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Estudios de filosofía práctica e historia de las ideas

versión On-line ISSN 1851-9490

Estud. filos. práct. hist. ideas vol.19 no.2 Mendoza jul. 2017

 

ARTÍCULOS

La tierra como ensoñación libertaria. Los tratados, el territorio indígena cheyenne y el ideal nacional americano (EE.UU 1825-1861)

The Earth as Libertarian Reverie. Treaties, Cheyenne Indian Territory and the American National Ideal (United States 1825-1861)

 

Julimar del Carmen Mora

Universidad Central de Venezuela

 

Recibido: 04/02/2017
Aceptado: 21/07/2017

 


Resumen

A lo largo del siglo XIX en los EE.UU se firmaron una importante cantidad de tratados orientados a regular los asuntos relativos a la ocupación y posesión de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas. En el presente ensayo se analizaran las ideas subyacentes a la generación de esta serie de tratados, intentando explicar cuáles fueron las lógicas que auspiciaron y justificaron la conquista de las tierras indígenas a partir de este tipo de instrumentos. Así mismo, se profundizará el caso específico del pueblo Cheyenne durante el período correspondiente a 1825-1861, discutiendo la relación entre los tratados de Fort Laramie (1851) y Fort Wise (1861) y su vinculación con la conocida masacre de Sand Creek.

Palabras clave: Cheyenne; Tratados; Territorio indígena; Pensamiento ilustrado; Ideal americano.

Abstract

Along the 19th century in the United States an important quantity of agreements was signed orientated to "regulating" the matters relative to the occupation and possession of the lands occupied by the indigenous peoples. This essay is to analyze the underlying ideas to the generation of this series of treaties, trying to explain were the logics that supported and justified the conquest of the indigenous lands from this type of instruments. Also, there will be deepened the specific case of the people Cheyenne during the corresponding period to 1825-1861, discussing the relation between the agreements of Fort Laramie (1851) and Fort Wise (1861) and his entail with Sand Creek's known massacre.

Key Words: Cheyenne; Treaties; Indigenous territory; Illustrated thought; American ideal.


 

Introducción

El presente trabajo se planteó poner en dialogo las ideas que justificaron la implementación de los tratados –como estrategia de reducción de los territorios indígenas Cheyenne– y las circunstancias que determinaron su aplicación en la realidad. De esta forma, se intentó  mostrar el carácter instrumental de la relación histórica existente entre los tratados de Fort Laramie (1851) y Fort Wise (1861) en el marco depresiones políticas y económicas que favorecieron la expansión territorial de los EE.UU a mediados del siglo XIX, presiones que a su vez derivaron en la aplicación concreta de estrategias cuya unicidad radicó en la apropiación de las porciones de tierra ocupadas por los pueblos indígenas de Norteamérica. La hipótesis que subyace a este trabajo tiene que ver con el carácter instrumental de las medidas que justificaron la expropiación de las tierras Cheyenne las cuales, variaron considerablemente en función de la dinamicidad de los contextos a los que dirigieron su acción. De esta forma, se buscará evidenciar la inexistencia de un criterio único en las políticas que dieron sentido a los discursos sobre la "Nación" y la supuesta irracionalidad de los pueblos exentos de la "civilidad" atribuida a la condición de ciudadanía. Para ello se consideraron tanto los discursos, como los contextos inherentes a la aplicación de los instrumentos referidos a la administración de las tierras Cheyenne, en este caso los tratados –Cheyenne (1825), Fort Laramie (1851) y Fort Wise (1861)– y los acontecimientos que le estuvieron asociados, entre ellos: la carrera por el oro, la conquista del oeste, la guerra de secesión y la masacre de Sand Creek. A continuación, se iniciará planteando un esbozo de las ideas que justificaron la inferioridad de las poblaciones indígenas y su incapacidad para manejar de manera autónoma la administración de las tierras que habitaban. Seguidamente, se discuten algunos problemas relativos al alcance de la representación en los tratados que impusieron restricciones a sus territorios, precisando cuáles fueron las ideas, coyunturas y acontecimientos que derivaron de la reducción de los territorios Cheyenne en el período planteado. Por último, se habla sobre el carácter etnófago de las políticas dirigidas hacia el pueblo Cheyenne las cuales, implicaron no solo transformaciones a sus territorios, sino también hacia sus modos de vida.

La tierra como ensoñación libertaria: el territorio indígena y su relación con el ideal nacional norteamericano del siglo XIX

"The ‘idea of America' (…) has taken on mythic proportions. America has a national mythology, anchored in history but embellished by idealization. That mythic idealization has played a formative and sustaining role in ‘the construction of American nationhood' (…) Nationalism and religion often combine to form religious nationalism, which typically takes on mythic proportions. ‘Religious nationalism is the fusion of nationalism and religion such that they are inseparable'" (Buck, C. 2009, 6)1.

No es secreto, ni mucho menos extraño, que las diferentes interpretaciones que se le han otorgado a la realidad norteamericana en el presente y pasado conjuguen de forma sistemática teorías de corte religioso, por un lado, y nacionalistas, por otro, o mejor dicho, como señala Christopher Buck en el epígrafe anterior teorías que integran en sí mismas nacionalismos profundamente enraizados al campo de la religión. De esta forma, resulta poco casual que importantes pensadores como Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América (1973) o Max Weber en su conocido texto La ética protestante y el espíritu del capitalismo (2011) exalten comúnmente el papel central que adquieren los contenidos religiosos propios del cristianismo protestante en la configuración del modelo económico y los sistemas político y jurisprudencial norteamericanos. No obstante, referir interpretaciones de la realidad política norteamericana en el siglo XIX y especialmente en el asunto que atañe a la administración de tierras indígenas, obliga a considerar otras posibles influencias que –además de la religión, aunque no exentas de ella– determinaron la construcción simbólica de lo que posteriormente constituyó su nacionalismo. En este sentido, los principios filosóficos del estoicismo helénico –apropiados por el pensamiento romano y el posterior cristianismo en sus vertientes tanto católico, como protestante– se hicieron presentes en el entonces emergente nacionalismo norteamericano, específicamente en el asunto que concierne a la representación de los hombres –los ciudadanos "civiles"– como expresión racional de dios en la tierra (González, E. 1973). De esta forma la "democratización" de la razón encontró expresión en el discurso fundacional de los EE.UU quedando implícitamente expresa en las extendidas nociones de "igualdad" y "libertad" que tanto sirvieron de plataforma ideológica a la construcción de su imaginario nacional, situación que se evidencia en la proclama independentista de 1776 y en parte importante de los sucesivos discursos que durante años forjaron el ideario en relación a lo norteamericano.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness (United States Congress, 1776)2.

El pensamiento estoicista también es posible de rastrear en otros aspectos, por ejemplo, en el principio eudemonista3 expreso en la "búsqueda de la felicidad" intrínseca a la significación del American way of life o American dream. Pese al carácter reciente que a priori pudiese envolver a ambos ejemplos, su lógica sustantiva constituyó parte importante del sentido nacionalista que en el siglo XIX se gestó bajo los códigos propios de dicho período histórico. El elemento de la razón constituyó el epicentro de las ideas que ­desde el siglo XVI dominaron el pensamiento de las elites de Occidente, un pensamiento que posteriormente se transformaría consecuencia de las dinámicas que mediaron la relación entre Norteamérica y Europa. En el renacimiento, por ejemplo, el raciocinio –entendido como la facultad de ejercer la razón– situó al hombre y su sistema de relaciones como la base sobre la cual se construyó la realidad (Fuentes, J. 2012). No obstante, sin apartarlo suficiente de dios pues, la cosmovisión occidental seguía consintiendo el determinismo de las instituciones religiosas en los asuntos referentes a la política, el derecho, la economía y muchas otras instituciones las cuales, formaron parte de un todo más o menos integrado (Dawson, C. 2010). Posteriormente, el pensamiento ilustrado seguiría enalteciendo el elemento de la razón –la mayoría de edad de la "humanidad" de acuerdo con Immanuel Kant (2004)–, pero esta vez, desestimando más su relación con lo divino. Dicha situación que dio paso a la gestación de un "nuevo" pensamiento (Munck, T. 2001) el cual fue causa y efecto de la revolución experimentada por las instituciones clásicas durante este período histórico pues, como señala el conocido historiador Robert Darnton (Büschges, C. 1997, 259) la ilustración no fue más que "una campaña para cambiar la conciencia y (…) reformar las instituciones"4.

En este sentido, la idea de universalidad que deviene al pensamiento cuando se lee o escucha el enunciado "la razón de los hombres" es solo aparente o en el mejor de los casos exclusivo a un selecto grupo al cual la razón le fue escasamente cuestionable. Pese al "cambio" de pensamiento en las emergentes elites de Occidente, la razón se mantuvo siendo una cualidad negada a ciertos sectores sociales, entre ellos claramente se hallaron las poblaciones indígenas. El pensamiento ilustrado –cuna del cientificismo y la "modernidad"5– continuó evadiendo la responsabilidad de atribuir la facultad de razón a este último grupo, por ello, no es temerario aseverar que los sectores sociales exentos a la consolidación burguesa no percibieron mayores cambios, en su posición como sujetos políticos, con la materialización de las ideas que fueron objeto de una aparente transformación, como señala Enrique Dussel la racionalidad, en su sentido ilustrado, representó un tipo de razón libertaria inserta en el paradigma civilizatorio que justificó el proceso modernizador en el cual se concibió a sí mismo una parte importante de Occidente. El presente trabajo se ha denominado "La tierra como ensoñación libertaria" en un intento por reflejar, con cierta sátira, el supuesto carácter libertario que justificó la conquista oficial de las tierras indígenas, un carácter estrechamente vinculado a la idea de razón pues, la liberación –taxativa a cualquier proceso civilizatorio– implicó la difusión de la razón occidental a los grupos "naturalmente" desprovistos de ella, situación que otorgó sentido a la intervención de las tierras ocupadas por indígenas y con ello, a los consecuentes intentos por adaptar sus modos de vida a los estándares propios de Occidente anglosajón. Sin duda, la injerencia sobre la tierra constituyó un buen instrumento para avanzar hacia futuras transformaciones sobre los sistemas de relaciones, así como sobre las economías, las visiones de mundo y en general, todos los aspectos que integraron la vida social de quienes habitaban en ellas (Dion, T. 2008).

La conceptualización del indígena como un ser salvaje, natural e inmaduro, en síntesis, un ser irracional, representó la justificación sobre la cual se escudó la necesidad de implementar políticas civilizatorias sobre las poblaciones atrasadas. La misión de extender el desarrollo a las poblaciones primitivas pasó a convertirse en algo más que una simple política progresista, de hecho, constituyó una especie de exigencia moral a las elites de Occidente (Dussel, E. 2000). Ejemplo de ello puede entreverse en los escritos de Alexis de Tocqueville (1835) en quien es posible rastrear el primitivismo intrínseco a la construcción simbólico-discursiva del indígena americano a mediados del siglo XIX:

El estado social de esos pueblos difería también en varios aspectos de lo que se veía en el viejo mundo: se hubiera dicho que se habían multiplicado libremente en el seno de sus desiertos, sin contacto con razas más civilizadas que la suya (…) El indio no se debía más que a sí mismo, sus virtudes sus vicios, sus prejuicios eran su propia obra: había crecido en la independencia salvaje de su naturaleza (de Tocqueville, A. 1973, 51).

Este conjunto de ideas constituyeron la razón –ahora entendida en el sentido instrumental6– por la cual se justificó o mejor dicho, se instrumentalizó las políticas oficiales del gobierno respecto a las tierras ocupadas por los indígenas. Esta situación no aplicó exclusivamente al caso norteamericano, en realidad, pareció ser una constante en parte importante de los contextos americanos (Mankiller, W. 2009). El pensamiento ilustrado, baluarte del mito fundacional de los EE.UU, despojó la figura del indígena del atributo kantiano de la razón, es decir, del poder de servirse a sí mismo con su propio entendimiento (Horkheimer, M. 2007), por tanto fue –y siguió siendo– convenientemente razonable admitir su necesidad de razón, es decir, la necesaria intervención del gobierno a través del instrumento legislativo que se encargaría de guiar el destino los pueblos primitivos enmarcándolos forzosamente en un proyecto de modernización detentado en función de los intereses de los poderes oficiales.

Con la consolidación del Estado como institución regente de los asuntos que anteriormente fueron exclusivos a la religión comenzó a enfatizarse la legislación como instrumento de aplicación política de la razón instrumental de Occidente, especialmente del asunto correspondiente a la administración de las tierras indígenas. El pensamiento ilustrado determinó tanto el curso de la revolución, como el posterior afianzamiento de la nueva institucionalidad. Respecto a este hecho, es necesario referir el alcance que tuvo una obra como Del espíritu de las leyes (1748) en la cual se asumió la legislación como el instrumento político por excelencia para impulsar transformaciones positivas de la realidad, evidentemente siempre y cuando esta recayese en hombres cuya "razón" les capacitase para pensar y hacer cumplir convenientemente las leyes que la conformaban (Munck, T. 2001). En el siglo XIX la responsabilidad de las leyes recayó en manos de sectores que excluyeron deliberadamente a los pueblos indígenas, sentenciándoles negativamente y asumiendo inevitable su inserción al esquema político y al modelo de desarrollo norteamericano.

Pese al carácter distante que pudiese envolver la idea de razón como facultad selectiva, en la actualidad se mantiene parte importante del sentido lógico que entonces justificó la implementación de las políticas civilizatorias en el curso del pasado siglo XIX (Klein, C. 1996). En algunos discursos contemporáneos –incluso académicos– se puede notar como las políticas oficiales aplicadas durante este período todavía se consideran relaciones protectorales y relaciones tutelares del gobierno para con los pueblos indígenas, admitiendo el sostenimiento de una lógica similar a la que entonces justificó su implementación en el contexto decimonónico (Wilkins, D. 2010). El protectorado y la tutela constituyen campos semánticos que justifican la pertinencia de un gobierno simbólica y fácticamente paternalista pues7, como señala Martin Marty (1996) en los EE.UU a partir de su independencia todo tuvo y siguió teniendo que ver con el concepto de "Nación". Por consiguiente muchos fenómenos sociales inherentes –o no– a la realidad de Occidente pasaron a convertirse en asuntos de interés para la Nación.

La intención de este apartado es mostrar cómo el nacionalismo norteamericano y su aparente carácter "libertario" concibieron y justificaron la política civilizatoria hacia las tierras indígenas durante el pasado siglo XIX. Se ha visto como a la díada nacionalismo-religión planteada por Buck al inicio del trabajo es necesario añadir la influencia del pensamiento ilustrado relativo a la razón (ver figura 1). La conjunción de estos aspectos configuró a los territorios indígenas como un objeto de las políticas civilizatorias que pretendieron, por un lado, constituir un nacionalismo bajo la idea de "the civil religión"8 planteada por Rousseau y por otro, posicionar los EE.UU como un baluarte mundial de modernidad y desarrollo (Helmstadter, R. 1997).

Figura 1. La configuración de las tierras indígenas en el ideal nacional norteamericano

Fuente: elaboración propia

Como se muestra en la figura anterior, la triangulación de los principios religiosos agnados al cristianismo, la influencia del pensamiento ilustrado y el proyecto modernizador situaron las tierras indígenas como un resguardo de incivilidad y atraso, como un enemigo del proyecto nacionalista y una antítesis de lo que encarnaba su unidad constitutiva: el ciudadano norteamericano. La ciudadanía llevó consigo la esencia de la civilidad, por ello, el imaginario social construido en torno al indígena –un no civil– lo desnaturalizó de las igualdades y libertades que teóricamente debían otorgarse a todos aquellos que eran considerados ciudadanos pues, la "igualdad" y la "libertad" requerían de un sentido de corresponsabilidad con la modernización civilizatoria de la cual los pueblos indígenas y sus tierras solo podían ser objeto –no sujeto– de aplicación9.

Si se analiza el comportamiento de la legislación norteamericana en materia indígena durante el período de tiempo correspondiente al presente trabajo se encontrarán aspectos interesantes. Por ejemplo, antes de 1820 la relación entre los diferentes pueblos indígenas y los poderes de las colonias y excolonias inglesas –entiéndase Canadá, EE.UU, Nueva Zelanda y Nueva Gales de Australia– se situó con relativa independencia a la legislación como instrumento de mediación y dominación social pues, desde el proceso de colonización los encuentros y desencuentros entre las poblaciones indígenas y los colonos y/o ciudadanos se rigieron de acuerdo a los códigos de la guerra, situación que, un poco diferente a la colonización hispana implementada en el sur del continente, se relacionó estrechamente con la colonización comercial desarrollada en territorios norteamericanos (Ford, L. 2008). Posteriormente, desde 1820 hasta 1850 tuvo lugar un proceso de ampliación y renovación de tratados en materia diplomática cuya intención fue contener la resistencia indígena a través del instrumento legislativo, estableciendo un conjunto de sanciones en el asunto correspondiente a la posesión de armas por parte de estas poblaciones. No obstante, las más importantes transformaciones iniciarían a mitad de siglo, a partir de 1850 –hasta 1890 aproximadamente– cuando se establecieron parte importante de las reservas10 que intentaron concentrar la población indígena en circunscripciones delimitadas a priori por el gobierno, siendo aquí donde se generaron los mayores conflictos directamente relacionados con la disputa territorial en el curso del siglo XIX (Wilkins, D. 2010).

Deberá recordarse que a finales del siglo XVIII se habían promulgado ya las ordenanzas de tierras de 1875 las cuales, buscaron normalizar el proceso de compra y venta de tierras entre el gobierno y los colonos a fin de recaudar por estos medios mayores ingresos a los proporcionados por la clásica recaudación de impuestos. La aplicación de estas ordenanzas representó un importante proceso de orden económico y político pues, a través de su aplicación se constituyeron los futuros estados que más tarde constituirían la estructura político-administrativa de los EE.UU y con ello, la representación política de estas unidades ante el senado (McCartyet al.1998). La intención de exaltar este hecho es mostrar como a inicios del siglo XIX la posesión de tierras se había convertido en un asunto vital a los intereses del gobierno, la tierra había pasado a convertirse en una valiosa mercancía de orden político y económico. Tal situación conduce a preguntarse ¿cómo se situaron las tierras indígenas ante la convergencia de tan intrincados intereses en relación al territorio?, cuestión que Hacker y Haines responden con la siguiente aseveración "the apogee of assimilationist policies was reached in the late nineteenth century" (Hacker, D. y Haines, M. 2005, 17). Durante la segunda mitad del siglo XIX las políticas indígenas expresas en las leyes y tratados adquirieron un importante sentido asimilacionista pues, las políticas territoriales se vieron reforzadas con medidas que apuntaron a la consolidaron de otros tipos de reducción, entre ellas la religiosa, la lingüística y la económica, un proceso que David Wilkins (2010, 104) llamó "the forced Americanization".

And every Indian born within the territorial limits of the United States to whom allotments shall have been made under the provisions of this act, or under any law or treaty, and every Indian born within the territorial limits of the United States who has voluntarily taken up, within said limits, his residence separate and apart from any tribe of Indians therein, and has adopted the habits of civilized life, is hereby declared to be a citizen of the United States, and is entitled to all the rights, privileges, and immunities of such citizens (United States Congress, 1887, 388-391)11.

Pese a que las últimas décadas del siglo XIX no forman parte del objeto de este trabajo, deberá recordarse que en 1887 –final del auge correspondiente a la mayor constitución de reservas indígenas en territorio estadounidense– se firma la "acta Dawes", la cual vendría a propiciar la propiedad privada, particular y de pequeña extensión como una "nueva" forma de ocupación por parte de las poblaciones indígenas, cuestión que intentó viciar el sentido colectivo inherente a la ocupación del territorio contenido en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Pese a las aparentes diferencias que pueden observarse en ambos tipos de políticas –la constitución de reservas indígenas y el fomento a la propiedad privada– es necesario advertir que las dos apuntaron al mismo objetivo: la disolución de las grandes extensiones de tierra ocupadas por las organizaciones indígenas.

Los pueblos indígenas y la posesión de sus territorios constituyeron un evidente obstáculo al espíritu modernizador que envolvió el emergente proyecto nacionalista del siglo XIX. El carácter irracional que acompañó la posibilidad de aceptar la autonomía de estas tierras y de quienes vivían en ellas –seres salvajes e incapaces de guiarse por su propia razón– resultó inconcebible a la lógica de un gobierno al cual la facultad de control representó uno de los más importantes instrumentos para garantizar la construcción y sostenimiento de la emergente mitología nacionalista (Lakoff, G. 2007). La no intervención de las tierras indígenas hubiese implicado un desaprovechamiento de los recursos considerados "nacionales" o mejor dicho, la renuncia directa de los beneficios económicos que podían deducirse de su comercialización, producción y renta. Sin duda, una situación incongruente a los intereses del contexto. Las leyes y tratados promulgados a lo largo del siglo XIX representaron la materialización de una razón instrumental donde es posible rastrear la correspondencia entre las ideas y los intereses de los sectores baluartes de su promoción. La construcción de lo nacional aceleró la ejecución de políticas reduccionistas ancladas a intereses bastante concretos, en este caso el aumento de tierras dispuestas al lucro del gobierno y otras elites económicas.

¿Representación? o ¿posibilidad de negociación? El "pueblo" Cheyenne en los tratados sobre la tierra (1825-1861)

It is much less essential for the partisans of democracy to find means of governing the nation, tan to teach the nation to choose the men most capable of governing; and to exercise sufficient influence over the general nature of their government without interfering with their individual acts or means of execution. This is the problem. I am quite convinced that the fate of the modern world depends on its solution. But how few are aware of it! How few assert it!(de Tocqueville, A. 1862, 30)12.

Si se observan diligentemente los tratados relativos a la constitución de reservas indígenas que involucraron al pueblo Cheyenne –y en general al resto de los pueblos indígenas asentados en el territorio estadounidense– en el período correspondiente al presente trabajo se notaran aspectos interesantes. El primero de ellos tiene que ver con la "representación" indígena en los documentos legales relativos a la ocupación y posesión del territorio. La relación del gobierno y pueblos indígenas como todo vínculo sujeto a tensiones de poder, fue un proceso cargado de encuentros y desencuentros que estuvieron lejos de tener una naturaleza homogénea y mucho menos absoluta en la totalidad de contextos que implicaron tal relación (Klein, C. 1996). No obstante, los problemas relativos a la representación política de los pueblos indígenas –entendidos como totalidad ideal– en los tratados que pretendieron involucrarles parecieron ser constantes en casi todos los contextos13, especialmente en el incumplimiento de acuerdos mutuos en relación a asuntos de interés a las partes involucradas (Spirling, A. 2011).

¿Representación? o ¿posibilidad de negociación? son cuestiones que devienen al pensamiento cuando se analiza la relación del contenido expreso en los tratados –referidos al territorio indígena– y los diferentes acontecimientos que envolvieron su implementación en la realidad. Esta pregunta, es resultado de las notables contradicciones que solo pueden avizorarse cuando se piensa en el curso del pasado siglo XIX pues, en este contexto es cuando se establecen la mayor cantidad de tratados14, a la vez que acontecen los más significativos conflictos concernientes a la disputa territorial entre representantes del gobierno, colonos y pueblos indígenas. Un ejemplo de este fenómeno lo constituyó la relación que vinculó la firma de los tratados de Fort Laramie en 1851 y de Fort Wise diez años más tarde, con los acontecimientos relacionados a la conocida masacre de Sand Creek ocurrida en1864. Este último hecho tuvo que ver con la trágica reducción de los límites territoriales asignados al pueblo Cheyenne en el tratado de Fort Wise (ver figura 2)15, límites posteriormente "irrespetados" por una fracción importante de este pueblo (Hoig, S. 1961). Previo a dicho acontecimiento, la avanzada colonialista ya venía acelerando la desaparición de los búfalos y otros animales silvestres, los caballos no daban a basto y tanto agua, como el pasto, se hacían más escasos consecuencia del auge de nuevos asentamientos. Muchos de los tradicionales caminos usados por los Cheyenne y Arapaho se habían interrumpidos por el establecimiento de colonias y rutas comerciales de los colonos. No obstante, pese a la pasividad de muchos los líderes indígenas ante tales circunstancias, para 1859 la Comisión de Asuntos Indígenas en Washington ya advertía que "A desperate war of starvation and extinction is (...) imminent and inevitable, unless prompt measures shallprevent" (Gary, R. 2016, 1313)16. Las autoridades del momento poca atención prestaron a las tensiones gestadas entre colonos e indígenas, predominaba la idea genérica de un "ellos" como un factor poco decisivo en los juegos políticos del contexto.

Figura 2. Relación entre los tratados de Fort Laramie (1851) y de Fort Wise (1861)

Fuente: National Park Service (w.d).

No es atrevido imputar entonces el desacato a los tratados a la inconsistencia lógica que acompañó la aplicación de la teoría representativa –propia de las ideas políticas del momento– con su contexto de aplicación: pueblos no occidentales. La tendencia absolutista de generalizar la totalidad de una población, en este caso el pueblo indígena Cheyenne, a partir de la firma de solo seis "representantes» generó un profundo descontento que reafirmó la resistencia a la avanzada expansionista consumada por los colonos y por el gobierno norteamericano. La firma de Fort Wise se consumó en un contexto de fuertes presiones y de poca precisión en relación a los términos del contrato, situación que dificultó el entendimiento de las partes en disputa. Los representantes del pueblo Cheyenne fueron electos de acuerdo a un criterio de circunscripción, es decir, se escogieron unos cuantos jefes en representación de ciertos «circuitos electorales" definidos de acuerdo a las lógicas de ordenamiento territorial de las gobernaciones reconocidas por el Estado, situación que para nada se correspondió con la toma de decisión horizontal, es decir, consensual que caracterizó las formas de organización tradicionales de este pueblo. De esta forma, una porción importante de sus miembros rechazó lo establecido en los tratados pues, el proceso se llevó a cabo de forma "privada", es decir, en ausencia de la mayoría del pueblo e incluso no faltó la negación de algunos de representantes quienes admitieron no saber con exactitud aquello que firmaban. Este acontecimiento generó un grave conflicto entre aquellos que pese al agravio seguían dispuestos a avanzar con las políticas civilizatorias/expansionistas y aquellos que no estaban dispuestos a reconocer los nuevos límites impuestos (Limerick, P. 1987). La situación se complicó ante un posterior parcelamiento entre los miembros de este pueblo pues, motivado a los conflictos, en 1864 un grupo de ancianos Cheyennes y Arapahos fueron convocados a Washington para recibir una bandera de los EE.UU y medallas de honor como reconocimiento de su condición de pueblo pacífico y amistoso. De esta forma, en caso de futuras operaciones, los ancianos y líderes fueron instigados a levantar la bandera de los EE.UU por encima de su pueblo de forma tal que dicho acto significase una orden directa del gobierno a sus tropas para puentear la zona (Lee, L. 2013).

Todo ello, enmarcado a su vez en el beligerante contexto de la guerra de secesión, acrecentó las contradicciones entre los diferentes intereses que posaron su atención en el asunto del territorio, desencadenando considerables focos de enfrentamiento entre los cuales la masacre de Sand Creek constituyó solo un icónico ejemplo de las crecientes tensiones sociales que se gestaron en relación al territorio (Peterson, B. 2009). Este mismo año (1864) se agudizaron las tensiones entre la población blanca, funcionarios e indígenas. Tuvo lugar una guerra (sin declaración) entre militares, Cheyennes y Arapahos. Después de meses de sucesivas toma de rehenes, destrucción de poblados y problemas en la comunicación y comercio, el Gobernador de Colorado, John Evans, ordenó dar muerte a todos los indios hostiles, sintiéndose decepcionado de la situación económica y las leyes las cuales, según sus propios criterios, no daban marcha hacia el progreso. Esta situación se agravó ante la llegada de importantes contingentes de militares en el contexto de la guerra de secesión pues, apenas dos años antes había tenido lugar en Colorado la Batalla de Glorieta. Sin duda, la guerra civil norteamericana acrecentó el afán de dominio por parte del Estado, cuestión que vendría acompañada de una incursión militar cegada por la ambición de conquista y recuperación de territorios para los EE.UU (Limerick, P. 1987). En este contexto, la población nativa –al igual que con el bando confederado– se entendió como un gran obstáculo al éxito del proyecto nacional. De esta forma, se generaron las condiciones para que el 29 de noviembre de 1864 las fuerzas militares comandadas por el Coronel John Milton Chivington atacaran un poblado Cheyenne y Arapaho al sudeste de Colorado. Pese a que semanas antes miembros de estos pueblos habían hecho público reiterados llamados de paz, ese día se consumó una de las más atroces masacres dirigidas a la población indígena de los EE.UU. Un ejército militar de aproximadamente setecientos hombres marchó desde Fort Lyon hasta Sand Creek para asesinar a más de una centena de Cheyennes y Arapahos que acampaban pacíficamente en el lugar.

Esta cadena de acontecimiento conduce a retomar la pregunta planteada en el inicio del presente apartado. No obstante, su respuesta imputa responsabilidades tanto al fenómeno de la representación, como al de la posibilidad de negociación, ambas causas conjuntas de las manifiestas contradicciones que envolvieron la relación de los tratados con sus contextos de aplicación. Sin duda, la posibilidad de negociación del gobierno condicionó significativamente la exigua e ineficaz representación de la población indígena en los tratados que pretendieron generalizar el total de sus pueblos. El creciente interés del gobierno y otras elites económicas hacia las tierras indígenas aceleró como consecuencia de la guerra de secesión y las sucesivas carreras por el oro que incitaron el espíritu de conquista de colonos europeos y norteamericanos. Este tipo de hechos condicionaron la relación de los diferentes poderes oficiales y extraoficiales con los pueblos indígenas (Limerick, P. 2011). Sin embargo, estos sucesos en apariencia coyunturales no fueron los únicos aspectos que determinaron la relación de los tratados con la realidad, intervinieron también elementos de más larga data, en este caso específico, las ideas que se tejieron en torno al asunto de la representación política en el pasado siglo XIX.

Como se mostró en el epígrafe anterior, el "meollo" de la representación política en el contexto estadounidense del siglo XIX no se ahínco en el perfeccionamiento de los medios para hacer gobernar al pueblo, sino más bien en los medios para hacerlos escoger los más capaces de gobernar. Este tipo de ideas herederas de la ilustración guardan una profunda correspondencia con la propuesta del Barón de Montesquieu, la cual –como se señaló en líneas anteriores– prestó mucha atención a la importancia que tenía la administración de las leyes en la positiva transformación de las realidades, situación que sin duda requirió la disposición de hombres cuya "razón" les otorgase el don del buen gobierno. Esta lógica no fue muy diferente al que se aplicó a la representación política de los pueblos indígenas en los tratados mencionados pues, la legalidad y legitimidad atribuida a su representación se relacionó estrechamente a lo que ante los fines e intereses del gobierno significó la escogencia de los mejores representantes, es decir, los más capaces de gobernar, en este caso, aquellos líderes que consintieron –no siempre de forma voluntaria– las sanciones estimadas en los tratados que quisieron involucrar la totalidad de sus respectivos pueblos.

Dicho esto, no solo es posible atribuir la responsabilidad de estos hechos a las ideas relativas a la representación política y la posibilidad de negociación del gobierno, también es posible distinguir un profundo carácter acomodaticio en las ideas que rodearon la representación. El análisis de los tratados y su relación con sus respectivos contextos de aplicación muestra como la representación actuó como un tipo de razón instrumental ante la posibilidad de negociación de las elites que las detentaban.

Una razón de esta misma naturaleza también es posible avizorar en el asunto concerniente al reconocimiento del pueblo Cheyenne en los tratados que le involucraron. Dicho proceso requirió de un primer grado de reconocimiento al gobierno de los EE.UU, aceptando –como se muestra en la siguiente cita– su necesaria protección y el ineludible cumplimiento de las políticas y sanciones que el mismo dispusiese a futuro. Aunque los tratados no formaron parte del cuerpo legislativo17 –por implicar actores sociales "teóricamente" ajenos a la concepción de lo nacional– su aplicación fue tan impositiva y vertical como cualquier otra ley. El incumplimiento de sus estatutos significó a la lógica del gobierno una regresión o mejor dicho, una involución del proceso civilizatorio, justificando nuevamente sistemas de relaciones considerados incivilizados, es decir, no regulados a través de la razón legislativa. En este caso, el desacato de los tratados que involucraron al pueblo Cheyenne desde 1825 hasta 1861 justificó por sí mismo la recuperación de los códigos propios de la guerra los cuales, se manifestaron abiertamente en la masacre de Sand Creek.

It is admitted by the Cheyenne tribe of Indians, that they reside within the territorial limits of the United States, acknowledge their supremacy, and claim their protection– The said tribe also admit the right of the United States to regulate all trade and intercourse with them (Kappler, C. 1904, 233)18.

El mito del buen y mal salvaje derivado de las representaciones pictóricas y literarias elaboradas por Occidente en el siglo XII –y resemantizadas luego en el siglo XV con la aparición de los nativos americanos (Bartra, R. 2000)– constituyó el entramado de tanto de símbolos, como ideologías sobre el cual se justificó la ocurrencia de este tipo de hechos los cuales, se incrementaron consecuencia de la necesidad de afianzar la conquista territorial estadounidense. La disposición de la población indígena en una actitud aparentemente favorable a los intereses de los poderes oficiales vendría a justificar su pacífica –pacificidad material, no ideológica– inclusión en los sistemas de relaciones que entonces se creyeron civilizados. Por el contrario, una disposición poco complaciente justificaría de forma abierta reducciones más drásticas, es decir, más violentas. Esta situación es capaz de explicar la distribución de estos "episodios" en el tiempo los cuales, en el siglo XIX solieron enmarcarse espacial y temporalmente cercanos a hitos cumbres en los que el gobierno ahincó sobre los pueblos indígenas políticas fuertemente reduccionistas.

¿Cambió algo en diez años? Relación de los tratados de Fort Laramie (1851) y Fort Wise (1861)

The federal government's policies most of which were aimed at the absorption of Indians, have had a discernible if variable impact on tribal nations, variable in part because these policies themselves were ambivalent-created at different times, by different individuals and administrations for different purpose, and for varied tribal nations. And as result of the undulating and unpredictable nature of history (...) vastly different in the year 2000 than it was in 1900, 1800 or 1700 (Wilkins, D. 2010, 104)19.

En el transcurso del presente trabajo se han defendido aspectos a favor y en contra de la idea planteada por Wilkins en el epígrafe anterior. Si bien, las políticas en materia indígena tuvieron múltiples manifestaciones en su aplicación a la realidad, consecuencia de los diferentes contextos y administraciones involucradas en su implementación, también es preciso decir que la naturaleza que les fue intrínseca pareció ser común a casi todas sus manifestaciones. La aparente diversidad se suscribió a las estrategias pues, en su conjunto todas estas políticas obedecieron al mismo principio civilizatorio.

Cuando se analiza el discurso de las leyes –o como es el caso, los tratados– intentando aprehender el sentido lógico de las ideas que dominaron en un momento histórico determinado, se corre el riesgo de pensarlas como un asunto inmutable, cuestión que en realidad es más que discutible. Tampoco se trata de representarlas como una cuestión deleznable pues, son resultado de complejas tensiones entre la volatilidad del contexto y la continuidad de ciertas estructuras de pensamiento que se expresan de manera inconsciente en forma de mitos. El elemento perdurable corresponde a las estructuras míticas y su larga duración (Lévi-Strauss, C. 1981). En el caso particular de los tratados analizados sobresalen dos de los grandes mitos que han guiado la historia de las ideas en Occidente. El primero tiene que ver con el mito del salvaje, el cual, guió y posicionó la representación del indígena como la antítesis de la civilidad occidental. Entre tanto, el segundo tiene que ver con lo que Braudel denominó la larga duración de la civilización (Braudel, F. 1968), la lógica mítica responsable del etnocentrismo de la civilidad occidental a partir de su relación con sociedades diferentes de sí.

Mucho se ha dicho del sostenimiento en el tiempo del sentido lógico inherente a la estructura de ambos mitos, no obstante, poco se ha hablado de la responsabilidad del contexto en la transformación de los contenidos expresos en los tratados mencionados. Como se explicó en el apartado anterior, la relación de los tratados de Fort Laramie (1851) y Fort Wise (1861) implicó una enorme reducción de los territorios dispuestos al aprovechamiento del Cheyenne y otros pueblos indígenas, una reducción que, además del espíritu civilizatorio de Occidente, también se condicionó por la efervescencia propia del contexto estadounidense del siglo XIX.

En 1848 se gestaba en Norteamérica el furor "The Gold Rush" relacionado al descubrimiento de oro en el estado de California, extendiéndose años más tarde hacia una vasta extensión del territorio estadounidense. Este acontecimiento tuvo repercusiones en el contexto social norteamericano pues impulsó movimientos migratorios procedentes de toda América y de Europa. Asimismo, constituyó un importante motor a la conocida "Western Conquest", un proceso que devastó a los pueblos indios establecidos en esta porción del territorio. No transcurrió mucho tiempo para que las consecuencias de este proceso se hicieran sentir en una porción importante de lo que entonces formaba parte de las tierras habitadas por los Cheyenne y los Arapaho pues, después de 1858 se acrecentó la expansión de las migraciones –y consiguientemente de las actividades asociadas a la detección minera– en los actuales territorios de la Columbia Británica, Colorado, Idaho, Montana, Oregón, Nuevo México, Arizona y Wyoming, involucrando parte importante de los territorios que formaban parte de la reserva indígena convenida en el tratado de Fort Laramie.

The discovery of placer initiated some of the most spectacular migrations ever to occur in the American West. The discovery of gold in California in 1848, of course, touched off the first of the western mining rushes. More importantly, its backwash led to the development of the rest of the mountain west. From California, the mining frontier moved eastward and subsequently enveloped most of the west (…) gradually, new of the discovery spread throughout California and then eastern United States and Europe. Extension of the gold region coincided with the arrival of the heavy immigration of the 1849-1850 (…) the decade following 1858 was characterized by the expansion of mining into many parts of the west (Rohe, R. 1986, 5)20.

Este proceso tuvo lugar en la década ubicada entre la firma de los tratados de Fort Laramie y Fort Wise, por consiguiente, es posible admitir su influencia en la reducción de las tierras objeto de los intereses económicos de los más diversos sectores sociales (Clay, K y Wright, G. 2011). A finales de 1850 y a comienzos de 1860 la migración de mineros y ciudadanos estadounidenses agudizó la conquista territorial de los territorios circundantes a la zona de Cherry Creek y el sur del río Platte –actual convergencia de Colorado, Kansas y Nebraska– los cuales, constituyeron el corazón de los cotos de caza de los pueblos Cheyenne y Arapaho. Este acontecimiento se enmarcó en la conocida conquista del oeste. La necesidad política de expandir el territorio era tal que pese a la escasa cantidad de oro encontrado en las montañas de Colorado y territorios adyacentes, se siguió alimentando una importante campaña propagandística para atraer nuevos colonos al supuesto Dorado. Los conflictos entre los colonos y la población indígena se agravaron en la medida que los nuevos asentamientos parecieron adquirir un sentido más permanente (Gary, R. 1984). Sin duda, el tratado de Fort Wise no fue una novedad, solo vino a afianzar a través de instrumentos oficiales un proceso que ya estaba en marcha.

 Si a partir de lo planteado fuese necesario responder si ¿cambio algo en diez años?, la respuesta tendría un profundo carácter ambivalente. El hecho intrínseco al aparente cambio en los tratados de Fort Laramie y Fort Wise constituyó un proceso que ya estaba en marcha, incluso desde momentos previos a la revolución norteamericana. No obstante, es posible decir que la novedad del hecho estuvo anclada a las estrategias de los poderes para legitimar y consumar la misma política civilizatoria que en tiempos de la colonia. The Gold Rush vino a representar justamente eso, una carrera para acelerar un proceso que, ante otras circunstancias, hubiese costado más tiempo y esfuerzo.

La potestad que el poder confiere: Los tratados y el modo de vida del pueblo Cheyenne

Aunque el vasto territorio que se acaba de describir estuviese habitado por numerosas tribus indígenas, se puede decir con justicia que en la época de su descubrimiento no era más que un desierto. Los indios lo ocupaban, pero no lo poseían. Por medio de la agricultura es como el hombre se apropia del suelo, y los primeros habitantes de América del Norte vivían del producto de la caza. Sus implacables prejuicios, sus pasiones indómitas, sus vicios y tal vez sus más salvajes virtudes los conducían a una destrucción inevitable (de Tocqueville, A. 1835, 52).

Si se analiza el curso histórico de las políticas oficiales dirigidas a los pueblos indígenas en el siglo XIX se observará que la reducción se abocó fundamentalmente a impulsar transformaciones en sus respectivos modos de vida. Las reducciones más radicales –entiéndase las reducciones poblacionales consecuencia de prácticas genocidas– solieron ser el resultado de la imposibilidad fáctica de llevar a "feliz" termino proyectos que en primera instancia apuntaron a estrategias de reducción cultural21, por ello, no es extraño observar que los tratados que involucraron al pueblo Cheyenne –y en general, al resto de los pueblos indígenas asentados en territorio estadounidense– consideraron como decisivo el impulso o mejor dicho, la imposición de un modo de vida más acorde al ideal de modernidad norteamericano. Como se muestra en la siguiente cita, la segunda transformación más importante –también resultado de la reducción territorial– tuvo que ver con el fomento de la industria y la actividad agrícola la cual, constituyó una estrategia para reforzar la desestructuración de los modos de vida que ya había iniciado con el desalojo forzoso de los territorios.

The Arapahoe and Cheyennes, being desirous of promoting settled habits of industryand enterprise among themselves, by abolishing the tenure in common by which they now hold their lands, and by assigning limited quantities thereof in severalty to the individual members of the respective tribes, to be cultivated and improved for their individual use and benefit(Kappler, C. 1904, 807)22.

El pensamiento de Tocqueville –condensado en el epígrafe anterior– respecto a la superioridad e inferioridad de unos modos de vida respecto a otros refleja bastante bien las ideas que sobre el tema detentaba el gobierno. De hecho, todavía es posible rastrear vestigios de este pensamiento, desde el "sentido común" hasta teorías académicas que intentan explicar la complejización de las sociedades a partir de la adopción de la agricultura como un modo de vida superior al de la cazao la recolección (Kerbo, H. 2003). La "no posesión de la tierra" referida por de Tocqueville representó la idea que justificó no solo la expropiación de la tierra, sino también la intervención a los diferentes modos de vida indígenas. El carácter teleológico, lineal y evolutivo que acompañó la concepción histórica atada al mito de la civilización situó las actividades económicas asociadas a la industria y agricultura como el "fin último" de la historia, es decir, la cumbre de la civilización. Por ello tenía sentido "guiar" a las poblaciones que hasta entonces no habían logrado alcanzar naturalmente el más avanzado estadio de la sociedad.

La no adopción del modo de vida agrícola se interpretó como una clara resistencia al proceso civilizador: "What a chaos of miseries of all kinds is the life of the savage! (…) Civilization seems to be ashamed to receive in its heart! What a deep degradation of human nature"23. Los primeros intentos de situar a la población indígena en el proyecto de construcción nacional derivaron en un proceso que apuntó a la campesinización de sus figuras, por ello pese a las particularidades presentes en los tratados que involucraron a la mayoría de estos pueblos, el impulso de la actividad agrícola constituyó un común denominador en casi todos ellos. Este acontecimiento no fue exclusivo a los EE.UU, en realidad pareció ser una constante en parte importante de los contextos americanos situados al sur. No obstante, su acontecencia tardaría unas cuantas décadas pues, fue en el siglo XX cuando la campesinización cobró vida en los proyectos políticos que derivaron de la generalización en el continente del "Estado de Bienestar". Es a partir de los años 40 cuando merman los enfrentamientos violentos y se impulsan reformas agrarias y planes de industrialización que buscaron integrar a los pueblos indígenas en los proyectos nacionales de modernización. Países como: Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, México, Ecuador y Brasil inician durante la segunda mitad del siglo XX un conjunto de reformas legales y constitucionales que permitieron la intervención de la iglesia y el Estado con el fin de propiciar armonía entre los modos de vida indígenas y los intereses económicos nacionales (Caruso, N. 2013; González, C. 2012).

El tratado de Fort Laramie constituyó el inicio de una avanzada transformadora de los modos de vida indígena en los EE.UU, es decir, de la aplicación generalizada de políticas que buscaron asegurar el tránsito de lo que el gobierno consideró los modos de vida tribal hacia un modelo sustentado en la actividad agrícola (Dion, T. 2008). La condena a los denominados "modos de vida tribal" no fue solo un asunto de ideas, de hecho –al igual que con la tierra– sus políticas asociadas estuvieron ancladas a intereses bastante prácticos. La caza constituyó la base de los modos de vida de los pueblos sentados en vastas porciones de tierra llana, territorios ampliamente cotizados24. A diferencia de la agricultura, la caza, constituyó una actividad de subsistencia donde el espacio era escasamente controlado pues, la misma estaba determinada por aspectos desligados del control humano, en este caso la movilidad y los ciclos de reproducción de sus objetivos. La aceptación de estas prácticas representaba una clara dificultad al éxito de las reservas pues, las mismas buscaron constreñir el espectro de acción de las poblaciones indígenas sobre el territorio. El respeto a estos modos de vida acarreaba consecuencias bastante serias a los intereses del gobierno y otras elites económicas. Para el primero, la imposibilidad de extender el territorio oficial adscrito a la jurisdicción de los EE.UU. Para el segundo, la renuncia de la condición necesaria a sus actividades de producción: la propiedad de la tierra. La intervención de los territorios constituyó un buen inicio para impulsar transformaciones socioculturales en quienes habitaron en ellas, por ello no es atrevido afirmar que los tratados –utilizando una expresión popular– representaron una forma de atinar "dos aves de un solo tiro".

A modo de conclusión

A mediados del siglo XIX EE.UU atravesaba una serie de procesos que tuvieron consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, el centro de estos procesos se ubicó en torno al asunto de la posesión y ocupación de las tierras pues, en este contexto se gestaba una acelerada expansión de los limites confinados a la actual "Nación norteamericana". La conquista de los territorios requirió la implementación de políticas con un evidente sentido reduccionista las cuales, se justificaron en el pensamiento ilustrado inmanente al discurso oficial manifiesto en el conjunto de leyes, tratados y locuciones políticas propias del siglo XIX. En estas fuentes se muestra una persistencia en el tiempo –una larga duración– de los mitos en torno al salvaje y la civilización los cuales, amparados por el poder institucional del gobierno y justificados por los intereses de los grupos sociales y económicos con un importante poder, encontraron su aplicación práctica en las políticas que despojaron a estos pueblos de sus derechos a ocupar sus territorios.

En el caso específico del pueblo Cheyenne, la carrera por el oro y la conocida conquista del oeste acrecentaron las fricciones interétnicas alrededor del asunto de las tierras, impulsando la aceleración de diferentes políticas como la constitución de reservas o el fomento a la propiedad privada que apuntaron a desestructurar su modo de vida Cheyenne a fin de poder afianzar de forma "pacífica" la conquista de sus tierras. No obstante, la inviabilidad de ambas estrategias decantó en acontecimientos violentos como la masacre de Sand Creek. Todas las formas de reducción –tanto física, como cultural– se ampararon en las lógicas inherentes a la modernidad, el cristianismo y la ilustración, las cuales representaron un tipo de razón instrumental que sirvió en favorecimiento de los intereses de Occidente, en este caso, el gobierno estadounidense y las elites ciudadanas portadoras de "civilidad".

Notas

1  "La ‘idea de América' (...) ha adquirido proporciones míticas. América tiene una mitología nacional, anclada en la historia pero embellecida por la idealización. Esa idealización mítica ha desempeñado un papel formativo y sustentador en la "construcción de la nación americana" (...). El nacionalismo y la religión a menudo se combinan para formar el nacionalismo religioso, que típicamente toma proporciones míticas. ‘El nacionalismo religioso es la fusión del nacionalismo y la religión de tal manera que son inseparables'"  (Buck, C 2009, 6).

2  "Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas y que todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador con ciertos Derechos inalienables que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad" (Congreso de los Estados Unidos, 1776).

3 El eudemonismo hace referencia al bien supremo y la felicidad como el objeto último de las acciones ejecutadas por los seres humanos, por consiguiente, es producto de la autosuficiencia de los hombres (Berraondo, J. 1992; Aristóteles, 2005). La aplicación del eudemonismo tiene su expresión en el mito fundacional norteamericano al concebirse a sí mismo como una entidad capaz de conducir su propio destino en función de sus políticas y acciones, idea también presente en el pensamiento ilustrado.

4 El nacimiento de la república –como idea y como sistema de gobierno– constituyó una de las más importantes transformaciones que tuvieron lugar en el continente americano en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, su capital importancia no se debió a su decreto verbal o legal, sino más bien, a la legitimidad que adquirió para intervenir en la totalidad de aspectos que estructuran la formación económico-social de los pueblos (Brading, D. 1993).

5 El concepto de modernidad se entenderá de acuerdo a lo planteado por Kant, es decir, una "salida a la inmadurez por un esfuerzo de la razón como proceso crítico". No obstante, se admitirá que este proceso inició con la expansión del mundo iniciada en 1492 (Dussel, E. 2000).

6 El concepto de razón instrumental planteado por Horkheimer tiene un importante sentido de utilidad construido a partir de la relación de lo que es lógico, los medios y los fines. De esta manera, el proceso racional concilia el orden objetivo de lo ‘racional' –tal como lo entendía la filosofía clásica– con la existencia humana, especialmente con los intereses de los hombres (Horkaheimer, M.1973). Para el caso de las leyes –o los tratados como se trata en el presente trabajo– la razón subjetiva o instrumental prevalece por encima de la razón objetiva de atribuía los "derechos" asociados a lo civil y ciudadano a la condición humana en su generalidad. De hecho, como se ve en las siguientes líneas estos últimos terminan tornándose poca estables y acomodaticios en función de las necesidades que impone la realidad, cuestión que evidencia su relación con el poder.

7 En este punto, George Lakoff sostiene que el sistema político norteamericano se rige en función de la estructura que da sentido a las relaciones familiares, siendo el Estado quien asume las funciones inherentes del rol paternal. Esta situación a su vez guarda relación con la vigencia del sistema moral cristiano en todas sus variantes, donde el poder –y su referente en dios– se homologa a una relación de tipo parental (Lakoff, G. 2007).

8  "The civil religión" fue el termino, o mejor dicho, la idea planteada por Jean-Jacques Rousseau en su conocida obra "The Social Contract" [1762] en la cual se determinan los principios de la vida social de acuerdo a los códigos propios de la civilidad. En ella se plantearon como dogmas la existencia de un poder beneplácito, la importancia de la vida venidera, la felicidad de los justos, el castigo de los impíos y la "santidad" del contrato social y las leyes como la manifestación de la lógica divina en la tierra (Rousseau, J. 1999).

9 Como bien lo indican Pavón Cuéllar y Sabucedo Cameselle (2009, 65). "El latín societas civilis es la traducción directa del griego koinona politike (…) Al igual que civilis, el adjetivo politike precisa una especie de sociedad: la sociedad política de la polis griega, es decir, la sociedad civil de la cive latina o la sociedad ciudadana de la ciudad actual". En tal sentido, el desarrollo histórico de los términos de sociedad civil y sociedad ciudadana entrelaza la condición ciudadana a los atributos políticos, morales e intelectuales que se atribuye a lo civil como expresión de la civilidad occidental. En palabras de estos autores "(..) la sociedad civil no es pues ni más ni menos que una sociedad ciudadana" (Ibídem, 64).

10 De acuerdo con palabras de George Manypenny "In no former equal period of our history have so many treaties been made, or such vast accessions of land been obtained" refiriéndose al período correspondiente a la segunda, tercera, cuarta y quinta década del pasado siglo XIX (Manypenny, G.2000, 89). Entre 1829 y 1851 cerca de ochenta y seis tratados fueron ratificados y firmados con aproximadamente veintiséis pueblos indígenas de Nueva York, el antiguo noroeste y Mississippi. Posteriormente, entre 1853 y 1856 se habrían tocado otros cincuenta y dos tratados con otros pueblos, sin duda, este fue el momento cuando más tratados –relacionados a la constitución de reservas– se firmaron en la historia de los Estados Unidos (Dion, T. 2008).

11 "Y a todos los indios nacidos dentro de los límites territoriales de los Estados Unidos, a los cuales se han hecho asignaciones bajo las disposiciones de esta ley o bajo cualquier ley o tratado, todos los indios nacidos dentro de los límites territoriales de los Estados Unidos que hayan tomado voluntariamente, dentro de dichos límites, su residencia separada de cualquier tribu de indios en ella y haya adoptado los hábitos de la vida civilizada, se declara por ser ciudadano de los Estados Unidos y tiene derecho a todos los derechos, privilegios e inmunidades de tales ciudadanos" (Congreso de los Estados Unidos, 1887, 388-391).

12 "Es mucho menos esencial para los partidarios de la democracia encontrar medios de gobernar a la nación, para enseñar a la nación a elegir a los hombres más capaces de gobernar y ejercer suficiente influencia sobre la naturaleza general de su gobierno sin interferir con sus actos individuales o medios de ejecución. Este es el problema. Estoy convencido de que la suerte del mundo moderno depende de su solución. ¡Pero cuán pocos son conscientes de ello! ¡Cuán pocos lo afirman!" (De Tocqueville, A. 1862, 30).

13 Los problemas relativos a la representación de los pueblos indígenas en los tratados firmados durante el siglo XIX estuvieron relacionados con el alcance de dicha representación, es decir, con el poder de representativo de los líderes indígenas firmantes en relación a la "totalidad" del pueblo al que jurídicamente representaban. De hecho, parte importante de la conflictividad relativa a la ocupación de las tierras, o mejor dicho, el supuesto "irrespeto" a los tratados convenidos estuvo relacionado –directa e indirectamente– con disconformidades en la representación de la "totalidad" de los pueblos a través de dichos instrumentos.

14 Desde la Guerra de la Independencia hasta la llegada del siglo XX, cerca de dos millones de mi2 de tierra fueron transferidos de la soberanía de los pueblos indígenas sentados en el actual territorio estadounidense a los dominios del Estado, esto significó una velocidad de transferencia de aproximadamente dos mi2 por hora, sin duda, una de las reducciones territoriales más abrasivas de las que se tiene conocimiento (Spirling, A. 2011).

15 El tratado de Fort Wise promulgado en Kansas en 1861 implicó una importante reducción de la reserva indígena reconocida en el tratado de Fort Laramie promulgado en 1851. Los límites de este primer tratado reconocían como territorio Cheyenne –y de otros pueblos indígenas como los Sioux, Arrickaras, Arapahos, Crows, Mandan y Gros ventres– las tierras que se extendían desde el río Platte Norte y río Arkansas hasta el oeste de Kansas, una región que actualmente incluiría el suroeste de Nebraska, parte de Colorado, Wyoming y el occidente de Kansas. Diez años más tarde, el tratado de Fort Wise reconocería como reserva indígena el territorio correspondiente a la extensión del río Arkansas hasta la zona de Sand Creek, actualmente el este de Colorado (Kappler, C. 1904, 594-596, 807-811).

16 "Una guerra desesperada de hambre y extinción es (...) inminente e inevitable, a menos que medidas rápidas impidan" (Gary, R. 2016, 1313).

17 Los tratados –en el sentido formal del termino– no constituyeron un recurso directamente homologable a una ley pues, teóricamente se admitía que los asuntos que eran objeto de su regulación, no involucraban de manera exclusiva a los civiles norteamericanos, por tanto, los tratados debían tener un importante sentido diplomático en función de mediar –a través del mutuo acuerdo– las relaciones entre dos unidades política y administrativamente diferentes. Sin embargo, los tratados que involucraron a los pueblos indígenas adquirieron un importante sentido de imposición, similar a la prescripción unilateral que caracteriza la legislación, otorgándole absoluta supremacía a los intereses del gobierno.

18 "La tribu Cheyenne de indios admite que residen dentro de los límites territoriales de los Estados Unidos, reconocen su supremacía y reclaman su protección. Dicha tribu admite también el derecho de los Estados Unidos a regular todo el comercio y las relaciones sexuales con ellos" (Kappler, C. 1904, 233).

19 "Las políticas del gobierno federal, en su mayoría dirigidas a la absorción de los indios, tuvieron un impacto variable en las naciones tribales, variable en parte porque estas mismas políticas eran ambivalentes, creadas en diferentes momentos por diferentes individuos y administraciones con diferentes propósitos, Y para las tribus tribales variadas. Y como resultado de la naturaleza ondulante e impredecible de la historia (...) muy diferente en el año 2000 de lo que era en 1900, 1800 o 1700" (Wilkins, D. 2010, 104).

20 "El descubrimiento del placer inició algunas de las migraciones más espectaculares jamás ocurridas en el oeste americano. El descubrimiento de oro en California en 1848, por supuesto, tocó el primero de los juncos minerales occidentales. Más importante aún, su contraflujo llevó al desarrollo del resto de la montaña al oeste. Desde California, la frontera minera se trasladó hacia el este y posteriormente envolvió la mayor parte del oeste (...) gradualmente, nueva del descubrimiento se extendió por toda California y luego al este de Estados Unidos y Europa. La extensión de la región del oro coincidió con la llegada de la fuerte inmigración de 1849-1850 (...) la década siguiente a 1858 se caracterizó por la expansión de la minería en muchas partes del oeste" (Rohe, R. 1986, 5).

21 En el siglo XIX –y desde mucho antes– se implementaron en los Estados Unidos sostenidas políticas orientadas a insertar a las poblaciones indígenas en el horizonte cultural de occidente. Los principales métodos de aculturación antes del siglo XIX estuvieron relacionados con la institución de misiones religiosas, generalmente cristianas. No obstante, a partir del siglo XIX las estrategias de aculturación se diversificaron, incluyendo como nuevas vías de penetración la masificación de la educación –anclada a las reservas– y las actividades económicas, especialmente en las políticas relacionadas al fomento de la producción agrícola y el intercambio comercial. Durante el siglo XIX el gobierno de los Estados Unidos –a partir de la figura del congreso– otorgo importantes sumas de dinero al impulso de la agricultura y las artes mecánicas en los adultos, así como de la lectura y la escritura en el caso de los niños (Flasch, B. 1973).

22 "Los Arapahoe y los Cheyennes deseosos de promover hábitos establecidos de industria y de empresa entre ellos, aboliendo la tenencia en común con la cual ahora tienen sus tierras y asignando cantidades limitadas de la misma a los miembros individuales de las respectivas tribus, ser cultivadas y mejoradas para su uso y beneficio individual" (Kappler, C. 1904, 807).

23 "¡Qué caos, miserias de todo tipo es la vida del salvaje! (...) ¡La civilización parece avergonzada de recibir en su corazón! Qué profunda degradación de la naturaleza humana". Palabras de un misionero católico asignado al pueblo indígena Potawatomi en 1854 (Gailland, M. 1854, 239).

24 Las tierras llanas históricamente han constituido las porciones de territorio bastante apreciadas pues, las mismas, facilitan dos condiciones necesarias a la constitución de grandes asentamientos, (1) la posibilidad de erigir grandes ciudades –por las facilidades en el asunto del transporte– y (2) el establecimiento de eficientes sistemas de riego que favorezcan la agricultura y otros tipos de actividades económicas.

Referencias

Fuentes primarias

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3 Kappler, Charles. Indian Affairs: Laws and Treaties (Vol. 2). Washington, D.C: Government Printing Office.
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- Treaty of Fort Laramie with Sioux (…), 17 de septiembre de 1851, EE.UU, 594-596.
- Treaty with the Arapaho and Cheyenne, 18 de febrero de 1861, EE.UU,807-811.

4 Manypenny, George. 22 de noviembre 1856. Extract from the annual report of the commissioner of Indian affairs. George W Manypenny, commissioner of Indians affairs from 1853 to 1857, faced the problems that arose from the opening of Kansas and Nebraska to white settlement. In his report of 1856 be discussed the treaties made with the Indians and his general views on Indian policy. In Prusha F. (ed.). Documents of United States Indian Policy (3era. Ed.). Lincoln: University of Nebraska Press, 89-91.         [ Links ]

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