SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.11Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina académica: Reflexiones en torno a Historia reciente. Perspectivas y desafíos de un campo en construcción, compilado por Marina Franco y Florencia LevínCentros clandestinos de detención: Algunas reflexiones sobre cómo abordar su estudio: el caso de Rosario, 1976-1983 índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

  • No hay articulos citadosCitado por SciELO

Links relacionados

  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Prohistoria

versión On-line ISSN 1851-9504

Prohistoria vol.11  Rosario ene./dic. 2007

 

POLÍTICAS DE LA HISTORIA

Una forma de intervención del Estado a comienzos de los años 1930s.: Poder político, represión e indiferencia. Alrededor de la publicación de El Fusilamiento de Joaquín Penina de Aldo Oliva

 

Diego P. Roldán

Universidad Nacional de Rosario, CONICET y CESOR
diegrol@hotmail.com

 


Resumen

A partir de la publicación del libro El fusilamiento de Joaquín Penina de Aldo Oliva, el presente artículo da a conocer la documentación oficial producida por el Municipio de Rosario en torno a este acontecimiento. El trabajo muestra una de las modalidades olvidadas de intervención que el Estado tuvo a comienzo de la década de 1930. Igualmente, intenta reflexionar sobre las condiciones de posibilidad para la producción de prácticas y sentidos en torno al asesinato político y la privación de la identidad que sufrió Penina en el plano simbólico durante los "debates" en el seno del Concejo Deliberante de Rosario, una vez repuestos parcialmente los mecanismos formales de un sistema político restringido.

Palabras clave: Poder político; Represión; Dictadura; Relaciones sociales; Indiferencia

Abstract

From the publication of the book El fusilamiento de Joaquín Penina de Aldo Oliva, the present article brings to light the official documentation produced by the Municipality of Rosario around this event.  The work shows one of the intervention modalities forgot that the State had at the beginning of the years 1930s.  Likewise it tries to reflect on the conditions of possibility for the production of practices and senses around the political murder and the deprivation of the identity that suffered Penina in the symbolic plan during the "debates" in the Deliberative Council of Rosario rehabilitated partly of the formal mechanisms of a restricted political system.

Key Words: Politic power; Repression; Dictatorship; Social relationships; Indifference


 

"Ciudad de Cristos y hampones, [...]
Ciudad de putas derrotas, no quiero volverte a ver.
Si nadie me toca el alma seguro que hoy moriré [...]
Voy sin fichas ni monedas por este gran carnaval
Si no me cosen la boca no van a hacerme callar."
Ulises Butrón1

"En Santa Fe, en 1912, bajo la intervención federal, la Comuna de Rosario -como las demás de la provincia- fue puesta bajo la administración directa de un alto jefe del ejército, es decir, de un agente directo de la intervención, ese funcionario procediendo fundamentalmente con criterio de administrador público, reestableció la normalidad administrativa, sin contemplaciones de intereses electorales subalternos, que neutralizan casi siempre las buenas decisiones. Y lo mismo que en la municipalidad ocurrió en la política departamental. Todavía se recuerdan esas administraciones ejemplares."
Rafael Bielsa2

El viernes 5 de septiembre de 1930 estaba prevista una sesión del Concejo Deliberante (en adelante CD) de Rosario, cuyos debates, por cierto, eran cada vez menos extensos. En tal fecha la reunión fue suspendida por falta de número. A la hora señalada sólo había en el recinto cinco concejales, los cuales se retiraron al término de una hora, después de comprobar que la concurrencia no se incrementaría.3
Al día siguiente se conocieron los sucesos por los que se establecía la proscripción de las actividades parlamentarias y deliberativas en la Argentina. Ese día se promulgó el bando castrense, firmado por el entonces teniente general José Félix Uriburu, que detentaba el cargo de comandante en jefe del ejército y presidente provisorio.4 En aquel documento se establecía que cualquier individuo que fuera sorprendido en delito contra la seguridad pública sería ajusticiado con premura, sin mediar proceso alguno. Para dar ejecución a los ciudadanos hallados culpables por las fuerzas del orden, sólo debía acreditarse la orden y la responsabilidad de un oficial de las fuerzas armadas de la nación.
Tres días después de haberse librado el bando, en horas de la mañana, fue detenido el albañil catalán Joaquín Penina, que se encontraba en la pieza de alquiler que compartía con algunos amigos. Luego de un interrogatorio y de poco menos de dos días de detención fue fusilado al aproximarse la medianoche, cuando el calendario aún indicaba 10 de septiembre de 1930. La orden fue emitida por el capitán Sarmiento. El pelotón, llamativamente armado con pistolas Colt y no con los fusiles reglamentarios, recibió la voz de fuego del subteniente Jorge Rodríguez. Aunque sus ideas eran ácratas, Penina había sido acusado de ser comunista y de difundir mimeografías que criticaban al gobierno provisional. La ejecución fue llevada a cabo en el inhóspito y oscuro paraje del barrio Saladillo conocido como las Quebraditas, donde el CD había pensado, pocos años atrás, mandar a construir un gran parque zoológico.5
La reciente aparición de un extraordinario trabajo de montaje testimonial, ensamblado por Aldo Oliva, ha echado luz sobre los detalles de este aberrante acontecimiento. La pericia narrativa del poeta rosarino, la extraordinaria naturaleza de los testimonios recopilados y el compromiso político de su autor hacen del Fusilamiento de Joaquín Penina una pieza invalorable para la reconstrucción de una historia y una memoria rosarinas monstruosamente amputadas.6
El asesinato de Joaquín Penina a manos de las fuerzas castrenses y policiales desnuda un sinnúmero de complicidades y connivencias, de las cuales participó el poder municipal, a través de la acción de la Asistencia Pública y el acuerdo tácito del comisionado de facto: Alejandro Carrasco. La división del trabajo y el mundo de las interdependencias jerárquicas mostraron su perversa faz a la hora de diluir las responsabilidades. La reapertura del CD en 1932 sólo contribuyó aportando nuevas pruebas sobre la cadena de encubrimiento que hizo posible la muerte de un hombre de apenas veintiséis años, cuyos mayores crímenes habían sido leer demasiados libros, expresar por escrito sus ideas, ser demorado tras una manifestación en memoria de Sacco y Vanzetti y, en definitiva, creer que el mundo era materia de transformación.
 El 4 de marzo de 1932, el concejal socialista Ceferino Campos manifestó la necesidad de conocer los pormenores de un "...aberrante hecho acaecido durante la dictadura",7 refiriéndose al asesinato de Joaquín Penina. En su concepción era imperioso solicitar a los empleados de la Asistencia Pública su testimonio sobre el particular y revisar los libros oficiales donde la municipalidad hubiera asentado los datos relativos al enterramiento de Penina.
El edil Campos anticipaba que las investigaciones no pretendían hallar culpables, antes se trataba de satisfacer el anhelo popular por conocer los pormenores del asunto. Las averiguaciones se giraron con la intención de dejar en claro que los hechos no alcanzaban a manchar a las instituciones municipales democráticas, sin embargo sus resultados no fueron los esperados.

"Entiendo que no habrá, desde luego, dentro de la dependencia municipal, ningún culpable, lo que puede haber sucedido es que han procedido de acuerdo a la orden de la autoridad competente. Se habrá ordenado inhumar el cadáver y no habrá habido más remedio que hacerlo de acuerdo a la orden recibida. De esto se ha sacado, en conclusión, de que callamos las cosas y tenemos el propósito de echar tierra al asunto."8

Campos trataba de limpiar la imagen del gobierno municipal ante una opinión pública atizada por el diario Democracia que, bajo la dirección del radical caballerista José Guillermo Bertotto, había iniciado una campaña en pos de esclarecer el hecho y complicar la gestión del Partido Demócrata Progresista en la ciudad y la provincia.9
Algunos concejales (Jorge Cura, Bartolomé Sívori y Luis Gómez) se permitieron dudar sobre la veracidad del asesinato del obrero, anteponiendo el adverbio "probable". En cambio, Armando Arijón, cauto en un sinfín de asuntos, aseguró que era menester investigar con miras a deslindar si existía culpabilidad en los miembros de la Asistencia Pública "...o si no había habido más remedio que cumplir con una orden...".10
Las acciones se realizaron con inusual premura: el 5 de marzo se remitió al intendente Esteban Morcillo una minuta de comunicación para que se sirviera pedir informes a las reparticiones de la Asistencia Pública sobre el "Asunto Penina". Según esa minuta debían esclarecerse las responsabilidades de la repartición municipal en la conducción e inhumación del cadáver. A continuación reproducimos, del modo que lo hace Oliva con los fragmentos del diario Democracia, los pasajes más significativos de los informes y declaraciones hechas al respecto y leídas en el CD al finalizar la sesión del 18 de marzo de 1932. El lector comprenderá la relevancia de estos documentos oficiales y la ineludible operación de insertarlos sin modificaciones.
Informe de la Oficina de Defunciones (8 de marzo de 1932):

"...en los registros de la Oficina a mi cargo, no consta la defunción de Joaquín Penina y si la de un N. N. que fue inhumado en la madrugada del día 13 de septiembre de 1930 en la sepultura gratis número 470 del solar 2 E del Cementerio de La Piedad de acuerdo con el procedimiento que se refiere a continuación, siendo datos obtenidos indirectamente por no estar, tanto el suscripto, como el actual Administrador del Cementerio, a cargo de la Dirección. En la fecha y sepultura indicada se depositó el cadáver de una persona mayor sin llenarse las formalidades de práctica. Los serenos que estaban de guardia esa noche en el Cementerio Isaac Berrocal y Celestino Días. Berrocal manifiesta que le telefonearon, como si fuera de la Asistencia Pública, para prevenirle que tuviera lista una fosa para inhumar un cadáver que esa misma noche se llevaría, contestando que él no recibiría ningún cadáver sin orden directa del Administrador. Se le pidió la dirección de éste, por entonces era el Sr. Martín Esaín, llegando más tarde una ambulancia portadora del precitado cadáver y del Señor Esaín, quien presenció la inhumación."11

Informe de la Administración Sanitaria (9 de marzo de 1932):

"En fecha que no ha sido posible precisar, siendo aproximadamente las 22 ½ horas, se recibió un llamado telefónico en el Destacamento Sanitario del Barrio Roque Sáenz Peña, informando que para las 23 horas debía estar desocupada la ambulancia y lista para salir. Conductor de la misma, Terencio Quintana, practicante Sr. Marcos Gorbán. A la hora referida uno de los señores que llega en un auto a la seccional, indica al practicante se trasladase con la ambulancia a la parte del Barrio conocida con el nombre de las "Quebraditas", en un lugar aproximado al segundo puente del ferrocarril, a cuyo sitio llega seguidamente un camión celular de los pertenecientes a la Jefatura de Policía de esta ciudad, desde cuyo interior baja un individuo cuyas facciones no pude precisar por la oscuridad de la noche y por la distancia de 250 metros más o menos que media entre la ambulancia y el camión celular. Nota la presencia de numerosos particulares y oficiales del ejército, recibiendo de uno de ellos la indicación de no moverse del lugar donde se encontraba. Transcurridos unos minutos, una descarga cerrada ratifica sus presunciones de que se trata de una ejecución. En efecto, seguidamente recibió ordenes de uno de los Oficiales de trasportar un cadáver que se encuentra en el suelo boca abajo, manifestándole aquél que debía encargarse de darle sepultura dentro de la mayor reserva posible, quedando como único responsable de los comentarios que por intervención suya pudieran despertarse en el público y en la prensa. Mientras el cadáver era llevado en la camilla, una de las patas de la misma tropieza con el borde de la ambulancia dada la oscuridad de la noche, provocando la caída del cadáver al suelo, hecho que produjo risotadas en el grupo que presenciaba la ejecución pero que en cambio impresionó intensamente al practicante Gorbán, que personalmente ha relatado estos hechos a la Dirección General. Al día siguiente por la mañana el Sr. Administrador del Destacamento Sanitario referido Sr. Federico Pieroni, solicita a la mesa de entradas atendida por el Auxiliar Lorenzo un cajón de los empleados por la Repartición y provistos por Maestranza para la inhumación de aquellos que fallecen sin ser reclamados por sus deudos. El conductor Bernardo Saghesso, a cargo de la ambulancia mortera trasporta el cadáver a casa Central, siendo recibido en ésta última por el ex-prosecretario Víctor Rodríguez, quien ordena sea depositado en la morgue y lacrado, tarea ésta que la realizan el conductor Bernardo Saghesso y Juan Rissi estaba textualmente concebida en estos términos "DÉSELE SEPULTURA AL SUJETO N. N. ORDEN SUPERIOR". "Firmado Capitán Sarmiento". El Doctor Adolfo Lavarello, director de la sucursal R. Sáenz Peña manifiesta que en la morgue de su sección vio al día siguiente de la ejecución un cadáver que presentaba intensas heridas de bala en la cara, cuya fisonomía conservó, reconociéndolo en las fotografías de Penina publicadas por los periódicos, a aquél que fuera ejecutado en el Barrio Saladillo. En los libros de esta repartición solamente existe en el Folio 69 del libro Control de Camas y Pedido de Ambulancia Mortera el siguiente informe: SUCURSAL ROQUE SAENZ PEÑA SOLICITA MORTERA PARA TRASLADAR CADAVER. Informe asentado con fecha 10 de septiembre de 1930. Los restantes antecedentes han sido obtenidos por declaración personal de los que figuran en este informe."12

Declaración del Sr. Luis Vespa, ex-jefe de la  oficina de Defunciones y Cementerios, ante el intendente Esteban Morcillo (11 de marzo de 1932):

"...aproximadamente a las nueve de la mañana del día 12 o 13 de septiembre de 1930, el entonces Comisario del Cementerio de La Piedad Sr. Martín Esaín le avisó telefónicamente que la noche anterior habían llevado al cementerio un cajón cerrado y lacrado con la inscripción que decía, "EL QUE ABRA ESTE CAJÓN SERÁ PASADO POR LAS ARMAS" y con orden terminante de la policía de darle inhumación sin más trámites por lo que el referido Comisario había dispuesto que ese cajón fuera inhumado en una sepultura del solar gratis para mayores. Que antes de confirmar la resolución adoptada consultó el caso con el entonces Sr. Encargado del D.E. Alejandro Carrasco quien le manifestó que dada la situación de fuerza de aquellos momentos nada podía hacerse. En consecuencia el jefe de la oficina aprobó el procedimiento seguido por el administrador del Cementerio como así se lo comunicó por teléfono. Que es cuando puede informar y que ignora el nombre de la persona que fue inhumada en estas condiciones."13

Tras la remisión  y lectura de estos escalofriantes testimonios, en la sesión de referencia y las siguientes, el cuerpo deliberante de Rosario omitió pronunciarse al respecto, sus actuaciones sobre el asesinato del obrero Joaquín Penina fueron ganadas por absolutas prudencia y reserva. Sólo quedaron impresas en el diario de sesiones, como calladas huellas, las actuaciones que se instrumentaron, desde el poder municipal, con el objetivo de ocultar el cadáver y privar de su identidad a Joaquín Penina, víctima de la violencia del gobierno de facto que ocupaba los resortes del Estado.
El joven militante catalán fue eliminado físicamente por funcionarios de un Estado cuyos miembros y relaciones se militarizaron al ritmo de la década de 1930. Esos grupos, blandiendo la espada de la violencia legítima alzada en aras de desterrar los desbarajustes del gobierno irigoyenista, interrumpieron la dinámica política del país, irrumpiendo en la escena prendados de una brutalidad incalificable.
Dos años más tarde, los entramados de relaciones y acciones sólo habían cambiado sus vestiduras. En 1932, los concejales pidieron investigaciones y antecedentes, pero no fueron capaces de hacer ninguna declaración al respecto, procediendo de este modo a concluir, en el plano simbólico, la obra del gobierno militar, a la que también tributó mutismo el comisionado Alejandro Carrasco. Al año siguiente (1933), Carrasco volvió a formar parte del poder político municipal, esta vez no como intendente, sino en un escaño del CD, apoyando a la mayoría desde las filas del Partido Demócrata Progresista.
El crimen de Penina permaneció impune, nimbado por la indiferencia tanto de las comedidas declaraciones políticas, como de los fárragos burocráticos que se le dedicaron en los estrechos corredores del Palacio de Justicia. Mientras, los militantes comunistas también fueron materia de persecución y asedio de las fuerzas del orden público, encarnadas en la Brigada de Orden Social de la Jefatura de Policía,a lo largo de toda esa década, que no vanamente fue llamada infame. El crimen de Joaquín Penina esboza uno de los primeros capítulos de la siniestra historia de la desaparición de seres humanos en la Argentina por obra de la perversa maquinaria estatal, vigilada y controlada por otros hombres formados en el seno de las instituciones militares. Pero, bajo ningún punto de vista corresponde olvidar que ninguna maquinaria o aparato surgido de las tramas sociales es obra de sí mismo y que el deus ex machina no es más que una ilusión tranquilizadora. En el fusilamiento de Joaquín Penina, la marcha de los engranajes de la represión y de la desaparición de las evidencias hubiera sido impracticable sin la pasividad, el silencio y hasta la colaboración de civiles y militares.

Rosario, 10 de octubre de 2007

Notas

1 BUTRÓN, Ulises "Tango Feroz", en Tango Feroz, BMG, 1992.         [ Links ]

2 BIELSA, Rafael Principios de régimen municipal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962 [1930], p. 124.         [ Links ]

3 La Capital, 6 de septiembre de 1930.         [ Links ]

4 Sobre el particular ver FINCHELSTEIN, Federico Fascismo, liturgia e imaginario. El mito del general Uriburu y la Argentina nacionalista, FCE, Buenos Aires, 2002.         [ Links ]

5 Proyecto de Jardín Zoológico en Saladillo del concejal Carrero Salgado, Expedientes Terminados Honorable Concejo Deliberante (en adelante HCD) noviembre 1927, T. II, ff. 3183-3185.

6 OLIVA, Aldo El fusilamiento de Penina, El Viejo Topo, Barcelona, 2007.         [ Links ] Es particularmente interesante la historia de la recuperación de este material escrito durante la última dictadura militar argentina, sobre el particular ver OLIVA, Antonio y FRUTOS, Roberto "Prólogo", en OLIVA, Aldo El fusilamiento..., cit., pp. 13-32.

7 CAMPOS, Ceferino "Asesinato del obrero Joaquín Penina", Diario de Sesiones del HCD (en adelante DS HCD) 4 de marzo de 1932, p. 56.         [ Links ]

8 DS HCD 4 de marzo de 1932, p. 56.         [ Links ]

9 OLIVA, Aldo El fusilamiento..., cit.

10 DS HCD 4 de marzo de 1932, p. 56.         [ Links ]

11 Informe testado por el secretario Hernández Larguía. "Antecedentes del asesinato de Joaquín Penina", DS HCD 18 de marzo de 1932, p. 157.         [ Links ]

12 El informe es testado por Dr. Marcelino Campana, Director General. DS HCD 18 de marzo de 1932, p. 157.         [ Links ]

13 La declaración de Luis Vespa ante Esteban Morcillo fue certificada por Octavio Aceves, pro-secretario de la Intentendencia. DS HCD  18 de marzo de 1932, p. 158.         [ Links ]

Recibido con pedido de publicación el 23/10/2007
Aceptado para su publicación el 10/11/2007
Versión definitiva recibida el 10/11/2007

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons