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Prohistoria

versión On-line ISSN 1851-9504

Prohistoria vol.11  Rosario ene./dic. 2007

 

HISTORIA

Análisis del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983)

 

Rubén Kotler

Centro de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural (CERPACU) de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
rubenko742000@hotmail.com

 


Resumen

El informe de la CONADEP sostiene que a "la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la institución centro clandestino de detención...". El presente trabajo se propone analizar el Informe elaborado por la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, que da cuenta de cómo la represión ilegal en el "Jardín de la República" comenzó mucho antes de producirse el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Un informe que no ha sido lo suficientemente difundido y que arroja datos fundamentales para saber qué ha sucedido en dicha provincia.

Palabras clave: Tucumán; Derechos humanos; Informe; Comisión Bicameral; Represión

Abstract

The inform CONADEP says that in Tucumán began the repression with the installation of the illegal detention center. Through this article I want to analyze de inform made by the Bicameral Commission that investigated the violation of the human rights in Tucumán. These inform proof how it began the illegal repression in Tucumán, before the last dictatorship in 24 of March 1976. This inform wasn't enough spread and give us fundamental pieces of information about what happened in the Argentina recently pass.

Key Words: Tucumán; Human rights; Inform; Bicameral Commission; Repression


 

Videla, el torvo dictador, quería a toda
costa mantener las formas. Todo tenía que efectuarse con
guante blanco para hacer menos creíble la represión
apocalíptica que se hacía subterránea.
Osvaldo Bayer1

Introducción

En el presente artículo analizaré el Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán.2 Comenzaré abordando la estructura interna del Informe, partiendo de la creación de la Comisión hasta la elaboración de sus conclusiones, para continuar con una exploración de sus principales contenidos. El ICBI ha sido elaborado en 1984, es decir, después de la caída del régimen militar que gobernó de facto la República Argentina entre 1976 y 1983, dejando un saldo de treinta mil detenidos desaparecidos. Tucumán fue una de las provincias más castigadas por la represión ilegal y por eso la necesidad de investigar lo acontecido requirió de una comisión parlamentaria que asumiera la responsabilidad sobre lo sucedido con las víctimas del terrorismo de Estado. En este sentido, Tucumán fue una de las pocas provincias argentinas que contó con una comisión de este tipo para investigar lo sucedido en aquellos años, a diferencia de la nación en su conjunto.
Dada la extensión del Informe, me centraré sobre todo en los aspectos políticos presentes en la primera parte, en la que se analizan los antecedentes, las causas y los orígenes de las violaciones a los derechos humanos, se profundiza en lo sucedido durante los años 1970s. y se arriba a conclusiones anticipadas que se siguen con la presentación de los anexos, que reúnen testimonios y entrecruzan los datos encontrados por la Comisión para elaborar un documento que, aunque con profundas contradicciones internas, tiene un valor fundamental, no sólo para quienes persiguen la justicia sino para aquellos que buscan establecer las causas y consecuencias de las violaciones a los derechos humanos en Argentina.

Los orígenes

Una vez reestablecida la democracia en 1983 el Gobierno nacional, conducido por el presidente radical Raúl Alfonsín, delegó la responsabilidad de elaborar un informe a partir de las denuncias recibidas a una comisión de notables presidida por el escritor Ernesto Sábato.3 De esta manera, nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que elaboró el informe Nunca Más. Sin embargo, algunas organizaciones exigían la conformación de una comisión parlamentaria bicameral que investigara la violación de los derechos humanos durante la etapa más oscura de la historia argentina. Hay que recordar aquí, por ejemplo, que Madres de Plaza de Mayo se opuso a participar de la CONADEP. Hebe de Bonafini, presidenta de la organización, explicaba los motivos por los cuales no aceptaron formar parte de la CONADEP:

"No le vamos a firmar un cheque en blanco a Alfonsín, no le vamos a firmar un cheque en blanco, decíamos nosotras. Quedaban todavía muchas expectativas sobre lo que muchos suponían que podía hacer el gobierno radical. Y fue muy duro para las Madres tomar esa decisión; a las contradicciones de algunas se sumaban las presiones muy fuertes sobre todas nosotras. Lo que pasa es que ustedes piden demasiado, nos decían, hay que valorarlo como un paso positivo. Pero nosotras no nos dejamos entrampar y seguimos exigiendo la formación de la Bicameral, en lugar de esa comisión de 'notables' sin poder de resolución."4

En el mismo sentido de Bonafini se pronunciaron otras organizaciones de derechos humanos, como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), dirigido por el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel, que en una entrevista recordaba su posición respecto de la comisión:

"...a Alfonsín le dije que no iba a integrar la CONADEP porque yo decía que había que mandar todo a la Justicia Federal. Como él no aceptó, no participé de la Comisión. Cada uno tiene que tomar decisiones en la vida y ninguna es gratuita. Tenemos que profundizar el diálogo y ver cómo seguir construyendo en vez de dividir los organismos".5

El gobierno de Tucumán, a diferencia del Nacional, encargó al Parlamento provincial la formación de una comisión investigadora con representantes de las dos Cámaras.6 Fue así como nació la ley provincial 5599 que propiciaba la creación de dicha comisión y que tuvo a su cargo la recepción de denuncias de las víctimas (tanto en la ciudad capital como en el interior), la entrevista con los organismos de derechos humanos, la inspección conforme a la denuncia recibida, el secuestro de libros en las distintas seccionales de la Policía y del Ejército y la citación a los presuntos responsables, entre otras diligencias.
El mensaje del Poder Ejecutivo provincial, a cargo del gobernador justicialista Fernando Riera, invocaba entonces el deber del gobierno de posibilitar la investigación junto al castigo de responsables y culpables "de los excesos cometidos".7 Tras un largo debate parlamentario quedó sancionada la ley, que se publicó en el Boletín Oficial el 22 de febrero de 1984.8
En la introducción del ICBI, se explicita el objetivo de la comisión de "garantizar el interés civil de toda la población, en satisfacer el esclarecimiento de los trágicos episodios en que desaparecieron gran cantidad de personas".9 Para ello, se consideró apropiado constituir una comisión formada por diputados y senadores locales, como representantes del pueblo de la provincia. El texto, además, señala que la mencionada comisión habría de constituirse en un complemento del accionar judicial y establecía al mismo tiempo, sus funciones. Hugo Vezzetti, en referencia al informe Nunca Más, explica que se había convertido en un "soporte material y práctico que no sólo recuperaba sino propiamente rectificaba la significación de ese pasado".10 Este mismo concepto es válido entonces para el Informe de la Bicameral en Tucumán. La necesidad de rectificar lo actuado por el Estado en la ilegalidad de un gobierno de facto.
Si bien es cierto que el espíritu de la Comisión Bicameral era el mismo que el de la presidida a nivel nacional por Sábato, el hecho que el Estado provincial decidiera asumir la responsabilidad de investigar establece una notable diferencia. El Estado se hacía cargo de la responsabilidad de poner una luz de esclarecimiento sobre un pasado que lo involucraba directamente. Más allá de las competencias de unos y otros, en Tucumán la Comisión tendría mayor legitimidad ya que estaba conformada por los legisladores. La idea de dar conocimiento público sobre lo acontecido en el pasado reciente era la misma. Se refuerza, de esta manera, la idea sostenida por Vezzetti en cuanto a que el documento final elaborado se constituye en soporte material de la memoria.
El Informe está estructurado en once partes, cada una de las cuales está subdividida, a su vez, en secciones. El primer segmento es fundamentalmente introductorio, no sólo del propio informe sino también de la conformación de la comisión bicameral, establece los antecedentes de las violaciones a los derechos humanos en Argentina en general y en Tucumán en particular, a la vez que avanza en las conclusiones a las que llegaron los legisladores luego de haber finalizado las investigaciones. Está claro que esta primera parte del documento fue elaborada con posterioridad a la pesquisa.
A continuación el documento se divide en diez anexos, cada uno de los cuales contiene un tratamiento diferenciado del resto. Los tres primeros hablan del sistema represivo, el cuarto, quinto y sexto combinan testimonios con las características de quiénes han sufrido la represión ilegal. La séptima sección refiere al funcionamiento de la propia comisión investigadora. El octavo anexo desarrolla de manera estadística una serie de cuadros en los que es posible observar desde una tipificación de las víctimas según su edad y ocupación, hasta un listado con sus nombres y el de los represores que actuaron en Tucumán. Finalmente el ICBI se cierra con el debate parlamentario que dio origen a la comisión investigadora. El anexo diez es meramente estadístico y se destacan allí las personas más aludidas en el documento y en qué parte del mismo es posible ubicarlas.

El informe político

Lo primero que hay que tener presente es que el ICBI es un informe político, por lo tanto es lógico pensar que todo el desarrollo argumental del texto es político. Que un informe sobre las violaciones a los derechos humanos comience con un análisis político habla a las claras de que el resultado de la investigación era (y es) de interés público, ya que la represión estatal afectó a un importante sector de la sociedad.
Por lo tanto, el carácter político del ICBI es doble. Por un lado, es de interés público y, por otro, es asumido por el Estado provincial a través de sus órganos institucionales. La administración provincial asumió la cuestión política al expresar que:

"...es deber inexcusable del Gobierno popular y democrático, posibilitar la investigación, y en su caso, el castigo de los responsables y culpables, de los excesos cometidos so pretexto de la represión del terrorismo y la subversión. Todos los sectores políticos y el pueblo lo reclaman, y el Gobierno, surgido de la voluntad soberana del pueblo, debe ser sensible a tales reclamos de justicia, posibilitando que sean los representantes del pueblo, los que tengan a su cargo reunir todos los elementos, para que la Justicia, como órgano natural del Estado, determine los casos de delitos y violación a los derechos humanos, cometidos al margen de la ley y que deben ser reprochados por ésta y por el pueblo todo, que espera salgan a la luz todos los excesos cometidos y aparezcan los desaparecidos cuyas ausencias angustian a familiares y amigos".11

Estimo conveniente plantear algunas consideraciones expresadas en el Informe y que reflejan profundas contradicciones en algunas actuaciones de la dirigencia política que estuvo al frente del país en los primeros años de la transición democrática. Retomo entonces uno de los conceptos reiterados una y otra vez por la comisión, cuando se refiere a los crímenes cometidos por la dictadura. Habla de excesos y no de crímenes. Aunque la palabra crimen pudiera aparecer mencionada, el concepto exceso no sólo minimiza la responsabilidad política en la represión, sino que desvía la atención de la opinión pública.
Además, en el informe político los parlamentarios expresan que "no han emitido juicio alguno que no fuera competencia de la comisión, dejando para la Justicia la calificación y el juzgamiento, conforme a derecho, de las causas que le han remitido".12 También deciden hacer explícita la condena de los crímenes, con lo cual, si bien asumen desde el Estado el papel que les confiere el Poder Ejecutivo para investigar, ponen cierta distancia con los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Están diciendo claramente: fueron ellos y no nosotros.
Aunque el Informe deja entrever que no todos los legisladores estaban de acuerdo con la creación de la Comisión, se cuidaron en expresar que a todos les animó el mismo espíritu13 de condena a las violaciones a los derechos humanos en la provincia.
Los parlamentarios se pronuncian explícitamente sobre qué entendían como derechos humanos para establecer cuáles habían sido las violaciones de tales derechos, citando pactos internacionales a la par de los delitos cometidos por los militares. Se menciona la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó a la Argentina el 6 de septiembre de 1979 y concluyó su labor el 20 de ese mismo mes. El número total de denuncias que recibió la Comisión de la OEA durante ese periodo fue de 5.580, de las cuales 4.153 eran nuevas y 1.261 comunicaciones se referían a casos ya registrados y que estaban en trámite.14
La Comisión Bicameral sostenía que "en su expresión más conocida, la violación de los Derechos Humanos, designa todo lo que los argentinos vimos en algún momento de auge de la brutalidad terrorista, incorporado a lo cotidiano y que el citado informe de la OEA enumeró escrupulosamente".15 En la enumeración de los derechos fundamentales violentados en el país se consolida el argumento de la Comisión: El derecho a la vida, con las muertes ilegales y las desapariciones; el derecho a la libertad personal, con las detenciones indiscriminadas y arbitrarias, la limitación del derecho de opción y la prolongada permanencia de asilados; el derecho a la seguridad e integridad personal, con las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; el derecho a la justicia y al proceso regular; el derecho a la libertad de opinión, expresión e información; la suspensión de los derechos laborales y políticos; las restricciones a actividades religiosas y al accionar de los organismos de derechos humanos.16
Lo que sugiere esta lista es que en Argentina se habían violado los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Humanos declarada por la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Se habían violado lo que algunos autores han denominado derechos humanos de primera y segunda generación.
La Comisión centró su preocupación en las desapariciones forzadas de personas. Asegura al respecto que "el mundo entero ha adoptado la palabra desaparecidos, sin ser traducida a ningún idioma".17 Esta preocupación fue la misma que inquietó a la CONADEP y a todos los organismos de derechos humanos, nacionales y provinciales.
El ICBI también destaca la participación de las víctimas y de los familiares en las denuncias efectuadas ante la comisión, "agradece" a éstas el que hayan "derrotado al miedo y hayan confiado en los legisladores para realizar las denuncias",18 considerando su intervención como una de las claves de la transición a la democracia, ya que no había sido sencillo conseguir que denunciaran. Lo que queda claro es que los integrantes de la Comisión fueron conscientes de que ciertos mecanismos de miedo todavía estaban presentes en la vida de hombres y mujeres que habían sufrido en carne propia la vulneración de sus más fundamentales derechos humanos. No hay que olvidar que la transición recién comenzaba, por lo que es lógico pensar que el miedo de sufrir represalias sólo por denunciar todavía estaba presente en importantes sectores sociales.

Antecedentes sobre las violaciones de los derechos humanos

El ICBI prosigue con una reseña sobre los antecedentes de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina y en Tucumán. Sólo haré una breve mención de los primeros para detenerme en lo sucedido en la provincia de Tucumán.
La comisión asume que la violencia de los años 1970s. no había surgido de manera casual sino que tenía sus raíces históricas e íntimamente ligadas a los conflictos económicos, sociales y políticos de Argentina. En esa dirección, el Informe aborda los principales procesos violentos vividos en Argentina a lo largo de los siglos XIX y XX. En cuanto a los antecedentes de las violaciones de los derechos humanos en Tucumán, se analiza la evolución socioeconómica de la provincia, con el objetivo de precisar cuáles fueron las principales causas que hicieron del "Jardín de la República" un escenario propicio y permanente "para las tensiones sociales, que derivaron en conflictos políticos, dando lugar a que la violencia se agudice con especial énfasis".19 Partiendo de los procesos ocurridos a fines del siglo XIX, se busca establecer simultáneamente los nexos entre la conformación de la estructura social y económica con los precedentes de violencia que sentaron las bases para los conflictos de los años 1960s. y 1970s.; para ello, se define el esquema productivo de la provincia, los mecanismos de su desarrollo y el modo de producción que rodeó a la industria azucarera desde sus inicios.
El golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía en 1966 constituyó un punto de inflexión en el desarrollo del mencionado proceso socio-histórico. El informe se centra en la crisis que se produjo en la provincia tras el cierre de once ingenios, con verdadero desprecio por sus devastadores efectos sociales. Los conflictos desencadenados a partir ello podrían sintetizarse como un "desastre económico y social, [que] produjo una terrible y angustiante miseria y un grave desconcierto y se constituyó en el nervio de la agitación política que se precipitó en Tucumán durante las dos últimas décadas".20
A partir de allí, el Informe se focaliza en el crecimiento de la violencia política. Menciona los sucesos conocidos como "El Tucumanazo" y "El Quintazo",21 aunque se refiere a estas manifestaciones obrero-estudiantiles como una "exteriorización de protestas mediante metodologías cada vez más violentas".22 Una nueva contradicción se pone en evidencia en estas líneas. Si al comenzar el Informe la Comisión rechazaba la violencia de sectores populares por no contar con el apoyo del pueblo, ahora afirmaba que "es justo reconocer que contaban con la adhesión y simpatía casi unánime de la población".23 Y confirmaba que había existido una severa represión de estas protestas que, lejos de aplacarlas, constituía un factor de indignación colectiva y de provocación de nuevos disturbios. Es decir, si por un lado dejaba entrever que la violencia de los sectores populares, incluida la guerrilla, había sido una excusa para la consecución del último golpe militar, por otro manifestaba que el accionar represivo del gobierno dictatorial de Onganía había provocado la violencia de los sectores mencionados. Si el Estado fue responsable en primera instancia de la violencia hacia los sectores más afectados por las políticas socio- económicas emanadas del Poder Ejecutivo que, además de practicar la represión, era ilegal e ilegítimo, colocar en igualdad de condiciones a la guerrilla, o a las expresiones de descontento popular, con la represión ilegal desatada por el Estado, no parece ser un análisis acertado.
Como vemos, el tema de la violencia política ha incomodado a los legisladores, que no lograron resolver acertadamente esta cuestión. En este sentido, la contradicción del informe de la CONADEP también se manifestaba en el ICBI, uno de los puntos débiles del documento final elaborado.
La contradicción se confirma cuando se expresa que:

"...el irresponsable proceder de los elementos terroristas, totalmente desvinculados del real problema social y popular del pueblo tucumano, servirá de motivo para montar un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que eran totalmente ajenas al pernicioso accionar de la guerrilla".24

El argumento aquí enunciado se trasladó al pensamiento general de grandes sectores de la sociedad.
En 1975 (según consta en los medios de prensa locales y nacionales) cuando fue sustituido en la comandancia de la 5ª Brigada de Infantería por el general Antonio Domingo Bussi, el entonces general Andel Vilas, afirmó que la guerrilla ya había sido derrotada en Tucumán. Sin embargo, el número de víctimas se incrementó notablemente a partir de esa fecha. La Comisión también lo mencionaba, desestimando los argumentos esgrimidos por los militares al tomar el poder para combatir contra una guerrilla que ya no tenía capacidad de acción.
En su diario de campaña, Andel Vilas, concluía afirmando que:

"... en medio del cariño de sus habitantes y el respeto de los soldados, dejé Tucumán el 21 de diciembre de 1975, próxima la Navidad. El 'Operativo Independencia', si bien no había terminado, era un éxito completo. La subversión armada había sido total y completamente derrotada por un Ejército que luego de cien años de paz demostraba su capacidad de combate. La mayor satisfacción fue recibir días después, ya estando en la capital federal, el llamado del general Bussi, quien me dijo: 'Vilas, Ud. no me ha dejado nada por hacer'".25

En las consideraciones de la Comisión acerca de la guerrilla en el país es donde mejor se recoge el espíritu del informe de la CONADEP al sostener que:

"...esas bandas terroristas con su accionar, se constituyeron en el factor de provocación que estaban necesitando los ideólogos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, para desencadenar la sangrienta represión que acaeció posteriormente. Esto resulta imposible de omitir, si es que queremos tener una adecuada comprensión de los hechos de violencia que dieron origen a la tragedia de los últimos años".26

Si bien es cierto que Argentina recién estaba saliendo de la dictadura, resulta insoslayable observar cómo la teoría de los dos demonios se reproducía en amplios sectores de la sociedad, haciéndose letra en el párrafo citado. Cuando se inculpa a la guerrilla por el golpe militar se incurre en un grave error, ante todo porque en diciembre de 1975, es decir, tres meses antes de producirse el golpe de Estado, los propios representantes de las fuerzas armadas habían decretado el fin de la guerrilla, como también se menciona en el ICBI.
Por otra parte, en el transcurso del mismo Informe queda claro que el accionar ilegal represivo no sólo fue anterior a la instalación de la guerrilla en los montes tucumanos, sino que también se debió a un plan ejecutado para terminar con todos los opositores políticos e intelectuales de aquellos años. En este sentido, la Comisión pudo haber rechazado la violencia de la guerrilla, pero de ninguna manera tendría que haber dejado margen de duda para culpabilizar a los grupos guerrilleros por el golpe de marzo de 1976.27
Los legisladores asumen que:

"...cuando el 24 de marzo de 1976 se dio el golpe militar, los que lo engendraron lo hicieron absolutamente persuadidos de que su rol mesiánico, no consistiría solamente en poner fin a los que ellos consideraban un mal gobierno. No se trataba de un golpe militar más, sino de un ambicioso intento para cambiar nuestra sociedad, de acuerdo con un plan prolijamente elaborado desde el momento mismo de la asunción del gobierno popular y constitucional de 1973, tal como lo reconociera públicamente, tiempo después, el doctor José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo de dicho plan".28

La represión ilegal comenzó antes del golpe

Si los miembros de esta Comisión nos sentimos
horrorizados, si sabemos concientemente que los
relatos del horror no se borrarán jamás de nuestra
mente, imaginamos lo que sucederá con quienes
sufrieron las torturas más espantosas y fueron
sometidos a los más increíbles vejámenes.

Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, 1991

El ICBI plantea una serie de consideraciones acerca del accionar represivo con ejemplos y testimonios a lo largo de todo el documento. Sobre la metodología represiva, sostiene que ha sido planificada y sistemática afirmando, entonces, que se asentó en un "tríptico que la define y le otorga su propio perfil": el secreto, fundamental para la recopilación de los datos de inteligencia, como la planificación operativa y posteriormente su ejecución -que garantizaba a su vez la eficiencia- como así también la agudización del clima de terror colectivo; la clandestinidad, que resultaba indispensable para evitar cuidadosamente la determinación de la identidad de los autores del hecho y el destino de la víctima, el objetivo final de los autores del hecho, y también condición necesaria para la continuidad del accionar represivo; y la impunidad que garantizaba las dos primeras.29
Del accionar represivo se determina que fue sistemático y metódicamente planificado. Surgen entonces una serie de conclusiones sobre lo actuado por el Estado:
1) Nueve de cada diez personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas, que siempre actuaban en superioridad numérica.
2) Los responsables de los operativos a veces estaban uniformados y otras de civil, ocultando -por lo general- sus caras.
3) Operaban con gran despliegue de vehículos, sin chapas y patentes o con las mismas adulteradas, interrumpiendo el tráfico en varias cuadras a la redonda.
4) En la gran mayoría de los casos las operaciones se desarrollaron en horas de la noche.30
Como conclusión general se sostiene que "la represión contra el pueblo tucumano se fue desarrollando escalonadamente. Todavía en los inicios del último gobierno constitucional, en septiembre de 1973, el jefe de policía, comisario Héctor García Rey, desató un verdadero raid persecutorio nocturno, con asaltos de domicilio, rapiñas y numerosas detenciones sin orden judicial".31 Estos ejemplos mencionados por el Informe demuestran al mismo tiempo que si bien el auge de la represión ilegal se dio desde 1975, ya en 1973 hubo graves violaciones a los derechos humanos en la provincia. Aunque el sistema legal vigente controlaba en parte estas acciones, poco a poco se fue conformando el entramado represivo que habría de desatarse sin control alguno desde que el Gobierno nacional dio vía libre al Ejército para llevar a cabo el "Operativo Independencia".32
El ICBI también deja en claro que, tras la muerte de Juan Domingo Perón, comenzaron a actuar en Tucumán "grupos irregulares" (como se refieren a la Triple A) que cometieron numerosos atentados con explosivos de alto poder. Según lo establecía entonces la Comisión Parlamentaria, empezaron a "institucionalizarse" las agresiones, secuestros y asesinatos, siendo sus víctimas: políticos, profesionales de reconocida actuación, dirigentes estudiantiles, líderes obreros, intelectuales, periodistas y sacerdotes. Embistieron contra instituciones como la Universidad Nacional de Tucumán, la Honorable Legislatura, la sede de partidos políticos (Radical, Comunista y Socialista) y el Colegio de Abogados, entre otras.
A modo de ejemplo sobre la "institucionalización" de la represión, la Comisión centró su análisis en el terror sufrido por los abogados, sobre todo aquellos que se desempeñaban como defensores de presos políticos o colaboraban en apoyo a las víctimas, generándose lo que en el ICBI se denomina "la indefensión de la civilidad como sistema".33 De esta forma, mediante el terror, se negaban a la comunidad los servicios de los abogados quienes, a su vez, rechazaban actuar en defensa de los derechos de las personas por miedo a las represalias. Uno de los casos que menciona especialmente la Comisión es el del doctor Ángel Pissarello asesinado en 1976,34 que ha quedado en la memoria colectiva de la provincia como el emblema de los juristas contra los que cargó la represión. Se ponía el acento en la idea de que la mayoría de estas desapariciones se dieron "cuando el general Bussi ejercía la comandancia de la 5º Brigada y la Gobernación de la Provincia",35 contando con la suma del poder público. A estos abogados se suma otra lista de profesiones liberales que se vieron afectadas por la represión.
Lo que se sugiere, entonces, es que las violaciones a los derechos humanos y la implantación del régimen militar nada tuvieron que ver con el intento de poner fin a la guerrilla. El ICBI sitúa en Tucumán el "campo de experimentación de aberrantes técnicas represivas, aplicadas por algunos jefes militares y policiales".36 Refuerza entonces la idea del informe de la CONADEP que sostiene que "a la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la institución centro clandestino de detención, como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en Argentina".37
Una nueva contradicción incurrida por parte de la comisión asegura que el gobierno que siguió a la muerte de Juan Domingo Perón fue de una "profunda debilidad política [...] como consecuencia de la honda crisis desatada [...] por sectores irrepresentativos y que preconizaron políticas que facilitaron el avance golpista".38 Aunque no lo menciona, culpa al gobierno de Isabel Martínez de Perón de ejecutar "una política llena de vacilaciones que se caracterizó por las continuas concesiones a las cúpulas militares que lo rodeaban, al tiempo que dejaba impunes hechos delictivos de violencia, que habría sido preciso investigar en su momento".39 Aunque es cierto lo que se afirma en el ICBI en cuanto a que la represión luego del golpe fue contra las autoridades constitucionales de la provincia, no es menos seguro que fueron muchas de esas autoridades las que permitieron que el Ejército violara los más fundamentales derechos humanos, como en el caso de la firma del decreto ley que puso en marcha el ya mencionado "Operativo Independencia".
Sin bien el documento enumera una larga lista de dirigentes políticos y sindicales represaliados, no menciona quiénes eran "aquellos sectores irrepresentativos", ni tampoco el nombre de quienes, desde el gobierno nacional y provincial, permitieron el accionar represivo. Al hablar de algunos políticos locales, como el caso del ex gobernador Amado Juri, se produce una indulgente complicidad, al posicionarlo como víctima porque estuvo detenido tres años luego del golpe. Sin embargo, no se menciona su responsabilidad política al permitir que el Ejército actuara como lo hizo en la provincia desde febrero de 1975. Marcos Taire recuerda que:

"...la gran represión en Tucumán, no empezó el 24 de marzo de 1976, la gran represión en Tucumán empezó el 9 de febrero de 1975 con el Operativo Independencia con la complicidad de toda la conducción política de ese momento; Don Amado Juri reivindicado ahora por muchos, aplaudió el accionar del primer criminal que hubo en Tucumán que fue el gral. Vilas, lo condecoró el día que se fue, Carlos María Torres, intendente de Tucumán era íntimo amigo de Vilas...".40

Otra de las tareas de la Comisión fue buscar pruebas que inculparan a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, tarea nada sencilla. Sin embargo, y pese a los problemas descriptos, la Comisión reunió unos cuatrocientos cincuenta expedientes, que comprendían a unas seiscientas presuntas víctimas.41 Para los integrantes de la Bicameral este hallazgo fue fundamental para que los represaliados pudieran "ejercer por sí o por sus representantes legales, la denuncia ante la Justicia administrada por jueces constitucionales los roles que la ley les acuerda".42
Una cuestión importante en el periodo de la transición fue establecer el número de víctimas. Algunos especialistas del derecho, como la abogada tucumana Laura Figueroa, que lleva adelante algunos juicios contra los represores en Tucumán, manifestó que "los organismos tendrían que haber hablado de genocidio y no tendrían que haber expresado en cifras la cantidad de desaparecidos, que aún hoy provoca polémica".43 El número de denuncias recibidas y ratificadas en la Comisión era inferior al que habían registrado los organismos defensores de derechos humanos de la provincia y las realizadas ante la CONADEP en Tucumán, defasaje que se notaba, sobre todo, en el rubro desaparecidos.44 El motivo por el cual la Comisión había recibido un número menor de denuncias radica en los resabios del terror sembrado entre la población en los años en que prevaleció la represión. En repetidas ocasiones, se presentaron familiares y víctimas que expresaron su reticencia a efectuar las imputaciones correspondientes, porque consideraban que en la provincia se conservaban vestigios del aparato represivo señalando que sus temores se basaban, sobre todo, en que el aparato policial local se mantenía y habrían sido reincorporados o ascendidos elementos que habían sido sus victimarios. Dudaban que la Comisión pudiera otorgarles suficientes garantías, cuando los propios miembros de la Bicameral estaban siendo amenazados y no habían conseguido que la Policía ni la Justicia pudieran individualizar a los autores.45
Si las dificultades para recoger testimonios en la ciudad capital era un obstáculo, hacerlo en el interior de la provincia resultaba mucho más complejo. Aún hoy, en los juicios que se llevan a cabo en Tucumán es difícil encontrar testimoniantes, cuando han pasado treinta años del último golpe militar y más de veinte desde el reestablecimiento del sistema democrático. En este sentido, el ICBI expresa que:

"...[en] el interior han sido factores complementarios en la omisión de denuncias, hechos tales como el aislamiento en que viven muchos pobladores de las zonas rurales, las dificultades de acceder a medios de transporte y el fenómeno típicamente tucumano de los trabajadores 'golondrinas' de la zafra, sobre cuyo destino es difícil precisar".46

Además la represión en el interior de la provincia se desató en muchos casos contra grupos familiares o sectores poblacionales íntegros.
Una de las preocupaciones centrales de los legisladores fue establecer qué sucedió y cómo fue posible. Pero, ante todo, llevar la verdad a la sociedad sobre lo que vivieron las víctimas, algunas de las cuales pudieron dar testimonio para la Comisión, sobrevivientes que tuvieron la suerte de quedar con vida "al cabo de la noche más cruel y sangrienta que vivió la Argentina en toda su historia". "El horror jamás se borrará de nuestra mente y los miembros de la comisión, han quedado marcados a fuego luego de haber descendido a un infierno inimaginable",47 ha sido la sentencia de los integrantes de la Comisión. La pregunta que podría sintetizar todos los interrogantes, y que aún hoy no se responde es: ¿cómo ha sido posible todo aquello? ¿Cómo explicar los centros clandestinos de detención o las desapariciones forzadas de personas, las torturas y la represión?
Una suerte de conclusión anticipada -y no sin ironía- se expresa en la idea de que aquellos "hombres [los militares que llevaron a cabo la represión] que profanaron el uniforme que les dio la patria para defenderla, eran hombres de palabra: al irse, llevándose al obrero, lo hicieron diciéndole a la mujer que nunca más volvería a verlo. Y cumplieron, porque ese trabajador hoy engrosa la larga lista de los secuestrados desaparecidos".48
La desaparición forzada de personas ha sido la preocupación más relevante de la Comisión. Antes de dar paso al detallado análisis cuantitativo y cualitativo de la represión, en el ICBI se insiste nuevamente en esta cuestión y se citan las consideraciones de Ernesto Sábato, como presidente de la CONADEP, que manifestó al respecto:

"...la desaparición forzosa de personas, no es una violación más a los derechos humanos, sino una suma de violaciones (a la vida, a la integridad física y psíquica, a la legal defensa, al contacto con los familiares, etc.); por la magnitud de la tragedia que esto conlleva, la desaparición forzada de personas se encuentra en la tenebrosa categoría de crímenes contra la humanidad (lesa humanidad)".49

En reiteradas oportunidades el ICBI refiere a la cuestión de los derechos que fueron vulnerados a partir del sistema de desaparición forzada de personas y se enuncia que la palabra "desaparecido" entró en consideración del sistema jurídico internacional a partir de los casos producidos en Argentina. Sin embargo, la Comisión no se limitó sólo al tratamiento de la vulneración de los derechos arriba expresados y destacó la importancia de señalar el extenso campo de acción que abarcaba la lucha por la defensa de los derechos humanos, avanzando de su visión más restringida, a la que realmente debía referirse. El espíritu de esta visión más amplia de los derechos humanos se expresa en el siguiente párrafo:

"...en efecto, en un país como el nuestro, donde hace medio siglo padecemos la recurrencia crónica de golpes militares, donde el autoritarismo bloquea la participación creadora del pueblo y le cercena continuamente la posibilidad de expresarse, un país donde pese a estar dotado de una naturaleza de abundancia, que nos ha convertido en pródigos productores de alimentos, mueren de hambre miles de niños y estadísticamente observamos que el consumo de proteínas por habitante, cae de manera alarmante".50

Aunque la Comisión centró sus investigaciones en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, no desconocía que otros derechos fundamentales no eran respetados en el país, lo que supone además, una nueva perspectiva para el análisis. Reconocía, de esta manera, que la cuestión de los derechos humanos era más amplia que la meramente abordada por la Comisión.
Se cierra el debate afirmando que "el saldo que [...] dejó el 'proceso', habla a las claras de la injusticia de un régimen que violó los derechos humanos en su globalidad. Se conculcaron las Libertades Públicas y los Derechos Constitucionales, aniquilando todo vestigio de democracia".51
El ICBI se cierra con un llamamiento al Poder Judicial para que cumpla con su cometido. Al concluir el capítulo que contiene las consideraciones generales se pide por lo tanto "que la Justicia cuarteada por la Ley, ponga en senderos de paz tan amargos frutos de nuestro pasado. Pero la Paz ha de ser fruto de la Justicia. Nunca el olvido engendró hijos sanos y robustos, porque el olvido no está en el orden de la Verdad, es más bien un subterfugio de la mentira".52
Estas ideas ponen en consideración dos cuestiones íntimamente relacionadas entre sí. La primera es el lugar de la memoria, como contrapartida del olvido. La segunda acerca de la verdad. Sobre la primera retomo el concepto de Vezzetti acerca del papel que supone el documento elaborado por la Comisión como soporte material. Si el país vivía una incipiente transición democrática, sólo podía construirse sobre la base de la memoria y el reconocimiento de la verdad. Que la Comisión incurriera en algunas contradicciones, como las aquí analizadas, no le quita valor documental y testimonial al informe final, sino todo lo contrario. Se expresa en la búsqueda de una verdad, que no es absoluta y que por lo tanto puede y debe ser revisada. Sin embargo, ha servido de punto de partida para comprender qué sucedió en Tucumán y en Argentina.
La Comisión se fijó también en otro actor social que ha tenido responsabilidad por acción o por omisión en las violaciones de los derechos humanos en Argentina. Aunque muchos de sus miembros han sido perseguidos por denunciar los crímenes que se cometían, la Iglesia oficial tuvo responsabilidad sobre las violaciones de los derechos denunciados.53 Aún así, los valores religiosos fueron un aspecto central entre los valores morales esgrimidos para la propia conformación de la Comisión. El ICBI enuncia en este sentido que:

"Juan Pablo II, en varias ocasiones resaltó el drama de los desaparecidos en la Argentina y se solidarizó públicamente con el dolor de los familiares de aquellos. Igual actitud tuvo el órgano periodístico oficial de la Santa Sede, L'Osservatore Romano, en reiteradas ocasiones, llegó incluso a descalificar duramente en una oportunidad a uno de los más connotados personeros de la barbarie. En nuestro país hubo sacerdotes que concurrieron en defensa de las víctimas del genocidio y en asistencia de sus familiares".54

Sobre los sacerdotes tucumanos la Comisión recordaba a monseñor Isidoro de Bassols, párroco de la iglesia Del Sagrado Corazón:

"...[quien] acogió y protegió a un numeroso grupo de padres, madres y familiares de las víctimas de la represión y cuando en vísperas de la Navidad de 1978, integrantes de ese grupo fueron detenidos para que no pudiesen concurrir a una misa por sus seres desaparecidos, el mismo cura en persona los asistió en la Brigada Femenina de la Policía, donde fueron alojados durante tres días".55

Aunque la Comisión destacó el rol de Basols, con el tiempo su figura se fue tornando polémica, por cuanto algunos familiares sospechan que manejaba listas y que tenía datos de los desaparecidos que ocultaba.56

Consideraciones finales

La Comisión ha cerrado el informe con reflexiones sobre la historia de los derechos humanos citando la declaración de los "Derechos del Hombre y del Ciudadano". La conclusión expresada en aquella declaración es retomada por la Comisión afirmando que:

"...la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos [manifiestan que] quienes han cometido los horrores brutales de la violencia, de las torturas y de la muerte misma, cualquiera sea su signo ideológico, han atentado contra Dios, Nuestro Creador. Ignoraban las palabras de Cristo: 'No temáis a los que matan el cuerpo y en seguida no pueden hacer nada más'".

Frente a esa pesadilla espantosa nos preguntamos: ¿cómo entró tanto odio en los corazones? ¿Cómo anidó en los hombres el odio irracional, el sadismo, la técnica infernal de la tortura física y mental? Tal vez sólo los mayores felones de la historia universal puedan explicarse si es necesario para la "paz" y la "seguridad" de la Patria entregar a una aterrorizada madre el cadáver masacrado de su hijo de 17 años, con los testículos colocados en la boca, como ocurrió aquí en Tucumán.
Las preguntas sobre el porqué de lo sucedido y cómo ha sido posible sintetiza todos los interrogantes formulados la Comisión; la misma que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han hecho los estudiosos del nazismo. ¿Era la Comisión quien debía dar respuestas a lo que había sucedido? Seguramente no pero, al margen de las contradicciones internas que se encuentran en el informe elaborado, dejó testimonio para que las generaciones futuras, o las presentes, a treinta años del golpe, tengan pruebas de que aquel horror existió.
Como respuesta política la Comisión manifestaba que "vamos a afirmar que tenemos una Constitución y que en defensa de la Ley Suprema no admitimos jamás que nadie la use como escudo o razón para incurrir en actos delictivos, porque estos cercenan o aniquilan el espíritu de su contenido". Se inclinaban a favor de la legalidad constitucional para hacer frente al pasado, una expresión moral del deber ser que se enfrentaba con el ser, lo que debió haber sido frente a lo que fue.
Apelaron a un criterio de verdad y justicia y se expresaron de manera contundente al afirmar:

"...[que no era posible] hablar de reconciliación cuando las heridas aún permanecen abiertas [...] mientras sigan resonando en la consciencia de la Nación los ecos de las voces de los desaparecidos que reclaman justicia, la de los niños que claman por ver a sus padres, las de esas madres que unieron sus dolores y soledades en un esfuerzo abnegado y silencioso y que también tienen sus propias víctimas".

En este sentido, la Comisión hizo un reconocimiento a los organismos de derechos humanos que, como las Madres de Plaza de Mayo o los Familiares de Detenidos Desaparecidos, venían reclamando desde 1977 y a los que se sumaron luego (aunque esto no lo sabían ni los propios legisladores) como HIJOS.
Urgencia por esclarecer lo sucedido y pronunciarse sobre ello. Había por lo tanto, "que resolver necesidades mediatas e inmediatas". Las inmediatas ya estaban en manos de la Justicia, que había recibido, según entendieron los parlamentarios, el desafío de la historia de llegar al meollo del asunto en cada una de las causas que le habían entregado y dictar lo que a derecho correspondiese, reparando así el daño causado. La Comisión sabía que era necesario seguir bregando por una Justicia independiente de los poderes de turno como el mejor reaseguro para la democracia.
Finalmente los parlamentarios lanzaron un grito de esperanza hacia el futuro. "Anhelamos un país donde exista el más amplio pluralismo ideológico y político, donde cada cual pueda expresar libremente sus ideas y luchar, siempre en el marco estricto de la legalidad, para hacer realidad el modelo de Nación que desea". No hay dudas de que el ICBI se cerraba con la misma idea que el informe de la CONADEP: que nunca más volviesen a ocurrir hechos que vulneraran los más fundamentales derechos humanos.
El reconocimiento final de los integrantes de la Comisión hacia las Madres de Plaza de Mayo, enalteciendo el valor de la organización es, posiblemente, el punto más emotivo del informe:

"...previo a finalizar el informe, corresponde rendir un justiciero homenaje a ese grupo de mujeres pertinaces y fuertes, que ya están en la contemplación y admiración de todos los observadores del mundo y que llevan el nombre de 'Madres de Plaza de Mayo'. Esas heroicas mujeres, son el símbolo vivo de la resistencia a la atroz dictadura y de una lucha decidida por la Vida y por la Libertad".

Y por medio de este "homenaje" mencionan a todos los organismos que defendieron los derechos humanos durante los años de la dictadura.
El hecho de que este informe contenga profundas contradicciones no lo invalida como documento histórico que merece ser evaluado, analizado y revisado permanentemente. Es un informe poco conocido y menos difundido; tal vez eso ha hecho posible que, en varias oportunidades, un ex-represor ganara las elecciones en Tucumán. Sin embargo, el ICBI está ahí, esperando que los historiadores e historiadoras vuelvan sobre él en un tozudo intento por develar la verdad de los años más oscuros de la historia argentina.

Salamanca, 21 de marzo de 2007

Notas

1 BAYER, Osvaldo conferencia presentada en el simposio "Reconstrucción de una cultura: el caso argentino", Universidad de Maryland, Estados Unidos, 1985.         [ Links ]

2 En adelante ICBI. Si bien la edición impresa está agotada, es posible encontrar la versión completa en línea http://www.nuncamas.org

3 VEZZETTI, Hugo Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003, p. 112.         [ Links ]

4 DIOGO, Alejandro Conversando con las Madres de Plaza de Mayo. Hebe, Memoria y Esperanza, Dialéctica, Buenos Aires, 1988, p. 155.         [ Links ] CARRIZO, Raúl "Condición humana y enunciación ética. Su expresión en las prácticas y discursos de la Asociación, Madres de Plaza de Mayo", mimeo, 2005.         [ Links ]

5 "Las diferencias. Entrevista con Adolfo Pérez Esquivel" [en línea] http://lavaca.org/seccion/actualidad/1/1342.shtml [consulta: 6 de abril de 2006].         [ Links ]

6 Tucumán no fue la única provincia en la que el Parlamento provincial llevó a cabo la investigación de lo sucedido durante los años de la última dictadura. En la provincia de Chaco, por ejemplo, una Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados también ha elaborado un informe similar al ICBI.

7 COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán (ICBI), IEPALA, Salamanca, 1991, p. 3.         [ Links ]

8 Boletín Oficial de la provincia de Tucumán, 22 de febrero de 1984.         [ Links ]

9 ICBI, cit, p. 3.

10 VEZZETTI, Hugo Pasado y Presente...cit., p. 136.

11 ICBI, cit., p. 3.

12 ICBI, cit., p. 4.

13 ICBI, cit., p. 4.

14 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, 14 de diciembre de 1979.         [ Links ]

15 ICBI, cit., p. 29.

16 ICBI, cit., p. 29.

17 ICBI, cit., p. 29.

18 ICBI, cit., p. 6.

19 ICBI, cit., p. 20.

20 ICBI, cit., p. 21.

21 CRENZEL, Emilio El Tucumanazo, CEAL, Buenos Aires, 1991.         [ Links ] KOTLER, Rubén "El Tucumanazo, los Tucumanazos, 1969-1972", en VIII Encuentro Nacional y I Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina, publicación en CD, 2005.         [ Links ]

22 ICBI, cit., p. 21.

23 ICBI, cit., p. 21.

24 ICBI, cit., p. 22.

25 VILAS, Andel Diario de campaña: Tucumán, enero a diciembre de 1975 [en línea] http://www.nuncamas.org         [ Links ]

26 ICBI, cit., p. 18.

27 POZZI, Pablo y SCHNEIDER, Alejandro Los setentistas. Izquierda y clase obrera: 1969-1976, EUDEBA, Buenos Aires, 2000.         [ Links ]

28 ICBI, cit., p. 12.

29 ICBI, cit., p. 39.

30 ICBI, cit., p. 22.

31 ICBI, cit., p. 23.

32 El decreto núm. 261/75 del 5 de febrero de 1975 dio origen al llamado "Operativo Independencia", génesis de la represión institucionalizada.

33 ICBI, cit., p. 23.

34 ICBI, cit., p. 24.

35 ICBI, cit., p. 24.

36 ICBI, cit., p. 24.

37 COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP) Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Eudeba, Buenos Aires, 1995 [1984], p. 213.         [ Links ]

38 ICBI, cit., p. 24.

39 ICBI, cit., pp. 24 -25.

40 Entrevista realizada a Marcos Taire, en 2004. Taire es periodista y ha sido militantes del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS) en los años 1970s.

41 ICBI, cit., p. 26.

42 ICBI, cit., p. 26.

43 Entrevista realizada a Laura Figueroa, en 2005.

44 ICBI, cit., p. 26.

45 ICBI, cit., p. 27.

46 ICBI, cit., p. 27.

47 ICBI, cit., p. 28.

48 ICBI, cit., p. 28.

49 ICBI, cit., p. 30.

50 ICBI, cit., p. 30.

51 ICBI, cit., p. 32.

52 ICBI, cit., p. 35.

53 Para ver el vínculo entre Iglesia y dictadura ver MIGNONE, Emilio Iglesia y Dictadura. El papel de la iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1987, 4ta. edición.         [ Links ]

54 ICBI, cit., pp. 32-33.

55 ICBI, cit., p. 33.

56 KOTLER, Rubén Los Movimientos Sociales: Formas de resistencia a la dictadura. Madres de Detenidos-Desaparecidos de Tucumán, Programa de Historia Oral de la UBA, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2006, pp. 37-41.         [ Links ]

Recibido con pedido de publicación el 28/06/2006
Aceptado para su publicación el 05/12/2006
Versión definitiva recibida el 28/03/2007

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