REFLEXIÓN

Los desafíos de la democracia argentina en el bicentenario de la Revolución de Mayo*

por Liliana De Riz**

* Ponencia presentada en el Congreso:"El Bicentenario desde una mirada interdisciplinaria: legados, conflictos y desafíos" Universidad Nacional de Córdoba, 29 de mayo de 2010.
** CONICET, U.B.A. E-mail: liliana.deriz@fibertel.com.ar.

Resumen

En 1910 había conciencia de que un ciclo había concluido. Comenzaba un tiempo de reformas y Argentina era un laboratorio social y político. Este segundo Centenario, en contraste con el clima de ideas de la primera década del siglo XX,  se caracteriza por la ausencia de debate público sobre el rumbo del país, sobre cuál es el lugar de Argentina en el mundo y sobre cómo se imagina la Argentina del tercer Centenario. El ejercicio del poder fundado en una peculiar concepción del mandato presidencial, del método para dirimir conflictos y del uso de los bienes públicos configuró una democracia plebiscitaria.

Palabras clave: Argentina; Historia; Centenario; Bicentenario; Democracia

Abstract

In 1910 there was awareness that a cicle had conclude. It started a time of reforms and Argentina was a social and political laboratory. In this second centenary, in contrast to that atmosphere of ideas, there is absence of public debate about the course of the cuontry, its place in the world and how the third centenary is imagined. The exercise of power, based on a peculiar conception of the presidential mandate, the method to resolve the differences and the use of public goods shaped a plebiscitary democracy.

Key words: Argentina; History; Centenary; Bicentenary; Democracy

El segundo centenario de la Revolución de Mayo invita a hacer balances y a poner la mirada en el tercer centenario que iniciamos: de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo, hacia dónde queremos ir. Entre los temas a los que convoca esta celebración, el de la democracia adquiere particular relevancia. La forma en que las naciones conciben los modos de organización y regulación de la vida política y social está siendo revisada para encontrar respuestas a nuevos y variados interrogantes abiertos por las transformaciones de la década del 90 y los avances de la globalización. Los viejos dilemas que atenazaron a los hombres del Centenario se actualizan en estos tiempos de vertiginosos cambios y se tornan acuciantes ante la desigualdad y la pobreza que desgarran a la sociedad argentina. Cómo lograr la síntesis e integrar libertad, igualdad, justicia e instituciones sigue siendo una pregunta que busca respuestas. Entonces se discutía sobre una nueva política para una nueva sociedad, y como en la actualidad, estaban en cuestión los mecanismos de mediación entre la sociedad y el poder —la representatividad de la política— y las estrategias para lograr la integración territorial y social. El Centenario fue un tiempo de reflexión, de balance entre los logros,  los conflictos y las debilidades del orden vigente, pero también de imaginación sobre el futuro. Fue un tiempo de debate de ideas y de vocación reformista.

Entre 1810 y 1880 la tarea central había sido la organización del Estado. En 1910 había conciencia de que un ciclo había concluido. Comenzaba un tiempo de reformas y Argentina era un laboratorio social y político. Este segundo Centenario, en contraste con el clima de ideas de la primera década del siglo XX,  se caracteriza por la ausencia de debate público sobre el rumbo del país, sobre cuál es el lugar de Argentina en el mundo y sobre cómo se imagina la Argentina del tercer Centenario. Como dijo un joven en Argentina: "si se niegan a ver dónde estamos parados, jamás van a saber hacia dónde estamos yendo". La ausencia de estrategias de inserción a medio plazo, infraestructura y perfiles productivos diversificados, que son la clave de países que prosperan, muestra gobiernos que reparan pero no reforman.

Los debates sobre los significados del Bicentenario se confinaron al ámbito académico y las grandes preguntas acerca de las reformas necesarias para encontrar las soluciones para los problemas del sistema político,  la pobreza y  la desigualdad no fueron el centro de la vida política. Hubo festejos pero poca reflexión. Hubo más pasado que futuro: insistencia en mostrar de dónde venimos, pero no hacia dónde vamos y menos aún, debates sobre hacia dónde queremos ir.

1910 fue un año de balance sobre el siglo transcurrido desde la revolución. Transformar libertades en derechos y deberes era uno de los ejes alrededor de cual se organizó entonces la búsqueda de la institucionalización del país que se perfilaba al compás del espectacular crecimiento iniciado a finales del XIX. Indagar sobre la nacionalidad era el otro gran tema. En el Juicio del Siglo, Joaquín V. González reflexionaba sobre el fin de la época emancipadora y el inicio de una etapa signada por la necesidad de imaginar las formas de asegurar la integración y la soberanía argentina en las nuevas  condiciones económicas, sociales y políticas que planteaban problemas para los que la República posible ideada por Alberdi no tenía las respuestas.

Una democracia política de participación restringida cuya legitimidad hacía aguas bajo el impacto de aceleradas transformaciones,  dio impulso a la multiplicación de voces que se abrieron camino en el espacio público para presentar sus propuestas de cambio. La sanción de la ley del sufragio masculino y obligatorio fue la culminación de intensos y ríspidos debates sobre la República verdadera. Eran tiempos de reforma institucional, revisión del sistema electoral, cuestionamientos al régimen presidencialista y al funcionamiento de la organización federal del Estado. Las ambigüedades y las dificultades de encontrar la síntesis e integrar la tradición liberal con la aspiración democrática   caracterizaron los debates de la época.

Argentina era un país muy rico, habitado por una sociedad aluvional  y sacudido por conflictos sociales y políticos. El informe sobre "El estado de las Clases Obreras Argentinas" de Juan Bialet Massé, en 1904, había arrojado luz sobre las condiciones de vida de los sectores populares, pero la cuestión social no dejó de ser una cuestión policial hasta avanzado el siglo XX. El proyecto de ley del Trabajo propuesto por Joaquín V. González ese mismo año y que incluía la jornada de ocho horas, la cobertura de accidentes de trabajo y la igualdad para la población indígena, no logró la aprobación del Congreso. El ascenso y progreso individual y colectivo distinguieron a esta sociedad como una excepción latinoamericana y cimentaron las bases sobre las que se construyó la identidad nacional. El futuro aparecía como progreso indefinido incluso ante aquellos que impugnaban el orden vigente. En el país pujante,  las luchas por la ampliación y la transparencia del sistema político, encarnadas en la Unión Cívica Radical, lograron el objetivo temprano de ensanchar la participación política. Hubo que esperar a la irrupción democratizadora de la segunda posguerra, encarnada en el peronismo, para consagrar los derechos sociales de los trabajadores. Fue recién en 1947 cuando se extendió el derecho de sufragio a las mujeres.

La Argentina que celebró su formidable crecimiento en el Centenario, mostraba las falencias de su sistema político. Joaquín V. González juzgará en su balance esas carencias y subrayará que el imperio de la "ley del odio" nos condenaba a las luchas facciosas que ensombrecían el camino al futuro. Su programa fundado en la libertad y el deber como principios rectores de la participación de cada uno en la sociedad, cobra actualidad cuando la democracia se escinde de la república, y la corrupción y la impunidad someten a la ley.  Ya Carlos Pellegrini había advertido que "nos faltaba algo esencial: ignoramos las prácticas y los hábitos de un pueblo libre y nuestras instituciones escritas son sólo una promesa o una esperanza. El artículo 10 de la Constitución dice que la República adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal. La verdad real y positiva es que nuestro régimen, en el hecho, no es representativo, ni es republicano, ni es federal..."¹. La volatilidad de normas, y sobre todo, de los comportamientos de los actores que acompaña a los cambios en las relaciones de poder, y el bajo grado de cumplimiento de las reglas escritas, han sido una constante en la sociedad argentina. Entonces como en la actualidad, no bastaba con disponer de nuevas y mejores regulaciones. Resultaban imprescindibles, además, las prácticas  y valores republicanos asentados en las virtudes cívicas que son el cemento de la vida en común. Aunque es preciso no olvidar lo que Montesquieu afirmaba: "hasta la virtud tiene necesidad de límites".

La primacía a los aspectos sociales sobre los civiles y políticos combinada con la recuperación de elementos del patrimonialismo y del corporativismo en la organización de las demandas de la sociedad, dio un perfil a la ciudadanía muy distinto del  republicano. Una cultura cívica de la confrontación y la descalificación del adversario y una forma de ejercicio plebiscitario del poder continúan modelando la vida política argentina. Hemos dejado atrás la utopía armada y  el terrorismo de Estado que sumió a la Argentina en el horror. Sin embargo, la "ley de las discordias civiles" de Joaquín V. González continúa marcando el estilo de la vida política argentina y todavía "los argentinos deben aprender que el odio debe ser desterrado de la política y la rabia negociada" según una frase de Ulises de Guimaraes que bien describe la intolerancia política como rasgo de las elites dirigentes.  

Una concepción del orden político ideal  que excluye el conflicto y supone la realización de una idea homogénea de la comunidad y el bien común, fue arraigando en la sociedad argentina. Para esta concepción el conflicto es sinónimo de violencia y se nutre de los enemigos que acechan. Que el conflicto es ineludible en la sociedad y que  el buen orden político es el que  logra contener el conflicto en el marco de las instituciones y  evitar que se exprese por fuera y en contra de las mismas,  ha sido una concepción devaluada por quienes la consideran como una variante del reduccionismo institucionalista. Adoptar esta idea del orden político implica ser tolerante para  convivir sin escándalo ni sobresalto con lo diverso, siempre que se atenga a las leyes, y supone una cultura cívica orientada hacia la negociación y el compromiso. Nuestro sistema político trabado por los "odios de facción" ha sido la clave de las crisis reiteradas que culminaron en golpes militares antes de 1983 y luego, en soluciones paraconstitucionales o parlamentarias con su legado de retroceso económico.

El ejercicio del poder fundado en una peculiar concepción del mandato presidencial, del método para dirimir conflictos y del uso de los bienes públicos configuró una democracia plebiscitaria. En cuanto al mandato del presidente, persiste una arraigada creencia en que el presidente es portador de una misión histórica que lo habilita a repartir premios y castigos sin rendir cuentas a nadie. El método consiste en manipular las reglas para conservar el poder, reemplazar el debate por el monólogo excluyente. La  apelación a la unidad contra los enemigos fabrica los apoyos. La fórmula aplicada por los gobiernos reza: "nosotros", identificados con "el pueblo", contra "ellos", enrolados en un grupo de interés.  El poder del ejecutivo es el alfa y el omega del sistema político, se nutre de la desconfianza rousseauniana hacia la democracia representativa liberal, defiende las negociaciones directas con el presidente por encima de los órganos de representación y tiende a reforzar la conciencia corporativa de derechos adscriptos que deben provenir del Estado. En cuanto a la concepción de lo público, se utilizan los recursos del Estado  como botín político para premiar lealtades en desmedro de la gestión estatal y la modernización del Estado. Reina la confusión entre Estado y gobierno y el Estado pasa a ser el ámbito privilegiado de un "capitalismo de amigos", con vínculos poco transparentes entre los mercados y la política.

Vivimos en una democracia que en 1983 inauguró el período constitucional más largo de nuestra historia. Los valores del pluralismo y los derechos humanos se han afirmado en la sociedad. La democracia argentina sobrevivió a la crisis política de 1989 y resistió también  el colapso de la economía y los estallidos sociales de finales de 2001.  A lo largo de poco más de un cuarto de siglo, las elecciones limpias y sin restricciones y alternancia en el poder, logros que dejan atrás una historia de fraudes y proscripciones, son necesarios pero no suficientes. La  creciente erosión de los controles al ejercicio abusivo del poder y la pérdida de confianza en los partidos políticos como representantes de la voluntad y de las aspiraciones de los ciudadanos, son los síntomas inequívocos de la crisis de las instituciones que legitiman el uso del poder. En el presente, los escándalos de corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico se combinan con niveles de pobreza y desigualdad que agravan la distancia entre la sociedad  y las instituciones políticas y corroen la confianza de los ciudadanos. "Que se vayan todos" fue la consigna que despertó la crisis de 2001 y la desconfianza que generó en la sociedad no se ha disipado aún.   

Con instituciones republicanas frágiles, erosionadas por la desconfianza, la democracia carece de equilibrios y contrapesos. Es una democracia de partidos fragmentados en las que las alianzas electorales no terminan de construirse como  coaliciones de gobierno con  solidez programática y larga vida; una democracia en la que los conflictos sociales tienden a dirimirse fuera del parlamento a través de  modalidades de acción directa. Las elecciones se convierten en plebiscitos personales, el combate por el favor del público suplanta al debate de programas y la política se decide en función de la retórica mediática. Los derechos sociales se sustituyen por las dádivas del clientelismo, el federalismo por la subordinación de las provincias al poder central, el empresariado eficiente y competitivo por el capitalismo de amigos subsidiado por el Estado. Una democracia que descansa en premios y castigos; y en un Estado que no es eficiente, ni innovador, ni transparente.

Argentina es una sociedad que se ha ido empobreciendo desde el último cuarto del siglo pasado y ha debilitado sus mecanismos de integración social. El hábitat desgarrado por la desigualdad y la inseguridad, refleja las huellas que la crisis de finales de 2001 ha dejado en la sociedad. La Argentina de las clases medias, la movilidad y la integración social ha quedado atrás y pese al excepcional lustro de crecimiento sostenido a lo largo de esta primera década, en la actualidad los niveles de pobreza e indigencia siguen condicionando la política pública. Una sociedad polarizada, con importantes sectores fuera del mercado, contrasta con la sociedad imaginada por los hombres del Centenario. El siglo XX no ha sido "el desarrollo más pleno y seguro de la gran curva ascendente que comienza con la primera década de la vida de la constitución" como lo preveía Joaquín V. González. Los recurrentes ciclos económicos y el atraso relativo durante la segunda mitad del siglo pasado, combinados con  la inestabilidad política crónica a partir del golpe militar de 1930, desperdiciaron oportunidades de construir una democracia republicana, una sociedad de bienestar y un crecimiento sostenido. La cíclica oscilación del ánimo colectivo, de la ilusión al desencanto y del desencanto a la furia, acompañó los avatares de la economía.          

¿Cómo imaginar el futuro y diseñar las políticas que encuentren un lugar en el mundo y definan un rumbo sostenido en el tiempo si la sociedad argentina carece de los instrumentos para conocerse? La manipulación de las estadísticas oficiales hoy quita credibilidad a la información que produce el Estado y construye un país de ficción. En la primera década del siglo XXI la democracia enfrenta el desafío de construir un sistema político capaz de mediar entre la sociedad y el poder y de dar respuesta con justicia a la pobreza y la desigualdad. Lograr esta meta  exige un sistema de representación eficaz, un Estado con capacidad de gobernar; un gobierno equitativo, previsor y preventivo, eficaz, oportuno y razonable; liderazgos democráticos capaces de hacer viables coaliciones reformistas innovadoras fundadas en el diálogo y la deliberación. Ese es el camino hacia una democracia republicana fundada en el gobierno de las mayorías, el respeto de las minorías, el diálogo que sustituye al monólogo y la solidaridad. La oposición entre democracia formal y sustantiva, entre medios y fines, que alimentó los años de la violencia, tiene que quedar atrás. Las formas cuentan tanto como los fines y ésta ha sido una comprobación amarga que la dictadura militar nos dio entre 1976 y 1983. La escisión entre república  y democracia y entre democracia y justicia social pavimentó la vía autoritaria del  progreso social.

Dos dimensiones, tan indispensables la una como la otra, están presentes en la democracia. Una dimensión que se expresa en los órdenes constitucionales mediante los cuales funciona y cuyo fin es producir la alternancia en el poder  sin violencia, controlar a quienes ejercen el poder y dar la voz al pueblo. Y otra dimensión que se realiza mediante las políticas públicas destinadas a crear las condiciones para que los derechos y las libertades sean efectivos y contribuyan a reducir las desigualdades. La construcción de mecanismos que eleven de manera organizada la participación popular en la vida republicana y  rompan los impasses entre los poderes políticos debiera ser uno de los ejes del debate actual.

Doscientos años de historia, con sus logros y sus fracasos, deberían poder ayudarnos a encontrar el camino hacia una vida democrática, republicana y solidaria. Para encontrarlo, sin duda se requiere que la política de las emociones —saludable para soldar el vínculo social tan desgarrado hoy y reafirmar la pertenencia a una comunidad política que marca un destino común— se complemente con una política de la reflexión sobre los problemas que nos aquejan y sobre las reformas del Estado, del sistema político y  de la economía  que hagan posible un futuro mejor. Superar la actual simplificación y pobreza del debate público y el conformismo que conllevan, es uno de los mayores desafíos que enfrenta la sociedad y la dirigencia argentina.

NOTAS:

¹ Discurso ante la Cámara de Diputados de la Nación,  9 de marzo de 1906.         [ Links ]