liberalismo y del comunitarismo (Habermas, J. 1999), busca distanciarse críticamente tanto de las interpretaciones empiristas como de las concepciones liberales y comunitaristas de la democracia. A diferencia de quienes piensan que la deliberación puede desarrollarse en forma privada, y que también los individuos aislados pueden deliberar para evaluar situaciones problemáticas y tomar posiciones sin consulta previa a los conciudadanos, Habermas sostiene que el diálogo y la comunicación constituyen el fundamento de la deliberación pública, que es la base irremplazable de toda política deliberativa.

Habermas visualiza la sociedad democrática como una comunidad política que se caracteriza por sostener que la deliberación pública es la clave de lo político. La deliberación se concibe como un procedimiento adecuado para el análisis de todos aquellos asuntos que le competen y afectan a los ciudadanos, y como una praxis orientada a la solución racional, justa y pacífica de los disensos y conflictos que surgen en la vida pública y que son relevantes para la autocomprensión de ciudadanos que se aprecian mutuamente como libres e iguales.

La democracia deliberativa parte de la base de que las relaciones sociales son conflictivas, pero sostiene que la finalidad de la política no es exacerbar los conflictos, de modo que la ciudadanía termine dividida en dos bandos de amigos y enemigos, sino lograr acuerdos racionales que permitan la acción conjunta de todos los ciudadanos. La experiencia muestra que la conflictividad es un dato de la realidad social y un fenómeno característico de las relaciones humanas: sin embargo, desde un punto de vista ideal, la búsqueda de consenso representa para la democracia deliberativa un desideratum en relación con la elaboración de leyes y la implementación de políticas públicas. La teoría de la democracia deliberativa sostiene que una convivencia ciudadana pacífica y justa sólo es posible de lograr si los disensos y conflictos entre los ciudadanos se dirimen en un discurso público en el que los afectados puedan participar en libertad e igualdad de condiciones, aportando razones convincentes y apropiadas (pragmáticas, éticas y morales, según las exija el caso en discusión). Entre las cuestiones clave que vertebran la teoría de la democracia deliberativa se encuentra así la tesis de que los problemas políticos y los conflictos de intereses deben ser solucionados, por principio, por los propios afectados, de forma cooperativa y sin coacción, en el marco del procedimiento público deliberativo. En tal sentido, las políticas públicas deben ser debatidas y acordadas en deliberaciones públicas previas a la emisión del voto de los ciudadanos. En los casos en que no sea posible alcanzar un consenso entre los afectados, los acuerdos que de hecho se celebren deberían impedir que las deliberaciones sean interrumpidas o eludidas de forma decisionista o dogmática, y que la búsqueda de entendimiento mutuo sea reemplazada por acciones puramente estratégicas.

La comprensión deliberativa de la democracia resulta ser así una teoría atractiva por diversas razones: la principal de ellas reside quizás en el hecho de que pone todo el peso en la deliberación pública de la sociedad civil, y exige que todos aquellos asuntos que competen y afectan a los ciudadanos deben ser debatidos en el espacio público y solucionados mediante la aportación de buenas razones y argumentos consistentes (es decir, no resueltos solamente mediante el voto que los ciudadanos emiten periódicamente para poner de manifiesto sus preferencias). Examinar críticamente mediante la deliberación pública los pro y los contra de un asunto que compete a todos demanda un esfuerzo mayor que emitir periódicamente un voto: exige la búsqueda de información amplia y confiable; participación en la vida pública; la escucha del otro y la reflexión crítica; la discusión racional con los conciudadanos sobre todos aquellos asuntos que los afectan y, no en último lugar, la búsqueda racional y razonable de solución de conflictos.

Más allá del papel clave e irremplazable de la deliberación pública en la configuración de una sociedad democrática, no hay duda que la votación sigue siendo un instrumento útil -quizás imprescindible o, al menos actualmente, irreemplazable- en el ámbito político, sobre todo cuando se tienen que tomar decisiones sin contar con el tiempo necesario para la implementación de un procedimiento deliberativo. Las deliberaciones requieren a menudo de un tiempo extenso, del que no dispone el político. Es sabido que los políticos deben tomar a menudo decisiones de forma inmediata y no pueden esperar los resultados de una deliberación pública. Sin embargo, difícilmente alguien pueda poner en duda que el procedimiento deliberativo -con participación igualitaria y libre de todos los afectados, previa a la expresión ciudadana en las urnas- aporta más calidad a la democracia que aquellos procedimientos que se basan exclusivamente en la sumatoria cuantitativa de preferencias e intereses, puesto que son el resultado de la reflexión, del debate y del acuerdo mutuo, y no sólo de la preferencia individual o de un interés egoísta.

Con respecto a la implementación práctica e institucionalización de la democracia deliberativa, y a aquellas cuestiones que atañen a la relevancia empírica de la teoría habermasiana de la democracia deliberativa (Cortina, A. 2007, 69-70), podría señalarse lo siguiente: La democracia deliberativa es un procedimiento que, para su implementación, requiere que los ciudadanos reciban información amplia y fiable, así como un intercambio de argumentos que implica considerar al otro no como enemigo, sino como acompañante crítico en la búsqueda de soluciones razonables. Implica asimismo la justificación y la crítica de propuestas (dando, recibiendo y exigiendo razones en todos aquellos asuntos que son de relevancia pública) y el esclarecimiento no sólo de los derechos, sino también de las obligaciones y de la responsabilidad de las partes.

En definitiva, la teoría de la democracia deliberativa afirma que lo fundamental en democracia no es el voto ni la decisión de la mayoría, sino la deliberación previa a ellos. Ni la imposición por la fuerza de un punto de vista, ni la agregación de votos, preferencias e intereses pueden sustituir la calidad democrática que ofrece el procedimiento deliberativo, mediante el cual los ciudadanos ponderan públicamente las distintas propuestas y buscan transformar los puntos de vista particulares en una voluntad común.

2. Deliberación y espacio público

El concepto de deliberación habermasiano está íntimamente conectado con la idea de participación libre e igualitaria de todos los ciudadanos en los procesos públicos de toma de decisiones. El espacio público es el lugar en el cual los ciudadanos, mediante el uso público de la razón y la formación de una voluntad común, se esclarecen mutuamente sobre aquellos asuntos que los afectan con el fin de llegar a un entendimiento razonable y dirimir de forma justa los disensos y conflictos de intereses.

En un sistema presidencialista y representativo, los asuntos clave y las necesidades de los ciudadanos dependen generalmente de la decisión de una persona (el presidente) o de un grupo de personas (representantes, expertos, etcétera), y, en último término, eventualmente de los jueces, pero no de los afectados. Un presidencialismo fuerte limita -y, a menudo, elude- la deliberación en el Congreso, y con frecuencia ignora o desconoce las propuestas y los mandatos que provienen del ejercicio del poder comunicativo de los ciudadanos.

Por el contrario, en el marco de la democracia deliberativa, la legitimidad política se sustenta en la participación de los ciudadanos en el espacio público en tanto que autores y destinatarios de las leyes. De acuerdo con ello, la deliberación debe tener lugar no sólo en el ámbito político formal (por ejemplo, en el parlamento), sino también en los ámbitos informales del espacio público (en los sindicatos, en los centros educativos, etcétera). Dondequiera que la deliberación pública sea considerada el núcleo de la democracia, el ejecutivo tiene que estar sometido a las consideraciones y a los resultados de la misma. La experiencia muestra, sin embargo, que los debates parlamentarios son -en muchos casos, y por múltiples razones, como la ineptitud y la corrupción, la presión de grupos económicos, etcétera)-, sumamente precarios.

Los medios de comunicación juegan asimismo un papel relevante en el espacio público. En Historia y crítica de la opinión pública, Habermas, si bien rescata el principio de publicidad burguesa, ofrece una visión más bien negativa de los medios de comunicación de masas, puesto que los mass media, lejos de contribuir en forma emancipatoria a la discusión pública, se convirtieron en un instrumento de manipulación de la opinión pública política. Además, es sabido que la información política puede convertirse en un negocio, y que, a menudo, la información no es más que una mercancía que puede ser manipulada, que tiene su precio en el mercado y que es utilizada de forma estratégica tanto por los ciudadanos como por los políticos y los gobiernos de turno.

A diferencia de lo que podría suponerse desde una visión teórica afín a la democracia deliberativa, la información política resulta ser más un instrumento para conseguir, afianzar o aumentar el poder fáctico que para lograr una comunicación emancipatoria. En tal sentido, en las sociedades modernas, signadas por el mercado y el poder, la información política, lejos de ser objetiva y de contribuir al desarrollo autónomo y crítico de los ciudadanos, forma parte de la competencia política, del éxito de la política pragmática y del uso estratégico-partidista de la razón en el espacio público. En este sentido, la obtención de información política no resulta ser una tarea sencilla. Más aún, no sólo la información novedosa se transforma en un producto valioso, sino que, en muchos casos, el ocultar o manipular información política, o el informar erróneamente a los contrincantes políticos o a la competencia económica puede convertirse en una tarea altamente rentable y lucrativa.

Más allá de estas acotaciones negativas, la teoría de la democracia deliberativa sigue otorgando a la deliberación en la esfera pública un lugar central para la legitimación del poder político. En el Estado de derecho, el uso público de la razón y la formación de la voluntad común siguen dependiendo de las discusiones públicas y del acuerdo que alcancen los ciudadanos que deliberan en igualdad de condiciones, sin exclusión y sin hacer uso de la violencia. Con ello, el espacio público no se reduce a lo estatal y lo político, ni tampoco se circunscribe a lo político-partidario e institucional, sino que se expande también a los medios y a los miles de diálogos informales que tienen lugar en los distintos ámbitos de la sociedad civil.

3. Deliberación y calidad política

Un elemento central de la teoría de la democracia deliberativa es la calidad de los resultados que aspira alcanzar en el ámbito de la política. La calidad de la política se mide por la legitimidad de los procedimientos y la racionalidad de los resultados.

Según la política deliberativa, la calidad democrática depende, en primer término, del procedimiento formal discursivo que se nutre de la deliberación sin coacción entre todos los afectados. Como se sabe, en el marco de los discursos prácticos que propone la ética discursiva, la fundamentación y la aplicación de las normas que han de orientar la convivencia deben ser elaboradas de forma racional y comunicativa: todos los interlocutores discursivos deben poder expresar libremente sus intereses y aspiraciones, y colaborar en la identificación de los mejores argumentos y las mejores razones con el fin de que puedan ser confrontados y evaluados imparcialmente.

La política deliberativa y la teoría de la democracia deliberativa, que tienen su base en la ética discursiva, se destacan por exigir que todos los afectados puedan participar, en igualdad de condiciones y sin exclusión, en las deliberaciones públicas sobre los temas que los afectan, y que antes de la toma de decisión sean expuestas todas las razones y considerados todos los intereses en juego. La actitud de respeto que se deben entre sí los ciudadanos incluye no sólo escuchar al otro, tomar en cuenta todos los argumentos y examinarlos imparcialmente, sino también estar dispuesto a examinar la propia posición a la luz de argumentos alternativos y, dado el caso, estar dispuestos a cambiar de opinión cuando el resultado de la deliberación muestra como válidas las propuestas y las razones de los otros.

La racionalidad de los resultados es un elemento constitutivo de la democracia deliberativa y está vinculada con la exigencia de participación efectiva de los ciudadanos en las deliberaciones públicas en que se debaten temas que les conciernen: todos y cada uno de los afectados otorgan a las decisiones y conclusiones que deben orientar la vida en común una dimensión de justicia, puesto que ellas son producto del asentimiento mutuo. Este elemento participativo se vincula con el principio ético-discursivo, según el cual todos los posibles afectados en tanto que interlocutores discursivos y participantes en el discurso racional deben poder asentir las normas de acción.

En las democracias de la actualidad este principio de participación se cumple indirectamente, mediante la mediación de los representantes. Ahora bien, los argumentos de los representantes elegidos -aún cuando ellos sean expresados de forma libre y sin coerción, y la elección de los representantes haya sido democrática- no son, en sentido estricto, la expresión directa de la voluntad de los afectados. En la democracia representativa, el poder comunicativo de los ciudadanos se expresa siempre en forma restringida y derivada. De ahí que desde el punto de vista de la teoría de la democracia deliberativa sea necesario hallar instituciones que canalicen de forma directa la voluntad de los afectados.

La teoría de la democracia deliberativa establece asimismo una distinción capital entre política de calidad y mercado. Las leyes del mercado son útiles si se restringen al funcionamiento del subsistema económico, pero no son aceptables cuando pretenden ser extendidas y aplicadas a la sociedad en su conjunto, de modo tal que, por ejemplo, también la educación o la salud sean evaluadas exclusivamente por la eficiencia en el uso de recursos o gobernadas exclusivamente por las leyes de la oferta y la demanda. Habermas ha caracterizado a la pretensión expansionista y omniabarcadora del mercado respecto de la sociedad como "colonización del mundo de la vida". En un sistema economicista, y en un mundo de la vida colonizado por las leyes de la economía, los ciudadanos son considerados meros clientes y consumidores. Por el contrario, la democracia deliberativa sostiene que, en el marco de una política de calidad, la economía debe estar conducida por el poder comunicativo de los ciudadanos, el cual antepone los derechos individuales y los intereses generales a la mera maximización de beneficios de individuos o grupos.

En lo que respecta explícitamente a la problemática de la calidad de los medios, de la información política y del control ciudadano, la teoría democrático-deliberativa habermasiana asigna un lugar fundamental en su teoría a la información y deliberación política de calidad. En efecto, en el mundo global actual, la información y la deliberación política de calidad constituyen elementos clave para la construcción de ciudadanía y la consolidación de la democracia. La información y la deliberación políticas de calidad deben ser consideradas, en consecuencia, como un bien común o una cuestión de interés general.

El modelo de política deliberativa se diferencia de la comprensión política liberal dominante, a la cual se le endilga que ella centra su atención en las decisiones, y no toma suficientemente en cuenta el potencial de la comunicación (Bohmann J. y W. Rehg, 1997). La política deliberativa presupone, por el contrario, que los ciudadanos deben poder fundamentar de forma racionalmente controlable sus posiciones, respetarse mutuamente y estar fundamentalmente dispuestos a revisar sus posiciones originarias y, dado el caso, ante la exposición de nuevos argumentos convincentes, revocar sus preferencias y modificar sus posiciones originarias. Es por ello que una deliberación racional, tal como puede ser explicitada desde los presupuestos del ideal ético-discursivo (Habermas, J. 1991), representa la vía de legitimación más adecuada para la toma de decisiones políticas en sociedades pluralistas, en las cuales ya no existe una cosmovisión compartida común (Benhabib, S. 1996).

La calidad de la información y la deliberación políticas es así una cuestión que atañe no sólo al control del Estado o a un control interno de las empresas de medios, sino a todos los ciudadanos. Que todos los afectados -al menos idealmente y como exigencia normativa- deben intervenir sin exclusión en el examen de aquello que se denomina calidad en la información y deliberación política significa que deben encontrarse mecanismos para que puedan expresarse públicamente tanto los intereses de quienes detentan el poder y quienes efectivamente pueden participar de hecho en las deliberaciones públicas, como también -al menos advocatoriamente o mediante un experimento mental- las necesidades de todos los ciudadanos que no puedan participar fácticamente de las deliberaciones, pero que son o pueden ser afectados por sus resultados.

En definitiva, la deliberación es el procedimiento adecuado para el tratamiento de problemas teóricos y prácticos, puesto que el mismo ofrece una peculiar forma de entender la política de calidad. La deliberación constituye un asunto clave para una democracia de calidad por diversas razones, entre otras, por las siguientes:

a. La deliberación pública es el procedimiento mediante el cual es posible articular imparcialmente las decisiones de la mayoría y los derechos individuales inalienables. Mediante la deliberación pueden exponerse y criticarse las razones de la mayoría y de la minoría, pero también enmendarse errores y visualizar aspectos que no han sido considerados, o que han sido considerados de forma errónea o insuficiente.

b. La deliberación es un proceso de aprendizaje. Quien delibera está dispuesto a escuchar al otro, a tomar en consideración sus puntos de vista e intentar comprenderlos, y, eventualmente, a cambiar de opinión en caso que el otro ofrezca razones más convincentes que las propias. Además, el intercambio de opiniones promueve el respeto y el entendimiento mutuo, posibilita la rectificación y la visualización de los intereses generales que allanan el camino para una convivencia en la diversidad y la interculturalidad.

c. La deliberación no debe ser confundida con diálogos pragmáticos de eficiencia e intervenciones meramente persuasivas y estratégicas, orientadas a conseguir votos para que se imponga una parcialidad o triunfe un partido, sino que el procedimiento deliberativo es una intervención pública para dilucidar si las razones que se aducen en un determinado contexto sobre un asunto particular son convincentes y pueden obtener el asentimiento de los demás. La deliberación auténtica es la que se orienta al convencimiento mutuo: no es aquella en que un interlocutor busca por todos los medios persuadir al otro, sino que la deliberación de calidad es la que se apoya en la búsqueda conjunta de buenas razones. "Convencer", no "persuadir", esa es la cuestión central, también en las relaciones políticas con el otro. La imposición meramente estratégica de ideas debe ceder el paso a un procedimiento que busca interpretar y llevar a la práctica lo que ha de valer como bueno para todos, es decir, como justo. Sólo mediante la deliberación es posible la formación de una voluntad común que sea capaz de resolver los diferendos de forma justa y pacífica. De este modo, el procedimiento deliberativo no tiene por objetivo diferenciar entre vencedores y vencidos, sino que su cometido es que los ciudadanos puedan convencerse mutuamente con buenas razones, y en esto reside la calidad de la política.

d. La deliberación exige participación activa de la ciudadanía: requiere la búsqueda de información confiable e implica no sólo el ejercicio activo de los derechos individuales, sino también la puesta en práctica de la solidaridad y de las obligaciones ciudadanas. Para cumplir con su cometido, la deliberación necesita de una opinión pública informada y crítica, de ciudadanos autónomos que sean capaces de orientar sus acciones y decisiones en base a la voluntad común, y no centrarse exclusiva o prioritariamente en la mera lucha hegemónica por el poder, en la persecución unilateral de beneficios y en la consolidación de intereses sectoriales

e. En una política de calidad, la deliberación posee relevancia empírica en la misma medida en que pretende que todas las voces, sin excepción ni exclusión, puedan expresarse en el espacio público, que la racionalidad estratégica pueda ser debidamente articulada con la racionalidad ética, que la dimensión jurídica sea articulada adecuadamente con las dimensiones pragmática y moral, y que la deliberación aporte razones para alcanzar y resguardar los intereses generales.

4. Aportes de la democracia deliberativa ante los desafíos de la globalización, la interculturalidad y la exclusión

El ajuste de las democracias parlamentarias establecidas a las propuestas y exigencias de la teoría de la democracia deliberativa no es un asunto sencillo. Las democracias reales existentes se caracterizan por la lucha de intereses, el predominio de relaciones estratégicas de poder, la escasez de tiempo para deliberar, la influencia de poderosos medios de comunicación, el predominio de la imagen y no de la deliberación pública. A esto se suma que, en muchos casos, la convivencia ciudadana está afectada por graves problemas no sólo de pobreza y desigualdad, sino también de analfabetismo, de exclusión, de distorsiones en la comunicación, etcétera.

La democracia, como sistema político y como forma de vida, se ve enfrentada en la actualidad a numerosos problemas de no fácil resolución. Los sistemas democráticos han sido jaqueados, desde hace décadas, no sólo por regímenes autoritarios, sino también por la confluencia de múltiples problemas internos (Todorov, T. 2011). Mientras que las discusiones entre liberales y comunitaristas han puesto al descubierto ventajas y desventajas de ambas posiciones, en América Latina hay problemas graves que periódicamente hostigan y amenazan la convivencia democrática real (como la desigualdad social y las diversas formas de exclusión) y cuestiones que impactan sobre lo que podemos denominar una convivencia democrática justa y pacífica (como los resultados de la globalización económica, los problemas y conflictos de convivencia que plantean la diversidad y la interculturalidad, los cuales aún no han podido ser resueltos satisfactoriamente, etcétera). Las diversas formas de disenso y de conflicto no han podido ser evacuados ni por medio de las diversas formas antidemocráticas de imposición ni por medio de procedimientos democráticos basados meramente en la agregación de preferencias e intereses. Es en este contexto que la teoría de la democracia deliberativa puede ofrecer nuevos puntos de vista para la resolución de conflictos y la convivencia justa y pacífica en sociedades democráticas signadas por la globalización, la interculturalidad y la exclusión.

Si bien es verdad que los disensos y conflictos deben ser tenidos especialmente en cuenta para alcanzar soluciones justas, no es menos cierto que cuando se trata de abordar de forma adecuada los disensos, resolver de forma justa los conflictos y de obtener entendimientos duraderos (y no meramente estratégicos), las deliberaciones públicas, las consultas a los afectados y el diálogo racional orientado al entendimiento mutuo -por mencionar sólo algunas características de la democracia deliberativa-, aparecen como los instrumentos más adecuados para alcanzar respuestas legitimas y eficaces, en razón de que todos los implicados y afectados pueden ver reflejados en ellos, al menos parcialmente, su voluntad y el cumplimiento de sus aspiraciones. La democracia deliberativa tiene no sólo presente, sino también futuro, en la medida que los ciudadanos busquen satisfacer sus necesidades y cumplir sus aspiraciones no a costa de las necesidades y aspiraciones de los demás, sino sobre la base de una voluntad común, y de una búsqueda de resolución de conflictos mediante el diálogo razonante y la consideración ecuánime de todos los afectados y de todos los intereses. Los acuerdos que se asientan sólo sobre la base de intereses egoístas o tienden a satisfacer sólo las aspiraciones de los implicados de hecho en una negociación (y no la de todos los afectados), sólo podrán imponerse por medio de la fuerza, la persuasión o, incluso, por una mayoría absoluta, pero no mediante la convicción general y la formación imparcial de una voluntad común.

La deliberación -en tanto que instrumento clave de la democracia y característica distintiva de la teoría de la democracia y política deliberativas- tiene así relevancia no sólo teórica, sino también práctica: ella se torna operativa tanto cuando los ciudadanos buscan cumplir sus aspiraciones a través de la búsqueda deliberativa conjunta respecto de lo que es bueno para mí y para nosotros, sin renunciar al límite que impone lo que es bueno para todos (es decir, buscan autorrealizarse, pero no a costa de las necesidades y las aspiraciones de los demás), como cuando buscan resolver sus conflictos mediante el diálogo, la consideración ecuánime de los puntos de vista y el examen imparcial de las razones de todos los afectados (y no sólo o exclusivamente a través de la imposición autoritaria o arbitraria del punto de vista de una de las partes).

La implementación de la escucha del otro; el intento de comprender sus razones y de aportar una crítica amical, aunque exhaustiva, a sus propuestas; la búsqueda de un solución de los diferendos, disensos y conflictos mediante el diálogo y el aporte de razones discutibles y no impuestas mediante la violencia o instrumentos y actitudes meramente estratégicos; el estar dispuesto a dar, recibir y exigir razones en todos los asuntos de relevancia pública; en fin, estar dispuesto a cambiar de opinión y de actitud en caso que el otro tenga razón, son cuestiones que podrán transformar una sociedad de individuos egoístas y de jugadores estratégicos y especuladores en una sociedad más justa y pacífica. Esta transformación es un proceso en el que deben participar ciertamente no sólo los gobernantes de turno y las instituciones establecidas, sino todos y cada uno de los ciudadanos, en todos y cada uno de sus lugares de interacción y decisión. En tal sentido, como señala claramente Adela Cortina (2004), "es posible también seguir creyendo en que los ciudadanos pueden hacer algo más que sumar intereses y atenerse a la mayoría, que son capaces de convertirse en un pueblo con aspiraciones compartidas y propósitos comunes en cuestiones de justicia. Y para convencerse de ello es preciso ir a las bases, cuando hay en ellas experiencia de deliberación: a los comités y comisiones de ética en las distintas esferas de la vida social, cuando tratan de encontrar con argumentos lo mejor para sus beneficiarios; a los hospitales y centros de salud, a las universidades y centros escolares, a la acción de los jueces, a los comités de las empresas, a las comisiones de medios de comunicación, a los ayuntamientos, a las asociaciones profesionales; a todos estos lugares cuando se toman en serio las metas por las que existen, y no las traicionan contentándose con la negociación y la suma de intereses".

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