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Prohistoria

On-line version ISSN 1851-9504

Prohistoria vol.16  Rosario July/Dec. 2011

 

POLÍTICAS DE LA HISTORIA

Forjando el Estado Neoliberal
Workfare, Prisonfare e Inseguridad Social

 

Loïc Wacquant;
Traducción: Diego P. Roldán y Cecilia M. Pascual

Profesor en University of California, Berkeley
Investigador en el Centre de sociologie européenne, París
e-mail: loic@berkeley.edu

 


Resumen

En Castigar a los pobres, mostré que el ascenso del Estado Penal en los Estados Unidos y otras sociedades avanzadas en el último cuarto de siglo es una respuesta a la creciente inseguridad social y no a la inseguridad criminal, que los cambios en la asistencia social y las políticas judiciales están vinculados entre sí, el tan restrictivo workfare y el tan expansivo prisonfare se unen en un artefacto único de organización para la disciplina de las fracciones precarizadas de la clase trabajadora en la era post-industrial, y que un sistema carcelario diligente no es una desviación, sino un elemento constitutivo del Leviatán neoliberal. En este artículo, extraigo las consecuencias teóricas de ese diagnóstico respecto al gobierno emergente de la inseguridad social. Utilizo el concepto de campo burocrático de Bourdieu para revisar la tesis clásica de Piven y Cloward sobre la regulación de la pobreza a través de la asistencia público, y contrastar el modelo de penalización como técnica para la gestión de la marginalidad urbana con la visión de Michel Foucault sobre la sociedad disciplinaria, las consideraciones de David Garlad sobre la cultura del control y la caracterización de David Harvey acerca de la política neoliberal. Contra la concepción estrecha del neoliberalismo como una regla del mercado, se propone una especificación de mayor densidad sociológica que implica prestaciones sociales de supervisión, un estado penal proactivo y el tropo cultural de la responsabilidad individual. Esto sugiere que es necesario teorizar, no respecto a la prisión como una técnica práctica para aplicar la ley, sino como un núcleo cuya capacidad política selectiva y agresiva descargada sobre las regiones inferiores del espacio social viola los ideales de la ciudadanía democrática.

Palabras clave: Ciudadanía; Neoliberalismo; Cárcel; Pobreza; Estado

Abstract

In Punishing the Poor, I show that the ascent of the penal state in the United States and other advanced societies over the past quarter-century is a response to rising social insecurity, not criminal insecurity; that changes in welfare and justice policies are interlinked, as restrictive ''workfare'' and expansive ''prisonfare'' are coupled into a single organizational contraption to discipline the precarious fractions of the postindustrial working class; and that a diligent carceral system is not a deviation from, but a constituent component of, the neoliberal Leviathan. In this article, I draw out the theoretical implications of this diagnosis of the emerging government of social insecurity. I deploy Bourdieu's concept of ''bureaucratic field'' to revise Piven and Cloward's classic thesis on the regulation of poverty via public assistance, and contrast the model of penalization as technique for the management of urban marginality to Michel Foucault's vision of the ''disciplinary society,'' David Garland's account of the ''culture of control,'' and David Harvey's characterization of neoliberal politics. Against the thin economic conception of neoliberalism as market rule, I propose a thick sociological specification entailing supervisory workfare, a proactive penal state, and the cultural trope of ''individual responsibility.'' This suggests that we must theorize the prison not as a technical implement for law enforcement, but as a core political capacity whose selective and aggressive deployment in the lower regions of social space violates the ideals of democratic citizenship.

Key Words: Citizenship; Neoliberalism; Prison; Poverty; State  


 

Ha sido necesario efectuar tres rupturas analíticas para elaborar el diagnóstico de la invención de un nuevo gobierno de la inseguridad social que combina el workfare1 restrictivo con el prisonfare2 expansivo, presentado en Castigar a los Pobres, y para explicar el giro político punitivo adoptado por Estados Unidos y otras sociedades avanzadas que siguen su liderazgo por el camino de la desregulación económica y la reducción de la asistencia, en las décadas finales del siglo XX.3
La primera consiste en una ruptura con el binomio del crimen y castigo que sigue limitando los debates académicos y políticos sobre el encarcelamiento, incluso cuando el divorcio de esa pareja es, cada vez, más evidente. La segunda ruptura requiere volver a vincular las políticas asistenciales y las políticas penales, dado que ambas ramas de la acción gubernamental hacia los pobres están dictadas por una misma filosofía conductista que se basa en la disuasión, la vigilancia, el estigma y las sanciones graduadas para modificar la conducta. Ahora la asistencia renovada como workfare, o programas de trabajo obligatorio, y la cárcel despojada de su pretensión de rehabilitación forman una sola red organizacional aplicada a la misma clientela atrapada en las fisuras y grietas de las metrópolis dualizadoras. Trabajan conjuntamente para invisibilizar a la población con problemas -forzándola a salir de la ayuda pública, por un lado, y, por otro, manteniéndola encerrada- con objeto de empujarla, al final, hacia los sectores periféricos del creciente mercado laboral secundario. La tercera ruptura consiste en superar la oposición consuetudinaria entre enfoques materialistas y simbólicos, derivados de las emblemáticas figuras de Karl Marx y Émile Durkheim, con objeto de mantener unidas y atender a las funciones instrumentales y expresivas del aparato penal. Analizar al unísono las preocupaciones de control y comunicación, el abordaje de las categorías desposeídas y la afirmación de límites sociales establecidos, nos ha permitido ir más allá de un análisis asentado en el lenguaje de la prohibición para describir cómo la expansión y el redespliegue de la cárcel y de sus tentáculos institucionales (libertad condicional, libertad bajo palabra, bases de datos penales, complejos discursos sobre el crimen y una cultura virulenta de denigración pública de los delincuentes) ha reformado el paisaje socio-simbólico y reconstruido al mismo Estado. El análisis de los efectos, tanto materiales como simbólicos, del castigo revela que el Estado penal se ha convertido en un potente motor cultural con sus propios derechos, que esparce categorías, clasificaciones e imágenes que luego se importan y utilizan en amplios sectores de la acción gubernamental y la vida cívica. Ahora, conviene afinar los límites analíticos y clarificar las implicancias teóricas de esta indagación sobre el giro punitivo surgido en la política pública relativa a los pobres que han mostrado los países avanzados a comienzos del siglo XXI, para relacionarlas con los trabajos de Pierre Bourdieu sobre el Estado, de Frances Fox Piven y de Richard Cloward sobre el Welfare, de Michel Foucault y David Garland sobre el castigo y de David Harvey sobre el neoliberalismo. Esto nos lleva a dibujar un esbozo sociológico de la configuración confusa y ominosa que se extiende más allá de su caracterización económica habitual.

Cuando el workfare se une al prisonfare: (re)percusiones teóricas

En La miseria del mundo, Pierre Bourdieu ha propuesto que interpretemos al Estado no como un conjunto monolítico y coordinado, sino como un espacio donde distintas fuerzas rivalizan por la definición y distribución de los bienes públicos, lo que él llama el "campo burocrático".4 La constitución de ese espacio es el resultado final de un proceso a largo plazo de concentración de las diversas especies de capital operativo en una determinada formación social, y especialmente del "capital jurídico como la forma objetivada y codificada del capital simbólico" que permite que el Estado monopolice la definición oficial de identidades y la administración de justicia.5 En el período contemporáneo, el campo burocrático se ve atravesado por dos luchas intestinas. La primera opone la "nobleza estatal más alta" -la de los políticos que promueven reformas orientadas al mercado- y la "nobleza estatal más baja", la de los ejecutores ligados a las misiones tradicionales del gobierno. La segunda opone lo que Bourdieu llama la "mano izquierda" y la "mano derecha" del Estado. La mano izquierda, el lado femenino del Leviatán, está materializada en los "derrochadores" ministerios encargados de las "funciones sociales" -educación pública, salud, vivienda, asistencia y leyes laborales-, que ofrecen protección y auxilio a las categorías sociales relegadas del capital económico y cultural. La mano derecha, el lado masculino, está encargado de aplicar la nueva disciplina económica a través de recortes presupuestarios, incentivos fiscales y desregulación económica.
Al invitarnos a interpretar dentro de un solo marco conceptual los diferentes sectores del Estado que administran las condiciones y oportunidades de vida de la clase baja, y a observar esos sectores como vinculados en relaciones de cooperación antagonista en la medida en que rivalizan por la preeminencia dentro del campo burocrático, esta concepción nos ha ayudado a rastrear el actual giro del tratamiento social hacia el tratamiento penal de la marginalidad urbana. Esta investigación cubre una brecha mostrada por el modelo de Bourdieu, al insertar la policía, los tribunales y la cárcel como constituyentes principales de la mano derecha del Estado, junto con los ministerios de economía y presupuestos. Es una investigación que sostiene que necesitamos traer las políticas penales desde la periferia al centro de nuestro análisis del rediseño y despliegue de los programas gubernamentales destinados a enfrentarse a la pobreza arraigada y a las disparidades que cada vez se profundizan más en nuestras ciudades polarizadas por el abandono del modelo social fordista-keynesiano. El nuevo gobierno de la inseguridad social aplicado en Estados Unidos -y ofrecido como modelo a otros países avanzados- conlleva tanto un giro del ala social al ala penal del Estado (detectable en la reasignación de los presupuestos públicos, el personal y la prioridad discursiva) como la colonización del sector asistencial por la lógica punitiva y panóptica característica de la burocracia penal post-rehabilitación. A la vez, la inclinación de la actividad estatal del brazo social al penal y la incipiente penalización de la asistencia participan de una remasculinización del Estado como reacción a los amplios cambios provocados en el ámbito político por los movimientos femeninistas y por la institucionalización de derechos sociales antinómicos a la recualificación. La nueva prioridad otorgada a las obligaciones por encima de los derechos, a la sanción sobre el apoyo, a la gastada retórica de las "obligaciones de la ciudadanía" y a la reafirmación marcial de la capacidad del Estado para encerrar a los pobres problemáticos (beneficiarios de la asistencia y delincuentes) "en una relación subordinada de dependencia y obediencia" hacia los administradores del Estado descritos como protectores viriles de la sociedad contra sus miembros díscolos,6 todos estos elementos de las diversas políticas pronuncian y promueven la transición del cortésmente llamado "Estado niñera" de la era fordista-keynesiana al estricto "Estado papá" del neoliberalismo.
En su clásico estudio Regulating the Poor, Frances Fox Piven y Richard Cloward forjaron un modelo germinal para el tratamiento de la pobreza en el capitalismo industrial. Según ese modelo, el Estado amplía y recorta sus programas de ayuda de forma cíclica con objeto de responder a los vaivenes de la economía, a la correspondiente expansión y contracción del mercado laboral y a los brotes de perturbación social que el desempleo y la pobreza, cada vez mayores, provocan periódicamente en la clase baja. Las etapas de expansión asistencial sirven para "silenciar los desórdenes civiles" que amenazan a las jerarquías establecidas, mientras que las etapas de restricción apuntan a "aplicar las normas de trabajo" forzando a los beneficiarios a volver al mercado laboral.7 En Castigar a los pobres sostenemos que, si bien ese modelo funcionó correctamente en la era fordista-keynesiana y explica las dos importantes eclosiones asistenciales que vivió Estados Unidos durante la Gran Depresión y los ricos pero turbulentos años sesenta, en los últimos veinticinco años se ha convertido en obsoleto por la reconstrucción neoliberal del Estado. En la era del trabajo fragmentado, del capital hipermóvil, de la agudización de las desigualdades y las preocupaciones sociales, "...el papel central de la ayuda en la regulación del trabajo marginal y en el mantenimiento del orden social"8 es desplazado y debidamente suplementado por el vigoroso despliegue de la policía, los tribunales y la cárcel en los estratos más bajos del espacio social. Al simple olvido de los pobres mostrado por la mano izquierda del Estado le sucede la doble regulación de la pobreza por la acción conjunta de la asistencia transformada en workfare y de una burocracia penal diligente y beligerante. La alternancia cíclica de la contracción y la expansión de la ayuda pública es reemplazada por la contracción continua de la asistencia y la expansión incontrolada del recurso al encierro.
Esta asociación organizacional de la mano izquierda y la derecha del Estado bajo la égida de la misma filosofía disciplinaria del conductismo y el moralismo puede entenderse, en primer lugar, si recordamos los orígenes históricos compartidos de la ayuda a los pobres y el confinamiento penal en el caótico paso del feudalismo al capitalismo. Ambas políticas fueron concebidas en el siglo XVI para "absorber y regular las masas de personas disconformes y sin raíces" por esa transición epocal.9 De igual manera, ambas políticas fueron revisadas en las últimas dos décadas del siglo XX en respuesta a los desórdenes socioeconómicos provocados por el neoliberalismo: sólo en la década de 1980, además de reducir la asistencia pública, California votó casi mil leyes para expandir el recurso a las condenas a prisión; y a escala federal, la reforma de 1996 que "terminó con la asistencia tal como hoy la conocemos" fue complementada por la extensa Ley general contra el crimen de 1993 y promovida por la Ley de encarcelamiento directo, de 1995.
El acoplamiento institucional de la ayuda pública y la cárcel como herramientas para tratar a los pobres que no se rigen por la ley también se puede comprender si prestamos atención a las similitudes estructurales, funcionales y culturales existentes entre el workfare y el prisonfare como "instituciones de procesamiento de personas" dirigidas a poblaciones problemáticas emparentadas.10 Ese acoplamiento se ha visto facilitado por la transformación de la asistencia en una dirección punitiva y por la activación del sistema penal para tratar más a la clientela tradicional que a los pobres, es decir, por la incipiente "penalización" de la asistencia junto con la "asistencialización" degradada de la prisión. Su reforma añadida en los últimos treinta años ha ayudado a cimentar su convergencia organizacional, aun cuando ésta ha obedecido a principios distintos. La erosión gradual de la ayuda pública y su renovación como workfare en 1996 ha conllevado la restricción para poder ingresar al sistema, la reducción de la permanencia como beneficiarios de la asistencia y la aceleración de las salidas de ese mismo sistema, lo que ha generado una reducción espectacular de la nómina de beneficiarios (cayó de casi 5 millones de hogares en 1992 a menos de 2 millones una década después). Las tendencias en política penal han seguido el camino exactamente inverso: los ingresos en cárceles y prisiones se han visto muy facilitados, las estancias tras las rejas se han prolongado y se han reducido las liberaciones, lo que se ha traducido en una inflación espectacular de la población carcelaria (pasó a ser de más de un millón en los años noventa). El principio operativo de la asistencia ha pasado del pasivo "procesamiento de las personas" al activo "cambio de las personas" a partir de 1988 y, especialmente, después de la abolición de la AFDC (Aid to Families with Dependent Children) en 1996, mientras que la prisión ha tomado la dirección contraria; así, se pasó de tratar de reformar a los reclusos (con la filosofía de la rehabilitación, hegemónica desde los años 1920s. hasta mediados de los setenta) a meramente almacenarlos (pues la función de punición fue degradada hasta ocupar las de castigo y neutralización).
Las raíces históricas compartidas, el isomorfismo organizacional y la convergencia operacional del polo asistencial y el penal del campo burocrático en Estados Unidos se ven reforzadas por el hecho de que los perfiles sociales de sus beneficiarios son virtualmente idénticos. Los beneficiarios de la AFDC y los reclusos de las cárceles viven casi en un 50% por debajo de la línea federal de pobreza (la mitad y dos terceras partes de los mismos, respectivamente); ambos son, desproporcionadamente, de origen negro e hispano (el 37% y el 18% contra el 41% y el 19%); la mayoría no terminó la escuela secundaria y sufre graves discapacidades mentales y físicas que impiden su participación en la fuerza de trabajo (el 44% de las madres que reciben la AFDC, en comparación con el 37% de los presos). Y están estrechamente relacionados por lazos de parentesco, maritales y sociales; residen, en su gran mayoría, en los mismos hogares empobrecidos y en barrios relegados; y tienen el mismo sombrío horizonte de vida, en el escalafón más bajo de la estructura étnica y de clase.
Castigar a los pobres sostiene no sólo que Estados Unidos ha pasado de la regulación única (por la asistencia) a la regulación doble (por el ala penal y el social) de los pobres, sino también que "el raquítico desarrollo de la política social norteamericana", hábilmente diseccionado por Piven y Cloward,11 se encuentra en estrecha relación causal y funcional con la política penal hiperactiva y excesiva que ha aplicado característicamente Estados Unidos. La miseria de los programas asistenciales y el esplendor de las cárceles y las prisiones de Estados Unidos en este cambio de siglo son las dos caras de una misma moneda política. La generosidad de esta segunda cara es directamente proporcional a la tacañería de la otra, y se amplía hasta el punto de que ambas son regidas por el conductismo moral. Los mismos rasgos estructurales del Estado norteamericano que han facilitado la atrofia organizada del bienestar en reacción con la crisis racial de los años sesenta y el torbellino económico de los setenta, también, han impulsado una hipertrofia incontrolada del castigo dirigido a la misma población precaria. Además, "el impacto tormentoso de la esclavitud y el racismo institucionalizado de la construcción de la política norteamericana" se ha dejado sentir no sólo en el "subdesarrollo" de la ayuda pública y el "gobierno descentralizado y fragmentado y el sistema de partidos" que la distribuye entre un segmento seleccionado de los desposeídos,12 sino también en el superdesarrollo y la tremenda severidad de su ala penal. La potencia social de la división etnoracial y la (re)activación del estigma de la negritud como peligrosidad son claves para explicar, por un lado, la atrofia inicial y la acelerada decadencia del Estado social norteamericano en la era posterior al movimiento de los derechos civiles y, por otro, la sorprendente facilidad y celeridad con que el Estado penal surgió sobre sus ruinas.13
Al invertir la bifurcación histórica de la cuestión del trabajo y la del delito, lograda a fines del siglo XIX, la contención punitiva como técnica gubernamental para abordar la creciente marginalidad urbana se ha sumado, efectivamente, a la política social y a la penal a finales del siglo XX. Esa técnica alberga la difundida angustia social que viven las zonas media y baja del espacio social como reacción a la fragmentación del trabajo asalariado y el resurgimiento de la desigualdad y la convierte en una animosidad popular contra los beneficiarios de la asistencia y los delincuentes callejeros, considerados como categorías gemelas pero separadas y calumniadas que cercenan el orden social mediante su moralidad pervertida y su conducta disipada, categorías que, por lo tanto, deben recibir una severa vigilancia. Así, el nuevo gobierno de la pobreza, inventado por Estados Unidos para normalizar la inseguridad social, aporta un nuevo sentido a la noción de "ayudar a los pobres": la contención punitiva ofrece ayuda no a los pobres, sino de los pobres, por un lado, al hacer "desaparecer" por la fuerza a los menos sumisos de las listas de beneficiarios de la asistencia, cada vez menos abultadas, y, por otro, al ejercer su acción en los atestados corredores del "castillo" carcelario.
Michel Foucault ha realizado el análisis más influyente del ascenso y el papel de la cárcel en la modernidad capitalista, y aquí es útil postular mi tesis en relación con el rico entramado de investigaciones que él ha estimulado e impulsado. Coincido con el autor de Vigilar y castigar en el sentido de que la penalidad es una fuerza versátil y eminentemente fértil a la que se debe dar un lugar de privilegio en el estudio del poder contemporáneo.14 Si bien su medio originario reside en aplicar la coerción legal para hacer respetar las principales limitaciones del orden socio-moral, el castigo se debe ver no a través del prisma estrecho y técnico de la represión sino a través de la noción de producción. El agresivo despliegue del Estado penal ha engendrado nuevas categorías y discursos, nuevos cuerpos administrativos y políticas gubernamentales, tipos sociales renovados y formas asociadas de conocimientos en los ámbitos del delito y de la asistencia social. Pero aquí mi argumentación se distancia considerablemente del punto de vista de Foucault en cuanto al surgimiento y el funcionamiento de la sociedad punitiva en, por lo menos, cuatro aspectos.15 Para comenzar, Foucault se equivocó cuando esbozó el retrato de las cárceles. Las disciplinas se pueden haber diversificado y expandido para tender vigorosas redes de control en la sociedad, pero no por ello la cárcel se ha retirado de la escena histórica y ha "perdido su razón de ser".16 Por el contrario, el confinamiento penal ha mostrado una reaparición sorprendente y se ha reafirmado entre las misiones principales del Leviatán, justo cuando Foucault y sus seguidores predecían su retirada. Tras la explosión fundacional de los siglos XVII-XVIII y la consolidación del siglo XIX, el giro del siglo XX se coloca como la tercera "era del confinamiento", ya advertida por el penalista Thomas Mathiesen hacia 1990.17 Luego, más allá de sus usos en el siglo XVIII, las tecnologías disciplinarias no han sido desplegadas dentro de un sistema carcelario enorme y voraz de nuestro anterior fin-de-siècle. Clasificación jerárquica, imposición de horarios elaborados, prescindir de la ociosidad, control estricto y regimentación del cuerpo: estas técnicas de "normalización" se han vuelto impracticables a causa del caos demográfico producido por la sobrepoblación, la rigidez burocrática, la escasez de recursos y la indiferencia deliberada, si no la hostilidad, de las autoridades penales con respecto a la rehabilitación. En vez del dressage ("encauzamiento" o "domesticación") destinada a moldear "cuerpos dóciles y productivos", como postuló Foucault, la prisión contemporánea apunta a la neutralización bruta, al castigo maquinal y al simple almacenamiento por defecto, si no deliberado. Si hoy existen "ingenieros de la conciencia" y "ortopedistas de la individualidad" trabajando en la red de poderes disciplinarios, sin duda no lo están haciendo en los departamentos correccionales.18
En tercer lugar, los "dispositivos de normalización" de la institución carcelaria no se han expandido a través de la sociedad, a la manera de venas capilares que irrigan todo el cuerpo social. Antes bien, el ensanchamiento de la red penal bajo el neoliberalismo ha sido considerablemente discriminador: a pesar de los estallidos conspicuos del delito corporativo (epitomizado por el escándalo de Savings & Loans -es decir, los bancos de ahorro y préstamo de finales de la década de 1980- y por la bancarrota de Enron diez años después), ese ensanchamiento ha afectado, esencialmente, a los habitantes de las zonas más bajas del espacio social y físico. En realidad, el hecho de que la selectividad social y etnorracial de la prisión se haya mantenido, incluso fortalecido, en la medida en que ha ampliado su ingesta, demuestra que la penalización no es una lógica global que atraviesa ciegamente el orden social y rige sus diversos componentes. Por el contrario, es una técnica sesgada que no se aplica por igual en los diferentes niveles de clase, etnicidad y lugar, y que opera para dividir poblaciones y diferenciar categorías según concepciones establecidas de valor moral. A comienzos del siglo XXI, el (sub)proletariado urbano de Estados Unidos vive en una "sociedad punitiva", pero sin duda sus clases media y alta no forman parte de ésta. De igual manera, los esfuerzos por importar y adaptar los eslóganes y métodos de mantenimiento del orden al estilo de Estados Unidos -como la política de la tolerancia cero, el cumplimiento mínimo de la sentencia o los campamentos de entrenamiento para jóvenes- en Europa esos métodos han afectado a los infractores de clase baja e inmigrantes relegados en los barrios desfavorecidos, en medio del pánico por la "guetización" que se ha producido en todo el continente en la última década.
Por último, la cristalización de la pornografía de la ley y el orden, es decir, la inflexión y la inflación crecientes de la actividad penal concebida, representada y aplicada con el fin primordial de que las autoridades la exhiban de forma ritualizada y cuyo paradigma es la reintroducción semiabortada de los reos con uniformes a rayas y encadenados para los trabajos forzosos, sugiere que la afirmación sobre la muerte del "espectáculo del cadalso" en gran medida fue exagerada. La "redistribución" de "toda la economía del castigo"19 en el período post-fordista ha conllevado no a su desaparición de la visión pública como propuso Foucault, sino a su reubicación institucional, su elaboración simbólica y su proliferación social más allá de lo que cabía prever cuando se publicó Vigilar y Castigar. En los últimos veinticinco años se ha desarrollado y esparcido toda una galaxia de formas culturales y sociales nuevas, a decir verdad una auténtica industria que comercia con las representaciones de los delincuentes y del mantenimiento del orden. La teatralización de la penalidad ha migrado del Estado a los ámbitos mediático y político in toto, y se ha extendido hasta la ceremonia final de la sanción para abarcar toda la cadena penal, otorgando un lugar privilegiado a las operaciones policiales en los distritos con bajos ingresos y los enfrentamientos en el tribunal relacionados con acusados conocidos. La Place de Grève, donde el regicida Damiens fue célebremente descuartizado, ha sido suplantada no por el Panóptico, sino por la justicia televisada y la profusión de reality-shows sobre el crimen y el castigo que han inundado la televisión (Cops, 911, America's Most Wanted, American Detective, Bounty Hunters, Inside Cell Block F, etc. [títulos de programas sobre la justicia criminal emitidos en Norteamérica]), por no mencionar el uso de la justicia penal como material para boletines de noticias y series dramáticas.20 Es decir que la prisión no "reemplazó el juego social de las señales de castigo y el grosero festín que lo pone en movimiento".21 En cambio, ahora sirve como su marquesina institucional. Por todos lados la dramaturgia del mantenimiento de la ley y el orden ha dado lugar a un importante teatro cívico, en cuyo escenario los funcionarios elegidos se pavonean para dramatizar las normas morales y desplegar su capacidad profesional para ejecutar la acción decisiva, es decir, reafirmando la relevancia política del Leviatán en el mismo momento en que muestran su impotencia en relación con el mercado.
Esto nos conduce a la cuestión de los procedimientos políticos de la penalización, tema central del libro de David Garland La cultura del control, el estudio más completo y estimulante del nexo que existe entre el delito y el orden social desde Foucault. Según Garland, "los acuerdos sociales, económicos y culturales propios de la modernidad tardía" han moldeado "una nueva experiencia colectiva del delito y la inseguridad", a la que las autoridades han dado una interpretación reaccionaria y una respuesta ambigua que combina la adaptación práctica a través de "asociaciones preventivas" y una negación histérica a través de la "segregación punitiva".22 La consecuente reconfiguración del control del delito revela la incapacidad de los gobernantes para regular a los individuos y normalizar la sociedad contemporánea y su desconexión se ha hecho evidente en todos "los límites del Estado soberano".23 Para Garland, la "cultura de control", la fusión de todo el "nuevo dilema criminológico" que iguala los altos índices del delito con las limitaciones reconocidas de la justicia penal, señala y oculta a la vez un fracaso político. Por el contrario, Castigar a los pobres afirma que la contención punitiva ha resultado ser una estrategia política significativamente exitosa: lejos de "erosionar uno de los mitos fundacionales de la sociedad moderna", que sostiene que "el Estado soberano es capaz de imponer la ley y el orden",24 la ha revitalizado.
Al elevar la seguridad penal (sécurité, Sicherheit, sicurezza, etc.) al estadio de cuestión primordial de los gobernantes, los funcionarios estatales han condensado la conocida ansiedad entre clases y el resentimiento étnico siempre a punto de estallar generado por el deshilachado modelo fordista-keynesiano y los han dirigido hacia la delincuencia callejera (a menudo de piel oscura), mostrada como culpable de sembrar el desorden social y moral en la ciudad, junto con el disoluto beneficiario de la asistencia. Desplegar el Estado penal y asociarlo con el workfare ha dado a los altos funcionarios del Estado una herramienta eficaz para promover la desregulación laboral y, al mismo tiempo, contener los desórdenes que la desregulación económica provoca en los escalafones más bajos de la jerarquía socioespacial. Y lo que es más importante, ha permitido a los políticos saldar la falta de legitimidad que pesa sobre ellos cada vez que recortan el apoyo económico y las protecciones sociales que el Leviatán concede tradicionalmente. A diferencia de Garland, considero que la penalización de la pobreza urbana ha servido como un vehículo para la reafirmación ritual de la soberanía del Estado en el estrecho y teatralizado ámbito del mantenimiento del orden al que ha priorizado justamente con ese fin, en el mismo momento en que el Estado está aceptando su incapacidad para controlar los flujos de capitales, cuerpos y signos de distintas ideologías a través de sus fronteras. Esta divergencia de diagnóstico, por su parte, señala tres diferencias importantes entre nuestras disecciones respectivas del desvío punitivo en los países del Primer Mundo.
En primer lugar, la rápida y furiosa inclinación hacia la penalización observada a finales del siglo pasado no es una respuesta a la inseguridad penal sino a la inseguridad social. Para ser más precisos, las corrientes de ansiedad social que invaden a la sociedad avanzada se basan en la inseguridad social objetiva de la clase trabajadora postindustrial, cuyas condiciones materiales se han deteriorado con la difusión del trabajo inestable y mal remunerado, despojado de sus "beneficios" sociales habituales, y en la inseguridad subjetiva establecida en las clases medias, cuyas perspectivas de reproducción sin sobresaltos o de prosperar se han empañado cuando la competencia por las posiciones sociales valoradas se ha intensificado y el Estado ha reducido su provisión de bienes públicos. La noción de Garland de que "...los altos índices del delito se han convertido en un hecho social normal, una parte rutinaria de la conciencia moderna, un riesgo cotidiano que debe ser evaluado y controlado por toda la población" y, sobre todo, por la clase media, es desmentida por las estadísticas oficiales sobre el delito y por los estudios de victimización. Según las estadísticas oficiales de Estados Unidos, la delincuencia disminuyó o se estancó durante veinte años a partir de la década de 1970, antes de caer estrepitosamente en los años noventa, cuando la exposición a los delitos violentos varió ampliamente según el lugar ocupado en el espacio social y físico. Coincidentemente, los países europeos tienen índices criminales similares o más altos que los de Estados Unidos (salvo en las dos categorías específicas de robo y homicidio, que componen una mínima fracción de todos los delitos), y sin embargo han respondido de manera bastante diferente a la actividad delictiva, con índices de encarcelamiento de una quinta a una décima parte del índice norteamericano, ya que incluso estos han aumentado.
Esto nos lleva a la segunda diferencia: para Garland, la reacción del Estado ante el problema de un índice de delitos alto y una justicia poco eficiente ha sido inconexa e incluso esquizoide, mientras que, por mi parte, he destacado su coherencia global. Pero esa coherencia se hace visible sólo cuando el alcance del análisis se extiende más allá del binomio crimen y castigo y atraviesa el ámbito de las políticas, para vincular, por un lado, las tendencias penales con la reestructuración socioeconómica del orden urbano y, por otro lado, unir el workfare con el prisonfare. Lo que Garland caracteriza como "la ambivalencia estructurada de la respuesta estatal" no es tanto una ambivalencia como una división organizacional previsible en la tarea de controlar a los pobres que perturban el orden. Aquí la teoría de Bourdieu sobre el Estado nos ayuda a discernir las "estrategias adaptativas" que reconocen la capacidad limitada del Estado para contener el delito, subrayando que la prevención y el castigo se efectúan en el sector penal del campo burocrático, mientras que lo que Garland llama "estrategias no adaptativas" de "negación y dramatización" para reafirmar esa misma capacidad operan en el campo político, sobre todo en su relación con el campo periodístico.25
En tercer lugar, al igual que otros influyentes analistas del castigo contemporáneo, como Jock Young, Franklin Zimring y Michael Tonry, Garland entiende el giro punitivo como un producto reaccionario de los políticos de derechas.26 Pero Castigar a los Pobres ha demostrado, en primer lugar, que la penalización de la pobreza no es un simple retorno a un estado de cosas pasado, sino una genuina innovación institucional y, en segundo lugar, que de ningún modo es una criatura exclusiva de los políticos neoconservadores. Si bien los políticos de derecha inventaron la fórmula, sus rivales del centro e incluso "progresistas" la emplearon y refinaron. En realidad, el presidente que supervisó por lejos el mayor crecimiento del encarcelamiento en la historia de Estados Unidos (en cifras absolutas y por el índice de crecimiento de la población carcelaria, así como en cuanto a presupuesto y personal) no fue Ronald Reagan, sino William Jefferson Clinton. Del otro lado del Atlántico, la izquierda de Blair en Inglaterra, Schröder en Alemania, Jospin en Francia, d'Alema en Italia y González en España, fueron los que negociaron el giro hacia una penalización proactiva, y no sus predecesores conservadores, lo que se debe a que la primera causa del giro punitivo no es la modernidad tardía sino el neoliberalismo, un proyecto al que pueden adherir indistintamente los políticos de la derecha y los de la izquierda.
La mezcla de tendencias que Garland reúne bajo el término paraguas de modernidad tardía, "la dinámica modernizante de la producción capitalista y el intercambio comercial", cambios en la composición de los hogares y en los lazos de parentesco, así como en la ecología urbana y la demografía, el decepcionante impacto de los medios electrónicos, la "democratización de la vida social y cultural", no sólo son muy poco precisas y están débilmente relacionadas. Tampoco son peculiares de las últimas décadas del siglo XX ni específicas de Estados Unidos ni se exhiben de forma más pronunciada en los países socialdemócratas del norte de Europa que no han sido afectados por la ola internacional de penalización. Además, el inicio de la modernidad tardía ha sido gradual y evolutivo, mientras que las recientes permutaciones de la penalidad han sido bruscas y revolucionarias.
Castigar a los pobres sostiene que "los riesgos y las ansiedades" genéricos de "la sociedad de extraños, abierta, porosa y móvil, que es la modernidad tardía"27 no han impulsado las represalias contra las categorías de clase baja percibidas como carentes de méritos, desviadas e irrecuperables, sino la inseguridad social específica generada por la fragmentación del trabajo asalariado, el endurecimiento de las divisiones de clase y la erosión de la jerarquía etnorracial establecida que garantizan un monopolio efectivo sobre el honor colectivo de los blancos en los Estados Unidos (y de los nacionales en la Unión Europea). La súbita expansión y la exaltación consensuada del Estado penal a partir de mediados de los años setenta no es una lectura culturalmente reaccionaria de la "modernidad tardía", sino una respuesta de la clase dirigente para redefinir el perímetro y las funciones de Leviatán, con objeto de establecer un nuevo régimen económico basado en la hipermovilidad del capital y la flexibilidad laboral, y contener el torbellino social generado en las zonas más bajas del orden urbano por las políticas públicas de desregulación del mercado y contracción de la asistencia social que son los bloques fundacionales del neoliberalismo.

Una especificación sociológica del neoliberalismo

La invención de la doble regulación de las fracciones inseguras del proletariado postindustrial a través del matrimonio de las políticas social y penal en la parte más baja de la estructura de clases polarizada es una innovación estructural mayor que nos lleva más allá del modelo del nexo asistencia-pobreza elaborado por Piven y Cloward, justo cuando el régimen fordista-keynesiano estaba llegando a su fin. El nacimiento de ese artilugio institucional tampoco queda incluido en la visión de Michel Foucault de la "sociedad disciplinaria" o en la noción de David Garland de la "cultura de control", ninguna de las cuales explica el momento imprevisto, la selectividad socio-étnica y el camino organizacional peculiar del brusco giro de las tendencias penales en las décadas finales del siglo XX. Sucede que la contención punitiva de la marginalidad urbana a través de la simultánea activación de la red de seguridad social y el despliegue de la red policial y carcelaria, y su entramado, unidas, en una rejilla carcelaria y asistencial no es el producto de una tendencia social más amplia, ya sea el ascenso del "biopoder" o el advenimiento de la "modernidad tardía", sino, en el fondo, un ejercicio de gobierno estatal. Esa contención forma parte de la renovación concomitante del perímetro, las misiones y las capacidades de la autoridad pública en los frentes económico, asistencial y penal, una renovación que ha sido particularmente rápida, amplia y profunda en Estados Unidos, pero que está avanzando, o se está analizando, en todas las sociedades avanzadas sometidas a la implacable presión para ajustarse al patrón norteamericano.
Indagar sobre las causas y las modalidades del evidente giro de Estados Unidos hacia el hiperencarcelamiento abre una vía única al sanctum del Leviatán neoliberal y nos lleva a articular dos supuestos teóricos fundamentales. El primero es que el aparato penal es un órgano central del Estado que expresa su soberanía y sirve para imponer categorías, sostener divisiones materiales y simbólicas y moldear relaciones y conductas a través de la penetración selectiva del espacio social y el físico. La policía, los tribunales y la cárcel no son meros dispositivos técnicos para el mantenimiento de la ley y el orden, sino vehículos para la producción política de realidad y para el control de las categorías sociales desfavorecidas y difamadas y los territorios reservados para ellas. La segunda tesis es que la actual "revolución capitalista desde arriba" comúnmente llamada neoliberalismo implica la ampliación y exaltación del sector penal del campo burocrático, de tal modo que el Estado puede controlar las reverberaciones sociales causadas por la difusión de la inseguridad social en la zona más baja de la jerarquía étnica y de clases, así como calmar el descontento popular provocado por el abandono de sus obligaciones económicas y sociales tradicionales.
El neoliberalismo resuelve rápidamente lo que para la "cultural del control" de Garland sigue siendo una paradoja enigmática de la modernidad tardía, es decir el hecho de que "ahora el control se vuelve a enfatizar en cada aspecto de la vida social, con la excepción singular y destacada de la economía, desde cuyo sector desregulado surgen, por lo general, los principales riesgos de hoy".28 La reconstrucción neoliberal del Estado también explica el tenaz sesgo de clase, etnorracial y espacial que marca la simultánea retracción de su seno social y la expansión de su brazo penal: las poblaciones más directa y adversamente afectadas por la renovación convergente del mercado laboral y la ayuda pública resultan ser también los "beneficiarios" privilegiados de la amplitud penal de las autoridades. Por último, el neoliberalismo se relaciona mucho con la difusión internacional de las políticas punitivas en el ámbito asistencial y el delictivo. No es por casualidad que los países avanzados que primero han importado las medidas de workfare destinadas a apuntalar la disciplina del trabajo desocializado y luego las variantes de las medidas de justicia penal al estilo de Estados Unidos, sean las naciones de la Commonwealth que también aplican políticas agresivas de desregulación económica inspiradas en los "remedios" del "libre mercado" procedentes de Estados Unidos, mientras que los países que siguieron manteniendo un Estado fuerte para regular y contener la inseguridad social han resistido mejor al canto de sirena de la "tolerancia cero" y de "la cárcel funciona". De igual manera, sociedades del Segundo Mundo como Brasil, Sudáfrica y Turquía, que adoptaron planes penales superpunitivos inspirados por los desarrollos norteamericanos de los años noventa y con ello vieron aumentar su población carcelaria, no lo hicieron porque finalmente habían llegado a la etapa de la "modernidad tardía", sino porque habían tomado el camino de la desregulación del mercado y el retraimiento del Estado.29 Aunque para discernir esas múltiples conexiones entre el auge del Leviatán punitivo y el despliegue del neoliberalismo se necesita desarrollar una concepción precisa y amplia de éste. En lugar de descartar el neoliberalismo, como hace Garland, que lo considera "un fenómeno demasiado específico" como para explicar la escalada penal, debemos ampliar nuestra concepción al respecto y pasar de una interpretación económica a otra plenamente sociológica.
El neoliberalismo es una noción elusiva y cuestionada, un término híbrido torpemente suspendido entre el lenguaje llano del debate político y la terminología técnica de la ciencia social, que además suele ser citado sin referencias claras. Sea singular o polimorfa, evolutiva o revolucionaria, la concepción prevaleciente del neoliberalismo es esencialmente económica: hace hincapié en una serie de políticas favorables al mercado, como la desregulación laboral, la movilidad del capital, la privatización, un programa monetario de deflación y autonomía financiera, la liberalización del comercio, la competencia entre zonas y la reducción de la tributación y los gastos públicos.30 Pero esa concepción es acotada e incompleta, y está demasiado atada al discurso sermoneante de los defensores del neoliberalismo. Debemos ir más allá de este núcleo económico y elaborar una noción más sólida que identifique a la maquinaria institucional y los marcos simbólicos a través de los cuales se actualizan los supuestos neoliberales.
Ahora podemos proponer una caracterización sociológica minimalista como la que sigue. El neoliberalismo es un proyecto político transnacional destinado a reconstruir el nexo del mercado, del Estado y de la ciudadanía desde arriba. Este proyecto es conducido por una nueva clase dirigente global que se ocupa de definirlo, compuesta por directores y ejecutivos de empresas transnacionales, políticos de alto rango, administradores estatales y funcionarios de alto nivel de organizaciones internacionales (OCDE,31 OMC,32 FMI, Banco Mundial y UE), y por expertos técnicos y culturales a su disposición (entre los que se destacan los economistas, los abogados y los profesionales de la comunicación con formación y pensamiento similares en los diferentes países). Esta caracterización conlleva no sólo la reafirmación de las prerrogativas del capital y la promoción del mercado, sino la articulación de cuatro lógicas institucionales:

1. Desregulación económica, es decir re-regulación destinada a promover "el mercado" o los mecanismos similares al mercado como dispositivo óptimo, no sólo para guiar las estrategias corporativas y las transacciones económicas (bajo la égida de la concepción del valor accionista de la empresa), sino para organizar la gama de actividades humanas, incluida la provisión privada de bienes públicos básicos, con fundamentos putativos de eficiencia (lo que implica una desconsideración deliberada de las cuestiones de distribución de la justicia y la igualdad).

2. Descentralización, retracción y recomposición del Estado de bienestar con objeto de facilitar la expansión y apoyar la intensificación de la modificación, y en particular someter a las personas reticentes a la disciplina del trabajo desocializado a través de variantes del workfare que establecen una relación casi contractual entre el Estado y los beneficiarios de clase baja tratados no como ciudadanos sino como clientes o sujetos (estipulando sus obligaciones de conducta como condición para recibir la asistencia pública de forma continua).

3. El tropo cultural de la responsabilidad individual, que invade todas las esferas de la vida para proveer un "vocabulario de motivo", como diría Ch. Wright Mills, para la construcción del yo (sobre el modelo del emprendedor), la difusión de los mercados y la legitimación de la mayor competencia que genera, cuyo homólogo es la evasión de la responsabilidad corporativa y la proclamación de la irresponsabilidad del Estado (o una responsabilidad considerablemente reducida en asuntos sociales y económicos).

4. Un aparato penal expansivo, intrusivo y proactivo que penetra en las regiones más bajas del espacio social y el físico para contener los desórdenes y la confusión generados por la difusión de la inseguridad social y la profundización de la desigualdad, para desplegar la supervisión disciplinaria sobre las fracciones precarias del proletariado postindustrial y para reafirmar la autoridad del Leviatán con objeto de reforzar la legitimidad que están perdiendo los funcionarios elegidos.

Un postulado ideológico central del neoliberalismo es que conlleva el advenimiento del "gobierno pequeño", es decir, la contracción del supuestamente flácido y sobredimensionado Estado de bienestar keynesiano y su transformación en un Estado de trabajo obligatorio delgado y ágil, que "invierte" en capital humano y "activa" las fuentes comunitarias y los apetitos individuales por el trabajo y la participación cívica a través de "asociaciones" que apuntan a la autosuficiencia, el compromiso con el trabajo asalariado y el gerencialismo. Castigar a los pobres demuestra que el Estado neoliberal es bastante diferente en la realidad: si bien propugna el laisser-faire en los estratos superiores, aligerando así las restricciones al capital y mejorando las oportunidades de vida de los poseedores del capital económico y cultural, no hace nada parecido en los estratos inferiores. En realidad, cuando se trata de actuar ante la turbulencia social generada por la desregulación y de imponer la disciplina del trabajo precario, el nuevo Leviatán se muestra ferozmente intervencionista, autoritario y costoso. El lado suave de las propensiones libertarias que favorecen a la clase alta conduce hacia el lado duro del control autoritario, pues se centra en dirigir, incluso dictar, la conducta de la clase baja. El "gobierno pequeño", dentro del orden económico, luego genera un "gobierno grande" en el frente doble del trabajo obligatorio y la justicia penal. Los resultados del gran experimento norteamericano al crear la primera sociedad de la inseguridad avanzada en la historia están a la vista: el Estado penal invasivo, expansivo y caro no es una desviación del neoliberalismo sino uno de sus ingredientes.
Sorprendentemente, éste es un aspecto del neoliberalismo que ha sido ocultado o desestimado tanto por sus defensores como por sus detractores. Este punto ciego es notable en la celebrada reformulación de Anthony Giddens de los imperativos neoliberales en la plataforma del Nuevo Laborismo. En su manifiesto La tercera vía, Giddens subraya los altos índices del crimen en los distritos de clase trabajadora deteriorados como indicador de la "decadencia cívica" y curiosamente acusa al Estado de bienestar keynesiano por ello (no a la desindustrialización ni a la reducción de la asistencia social): "El igualitarismo de la vieja izquierda era noble en sus intenciones pero, como dicen sus críticos de la derecha, a veces ha tenido consecuencias perversas, visibles por ejemplo en la ingeniería social que ha dejado una herencia de distritos populares en decadencia y propensos al crimen". Giddens considera que "prevenir el delito y reducir el miedo al mismo" a través de las asociaciones entre el Estado y las localidades es fundamental para "la regeneración de la comunidad", y se adhiere a la mitología de la ley y el orden de las "ventanas rotas": "Una de las innovaciones más significativas en criminología en los últimos años ha sido el descubrimiento [sic] de que el deterioro diario de la civilidad se relaciona directamente con la criminalidad. [...] Los desórdenes de conducta que no se reprimen indican a los ciudadanos que esa zona es insegura".33 Pero Giddens omite cuidadosamente de esa ecuación el lado del castigo: La tercera vía no contiene ni una sola mención a la cárcel y pasa por alto el endurecimiento judicial y el boom carcelario que en todas partes han acompañado al tipo de desregulación económica y descentralización asistencial que promueve. Esa omisión es particularmente elocuente en el caso de Gran Bretaña, ya que el índice de encarcelamiento de Inglaterra y Gales pasó de 88 reclusos por cada 100.000 habitantes en 1992 a 142 por cada 100.000 en 2004, aun cuando el delito estaba disminuyendo, con lo que Anthony Blair presidió el mayor aumento de la población carcelaria en la historia del país (igualando la proeza de Clinton, su coauspiciante de la "tercera vía" del otro lado del Atlántico).
Una omisión similar de la centralidad de la institución penal en el nuevo gobierno de la inseguridad social se halla en los trabajos de eminentes críticos del neoliberalismo. La extensa caracterización de David Harvey del "Estado neoliberal" en su Breve Historia del neoliberalismo es un ejemplo que subraya pertinentemente las obstinadas limitaciones de la economía política tradicional del castigo que Castigar a los Pobres ha tratado de superar. Para Harvey, el neoliberalismo apunta a maximizar el alcance de las transacciones mercantiles a través de "la desregulación, la privatización y el recorte del Estado de muchos ámbitos de prestación social". Como en eras anteriores del capitalismo, la tarea de Leviatán es "facilitar las condiciones para una acumulación de capital rentable por parte del capital tanto interno como del extranjero", pero ahora esto se traduce en la expansión penal: "El Estado neoliberal recurrirá a legislación coercitiva y a tácticas políticas (normas antipiquetes, por ejemplo) para dispersar o reprimir formas colectivas de oposición al poder corporativo. El brazo coercitivo del Estado se ha fortalecido para proteger los intereses corporativos y, si es necesario, reprimir a los disidentes. Nada de esto parece ser coherente con la teoría neoliberal."34
Con sólo unas pocas menciones -y como "de pasada"- de la prisión y ni una línea dedicada al workfare, la explicación de Harvey del auge del neoliberalismo es terriblemente incompleta. Su concepción del Estado neoliberal resulta sorprendentemente limitada, en primer lugar porque sigue apegado a la concepción represiva del poder, en lugar de interpretar las múltiples misiones de la penalidad a través de la categoría expansiva de producción. Subsumir las instituciones penales bajo el rubro de la coerción le lleva a omitir la función expresiva y los efectos materiales derivados, para alimentar emociones colectivas y acentuar marcados límites sociales, así como para activar las burocracias estatales con objeto de moldear las relaciones y las estrategias sociales. Por tanto, Harvey considera que esa represión apunta a los opositores políticos, los dirigentes corporativos y los movimientos disidentes que desafían la hegemonía de la propiedad privada y el rédito (como la secta davidiana en Waco, los participantes en los disturbios de Los Ángeles en abril de 1991 y los activistas antiglobalización, que sacudieron la reunión del G-8 en Seattle en 1999),35 cuando los principales "blancos" de la penalización en la era post-fordista han sido las fracciones precarias del proletariado concentradas en los distritos desfavorecidos de las metrópolis duales que, bajo la presión urgente de la subsistencia diaria, tiene poca capacidad o interés en cuestionar la norma corporativa.36
En tercer lugar, para el autor de Urbanismo y desigualdad social37 el Estado "interviene" a través de la coerción sólo cuando se quiebra el orden neoliberal y para reparar las transacciones económicas, evitar los desafíos al capital y resolver las crisis sociales. En cambio, Castigar a los pobres sostiene que el actual activismo penal del Estado, traducido en "bulimia" carcelaria en Estados Unidos y frenesí policial en Europa occidental, es un rasgo continuo y habitual del neoliberalismo. En realidad no es el fracaso, sino el éxito económico lo que exige el despliegue agresivo de la policía, los tribunales y la cárcel en los sectores más bajos del espacio social y físico. Y los rápidos giros del torbellino de la ley y el orden son como un catálogo de la reafirmación de la soberanía estatal, no un signo de su debilidad. Harvey observa que el recorte del Estado de bienestar "deja a segmentos de la población cada vez más amplios expuestos a la pauperización" y que "la red de seguridad social se reduce a un mínimo en favor de un sistema que incide en la responsabilidad individual y en el cual la víctima siempre termina siendo la acusada".38 Pero no se da cuenta de que precisamente esos desórdenes normales, provocados por la desregulación económica y la retracción del Estado de bienestar, son de los que encarga el aparato penal globalmente, con la supervisión ejercida a través del workfare. En cambio, Harvey invoca al fantasma atemorizador del "complejo industrial carcelario" dando a entender que el encarcelamiento es un elemento importante de la búsqueda de ganancias y acumulación capitalistas cuando es un dispositivo disciplinario que implica un gran drenaje de las arcas públicas y un tremendo freno a la economía.
En cuarto y último lugar, Harvey entiende que la insistencia de los neoconservadores en la coerción y el restablecimiento del orden es un arreglo temporal para la inestabilidad crónica y los fallos funcionales del neoliberalismo, mientras que yo sostengo que el moralismo autoritario es un componente integral del Estado neoliberal cuando dirige su mirada hacia los estratos más bajos de la estructura de clases polarizada. Como Garland, Harvey debe dicotomizar artificialmente el "neoliberalismo" y el "neoconservadurismo" para explicar la reafirmación de la autoridad supervisora del Estado sobre los pobres, porque su estrecha definición economicista de neoliberalismo reproduce su ideología y trunca su sociología. Para elucidar la transformación paternalista de la penalidad en este cambio de siglo, necesitamos salir del binomio "crimen y castigo", pero también exorcizar de una vez y para siempre el fantasma de Louis Althusser, cuya concepción instrumentalista del Leviatán y la cruda dualidad del aparato ideológico y del represivo obstaculiza gravemente la antropología histórica del Estado en la era neoliberal. Siguiendo a Bourdieu, debemos prestar plena atención a la complejidad interna y la recomposición dinámica del campo burocrático, así como al poder constitutivo de las estructuras simbólicas de penalidad para comprobar la intrincada mezcla del mercado y la disciplina moral en los ámbitos de la economía, la asistencia y la justicia penal.39
En su meticulosa comparación de las medidas eugenésicas de los años 1920s., los campamentos de trabajo forzado de los años 1930s.y los esquemas de trabajo obligatorio de los años 1990s. en Inglaterra y Estados Unidos, Desmond King ha demostrado que las "políticas sociales iliberales" que tratan de conducir la conducta de los ciudadanos coercitivamente son "propias de la política demócrata liberal" y un reflejo de sus contradicciones internas.40 Aun cuando contravienen las normas de igualdad y libertad personal, tales programas se suelen aplicar porque idealmente son aptos para subrayar y reforzar los límites de la membrecía en tiempos de agitación; son vehículos para difundir la nueva solución de las élites estatales para atacar las condiciones ofensivas y restañar el resentimiento popular respecto a las categorías abandonadas o desviadas; y difunden las concepciones de alteridad que materializan la oposición simbólica y que arraigan en el orden social. Sin embargo, en cuanto al advenimiento del gobierno neoliberal de la inseguridad social, que combina trabajo restrictivo con cárcel expansiva, no se trata sólo de políticas del Estado que no sean liberales, sino de su mera arquitectura. Analizar el surgimiento y funcionamiento de la política punitiva de la pobreza en Estados Unidos tras la disolución del orden fordista-keynesiano y la implosión del gueto negro revela que el neoliberalismo produce no el recorte del gobierno, sino la instalación de un Estado centauro, liberal hacia arriba y paternalista hacia abajo, que presenta caras radicalmente diferentes en los dos extremos de la jerarquía social: un rostro bello y atento hacia las clases media y alta, y un rostro temible y sombrío hacia la clase baja.
Aquí cabe destacar que la construcción de un Leviatán con rostro de Jano que practica el paternalismo liberal no se ha producido según algunos esquemas maestros elaborados por dirigentes omniscientes. La aptitud general de la contención punitiva para regular la marginalidad urbana a principios de siglo es una áspera funcionalidad post-hoc surgida de la mezcla de un intento de política inicial, un ajuste burocrático secuencial, un ensayo y error político y una búsqueda de ganancias electorales en el punto de confluencia de tres corrientes relativamente autónomas de medidas públicas sobre el mercado del empleo no cualificado, la ayuda pública y la justicia penal. La complementariedad y el entramado de los programas estatales en estos tres ámbitos es, en parte, deliberada y en parte una propiedad emergente, impulsada por la necesidad práctica de manejar las contingencias concomitantes, su encuadre común a través de la lente del conductismo moral y el sesgo etnorracial compartido que marca sus operaciones habituales, con los (sub)proletarios negros del hipergueto en el punto de máximo impacto donde se encuentran la desregulación del mercado, la reducción de la asistencia social y la penetración penal.
Más allá de las modalidades de su advenimiento, es indiscutible que la mezquindad del ala asistencial y la generosidad del ala penal bajo la guía del moralismo han alterado la formación del campo burocrático de maneras que son profundamente injuriosas respecto a los ideales democráticos.41 Como sus miradas confluyen en las mismas poblaciones y territorios marginales, el trabajo precario obligado, como modo de disuasión, y la cárcel, como modo de neutralización, favorecen, en gran medida, diferentes perfiles y experiencias de ciudadanía en el espectro de clases. No sólo contravienen el principio fundamental de igualdad de trato por parte del Estado y en general coartan las libertades individuales de los desposeídos, sino que también socavan el consentimiento de los gobernados a través del despliegue agresivo de programas involuntarios que establecen responsabilidades personales en el mismo momento en que el Estado está retirando sus apoyos institucionales y eludiendo sus propias obligaciones sociales y económicas. Además "etiquetan" a las fracciones precarias del proletariado, de las que proceden los beneficiarios de la ayuda pública y los reclusos, con el sello indeleble de la falta de mérito. En resumen, la penalización de la pobreza divide a la ciudadanía según la línea de clases, cercena a la confianza cívica en la parte más baja y acrecienta la degradación de los postulados republicanos. El establecimiento del nuevo gobierno de la inseguridad social revela, in fine, que el neoliberalismo corroe, de forma constitucional, a la democracia.

Notas

1. Concepto vinculado a la asistencia con subsidios estatales que contemplan como obligación una contraprestación laboral que generalmente se realiza en condiciones de precarización y flexibilización del trabajo. A diferencia del welfare clásico, el workfare enfatiza el mérito individual por encima de la solidaridad colectiva.

2. Régimen carcelario establecido como contención para los sectores mayoritariamente masculinos del proletariado industrial precarizado en la era post-fordista, que se resienten y resisten al trabajo basura.

3. Este artículo es una versión corregida y abreviada de la "Coda teórica: un esbozo del estado neoliberal" de mi libro Castigar a los pobres. El gobierno Neoliberal de la Inseguridad Ciudadana, Gedisa, Barcelona, 2010.         [ Links ] El argumento que recorre el libro se despliega en cuatro pasos: Primero: el mapeo del declive y la miseria del Estado Social en Norteamérica, cuyo clímax se alcanza con el reemplazo del welfare por el workfare en 1996; segundo el seguimiento de las modalidades de crecimiento y apogeo del Estado Penal desde 1973 hasta el presente; tercero la explicación de porqué el activismo penal ha apuntado a dos "blancos privilegiados": el colapsado gueto negro y los vagabundos entendidos como delincuentes sexuales; y cuarto el análisis de las recientes declinaciones de las nuevas políticas de la inseguridad social en Europa Occidental para ofrecer una crítica de la nueva razón de la ley y el orden, las prescripciones para escapar a la trampa de las políticas punitivas, y una caracterización de la forma y las misiones del estado neoliberal.

4. "Espíritus de estado. Génesis y estructura del campo burocrático", en BOURDIEU, Pierre Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Anagrama, Barcelona, 1997, pp. 91-125 y tambié         [ Links ]n "La Dimisión del Estado", en BOURDIEU, Pierre -director- La miseria del mundo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007, pp. 161-181.         [ Links ]

5. BOURDIEU, Pierre "Espíritus de Estado...", cit., pp. 108 y 123.

6. YOUNG, Iris Marion "The Logic of Masculinist Protection: Reflections on the Current Security State", en FRIEDMAN, Marilyn (ed.) Women and Citizenship, Oxford University Press, Nueva York, 2005, p. 16.         [ Links ]

7. PIVEN, Frances Fox y CLOWARD, Richard A. Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare, nueva edición ampliada, Vintage, New York, 1993 [1° ed. 1971], p. xvi passim.         [ Links ]

8. PIVEN, Frances Fox y CLOWARD, Richard A. Regulating..., cit., xviii.

9. PIVEN, Frances Fox y CLOWARD, Richard A. Regulating..., cit., p. 21. La expansión penal y el activismo en el siglo XVI es reconocido "como de pasada" por Piven y Cloward: (p. 20, n. 32).

10. HASENFELD, Yeheskel "People Processing Organizations: An Exchange Approach", en American Sociological Review, vol. 37, núm. 3, June 1972, pp. 256-263.         [ Links ]

11. PIVEN, Frances Fox y CLOWARD, Richard A. Regulating..., cit., p., 409.

12. PIVEN, Frances Fox y CLOWARD, Richard A. Regulating..., cit., p. 424-25.

13. El papel catalítico de la división etnorracial en la reconstrucción del Estado después de la desintegración del modelo social fordista-keynesiano y el colapso del gueto negro es analizado en profundidad en: WACQUANT, Loïc, Deadly Symbiosis: Race and the Rise of the Penal State, Cambridge, Polity Press, 2008.         [ Links ]

14. FOUCAULT, Michel Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión, Siglo XXI, México, 1976.         [ Links ]

15. Aquí no es posible ofrecer el debate matizado que merece el análisis de la penalidad efectuado por Foucault. Nos limitaremos a observar que hay por lo menos dos Foucault(s) dialogando en sus escritos sobre el tema. El primero describe el castigo como "una función regular, coextensiva de la sociedad" FOUCAULT, Michel Vigilar y castigar..., cit., p. 94, que ejemplifica una nueva forma de "conocimiento del poder" pastoral orientado a producir subjetividades distintas en la era moderna. El segundo insiste en la rentabilidad política y económica de la sanción penal, su papel al reproducir "una oposición de clases", y la relación entre la reestructuración de la "economía de las ilegalidades" y los requisitos de la producción capitalista [FOUCAULT, Michel Vigilar y Castigar..., cit., p. 85].

16. FOUCAULT, Michel Vigilar y Castigar..., cit., pp. 316 y 307.

17. MATHIESEN, Thomas Prison on Trial: A Critical Assessment, Sage, London, 1990, p. 14.         [ Links ]

18. FOUCAULT, Michel Vigilar y Castigar..., pp. 301.

19. FOUCAULT, Michel Discipline and Punish, pp. 16/15.         [ Links ]

20. En Estados Unidos, el drama del mantenimiento del orden "es la forma más popular de entretenimiento televisivo". De tal modo que "en una semana cualquiera, en el Prime Time, la audiencia podrá ver a 30 oficiales de policía, 7 abogados y 3 jueces, pero sólo a un científico y sólo a un pequeño número de obreros". Katherine Beckett y Theodore Sasson, The Politics of Injustice (Thousand Oaks, CA, Pine Forge Press, 2000): 104. Los reality-shows televisivos han proliferado en otras sociedades avanzadas en los años noventa (por ejemplo, Crimewatch UK en Gran Bretaña, Aktenzeichen XY... Ungelöst en Alemania, Témoin Numéro Un en Francia, Oposporing Verzocht en Holanda), que también han sido invadidas por programas de Estados Unidos. En realidad, el renovado imaginario de la ley y el orden de Estados Unidos se ha vuelto global a través de la difusión planetaria de series de televisión como CSI, La Ley y el orden, Miami Vice, NYPD Blue y Prison Break.

21. FOUCAULT, Michel Vigilar y Castigar..., cit. pp. 136.

22. GARLAND, David La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Gedisa, Barcelona, 2005, pp. 182- 188.         [ Links ]

23. "Las negaciones y los gestos expresivos que han marcado las recientes políticas penales no pueden ocultar el hecho de que el Estado está seriamente limitado en su capacidad para proveer seguridad a sus ciudadanos y ofrecer niveles adecuados de control social. [...] En el complejo mundo diferenciado de la modernidad tardía, el gobierno efectivo, legítimo, debe delegar el poder y compartir la tarea de control social con las organizaciones y las comunidades locales." GARLAND, David La cultura del control..., cit., p. 330.

24. FOUCAULT, Michel Vigilar y..., cit., p. 108.

25. Sobre la diferenciación analítica e histórica de la política con respecto al campo burocrático, y su respectiva localización en el campo de poder ver: WACQUANT, Loïc -editor- El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política democrática, Gedisa, Barcelona, 2005, pp. 6-7, 14-17 y 142-146.         [ Links ].

26. YOUNG, Jock The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity, Sage, London, 1999;         [ Links ] ZIMRING, Franklin; HAWKINS, Gordon y KAMIN, Sam Punishment and Democracy: Three Strikes and You're Out in California, Oxford University Press, New York , 2001;         [ Links ] TONRY, Michael Thinking about Crime: Sense and Sensibility in American Penal Culture, Oxford University Press, New York, 2004.         [ Links ]

27. GARLAND, David La cultura del Control..., cit., p. 273.

28. GARLAND, David La cultura del Control..., cit., p. 315, la cursiva es nuestra.

29. WACQUANT, Loïc Las cárceles de la miseria, Editorial Manantial, Buenos Aires, 1999.         [ Links ]

30. De una vasta (y desigual) bibliografía sobre las disciplinas, véase los minuciosos análisis de FLIGSTEIN, Neil The Architecture of Markets, Princeton University Press, Princeton, 2001;         [ Links ] CAMPBELL, John y PEDERSEN, Ove (eds.) The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis Princeton University Press, Princeton, 2001;         [ Links ] COMAROFF, Jean y COMAROFF, John L. Millennial Capitalism and the Culture of Neoliberalism, Duke University Press, Durham y Londres, 2001;         [ Links ] BRENNER, Neil y Theodore, Nik (eds.) Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe, Wiley/Blackwell, Nueva York, 2002;         [ Links ] y DUMÉNIL, Gérard y LÉVY, Dominique Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 2004.         [ Links ]

31. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

32. Organización Mundial del Comercio.

33. GIDDENS, Anthony The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity Press, Cambridge, 1999 [trad. cast. La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia, Taurus, Madrid, 2003, pp. 16, 78-79, y 87-88.         [ Links ]]

34. HARVEY, David A Short History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York, 2005, citas pp. 2-3 y p. 77 respectivamente. [Trad. cast. Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid, 2007.         [ Links ]]

35. HARVEY, David A Short History..., p. 83.

36. Harvey identifica como los principales "blancos" de la represión estatal al islam radical y a China en el frente exterior y a "los movimientos disidentes internos". HARVEY, David A Short History..., p. 83. Pero contener movilizaciones episódicas y pequeñas contra el poder corporativo y la injusticia estatal no requiere poner a millones de personas tras las rejas.

37. HARVEY, David Urbanismo y desigualdad social, Siglo XXI, Madrid, 1977.         [ Links ]

38. HARVEY, David A Short History..., p. 76.

39. BOURDIEU, Pierre "Espíritus de Estado...", pp. 116-117, y Loïc Wacquant, "Symbolic Power and the Rule of the "State Nobility," in The Mystery of Ministry, pp. 133-150. [Hay Trad cast. "Tras las huellas del Poder Simbólico. La disección de la "Nobleza de Estado"         [ Links ], en El misterio del ministerio..., cit.]

40. KING, Desmond In the Name of Liberalism: Illiberal Social Policy in the United States and Britain, Oxford University Press, New York, 1999, 26.         [ Links ]

41. Para una especificación de las condiciones republicanas y liberales de la democracia en juego en este caso véase HELD, David Models of Democracy, Stanford University Press, Stanford, 1996.         [ Links ]

Recibido con pedido de publicación el 20/09/2011
Aceptado para su publicación el 01/10/2011
Versión definitiva recibida el 15/10/2011