REFLEXIÓN

Los liderazgos políticos y sus dilemas en el presente de Argentina y Chile

 

por María Luisa Diz*

* UBA/Conicet/IDES. E-mail: mariludiz@hotmail.com.

 

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Resumen

El objetivo del presente trabajo es analizar comparativamente las características y estilos de los liderazgos políticos y sus dilemas en Argentina y Chile, específicamente, las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y de Sebastián Piñera, teniendo en cuenta los análisis de De Riz sobre Argentina, de Garretón y Huneeus sobre Chile, y el análisis de los modelos de acción presidencial y de los gobiernos de coalición en el sistema presidencial en América Latina.

Palabras clave: Liderazgos políticos; Dilemas; Presidencias; Argentina; Chile

Abstract

The aim of this paper is to analyze comparatively the characteristics and styles of political leaderships and their dilemmas in Argentina and Chile, specifically, the presidencies of Cristina Fernández de Kirchner and Sebastián Piñera, keeping in mind the analysis of De Riz about Argentina, of Garretón and Huneeus about Chile, and the analysis of the presidential action models and of the coalition goverments in the presidential system in Latin America.

Key Words: Political leaderships; Dilemmas; Presidencies; Argentina; Chile.

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I. Introducción

El presente artículo se propone analizar de manera comparativa, por un lado, las características y los estilos de los liderazgos políticos de los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Sebastián Piñera, y por otro lado, los dilemas a los que se enfrentan estos liderazgos presidenciales en relación a sus posiciones político-institucionales y a sus desenvolvimientos en los contextos socio-económicos en los que se encuentran insertos. Para ello, partiremos de la noción de "liderazgo político" de Fabbrini (1999) para examinar los liderazgos presidenciales. Luego tomaremos los análisis de De Riz sobre el estilo de liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y las demandas de la clase media argentina frente a su gestión (2008, 2009, 2010), y los análisis de Garretón (2010) y Huneeus (2011a, 2011b) sobre el estilo de liderazgo de Sebatián Piñera y la necesidad de reformas político-institucionales en el sistema chileno. Asimismo, se tendrán en cuenta los estudios sobre los modelos de acción presidencial, en particular, de Argentina y Chile, según Cavarozzi (2010), y sobre los gobiernos de coalición en el sistema presidencial latinoamericano, de acuerdo a Deheza (1998), para comprender el sistema político chileno.
Fabbrini (1999) define la noción de "liderazgo político" como una actividad que supone una serie de relaciones por parte de quien lo ejerce. Mientras la noción de "líder" comprende a "un individuo en particular investido de un poder decisional", la de "liderazgo" se refiere a "la naturaleza de acción decisional realizada por ese individuo" (Fabbrini 1999: 10). En este sentido, mientras el líder remite a un actor, el liderazgo supone una acción y una actividad. El liderazgo, en el caso del presidente, constituye la forma de gobernar e implica las relaciones que aquel establece con los partidos, los otros poderes del Estado y la sociedad. Esta noción permite analizar cuál es la posición del presidente en relación a los actores políticos e instituciones, en un determinado contexto socio-económico. Teniendo en cuenta la tradición caudillista de las democracias latinoamericanas y la creciente personalización del poder en las últimas décadas, varios autores, entre ellos Fabbrini (2009), al anunciar "el ascenso del príncipe democrático", han señalado la relevancia actual de los liderazgos.
Según Marcelo Cavarozzi (2010), a partir del cierre de la "media década perdida" (1998-2002/2003) en América Latina, a la cual se refiere Ocampo (2004), se clausuró un período de caída del producto bruto y del crecimiento de la desigualdad, marcando el ocaso de la "panacea neoliberal", para la cual la política era concebida como un ejercicio limitado a la práctica electoral y su objetivo principal era ratificar el proceso de repliegue del Estado y de apertura de la economía implementada por los tecnócratas neoliberales y sus ejecutores políticos, los "hiperpresidentes". Además, el mencionado cierre de la media década perdida puso fin a un quinquenio turbulento para la política latinoamericana, el cual incluyó cambios de signo partidario en el poder, debacle o desalojo de partidos o coaliciones en el gobierno por el impacto de la crisis de la deuda externa de 1982 y quiebres con tradiciones políticas, algunas anteriores a las transiciones democráticas. Este cierre contribuyó al "retorno de la política", es decir, a la recuperación de la política como herramienta para la transformación social. En este nuevo contexto, la centralidad del rol presidencial adquirió nuevos sentidos y se produjo el retorno de figuras presidenciales fuertes que, en algunos casos, parecen reelaborar patrones personalistas del pasado.

II. Liderazgos políticos: características y estilos

Según el análisis de los modelos de acción presidencial en América Latina, Argentina corresponde a los denominados "presidencialismos débiles" que se caracterizan por ser "presidencias establecidas en sistemas multipartidarios en los cuales la mayoría o la totalidad de los partidos están seriamente fragmentados. Los acuerdos sobre las reglas de juego, cuando se producen, son efímeros. Vinculadas a liderazgos que no logran consolidarse y en los cuales los parlamentos oscilan entre la sumisión al incumbent y bloqueos sistemáticos de las iniciativas presidenciales" (Cavarozzi 2010: 67).
La fragmentación y el debilitamiento de los partidos políticos opositores y la supresión arbitraria de las elecciones internas del Partido Justicialista por parte del entonces presidente Néstor Kirchner, quien renunció a postularse a la reelección para designar a su esposa Cristina Fernández como sucesora en el cargo, favorecieron el triunfo de ésta en las elecciones presidenciales de octubre de 2007, convirtiéndose en la primera mujer elegida para el cargo, y la segunda en ejercerlo, a través de la versión inédita de la "sucesión matrimonial", vulnerando el precepto según el cual el presidencialismo puede influir en la sucesión pero no organizar el orden sucesorio (De Riz 2008).
Cristina Fernández continuó y profundizó la línea política implementada por su esposo, la cual podría resumirse en la concepción de un Estado interventor en materia de política redistributiva, de derechos humanos, de educación, ciencia y tecnología, de comunicación, de reestatización, de desendeudamiento y de relaciones internacionales. La continuidad y profundización de dichas políticas, sobre todo en el plano económico, le permitieron reafirmar la autoridad presidencial, condición de la gobernabilidad democrática en un país presidencialista, en el doble sentido del término, eficacia en la satisfacción de demandas sociales y reconocimiento social de la autoridad estatal (De Riz 2008).
Pero la reafirmación de la autoridad presidencial encarnada en la figura de Cristina Fernández se dio también por la continuidad del equipo de ministros y por las características y el estilo de liderazgo de su esposo, específicamente, en la estructura verticalista y fragmentada del poder, en la cual un estrecho círculo de funcionarios de alto rango de su confianza y quienes los secundan se reportan al presidente, sin la coordinación de los miembros del gabinete entre sí. El control del poder legislativo por la bancada mayoritaria en ambas cámaras, la marginación del Congreso por la firma de decretos de necesidad y urgencia, y la delegación de facultades por parte del poder legislativo fortalecieron la personalización de la política, es decir, la concentración de la toma de decisiones en la presidenta. Además, en la tradición peronista, el presidente de la Nación es también el presidente del partido quien controla los aparatos, territorios y clientelas que conforman la base de sustentación política del movimiento.
Este tipo de liderazgo está influido por un modo de ejercicio del poder, consolidado a la par de las crisis de gobernabilidad que atravesó la democracia argentina, que se basa en una concepción de la democracia como gobierno de la mayoría unificado alrededor de la figura presidencial por convicción o conveniencia, el cual excluye a la oposición política de los diálogos y acuerdos sobre las reglas de juego y las políticas de Estado, privilegiando en cambio una relación directa del presidente con el pueblo, quien lucha por distribuir a su arbitrio premios y castigos, debilitando las instituciones democráticas (De Riz 2010).
Pero además el estilo de liderazgo de la Presidenta parece reeditar las características del liderazgo del movimiento peronista, esto es, un sistema piramidal, carente de una estructura colectiva para la toma de decisiones, donde los sectores con linajes y proyectos diferentes son cohesionados por un líder carismático, y donde la política pasa a ser entendida como un mecanismo de adhesión no-racional del líder con las masas. La imagen carismática de Cristina Fernández y sus discursos parecen asemejarse a los de Eva Perón, quien al dirigirse directamente a su audiencia sin la ayuda de un escrito, con un tono de voz elevado, firme y por momentos conmovido, acompañaba a un discurso confrontativo en términos políticos que buscaba la empatía emocional del público.
Este estilo de liderazgo presidencial de carácter decisionista se corresponde con la figura del "nuevo príncipe", con legitimidad de origen y formato constitucional, en tanto líder carismático que porta la promesa de redención en la imaginación colectiva (Bosoer y Leiras 1999). La mayoría de la sociedad mediante el sufragio otorga un "mandato delegativo" (O' Donnell 1992) al poder ejecutivo en tanto derecho para definir problemas, su solución y su puesta en práctica en situaciones de excepción conforme a su libre albedrío, soslayando la consulta y el control de la validez y legitimidad de sus acciones por parte del electorado y de las instituciones políticas.
El slogan de la última campaña presidencial "La fuerza de un pueblo. La fuerza de Cristina" condensa una de las consignas más pronunciadas por gran parte de la sociedad argentina hacia la Presidenta luego del fallecimiento de su esposo en octubre de 2010. El mismo parece ilustrar la idea de que la líder recibe la fuerza de su pueblo para resolver las diversas demandas sociales provenientes de aquél y busca representarla por medio de una de sus características personales: la fortaleza frente a la debilidad de sus adversarios, poniendo en cuestión además la idea según la cual la mujer es considerada el sexo débil en una sociedad patriarcal, en la cual ninguna mujer podría ocupar una posición de poder, ya que la posesión y el ejercicio del mismo están asociados con la figura masculina, mientras la mujer ocupa un rol pasivo en la esfera privada del hogar y la familia. Cristina Fernández intentó conjugar en su figura y en sus discursos la imagen de mujer, esposa y madre con la de militante política, presidenta y líder del partido, condensando los afectos y la política en un estilo de liderazgo que podría resumirse en la imagen de "la mujer que se pone los pantalones".
Chile, por el contrario, corresponde al modelo de los "presidencialismos coalicionistas" que se caracterizan por ser "presidencias establecidas en sistemas bipartidarios o bicoalicionales de estabilidad media o alta, en los cuales las dos coaliciones predominantes cuentan con posibilidades efectivas de acceder a la presidencia. Estas presidencias están asociadas a la existencia de acuerdos relativamente estables en torno a las reglas del juego político, incluyendo las de índole para-constitucional1. Intensificación de los procesos de creciente desprestigio de la labor parlamentaria y de concomitante deterioro de la imagen de los miembros del parlamento dentro de la opinión pública". En el caso de Chile, además, este modelo tiene una alta probabilidad de gozar de mayorías parlamentarias (Cavarozzi 2010).
El debilitamiento de la Concertación de Partidos por la Democracia (una coalición de partidos de izquierda, centro izquierda y centro que gobernó Chile desde 1990 hasta 2010), el fortalecimiento de los partidos de centro derecha y la biografía de Sebastián Piñera en la que figuran su negativa a dar su apoyo a la dictadura pinochetista y a los plebiscitos para consolidar el poder del general Augusto Pinochet a fines de los '70 y en los '80, permitieron la expansión de la base electoral de aquéllos partidos y posibilitaron el triunfo de Piñera en las elecciones presidenciales del año 2009, convirtiéndose en el primer presidente de derecha en ser elegido democráticamente desde 1958 y el primero en ejercicio desde que Pinochet dejara el cargo en 1990.
Sebastián Piñera es un empresario e inversionista chileno y "su trayectoria empresarial tiene influencia en su gestión como presidente, porque pone el énfasis en alcanzar una gestión eficaz" (Huneeus 2011a: 100). Este es el perfil propio que busca Piñera bajo la idea de "una nueva forma de gobernar" que incluye, además, el nombramiento de funcionarios ajenos a las presiones de los partidos, para diferenciarse de los gobiernos de la Concertación y su legado de un muy buen desempeño político y desarrollo económico desde el restablecimiento de la democracia en 1990.
A diferencia de la mandataria argentina, el presidente de Chile no posee amplias facultades legislativas delegadas por el Congreso, ni tampoco la de dictar decretos de necesidad y urgencia. El Congreso es muy influyente en el proceso político y sus miembros son muy celosos de sus prerrogativas, por lo cual el presidente tiene un poder limitado por diversos órganos políticos para la aprobación de leyes necesarias para implementar sus políticas (Huneeus 2011a). Además, el gobierno de Piñera, a diferencia del de Cristina Fernández, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo tanto puede considerarse un "gobierno de coalición minoritaria"² (Deheza 1998), lo cual limita aún más su autoridad. A esto se le suma el hecho de que el presidente en vez de intentar formar coaliciones pos-electorales con la oposición para lograr una mayoría en el Congreso que posibilite la aprobación de sus proyectos de ley, ha tratado de presionarla sin conseguir su apoyo. Esta situación puede deberse además a que, si bien Piñera tuvo la intención de formar coaliciones con algunas personalidades de la Concertación, éstos se negaron a participar del gobierno y quizás también a que el presidente piense que los costos de compartir el gobierno con la oposición sean más altos que los beneficios.
La autoridad y el poder del presidente provienen de una fuente de legitimación propia, al ser elegido directamente por el pueblo, así como de fuentes de poder formales que provienen de la Constitución: es Jefe de Estado, por lo cual dirige las relaciones exteriores y es Jefe de Gobierno, en tanto está a cargo de la dirección del poder ejecutivo, pudiendo designar como remover a su arbitrio a sus ministros. Pero también posee fuentes de poder informales: la del liderazgo que ejerce en el partido o coalición de partidos que lo llevó al poder, el cual le permite mantener el apoyo necesario para desarrollar una buena gestión, y su capacidad de influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación, fijando la agenda pública que determina la acción de otros organismos, y dispone de poder sobre ellos para que difundan favorablemente sus actividades.
Piñera posee un estilo de dirección derivado de su sólida formación académica como economista y de su experiencia en la toma de decisiones en directorios de empresas, por lo cual interviene en la dirección de diversos temas y en las decisiones de los ministerios, concentrando y acumulando la toma de decisiones, ya que no ha formado un equipo de colaboradores. Su excesivo activismo y protagonismo debilita el poder de sus ministros generando crisis al interior de la coalición y, por consiguiente, la buscada eficacia de su gobierno es erosionada al no percibir las complejidades que se presentan a la hora de la implementación y los objetivos de largo plazo. Además, "el intenso ritmo de trabajo del presidente actúa en su contra, porque no aprovecha las oportunidades en que tiene éxito, porque tan pronto consigue un objetivo, se desplaza a otro asunto" (Huneeus 2011a: 106).
Piñera fue electo presidente en la segunda vuelta por la Coalición por el Cambio, de origen pre-electoral para alcanzar la presidencia según la tipología de los gobiernos de coalición en el sistema presidencial de Deheza (1998), la cual está conformada por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Chile Primero (CH1), éste último hasta el año 2011. Si bien en su gabinete hay ministros que provienen de los dos primeros partidos que forman la coalición, en su mayoría se encuentran los considerados independientes, mientras que no hay ministros o subsecretarios de CH1. No obstante, la formación del mismo ha estado influida también por su visión empresarial, ya que una parte considerable de sus ministros trabajaba en la dirección de empresas.
Esta visión, tal como plantea Manuel Garretón (2010), se encuentra en consonancia con el surgimiento de un nuevo paradigma de comportamiento socio-político, que reemplaza al paradigma clásico que imbricaba partidos y sociedad, según el cual la sociedad es un puro espacio de oportunidades individuales y capacidades personales, y la política es juzgada por su capacidad de satisfacer demandas individuales y por criterios de utilidad, eficacia, estándares mediáticos y de éxito, lo cual hace que la figura de Piñera sea menos rechazada por parte de sectores sociales que buscan un enriquecimiento rápido, y que permean y contaminan a capas más amplias produciendo una suerte de identificación con su aspecto "exitoso".

III. Dilemas a enfrentar

Según Cavarozzi (2010) en los "presidencialismos débiles" la ausencia de reglas lleva a situaciones de ingobernabilidad, la cual se manifiesta principalmente a través de la incapacidad de los gobiernos para controlar la seguridad pública y disminuir la corrupción de funcionarios políticos y empresarios. En este sentido, De Riz (2010) plantea que el dilema que marcó la gestión de Cristina Fernández desde su inicio es el de cómo satisfacer las expectativas de modernización política que moviliza a sectores de clase media sin perder el dominio sobre el peronismo, condición imprescindible para el ejercicio del poder por cuanto implica tener el control de los aparatos, territorios y clientelas que forman la base de sustentación política del movimiento.
La heterogeneidad de las demandas efectuadas en los cacerolazos del año 2012 por parte de sectores de clase media, que fueron convocados a través de las redes sociales y realizados en las principales plazas del país, abarcaba los reclamos de transparencia y mayor control de la acción de gobierno, de seguridad, de control del aumento de la inflación, de la quita del límite a la compra de dólares, de la eliminación de la política distributiva a través de subsidios y del fin al liderazgo "autoritario" de la presidenta, entre otras. Si bien esa heterogeneidad de demandas estaba dirigida a Cristina Fernández, de algún modo también lo estaba a la fragmentada y débil oposición política en la cual la clase media no logra encontrar una vía de expresión política unificada que represente sus demandas, expectativas e intereses para que pueda, de este modo, constituirse en una alternativa política frente al oficialismo. Tal como señala De Riz (2009), las clases medias desempeñan el papel de motor del cambio político frente a la carencia de un horizonte de futuro.
La continuidad de un modo de hacer política que consiste en generar y consolidar alianzas con aquellos gobernadores que tienen un dominio territorial consolidado y en implementar una política de la reparación, en lugar de las reformas de fondo; la crítica y oposición de ciertos dirigentes políticos y sindicales del peronismo que disputan la conducción partidaria y ponen límites a las acciones del gobierno; la falta de acuerdos en torno a las reglas de juego democráticas y proyectos políticos con la oposición; y la falta de respuestas hacia las demandas de los sectores de la clase media son algunos de los problemas a los que deberá enfrentarse la Presidenta en los tres años de gobierno que le restan y que pueden llegar a erosionar su liderazgo, así como también es difícil prever quién será el sucesor que pueda consolidar un poder político necesario para llevar adelante una política de las reformas y resolver las demandas insatisfechas.
En los "presidencialismos coalicionistas" la tendencia es a obstaculizar la innovación política (Cavarozzi 2010). En este sentido, el dilema principal del presidente chileno parece ser el de cómo profundizar el desarrollo económico y fortalecer la calidad democrática. Cómo resolver la complejidad de los problemas que afectan intereses políticos y económicos e impulsar las reformas institucionales que requieren del apoyo de la oposición política, teniendo en cuenta la brevedad del mandato presidencial por cuatro años sin reelección, que va en contra de los objetivos a largo plazo y de la complejidad de las negociaciones políticas.
La principal reforma institucional o política que ha recibido un gran apoyo social es la de la Constitución Nacional heredada de la dictadura pinochetista por una democrática que sea expresión de la voluntad popular, para que sean posibles el resto de las reformas (Garretón 2010). De este modo, otra de las reformas institucionales a efectuar es la del sistema electoral de circunscripciones binominales para las votaciones legislativas³, también legado por la dictadura. Este sistema, único en el mundo, había sido ideado por los redactores de la Constitución de 1980 con los objetivos de "impedir la formación de una mayoría de centro izquierda con capacidad para reformar las principales disposiciones de dicha constitución y bloquear el acceso del partido comunista al parlamento" (Cavarozzi 2010: 48).
Durante el gobierno de Piñera resurgió la idea de reformar el sistema binominal, especialmente luego de que en el año 2011 diversas encuestas de opinión reflejaron un rechazo transversal y prácticamente unánime de la ciudadanía hacia el gobierno y las alianzas oficialistas y opositoras. Si bien se presentaron diversas propuestas de modificación por un "sistema de representación proporcional", aún no se ha logrado llegar a un acuerdo en la elaboración del mismo. Éste permitiría "asegurar la representación de minorías significativas o de la diversidad política del país, los partidos, el financiamiento, la regulación de las mutuas influencias entre política y dinero, la regulación del papel de los medios en política" (Garretón, 2010: 35). Y tal como plantea Huneeus (2011b: 14) "estimulará una mejor competencia política, debido a que el elector tendrá más opciones para elegir y los incumbentes se verán amenazados en su reelección. El proceso político se hará más incierto y, por ello, más interesante para el ciudadano".
Un sistema proporcional y representativo que aumente la diversidad parlamentaria posibilitaría la introducción de principios y mecanismos que elimine las rigideces del sistema actual y disminuya los problemas del excesivo presidencialismo. Asimismo, la necesidad de implementar elementos de descentralización y participación regional a través de consejos regionales electos con funciones normativas, fiscalizadoras y de consulta se dirigirían en el mismo sentido.
Además, Huneeus (2011b) plantea que las tres grandes cuestiones que necesitan reformas, ya que minan la calidad política y la fortaleza partidaria, son la prolongada vigencia del "consenso económico"⁴ que dañó la competencia política, la influencia del poder empresarial en el sistema político y la tolerancia hacia las desigualdades económicas. Las elecciones primarias presidenciales de este año 2013 han definido quiénes serán los/las candidatos/ as a asumir el dilema e impulsar las reformas que necesita el sistema político y económico chileno.

IV. A modo de conclusiones

Si bien las características y los estilos de liderazgo de Cristina Fernández y Sebastián Piñera difieren en muchos aspectos, ya que la primera se asimila al liderazgo político del peronismo tradicional y el otro al liderazgo empresarial, se asemejan en el hecho de ser liderazgos que se caracterizan por la concentración de la toma de decisiones y la ausencia y el desinterés de concretar acuerdos sobre las reglas y políticas con la oposición. Además, ambos han sido elegidos directamente por el pueblo y no sólo están a cargo del poder ejecutivo, sino que también son presidentes de sus partidos o coaliciones. En este sentido, son líderes carismáticos que se caracterizan por un excesivo activismo y protagonismo, lo cual debilita el poder de sus ministros y genera crisis al interior de sus partidos o coaliciones a la vez que erosiona la eficacia de sus gobiernos en cuanto a la incapacidad de resolver las complejidades que se presentan y en plantear objetivos a largo plazo. Por el contrario, mientras el poder político e institucional de la Presidenta argentina se ve fortalecido por la mayoría en ambas cámaras, el del presidente chileno se ve debilitado por no tenerlo, ni intentar buscarlo de algún otro modo. No obstante, por un lado, el liderazgo de Cristina Fernández se ve limitado por las acciones y demandas de los dirigentes políticos y sindicales del peronismo y de la oposición, así como también de amplios sectores de la clase media urbana. Y, por el otro, el liderazgo de Piñera se ve fortalecido por el poder que ejerce sobre los medios de comunicación para que difundan favorablemente sus actividades y por una sociedad que legitima este tipo de figuras políticas mediáticas y exitosas.
Para la mandataria argentina la política es de carácter más bien reparatorio y para el mandatario chileno es entendida como praxis administradora de lo existente. Sin embargo, sus diferentes modos de ejercer la política no logran responder a las nuevas demandas sociales y necesidades de reformas, de modo que puedan ser vistas no como problemas sino como oportunidades para reafirmar y ampliar sus liderazgos. A pesar de contar ambos con un gran apoyo electoral y con sociedades que han logrado un positivo desarrollo político y económico, Cristina Fernández se enfrenta a la heterogeneidad de las demandas de los sectores de clase media urbana que exigen una modernización política y, de algún modo, Sebastián Piñera se enfrenta también a una sociedad que comienza a manifestarse cada vez más a favor de las reformas del sistema político y económico.
Tanto a la Presidenta argentina como al Presidente chileno les resta poco tiempo como mandatarios de sus países -Fernández algo más que Piñera- y no tienen la posibilidad de ser reelectos, por lo cual, los plazos institucionales los apremian a decidir transitar el camino de la política de las reformas o, por el contrario, dejarlo en suspenso para que sus sucesores, sean del mismo partido o coalición o de la oposición, vean de qué manera obtener el apoyo político e institucional necesario para asumir los dilemas y resolver la complejidad de problemas que presentan sus países en las gestiones futuras.

Notas

¹Un subconjunto de reglas informales que se sitúan fuera de los márgenes del ordenamiento constitucional o que llegan incluso a transgredirlo, que rigen el funcionamiento de la política y que están centradas en el rol presidencial como en el desempeño concreto del incumbent que lo ocupa (Cavarozzi 2010).

²Los miembros de la Cámara de Diputados se eligen en 60 distritos electorales de tipo binominal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 178 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Ley 18700).

³El sistema electoral binominal destinado a la formación de un sistema bipartidista en torno a dos grandes partidos políticos o coaliciones ha sido, por un lado, criticado por generar una gran inmovilidad entre los bloques políticos, al excluir a los partidos que no son capaces de incorporarse a la coaliciones, ya que la competencia se traslada al interior de cada coalición. Por el otro, este sistema ha sido elogiado por generar estabilidad política, al dar gobernabilidad al país y construir consensos mediante la reducción de la fragmentación y del número de los partidos políticos.

⁴El programa de "crecimiento con equidad" fue una estrategia de legitimación de la democracia iniciada durante el mandato del presidente Patricio Aylwin que optó por una política de consenso con la oposición y los empresarios, y que generó un desequilibrio entre el amplio poder que se reconoció al empresariado y la débil posición que tiene el trabajador, incluyendo prácticas antisindicales intolerables para una democracia de calidad (Huneeus 2011).

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