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Prohistoria

On-line version ISSN 1851-9504

Prohistoria vol.11  Rosario Jan./Dec. 2007

 

HISTORIA

Dictadura y memoria: El conflictivo contrapunto entre las memorias de la dictadura en Rosario*

 

Gabriela Águila

Doctora en Historia y se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario
gbaguila@express.com.ar

 


Resumen

El artículo explora la relación entre la (o las) memorias de la última dictadura militar (1976-83) y el impacto público y social de ciertas políticas de la memoria en la ciudad de Rosario, así como los debates desplegados en el espacio público y político local en estos últimos años respecto de la preservación de la memoria del periodo

Palabras clave: Dictadura; Memoria; Políticas de la memoria; Rosario; Sociedad

Abstract

The article explores the relations between memories of last military dictatorship (1976-83) and the public and social impact of some politics of memory in Rosario, Argentina. In this way, analyzes various debates development in recent years in public and politic space about preservation of memory of this period.

Key Words: Dictatorship; Memory; Politics of memory; Rosario; Society 


 

Expresada en una condena social amplia al terrorismo de Estado, la memoria de la última dictadura militar en la Argentina se ha presentado, a su vez, como escenario de conflicto de disímiles formas de mirar ese pasado. El caso argentino no es demasiado diferente de otras sociedades enfrentadas a pasados traumáticos, donde la configuración de la memoria colectiva o social remitió a la forma en la cual esos acontecimientos se recordaron, resignificaron y olvidaron. Como se ha sostenido, los contenidos de la memoria social refieren tanto a las políticas de memoria diseñadas -entre otros sujetos y a través de distintos mecanismos- por el poder estatal, como a los variables resultados de las disputas entre una memoria "dominante" y las memorias "alternativas" o "subterráneas" en el escenario social.1
En las últimas décadas ese contrapunto conflictivo se diseñó en torno a diversas configuraciones de memoria -o modos de comprensión- de aquel pasado, si bien fueron dos los que aparecieron como claramente antagónicos: frente a la perspectiva de las fuerzas armadas y sus legitimadores, cimentada en la idea de la "guerra sucia" como una respuesta a la "agresión subversiva",2 se planteó una concepción alternativa -sostenida por los organismos de derechos humanos- donde el Estado militar se erigía como el principal agente del terror, en una historia que reconocía víctimas y feroces verdugos.
En los inicios de la transición democrática, junto con el descorrimiento del velo que había obturado la mirada de la sociedad (o de parte de ella) sobre las atrocidades del gobierno militar, esta perspectiva se difundió y se dotó de nuevos contenidos con la formulación de la teoría de los dos demonios. Expresada con contundencia en el prólogo del Nunca Más, donde se reconocía la sistemática violación a los derechos humanos perpetrada por el Estado, postulaba que la dictadura había sido el producto de un enfrentamiento entre dos bandos con iguales responsabilidades, donde los "excesos" y los castigos debían repartirse en forma equitativa, mientras que una sociedad víctima y ajena había asistido pasivamente al enfrentamiento entre los grupos en pugna.3 Esta visión -que pareció volverse parte del "sentido común" en tanto también operaba justificando la mirada complaciente de la sociedad sobre sí misma- devino hegemónica durante los años 1980s., sustentando tanto el juicio a las Juntas como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del alfonsinismo y, traducida en el postulado de la "reconciliación",4 persistió durante la década menemista.
Sin embargo, este panorama no puede presentarse en forma estática, en tanto esa memoria "dominante" fue puesta en cuestión por otras memorias, especialmente las de los afectados directos -sobrevivientes, familiares, algunos organismos de derechos humanos-, con particular intensidad en el curso de los años 1990s., restándole eficacia a tal modo de comprensión del pasado de horror. Contrariando la pretensión de "cerrar" aquel pasado, los cuestionamientos a la interpretación propuesta por el prólogo del Nunca Más y a la deserción del Estado en la penalización de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, se articularon no sólo con otras voces y memorias del pasado reciente, sino con una incesante lucha por la verdad y la justicia. En este sentido, la constante reactualización y resignificación de ese pasado traumático ha impedido plantear a la memoria del periodo como algo cristalizado; por el contrario, ella emerge como un producto sujeto a constantes reformulaciones.
Si bien en el ámbito de Rosario la preservación de la memoria de la dictadura reconoció en las últimas dos décadas diversas iniciativas debidas fundamentalmente a la acción de organismos de derechos humanos que incluyeron, por ejemplo, la realización de conmemoraciones y homenajes, la colocación de placas en cementerios y otros espacios públicos (facultades, escuelas, ex centros clandestinos de detención) o los intentos de recuperación de sitios emblemáticos vinculados al ejercicio de la represión, la instalación hacia el año 2001 del primer Museo de la Memoria a nivel nacional -iniciativa que anticipó la recuperación del edificio de la ESMA en la ciudad de Buenos Aires- introdujo algunas notas novedosas en el proceso de configuración de la(s) memoria(s) de la dictadura en la ciudad.
La década que media entre las conmemoraciones de los veinte y los treinta años del golpe militar (1996-2006) estuvo denotada por algunos procesos de fuerte impacto en este plano: los avances en la órbita judicial -en particular luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- que han posibilitado la imputación y, en contados casos, la condena de los perpetradores;5 la identificación de restos óseos de desaparecidos por los antropólogos forenses en distintos lugares del país6 y, por ende, el esclarecimiento de algunas dinámicas del accionar represivo; la aparición de otros espacios en el ámbito de los organismos de derechos humanos (citemos el caso de HIJOS o las agrupaciones de sobrevivientes) y la inocultable crisis de muchos de los tradicionales canales de expresión del movimiento que se sumaron al cambio en el clima social y político a partir de la crisis del 2001 -que renovó la condena a la dictadura y sus herencias- y a la implementación, más recientemente, de una política estatal en el ámbito de los derechos humanos que exhibe importantes contrastes con la que dominó en las últimas dos décadas de gobiernos democráticos.
La ciudad de Rosario no se sustrajo a estos procesos de orden general, presentándose como un escenario particularmente ilustrativo de algunos de ellos. En tal sentido, este artículo focaliza la atención en algunos de esos desarrollos, apuntando a analizar la relación entre la (o las) memorias de la dictadura, el impacto público y social de ciertas políticas de la memoria y los debates desplegados en estos últimos años en el espacio público y político local.7

Los debates sobre los "territorios" de la memoria

En su análisis sobre las memorias de la represión, la antropóloga Ludmila da Silva Catela proponía la noción de "territorios de memoria", planteada en parte como alternativa a la idea de "lugares de memoria" de Pierre Nora.8 Así,

"...frente a la idea estática, unitaria, sustantiva que suele suscitar la idea de lugar, la noción de territorio se refiere a las relaciones o al proceso de articulación entre los diversos espacios marcados y las prácticas de todos aquellos que se involucran en el trabajo de producción de memorias sobre la represión; resalta los vínculos, la jerarquía y la reproducción de un tejido de lugares que potencialmente puede ser representado por un mapa. Al mismo tiempo, las propiedades metafóricas de territorio nos lleva a asociar conceptos tales como conquistas, litigios, desplazamientos a lo largo del tiempo, variedad de criterios de demarcación, de disputas, de legitimidades, derechos, 'soberanías'".9

Esta conceptualización resulta particularmente iluminadora a la hora de analizar el conjunto de debates desarrollado en los últimos años en Rosario a propósito de los sitios de memoria que, justamente, ilustra la imposibilidad de pensarla en un sentido unívoco.
En este plano, en el año 2003 el debate que agitó el escenario político y social de la ciudad fue el emplazamiento definitivo del Museo de la Memoria. Sin embargo, este no era un problema nuevo: la iniciativa para la instalación de un lugar donde se convocara a recordar los horrores de la dictadura en la ciudad provino de algunos miembros de organismos de derechos humanos, especialmente de una agrupación de sobrevivientes nucleada en la Comisión de ex Presos Políticos, y fue tomada por un pequeño grupo de concejales que impulsaron su tratamiento en el seno del Concejo Municipal. En febrero de 1998 y por unanimidad, los ediles de la ciudad aprobaron su creación dentro de la órbita municipal.10
El sitio elegido para la instalación del Museo fue el lugar donde hasta 1981 funcionó la sede del Comando del II Cuerpo de Ejército, en la esquina de las calles Córdoba y Moreno, en uno de los paseos más caracterizados del centro urbano,11 y su expropiación -en tanto pertenece a un propietario particular- fue aprobada por ordenanza municipal en mayo de 1999 y refrendada por la Legislatura de la provincia en abril de 2002.12
Jaqueada desde el principio por múltiples dificultades, entre las que no habría que minimizar las presiones que recibió la Municipalidad de parte del II Cuerpo de Ejército,13 la instalación del Museo debe ser visualizada en el marco de una extensa disputa por la recuperación de ese sitio como un lugar de memoria en la ciudad. Consignemos que en 1999 los dueños del inmueble decidieron alquilarlo a empresarios locales para instalar un bar temático, el "Rock & Feller's", que en un periodo muy breve modificó radicalmente la fisonomía del lugar -desde hacía un tiempo desocupado- con el emplazamiento de uno de los bares más elegantes de la ciudad. Justamente fue este hecho el que disparó el debate14 y desde ese momento el repudio a su instalación fue reiterado y se expresó tanto en declaraciones públicas como en las marchas organizadas por los organismos de derechos humanos; se produjeron numerosos escraches y hasta un simbólico "cierre popular",15 a la vez que la condena social se hizo sentir en el rechazo de muchos rosarinos y rosarinas a concurrir al lugar.
La virtual imposibilidad de disponer del inmueble determinó que la Municipalidad decidiera ubicar "transitoriamente" el Museo en las dependencias de la Secretaría de Cultura, en el alejado barrio Pichincha,16 donde durante dos años (desde marzo de 2001) funcionó sin erogación presupuestaria y en un marco de precariedad financiera notable que fue denunciada varias veces en los medios de comunicación de la ciudad, sin recibir respuestas por parte de la Intendencia. Sin embargo, en el año 2003, luego de haberse elegido por concurso la dirección del Museo, el Municipio decidió dotarlo de una partida presupuestaria para su funcionamiento.
El tema de la instalación del Museo de la Memoria en la esquina de Córdoba y Moreno volvió a hacerse público a mediados del 2003 cuando la Municipalidad anunció que iniciaba el proceso de expropiación (que debía concretarse en no más de noventa días), en tanto la concesión y, por ende, el contrato de alquiler a los dueños del bar vencía el 31 de mayo de 2003.17 La decisión del Ejecutivo municipal de proceder a la expropiación del inmueble18 dio lugar a un nuevo debate que -a diferencia de los anteriores, circunscritos al ámbito del poder político municipal y a las organizaciones de derechos humanos-, movilizó a parte de la opinión pública, los medios de comunicación y diversos sectores políticos de la ciudad.
En primer lugar, el anuncio de la Municipalidad de expropiar el edificio de Moreno y Córdoba abrió el espacio para la expresión de un discurso reaccionario que nunca dejó de estar presente en algunos medios de comunicación y en ciertos sectores políticos de la derecha local.19 Confundida en el cuestionamiento a la decisión de instalar el Museo en ese lugar particular y enfatizando el problema de la erogación económica que demandaría la expropiación (las cifras rondaban los 3 o 4 millones de pesos), se escudaba otra idea cara a estos sectores: la de la memoria parcial y "fragmentada", tributaria de la teoría de los dos demonios. En palabras de uno de sus voceros:

"El museo no debe ser una expresión parcial e incompleta de la historia [...] la versión completa de la historia obliga a reconocer que en el país también hubo una gran violencia ejercida por grupos terroristas que cometieron atrocidades con mucha gente inocente. El Museo de la Memoria debe servir para recordar todas las violencias que hubo en el país, incluso las ejercidas por el ERP y Montoneros. Así como está concebido el Museo es incompleto. La Argentina del desencuentro debe dar lugar a la reconciliación, bajo el signo de la memoria y la ley. Memoria veraz y objetiva que albergue a todas las víctimas de la violencia [...] para que la memoria sea completa y objetiva, debe ser total y amplia, sin retaceos. [El museo debería recordar] las atrocidades de quienes en su fanatismo destrozaron las vidas de sus semejantes como mujeres y hombres, trabajadores y empresarios, policías y conscriptos, a quienes se les arrancó el derecho a la vida. Ellos también deben ser recordados bajo el signo de la bandera celeste y blanca".20

Las respuestas no se hicieron esperar. Representantes del Museo de la Memoria enfatizaron que "cualquier bar se puede instalar en cualquier casa, el Museo de la Memoria, no",21 mientras que el director del Museo, Rubén Chababo, recordaba que "nuestra tarea es incompleta: aún falta sumar a nuestros archivos el testimonio de todos aquellos que colaboraron de manera activa y sostenida con la dictadura, asumiendo de ese modo su verdadera responsabilidad histórica".22 En un sentido similar se manifestaron los concejales de distintas líneas políticas, quienes además rechazaron el polémico proyecto de un concejal radical tendiente a destinar los fondos que demandaría la expropiación para la reconstrucción de parte de la Facultad de Derecho, destruida por un incendio;23 así como la mayoría de los candidatos a intendente en las elecciones que se realizaron pocos meses después, quienes se comprometieron a concretar la instalación del Museo en esa sede, habida cuenta que la expropiación del inmueble correspondería a la próxima gestión municipal.24
Por su parte, las cartas de los lectores del principal diario de la ciudad, emisiones de radio y hasta un programa televisivo con participación del público que se ocupó de analizar el problema ("Plan A", por Canal 3 de Rosario) fueron también el escenario de este debate público. En casi todos los casos y si bien no se rechazaba la idea de instalar un Museo de la Memoria en la ciudad, las manifestaciones de la "opinión pública" local reproducían los argumentos más críticos sobre la expropiación insistiendo en el excesivo gasto que esto demandaría (el lugar es "suntuoso" y las prioridades insatisfechas de la ciudad y sus habitantes son numerosas), en consideraciones estéticas y referidas al patrimonio urbano (implicaría cerrar un "hermoso bar que enriquece el patrimonio urbano", "está muy bien decorado y se encuentra en el Paseo del Siglo, zona promovida por el Ente de Turismo", ubicado en una zona "poco compatible con los tristes recuerdos que llevaría un museo de estas características") o en el "oportunismo" de los concejales ("produce imagen y rédito político", "estamos a pocos días de las elecciones"),25 entre otros.
Más allá de este debate -representativo de las perspectivas de algunos sectores del periodismo y de la opinión pública- que hoy parece haberse clausurado, se superpuso otro acicateado por las declaraciones de algunos integrantes del peronismo provincial quienes plantearon como "alternativa" para un Museo de la Memoria otro lugar emblemático de la represión en la ciudad: los sótanos de la ex Jefatura de Policía, distante a una cuadra de la ex sede del Comando, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, y separados por una plaza.26
En ese sitio se encontraban ubicadas las dependencias del ex Servicio de Informaciones, el centro de detención clandestino más importante de la ciudad y la región. El lugar había sido destinado a distintos usos desde su traslado a otro edificio, si bien fue la mudanza de la Jefatura en el año 2001 la que planteó la posibilidad de debatir sobre qué hacer con el sitio. A pesar de su localización céntrica, el lugar comenzó a volverse "visible" cuando hacia fines de 1999, e impulsado por el entonces ministro de Gobierno de la provincia Roberto Rosúa, se permitió la visita de periodistas e integrantes de organismos de derechos humanos, la cual fue cubierta por algunos medios de comunicación locales.
Las tratativas para preservar el sitio fueron encabezadas por un grupo de sobrevivientes de ese centro de detención que encontró una favorable disposición en el Ministerio de Gobierno provincial (el delegado del ministro en Rosario había estado detenido allí) y el pedido culminó con la cesión del espacio a un conjunto de organismos de derechos humanos de la ciudad para su preservación, otorgándose reconocimiento oficial y legal para ello.
Así, en marzo de 2001 el ministro de Gobierno provincial firmó la resolución número 060 para "reconstruir y preservar la memoria colectiva sin perjuicio de encomendar las medidas de conservación y limpieza necesarias", en tanto en mayo de 2002 el entonces gobernador Reutemann suscribió un decreto creando el Centro Popular de la Memoria "cuyo fin será la preservación de huellas y material testimonial del Centro Clandestino de Detención El Pozo".27 En convergencia casi fortuita con los recorridos del debate sobre el Museo de la Memoria en la ciudad, el tema de "El Pozo" adquirió visibilidad por la televisación a mediados del mes de julio de ese año de un programa emitido desde Buenos Aires ("Ser Urbano", conducido por Gastón Pauls) donde se rescataba el trabajo realizado allí por un equipo coordinado por la antropóloga Silvia Bianchi y el psicólogo Eduardo Bertolino.
La trama del debate ganó en densidad y se complejizó, desplazándose del escenario público y político para internarse en el territorio configurado por aquellos sectores que bregan por el resguardo y la transmisión de la memoria de la dictadura en la ciudad. Si en uno de sus tramos la discusión estuvo centrada en la preservación de un lugar de memoria particular, que muchos han visto "usurpado", por otra parte apareció superpuesta a una disputa que no se desplegó por completo respecto no sólo de los lugares de memoria, sino también en torno a por qué y cómo recordar.
Es conveniente señalar que, en tanto ambos lugares pertenecen a dos órbitas oficiales diferentes, una municipal28 y otra provincial,29 ello no ha estado ausente de los debates por el "mejor" lugar para preservar la memoria -desarrollado coincidentemente en medio de la campaña electoral que agitaba en aquel momento las aguas políticas provinciales. Sin embargo, hay otro aspecto no menos significativo que remite a las funciones diferenciadas que los dos lugares ostentaban en el interior de la estrategia represiva de la dictadura: en tanto la sede del Comando era el lugar de la Jefatura del Ejército, aquel donde se daban las órdenes y donde se diseñó el plan represivo, los sótanos de Jefatura representaban el ámbito siniestro de Feced y su grupo de tareas, donde se ejecutaban las órdenes; el espacio de la tortura, la muerte y la desaparición.
Y esta inicial y diferenciada configuración parece no poder desgajarse de unas perspectivas de la memoria, diversas y postuladas muchas veces como antagónicas, que son ilustrativas de las diferencias que existen en el interior de los organismos de derechos humanos en la ciudad y que no han dejado de manifestarse.30 Mientras el Museo de la Memoria fue concebido como un lugar donde debía "exhibirse" aquello que convocara a recordar los horrores de la pasada dictadura en forma de muestras pero también de actividades diversas (que incluyen ciclos de cine, charlas, presentaciones de libros, conferencias y cursos), los sótanos de la ex Jefatura se exhibían despojados por completo de objetos y el eje fundamental era la preservación del lugar intentando, a través de la participación y el testimonio de los sobrevivientes, reconstruir la historia y la vida en el centro clandestino.31
Sin embargo, fue el Gobierno provincial, durante la gestión del justicialista Jorge Obeid, el que diseñó definitivamente qué y cómo se recordaría en ese espacio. El traslado de las dependencias de Jefatura a otro lugar de la ciudad (el predio de la ex Fábrica Militar de Armas, en Ovidio Lagos al 5000), acercó nuevos protagonistas, y a los reclamos de los sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones por la preservación del sitio, se incorporaron las demandas de ex detenidas en la cárcel de mujeres de la Alcaidía, que también había funcionado en las dependencias de la Jefatura de Policía.32
A las disputas que enfrentaron a lo largo de estos últimos años a miembros de diversos organismos respecto de qué hacer con el lugar (y que culminaron con la separación del equipo de investigación y la mayoría de los miembros del Colectivo de ex Presos y Sobrevivientes), se sumaron las perspectivas de distintos grupos de ex detenidas de la Alcaidía, zanjándose con la aprobación de un proyecto de rememoración impulsado por el Gobierno provincial. En la segunda mitad del año 2005 fue inaugurada la denominada Plaza Cívica, preservándose sólo un fragmento del edificio de la vieja Alcaidía y manteniendo, al menos hasta el momento, prácticamente cerrado el ámbito donde funcionó el Servicio de Informaciones.33 El lugar se ha convertido en los últimos tiempos en un espacio no sólo de rememoración sino de realización de múltiples actividades culturales, ofrecidas al conjunto de los rosarinos.34
Nos interesa plantear otra faceta cuya significación es acaso menor -por su impacto político y público- que la que remite a la recuperación y preservación de los sitios, pero que no podría omitirse en la perspectiva de análisis que aquí proponemos. Como ha sucedido con los sitios o lugares de memoria, también los archivos se presentan como "escenarios de luchas por memorias individuales y públicas".35 No es una novedad señalar que la investigación histórica sobre las dictaduras y la memoria de las dictaduras en Argentina (y en general en América Latina) se ha enfrentado con un importante obstáculo: la escasez de fuentes producto, en gran parte, de la destrucción sistemática de archivos por parte del Estado militar, las enormes dificultades para la recuperación de los fondos y la consiguiente dispersión de los registros documentales.
En lo que refiere a los archivos de la represión debemos consignar que en la provincia de Santa Fe no se ha avanzado, en lo que refiere a la órbita oficial, ni un milímetro en la posibilidad de recuperar fondos documentales que haya pertenecido a las fuerzas represivas, como ha sucedido por ejemplo en la provincia de Buenos Aires con el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y, agreguemos, en otros países latinoamericanos.36 Los archivos policiales y militares siguen estando, aún hoy, completamente vedados a los investigadores y también a la Justicia.
Por otro lado, el acceso a otros registros documentales sobre la represión en la ciudad sigue resultando, hasta hoy, una tarea muy dificultosa, en tanto se encuentra fragmentado y disperso y en algunos casos en manos de organismos de derechos humanos, individuos o instituciones vinculadas a ellos que, erigidos en verdaderos "custodios de la memoria", plantean significativos resguardos a la hora de permitir la consulta a los investigadores. Uno de los debates más importantes referidos a los llamados "archivos de la represión" remite al carácter "privado" que ostenta parte de la documentación allí contenida: aquí la visible tensión entre lo público y lo privado cuando involucra, por ejemplo, situaciones muy sensibles vividas por las víctimas, constituye uno de los principales problemas para el acceso y análisis de estos registros.37 Estas situaciones ilustran, como un ejemplo visible, la dicotomía existente entre la necesidad de preservar y resguardar los testimonios y documentos de un pasado traumático y la necesaria transmisión y establecimiento de cadenas de memoria que requieren, entre otras cuestiones, de los avances en la investigación histórica y, en tal sentido, del acceso a las fuentes documentales.
A treinta años del golpe de Estado, la ciudad de Rosario ha recuperado -o está en vías de hacerlo, en tanto la cesión del edificio del ex Comando del II Cuerpo se concretaría en el curso del año 2007-, dos de los lugares más emblemáticos vinculados al diseño y ejercicio de la represión en todo el ámbito.38 Por otra parte, una ley provincial culminará con la expropiación del predio de "La Calamita", ubicado en la localidad vecina de Granadero Baigorria, que será cedido a una comisión integrada por la Municipalidad y organismos de derechos humanos,39 mientras que desde diversos sectores vinculados a organizaciones de derechos humanos han comenzado a reclamar la expropiación de otros predios donde funcionaron centros clandestinos de detención,40 ampliando la apuesta por recuperar estos sitios como lugares de memoria en la ciudad.

Memorias y desmemorias

Como hemos tratado de mostrar, los debates en torno a los sitios de memoria en Rosario ejemplifican la coexistencia conflictiva de memorias contrapuestas frente a aquel pasado traumático. Así, las acciones por la recuperación de lugares de fuerte significación (el edificio de Moreno y Córdoba, el predio de la ex Jefatura o "La Calamita") por parte de los organismos de derechos humanos y de aquellos sectores comprometidos con la preservación de la memoria de la dictadura -que ha sido acompañada por ciertas respuestas favorables del poder político provincial y municipal y por un apoyo social cuya amplitud es, sin embargo, difícil de medir-41 han confrontado con planteos críticos que, tributarios de la teoría de los dos demonios, hablan de historias parciales o reivindican la salvaguardia de una indefinida memoria urbana (expresada por ejemplo en la "preservación arquitectónica" del Paseo del Siglo). Voces que no cuestionaron, al igual que la mayor parte de la sociedad rosarina, que durante los años más duros de la dictadura este sitio emblemático del centro de la ciudad fuera uno de los escenarios más significativos de ejercicio del terror estatal.
Hemos insistido en que, si bien gran parte del accionar represivo se desenvolvió clandestinamente y supuestamente fuera de la vista de los ciudadanos, es innegable el hecho de que los rosarinos conocieron parte de lo que estaba aconteciendo y muchos fueron testigos de estos actos. El centro de detención más importante de Rosario, el Servicio de Informaciones, se encontraba ubicado en pleno núcleo de la ciudad, rodeado de casas particulares, un lugar por donde transitan diariamente miles de ciudadanos. Muchos de los otros centros de detención estaban dentro del perímetro urbano o en localidades cercanas y algunos fueron alquilados por sus propietarios a los organismos de seguridad. Los allanamientos y enfrentamientos se produjeron muchas veces a la luz del día y esta ostentación de la represión no fue ajena al clima de terror implantado por la dictadura.42
Al menos desde 1978 la acción de los organismos de derechos humanos comenzó a romper el silencio de la sociedad, en un proceso que no era ajeno a la repercusión que tenían en el exterior las denuncias por las brutales violaciones a los derechos y a la integridad de las personas que se cometían en el país. Sin embargo, fue recién a partir de la coyuntura abierta por el fin de la guerra de Malvinas y en un marco en donde el descontento social y político comenzaba a expresarse, cuando las denuncias de los organismos impactaron sobre una sociedad dispuesta a escuchar y la larga y, hasta el momento, solitaria lucha de los organismos de derechos humanos se articuló con los reclamos de otros sectores sociales y políticos, acompañando la acelerada desintegración del régimen militar.43
La salida de la dictadura y el conocimiento de las características y contenidos de la represión en la ciudad fue sucedida por la sistemática construcción de mecanismos de ocultamiento y olvido que, expresados en la teoría de los dos demonios o las leyes de impunidad, explican en parte por qué los asesinos y sus colaboradores siguen caminando por las calles de la ciudad y muchos de aquellos que legitimaron a la dictadura continúan ocupando lugares importantes en el poder político, los medios de comunicación o las asociaciones empresarias locales y provinciales.44
En líneas generales, la situación de la ciudad de Rosario no es demasiado diferente de lo que sucede en el resto del país, en el sentido de la ausencia de políticas claras y sistemáticas de preservación de la memoria de la dictadura. Si nos referimos a los sitios, la cesión de las dependencias del Servicio de Informaciones de la Policía provincial sólo se produjo cuando el edificio fue desocupado por la Jefatura y, por otro lado, las disputas por la expropiación del edificio de Córdoba y Moreno son ilustrativas de las enormes dificultades frente a las que se encuentran las tareas de resguardo de la memoria de la dictadura en la ciudad. Pero, a su vez, se reproduce en los otros lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención cuyos propietarios los destinaron a distinto tipo de usos desde los años de la dictadura, tal el caso de "La Calamita", en constante riesgo de ser derruida, o la "Quinta de Funes", convertida durante mucho tiempo en "casa de fiestas".
Sin embargo, el problema no se circunscribe sólo a aquellos lugares que pertenecen a propietarios particulares. Si la ocupación y preservación de los sótanos de la ex Jefatura y, como debería suceder en breve, del edificio del ex Comando, remite a decisiones ejecutadas por el poder político provincial o municipal, en la ciudad y sus inmediaciones hay otros lugares que también están bajo la competencia del Estado o de algunas de sus instituciones, tal como sucede con las dependencias provinciales (las instalaciones de la ex Fábrica Militar "Domingo Matheu" donde funciona actualmente la Unidad Regional II de Policía) o las que aún pertenecen al Ejército (el Batallón 121).45 En ninguno de estos casos se ha visualizado una voluntad de preservar los sitios convirtiéndolos en lugares de memoria de los horrores vividos durante la dictadura militar y, es conveniente remarcarlo, en los casos que se han resuelto positivamente la acción y decisión de los organismos de derechos humanos, de sectores sensibles a este tipo de reivindicaciones y de algunos medios de comunicación ha sido fundamental.
Sin embargo, si las parciales respuestas del Estado se erigen como uno de los obstáculos para la preservación de la memoria de la dictadura en la ciudad, el otro problema que la atraviesa está configurado por las "trincheras" en las se encuentran ubicados muchos de sus "custodios", expresadas en las disputas muchas veces insalvables en el interior de los organismos de derechos humanos o de los ámbitos estatales involucrados, que remiten a las diferenciadas perspectivas respecto de la preservación de la memoria en el presente tanto como a evaluaciones contrapuestas sobre el pasado reciente.
Un ejemplo de ello lo constituyó la conmemoración de los treinta años del golpe, en marzo de 2006, que encontró tanto al gobierno municipal como al provincial -y a los organismos de derechos humanos vinculados a dichos ámbitos- disputando el espacio de la memoria en la ciudad, a través de la realización de diversas actividades culturales y políticas que incluyeron colocación de placas, plantación de árboles en el Bosque de la Memoria (localizado en el Parque Scalabrini Ortiz, una modalidad que inauguró el Museo de la Memoria en los últimos años para la fecha), recitales, muestras y concursos artísticos que se desarrollaron durante casi todo el mes de marzo. Un interesante contrapunto que enfrentó a ambas órbitas estatales, municipal y provincial, respecto de las modalidades y tal vez los contenidos de la conmemoración y que superpuso gran parte de las actividades realizadas en particular entre el 23 y el 24 de marzo.46
Situaciones como las que detallamos no son, indudablemente, privativas de un particular clima político y social de la ciudad de Rosario sino que se han verificado y pueden rastrearse en otros lugares del país, por ejemplo frente a los aniversarios del golpe de Estado o respecto de la utilización de los ex centros clandestinos de detención o la creación de "museos de la memoria". En tal sentido, representan y ejemplifican los complejos recorridos por los que aún transita la configuración de la (o las) memorias de la dictadura, jalonados por la difícil convergencia de iniciativas centradas en su recuperación y transmisión, las fragmentarias respuestas estatales y los persistentes conflictos que emergen cada vez que se abren debates que han permanecido clausurados durante décadas.

Rosario, 25 de agosto de 2007

Notas

* Retomo aquí algunos desarrollos contenidos en el último capítulo de mi Tesis Doctoral "Historia social, memoria y dictadura. El Gran Rosario entre 1976 y 1983", Escuela de Posgrado, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, 2006 y esbozados en "Dictadura, memoria(s) e historia: el conflictivo contrapunto entre la(s) memoria(s) y la historia de la dictadura en Rosario", ponencia presentada en las IX° Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Córdoba, septiembre de 2003.

1 Ver GROPPO, Bruno "Traumatismos de la memoria e imposibilidad del olvido en los países del Cono Sur", en GROPPO, Bruno y FLIER, Patricia -compiladores- La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay, Al Margen, La Plata, 2001 y JELIN,         [ Links ] Elizabeth "Memorias en conflicto", en Puentes, Año 1, núm. 1, La Plata, 2000.         [ Links ]

2 Posible de rastrear en el discurso dominante durante todo el gobierno militar, en los argumentos de la defensa de los imputados en los diversos procesos judiciales desde el juicio a las Juntas hasta la actualidad, en el "Documento Final" del gobierno militar publicado hacia finales de 1983 y en la "vulgata procesista" que, como reseña Federico Lorenz, aún hoy sigue vigente. Ver al respecto LORENZ, Federico "'Recuerden argentinos': por una revisión de la vulgata procesista", en Entrepasados, núm. 28, Buenos Aires, 2005.         [ Links ]

3 Para el tema puede verse FEIERSTEIN, Daniel El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, FCE, Buenos Aires, 2007,         [ Links ] en particular el capítulo VII.

4 La manifestación más clara de tal política fueron los indultos otorgados por el presidente Menem a los comandantes de las Juntas Militares, condenados en el marco del juicio a las Juntas, y a los cabecillas de las organizaciones armadas que habían actuado en los años 1970s., evidenciando con contundencia una perspectiva que no sólo ubicaba a los dos "demonios", sino que los equiparaba en culpas y perdones. Otras iniciativas, como el rechazado proyecto de derrumbar la ESMA, ilustran también este recorrido.

5 Señalemos que en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario se han reabierto en los últimos tres años causas judiciales que habían permanecido cerradas desde mediados de los años 1980s., tal el caso de la Causa Feced, así como se han iniciado o reactivado otras en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del II Cuerpo y el sur de la provincia, entre ellas la causa sobre la "Quinta de Funes", "La Calamita", la Fábrica de Armas, el Cementerio de San Lorenzo y la referida al centro clandestino que funcionó en Calazans al 9100.

6 Ver especialmente EAAF Annual Report 2005, Informe anual del Equipo Argentino de Antropología Forense, Buenos Aires-New York, 2005.         [ Links ]

7 Existen algunos trabajos para otras ciudades que han analizado algunas de estas cuestiones, en particular para la ciudad de Santa Fe puede verse ALONSO, Luciano, BOUMERA, Araceli y CITRONI, Julieta "Confrontaciones en torno del espacio urbano: dictadura, gobierno constitucional y movimiento de derechos humanos en Santa Fe", en Historia Regional, núm. 25, Sección Historia, Instituto Superior del Profesorado núm. 3, Villa Constitución, 2007.         [ Links ]

8 NORA, Pierre "La aventura de Les lieuxs de la memoire", en CUESTA BUSTILLO, Josefina -editora- Memoria e Historia, Marcial Pons, Madrid, 1998 y Les lieuxs de la memoire,         [ Links ] Gallimard, Paris, 1982-1992, varios volúmenes.

9 DA SILVA CATELA, Ludmila No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos, Al Margen, La Plata, 2001, p. 161.         [ Links ]

10 En dichos proyectos participaron representantes de distintas bancadas, entre los que se contaron los radicales Roberto Bereciartúa, Daniel Luna y Rafael Ielpi, los justicialistas Iris Pérez y Arturo Gandolla y Blanca Cánepa por el Partido Socialista Popular.

11 Como sostienen Pasquali y Van Poepelen, "El que fuera durante el periodo 1976-1982 la sede del Comando del II Cuerpo del Ejército, es un edificio ubicado frente a una de las plazas más importantes de la ciudad de Rosario, la plaza San Martín. Lo que la torna significativa son, precisamente, los edificios que la circundan y el uso que ha adquirido en los últimos 10 años [...] Esta plaza se caracteriza por la presencia de edificios de innegable representación institucional. Perimetran el sitio el ex Palacio de Tribunales (actual sede de la Facultad de Derecho), el ex edificio de la Jefatura de Policía (en la actualidad sede del poder político provincial en Rosario) y el edificio de la ex Sede del Comando del II Cuerpo de Ejército". Ver PASQUALI, Laura y VAN POEPELEN, Cristian "La Plaza San Martín de Rosario: un sitio para la memoria. El caso del edificio del II Cuerpo de Ejército", ponencia presentada en las Jornadas Reconstrucción de la Identidad de los desaparecidos, publicada en CD, Buenos Aires, octubre de 2002.         [ Links ]

12 Las disposiciones oficiales que sancionaron la expropiación del sitio como sede del Museo de la Memoria son la ordenanza municipal número 6790 y la ley provincial número 12018 (publicada en el Boletín Oficial, Gobierno de Santa Fe, 4 de julio de 2002). El tema ha sido analizado también en LUCIANI, Laura, ROSSO PONCE, Romina y WINGERTER, Cecilia "La(s) memoria(s) en tensión: el Museo de la Memoria de Rosario, un proyecto conflictivo", ponencia presentada en las II Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, UBA, 2004.         [ Links ]

13 El Comando del II Cuerpo, que funcionaba desde hacía casi dos décadas en otro predio, se encontraba dirigido en aquellos años por el general Eduardo Cabanillas. Ver La Capital, Rosario, 20 de mayo de 1999,         [ Links ] donde se habla de "enormes presiones" sobre la Municipalidad de Rosario.

14 De hecho, luego de la mudanza del Comando y durante varios años la Municipalidad alquiló el inmueble para la Secretaría de Obras Públicas (hasta octubre de 1997) y durante todo el periodo no hubo críticas o pedidos para que el sitio se preservara como un lugar de memoria. Ver "El museo de la ciudad busca su lugar", en La Capital, Rosario, 28 de junio de 2003, p. 30.         [ Links ]

15 Ver La Capital, Rosario, 12 de julio de 2003.         [ Links ]

16 En las instalaciones de la estación ferroviaria Rosario Norte. Ver El Ciudadano, Rosario, 12 de diciembre de 1998.         [ Links ]

17 Mientras los propietarios habían extendido el contrato de alquiler hasta el año 2009, ignorando las reglamentaciones oficiales, el Gobierno municipal denegó la solicitud de prorrogar la habilitación e intimó a la firma para que cesen sus actividades en un plazo perentorio. Ver La Capital, Rosario, 8 de junio de 2003.         [ Links ] Las negociaciones entraron luego en una etapa de "avenimiento" entre las partes, ya que el Municipio debía acordar con los dueños del inmueble y los inquilinos el monto de la indemnización.

18 Es interesante señalar que la actuación del Ejecutivo municipal, en manos del Partido Socialista Popular desde 1989, no ha tenido siempre el mismo carácter. En 1998, y luego de transcurridos varios meses de la resolución del Concejo de crear un Museo de la Memoria, la Municipalidad autorizó la instalación del bar temático en la esquina de Moreno y Córdoba, aduciendo que era "muy oneroso readecuar el edificio para el museo". Ver La Capital, Rosario, 15 de septiembre de 1998.         [ Links ]

19 Representados una y otra vez por algunas voces como la del concejal Federico Steiger o representantes mediáticos del "liberalismo" local. Este edil radical ya había saltado a la palestra cuando, en el marco de la conmemoración por los veinte años de golpe de Estado, convocó a recordar a las víctimas de la guerrilla, justificando a la dictadura militar que había "evitado" que se cambiara la bandera argentina por un "sucio trapo rojo".

20 Ver La Capital, Rosario, 11 de junio de 2003.         [ Links ] En el marco de la discusión por la creación del Museo de la Memoria en el año 1998 el Centro Militar San Nicolás había planteado "compartir en la galería del museo el mismo espacio con sus víctimas" recordando "los horrores producidos por las organizaciones subversivas y terroristas", solicitud que fue rechazada en forma rotunda por el Concejo Municipal. La Capital, Rosario, 15 de septiembre de 1998.         [ Links ] También el Comandante del II Cuerpo, el general Cabanillas, sostuvo "Si van a hacer un museo de este tipo hay que hacerlo para la derecha y para la izquierda", Rosario/12, Rosario, 31 de marzo de 1998.         [ Links ] Es interesante señalar que en el año 2003 ningún representante de la institución militar intervino en el debate.

21 La Capital, Rosario, 10 de junio de 2003.         [ Links ]

22 La Capital, Rosario, 12 de junio de 2003.         [ Links ]

23 Por unanimidad y con una única abstención (la del concejal Steiger) se resolvió archivarlo, un tratamiento raramente reservado a los proyectos presentados en el recinto. Ver La Capital, Rosario, 3 y 4 de julio de 2003.         [ Links ]

24 La Capital, Rosario, 19 de junio de 2003.         [ Links ]

25 Ver La Capital, Rosario, junio y julio de 2003.         [ Links ]

26 El presidente del Partido Justicialista, Ángel Baltuzzi, planteó que "los sótanos de la ex Jefatura de policía son el mejor lugar para hacer un monumento al Nunca Más", mientras que el ex ministro de Gobierno Roberto Rosúa sostuvo que "ese lugar podría ser perfectamente sede un museo de la memoria porque fue allí donde se detuvo, se torturó y se asesinó a muchísima gente durante la dictadura". Ver La Capital, Rosario, 18 de junio de 2003.         [ Links ]

27 Ver La Capital, Rosario, 18 de junio de 2003.         [ Links ] La comisión directiva estaba integrada por representantes de Madres, HIJOS, Abuelas, Familiares, MEDH, Liga por los Derechos del Hombre y Secretaría de Derechos Humanos de la AMSaFe. Aunque está dentro de la órbita provincial, el Centro nunca fue apoyado financieramente por la provincia a pesar de que los problemas edilicios son muy graves; por su parte, los trabajos de preservación se hicieron en forma voluntaria y ad honorem. Entrevista realizada a la Lic. Silvia Bianchi, coordinadora del Proyecto de recuperación de "El Pozo", en 2003.

28 El municipio de Rosario se encuentra desde 1989 en manos del Partido Socialista (ex Partido Socialista Popular), en el año 2003 todavía era intendente el Dr. Hermes Binner, quien cedió el mando al actual intendente el Ing. Miguel Lifschitz.

29 El gobierno de la provincia de Santa Fe está dirigido, desde fines de 1983, por el Partido Justicialista. El gobernador en funciones, hasta septiembre de 2007, es el Ing. Jorge Obeid.

30 Si bien en las dos iniciativas participaron (y participan) miembros y representantes de los distintos organismos de derechos humanos de la ciudad, el Museo de la Memoria fue un lugar impulsado y diseñado en sus inicios por miembros de la Comisión de ex Presos Políticos y sostenido por la Asamblea Permanente, mientras que el Centro Popular de la Memoria agrupaba, no exento de diferencias, al resto de los organismos.

31 Aunque no está muy claro quién propuso la denominación de "Museo de la Memoria", desde los inicios fue adoptada por los organismos, sin demasiados cuestionamientos; sin embargo, hoy configura un problema muy presente en los debates internos. Así, los integrantes del Centro Popular de la Memoria sostuvieron que frente a la idea de un "museo", caracterizado como un "sujeto pasivo" (representado por las muestras), el Centro Popular pretendía constituirse alternativamente como el lugar de la memoria de un "sujeto activo" (entrevista realizada a la Lic. Silvia Bianchi, en 2003). Por su parte, los directivos del Museo de la Memoria enfatizaban que las bases y la concepción del mismo está alejada de una perspectiva "pasiva". Entrevista realizada a Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria de Rosario, en 2003.

32 Ver La Capital, Rosario, 20 de marzo de 2005.         [ Links ]

33 En el marco de las numerosas conmemoraciones por los treinta años del golpe de Estado, se reabrieron las instalaciones del ex Servicio de Informaciones para visitas de contingentes escolares. Ver La Capita, Rosario, 20 de marzo de 2006.

34 En el folleto editado para la inauguración de las obras se reseñaba: "Quisimos convertir este lugar, que fue utilizado por la última dictadura militar como cárcel de presos políticos y de detenciones clandestinas, en un moderno centro cívico que albergará a todas las dependencias del gobierno provincial y, además, será un paseo público para todos los rosarinos". Ver las palabras del gobernador de la provincia, Jorge Obeid, en "Rastros: memoria/justicia/convivencia/paz", 2005.

35 JELIN, Elizabeth "Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión", en DA SILVA CATELA, Ludmila y Elizabeth JELIN -compiladoras- Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.         [ Links ]

36 Ver al respecto FUNES, Patricia "Memoria, Historia y dictadura. Genealogía de la persecución. Archivo de la DIPPBA", ponencia presentada en el 1º Encuentro Internacional sobre Genocidio, Buenos Aires, noviembre de 2003 y DA SILVA CATELA,         [ Links ] Ludmila y Elizabeth JELIN -compiladoras- Los archivos..., cit., especialmente los artículos referidos a Brasil y Paraguay.

37 El mecanismo utilizado, por ejemplo, en el archivo de la DIPPBA (localizado en la ciudad de La Plata) es permitir una consulta restringida a quienes solicitan documentación allí colectada, tachando los nombres de terceras personas, así como la firma de un acuerdo ético con el investigador para garantizar ciertas modalidades de la utilización del material. Similares resguardos fueron sido planteados en el Museo de la Memoria de Rosario, y en particular en el interior de su comisión directiva, cuando iniciamos nuestra investigación sobre los fondos documentales archivados en esa dependencia, si bien se nos permitió acceder con libertad a gran parte de la información allí contenida.

38 En relación con los sitios elegimos no incluir aquí el caso de la Casa de la Memoria, sobre todo porque la misma era una propiedad particular que fue destinada a ese fin. Digamos brevemente que la casa, ubicada en calle Santiago al 2300, había pertenecido a un matrimonio de ciegos que permanece desaparecido desde 1977 (Ravelo-Vega), habiendo sido usurpada por el II Cuerpo de Ejército que la utilizó hasta que terminó por cederla al Centro de Suboficiales y Gendarmes Retirados y Pensionados. Con el advenimiento de la democracia, las demandas para recuperar el inmueble por parte de la familia culminaron en su restitución en 1994 y su transformación en Casa de la Memoria. Al respecto ver DEL FRADE, Carlos El Rosario de Galtieri y Feced, El Eslabón, Rosario, 2000.         [ Links ]

39 También en este caso se ha planteado un debate, de mucha menor intensidad, respecto de qué hacer con dichas instalaciones. Para el tema puede verse BIASATTI, Soledad "Acerca del pasado/Acercar el pasado. Arqueología(s) y Memoria(s). Análisis a partir de un sitio de la historia reciente", Tesis de Licenciatura en Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, inédita, 2007.         [ Links ]

40 Tal como se explicitó en el documento conjunto elaborado por organismos de derechos humanos y organizaciones políticas para la conmemoración de los treinta años del golpe de Estado, en marzo de 2006.

41 Se ha señalado como un dato alentador el hecho de que hasta el momento ningún sector haya objetado abiertamente la existencia de un lugar donde se rememore lo sucedido durante la dictadura, pero es difícil medir la amplitud de este consenso.

42 Al respecto ver ÁGUILA, Gabriela "Testigos y vecinos. La dictadura en el Gran Rosario", en Puentes, núm. 19, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata, 2006.         [ Links ]

43 Para un tratamiento más detallado sobre el tema puede verse ÁGUILA, Gabriela "El terrorismo de Estado sobre Rosario (1976/1983)", en PLA, Alberto -coordinador- Rosario en la historia. De 1930 a nuestros días, UNR Editora, Rosario, 2000, Vol. 2 y ALONSO,         [ Links ] Luciano "El movimiento de derechos humanos: un actor cambiante", en ÁGUILA, Gabriela y VIDELA, Oscar -compiladores- El tiempo presente: movimientos sociales, políticas, educación, economía y medio ambiente en clave regional, Vol. 12 de BARRIERA, Darío -director- Nueva Historia de Santa Fe, La Capital & Prohistoria Ediciones, Rosario, 2006.         [ Links ]

44 Más recientemente se ha insinuado una polémica en el seno del Partido Demócrata Progresista, respecto de la colaboración con la dictadura -entre otras cuestiones, esa organización proveyó al Gobierno militar del último intendente de facto, el Dr. Alberto Natale (1981-83)- que se "cerró" con el pronunciamiento de las autoridades partidarias respaldando lo actuado en el periodo. Ver Suplemento Señales, La Capital, Rosario, 23 de abril de 2006.         [ Links ]

45 Consignemos que en el año 2006 el Gobierno provincial propuso un proyecto para construir un complejo de viviendas en el predio que actualmente ocupa el Batallón 121. Los vecinos de la zona se movilizaron para reclamar por el mantenimiento de la dependencia militar, aduciendo razones de seguridad y reivindicando la articulación existente entre la comunidad y el Batallón, así como el mantenimiento de los espacios verdes en el barrio.

46 Actividades e iniciativas que contaron con una muy elevada participación de rosarinos y rosarinas, tanto como la tradicional marcha convocada por los organismos y entidades políticas que culminó en el Monumento a la Bandera y que sigue teniendo, como sucede desde la conmemoración de los veinte años (1996), un significativo caudal de adhesiones. Es interesante señalar que, a diferencia de lo que viene sucediendo en la ciudad de Buenos Aires desde hace varios años, en Rosario la convocatoria y la marcha del 24 de marzo sigue siendo una actividad unitaria.

Recibido con pedido de publicación el 20/08/2007
Aceptado para su publicación el 11/11/2007

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