Detrás de la pantalla: autoritarismo, censura y represión en los medios: Un estudio de caso, Córdoba 1973-1983

Silvia Romano

Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba
sirom@ffyh.unc.edu.ar

Resumen

El artículo aborda la problemática de la producción informativa en los medios de comunicación durante el periodo 1973-83 desde una perspectiva histórica cultural. Examina los instrumentos y mecanismos de censura y represión aplicados en el interior de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba que contribuyeron a imponer un férreo control sobre los contenidos de las emisiones, en un contexto específico caracterizado por el intervencionismo estatal en el manejo de los medios y el desarrollo de políticas de censura, exacerbadas a partir del golpe de Estado de 1976. En ese marco tratan de visualizarse las formas de resistencia o adaptación del personal de la empresa mientras estuvo sujeta a la intervención del poder político y de las fuerzas armadas antes y durante la dictadura que comenzó en 1976.

Palabras clave: Censura; Medios de comunicación; Televisión pública; Dictadura; Resistencia

Abstract

The article approaches to the subject of information production in the communication media during the period between 1973 and 1983 from a cultural and historic perspective. It examines the instruments and mechanisms of censorship and repression applied inside the Servicios de Radio y Televisión at the Universidad Nacional de Córdoba. This contributed to impose an iron hand control over the content of the broadcasts, in a specific context signaled by the government's interventionism in media management and the development of censorship policies, overemphasized after the coup d'état in 1976. In this setting we try to visualize the staff's resistance or adaptation means while the company was subject of intervention by the political power and the army before and during the dictatorship that started in 1976.

Key Words: Censorship; Communication media; Public television; Dictatorship; Resistance 

Presentación del tema

Este escrito expone parte de los resultados de una investigación en curso¹ y tiene como propósito describir y examinar los dispositivos y mecanismos represivos instrumentados en el interior de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que contribuyeron a imponer un control férreo sobre los contenidos de las emisiones, en un contexto específico caracterizado por el intervencionismo estatal en el manejo de emisoras de radio y televisión y el desarrollo de políticas de censura, exacerbadas a partir del golpe de Estado de 1976 -funcionales a su proyecto de dominación y a la represión ilegal. En las condiciones planteadas se trata de visualizar, al mismo tiempo, las formas de resistencia, de adaptación y consenso del personal de la empresa mientras estuvo sujeta a la intervención directa del poder político y de las fuerzas armadas, es decir antes y durante la dictadura de 1976.
Consideramos a los medios de comunicación audiovisual como actores sociales entrelazados con la historia de la sociedad en la que se inscriben y en la que intervienen activamente para construir realidad pública. Por eso mismo y por lo que significaron para el poder dictatorial, constituyen un laboratorio privilegiado para visualizar la implementación de estrategias de control y censura, como las que sirvieron al terrorismo de Estado, que entendemos permiten informar el estudio de los discursos producidos por esos medios. Contribuyen también a la construcción de una historia más compleja y diversa de la televisión argentina.²
El tema y el periodo continúan con un estudio anterior destinado a reconstruir los contextos de producción de noticias del archivo fílmico de Canal 10, integrante de los SRT, entre 1962 y 1980, y establecer una periodización del mismo para propiciar un uso más riguroso de la documentación audiovisual.³ En esta investigación retomamos aspectos tratados globalmente en uno de los subperiodos establecidos,⁴ aunque extendiéndolo hasta el retorno a la democracia y adoptando una perspectiva y una escala de análisis que ponen el acento en la vida interna de la empresa, especialmente para indagar sobre la estructuración de un sistema de control disciplinario del personal que habría permitido asegurar el manejo riguroso de la información periodística difundida por los medios, en particular por Canal 10.⁵ Esta perspectiva recupera aportes conceptuales de otros autores, así como conocimientos logrados y preguntas derivadas de esa investigación anterior. En el desarrollo de texto expondré las referencias correspondientes como también las de la bibliografía revisada en relación con el tema.
Entre otras cuestiones me planteé indagar sobre el modo en que se aplicaban las disposiciones de carácter general emanadas de las autoridades gubernamentales relativas al control ideológico de la información, las restricciones a la libertad de prensa y las sanciones asociadas; el grado de vinculación o dependencia de los directivos de los SRT con respecto a otras instancias de poder político civil o militar, provincial y nacional, externas a la UNC. En ese marco y en el que imponía el contexto histórico político general -particularmente el de la represión ilegal- nos preguntamos: ¿en qué medida y a través de cuáles instrumentos normativos y dispositivos disciplinarios se vehiculizaron los mandatos de control ideológico y social sobre el personal de los SRT que hicieron posible un manejo global de estos medios de comunicación para los fines ideológicos, políticos y propagandísticos de los gobiernos constitucionales y de facto del periodo? ¿Cuáles fueron las consecuencias prácticas de su aplicación y cómo afectaron a los trabajadores? ¿Qué actitudes, comportamientos y estrategias desplegaron éstos frente a las condiciones imperantes? ¿Qué formas de resistencia pudieron articularse en el interior del medio y de qué modo fueron sancionadas? ¿En qué medida se logró instaurar la autocensura o el consenso?
Aquí intentaré acercarme a esta problemática a partir de la información relevada de documentación escrita producida por la propia empresa⁶ que complementé con otras fuentes, como testimonios de trabajadores de la empresa, periódicos y documentos del archivo fílmico de Canal 10.⁷
Como introducción al tema propuesto presentaré primero una breve historia institucional de los SRT en el contexto político de la época que permitirá enmarcar el análisis, a la vez que justificar el recorte temporal adoptado para este estudio. Seguidamente resumiré las disposiciones, leyes y decretos relacionados con la censura a los medios de comunicación de masas, para analizar luego los instrumentos y las formas de control de la información, de represión y sanción aplicados en los SRT así como las respuestas articuladas por el personal.

Los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba SA, 1973-1983

La institución de carácter público que nos ocupa se constituyó en 1962 al integrarse el canal de televisión LV80 Canal 10 con LW1 Radio Universidad gestionada por la UNC desde 1958.⁸ Para la fecha de la creación de Canal 10 en Córdoba sólo existía Canal 12, la emisora de televisión privada fundada en 1960. Esta situación que mantuvo hasta 1971 cuando se sumó Canal 8 en el ámbito privado. Estos tres canales de televisión abierta y sus formas de gestión se mantienen en la actualidad.
Uno de los principales problemas que presentó el funcionamiento del Canal 10 durante la primera década de su desarrollo fue el de su financiamiento, al contar con una licencia provisoria y una autorización precaria para comercializar espacios de publicidad. Esta situación se resolvió desde el punto de vista legal a fines de 1972, al constituirse los SRT como "Sociedad Anónima con mayoría Estatal" en el marco de la Ley Nacional de Sociedades que le permitió adecuar su funcionamiento a las exigencias de la Ley Nacional de Telecomunicaciones (número 19798) del mismo año.⁹ El 99% del paquete accionario de la sociedad pertenecía a la UNC y el 1% restante a la municipalidad de Bell Ville, con lo cual se configuró como una empresa estatal-comercial autárquica introduciendo nuevos elementos de tensión a la ya conflictiva relación con la Universidad.
Hasta esa fecha, la gestión de los medios estaba a cargo de un Consejo de Administración compuesto por un presidente y cinco vocales: tres en representación de los profesores y uno por los estudiantes, los egresados y los empleados, secundados por un director general y los gerentes de Radio y Televisión; y estaba subordinado a las autoridades de la UNC. Con la constitución de la sociedad anónima la administración de los SRT quedó a cargo de un directorio compuesto por tres miembros titulares y dos suplentes, con amplias facultades, que serían designados por asambleas de accionistas.¹⁰ Desde entonces el rector actuó en éstas como representante de la Universidad y el intendente de Bell Ville por la Municipalidad. Si bien la representación mayoritaria de la UNC permitía que las autoridades de los SRT fueran designadas por el rector y respondieran políticamente a éste, progresivamente desde 1973 la gestión de los medios excedió los marcos de incumbencia de la Universidad para ser objeto de la injerencia directa del poder político nacional y provincial, además de estar sujetos a toda la normativa vigente de radioteledifusión -principalmente a las leyes dictadas en 1972 y 1980. Los SRT desarrollaron así una doble dependencia (de la UNC y del poder político) a la vez que funcionaron como una empresa con cierto grado de autarquía económica al constituirse en sociedad anónima.
No voy a ocuparme de los intereses particulares o corporativos ni de los conflictos institucionales que generó esta relación especial con la UNC y con el poder político, particularmente en el plano de la gestión económica de la empresa.¹¹ Corresponde señalar que ese proceso fue acompañado por sucesivas intervenciones de los SRT en las que se desempeñaron, también desde 1973, funcionarios de otras esferas del poder o miembros de las fuerzas armadas en estado de retiro. En el periodo 1976-1983 los presidentes del Directorio fueron militares retirados del Ejército que actuaron, según pude comprobar, en la órbita del Comando del III Cuerpo con asiento en Córdoba. Esto fue así aún cuando en la Universidad ya se designaban rector y decanos civiles. Pese a que reconocemos y constatamos que los funcionarios civiles compartieron los lineamientos de la dictadura o actuaron como sus personeros, consideramos que la presencia física de los militares en la conducción de los SRT no fue una cuestión menor ni simbólica, como se verá luego. En ese proceso la política de censura y el control ideológico sobre el periodismo radiotelevisivo se fue incrementando hasta llegar a la clausura total y la desinformación impuestas por la dictadura a partir de 1976. Como señala Avellaneda, el discurso de censura fue acumulativo hasta 1973 y adquirió luego un carácter sistemático y coherente, logrando que cada prohibición aislada quedara incluida en el significado de la prohibición general.¹² Observa también que la efectividad del mismo para inmovilizar la cultura y la sociedad fue posible por medio del acto de autocensura, lo que fue viable por la gradual -y por último acelerada y violenta- internalización del sentido total del discurso en los productores de cultura.¹³ Y en este plano me interesa examinar cuáles fueron los mecanismos que hicieron posible tal internalización en los SRT y bajo qué condiciones.
A los fines del análisis que sigue distinguiré dos subperiodos que se corresponden en el orden nacional con los gobiernos constitucionales del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), presididos sucesivamente por Héctor J. Cámpora, Juan D. Perón y María E. Martínez de Perón (1973-76) y con los del régimen de facto autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional"(1976-83), presidido por Juntas Militares. Si bien las fuentes de legitimidad y el carácter de ambos regímenes difieren sustancialmente, en el tema que nos ocupa encontramos rasgos de continuidad en el plano de la censura y el control de los medios de comunicación que justifican el recorte temporal elegido. Esos rasgos se articularon con la creciente represión ilegal por razones políticas, sobre todo desde 1974, para adquirir una dimensión inédita, masiva, sistemática y planificada a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.¹⁴
En el caso de Córdoba, la "primavera democrática" tuvo corta duración: a fines de febrero de 1974 un golpe policial -conocido como el "Navarrazo"- encabezado por el jefe de Policía Tte. Cnel. (R) Antonio Navarro apoyado por comandos parapoliciales y grupos civiles de la Juventud Sindical Peronista destituyó y encarceló al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vice-gobernador Atilio López, quien pocos meses después fue asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Desde marzo de 1974 y hasta el golpe de Estado de 1976, la provincia estuvo intervenida y fue escenario de una feroz persecución política e ideológica y represión estatal dirigida a sectores radicalizados del peronismo y de la izquierda en general, a dirigentes gremiales, estudiantiles y sociales, periodistas, abogados de sindicatos y defensores de presos políticos, que incluyó detenciones, atentados, asesinatos, secuestros y desaparición forzada de personas.¹⁵ En la represión desatada, en particular a partir de septiembre de 1974 con la designación del Brigadier (R) Raúl O. Lacabanne como interventor federal, actuaron también bandas armadas integradas por militares, policías y civiles del denominado "Comando Libertadores de América", versión cordobesa de la Triple A, que operaba clandestinamente y en vinculación con el Comando del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba. Después del golpe de 1976, sus miembros pasarían a integrar los "grupos de tareas" controlados por las fuerzas armadas.¹⁶ Como señala Servetto, "en rigor, Lacabanne era la expresión de la militarización de la política y la legitimación de la represión ilegal desde un gobierno constitucional" y el clima de intimidación y violencia que se vivía en Córdoba fue sólo el preludio de lo que vendría después.
Los SRT -al igual que la Universidad- no permanecieron ajenos a las circunstancias y vaivenes políticos de la época abierta por la retirada de la dictadura de 1966, el persistente clima de politización y de movilización popular -en ascenso desde fines de los años 1960s.- y el retorno a la democracia que se inauguraba en 1973. Más aún, fueron caja de resonancia y escenario de discusiones y disputas entre sectores del peronismo. Junto con ello se inició un periodo de continuos cambios de autoridades y de creciente intervención del poder político en su conducción. En efecto, en el marco de las condiciones políticas creadas en Córdoba con el triunfo del FREJULI y la elección de sus candidatos Ricardo Obregón Cano-Atilio López y del anuncio de la estatización de emisoras de radio y televisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones en abril de 1973,¹⁷ varios medios fueron tomados por distintas agrupaciones peronistas y empleados, entre ellos Radio Universidad. En este caso participaron sucesivamente grupos peronistas divergentes y empleados, lo que desembocó en una crisis política con la consecuente renuncia del Directorio y la designación del brigadier (R) Alberto Ferro Sassarego como interventor de los SRT aunque por unos pocos días.¹⁸ El testimonio de un ex empleado del Canal da cuenta de la situación:

"En el 73, en la etapa de Cámpora, los SRT basculaban un día de la extrema derecha, otro día de la izquierda y otro día no sabían de quién eran". Por su parte, una participante de la toma recuerda que: "Cuando asume Cámpora, los sectores de la derecha del peronismo acá deciden tomar varias radios [...] Los muchachos buenos del peronismo deciden hacer una toma preventiva del canal [...] entonces tomamos la Radio [...] Luego de ese golpe maravilloso que nosotros dimos, el canal fue intervenido y vino un tipo de Buenos Aires...".

Otro ex empleado recuerda que:

"Entonces se hace una toma simbólica de la Radio para que siguiéramos en manos de la gente de Obregón Cano, o sea de la parte progresista del peronismo. Bueno, ahí se descalabra todo, cuando se va un montón de gente y lo echan a Pérez Gaudio y viene don Ramón Hereñú, creo, en esa época [...] había que desmembrarlos un poco a los medios de opinión [...] Del 73 en adelante cambia. Cambia la política de la Radio, es decir, ya empiezan todas estas intervenciones por cuestiones de amiguismo [...] con el poder."¹⁹

Para fines de 1973 el presidente interino del Directorio era el Dr. Mario Víctor Menso, el mismo que al concluir 1974 sería designado por el ministro de Educación Ivanissevich como rector interventor de la UNC y mantendría su cargo en el Directorio hasta 1976, ya sea como presidente o suplente, por ejemplo durante la breve intervención del coronel (R) Juan Lorenzo Rebollo en julio de 1974.²⁰ Así la derecha peronista avanzó primero en la conducción de los SRT y luego en la de la UNC.
El "Navarrazo" y luego la intervención federal de la provincia a cargo de Lacabanne contribuyeron a definir la orientación de su conducción en esa dirección y a su mayor dependencia del poder político provincial y nacional. En efecto, entre fines de ese año y principios de 1975 se produjeron nuevos cambios en el Directorio a partir de la designación de Menso como rector y de las renuncias y destituciones de sus miembros. En primer lugar, en el acta que designaba a Menso se explicitaba que a partir de esa fecha los SRT quedaban bajo la "Supervisión y Dirección" del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y su Departamento de Comunicaciones, nombrando en el mismo acto como "Delegados Supervisores" a Bernardo Murray y Roberto Miranda quienes actuarían a nivel del Directorio para "reorganizar, administrativa y operativamente los SRT".²¹ A continuación y mientras el rector interventor retenía la presidencia de los medios, fueron designados como directores titulares José Joaquín Stupenengo y Alfredo Carlos Pío Martini, siendo el primero Director interino del Departamento de Comunicaciones Sociales de Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el segundo el nuevo Secretario General de la CGT Córdoba,²² es decir personas ajenas a la UNC y los SRT. Stupenengo quedó encargado de establecer una sucursal de los SRT en Capital Federal y de organizar allí las corresponsalías de la Radio y el Canal 10, entre otras gestiones.²³
Tal como surge de diversos testimonios, esta intervención directa del poder político en la vida interna de los medios de comunicación universitarios fue vivida por el personal como un atropello y como una pérdida de autonomía y de prestigio de las emisoras. Otros señalan que en esos años la relación con la Universidad estuvo "puenteada" y que el que decidía era Papaleo, Secretario de Prensa y Difusión de María Estela Martínez de Perón.
Ese desembarco del Poder Ejecutivo nacional y de la Confederación General del Trabajo local muestra el lugar estratégico que ocupaban los SRT dentro del cambio de rumbo en el panorama político provincial y nacional e implicó para estos medios un conjunto de medidas represivas sobre las que volveremos luego.
Según recuerda un periodista de Canal 10:

"En 1974, cuando las contradicciones del justicialismo en el gobierno aún no se habían resuelto de manera violenta, la conducción de los Servicios de Radio y Televisión, hasta entonces con el Servicio Informativo de Radio Universidad y Canal 10 integrado por un buen número de periodistas identificados con la izquierda peronista, fue asaltado por sectores juveniles de derecha alentados por corrientes sindicales que llegaron a la conducción del multimedio universitario desde su Directorio. Desde entonces la información comenzó a ser controlada de manera creciente y sostenida".²⁴

Otro periodista de Canal 10, despedido en 1974, destaca en cambio que "había libertad, pero libertad condicional", principalmente por el accionar terrorista parapolicial.²⁵ Entre los numerosos atentados producidos en 1974 contra los medios de prensa o sus periodistas se destacaron las bombas colocadas entre marzo y junio en los talleres de La Voz del Interior, en LV2, LV3 y el copamiento de las emisoras, incluyendo Radio Universidad.²⁶
Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entre abril de este año y hasta 1983 los SRT estuvieron, como ya lo anticipé, bajo el control del Ejército seguramente en el marco del 33% que correspondía a cada fuerza, pero también por la importancia asignada por el "Proceso" a los medios de comunicación audiovisual. Las figuras más visibles fueron los presidentes de los sucesivos directorios designados no ya como interventores sino siguiendo lo prescrito por los estatutos de la sociedad anónima, excepto la intervención de fines de 1982 y comienzos de 1983. Durante ese periodo se desempeñaron en la presidencia los coroneles retirados Mario César Amuchástegui (1976-1978), Juan Carlos Bilbao (1978-1980), el tte. coronel (R) Guillermo Hilario Lagos (1980-1982), los coroneles (R) Pedro José Canevaro (1982) y César Anadón (1982-1983) este último como interventor. Todos ellos actuaron acompañados por directores civiles -algunos de los cuales eran antiguos empleados jerárquicos de los SRT y otros eran abogados, contadores, etc, seguramente vinculados a la UNC. Durante buena parte del año 1983 se hizo nuevamente cargo de la presidencia el Ing. Pedro Gordillo, ya mencionado (ver nota 9) y al renunciar fue reemplazado por el director Cr. Juan Olmedo Guerra (1983).
Durante su gestión esos funcionarios militares designaron a otros con rangos inferiores.²⁷ Además, conviene mencionar que en 1976 fue contratado por un año como jefe del Servicio Informativo el periodista Agustín Carlos Revello quien, según se comprobó en 2004, era espía civil del Servicio de Inteligencia del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército;²⁸ y en marzo de 1983 fue recontratado como gerente de televisión y coordinador general del Servicio Informativo de Radio y Televisión hasta 1984. Pero los militares mencionados no eran los únicos que circulaban por los SRT pues, según el testimonio de un empleado de entonces, la planta de Marqués de Sobremonte era una especie de base donde se concentraban, entraban y salían camiones con soldados.²⁹
La vinculación con el Comando del III Cuerpo queda también en evidencia en los siguientes ejemplos. Al concluir su mandato como presidente del Directorio, Bilbao pidió dejar constancia en actas de su agradecimiento al rector Dr. Jorge Clariá Olmedo y al Gral. de División Luciano Benjamín Menéndez por la confianza que habían depositado en él y que pensaba no haberlos defraudado en las "funciones encomendadas".³⁰ Miembros del Directorio y personal jerárquico de las dos gestiones siguientes (Lagos y Canevaro) fueron objeto de una investigación a partir de una denuncia de la comisión fiscalizadora de los SRT relacionada con hechos de corrupción e intentos de vaciamiento de la empresa. Según los informes, suficientemente herméticos, las conclusiones de la comisión investigadora creada al efecto pasarían a la Justicia y a conocimiento del rector y del Comando del III Cuerpo.³¹ El interventor César Anadón, designado "por el menor tiempo posible", era -como se comprobó más tarde- un represor que actuó en los centros clandestinos de detención de La Perla y La Rivera.³² Según la crónica periodística, durante la dictadura Anadón fue Jefe del Batallón de Comunicaciones 141 y la mano derecha de Menéndez. Al concluir su gestión en el Directorio, un miembro de la comisión fiscalizadora manifestó entre otros elogios él que "...hemos tenido la oportunidad de apreciar debidamente los valores personales, tanto morales como intelectuales del Sr. Interventor...".³³

Leyes, decretos, disposiciones 1973-1983

Una serie de disposiciones y leyes dictadas entre 1973 y 1975, que a su vez se apoyaban en otras anteriores, como las citadas Ley de Represión al Comunismo de 1967 y la Ley Nacional de Telecomunicaciones de 1972, afectaron directamente el desempeño de todos los medios de comunicación y en particular el de los noticieros.³⁴ El decreto 587 de agosto de 1973, que prohibía a las agencias extranjeras "suministrar noticias o informaciones extranjeras de cualquier naturaleza" dentro del territorio argentino, fue complementado en 1975 por otro (1273) que creaba un Registro de Agencias Noticiosas nacionales y extranjeras a los fines de individualizar a los responsables de las noticias difundidas por todos los medios de comunicación masiva y de que el Poder Ejecutivo pudiera ejercer el poder de policía sobre las personas o actos que tuvieran relación directa o indirecta con el orden y la seguridad pública y el interés nacional. Paralelamente se dictó la Ley de Seguridad Nacional (número 20840) de octubre de 1974, donde se detallan las "penas por actividades subversivas en todas sus manifestaciones" dirigidas a todo aquél que "intente o preconice por cualquier medio, alterar el orden institucional o la paz social de la Nación" (artículo 1).³⁵ Establecía, por ejemplo, prisión de dos a cinco años"a los redactores o editores de publicaciones de cualquier tipo, directores y locutores de radio y televisión, o responsables de cualquier medio de comunicación, que informen o propaguen hechos, imágenes o comunicaciones de las conductas previstas en el art. 1º" (artículo 3 b). Aparte de esas disposiciones específicas se dictaron otras sobre los valores que debían transmitirse o los porcentajes de difusión de "música nacional", pautados por la Ley de Telecomunicaciones de 1972.³⁶ Un entrevistado recuerda que "...ahí viene la parte más dura, más restrictiva de todo esto. Ellos ordenaban, eran tan [...] que el que no acataba las órdenes [...] el temor, el miedo te llevaba a decir 'bueno, sí, evidentemente no hay que hacer tal cosa, no hay que decir esto'. A pesar de que a uno se le salían las ganas, tenías que cumplir con el tema de la música nacional".³⁷ A lo largo del "Proceso" esas medidas se complementaron con prohibiciones expresas de cantantes, músicos y letras, nativos y extranjeros. En el departamento discográfico de Radio Universidad pude consultar una carpeta con más de trescientos memoranda producidos a lo largo de la década de 1970 y hasta 1983 inclusive, que transcribían o transmitían comunicaciones del COMFER al respecto.

Después del golpe de 1976 la legislación vigente fue empleada y ampliada con otras disposiciones. En esa fecha, el conocido comunicado número 19 de la Junta Militar anunciaba que "será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales...".³⁸ El 25 de marzo de 1976 un documento de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación firmado por el capitán de navío Alberto Corti exponía "Principios y procedimientos" para los medios de comunicación, entre los que mencionaba suprimir todo lo que estimulara la violencia, cuyas variantes -incluida la "violencia encubierta"- serían minuciosamente definidas al año siguiente por el COMFER.³⁹ Paralelamente se produjo una mayor centralización de los organismos de control, como el traspaso de ese organismo a la Secretaría de Información Pública (SIP) dependiente de la presidencia de la Nación.⁴⁰
Según el modelo de análisis planteado por Avellaneda,⁴¹ las leyes y disposiciones de prohibición publicadas en distintos medios constituían un primer nivel de control con visibilidad concreta. Un segundo nivel de menor visibilidad era el de la palabra censoria de transmisión interna, la comunicación, el memorándum, el papel sin membrete, la circular, que llegaban callada y oficiosamente, pero se conocían más allá de los funcionarios. Un tercer nivel era aquél en el cual la efectividad del control descansaba en la amplitud y vaguedad intencional de los parámetros de prohibición, cuya labilidad los hacía aptos para ser aplicados según el arbitrio de la autoridad y los funcionarios de turno (da como ejemplo el Acta del Proceso de Reorganización Nacional). También incluía en este nivel la manipulación latente en la legislación censoria y en ciertas ordenanzas no relacionadas directamente con la vigilancia de la cultura (como la del crédito oficial en la producción cinematográfica, la clausura de salas de exhibición por falta de seguridad e higiene). "En un cuarto nivel -dice el autor- el control se disimula entre los pliegues del poder. Es un control oblicuo, indirecto y a menudo secreto...", y cuando se lo denunciaba era negado. Eran las observaciones, las recomendaciones, los recordatorios sobre la legislación represiva vigente, las advertencias y visitas de funcionarios y militares que sugerían correcciones o procedimientos a seguir, eran las listas negras de los actores indeseables o prohibidos que circulaban desde 1974, el dictado previo de las preguntas que se harían al entrevistado. Este cuarto nivel incluye "...un rostro brutal, un resumen bárbaro del discurso de control y censura: el recurso al asesinato y al terror que se implanta en el sistema como un corolario 'natural' de ese discurso pacientemente elaborado por militares y civiles, por juristas y burócratas, por funcionarios y colaboradores, en nombre de la civilización occidental y cristiana."⁴²

Pautas, medios y medidas para el control de la información

Los datos disponibles nos permiten ejemplificar esos otros niveles y el modo en que se vehiculizaban en los SRT las pautas y prohibiciones para ejercer el control de la información señalados por Avellaneda. Luego los retomaremos y articularemos con otros elementos. Por ejemplo, el 25 de febrero de 1974, el Presidente del Directorio de los SRT propuso:

"...once pautas de trabajo para el Servicio Informativo de Radio y Televisión de carácter profesional, técnico y político referido a la libertad de prensa y el control de la información, las cuales son puestas en conocimiento del directorio y aprobadas por unanimidad, ordenándose se pase al Sr. Gerente General, para conocimiento del Jefe del Servicio Informativo y Jefe de Sección, los que deberán firmar su notificación, debiendo esta notificación conformada ser elevada al Directorio y colocada en el Servicio Informativo en lugar visible."⁴³

Unos meses más tarde el Directorio aludía a los resultados logrados en la mesa de trabajo con la Intersindical de Prensa, la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) y otras organizaciones gremiales "para tratar problemas de difusión de informaciones y comentarios que efectúa personal ajeno al Servicio Informativo" conviniendo:

"a) Reiterar que toda noticia que se difunda por ambos medios debe ser evaluada previamente por el Servicio Informativo, también todo comentario, excepto los artísticos, culturales y científicos, cuya responsabilidad, en ese caso, será de cada área. b) que cada área en lo sucesivo deberá efectuar un control estricto de las emisiones que se hagan y que tengan relación con sus funciones específicas c) que semanalmente cuando crea oportuno se deberá realizar una reunión entre Gerente de radio y Gerente General para coordinar, aclarar aspectos relacionados con el tema en cuestión."⁴⁴

Después del golpe de Estado, en abril de 1976, se creó la Sección Redacción, entre cuyas funciones se encontraba la de "...redactar y dar estilo al mensaje que se emite en materia de educación y promoción social de la cultura, con profundo sentido social, moral y nacional; equilibrar, en coordinación con las gerencias de radio y televisión, la difusión del material redactado, a fin de cortar el tratamiento excesivo de temas, en desmedro de otros de igual importancia...".⁴⁵ A fines de ese año se creó la Mesa general de entradas, con el objetivo de centralizar en Gerencia General todas las comunicaciones y la correspondencia que ingresara o saliera de los SRT. Entre otras disposiciones la resolución establecía que la correspondencia que saliera de la empresa debía entregarse abierta en mesa de entradas y salidas; los Telex recibidos serían numerados a mano por el receptor quien debía hacer constar su apellido.⁴⁶ En diciembre de 1979 se creó la Comisión de autocontrol cuya misión general era "...controlar todo el material a proyectarse y clasificarlo por horario de emisión para evitar contravenciones a la Ley de Radiodifusión". Su presidente honorario sería un miembro del Directorio y el vicepresidente el mayor Riobo Zuber, ya mencionado.⁴⁷ Para mediados de 1981 uno de los directores hacía notar que se había dado "un paso al frente en la supresión o por lo menos, la disminución al mínimo de la violencia."⁴⁸
No obstante el protagonismo de la gerencia general hago notar que, a lo largo del periodo, el Presidente del Directorio fue generalmente el encargado del contralor y supervisión del Servicio Informativo (SI). Un periodista de la Radio recuerda que "...en aquella época, en el 76, el jefe del informativo venía del directorio con instrucciones muy precisas: 'esto se tiene que decir, esto no se tiene que decir'".⁴⁹ Sin embargo, lo que se comunicaba por escrito a veces era más sutil o indirecto: un "memo" de 1979 del jefe del SI dirigido al personal del mismo decía que: "Asimismo, aunque haya materiales informativos presuntamente 'difíciles' de procesar, como las gacetillas de la Oficina de Prensa de la Policía, deben ser usadas con el mejor criterio profesional, como se supone que todos los miembros del Departamento están obligados a tener"; claro que este texto venía precedido de la amenaza de sanciones ante cualquier irregularidad que se produjera en el cuidado y orden interno del mobiliario del Servicio -que veremos luego.⁵⁰ El estilo persuasivo asociado a la amenaza para promover la autocensura se utilizó también en la difusión musical: en un memorándum de 1982 sobre "temas no convenientes" el gerente de la Radio se lamentaba de que "algunos de ellos no fueron autocensurados" y se emitieron; y, apelando a "la responsabilidad, profesionalidad, buen gusto y sentido común" de locutores, operadores, etc., les solicitaba avisar a la gerencia "cuando un cantable sea 'dudoso' a efectos de considerarlo y PROHIBIRLO [...] y evitar ser el único responsable de su emisión".⁵¹
La vigilancia sobre el cumplimiento de las directivas en el manejo de la información se advierte en el "severo" llamado de atención y la amenaza de suspensión comunicada en 1982 a un empleado del SI por no haber revistado un cable de agencia ante su superior -como se habría solicitado por escrito- y haberlo entregado al locutor tal como lo recibió, emitiéndose de ese modo "una noticia confusa que sugería la responsabilidad policial en un asesinato...".⁵²
En febrero de 1983, con motivo de la renovación del contrato con Sergio Villarruel -corresponsal en Buenos Aires desde 1976- el interventor Anadón la objetaba porque sus informaciones tenían "...casi todas una idea tendenciosa..." y refiriéndose a la importancia del Servicio Informativo señalaba que con el gerente general se habían visto "obligados" a llamarle la atención en reiteradas oportunidades pues: "...si bien la prensa es libre [sic] tal libertad debe adaptarse a la política e ideas del lugar de trabajo, más aún por ser los SRT una empresa del Estado, en la cual no corresponden consideraciones políticas en contra del propio Estado o sus gobernantes".⁵³ Recordemos que un mes después fue designado Revello como gerente de televisión y coordinador general de los informativos de radio y televisión.
Otra forma de controlar la información periodística fue la provisión por parte del Gobierno de facto de Córdoba del material a emitir por Canal 10, la mayoría con registros de actos oficiales y giras del gobernador. Esto se complementó con los llamados cotidianos desde distintos organismos del Estado o de representantes de instituciones que gozaban del "derecho a la palabra", como lo testimonian los registros conservados del Archivo Fílmico Canal 10 del periodo 1976-1980 y un ex empleado del informativo: "Si no, te llamaban y había que ir. Cualquier colación, cualquier cosa que pasara [...] la visita de Monseñor Primatesta al Comando del Tercer Cuerpo había que ir a cubrirla. [...] al Tercer Cuerpo se iba día de por medio. Colación de grado, la visita de algún militar de Buenos Aires, todo lo que pasaba en el Liceo [Militar]...".⁵⁴
Tanto los entrevistados como la documentación consultada confirman que hacia fines de los años 1970s. en los SRT prácticamente no había producción informativa propia y que, en general. provenía de fuentes gubernamentales. Los cables de TELAM se emitían textualmente y el noticiero de televisión retransmitía el producido por ATC (por ejemplo 60 minutos). Sobre el informativo de la radio un periodista recuerda que "...no tenías mucha programación de otro ámbito que no fuese la agencia TELAM, y ya venía grabado todo, entonces lo único que hacías era repetir los cables [...] no había llegada a la gente de afuera [...] todo lo demás te lo daban seleccionado, así operaban".⁵⁵ Para 1982 se pensaba incrementar la programación propia con la emisión de Crónica 10 para reemplazar los programas adquiridos en Buenos Aires y darle al informativo una tónica "más diversa", sobre hechos "no necesariamente oficiales" y de contenido local. Pero el noticiero estaba desmantelado.⁵⁶
¿Hubo alguna forma de transgresión de las pautas fijadas? Al parecer muy pocas: registramos algunos casos a través de sumarios y sanciones. Por ejemplo, en febrero de 1974 se inició sumario al SI por "acto grave de indisciplina" por la "destrucción de los memoranda con instrucciones emanadas de la presidencia del directorio", los que seguramente contenían las pautas de trabajo citadas más arriba (cfr. nota 43) y otros en octubre por faltas de respeto, consignados sin mayores especificaciones en la misma acta que daba cuenta de los acuerdos de la mesa de trabajo con la Intersindical de Prensa; en enero de 1975 un "memo" del jefe del SI advertía al personal que sería sancionado de mantenerse "...las reiteradas anormalidades en la presentación de los boletines informativos, particularmente en la inclusión de apodos o bien en la deformación de nombres que lleva a crear situaciones inadmisibles...".⁵⁷
En mayo de 1978 se labró sumario a "Alejandro Colombo y otros" por "irregularidades" y "falsa información durante la lectura de la Síntesis Informativa de LW1 las 7 hs. del 6/5/78" a quien se le aplicaron cinco días de suspensión con prevención de cesantía.⁵⁸ Un entrevistado recuerda que una redactora se negaba sistemáticamente a entregar sus notas a la Secretaría de Redacción para su revisión; como veremos luego, engrosaría la lista de despedidos. Pero, en general, todos los testimonios coinciden en señalar que no había margen para la transgresión. Cito uno de ellos: "Yo creo que había un sistema [...] no había transgresores en esa época. Había normas [...] No podría haber existido [la transgresión] [...] había una especie -íntimamente- de autocensura. El condicionamiento que te daba el país en su momento era de una forma, de un estilo que no podías hacer nada fuera de eso."⁵⁹

Represión, intimidación y disuasión: la política del terror

Avellaneda se refiere al asesinato y al terror como la síntesis del discurso de censura. Citando a otros autores, Corradi entiende el terror como el uso arbitrario por parte de organismos de la autoridad política de la coerción severa contra individuos o grupos, la amenaza creíble de tal uso o la exterminación arbitraria de los mismos.⁶⁰ Señala que como forma específica de poder el terror, por un lado, adapta el comportamiento político a la obediencia absoluta hacia quienes detentan el poder y por otro, moldea las actitudes a fin de obtener obediencia voluntaria. Cuando el proceso de terror sumerge a toda la sociedad, el resultado es un "sistema de terror". ⁶¹
Este plano sin duda fue el que operó como marco y factor englobante de las demás prácticas represivas o de coerción sobre la mayoría de los trabajadores de los medios, sobre todo después de 1976. Aún cuando no se tuviese total conocimiento de su dimensión, los secuestros y la desaparición forzada de un centenar de periodistas era un dato de la realidad que se articulaba con el discurso de censura. En los SRT hubo al menos dos casos, seguramente conocidos por el personal, aunque todos los entrevistados dijeron desconocer la magnitud de la represión en los años del "Proceso". El primero fue el de Miguel Hugo Vaca Narvaja: ingresó en la empresa en 1961 como cronista, luego fue redactor (1964), más tarde abogado auxiliar (1967) y asesor letrado desde 1973.⁶² En mayo de 1974 fue víctima de un atentado en su estudio.⁶³ Meses después de haber sido despedido de los SRT (enero de 1975) fue detenido en Tribunales cuando realizaba gestiones por un preso político. Vaca Narvaja pasó a integrar la lista de abogados defensores de presos políticos detenidos-desaparecidos o asesinados entre 1975 y 1976.⁶⁴ El segundo caso es el de Luis Mónaco: ingresó a los SRT en 1966 como cronista, luego se desempeñó como camarógrafo y en 1973 pasó a revistar como redactor.⁶⁵ Después del "Navarrazo" le confesó a un compañero de trabajo "...hay una lista de los que seremos borrados de los SRT. Vos no estás, yo sí."; Mónaco también fue despedido en enero de 1975 -sobre lo que volveré enseguida- y en enero de 1978 fue secuestrado y desaparecido junto con su esposa en Villa María, donde trabajaba para un diario local.⁶⁶ Como testimonia Borioli (ex periodista de Canal 10): "El miedo a la persecución hizo carne. Desaparecieron compañeros, otros fueron detenidos y muchos fuimos intimidados con visitas a nuestros domicilios."⁶⁷
Además, como ya lo señalé, antes de 1976 los SRT fueron objeto de atentados y luego del golpe estuvieron ocupados por los militares: "El ingreso al canal parecía un regimiento: centinelas armados que identificaban y autorizaban la entrada de cada uno."⁶⁸ Otros gestos intimidatorios y actos vandálicos sirvieron para amedrentar a los empleados, como la quema del archivo fotográfico realizada en el patio de la planta en 1978 tras allanar el espacio de trabajo del fotógrafo del Canal. Este archivo de negativos y positivos atesoraba imágenes históricas que él mismo había tomado y reunido durante años.⁶⁹

Dispositivos, mecanismos y sanciones disciplinarios

Si bien el modelo de Avellaneda expuesto más arriba resulta útil para un análisis específico del discurso de censura, es necesario considerar otro conjunto de instrumentos que operó de manera complementaria y concomitante para imponer el orden y la obediencia a los empleados de los SRT, generalmente no tenidos en cuenta en estudios sobre los medios. Ese conjunto incluye desde la aplicación de leyes nacionales para el ámbito laboral y la administración pública, hasta reglamentaciones, normas, prohibiciones y procedimientos internos, formas organizativas, mecanismos y prácticas disciplinarios producidos en el interior de la empresa; una "microfísica del poder" para lograr la sumisión al sistema de dominación o para sancionar la indisciplina en el trabajo.⁷⁰ Como destaca Foucault, el poder disciplinario es un poder que tiene como función principal "normalizar" y "enderezar conductas" y lo hace a partir de una economía calculada pero permanente, de procedimientos menores y su éxito se debe al uso de instrumentos simples, como la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y la recompensa complementaria, el examen que hace visibles a los individuos. Se verá que los mismos fueron compatibles con la política del terror pues, como señala Corradi, "si bien el terror se vale esencialmente de sanciones físicas arbitrarias y extremas, se complementa con otras sanciones simbólicas y materiales, con prácticas discursivas y económicas".⁷¹
En el análisis que sigue haré una selección de tales instrumentos para ejemplificar cómo se aplicaron en los SRT.
En el periodo 1974-1976 se implementaron las leyes y decretos nacionales de prescindibilidad, el recorte de derechos de los trabajadores y un mayor control laboral: por medio de la aplicación de la ley número 20713 de 1974 el ministro de Cultura y Educación Ivanissevich, a través del interventor en la UNC M.V. Menso, despidió a treinta y tres empleados de los SRT, de los cuales casi la mitad se desempeñaba en el Servicio Informativo⁷² y muchos de ellos habían participado en la ocupación de la Radio en 1973. Esta medida, ratificada por el Directorio bajo la presidencia de Menso, estuvo precedida por otras, como la obligación para todo el personal del SI de fichar tarjeta y la restricción de realizar reuniones.⁷³ A comienzos de 1975, los ya mencionados "delegados supervisores" del Ministerio de Cultura y Educación habían reorganizado la planta de personal permanente mediante resoluciones y dispuesto también que todo el personal del SI de Radio y Televisión estaría "sujeto jerárquicamente" al jefe del mismo designado por ellos.⁷⁴ En septiembre de 1975, con motivo de un paro de los empleados de televisión, las autoridades de la empresa amenazaron con aplicar la ley 20840 de Seguridad del Estado.⁷⁵
Los despidos masivos de 1974-1975 allanaron el camino a la dictadura. No obstante, después del golpe de Estado se produjeron otros y luego tendrían un carácter sistemático al punto de figurar los movimientos de personal (bajas o despidos, renuncias, designaciones) como un ítem estable en las actas del Directorio. En efecto, a fines de 1976 con la excusa de reorganizar y optimizar la empresa y como resultado del "estudio de legajos personales" el Directorio dispuso "prescindir" de catorce empleados por aplicación de la ley número 21274 a la vez que aceptaba la renuncia -seguramente "solicitada"- de otros veinte en los términos de la ley 20744.⁷⁶ El relato de una locutora de Radio Universidad sobre las circunstancias de su renuncia corrobora esta presunción:

"En noviembre de 1977 el Jefe de Personal de la empresa, Sr. Carlos Aunibel, me informó verbalmente que se me había remitido un telegrama declarándome 'prescindible', en los términos de la legislación vigente. Al no haber recibido dicha comunicación, solicité se me aclarase la situación laboral y el mismo funcionario me sugirió que 'dentro de las 24 hs' presentase la dimisión al cargo 'para evitar malos antecedentes que podrían conspirar contra mi posibilidad de obtener otro trabajo'. Teniendo en cuenta el clima de intolerancia, sospecha e incertidumbre que se vivía en ese triste momento de la vida nacional, pese a que mi vida pública y privada no eran suceptibles de ningún tipo de reproche, tomé la advertencia del Sr. Aunibel como una velada pero explícita amenaza y, ante los antecedentes que ya conocía de situaciones similares, opté por renunciar a mi trabajo".⁷⁷

Paralelamente a esos despidos y renuncias, forzadas o no, en 1976 renunciaron empleados jerárquicos y se produjeron cesantías precedidas de sumarios por hechos de "indisciplina", con aplicación del artículo 6º de la ley de prescindibilidad (21274) que encuadraba como "agente perturbador" al jefe del Informativo, a un empleado de la Radio y a un delegado gremial.⁷⁸ En lo sucesivo esta normativa se aplicaría con frecuencia y produjo un desgranamiento constante de personal que en conjunto adquirió proporciones significativas.⁷⁹ Para el periodo 1973-1983 relevamos 94 despidos y 98 renuncias, que no incluyen las de miembros del Directorio ni de otros funcionarios jerárquicos.
Si relacionamos el número de despidos y renuncias por año con el del personal de planta y contratado, vemos por un lado que los 33 despedidos al finalizar 1974 representaron el 20% del total de 166 trabajadores registrados ese año; los 34 que quedaron fuera en 1976, el 16,8% de un total de 202 empleados; los 36 de 1977, el 20,3% de 177 empleados; y los 27 de 1978, el 12,4% sobre 218.⁸⁰ Pero, por otro lado, se advierte que esos porcentajes, sin duda elevados, esconden otra realidad que es la continua renovación y el aumento del número de empleados que se operó a lo largo del periodo. Por caso, en 1975 se incorporaron 94 personas que además de reemplazar a los despedidos incrementaron en un 35,5% el personal registrado en 1974. Si tomáramos como constante el número de empleados en este año y lo relacionamos con los que fueron despedidos y "renunciados" durante el periodo en estudio (aproximadamente 192) podríamos inferir que hacia los años 1980s. se había reemplazado a la totalidad del personal inicial. (cfr. nota 80). No obstante ello, sabemos que varios permanecieron y que otros fueron nuevamente contratados, sobre todo después de 1982.
En función de lo anterior entiendo que la posibilidad de perder el empleo fue, seguramente, otro motivo de temor.⁸¹ Las nuevas contrataciones se realizaban "previa averiguación de antecedentes políticos y policiales", mientras que la corta duración de los contratos (en su mayoría de entre dos y seis meses) a su vez creaba inestabilidad laboral e incertidumbre. La efectivización de los contratados era atribución de la Asamblea de accionistas y dependía del "buen comportamiento", "eficiencia", "esfuerzo" y "colaboración del personal", lo que fomentaba la disciplina y el consenso en el interior de la empresa.⁸² En este sentido y a la par que se producían despidos, después de 1976 también hubo una política de incentivos económicos como el reparto de utilidades entre el personal o premios y ascensos para aquellos empleados que demostraban, por ejemplo "...especial dedicación en emisiones de programas en vivo" y "celo que pone[n] que va mucho más allá del cumplimiento del deber y de la obligación de las tareas...".⁸³ En la perspectiva del Directorio, los incentivos obrarían "para mantener el apoyo incondicional de nuestro personal".⁸⁴
De manera simultánea, en 1976 se estableció un conjunto de dispositivos disciplinarios y de control laboral para lograr "mayor eficiencia" a la par que se abolieron los derechos de los trabajadores (de reunión, de huelga, Ley de Asociaciones Profesionales, etc.). Así, se adoptaron las siguientes normativas internas: el "Reglamento de Sumarios" (adaptado del de la UNC, de 1967), los "Deberes y Prohibiciones del Personal" -resolución normativa sobre ética de la actividad de agentes públicos en un marco de "pureza profesional", adaptada de artículos de la ley provincial 5719- las consabidas disposiciones de marcar tarjeta de entrada y salida, incluso para el almuerzo, reiteradas a lo largo del periodo.⁸⁵ Según un entrevistado, se les obligaba a concurrir al comedor de la planta en el mismo horario en que almorzaban los efectivos militares. Junto con esto, periódicamente se estableció un nuevo organigrama con el argumento de "maximizar la eficiencia empresaria" y la "productividad del trabajo", como en 1977, 1981, 1982 y 1983.⁸⁶ El de 1977, según pude constatar, impuso una estructura fuertemente estratificada y jerárquica y un sistema de relaciones autoritario y verticalista, lo que fue destacado por el propio Directorio así como sus diferencias con los anteriores, por ejemplo: que "Esta estratificación total en escalones posibilita que el personal tenga en claro sus líneas de autoridad..."; los niveles o "escalones superiores" tendrían autoridad disciplinaria sobre los inferiores aún cuando no pertenecieran a su área; o que la jefatura de un departamento o división no se relacionaría con el cargo escalafonario de convenios colectivos. Cada nuevo organigrama implicó, además, la reubicación del personal y cambios en las remuneraciones o despidos, como el de 1983. En agosto de ese año también hubo un nuevo organigrama específico para el funcionamiento del personal del Servicio Informativo, con lineamientos sobre control de ausentismo, legajos, servicios de prensa y de los invitados a distintos programas.⁸⁷
Para 1978 se actualizó el "Reglamento de Sumarios": ahora se eliminaban del adoptado en 1976 -mediante tachaduras en el borrador- los artículos o frases referidos a derechos y garantías de los imputados, por ejemplo a ser asistidos por un letrado.⁸⁸
La prohibición de realizar reuniones del personal también fue reiterada y ampliada con otras disposiciones: "De la misma forma, se evitará la permanencia en lugares de trabajo que no sean los correspondientes a la tarea asignada y la presencia de personas ajenas al Servicio Informativo en el ámbito del mismo, aún cuando se tratare de personas de otras áreas" y se hacía saber que "...toda violación a las normas consignadas será considerada falta grave, conforme lo establecen las disposiciones vigentes."⁸⁹ El control y las sanciones sobre el incumplimiento del horario de trabajo, el uso del uniforme, llegadas tarde, cambios de turno, ausencias injustificadas completaban los mecanismos disciplinarios.⁹⁰
No obstante los actos intimidatorios y los controles internos descritos hasta aquí en 1981, con el argumento de que se temía una posible "toma de la emisora" se contrató un sistema de vigilancia armado para custodiar la planta e impedir el ingreso de autos.⁹¹

Estrategias de supervivencia, formas de resistencia y cultura del miedo⁹²

Me preguntaba al inicio del texto sobre el modo en que afectó a los trabajadores de los SRT el ambiente opresivo y represivo, como el que siguió a los despidos masivos, cuáles fueron sus comportamientos y qué formas de resistencia pudieron articular en las condiciones generales planteadas. A partir de la información reunida se advierte una diversidad de respuestas individuales, en particular después de 1976 y la instauración plena del terrorismo de Estado. Varios casos pueden considerarse estrategias de supervivencia: algunos empleados -seguramente los más comprometidos por su actividad política o gremial- recurrieron a la licencia sin goce de haberes para luego no reintegrarse a sus tareas o bien al abandono de éstas para salvar sus vidas;⁹³ otros optaron por el silencio y el ostracismo durante cierto tiempo tras el cual renunciaron o fueron "dados de baja", en su mayoría entre 1978 y 1980. Algunos de ellos y otros que continuaron empleados protagonizaron hechos de indisciplina menores, como las llegadas tarde, el no marcado de tarjetas o el resistirse a quitarse la barba, con los consiguientes llamados de atención. En otros casos, los actos de indisciplina fueron considerados graves y sancionados con suspensiones o con despidos. Además de los citados más arriba, en el SI se registraron actos de rebeldía individual evidenciados en insultos a las autoridades del área o de la empresa, como el protagonizado por el cronista Guillermo Borioli en 1977 consistente en "insultos, agravios y amenazas al jefe del Informativo", por lo que fue despedido;⁹⁴ el del operador de equipos, sumariado y cesanteado en 1979 por "injurias graves a la jerarquía de la empresa";⁹⁵ el de un técnico sumariado en 1983 por "insubordinación" y "mala conducta" al destruir la nota donde se le comunicaba un llamado de atención por mal desempeño de sus tareas;⁹⁶ o el de un redactor que, en el mismo año, ante el llamado de atención del Secretario General del Informativo por estar reunido con otros empleados, reaccionó expresando "...lo que pasa es que todos los jefes son una mierda", siendo sumariado y sancionado por la empresa.⁹⁷
Las demandas laborales iniciadas por varios despedidos en distintas épocas comenzaron a generar preocupación entre los directivos de los SRT "...debido a que en algunos casos los actores son sindicalistas. Éstos han comenzado a actuar activamente y es probable que las sentencias recaigan en contra de la Empresa."⁹⁸ Sin embargo, en el interior de los SRT las actividades gremiales fueron casi inexistentes. Como acciones colectivas se pueden mencionar unos pocos casos diferentes entre sí y registrados hacia fines del periodo. En junio de 1983, en acta del Directorio se hacía referencia a una nota firmada por empleados del SI y se destacaba el "espíritu de colaboración" que la misma denotaba. Al parecer, esa nota también anunciaba la realización de una asamblea en dependencias del SI así como un pedido de audiencia al Directorio. Con respecto a lo primero, les respondieron que debían solicitar la autorización correspondiente y a lo segundo, decidieron comisionar a dos directores para mantener conversaciones previas con "los representantes electos" a los fines de preparar el temario.⁹⁹ Los motivos de la nota se relacionan seguramente con el conflicto generado por la prohibición de emitir publicidad a Radio Universidad dispuesta por la ley de radiodifusión de 1980 (22285), que se postergó hasta entonces con amparo judicial y medidas de no innovar.¹⁰⁰ Si bien el tratamiento del tema excede los propósitos de este escrito, conviene señalar que el personal se declaró en estado de asamblea permanente en defensa de la fuente de trabajo, pero contando con el consentimiento de las autoridades de los SRT y de la UNC. Esto se infiere del relato oficial acerca del accionar de los empleados al señalar que "...todas las actividades se desarrollaron por parte de éstos con mesura, dentro del orden y con respeto a las normas impuestas por la empresa...".¹⁰¹ Contrasta con la anterior la nota presentada al Directorio a fines de 1983 por un grupo de empleados que solicitaba la suspensión del servicio contratado de guardias armados, aunque "sin identificación de firmas".¹⁰²
Ello hace pensar que el discurso de censura y el aparato represivo habían logrado el cometido de infundir el terror e instalar la cultura del miedo entre el personal de los medios, que internalizaran el sentido total de ese discurso. Como observaba un camarógrafo "...si vos no te autocensurabas terminabas desaparecido o encanado, o por lo menos perdías el trabajo y entrabas en las listas negras".¹⁰³ Otro testimonio parece condensar ese sentimiento, que se reitera entre numerosos trabajadores que pasaron por los SRT y otros medios de prensa: "Nos cercenaron todas las libertades, hasta la de pensar. Esto fue posible porque el miedo existe. Fue el miedo el que nos hizo soportar tantas humillaciones, que contribuyó al silencio, a la autocensura, a pensar en otra cosa para poder sobrevivir, a resistir ofensas, injusticias, atropellos."¹⁰⁴
Producto del proceso descrito y de la política desplegada por las autoridades militares hubo también comportamientos de adaptación menos conflictiva a las condiciones imperantes, así como gestos de "obediencia" y hasta de adhesión a las autoridades militares.¹⁰⁵ Varios entrevistados, incluyendo algunos con posturas críticas hacia el "Proceso" coinciden en rescatar figuras como la del coronel Bilbao. Los siguientes fragmentos aportan evidencia al respecto: refiriéndose a un jefe del informativo en 1979, un ex empleado relata la anécdota de cómo respondió al llamado de Bilbao diciendo "Sí mi coronel" y añade que "...uno puede ser obsecuente y no demostrarlo. Pero ese fue de terror. Estábamos todos adelante, nos mirábamos..."; y, a continuación, hablando sobre Bilbao reflexiona:

"...tenía una forma muy personal [...] trató de manejar a la gente de los SRT como a los del Liceo [Militar]. En ese momento nos daba mucha bronca, sobre todo el tema del sueldo, la equiparación siempre para abajo [...] [pero] le reconozco un montón de cosas a Bilbao, te repito. Creo que él cambió la imagen del canal en esa época, porque venía muy deteriorada y fue el tipo que vino a poner orden, digamos. [...] Bilbao viene y la empresa resurge, digamos, como multimedio. A costa nuestra, pero la empresa sale a flote [...] había mucha audiencia, buena publicidad, cobrábamos...".¹⁰⁶

Otro empleado de la época, que por iniciativa propia periódicamente redactaba una crónica del desarrollo de los SRT, en 1985 reseñaba el periodo que venimos tratando de la siguiente manera y que glosaré por razones de espacio:

"Llegamos al periodo 1973/76 donde personajes enviados desde el Ministerio de Educación de la Nación se hacen cargo de la conducción de la empresa; una política populista con fines políticos, deterioran la imagen de los dos medios a pesar de los intentos del personal jerárquico [...] de revertir esta situación. Año 1976/83, época del proceso militar. [Entre 1976/78] la tarea principal fue ordenar la empresa en todas las áreas; la recuperación comercial-económica y de programación, ubicaron nuevamente a los SRT en la buena senda a pesar de las reglas de juego existentes, que no permitían una plena libertad de expresión; pero si comparamos con lo ocurrido en el periodo 73/76 fue positiva. En el año 1978 asume la presidencia [...] el Coronel Juan Carlos Bilbao [...] afronta un desafío de la época... el advenimiento de la TV Color; esto significaba nuevo equipamiento [...]. Para llevar a cabo este cometido se abocó a una férrea reducción en los gastos operativos, sin descuidar el producto a comercializar [...] [Así] Canal 10 fue el primer canal del interior del país que inicia las transmisiones color, logrando paralelamente un mayor ingreso publicitario que permitió repartir utilidades al personal [...] como así también solventar [...] la iluminación de la Ciudad Universitaria."¹⁰⁷

Los fragmentos citados remiten también al papel de los ya mencionados incentivos económicos instrumentados en este subperiodo y a cómo contribuyeron, junto a un discurso de "eficiencia" y "orden", a ganar el consenso de los empleados.

El legado del autoritarismo

Lo hasta aquí expuesto intentó mostrar el modo en que se pusieron en práctica un conjunto de instrumentos y dispositivos orientados a controlar y censurar la información pública desde las esferas del poder provincial y nacional, en un marco de escalada intervencionista y de militarización de los medios de comunicación de la Universidad de Córdoba, desplegados en un contexto político de intensificación de la represión estatal legal e ilegal que llegó a traspasar los límites del terror. La evidencia aportada, aunque fragmentaria, permite inferir cómo se articularon esos instrumentos y marcos con un conjunto de mecanismos y procedimientos de disciplinamiento laboral para promover la autocensura, moldear los comportamientos, generar obediencia y cooperación, entre los cuales se destacan los despidos y las renuncias inducidas.
Cabe finalmente apuntar algunos elementos en relación con el efecto residual del terror aludido más arriba, que se advierte en los años inmediatamente posteriores al derrumbe del "Proceso" así como la pervivencia de ciertas concepciones y prácticas autoritarias en el manejo de los SRT. Los ejemplos que siguen resultan significativos al respecto.
El nuevo Directorio de los SRT instalado en enero de 1984 en el marco de la normalización de la UNC opuso visible resistencia a la resolución del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación -remitida por el Rector- referida a la reincorporación del personal cesanteado durante la década anterior. Las reuniones de Directorio mantenidas durante los primeros meses de ese año dan cuenta del incumplimiento de la resolución y el rechazo de los pedidos de reincorporación con argumentos tales como: que los cargos se hallaban cubiertos; que no había vacantes de locutores estables, que no se encuadraban en lo previsto por el Ministerio o bien se despedía a un reincorporado reciente por no existir plaza para la prestación de sus servicios. Corrobora esta apreciación el hecho de que el rectorado de la UNC creó en noviembre de 1984 una Comisión para estudiar la situación de los cesanteados, que en diciembre del mismo año el Consejo Superior Provisorio solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC procurar la "inmediata reincorporación del personal cesanteado" en los SRT sobre la base del dictamen de la Comisión ad hoc y que las tratativas se prolongaran hasta 1986.¹⁰⁸
La postergación del tratamiento de una nota de Familiares de Desaparecidos solicitando espacios de difusión y la resolución adoptada por el Directorio de no concederlos muestra también la débil vocación reparadora -y tal vez cierto temor- de las nuevas autoridades.¹⁰⁹
La reforma de los estatutos de los SRT referida a la composición de su Directorio (artículo 11) realizada en abril de 1985 restableció el número de miembros que tenía antes de la constitución de la sociedad anónima e incorporó la representación de los trabajadores lograda en 1973.¹¹⁰ Sin embargo, no mantuvo la forma de elección directa ya que sería la Asamblea de accionistas la encargada de seleccionar dicho representante a partir de una terna propuesta por el personal. Pero lo que más llama la atención son los requisitos que debía reunir el representante de los trabajadores: contar con una antigüedad mínima de cinco años en la empresa y no haber sido pasible de sanción disciplinaria en los últimos cinco años a la fecha de su designación. Es decir que, pese a la intención democratizadora, se incluyó el periodo 1980-1983 cuando la gestión de los SRT estuvo en manos del Ejército o de sus personeros.¹¹¹
Resulta de interés, por último, rescatar las reflexiones de un periodista -que retornó a los SRT en 1982- sobre los medios de comunicación durante los primeros años del gobierno constitucional:

"...yo veía que la democratización que se daba en el país no llegaba a los medios, estábamos en el 84, 85 [...] yo veía que muchos medios seguían teniendo estructuras de conducción armadas por el Proceso y lo peor del caso con los mismos criterios informativos que en la época del Proceso [...] no en sus niveles empresarios de conducción [...] yo me refiero a las estructuras profesionales, las mismas caras que informaban durante el Proceso seguían informando durante la democracia y los estilos de trabajo, los criterios profesionales y periodísticos no eran distintos, eran los mismos [...] muchos se adaptaron a la democracia, se 'blanquearon' [...] otros no, se fueron."¹¹²

Según el mismo periodista el pluralismo llegaría a los medios recién en 1987 y señala que los fue democratizando la realidad, así como la necesidad de no perder credibilidad hizo que reflejaran la diversidad de ideas que había en la sociedad.

Córdoba, 29 de diciembre de 2006

Notas

¹ "Censura y represión en los medios. El caso de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, 1973-1983", proyecto que desarrollo en el marco del programa "Recuperación y análisis de la información de archivo fílmico documental Canal 10 y de patrimonio visual y audiovisual de Córdoba" que dirijo en el Área de Historia del CIFFyH-UNC y cuenta con subsidios Secyt 2006-07. Una versión preliminar de este texto fue presentada en las IV Jornadas Espacio, Memoria e Identidad, Rosario, 4-6 de octubre de 2006.         [ Links ] Agradezco los comentarios de Dora Barrancos y Elena Piñeiro.

² La mayoría de los estudios en perspectiva histórica sobre la televisión argentina se ha dedicado al análisis de sus producciones, sus públicos y en general se ha prestado escasa atención a la dinámica interna de las empresas. Además, se han centrado sobre todo en las emisoras bonaerenses y más específicamente a los canales 7, 9 y 11. Por ejemplo, SIRVÉN, Pablo Quién te ha visto y quién TV. Historia informal de la televisión argentina, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1998.         [ Links ]

³ "Reconstrucción histórica de las condiciones de producción de noticias de Canal 10 de los SRT de la UNC (1962-80)" desarrollada por un equipo bajo mi dirección entre 1999-2001. Resultados publicados, entre otros, en ROMANO, Silvia -coordinadora- Política, Universidad y Medios. Contribución al estudio de las condiciones de producción de noticias de canal 10 de Córdoba en los 60 y 70, Ferreyra Editor, Córdoba, 2002.         [ Links ] El archivo fílmico Canal 10, tomado como referencia por esa investigación, se encuentra bajo la custodia y preservación del Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA), Dpto. de Cine y TV, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. El CDA fue creado por el programa "Recuperación y análisis de la información de archivo fílmico documental Canal 10 y de patrimonio visual y audiovisual de Córdoba" para facilitar el acceso público a los documentos a través de otros medios.

⁴ Específicamente los establecidos en uno de los capítulos de mi autoría en ROMANO, Silvia -coordinadora- Política, Universidad..., cit., pp. 49-102.

⁵ Hemos analizado las noticias televisivas producidas por Canal 10 durante la dictadura 1976-1983 y las del periodo 1969-1974 en "Los informativos y los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad: 'de eso no se habla'", ponencia en las Jornadas A 25 años del Golpe, FFyH-UNC, 2000 y en ROMANO,         [ Links ] Silvia -coordinadora- Política, Universidad..., cit., pp. 203-235, respectivamente.

⁶ Documentación de los SRT: Actas de reuniones del Directorio de los SRT (1973-1985) Tomos 1 al 5; Actas de Asambleas de Accionistas de los SRT (1973-1983) Tomos 1 y 2; Documentación sin clasificar del Directorio, Asesoría Letrada, Departamento de Personal, Gerencia General, Gerencia de Radio y de Televisión y de la Jefatura del Servicio Informativo (Radio y Televisión). La consulta de estos documentos resultó particularmente dificultosa, primero para obtener la autorización y luego porque los papeles se encuentran fuera de los SRT en una empresa de archivos (Box) contratada al efecto, por lo que deben ser solicitados y transportados especialmente. Revisé más de veinte cajas y no todas contenían la información buscada y en muchos casos la hallada presenta lagunas -en particular la de Servicio Informativo del periodo 1975-1977. María Majtey colaboró en el relevamiento de datos en actas de Directorio, Malvina González Lanfir y Mónica Álvarez en la transcripción de entrevistas.

⁷ En este texto citaremos algunos fragmentos de las entrevistas realizadas para esta investigación y otros recogidos con anterioridad. Contamos asimismo con testimonios de periodistas publicados recientemente por el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren) en su revista Umbrales, con motivo de la conmemoración de los treinta años del golpe de Estado.

⁸ La UNC recibió la licencia de explotación de Radio Esplendid en 1958, transferida mediante un decreto del gobierno de facto (Aramburu) tres días antes de la asunción de Frondizi a la presidencia de la nación. El Consejo Superior de la UNC le cambió el nombre. Cfr. ROMANO, Silvia -coordinadora- Política, Universidad..., cit., pp. 49-102. Los párrafos que siguen, salvo indicación especial, se basan en el texto citado.

⁹ Archivo de la Universidad Nacional de Córdoba, Actas del Consejo Superior (en adelante AUNC, Actas) núm. 39, 7 de diciembre de 1972.         [ Links ] Vale la pena mencionar que el proyecto de la ley 19798 fue elaborado por el ingeniero Pedro Gordillo, ministro de Obras Públicas, que se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de los SRT entre 1967 y 1971 y estuvo de licencia mientras fue ministro, renunciando con el resto del Directorio en octubre de 1973.

¹⁰ De acuerdo con el Estatuto de la sociedad anónima, se mantenía en líneas generales la misión de los SRT como medios de la UNC. El artículo 5 señalaba que "Base y fin de la Empresa ha de ser el propender al desarrollo cultural del pueblo, conjugando en la programación de sus emisoras entretenimiento y cultura, sin perjuicio de otras modalidades de formación educativa, para ofrecer a la comunidad un servicio acorde a su jerarquía universitaria."

¹¹ Sólo a modo de ejemplo cabe citar lo asentado en un acta del Directorio del 6 de abril de 1977 sobre la reunión mantenida con el rector, "...a los efectos de conversar sobre las responsabilidades que corresponden a este Directorio como conductor de los SRT y las que le corresponden al Sr. Rector en su carácter de representante de un accionista mayoritario como es la UNC. Esta conversación se motivó por las frecuentes interferencias que de distintos orígenes se suscitaron en la administración que exclusivamente compete al directorio y que comenzaron a sentirse desde la toma de posesión del cargo de Rector por el Dr. Clariá Olmedo...". Actas de Directorio, T. 2, núm. 145, fs.128-129. Las itálicas me pertenecen.

¹² Por caso, la ley de represión al comunismo de 1967 ya había sentado las bases de la persecución ideológica y el "estilo de vida argentino" occidental y cristiano. Cfr. AVELLANEDA, Andrés Censura, autoritarismo y cultura. Argentina 1960-1983, CEAL, Buenos Aires, 1986, Vol. 1, p. 18-19.         [ Links ]

¹³ Cfr. AVELLANEDA, Andrés Censura, autoritarismo..., cit., pp. 18-19.

¹⁴ Cfr. ROMERO, Luis Alberto Breve historia contemporánea de Argentina, FCE, Buenos Aires, 1994;         [ Links ] NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente La dictadura militar 1976-1983, Paidós, Buenos Aires, 2003, pp. 80-87, 137-138, 144-145.         [ Links ]

¹⁵ Cfr. SERVETTO, Alicia "Córdoba en los prolegómenos de la dictadura. La política del miedo en el gobierno de Lacabanne", en Estudios, núm. 15, Revista del Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, otoño 2004, pp 143-156.         [ Links ] Citando los datos del informe de la CONADEP, Delegación Córdoba, la autora advierte que de las 52 denuncias registradas sobre desaparición de personas antes del golpe de 1976, 42 corresponden al periodo 6 de diciembre de 1975-20 de marzo de 1976.

¹⁶ Sobre estos temas véase SERVETTO, Alicia "Córdoba....", cit.; BRENNAN, James El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1996, pp 367-371;         [ Links ] NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente La dictadura militar..., cit., pp. 80-87.

¹⁷ Para el caso de los canales 7, 11 y 13.

¹⁸ Ferro Sassarego fue director en 1952 de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME).

¹⁹ Fragmentos tomados de ROMANO, Silvia -coordinadora- Política, Universidad..., cit., pp. 49-102. Pérez Gaudio era el jefe del Servicio Informativo (SI) y miembro suplente del Directorio de los SRT. Ramón Hereñú se hizo cargo de la Gerencia General y de la jefatura del SI. A fines de 1973 el Directorio lo integraban como titulares M. Víctor Menso, Arnaldo de la Sota y Héctor Blesio como representante del personal, cuyo suplente era "Nilo" Neder. Recordemos que los canales 9, 11 y 13 de Buenos Aires fueron intervenidos durante el interinato de Raúl Lastiri, el 10 de octubre de 1973 y su estatización se concretó el 1º de agosto de 1974 situación que se mantuvo durante la dictadura inaugurada en 1976. Cfr. SIRVÉN, Pablo Quién te ha visto..., cit. Al respecto, el autor señala que los interventores se preocuparon obsesivamente de los noticieros, los que a partir de 1974 se convirtieron, con matices, en "panfletos gubernamentales" reforzados con propaganda oficial (p. 91). En Córdoba los canales privados no fueron intervenidos en este periodo y tampoco después de 1976.

²⁰ SRT Actas de Asambleas, T. 1, num. 6 a 17. Menso fue designado también como presidente en 1974 "por ausencia prolongada de Héctor Carricart (desde el 23-02-74) y siendo imposible comunicarse con él...". Acta de Directorio, núm. 34, 6 de marzo de 1974, f. 4-5.

²¹ SRT Actas de Asambleas, T. 1, núm. 19, f. 54, acta designación del 17 de diciembre de 1974; Acta de Directorio, núm. 73, 22 de enero de 1975, fs. 205-207.

²² SRT Actas de Asambleas, T. 1, Acta Asamblea Ordinaria núm. 18, 3 de febrero de 1975, fs. 49-51. Cfr. SERVETTO, Alicia De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada, 1973-1976, Ferreyra Editor, Córdoba, 1998, p. 151.         [ Links ] Según la autora, Martini era un hombre de la UOM que respondía a la línea dura de Lorenzo Miguel.

²³ SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 75, 14 de febrero de 1975, fs. 208-209.

²⁴ BORIOLI, Guillermo "La autocensura basada en el temor", en Umbrales, núm. 17, abril 2006, p. 63.         [ Links ]

²⁵ Entrevista a C. Sachetto, citada en ROMANO, Silvia -coordinadora- Política, Universidad..., cit.

²⁶ CDA casetes núm. 89, 90, 91 y 93. Entre los numerosos atentados que registra la documentación del Archivo Fílmico Canal 10 cabe mencionar que su registro cotidiano llevó a consignarlas en su momento como "la bomba del día" o "cuatro de las 25 bombas de la víspera". CDA Catálogos, 10 de noviembre de 1974. Contamos también con registros audiovisuales de expresiones claramente amenazantes hacia periodistas proferidas por Lacabanne.

²⁷ Entre ellos el mayor (R) Riobo Augusto Zuber como "Gerente de Planta" y presidente de la "Comisión de Autocontrol", a la que me referiré luego; al mayor (R) Ubber Adolfo Scapín en Secretaría General; el mayor (R) Rómulo D. Cassalotto a "Jefe de control patrimonial"; el mayor (R) Hugo Salas, como Gerente General, designado por Anadón. SRT Actas de Directorio, T. 3, núm. 191, 20 de diciembre de 1978, fs. 53-58; núm. 212, 14 de noviembre de 1979, fs 118-125; núm. 215, f. 144. En 1981 Scapín sería director artístico de la Radio y más tarde gerente de la misma.

²⁸ La Voz del Interior, Córdoba, 6 de agosto de 2004. Según la información que recogimos, Revello trabajó hasta esa fecha en Canal 12 (1967-1976) y los entrevistados no sabían de sus actividades clandestinas, aunque uno de ellos recuerda que lo consideraban un "alcahuete". Entrevista realizada a R. A. y a O. B., en 2006.

²⁹ Entrevista realizada a O. B., en 2006. En el barrio Marqués de Sobremonte, cerca del aeropuerto, funcionaba la planta transmisora de televisión y en el centro de la ciudad la emisora de radio.

³⁰ SRT Actas de Asambleas, T. 1, núm. 42, 15 de mayo de 1980, f.152-153.

³¹ SRT Actas de Directorio, T. 4, núm. 297, 299, 300 y 302, 1982; SRT Caja Archivo Box núm. 348, Asesoría Letrada. A fines de 1983 todavía no había concluido la investigación.

³² La Voz del Interior, Córdoba, 30 de septiembre de 2004. Nota publicada con motivo del suicidio de Anadón, quien se hallaba bajo arresto domiciliario. Allí se menciona también que fue interventor de los SRT luego de haber estado en la URSS como agregado militar.

³³ SRT Actas de Asambleas, T. 2, núm. 49, 7 de marzo de 1983. Yofre fue el responsable de la comisión investigadora sobre la denuncia de corrupción. En esa ocasión se confirmó por unanimidad la continuidad en el cargo del mayor Hugo Salas.

³⁴ Anales de la Legislación Argentina (ADLA) T. XXVII, pp. 1632-1639 y T. XXXII-C, pp. 3422-3441. Sobre creación de CONATEL Y COMFER. Citado en ROMANO, Silvia -coordinadora- Política, Universidad..., cit.

³⁵ Cfr. AVELLANEDA, Andrés Censura, autoritarismo..., cit., p.113 (s-decretos 587 y 1273); ADLA XXXV-C., p. 333 (Ley de Seguridad Nacional). El énfasis es mío.

³⁶ Por ejemplo, resolución del COMFER núm. P. 4 del 19 de junio de 1973, y Anexo de la Resolución 40 del COMFER (agosto de 1973) donde se rescata lo establecido por la ley nacional citada y en el decreto reglamentario 4093-73 reclamando su estricto cumplimiento, entre otras razones por "la contribución a la unidad nacional, en el respeto a los símbolos, prohombres e instituciones [...] en las formas de vida, en las éticas de nuestro país, en la seguridad nacional...". SRT, Caja Box núm. 272; los decretos 1085 (octubre de 1974) y 51-75 (enero de 1975), sobre porcentaje obligatorio de difusión diaria de música nacional y latinoamericana en radio y televisión. ADLA XXXV, p.106.

³⁷ Entrevista realizada a M. P., en 2000, citado en ROMANO, Silvia -coordinadora- Política, Universidad..., cit.

³⁸ Citado en ULANOVSKY, Carlos "El fantasma de la censura", en Clarín, Buenos Aires, 11 de agosto de 1983.         [ Links ]

³⁹ AVELLANEDA, Andrés Censura, autoritarismo..., cit., p. 134, 153-159 (Pautas para la calificación del material televisivo, 4 de agosto de 1977).

⁴⁰ AVELLANEDA, Andrés Censura, autoritarismo..., cit., p. 36.

⁴¹ AVELLANEDA, Andrés Censura, autoritarismo..., cit., pp. 46-48.

⁴² AVELLANEDA, Andrés Censura, autoritarismo..., cit., p. 48. El énfasis me pertenece.

⁴³ SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 33, fs. 103-104. El énfasis me pertenece.

⁴⁴ SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 62, 31 de octubre de 1974, fs.175-178.

⁴⁵ SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 108, 21 de abril de 1976. El énfasis me pertenece.

⁴⁶ SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 133, 29 de diciembre de 1976, fs. 87-91.

⁴⁷ SRT Actas de Directorio, T. 3, núm. 215, 26 de diciembre de 1979, fs. 135-148.

⁴⁸ SRT Actas de Directorio, T. 4, núm. 252, 16 de junio de 1981, f. 43.

⁴⁹ Entrevista realizada a V. W., en 2006.

⁵⁰ SRT Caja Box núm. 305, carpeta Servicio Informativo, 7 de febrero de 1979.

⁵¹ SRT Carpeta Departamento Discográfico, memorándum del 20 de septiembre de 1982, firmado por el mayor (R) U. Scapin. Atribuía que circularan esos "cantables" a cierto "destape" que no condecía con "nuestra cultura". El énfasis me pertenece.

⁵² SRT Caja Box núm. 305, "memo" de Gerencia de Personal, 25 de febrero de 1982.

⁵³ SRT Actas de Directorio, T. 5, núm. 306, 25 de febrero de 1983, f. 63. El énfasis me pertenece.

⁵⁴ CDA, entrevista realizada a M. P., en 2001.

⁵⁵ Entrevista realizada a V. W., en 2006.

⁵⁶ SRT Actas de Directorio, T. 4, núm. 281, 6 de abril de 1982, fs. 184-191; núm. 252, 16 de junio de 1981, f. 43. En reiteradas ocasiones se había cuestionado que "... Canal 10 ha estado emitiendo un 65% promedio de su programación comprada a ATC en detrimento de tantas horas ya pagadas y no usadas" y que era "importante no quedar transformada en una nueva repetidora de un canal metropolitano." Sobre todo preocupaba el bajo rating que tenía ATC. SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 111, 24 de mayo de 1976, f. 18; T. 5, núm. 303, 14 de diciembre de 1982, f. 28. Paralelamente se hacían gestiones para reanudar relaciones comerciales con Canal 11. Las propuestas del Jefe del Informativo para mejorar el Servicio y la programación dejan ver el retroceso que se había operado y la falta de producción: por ejemplo, tanto en la radio como en el canal carecían del equipamiento básico (grabadores, etc.) y de personal idóneo (por ejemplo camarógrafos). SRT Caja Box núm. 305.

⁵⁷ SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 62, fs. 175-178, 31 de octubre de 1974; Caja Box núm. 330, 2 de enero de 1975.

⁵⁸ SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 178, 7 de junio de 1978. No pudimos conocer el contenido de la "irregularidad". El énfasis me pertenece.

⁵⁹ Entrevista realizada a M.P., en 2001. Por su parte F.C., un locutor del noticiero de Canal 10 que trabajó hasta 1976 y se reincorporó en 1982, señala que "Hasta 1983 era todo exacto. No había que apartarse del texto, estábamos totalmente sujetos al texto de las noticias. No se dejaba ningún lugar a la improvisación. Las razones eran fundamentalmente políticas: había mucho control. Ni siquiera podíamos desviar la mirada hacia el monitor [...] había mucha censura." Entrevista realizada a F. C., en 1993, facilitada por Guillermo Olivera.

⁶⁰ CORRADI, Juan "El método de destrucción. El terror en la Argentina", en QUIROGA, Hugo y TCACH, César -compiladores- A veinte años del Golpe. Con memoria democrática, Homo Sapiens, Rosario, 1996, p. 89.         [ Links ]

⁶¹ CORRADI, Juan "El método de destrucción....", cit., pp. 89-90.

⁶² SRT Caja Box núm. 273, "Informe de Personal", 1977.

⁶³ CDA Catálogos, registro núm. 150-3-74 "Bomba Dr. Vaca Narvaja", Córdoba, 30 de mayo de 1974.

⁶⁴ Detenido en escalinatas de Tribunales el 20 de noviembre de 1975 fue alojado en la Penitenciaría del barrio San Martín. Tras un año preso, logró la autorización de la Corte Suprema para exiliarse en Francia pero fue fusilado junto con otros presos políticos en un descampado de Córdoba el 12 de agosto de 1976. Cfr. FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE CÓRDOBA Y EX PRESOS POLÍTICOS Por la memoria, por la justicia, por un sueño, Córdoba, 2000, pp. 54-55;         [ Links ] COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Anexos, Eudeba, Buenos Aires, 2006, Tomo II, p. 911.         [ Links ]

⁶⁵ SRT Actas de Directorio, T.1, núm. 23, 26 de septiembre de 1973; CDA registros varios.

⁶⁶ MARGUCH, Juan "Creía en el deber de transformar la sociedad", en Umbrales,Año 9, núm. 16, Córdoba, marzo de 2006, pp. 33-34.         [ Links ]

⁶⁷ BORIOLI, Guillermo "La autocensura, basada en el temor", en Umbrales, Año 9, núm. 16, Córdoba, marzo de 2006, p. 63.         [ Links ]

⁶⁸ BEGUÁN, Oscar "Los fotógrafos también existen", en Umbrales, Año 9, núm. 17, Córdoba, junio de 2006, p. 91.         [ Links ]

⁶⁹ BEGUÁN, Oscar "Los fotógrafos también existen", cit., p. 91.

⁷⁰ Seguimos aquí los desarrollos de FOUCAULT, Michel Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Buenos Aires, 1989, especialmente pp. 139-230,         [ Links ] referidas a la disciplina. En su estudio, plantea que en apariencia las disciplinas constituyen un infraderecho, que parecen prolongar hasta un nivel infinitesimal de las existencias singulares, las formas generales definidas por el derecho, o bien el mismo tipo de derecho pero en otra escala y con ello haciéndolo más minucioso y seguramente más indulgente. Sostiene que en realidad se trata de un contraderecho, pues introducen disimetrías insuperables y excluyen reciprocidades por el tipo de vínculo que crea entre los individuos donde prima la subordinación no reversible de unos con respecto a otros, un exceso de poder que está fijado siempre del mismo lado, etc. (p. 225).

⁷¹ CORRADI, Juan "El método de destrucción....", cit., p. 90. Asimismo señala que el terror tiene por objetivo no sólo controlar, sino también cambiar a los actores sociales.

⁷² Decreto núm. 591 y resolución del Ministerio de Cultura y Educación núm. 1505 del 30 de diciembre de 1974. SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 69, 4 de enero de 1975, fs. 193-195.

⁷³ SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 32, 25 de febrero de 1974; núm. 50, 24 de agosto de 1974.

⁷⁴ SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 77, 4 de abril de 1975. Las resoluciones eran del 28 de febrero de 1975 y del 5 de marzo de 1975.

⁷⁵ El conflicto surgido por la falta de pago de los salarios se resolvió al obtenerse fondos del Banco Provincia de Córdoba. SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 85, f. 241.

⁷⁶ SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 128, 25 de noviembre de 1976 y núm. 132, 22 de diciembre de 1976.

⁷⁷ Solicitud de reincorporación al cargo presentada al Directorio de los SRT el 16 de mayo de 1986, en el marco de las gestiones realizadas por la comisión ad hoc conformada por el rector de la UNC en noviembre de 1984. Agradezco a E. Chanaguir el acceso a la documentación.

⁷⁸ SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 118, 29 de julio de 1976; núm. 119, 13 de agosto de 1976 y núm. 126, 15 de noviembre de 1976.

⁷⁹ Hasta 1983 se recurrió a la ley de prescindibilidad, aplicando los artículos 1, 4 y 6.

⁸⁰ Los datos de personal de planta y contratado fueron proporcionados por el jefe de Recursos Humanos de los SRT, Sr. Roberto Cecchetto, a quien agradezco su colaboración. La información sobre despidos, bajas y renuncias fue relevada de SRT Actas del Directorio, T.1 a 5 y de Cajas sin clasificar (cifras provisorias).

⁸¹ Esta idea relativiza la interpretación de Novaro y Palermo en cuanto a que perder el empleo fue el único factor que no creó especiales motivos de temor o incertidumbre entre los trabajadores, tanto por la preocupación de los militares por los efectos del desempleo como por el hecho de que la ley de prescindibilidad para el sector público se utilizó básicamente contra militantes políticos y gremiales. Cfr. NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente La dictadura militar..., cit., pp. 138 y 208.

⁸² Por ejemplo: SRT Actas de Directorio, T. 3, núm. 181, 26 de julio de 1978, fs. 7-8; núm. 211, 31 de octubre de 1979, f. 115.

⁸³ El reparto de utilidades estaba en los estatutos de la sociedad anónima pero por lo general no se aplicaba. SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 133, 29 de diciembre de 1976; núm. 149, 16 de junio de 1977; T. 3, núm. 211, 31 de octubre de 1979.

⁸⁴ SRT Actas de Directorio, T. 3, núm. 224, 3 de junio de 1980, fs. 211-212.

⁸⁵ SRT Actas de Directorio, T. 1, núm. 118, 29 de julio de 1976; núm. 119, 13 de agosto de 1976. Sobre reiterados recordatorios respecto al marcado de tarjetas, SRT Cajas Box núm. 305 y 330, carpetas Personal y Servicio Informativo.

⁸⁶ SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 150, 30 de junio de 1977 y núm. 159, 3 de septiembre de 1977, fs. 209-216; T.4, núm.271, 27 de octubre de 1981; núm. 287, 16 de junio de 1982; T. 5, núm. 312, 29 de marzo de 1983.

⁸⁷ SRT Actas de Directorio, T. 5, núm. 330, 18 de agosto de 1983, fs. 210-211. El refuerzo del control sobre el SI se verifica también en noviembre del mismo año, cuando el Directorio encomendó a uno de sus miembros la "atención directa y personal" del mismo "Vista la necesidad de un conocimiento total de la actividad que se desarrolla en esa Área...". SRT Actas de Directorio, T 5, núm. 347, 23 de noviembre de 1983, f. 292.

⁸⁸ SRT Caja Box núm. 272, carpeta Asesoría Letrada, 22 de noviembre de 1978; SRT Actas de Directorio, T 3, núm. 189, 22 de noviembre de 1978.

⁸⁹ SRT Caja Box núm. 305, carpeta Servicio Informativo, memo núm. 016, 22 de julio de 1981.

⁹⁰ SRT Caja Box núm. 305, "memo" del jefe del SI del 3 de julio de 1980; entrevista realizada a V.C., en 2006. En una nota dirigida al asesor letrado el 14 de noviembre de 1977 un miembro del Directorio a cargo de Gerencia General le solicitaba elaborar una reglamentación sobre llegadas tarde y salidas por razones particulares y las sanciones correspondientes. Adjuntaba al efecto el Reglamento de Personal de IKA-Renault. SRT Caja Box núm. 272.

⁹¹ SRT Actas de Directorio, T. 4, núm. 256, 21 de julio de 1981. Este contrato se rescindió en enero de 1984 por haber concluido el acto eleccionario y los riesgos que -se suponía- implicaban el ingreso y egreso de personas.

⁹² Tomamos este concepto de CORRADI, Juan "El método de destrucción....", cit., p. 89. El autor señala que, al ser el terror una forma de poder en la cual la conformidad no garantiza la seguridad, "su efecto es la generación de una atmósfera de ansiedad 'una cultura del miedo'"; también tiene un efecto residual que no se limita a la presencia real de la coerción arbitraria y rigurosa que perdura en el tiempo y el medio circundante.

⁹³ SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 135, 7 de enero de 1977; núm. 139, 2 de febrero de 1977; núm. 148, 17 de mayo de 1977; T. 3, núm. 221, 29 de abril de 1980; SRT Caja Box núm. 330. Las fechas de documentación citada corresponden al momento en que se les dio de baja por "abandono total de sus tareas" o por no haberse reintegrado a éstas y no responder a la citación de la empresa, generalmente "por domicilio desconocido". Comprobamos que algunos de ellos se exiliaron. Entrevista realizada a O. B., en 2006.

⁹⁴ SRT Actas de Directorio, T. 2, núm. 163, 7 de diciembre de 1977, fs. 235-36. El jefe del SI fue sancionado con tres días de suspensión por no haber impuesto el respeto a su jerarquía. Borioli se reintegró al SI con otros periodistas entre 1982 y 1983.

⁹⁵ SRT Actas de Directorio, T. 3, 26 de diciembre de 1979, f. 139.

⁹⁶ SRT Caja Box núm. 272, 20 de julio de 1983, en este caso el asesor letrado de la empresa daba como alternativas la suspensión por treinta días o el despido.

⁹⁷ SRT Caja Box núm. 273, 23 de marzo de 1983. Pese a que el jefe pidió el máximo de sanción se le aplicaron tres días de suspensión.

⁹⁸ SRT Actas de Directorio, T. 4, núm. 256, 21 de julio de 1981. El énfasis me pertenece.

⁹⁹ SRT Actas de Directorio, T. 5, núm. 322, 21 de junio de 1983, f. 166.

¹⁰⁰ Se trató de un conflicto que originó numerosas y febriles gestiones del Directorio y el rector para revertirlo; tuvo amplia repercusión en los medios y el apoyo de diversos sectores, incluido el Gobierno de Córdoba. Consultamos al respecto notas periodísticas y documentación específica en Cajas sin clasificar.

¹⁰¹ SRT Actas de Asambleas, T. 1, núm. 50, 8 de junio de 1983, fs. 16-18. El genuino reclamo de los trabajadores era al mismo tiempo funcional a los intereses de la empresa y constituía otro elemento de presión.

¹⁰² SRT Actas de Directorio, T. 5, núm. 349, 29 de diciembre de 1983, f. 317.

¹⁰³ Entrevista realizada a G. L., en 1993, facilitada por Guillermo Olivera.

¹⁰⁴ Cfr. BEGUÁN, Oscar "Los fotógrafos...", cit. Beguán renunció a los SRT en 1978, luego de que lo hicieran otros compañeros de trabajo. Entrevista realizada a O. B., en 2006; SRT Actas de Directorio, T. 3, núm. 189, 22 de noviembre de 1978.

¹⁰⁵ Sobre estos temas y sobre las posibilidades de resistencia en otros espacios Cfr. NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente La dictadura militar..., cit.

¹⁰⁶ Entrevista realizada a M. P., el 24 de noviembre de 2000. Ingresó al canal en 1969 y se retiró a fines de los años 1990s.

¹⁰⁷ Documento entregado por O. A., entrevistado en 1999. Texto parcialmente citado en ROMANO, Silvia -coordinadora- Política Universidad..., cit., pp. 87-88. El autor del texto se inició en la radio y luego se desempeñó en Canal 10 en la puesta en el aire del noticiero hasta su jubilación en 1993.

¹⁰⁸ SRT Actas de Directorio, T. 5, núm. 355, 24 de enero de 1984, f. 352; núm. 360, 7 de febrero de 1984, fs. 365-368; núm. 363, 6 de marzo de 1984, f. 382; núm. 366, 29 de marzo de 1984, f. 398. Documentación sobre actuaciones de Comisión ad hoc, notas varias y pedidos de reincorporación facilitada por Abog. E. Chanaguir. La Comisión elaboró una nómina de trece personas con pedidos de reincorporación de los cuales sólo cinco fueron reincorporados.

¹⁰⁹ SRT Actas de Directorio, T. 5, núm. 363, 6 de marzo de 1984; núm. 364, 14 de marzo de 1984; núm. 365, 20 de marzo de 1984, f. 390. En la respuesta a la nota se indica que tales requerimientos deben ser canalizados a través de la Comisión Nacional de Desaparecidos y su filial local.

¹¹⁰ SRT Actas de Asamblea, T. 2, Acta de Asamblea Extraordinaria núm. 58, 22 de abril de 1985, fs. 51-53. Recordemos que antes de la constitución de la sociedad anónima (1972) el Directorio se componía de cinco miembros. Sobre la incorporación del "director obrero" en 1973 véase ROMANO, Silvia -coordinadora- Política, Universidad..., cit., pp. 80.

¹¹¹ SRT Actas de Asamblea, T. 2, Acta de Asamblea Extraordinaria núm. 58, 22 de abril de 1985, f. 52.

¹¹² Entrevista realizada a C. S., 1993, facilitada por Guillermo Olivera.

Recibido con pedido de publicación el 30/06/2006
Aceptado para su publicación el 05/12/2006
Versión definitiva recibida el 31/01/2007