POLÍTICAS DE LA HISTORIA

Centros clandestinos de detención

Algunas reflexiones sobre cómo abordar su estudio: el caso de Rosario, 1976-1983

 

Roberto Román

Estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario
robertoaroman@hotmail.com

 

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Resumen

El propósito de este artículo es dar cuenta, aunque de manera somera, del funcionamiento de los centros clandestinos de detención en la ciudad de Rosario durante la última dictadura militar. La conducción militar posibilitó, en todo el territorio nacional, la libertad de acción e iniciativa de los comandos subordinados con el fin de eliminar físicamente a los opositores políticos. Los centros clandestinos de detención fueron la herramienta indispensable para cumplir tal objetivo. La multiplicidad, clandestinidad y distribución de los mismos, actuando en sincronía, fueron una garantía para la recaudación de información, que sería utilizada de manera letal contra los enemigos del régimen. La ciudad de Rosario presentó características propias, sin dejar de responder a los patrones comunes que caracterizaron al resto del país. En su mayor parte, este trabajo se encuentra fundado en el relato de los sobrevivientes de esos centros clandestinos, quienes aportan una mirada particular de la experiencia concentracionaria.

Palabras clave: Estado terrorista; Centros clandestinos de detención; Tortura sistemática; Detenidos; Desaparecidos; Sobrevivientes; Rosario

Abstract

This article studies, though briefly, clandestine detention centers modus operandi in Rosario during the last military dictatorship. The military leadership made it possible for the subordinate commando groups to act and take initiatives without restraints all over the national territory, in order that physical elimination of its political opponents could be achieved. Clandestine detention centers were a key tool for this goal to be met. The multiplicity, secrecy and distribution of such centers, altogether, guaranteed the necessary handling of information that was to be lethally used against the enemies of the regime. Though sharing common patterns with the rest of the Country, the city of Rosario had characteristics of its own. For the most part, this paper is based on the testimony of the survivors of these clandestine centers who offer their own pecu- liar vision of their detention experience.

Key Words: State terrorism; Clandestine detention centers; Systematic torture; Detained; Disappeared; Survivors; Rosario

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El Golpe y los fundamentos de la represión

En la madrugada del 24 de marzo de 1976 se inició una de las etapas más oscuras y sangrientas de la historia de nuestro país. Un golpe militar terminó con el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y colocó al mando del poder a los representantes de las fuerzas armadas. El general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti inauguraron una nueva fase a la que denominaron "Proceso de Reorganización Nacional". Los argumentos del Golpe fueron la necesidad de cerrar definitivamente un ciclo histórico caracterizado por el desgobierno, la corrupción política, el flagelo de la subversión y la falta de una estrategia global en materia económica. Pretextando "vocación de servicio" y capacidad para buscar respuestas favorables a estos problemas, las fuerzas armadas asumieron la total conducción de la República.
Se anularon todos los mandatos políticos elegidos democráticamente; se disolvieron el Congreso, las Legislaturas y los Consejos, se relevó a los representantes de la Corte y de los Tribunales Superiores y se suspendieron las actividades políticas y gremiales. Tan sólo cinco días después del Golpe, el 29 de marzo, asumió como presidente de la Nación uno de sus principales ideólogos, Jorge Rafael Videla. Con el argumento de la lucha anti-subversiva, abiertamente proclamada por la "Doctrina de la Seguridad Nacional", el nuevo gobierno instaló un sistema represivo enmarcado en un premeditado plan de aniquilamiento de opositores políticos, coordinado y extendido a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino.
En los medios de prensa y difusión, la alimentación cotidiana de la imagen del enemigo interno y la construcción simbólica del delincuente subversivo como polo opuesto de una tradición patriótica y una cultura occidental y cristiana, le permitieron a las fuerzas armadas alcanzar, en una parte importante de la sociedad, un alto nivel de consenso y expectativas positivas. Mientras que la violencia, desembozada o latente, fue la herramienta de la cual se valieron para lograr un despliegue institucional absoluto.
En la ciudad de Rosario, a las pocas semanas de haberse producido el Golpe y mientras los representantes de las fuerzas armadas hacían públicos en todo el país los principios rectores que fundamentaban la necesidad de un gobierno cuya principal misión era "disciplinar" a todos aquellos sectores que ponían en riesgo la "paz social" y la "libertad" del pueblo argentino, Agustín Feced¹  declaraba abiertamente la guerra contra la subversión local:

"Seré muy breve señores. Estamos al pie de continuar con una batalla inconclusa contra la insurrección apátrida [...] parece que va a ser el momento de pelear. Con esto queda notificada la insurrección. No los estaremos esperando sino que los atacaremos ya [...] comenzaremos la guerra total contra la guerrilla y la subversión. A los extremistas les digo que a partir de este momento tienen doce horas para abandonar la ciudad. De lo contrario nosotros los acompañaremos al cementerio".²

Del mismo modo, el general Leopoldo Fortunato Galtieri³ ponía en palabras los motivos de su designación como Jefe del Estado Mayor del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario:

"El Ejército de hoy, nuestro Segundo Cuerpo de Ejército, tiene una misión impuesta que es clara: la lucha contra la subversión y el apoyo al proceso de reorganización nacional [...] Para los que aún piensan en la subversión, la subversión por las armas y por los valores, el Cuerpo de Ejército II 'Teniente General Juan Carlos Sánchez', aplicará toda la fuerza y potencia de su moral y todo el peso de sus medios hasta lograr el aniquilamiento de los delincuentes subversivos".⁴

Como acabamos de exponer, construcciones de semejante envergadura sirvieron de sustento simbólico al despliegue de la más terrible persecución política que haya conocido nuestro país. De allí en más, por lo menos cinco fueron los dispositivos que definieron este programa de exterminio que duró hasta 1983: la violencia, la clandestinidad, la negación y ocultamiento de los hechos y sus responsables y -como elementos originales- la constitución de la figura del "desaparecido" y la apropiación sistemática de los menores, hijos de los desaparecidos.
Los años de plomo pasaron uno a uno. La dictadura militar logró articular un intenso silenciamiento de la oposición política. Mientras tanto, y según su discurso, procuraba la plena erradicación de la "subversión", la recomposición de las relaciones entre los ciudadanos y la elaboración de nuevos instrumentos legales tendientes a revitalizar las instituciones políticas y la forma de selección de sus responsables. Por supuesto utilizando, en todos los casos y sin excepción, el terror como mecanismo de persuasión.

Los centros clandestinos de detencióny la metodología criminal del Estado terrorista

Una de las principales características del Estado terrorista fue su capacidad de institucionalizar con carácter permanente y clandestino la más terrible actividad represiva ilegal que se haya conocido en la Argentina. Los centros clandestinos de detención fueron el principal instrumento utilizado por los dictadores para la preservación del orden social impuesto, sirviendo como eje fundamental del modelo político de las fuerzas armadas: el secuestro, la desaparición, la tortura y la muerte de los actores sociales comprometidos con proyectos opuestos al orden político, social y económico imperante en ese momento.
Durante todos estos años de democracia, los organismos de derechos humanos junto con diferentes actores sociales, comprometidos con la tarea de búsqueda de la verdad y de enjuiciamiento de los responsables de las aberraciones cometidas contra ciudadanos argentinos, y en muchos casos extranjeros, han demostrado a través de sus denuncias públi- cas y judiciales la participación efectiva de numerosos hombres vinculados a la represión. No han podido avanzar del mismo modo en la compleja tarea de explicar la lógica del despliegue y funcionamiento de la maquinaria de exterminio que puso en funcionamiento la Junta Militar.
Sabemos al día de hoy que el Estado terrorista articuló permanentemente una doble faz en su actuación: una pública y sujeta a leyes (inconstitucionales) que administraban las acciones de la sociedad civil subordinada al poder militar y otra clandestina, al margen de una supuesta legalidad formal y fuera de cualquier canon institucional. En cuanto a esta segunda fase, entendemos que los centros clandestinos de detención fueron parte del aparato militar y desempeñaron una función imprescindible en la infraestructura institucional confidencial. Los centros clandestinos de detención y exterminio fueron posibles, por un lado, por la necesidad de evitar la legalización masiva, sin previo proceso de selección, de la totalidad de las personas secuestradas en una situación de absoluta confidencialidad y, por otro, por la descentralización operativa necesaria para hacer más efectiva la finalidad del exterminio.
Antecedentes de violencia policíaca, apremios ilegales y utilización de tortura como método de ablandamiento de personas detenidas por delitos comunes o razones políticas y gremiales, existieron desde siempre en las instituciones encargadas de la seguridad en nuestro país y son harto conocidos por todos.⁵ Incluso, la desaparición del cadáver, como el montaje de un accidente o falso enfrentamiento, fueron parte de los artilugios implementados para hacer desaparecer las pruebas del delito. Sin embrago, el antecedente más significativo, que presenta la ejecución sistemática de la tortura, muerte y desaparición de personas, fue el accionar del Ejército durante el "Operativo Independencia".⁶
En esa circunstancia, fue designado responsable del Operativo el comandante Acdel Edgardo Vilas. Éste fue quien escogió la escuelita de Famaillá como lugar de "reunión de detenidos". Según sus aseveraciones, entre el 10 de febrero y el 18 de diciembre de 1975, pasaron por allí más de 1.500 personas acusadas de mantener relaciones con las organizaciones político-militares asentadas en el monte tucumano. Además, agrega que los interrogadores no sufrían psicosis de guerra y reafirmaban su convencimiento en la lucha contra la subversión; al mismo tiempo sostenía que todos y absolutamente todos los detenidos, tarde o temprano, con la utilización de esta metodología terminaban quebrándose y suministrando información necesaria para el aniquilamiento de la guerrilla.⁷
Después del Golpe esta metodología se extendió a todo el país. En el interior de cada una de las zonas operativas y bajo la responsabilidad de cada Cuerpo de Ejército, los centros clandestinos posibilitaron la eliminación física de personas dejando de lado cualquier proceso legal. Cada uno de estos lugares del horror reprodujo simultáneamente, hacia dentro y hacia fuera, el terror como fenómeno social colectivo. Eduardo Luis Duhalde definió de la siguiente manera los porqué y las ventajas del accionar confidencial y clandestino de la utilización de los centros de detención:

"Hace ignorar si el secuestrado se encuentra vivo o muerto, incluso muchas veces, si realmente ha sido detenido. Permite la tortura sin límite de los detenidos, quienes no pueden luego denunciar los vejámenes ni éstos ser comprobados por jueces desafectos al Proceso. Además, [...] evita que luego de los interrogatorios, el detenido haga saber a sus compañeros la información que le fue arrancada. Permite quebrar la resistencia, mediante el tratamiento prolongado, de los prisioneros. Hace posible la aplicación de métodos psicológicos tendientes a alterar su identidad política y psíquica." ⁸

Si partimos de la base de considerar a los centros clandestinos como elementos indispensables de la maquinaria aniquiladora del Estado terrorista, debemos pensar en los agentes de esta estructura institucional como sujetos involucrados necesariamente, en menor o mayor medida pero involucrados al fin, con el funcionamiento de los mismos. Los centros clandestinos de detención fueron unidades de inteligencia militar y los sujetos que compusieron esta trama ejercieron una profesión sujeta a un lenguaje propio y una metodología de trabajo adecuada a esa tarea. Sabemos, a través de los cientos de testimonios de sobrevivientes que pasaron por la terrible experiencia de los centros clandestinos, que la tortura fue la forma privilegiada de interrogatorio y producción de inteligencia, pero no fue la única. Estos relatos describen la minuciosa confección de informes y fichas personales de los secuestrados. En muchos casos contenían fotografías y hasta grabaciones de los interrogatorios. Acto seguido se procedía a la clasificación, ordenamiento, archivo y elevación de informes a las autoridades de mayor rango, quienes eran las encargadas de tomar las decisiones pertinentes a cada caso.

"Todos los casos están archivados en microfilms describiendo desde el procedimiento, luego antecedentes y sentencia. Junto a los datos del procedimiento había dos ítems finales: traslado-libertad...".⁹

"Soy nuevamente interrogada en varias oportunidades [...] estos interrogatorios fueron grabados [...] Existía un registro de detenidos que incluía carpetas, fichas y cintas magnetofónicas de los detenidos".¹⁰

"En 1977 comenzaron a microfotografiar las carpetas de todos los secuestrados. Sólo se les abría carpeta e incorporaba a listas a quienes hubieran llegado vivos a La Perla".¹¹

Se suman al testimonio de los sobrevivientes, los detalles aportados por personas que participaron del entramado institucional de la represión. Estos no hacen más que afirmar los datos arriba expuestos:

"Conocido un objetivo o blanco [elemento subversivo] o sospechoso de tal, se lo detenía, se lo llevaba a un lugar de interrogatorio y se le daba máquina [tortura con picana] extrayéndole información de otros sospechosos, a los que se procedía a detener y así, hasta tener todo un mosaico o cadena de personas. En algunos casos, esa cadena se cortaba cuando algún detenido se quedaba [moría] en la tortura. Recién entonces con un grupo de personas investigadas o un cierto cúmulo de información se elevaba a la Superioridad, tanto a la Jefatura de Policía como a la Jefatura del Área Militar. Esa información iba codificada y partía desde el mismo GRUPO DE TAREAS. En las Comisarías se hacía un informe reservado [donde se ponía la verdad del procedimiento] y un Acta 20840 donde se volcaban los datos que servían para la cobertura de legalidad como por ejemplo en los casos de detenidos a los cuales se cortaba [mataba] haciendo figurar que habían muerto en un enfrentamiento".¹²

La brutalidad de los maltratos, las violaciones, vejaciones y asesinatos producidos en cada uno de estos lugares no debe impedirnos observar los niveles de racionalidad y dedicación exclusiva a la producción de información; una información "necesaria" para aumentar los conocimientos sobre quienes los represores consideraban el enemigo interno: "la subversión marxista". El análisis de los aspectos ideológicos iba acompañado por la necesidad de conocer con el mayor detalle el grado de compromiso y actividades políticas de los "involucrados", como así también sus supuestas áreas de operaciones con el objetivo de reconocer el terreno y manejar en profundidad la movilidad de las organizaciones políticas, tanto en los espacios de las ciudades como en el caso de experiencias rurales.
A la hora de abordar esta difícil problemática, resulta fundamental no considerar exclusivamente a los centros clandestinos como lugares de muerte, sino como epicentros de la búsqueda, el análisis y la diseminación de la información, entendida como complementaria de la planificación del exterminio de opositores políticos. La muerte es un elemento profundamente complejo de ser analizado, pero si tenemos en cuenta el ciclo de búsqueda de datos (secuestro-desaparición-tortura-secuestro) utilizado en los centros de detención, nos encontraremos con que no todos los detenidos fueron eliminados; existe un número importante de testimonios de sobrevivientes que pueden aportar una nueva mirada al problema que nos hemos propuesto trabajar.
De contar con los informes oficiales que recorrían las oficinas del amplio aparato burocrático del Estado clandestino, la explicación del fenómeno abordado sería más exhaustiva. Pero es una realidad que no cualquier miembro de la sociedad civil puede acce- der a esa información. En el caso de los juicios contra los criminales del Estado terrorista, la posibilidad de consultar la documental de las causas está reservada a las partes. Por otro lado, la ausencia de archivos clasificados ha demostrado que la mayor parte de estos informes fueron destruidos u ocultados por los implicados en la represión. Más enigmático aún es el caso de aquellos represores que se tomaron el trabajo de guardar algunos acervos en sus bibliotecas personales, ya sea con la intención de involucrar a otros responsables o por el sólo hecho de custodiar y mantener en orden la información obtenida durante ese periodo. Otra de las posibilidades es que algunos de los documentos que reivindican la lucha contra la subversión formen parte actualmente del material didáctico utilizado en los cursos de adoctrinamiento de los agentes de inteligencia militar.¹³
En este punto nos encontramos con uno de los núcleos problemáticos más duros a resolver: la validez del discurso de los represores. En este sentido, en los últimos años, el periodismo de investigación fue el que mayor cantidad de logros ha obtenido. Así lo han demostrado las confesiones que distintos investigadores han obtenido de Jorge Rafael Videla,¹⁴  Ramón Genaro Díaz Bessone, Albano E. Harguindeguy¹⁵  y Adolfo Francisco Scilingo,¹⁶ por citar algunos casos. Aquí nos surgen las siguientes preguntas: ¿qué fuentes más calificadas que éstas para referirse a las operaciones desarrolladas por las fuerzas armadas? Y en contraposición: ¿cuánto de lo que se dice es verdad?
Estos duros testimonios confirman que, pese a las desprolijidades del sistema represivo, los centros clandestinos no trabajaron de forma aislada y que la multiplicidad y la distribución en todo el territorio nacional fue una garantía para la recaudación de información en forma simultánea. Además, confirman que la brutalidad del modo operativo no debe empañar la posibilidad del investigador de abordar otros elementos propios al método utilizado por las fuerzas represivas como ser, por sólo mencionar algunos de ellos: las patrullas de reconocimiento, los puestos de observación, los interrogadores, la documentación capturada, la inteligencia de transmisiones, la infiltración en las estructuras de las organizaciones político-militares, la utilización de registros e informes y las tareas de contra-inteligencia.
Ese exterminio metódico y con rápido alcance en los centros clandestinos de detención, fue producto de la parcelación planificada del territorio con el propósito de organizar la eliminación sistemática del enemigo. Tal finalidad requirió la concentración de información en los puntos estratégicos de cada una de las zonas, a la cual se le sumaron un poste- rior proceso de análisis, distribución y uso de la misma. La puesta en funcionamiento de este complejo proceso comprometió una serie de tareas administrativas que involucraron no sólo al Estado en su faz clandestina, sino que también incorporaron tareas burocráticas en las instituciones que mostraron una parcial vigencia pública. Por sólo mencionar un ejemplo cercano al de la ciudad de Rosario, podemos tomar el caso de la ciudad de Santa Fe. En esa localidad, la Brigada de Investigaciones sirvió como lugar de recepción de detenidos, tanto de la capital como de zonas aledañas. Allí se realizaban los primeros interrogatorios, en los cuales se incluían severas golpizas y sesiones de torturas. Luego, los detenidos-desaparecidos eran trasladados a la Comisaría 4°, definida por los denunciantes como el centro de reunión de información del área. Cuando las condiciones lo exigieron, los detenidos fueron conducidos a un local de la Unión de Docentes Argentinos. El final del circuito era la Guardia de Infantería Reforzada. En ese sitio se definía la libertad de los detenidos o su traslado a los penales oficiales del gobierno bajo la dirección del Poder Ejecutivo Nacional.¹⁷
Si bien algunos testimonios aportan más datos que otros, es sumamente complejo reconstruir y explicar la red de relaciones institucionales que se desplegó a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es más difícil aún determinar los niveles reales de responsabilidad de los mandos superiores, debido al elevado nivel de conflictos y disputas, en el interior y entre cada una de las fuerzas. Con esto no queremos decir que se trate de una labor imposible de realizar, sino que a la hora de emprender esa desafiante problemática es necesario tener en cuenta la relación existente entre los siguientes elementos: a) la capacidad de decisión de los altos funcionarios militares; b) la capacidad de respuesta de los subalternos; c) el despliegue institucional de los aparatos burocráticos del Estado terrorista que se abocaron a la seguridad interna; y d) los niveles de conflictividad entre los diversos agentes que componían la trama de poder.

Rosario y "el cinturón rojo del Paraná"

A comienzos de los años 1970s. Alejandro Lanusse había definido al cordón industrial que iba de San Nicolás hasta Puerto General San Martín como el "cinturón rojo del Paraná". La zona ribereña se caracterizó por la importancia de las actividades industriales, entre las que se destacaban grandes centros fabriles como Metcon (propiedad de Ford), Acindar y Maratón (ambas pertenecientes a la misma empresa, en ese momento presidida por José Alfredo Martínez de Hoz) en Villa Constitución y Somisa, en San Nicolás. Este polo de desarrollo había sido escenario, desde fines de la década anterior, de luchas obreras y manifestaciones estudiantiles, a las que se sumó el apoyo de un sinfín de agrupaciones militantes. También aquí las organizaciones político-militares, como ERP y Montoneros, alcanzaron un importante nivel de organización en el accionar armado. No fue novedad que las fuerzas armadas vieran en Rosario y sus alrededores uno de los focos "subversivos" más importantes del país, junto a la Capital Federal, La Plata, Córdoba y Tucumán.¹⁸
A partir de 1974, el accionar represivo de la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A (AAA) fue un hecho inminente que comenzó a sembrar el terror en toda la sociedad, especialmente en las fábricas y en la Universidad.¹⁹  Claro ejemplo de ello fue la represión llevada a cabo contra los trabajadores de Acindar, en la madrugada del 20 de marzo de 1975. Grupos de choque compuestos por miembros de las distintas fuerzas de seguridad, a los cuales se unieron integrantes de la derecha sindical, intervinieron la fábrica donde persiguieron y detuvieron a más de trescientos obreros, entre los que se encontraba el líder metalúrgico Alberto Piccinini. El albergue de ancianos fue utilizado como centro de detención, allí se aplicaron torturas y malos tratos a las personas ilegalmente demoradas. Las muertes y las desapariciones de Villa Constitución pueden citarse como el preámbulo del accionar represivo que daría comienzo a partir del Golpe.²⁰ Cabe preguntarnos aquí si para ese entonces ya habían sido seleccionados los lugares que se utilizaron en esta región como centros de reunión de personas secuestradas.

Según los datos suministrados por el informe oficial que presentara la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)²¹ al Presidente de la República, Raúl Alfonsín, en la ciudad de Rosario²² y zonas de influencia existieron tres centros clandestinos de detención: el Batallón de Comunicaciones 121, la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu y el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe. Años más tarde, se sabría que estos lugares no eran los únicos.
El primero de ellos se encuentra todavía situado en el barrio Saladillo, en la zona sur de la ciudad. Según el testimonio del ex sacerdote, Santiago Mac Guire, en el lugar había por lo menos quince celdas para detenidos. De los relatos de los sobrevivientes se desprende que con frecuencia los detenidos eran trasladados al Batallón 121, luego de haber pasa- do por la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, ubicada en calle Ovidio Lagos 5250, lugar donde, por esos años, la urbanización era escasa, caracterizada por la presencia de grandes complejos fabriles alternados por terrenos baldíos y quintas.²³
Adriana Arce, Juan Antonio Rivero y Ramón Aquiles Verón fueron algunos de los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en las instalaciones de la fábrica a partir del golpe militar. El área destinada a los secuestrados tenía entrada por un portón del paredón sur, que fuera construido a fines de 1976. Por allí, ingresaban los vehículos que transportaban a los secuestrados y éstos eran alojados transitoriamente en una cocina donde, según el reconocimiento realizado por algunos sobrevivientes del lugar acompañados por miembros de la CONADEP Delegación Rosario el 13 de septiembre de 1984, esperaban su turno para ser torturados en una sala contigua. Un poco más adelante se encontraban las caballerizas del Ejército, lugar destinado para albergar a los detenidos en condiciones infrahumanas.
Ambas instalaciones del Ejército tenían un acceso rápido a la Avenida Uriburu, de manera que ésta permitía un traslado aligerado y seguro de los detenidos de una dependen- cia a la otra. La imposición de la edificación castrense -rica en murallas, alambrados de púa, puestos de vigilancia y pesados portones- dotaron de cierto hermetismo las actividades que allí se llevaban a cabo. Pese a ello, estas instituciones eran vinculadas por los vecinos de la zona, desde mediados de la década de 1960, con la represión a las manifestaciones de protesta que realizaban los trabajadores del sindicato de la carne o los obreros metalúrgicos, por mencionar dos de los gremios más importantes. Lo mismo sucedería con la Fábrica de Armas de Fray Luis Beltrán, próxima a la ciudad de San Lorenzo.
El Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II (SI) o "El Pozo",²⁴ como se lo reconoce también en nuestros días, se ubica en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, a tan sólo unos trescientos metros de lo que fuera la Sede del Comando del II Cuerpo de Ejército.²⁵ Los sobrevivientes del lugar y los organismos de derechos humanos no ahorran pala- bras en afirmar que se trató del epicentro de la represión, no sólo en la ciudad de Rosario sino en todo el sur de la provincia.
Las oficinas del Servicio de Informaciones se ubicaron hasta 1975 en calle Catamarca al 1300. En ese lugar, según la denuncia que realizara el sobreviviente Miguel Ángel Obeid, también se aplicaron torturas y tormentos a los detenidos. "Había cinco calabozos individuales y nos tenían desnudos, invierno y verano. Nos vivían picaneando", contó Obeid cuando revelara la existencia de este lugar en 1983.
Después del Golpe, el Servicio de Informaciones centralizó el accionar represivo, ya no en la dependencia de calle Catamarca, sino en el edificio de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II, donde también se encontraba situada la Alcaidía de Mujeres. El principal responsable del lugar fue el Jefe de Policía, comandante de Gendarmería Agustín Feced, quien dirigió en forma personal las operaciones militares de exterminio y los interrogatorios a detenidos-desaparecidos.
Un documento que lleva la firma de "presas políticas de Villa Devoto", plantea que en la ciudad de Rosario se pueden definir por lo menos tres etapas de la represión. En un primer momento, que comprende desde el 24 de marzo de 1976 a marzo de 1977, el Servicio de Informaciones centralizó la tarea de realizar los secuestros e implementó la tortura de manera brutal sobre los detenidos-desaparecidos. En la segunda etapa, entre marzo y septiembre de 1977, "la sede sigue siendo el Servicio de Informaciones de Rosario. Los métodos son los mismos, pero ponen mayor cuidado en que la tortura sea sistemática y los prisioneros duren lo que los militares dispongan". Por último, desde septiembre de 1977 en adelante, "la policía no trabaja directamente relacionada a los presos políticos. El Ejército es el que realiza todas las tareas". Comenzó a emplearse en las afueras de Rosario, principalmente en las zonas de Fisherton y Funes, una serie de centros clandestinos para tareas operativas, de inteligencia y de contra-inteligencia militar. El tormento físico ya no se empleaba de manera sistemática, los métodos de tortura eran más refinados, los esfuerzos de los grupos de tareas se centraban en la manipulación psíquica de los detenidos y su utilización con fines políticos.
Refuerzan este testimonio colectivo, ofrecido por las presas de Villa Devoto, algunas de las primeras aproximaciones a las que arribó el Equipo de Investigación por la Memoria Político Cultural (EIMePoC), dirigido por la antropóloga Silvia Bianchi.²⁶ De su trabajo puede inferirse que, entre los meses de junio-julio de 1976 a febrero-marzo de 1977, se encuentra el mayor número de desapariciones de personas, coincidiendo estos datos con las afirmaciones realizadas por las detenidas. Asimismo, otro dato importante que aportan las investigaciones realizadas por el EIMePoC, está relacionado con las formas de eliminación física de los prisioneros. Junto a la desaparición de los cuerpos, los represores implementaron como metodología recurrente los fusilamientos colectivos. En muchos casos, los cuerpos fueron abandonados en la vía pública o zonas descampadas, con signos tales de violencia que se hacía imposible reconocer la identidad de los mismos. En otras circunstancias, los grupos de tareas se encargaron de planificar "falsos enfrentamientos", con la intención de mostrar a la sociedad que se estaba librando una guerra sin cuarteles contra la "subversión".
Actualmente, gracias al testimonio de los sobrevivientes, existe un registro muy importante de personas vistas en el Servicio de Informaciones que luego fueron halladas asesinadas en la vía pública o en las afueras de la ciudad. Ana María Ferrari, sobreviviente del "Pozo", secuestrada el 15 de octubre de 1976, relata:

"Bajan Juan, el guardia, con dos muchachos, uno el que habían curado lo reconocí por el pantalón vaquero. Me tocó la cabeza y le dije: hasta la victoria, hasta siempre. Le dije eso, por la furia que demostraban sentí que no lo bajaban para torturarlo sino que no lo iba a ver más".²⁷

Años después, Ana María terminaría reconociendo por fotos a ese joven al que habían curado y había reconocido por su ropa. La madrugada del 17 de octubre de 1976, Eduardo Laus, Cristina Noemí Costanzo, María Cristina Márquez, Analía María Murgiondo, José Oyazábal, Sergio Jalil y Daniel Oscar Brajacoba (todos ellos militantes montoneros) fueron trasladados a Los Surgentes, provincia de Córdoba. Allí fueron fusilados y luego lleva- dos a la Morgue Judicial del Hospital San Roque. Las partidas de defunción fueron confeccionadas como NN; en todos los casos, la causa de la muerte fueron heridas múltiples de balas. Los cuerpos fueron sepultados en una fosa común en el cementerio de San Vicente.²⁸
Carlos Pedro Dawydowyz, ex agente de la Sección Mantenimiento de los vehículos empleados por el Servicio de Informaciones desde 1976 a 1978, relata una situación de las mismas características:

"...en el año 1977, aproximadamente, fueron sacadas 7 personas del Servicio de Informaciones [...] y se los traslada hasta Ibarlucea (localidad cercana a Rosario) bajo el pretexto de que serían trasladadas a Coronda. Estos individuos no eran legales, estaban por izquierda; no estaban asentados en ningún Libro de Entradas ni nada por el estilo, habían sido detenidos dos o tres días antes. Una vez en Ibarlucea se los hace descender cerca de la comisaría de esa localidad, más o menos a 150 metros antes y los acribillan a balazos. En esa oportunidad estaba Feced, que comandaba todo y les grita a los empleados que estaban dentro de la Comisaría y él mismo balea todo el frente del edificio con una ametralladora a los fines de hacer creer que era un intento de copamiento de la Seccional. Yo estaba presente en esa oportunidad y pude ver todo lo que pasó...".²⁹

Gracias al trabajo de investigación realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobre las noticias de atentados, enfrentamientos y hallazgo de cadáveres, publicadas por el diario La Opinión en 1976, hoy podemos saber que ese falso enfrentamiento fue realizado a fines de ese año y que, en realidad, fueron seis los cuerpos de las víctimas que protagonizaron aquel suceso. La información publicada en dicho periódico, el día 21 de diciembre del año de referencia, manifiesta que:

"El Comando del II Cpo. de Ejército con asiento en Rosario dio a conocer ayer la identidad de los seis extremistas abatidos el sábado último durante un frustrado intento de asaltar la comisaría de Ibarlucea, localidad situada a 26 km. de Rosario. Las identidades de los terroristas, todos pertenecientes a la organización proscripta el año pasado son las siguientes: Norma Elba Larrosa (a) 'Leonor'; Rodolfo Raúl Segarra (a) 'Hueso', ambos integrantes de la sección Prensa, área de agitación y propaganda; Horacio Humberto Meleli (a) 'Gallego', activista sindical metalúrgico; Alberto Cristian Asad (a) 'El Turquito'; Segundo Severino Nuñez (a) 'Joaquín' y Oscar Maximiliano Aguirre (a) 'Pedro'".³⁰

Un hecho que no podemos omitir en este trabajo, de similares características a los fusilamientos perpetrados contra los militantes montoneros en Los Surgentes e Ibarlucea, es el caso de la masacre producida en el cruce de las calles Cafferata y Ayolas (hoy Uruguay). Entre la madrugada y la siesta del 20 enero de 1977, siete estudiantes universitarios militantes de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) fueron secuestrados en distintos lugares de la ciudad y llevados al Servicio de Informaciones.³¹ En ese lugar permanecieron en calidad de detenidos-desaparecidos, siendo torturados durante tres días. Finalmente, luego de que uno de ellos lograra fugarse del SI, fueron llevados hasta la intersección de las calles Cafferata y Saavedra, donde metros más adelante fueron brutalmente asesinados.
Carlos Arroyo, sobreviviente del "Pozo", secuestrado el 11 de enero de 1977, en su testimonio cuenta que:

"El único día que tuvimos mucho miedo fue cuando se escapó un muchacho del Partido Obrero, fue el único que se escapó del lugar. Ha- bían caído unos 6 o 7 compañeros, entre ellos creo que estaba la mujer o la esposa de Piccinini. Después de que el tipo se escapa, en represalia los matan a todos. Nosotros escuchamos el ruido de los autos cuando se los llevaban a todos vivos [...] Esto ocurrió a fines de enero, principios del '77".³²

Como era de esperar, días más tarde, un comunicado oficial del II Cuerpo de Ejército daba su versión de los hechos:

"El día 23 de enero siendo las 2,30 hs. aproximadamente, personal perteneciente a la jefatura de Área 211, al arribar a la intersección de las calles Cafferata y Saavedra, observó en un automóvil Renault 12 ocupado por varias personas que iba siguiendo a una motocicleta tripulada por una pareja, aspecto que llamo la atención y se les impartió la orden de detención para controlar la documentación personal. Los respectivos conductores imprimieron mayor velocidad a los vehículos para iniciar la fuga y cayeron abatidos los ocupantes de la motocicleta y del automóvil. Cuando se procedió a revisar el automóvil se encontraron doce granadas de mano y veinte kilos de explosivos ante lo cual se alertó a los vecinos para evitar cualquier accidente y se requirió la participación de la Brigada de explosivos [...] Se realizan diligencias para determinar la identificación de los 6 delincuentes abatidos (4 mujeres y 2 hombres)."³³

A partir del mes de marzo de 1977, los enfrentamientos entre las "fuerzas de seguridad" y grupos de "extremistas" comenzaron a desaparecer progresivamente. Hacia fines de 1977 y durante todo el año 1978, fue casi inexistente la mención de estos fusilamientos encubiertos. Esta política mediática fue coincidente con los anuncios realizados por las autoridades militares locales que se adjudicaban, para este momento, la victoria absoluta contra la "subversión". Fue allí cuando tomaron mayor importancia los centros clandestinos de detención ensamblados en propiedades privadas. Al parecer, el Servicio de Informaciones comenzaba a perder protagonismo en la represión y a padecer mayores controles por parte del Ejército. Según el testimonio de Luis Cuello, su desmantelamiento estuvo fuertemente vinculado al asesinato del estudiante de Ingeniería Conrado Mario Galdame Blet. Luis nos brinda sus argumentos:

"A Galdame lo matan en el Servicio de Informaciones, le vuelan la cabeza, no tenía que ver con nada. Ahí quieren armar un simulacro de enfrentamiento pero no sé por que razones no les sale, entonces, para tapar su muerte, van a la casa donde vivía. Entran y matan a dos personas y dicen que fue un enfrentamiento".³⁴

Junto a Galdame fueron asesinados los hermanos María Antonieta y Rory Céspedes Chang. Ambos estudiantes universitarios de origen peruano. El parentesco de estos jóvenes con integrantes de las fuerzas armadas de su país ocasionó trastornos diplomáticos entre la Argentina y Perú. Fue así que las autoridades del II Cuerpo de Ejército ordenaron el tras- lado de los integrantes de los grupos de tareas a otras dependencias policiales.
Entre los centros clandestinos ubicados en las afueras de Rosario podemos mencionar a "La Calamita". Se trata de una antigua bodega ubicada en calle Córdoba al 1100 (hoy Eva Perón) de Granadero Baigorria. Funcionó como centro clandestino de detención entre 1976-1977, bajo el mando del teniente coronel Oscar Guerrieri. Su existencia fue revelada por Nelly Elma Balestra y su esposo Gregorio Larrosa, en enero de 1984. Santiago Mac Guire también estuvo detenido en este sitio antes de ser trasladado al Batallón 121. A raíz de estas denuncias, también se supo que el lugar sirvió como depósito de objetos robados en los operativos. Actualmente, son muy pocos los testimonios de sobrevivientes con los que contamos para lograr una descripción acertada de su funcionamiento.
Otro caso es "El Castillo" de Funes, dispuesto al noroeste de la plaza de esa ciudad, pasando tres cuadras las vías del ferrocarril y a sólo trescientos metros del Aeropuerto Internacional de Fisherton. Jaime Dri reveló la existencia de este lugar basando su testimonio en el relato de algunos compañeros, durante su detención en "La Quinta" de Funes. Dri afirma haber escuchado que por ese lugar habían pasado más de cien personas y que el mismo fue desactivado porque la población civil lo había descubierto. De la misma mane- ra, relata que casi todas las personas allí detenidas fueron trasladas a una casa de recuperación en La Rioja. Posiblemente el destino de todas ellas no haya sido muy diferente al que resolvían los vuelos de la muerte.
Allí estuvo detenido Rafael Bielsa, quien reconociera el lugar en diciembre de 2003 ante representantes de la Justicia federal. También Susana Zita, quien fuera detenida con su hermana Graciela y su madre. Susana recuerda haber escuchado cantar a Rafael Bielsa. La misma afirmación hacen Adriana Quaranta y Luis Mejías.³⁵ Con la diferencia que este último recuerda haberlo escuchado en "La Calamita".
No muy lejos del "Castillo", en la intersección de la Ruta N° 9 con la calle San José, funcionó "La Quinta" de Funes. La casa también fue conocida con el nombre de "Quinta San Jorge", "Casco la Nueva Argentina" o -según el testimonio de Santiago Mac Guire, detenido allí durante la dictadura- "Ceferino Namuncurá". El entonces comandante del II Cuerpo, Leopoldo F. Galtieri, llevó a la vecina ciudad de Funes a miembros de la agrupación montoneros con la intención de infiltrar a la conducción de la misma, radicada en México y asesinar a sus máximos dirigentes. El plan fue desbaratado en enero de 1978, después que Tulio Valenzuela lograra escapar de sus captores y revelara las intenciones del bando castrense. La referencia más clara del lugar podemos encontrarla en Recuerdos de la Muerte, de Miguel Bonasso. Esta historia está basada en la experiencia del ex diputado Jaime Dri,³⁶ único sobreviviente.
Miguel Bonasso, basando su descripción en el relato de Dri, hace de "La Quinta" y la zona en la cual se encuentra la siguiente referencia:

"Funes es un barrio residencial, un refugio para la alta burguesía de Rosario, ubicado en la zona oeste, a un costado de la ruta que viene de Buenos Aires, constituye un remanso verde en el paisaje urbano donde predominan las chimeneas fabriles, los gigantescos elevadores de gra- no, la implacable monotonía de los barrios pequeño burgueses o la franca sordidez de los asentamientos proletarios [...] las casa no se apiñan unas con otras, están separadas por cercas vegetales, aisladas en montículos de césped bien cortado, sombreadas por paraísos, eucaliptos, pinos y otros árboles añosos. Los chalets californianos, los cottages, están alejados de las simpáticas callejuelas de tierra, reclui- das en su intimidad gozosa."

"La quinta [...] ocupa un pulcro terreno de dos manzanas. La casa principal es una construcción sombría, con ladrillos adornados por piedras, con techo de dos aguas de pizarras rojas [...]. Está ubicada a unos cien metros del portón de entrada, que da a la Ruta Nacional N° 9, y está compuesta por una sala [...], el living, comedor [...], un amplio dormitorio [...], una cocina, un baño y una habitación más pequeña [...]. A espaldas del chalet, a unos cinco o seis metros de distancia, hay un pabellón precario, erigido con materiales de segunda [...]. Siguiendo la misma línea de edificación, cinco metros a la izquierda de este pabellón, si la observación se hace desde el portón de entrada, hay un garage lo bastante grande como para recibir a tres o cuatro coches. A unos treinta metros del edificio principal, en una diagonal orientada hacia el frente de la quinta, está la piscina, a la que no le faltan vestuarios...".³⁷

La presentación de esta extensa cita, donde el autor hace una descripción detallada de la quinta, tiene como objeto mostrar con rigurosidad las características fundamentales que el lugar tenía en ese momento. La ciudad de Funes ha sufrido importantes cambios en los últimos treinta años, fruto del crecimiento urbanístico de Rosario. El predio de la casa y los terrenos lindantes hoy día pueden no presentar las mismas características de ese entonces. "La Quinta" de Funes operó como centro clandestino entre septiembre de 1977 y enero de 1978, según las afirmaciones de Cecilia Nazábal, esposa del desaparecido Fernando Dante Dussex -unos de los detenidos que pasó por ese lugar- y querellante en la causa que tramita ante los Tribunales Federales de Rosario. "La Quinta" fue alquilada por el coronel Edgardo Aquiles Juvenal Pozzi.³⁸ Cecilia Nazábal tiene una prueba de que su marido pasó por "El Castillo" antes de ser trasladado a "La Quinta" de Funes. Se trata de una pequeña carta escrita en una servilleta de bar y recibida por correo. Dussex la mandó el 22 de agosto de 1977, poco después de su secuestro, el día 8 de ese mismo mes. En la misma decía:

"Bori: [así la llamaba] Creerás que estoy muerto. Pero me salve por un pelo [...] No estoy en una cárcel. No te imaginás quiénes están aquí: Lucy [Stella Hilbrand de Del Rosso], Marga [Liliana Nahs de Bruzzone], Ignacio [Jorge Novillo] y Cabezón Ángel [Héctor Larrosa]."³⁹

Todas las personas mencionadas en la carta se encuentran hoy desaparecidas. Jaime Dri afirma haber visto en "La Quinta" de Funes a "Lucy", a "Ignacio" y al "Pipa", apodo con el que se lo conociera a Dussex. No menciona a Marga y al Cabezón Ángel.
Luego de la denuncia que realizara Tulio Valenzuela en México, los detenidos de Funes fueron llevados a la Escuela Técnica Osvaldo Magnasco, localizada en la esquina de Ovidio Lagos y Zeballos de la ciudad de Rosario.⁴⁰ Tras un breve paso por ese lugar, fueron nuevamente trasladados, esta vez a "La Intermedia". Se trataba de un chalet ubicado junto a la autopista a Santa Fe, frente al Automóvil Club Argentino. El ex represor Eduardo Constanzo declaró que "poco antes del Mundial fueron exterminados allí 16 subversivos". Se encontraban a su lado Rodolfo Riegé, el general Luciano Adolfo Jáuregui y el coronel Alcides Juvenal Pozzi.⁴¹
Todo lo dicho hasta aquí no es más que un intento de poner en evidencia algunas de las características de la represión en nuestra ciudad. Son muchas las incógnitas por resol- ver, más aún son las dificultades que se presentan al momento de abordar estos problemas. Sin embargo, no debemos darnos por vencidos porque hay quienes tienen una historia que contar, y ellos son los sobrevivientes. Sus testimonios constituyen una de las piezas fundamentales para comprender el accionar del Estado terrorista, sólo faltan aquellos que quieran escucharla.

Las voces de los sobrevivientes

En este apartado, y para concluir con las ideas generales planteadas en el artículo, intentaremos exponer algunas consideraciones que, entendemos, deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una investigación sobre la compleja trama de problemas que encierran los centros clandestinos. Más arriba hemos mencionado las dificultades que se presentan para acceder a la información oficial de las fuerzas armadas y demás fuerzas de seguridad. La apertura y desclasificación de documentos confidenciales y secretos en países como Estados Unidos y Francia, más los resultados de las investigaciones realizadas por personas interesadas en este tema, han aportado nueva información sobre el adoctrinamiento de los militares argentinos y la utilización de ciertos métodos represivos, pero sabemos que esto no resulta suficiente. Asimismo, nos hemos referido brevemente a la importancia que adquieren, en tanto fuentes orales, los relatos de los sobrevivientes. Es justamente en este punto donde nos gustaría volver para proponer algunas reflexiones.
Hay quienes han negado la existencia de los centros clandestinos y por ende, de esa manera, han descalificado la figura del sobreviviente. El caso más reciente lo representa el joven abogado y periodista Nicolás Márquez,⁴² quién asevera que "no puede haber sobrevivientes de algo que no existió". Para Márquez no existieron centros clandestinos sino "lugares de detención irregulares" producto de una guerra no convencional. Desde su punto de vista, no hay sobrevivientes sino delincuentes-subversivos liberados. Apreciaciones de este tipo, que niegan tanto la existencia de estos lugares del horror como la validez de los relatos de quienes lograron salir con vida de allí, pretenden impedir las investigaciones realizadas con rigurosidad, que ayuden a conocer  y a tratar de interpretar los porqué, cuándo, quiénes y dónde se llevó a cabo el aniquilamiento.
Desde el Juicio a las Juntas Militares, y durante todos estos años, las voces de los "sobrevivientes" sólo fueron consultadas cuando era necesario denunciar la violación sistemática de los derechos humanos. Sin embargo, muy poco se ha dicho sobre los proyectos políticos a los que aspiraban los hombres y las mujeres de la generación de los años 1970s. Desentrañar las oscuras tramas tejidas alrededor de la experiencia de haber "sobrevivido" a un centro de detención nos permite abrir nuevas puertas para tratar de superar visiones infundadas que soplan vientos de confusión y desconfianza. Es pertinente en este caso mencionar la reflexión que hiciera Eduardo Luis Duhalde en relación con los prisioneros detenidos clandestinamente:

"El análisis de la conducta de los prisioneros de los campos, no puede perder de vista que esta experiencia límite y monstruosa no fue querida por ninguno de ellos y que sólo la violencia brutal y tecnificada del terrorismo de Estado pudo construir con hombres y mujeres arrancados de su existencia cotidiana, el dramático arco que tiene en cada extremo al Héroe y al Traidor."⁴³

Las referencias a los centro clandestinos de detención y las condiciones de vida o sobrevivencia a las cuales fueron expuestos miles de hombres y mujeres, pueden propor- cionarnos algunas claves significativas para definir la difícil condición de la "sobrevivencia", no sólo en los años inmediatamente posteriores al fin del terrorismo de Estado sino también en la actualidad.
Bajo inhumanas condiciones muchos prisioneros lograron sobrevivir a la tragedia de los centros de detención, donde "...la relación de poder es tan desigual y al mismo tiempo tan omnímoda, que la participación del secuestrado en su propio destino -la vida o la muerte- resulta muchas veces secundaria. Por ello no es posible aplicar criterios rígidos y absolutos tendientes a diferenciar la conducta de los desaparecidos no aparecidos y la de los prisioneros liberados".⁴⁴
Entendemos por "sobreviviente" a toda aquella persona que pasó por un "centro clandestino de detención" en calidad de detenido o detenido/desaparecido y salió con vida de esa experiencia. Esta aclaración que parece trivial y, tal vez, de poca rigurosidad conceptual, no hace más que procurar que ese "dramático arco que tiene en cada extremo al Héroe y al Traidor" se mantenga libre de toda determinación rígida y absoluta. Pretendemos superar los planteos dicotómicos y opuestos y dejar bien en claro que las reglas de juego dentro de los centros de detención eran impuestas por los represores y no por los reprimidos, así como que toda forma de "supervivencia" es propia de la condición humana en situaciones límites o de extrema violencia. Como afirmara Hugo Vezzetti:

"...en la experiencia del campo -centros clandestinos de detención- no hay lugares para un juicio moral sobre la responsabilidad de las víctimas: no son ellas, las que sufrieron la degradación y aun el envile- cimiento las que deben ser juzgadas, sino los victimarios y, en todo caso, el sistema y sus responsables".⁴⁵

Desde esta perspectiva, consideramos que los testimonios de los "sobrevivientes" no sólo son válidos para reconstruir la vida privada en los centros de detención y la relación existente entre cada uno de ellos, sino que también, y muy especialmente, permiten recuperar las memorias de una generación que luchó y dio su vida porque creía en el cambio y la transformación social. Desde ya nos parece importante que de una vez por todas se pueda hacer justicia y se condene a los responsables del terrorismo de Estado, pero esa no es tarea del historiador.
Recuperar las voces de los "sobrevivientes", sus relatos, sus historias de vida, significa para nosotros superar los límites impuestos por los testimonios sujetos a causas judiciales. Si bien son portadores del espanto de lo verdadero y de terribles certezas de la vida en los centros, a la vez que se transforman en depositarios de sospechas y juicios absolutos por haber eludido la condena que debieron soportar los que ya no están, constituyen el nexo necesario para que las generaciones presentes y venideras descubran una interpretación diferente de nuestro pasado reciente. Haciéndolas partícipes de una concepción de la historia que no admita versiones condicionadas por el discurso imperante de "vencedores y vencidos".
Es necesario que los "sobrevivientes" se den, y nos den, la posibilidad de escuchar aquellos que tienen para decir-nos. Como dice Pilar Calveiro, se den la posibilidad de escracharse así mismos, porque:

"...el escrache es otra de las formas [que considera la autora] indispensables en la construcción de la memoria. Es necesario escrachar, poner en evidencia, impedir el disimulo de quienes se hacen los desentendidos en relación con las responsabilidades que les cupieron. Hay que escracharnos, políticamente hablando, no como un 'castigo' sino como una forma de ser veraces para, de verdad, pasar a otra cosa. En este sentido, escarchar es exhibirse en términos de la práctica política anterior, de la que hay que dar cuenta para que la presente adquiera nuevos sentidos."⁴⁶

Dejar hablar y escuchar a los sobrevivientes no es, como dicen algunos, una forma de reivindicar el demonio de la subversión en detrimento de la responsabilidad del terrorismo de Estado, sino que cumple la función social de hacernos responsables, y a la vez partícipes, de la reconstrucción de nuestro pasado reciente. El proceso planificado de exterminio de opositores políticos que existió en nuestro país fue posible porque amplios sectores de la sociedad argentina avalaron, por acción u omisión, esa terrible determinación.

"El rechazo a la teoría de los dos demonios no nos puede desviar hacia la de un único demonio, el poder militar, como si el resto de la sociedad hubiera sido una víctima inmóvil, ajena a toda responsabilidad. Todos los Estados son potencialmente asesinos pero, para que se pueda instaurar una política de terror a través de un poder concentracionario y desaparecedor, hace falta algo más que un puñado de militares crueles y ávidos de poder. Todo autoritarismo de Estado crea y potencia el autoritarismo social que, a su vez, lo sostiene; podríamos decir que'nada en su caldo'. No se trata de uno, dos o veinticinco millones de demonios, se trata de entender qué pasó, es decir, qué nos pasó, a todos nosotros, desde el lugar que cada uno ocupó y ocupa."⁴⁷

Rosario, noviembre de 2007

Notas

¹ Unos meses antes de producirse el ascenso de Leopoldo F. Galtieri como responsable del II Cuerpo de Ejército, y durante la gestión de su antecesor, el general Ramón Genaro Díaz Bessone, fue designado como interventor de la Policía rosarina mediante Decreto 0813/76 de la intervención militar en la provincia, el comandante de Gendarmería Carlos Agustín Feced. Ya había ocupado este cargo durante la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse. En su nueva designación reemplazó al coronel Antonio Monte Silva. Permaneció en ese cargo entre abril de 1976 y mayo de 1978. Durante este periodo se convirtió en uno de los principales responsables de la represión en la ciudad de Rosario y zonas de influencia.

² Declaraciones de Agustín Feced, en La Capital, Rosario, 10 de abril de 1976.         [ Links ]

³ Por Decreto Presidencial núm. 2430/76, Leopoldo F. Galtieri fue designado como principal responsable del II Cuerpo de Ejército. Ocupó este cargo entre el mes de octubre de 1976 y febrero de 1979.

⁴ Declaraciones de Leopoldo F. Galtieri, en La Capital, Rosario, 13 de octubre de 1976.         [ Links ]

⁵ RODRÍGUEZ MOLAS, Ricardo Historia de la tortura y del orden represivo en la Argentina, EUDEBA, Buenos Aires, 1985.         [ Links ]

⁶ El 5 de febrero de 1975, la presidenta Isabel Martínez de Perón firmó el Decreto 261/75. La acompañaban sus ministros: Adolfo Mario Savino (Ministerio de Defensa), Alberto L. Rocamora (Ministerio de Interior e Int. de Justicia), José López Rega (Ministerio de Bienestar Social), Adolfo Gómez Morales (Ministerio de Economía), Ricardo Otero (Ministerio de Trabajo), Alberto J. Vignes (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) y Oscar Ivanissevich (Ministerio de Cultura y Educación). Este decreto habilitaba al Comando General de Ejército a ejecutar las operaciones militares necesarias a efectos de neutralizar y aniquilar el accionar de la subversión en la provincia de Tucumán.

⁷ D' ANDREA MOHR, José Luis Memoria Deb(v)ida, Colihue, Buenos Aires, 1999, pp. 54-55.         [ Links ]

⁸ DUHALDE, Eduardo Luis El Estado Terrorista Argentino, El Caballito, Buenos Aires, 1983, p. 147.         [ Links ]

⁹ Testimonio de Carlos Muñoz (CONADEP-Legajo núm. 704), sobreviviente del centro clandestino de de- tención (CCD) de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ver COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP) Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, EUDEBA, Buenos Aires, 1984, p. 275.         [ Links ]

¹⁰ Testimonio de Gatica Caracoche (CONADEP-Legajo núm. 1830), sobreviviente del CCD "La Cacha". Ver CONADEP Nunca Más..., cit., p. 276.

¹¹ Testimonio de Graciela Gauna (CONADEP-Legajo núm. 764), sobreviviente del CCD "La Perla". Ver CONADEP Nunca Más..., cit., p. 276.

¹² Testimonio de un oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires (CONADEP-Legajo núm. 7316). Ver CONADEP Nunca Más..., cit., p. 257.

¹³ Para este último caso, sería provechoso para nosotros mencionar los hechos ocurridos durante el año 2006. A doce años (1994) de promulgada la Ley de Seguridad Interior y a cuatro (2002) de la Ley de Inteligencia Militar, que prohíbe a las fuerzas armadas acciones dentro del territorio nacional contra ciudadanos argentinos, quedó demostrado por medio de una denuncia realizada ante el Ministerio de Defensa que los aspi- rantes a la carrera militar seguían recibiendo instrucción de manuales que legitimaban la inteligencia interna, contemplaban la represión de la subversión cuando las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas, re- chazaban la unificación del control de inteligencia y reivindicaban la victoria de la lucha anti-subversiva durante la dictadura. Nuevamente surgieron evidencias del tema en cuestión a raíz del escándalo producido por la denuncia del cabo Carlos Alegre al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al negarse a realizar tareas de inteligencia sobre ciudadanos en la base de la Armada de Almirante Zar de Trelew. Ver Página/12, 25 de abril de 2006 y 24 de septiembre de 2006.         [ Links ]

¹⁴ SEOANE, María y MULEIRO, Vicente El Dictador, Sudamericana, Buenos Aires, 2001.         [ Links ]

¹⁵ Marie-Monique Robin, Directora del telefilm "Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa". Presentado en septiembre de 2003, en el Canal Plus de París.

¹⁶ VERBITSKY, Horacio El Vuelo, Sudamericana, Buenos Aires, 2004.         [ Links ]

¹⁷  Testimonio de la Sra. Mónica Martínez (CONADEP-Legajo núm. 7509), sobreviviente de los CCT Brigada de Investigaciones de Santa Fe, local de la UDA, Comisaría 4° y Guardia de Infantería Reforzada. Ver CONADEP Nunca Más..., cit., p. 195.

¹⁸  Según un documento denominado "Directivas del Comandante General del Ejército N° 404/75 (lucha contra la subversión)", distribuido secretamente entre los responsables de las fuerzas armadas el 28 de octubre de 1975, las ciudades mencionadas constituían las principales zonas que debían estar sujetas al control estratégico del Estado Mayor Conjunto con la finalidad de desmantelar cualquier accionar armado de las organizaciones político-militares.

¹⁹ La Triple A fue la organización parapolicial de ultraderecha creada y dirigida por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, con la finalidad de eliminar opositores políticos al gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón (30 de junio de 1974-24 de marzo de 1976). En otras provincias surgieron versiones autóctonas como fueron los casos de Córdoba y Mendoza, donde accionaron el Comando Libertadores de América y el Comando Anticomunista Mendoza. Se estima que entre los meses de julio y agosto de 1974 la Triple A cometió un asesinato cada diecinueve horas. Para septiembre de ese año habían muerto alrededor de doscientas personas.

²⁰ Es importante aclarar que, a partir del 24 de marzo de 1976, la represión en la zona de Villa Constitución quedó más bien vinculada al circuito operacional que unía a esta ciudad con San Nicolás y Capital Federal.

²¹ A través del Decreto 158/83 el gobierno radical de Raúl Alfonsín dispuso el juicio sumario de las tres primeras Juntas Militares. Con la finalidad de reunir las denuncias y llevar a cabo una investigación que posibilitara el juzgamiento de los responsables del genocidio, se creó mediante el Decreto 187, del 15 de diciembre de 1983, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). El informe oficial fue presentado el 20 de septiembre de 1984. De esta manera, el 22 de abril de 1985, comenzó en la Cámara Federal de apelaciones el juicio a las Juntas Militares. Tan sólo unos meses después, el 9 de diciembre de 1985, se impartió la condena a los principales culpables de la represión. Estos sucesos fueron de importante trascendencia a nivel institucional y mediático. Nunca se había investigado, juzgado y condenado en la historia de nuestro país a figuras con tanto poder y en tan corto plazo.

²² Rosario se encontraba bajo el accionar del II Cuerpo de Ejército, cuya comandancia tenía asiento en la misma ciudad. Fueron responsables de la represión los generales Ramón G. Díaz Bessone (septiembre de 1975-octubre de 1976), Leopoldo F. Galtieri (octubre de 1976-febrero de 1979), Luciano A. Jáuregui (febrero de 1979-diciembre de 1980) y Juan Carlos Trimarco (diciembre de 1980-hasta el advenimiento de la democracia).

²³ Allí funciona actualmente la Sede de la Jefatura de Policía de Santa Fe, después de que fuera trasladada desde el histórico edificio donde operó durante décadas, frente a la Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad. Al presente toda esta área ha sufrido importantes transformaciones producto de la pavimentación de calles y la extensión de Avenida Francia, que dividió el terreno de la Fábrica Militar en dos partes. Asimismo, la edificación de numerosas viviendas, la limpieza de los terrenos periféricos y el tendido de iluminación, la dotan de una fisonomía muy diferente a la que podía encontrarse en los años 1970s.

²⁴ El 9 de mayo de 2002, por medio del decreto núm. 0717, el Gobierno de la provincia de Santa Fe cedió sus instalaciones a los organismos de derechos humanos de Rosario para que allí se creara el CENTRO POPULAR DE LA MEMORIA. Este fue el primer antecedente en nuestro país en el que un gobierno provincial reconocía públicamente la existencia de estos lugares del horror y, al mismo tiempo, concedía a los familiares de las víctimas la potestad de circular libremente por sus instalaciones.

²⁵  En el inmueble ubicado en la esquina de Córdoba y Moreno hoy funciona el lujoso café Rock and Feller's. Está previsto que a futuro funcione allí el Museo de la Memoria.

²⁶ Una de las tareas que este equipo desarrolló consistió en el armado de un listado que sistematizara toda la información existente hasta el momento sobre la desaparición de personas en la ciudad de Rosario y alrededores. El primer listado con en cual comenzó a trabajar el equipo fue editado en la publicación de José Luis D'Andrea Mohr, Memoria Deb(v)ida. Este trabajo se encargó de ordenar territorialmente el accionar represivo de la última dictadura militar y fue de mucha utilidad, no sólo por la información que brinda, sino por los aportes que proporciona desde una concepción espacial del fenómeno. Se sumaron a este la información extraída de los archivos de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales y el listado aportado por el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario. La amistosa relación con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió el intercambio de información entre las distintas bases de datos de la que cada uno dispone. Resulta esencial el testimonio de los sobrevivientes al momento de realizar algunas correcciones o agregar nuevos datos.

²⁷ Testimonio de Ana María Ferrari, sobreviviente del Servicio de Informaciones. Entrevista realizada por integrantes del Equipo de Investigación por la Memoria Político-Cultural.

²⁸  En marzo de 1984 los cuerpos fueron exhumados. Los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense. Allí sólo pudo identificarse el cráneo de Cristina Costanzo. En 2003, fue de público conocimiento que años después del hallazgo los restos exhumados fueron devueltos al Cementerio y posteriormente incinerados.

²⁹ Testimonio de un ex agente de la Policía de la provincia de Santa Fe. Ver CONADEP Nunca Más..., cit., p. 199.

³⁰ Fecha de desaparición de las víctimas: Norma Elba Larrosa 12 o 18 de diciembre de 1976, Rodolfo Raúl Segarra 1º de diciembre de 1976, Horacio Humberto Meleli 18 o 19 de diciembre de 1976, Alberto Cristian Asad 18 de diciembre de 1976, Segundo Severino Núñez 12 de diciembre de 1976 y Oscar Maximiliano Aguirre 18 de diciembre de 1976.

³¹ Los militantes del OCPO secuestrados eran: Héctor Luis Fluxá, Silvia Lidia Somoza, Mónica Cristina Woelflin, Nadia Doria (compañera de Alberto Piccinini), Gladis Beatriz Hiriburu, Luis Enrique Ulmansky y Hugo Elías. Este último es quien logró escapar del "Pozo". Puede accederse a su testimonio en el Centro de Documentación del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Buenos Aires, Argentina. Allí, Elías relata los difíciles momentos vividos durante su secuestro y brinda detalles importantísimos sobre el resto de sus compañeros.

³² Testimonio de Carlos Arroyo, sobreviviente del Servicio de Informaciones. Entrevista realizada por inte- grantes del Equipo de Investigación por la Memoria Político-Cultural.

³³ La Opinión, Rosario, 26 de enero de 1977.         [ Links ]

³⁴ Testimonio de Luis Cuello, sobreviviente del Servicio de Informaciones, detenido el 15 de noviembre de 1978. Entrevista realizada por integrantes del Equipo de Investigación por la Memoria Político-Cultural.

³⁵ Luis Mejías fue secuestrado junto a su esposa, en el mes de julio de 1977, en la puerta de su departamento de calle Zeballos entre Moreno y Dorrego. Luego de haber permanecido alrededor de quince días en "La Calamita", ambos fueron abandonados en la Circunvalación. Al instante fueron levantados por la patota y llevados al "Pozo". Luis asevera haber visto allí a Eduardo Braccachini, militante montonero que fuera asesinado el 25 de julio del 1977, en la localidad de Alvear, junto a Enzo Rafael Zunino y María Susana Broca.

³⁶ Jaime Dri logró escapar de la dictadura el 19 de julio de 1978. Poco tiempo después en una conferencia de prensa en París denunció el genocidio en la Argentina. Dri había sido trasladado de la ESMA a "La Quinta" de Funes el 27 de diciembre de 1977.

³⁷ BONASSO, Miguel Recuerdos de la Muerte, Planeta, Buenos Aires, 2003.         [ Links ]

³⁸ Principal responsable del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, entre noviembre de 1976 y octubre de 1979.

³⁹ Página/12, suplemento Rosario/12, Rosario, 7 de diciembre de 2003.         [ Links ]

⁴⁰ En la edición de Recuerdos de la Muerte a la que hacemos referencia, Miguel Bonasso agradece los comentarios que hiciera a la primera publicación el señor Raúl de Encina. El mismo, en una tarea de investigador aficionado, logró develar la identidad del Director de la Escuela Técnica, cuyo nombre era Néstor D. Bertotti.

⁴¹ La Capital, Rosario, 25 de marzo de 2001.         [ Links ]

⁴² Nicolás Márquez es el autor del polémico libro La otra parte de la verdad, impreso por la editorial Gráfica MPS, a mediados de 2004. Esta obra goza de una amplia tirada de más de 15 mil ejemplares en todo el país y se presenta como una justificación del accionar de las fuerzas armadas durante la guerra civil desatada en los años 1970s. La misma fue patrocinada y prologada por el abogado defensor de militares represores,

⁴³ DUHALDE, Eduardo Luis El Estado..., cit., p. 160.

⁴⁴ DUHALDE, Eduardo Luis El Estado..., cit., pp. 161-162.

⁴⁵ VEZZETTI Hugo Pasado y Presente: Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, p. 189.         [ Links ]

⁴⁶ CALVEIRO, Pilar Política y/o Violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70, Grupo Norma, Buenos Aires, 2005, p. 19.         [ Links ]

⁴⁷ CALVEIRO, Pilar Política y/o Violencia..., cit., p. 13.

Recibido con pedido de publicación el 05/07/2006
Aceptado para su publicación el 05/12/2006
Versión definitiva recibida el 19/11/2007