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On-line version ISSN 1851-9601

Postdata vol.19 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dec. 2014

 

ANALISIS E INVESTIGACION

Populismo democrático y movilización política. El ascenso al poder de Hugo Chávez en su contexto histórico-político

 

por Cristina Andrea Sereni*

* Fundación Bariloche-Conicet, Argentina. Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Augsburgo, doctoranda en Filosofía Política en la Universidad Nacional de Cuyo. E-mail: casereni@googlemail.com


Resumen

El artículo pretende elaborar una definición del concepto "populismo" acorde al contexto latinoamericano y a las características específicas de las democracias regionales, partiendo de diversas definiciones clásicas y actuales. La autora alude al surgimiento de fenómenos llamados neopopulistas en las últimas dos décadas del siglo XX. Establece una comparación entre el neopopulismo, vinculado a una política económica determinada, y el concepto de democracia delegativa, orientado al análisis de la calidad institucional. A continuación de una retrospectiva histórica, la autora se dedica a analizar el caso específico de Venezuela y el carácter del primer período del régimen populista liderado por Hugo Chávez.

Palabras clave populismo - neopopulismo - democracia delegativa - movilización - Venezuela

Abstract

The article aims to develop a definition of "populism" according to the Latin American context and the specific characteristics of regional democracies, based on various classic and current definitions. The author refers to the emergence of so-called neo-populist phenomena during the last two decades of the twentieth century. She establishes a comparison between neo-populism, which is a concept linked to a particular economic policy, and the concept of delegative democracy, which is orientated to the analysis of institutional quality. After elaborating an historical retrospective, the author discusses the specific case of Venezuela and the character of the first period of the populist regime led by Hugo Chavez.

Key Words populism - neopopulism - delegative democracy - mobilization - Venezuela


 

I. Introducción

El concepto de populismo es controvertido y multifacético. Suele ser entendido como corriente ideológico-política, pero también como sistema político, es decir, como un fenómeno histórico concreto reducido a un contexto regional delimitado, que cobra protagonismo en un momento histórico determinado. Ambas dimensiones, la ideológico-política y la histórica, están conectadas causalmente, debido a que el populismo como corriente político-ideológica precede y es fundamento del populismo como sistema político.

Una tercera posición respecto al concepto estudiado lo presenta como un estilo de conducción política o forma de movilización y manipulación de masas. Así visto, el populismo es un concepto ahistórico e ilimitado geográficamente, que se define como una forma específica de acceso al poder político y como estrategia para la permanencia en el poder, basado fundamentalmente en el apoyo popular directo, inmediato, y en el sometimiento de las instituciones mediadoras a la voluntad y los intereses del líder.

Estos tres enfoques mencionados serán considerados en nuestro análisis. Sin embargo, nuestro punto de partida para intentar definir el concepto de populismo será su concepción clásica, para derivar de ella los conceptos más recientes de neopopulismo y populismo democrático (Boeckh 2000).

Seguidamente, estableceremos un contraste del segundo con el concepto de democracia delegativa, introducido en los años noventa por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell y luego ampliado y revisado (O'Donnell 1994, 2010 y 2011). Finalmente, estableceremos similitudes entre ambos en contraste con el populismo de carácter autoritario.

Nos parece importante destacar que el concepto de populismo es ampliamente considerado un radial concept (concepto radial, Roberts 1996: 88). Esta clase de conceptos abarcan diversos tipos subordinados a un concepto principal, que carecen como mínimo de una de las características fundamentales propias de dicho concepto. Esta clase de conceptualización lleva frecuentemente a confusiones, ya que diversos autores pueden aplicar propiedades contradictorias entre sí a un mismo concepto, creando un sinnúmero de diminished subtypes (tipos subordinados) pobremente definidos.

Con la intención de evitar esta suerte de confusiones, hemos decidido aplicar como herramienta de análisis de nuestro objeto de estudio la definición cuatripartita de populismo presentada por el estadounidense Kurt Weyland (1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003), que detallaremos más adelante. Esta definición nos resulta apropiada debido a su adaptación a contextos históricos particulares y a que no presupone como condición previa al fenómeno populista un modelo económico determinado. Hemos estudiado asimismo el carácter top-down (descendente) de las estrategias de movilización popular propias del populismo latinoamericano, tomando como referencia los cuatro modelos políticos latinoamericanos desarrollados por Weyland que hemos mencionado (Weyland 1995). Hemos definido también el concepto de participación política en relación al contexto latinoamericano y a las características de los regímenes populistas y/o democracias delegativas existentes en la región, para luego profundizar el caso venezolano. Junto a una contextualización ideológico-cultural del bolivarianismo, la retrospectiva histórica tiene como fin resumir la evolución de la participación política popular en Venezuela durante el período posterior a 1958. Hemos dividido el período post-1958 en tres etapas: la etapa populista, que comprende los años entre 1958 y el Caracazo de 1989, la etapa neopopulista, cuyo intento de imponer una reforma estatal de tinte neoliberal desemboca en el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia en 1998 y, por último, la etapa del populismo político-estratégico, que comprende los años iniciales del gobierno bolivariano.

II. El populismo en su concepción clásica

Un autor clásico como Gino Germani, sociólogo de origen italiano radicado en la Argentina durante los años 30, define al populismo como etapa histórica dentro del proceso de modernización de los sistemas socioeconómicos. Durante la transición de una sociedad tradicional hacia una moderna, gran parte de la población rural fue desplazada hacia las grandes urbes, deshaciéndose de las relaciones de dominación patriarcal. Este proceso no fue acompañado por un cambio en el ámbito institucional, ya que el poder político permanecía en manos de las elites políticas tradicionales. En consecuencia, aumentó la receptividad de las nuevas masas urbanas al discurso populista. Surgieron entonces regímenes políticos nacional-populares, cuyas figuras líderes provenían de la clase media en muchos casos. A pesar de la instrumentalización vertical implícita, estas clases sociales, antes relegadas completamente por el sistema, encontraron un canal de comunicación a través de movilizaciones masivas, huelgas y manifestaciones. Germani claramente asocia al fenómeno populista latinoamericano con su experiencia durante el surgimiento del fascismo italiano (Germani 1979).

Desde un enfoque estructural-institucional, Torcuato Di Tella, autor clásico también, destaca la "revolución de expectativas" generada por dichas movilizaciones en combinación con la vertiginosa urbanización de la población. Di Tella circunscribe el fenómeno populista a un período histórico determinado, a saber, al primer peronismo en la Argentina de los años cuarenta y cincuenta (Di Tella 1964, 1965). A lo largo de su obra destaca la coexistencia del líder personalista con una estructura de partidos debilitada y un poder legislativo sin injerencia real en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, menciona el poder de las corporaciones dedicadas a influenciar y controlar las movilizaciones populares.

Un tercer enfoque clásico entre estudiosos del populismo es el que plantea Ernesto Laclau, aproximándose al tema desde el análisis discursivo neomarxista. Laclau no define al populismo partiendo de sus causas, fines o estructuras, sino como discurso dirigido en contra del orden establecido, que plantea demandas populares y básicamente democráticas. Su análisis es de naturaleza sociológico-psicológica, dado que se concentra en la restauración de las identidades sociales destruidas por el capitalismo que lleva a cabo la retórica populista. Laclau rechaza el enfoque estructural-institucional por estar éste demasiado ligado a un fenómeno histórico específico, y define al populismo como: "The presentation of popular-democratic interpellations as a synthetic-antagonistic complex with respect to the dominant ideology" (Laclau 1977:172-173).

Siguiendo esta cita, el surgimiento del populismo estaría estrechamente vinculado a la crisis del discurso ideológico dominante, siendo esta crisis a su vez solamente un elemento de una crisis social más amplia. Laclau presenta al populismo como una forma universal de hacer política, basada en un discurso dicotómico que moviliza al pueblo hacia un cambio social y que produce la ruptura del statu quo y la formación de nuevas identidades como resultado de una lucha hegemónica contingente entre dos proyectos rivales. Laclau no define al populismo en términos de lo que le falta, o como síntoma de anormalidad, sino que amplía su modelo:

En términos de una retórica generalizada (la cual, como veremos, puede ser denominada ‘hegemonía'), de manera que el populismo aparezca como una posibilidad distintiva y siempre presente de estructuración de la vida política (Laclau 2005a: 27-28).

Existe, además de los nombrados anteriormente, una lista inabarcable de autores que se han ocupado de estudiar al populismo en sus variadas concepciones. Por ello, haremos referencia breve solamente a dos enfoques teóricos más. La teoría de la dependencia (Lauga 1999) redefine el concepto marxista de clase y plantea el surgimiento de un "estado de masas precoz" (Weffort 1971, 1989), utilizando el ejemplo de Brasil. Introduce asimismo un segundo concepto importante: el de las "relaciones individuales de clase", consecuencia de la disolución de los lazos tradicionales patriarcales.

En un esfuerzo por sintetizar las diferentes y numerosas posturas respecto al populismo y su definición, finalmente, el enfoque de Paul Cammack, especialista en estudios latinoamericanos de la University of Hong Kong, plantea un análisis integrador de los tres aspectos mencionados como fundamentales: el estructural, el institucional y el discursivo. Cammack considera que el éxito o el fracaso de cada régimen populista depende de la restauración de un orden institucional mediante un programa político-económico eficiente, superador de la crisis específica. Además, incorpora a su esquema la contextualización histórica.

III. El concepto de neopopulismo

La distinción entre populismo clásico y neopopulismo no es solamente de índole sustancial, sino también temporal. El relativamente novedoso concepto de neopopulismo conceptualiza la reacción sistémica frente a la crisis del populismo clásico y su estructura económica, orientada al mercado interno en el marco de una industrialización incipiente. Dicha reacción sistémica se produce preservando las estructuras políticas del sistema anterior de una manera defensiva, en combinación con reformas económicas neoliberales. Estos nuevos regímenes cobraron protagonismo hacia fines de los años ochenta en la región. Son inherentemente inestables, debido a su falta de competitividad en el mercado mundial, pese a su "matrimonio con el neoliberalismo económico", como señala Benjamín Arditi (Arditi 2005: 74). Su tendencia a mantener la comunicación inmediata entre líder y pueblo profundiza el proceso sostenido de desinstitucionalización política, deteriorando las instancias mediadoras, especialmente las parlamentarias y político-partidarias. Al mismo tiempo, estos regímenes fomentan la expansión y el fortalecimiento de redes clientelistas existentes con el fin de mantener su legitimidad política.

El clientelismo es, siguiendo la definición proporcionada por Manfred Schmidt (Schmidt 1995: 476), una relación personal asimétrica entre un patrón y un cliente, basada en el intercambio de servicios, protección, acceso a recursos estatales y otra clase de favores. El elemento tradicional en la base de los vínculos clientelistas les otorga cierta estabilidad. Podemos afirmar, además, que la incorporación de uno o de más actores al mecanismo clientelista no siempre es voluntaria, sino que en muchos casos está ligada a situaciones de necesidad frente a la ausencia de un sistema institucional estable. La combinación de elementos contradictorios entre sí como procesos electorales institucionalizados, el clientelismo informalmente institucionalizado y la ineficiencia de la normativa formal fomenta el desarrollo del elemento delegativo del poder. Cabe preguntarse si la legitimidad de un sistema democrático con elementos clientelistas debe buscarse solamente en las instituciones formales.

En este proceso las instancias de control horizontal —horizontal accountability (O'Donnell 1998: 41-42)— se encuentran minadas por un poder ejecutivo que monopoliza la responsabilidad vertical o electoral accountability (O'Donnell 1998: 44), ya que dilatan la toma de decisiones.

Ante esta situación, las redes clientelares brindan una alternativa de comunicación y de implementación de medidas concretas. Debido a la "revolución de las expectativas" populares que mencionaba Di Tella en su análisis del populismo clásico, también los neopopulismos se ven confrontados con demandas de reformas contra la ineficiencia, la desigualdad social y la pobreza. Como consecuencia, al no estar el líder personalista interesado en fortalecer la sociedad civil desde el ámbito institucional, el pueblo se ve obligado a acudir a redes clientelares preexistentes y reeditadas en los nuevos regímenes. Reformas y cambios suelen ser impulsados por grupos del sector informal, no institucionalizados, alimentados por la dinámica del "favor contra favor" y justamente por ello sujetos a una lealtad con el régimen de turno.

Las instituciones informales son interacciones regulares entre actores políticos y sociales surgidas a partir de tradiciones, costumbres y valores compartidos. Su legitimidad se fundamenta en la aceptación social, y responden a una expectativa de conducta de individuos y grupos sociales no respaldada por un constructo legal formal, cuyo incumplimiento, sin embargo, sufre una sanción social importante. Estas instituciones compiten con los mecanismos de participación política formalizada al ofrecer al ciudadano canales alternativos y, de hecho, más eficientes, de participación.

Si las normas informales de una sociedad son aceptadas e implementadas de manera genérica, pueden asumir el rol de las normas formales, legalmente institucionalizadas. La sustitución de instituciones formales, propias del Estado de Derecho, por la informalización de los procedimientos políticos, explica el surgimiento de democracias de carácter delegativo, en numerosos casos incluyendo elementos de democracia directa.

Como bien lo señala María Matilde Ollier, cuanto menos institucionalizada está una democracia presidencialista (o en el caso venezolano, de tradición hiperpresidencialista), mayor es el papel del liderazgo personalista, y viceversa (Ollier 2011: 115). Es común a todas las formas de populismo existentes el llamado directo y sin intermediarios del líder al pueblo. El populismo despolitiza, a la vez que hiperpolitiza las relaciones sociales (Panizza 2005: 20-21). El líder suele venir "de afuera", no como político tradicional, sino como ser humano, sin ataduras partidarias. El personalismo exacerbado, en combinación con un discurso dicotómico, es síntoma de una crisis institucional manifiesta que conduce a la instrumentalización de la convocatoria popular con el fin de enfrentar a corto plazo un estado de emergencia permanente.

La profunda crisis del modelo de sustitución de importaciones durante los años ochenta del siglo XX y el consecuente endeudamiento sin fin de numerosos países latinoamericanos provocaron reacciones neopopulistas de diferente tipo según el contexto nacional. De un lado se ubican los neopopulismos defensivos, obstinados en preservar el viejo modelo populista clásico, como lo fue el caso de Hugo Chávez en Venezuela, o en menor medida Evo Morales en Bolivia. De otro lado pueden mencionarse los neopopulismos propiamente dichos, que imponen a la estructura política populista la convivencia con una profunda reforma neoliberal en lo económico, con las inevitables consecuencias sobre la vida cultural y social. Estos casos son los de Alberto Fujimori en Perú, Carlos Menem en la Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México, entre otros.

IV. Populismo democrático y populismo autoritario

Se puede decir que la motivación principal de los estudios internacionales sobre el neopopulismo latinoamericano es el diagnóstico y la posterior clasificación de las democracias de la región según la calidad de sus democracias en cuanto nivel de institucionalización formal. Dada la distancia que mantiene el fenómeno estudiado en relación a los valores tradicionales de la democracia representativa liberal, el proceso de institucionalización democrática en América Latina es estudiado frecuentemente con el fin de prevenir la emergencia de regímenes (neo) populistas. De esta forma, se ubica a cada país entre dos tipos ideales: totalitarismo y democracia liberal. Esta concepción fue duramente puesta en discusión por conocedores de la realidad latinoamericana, repudiando la calificación descontextualizada de fenómenos históricos concretos.

Históricamente, el populismo latinoamericano se ha vinculado tanto con liderazgos autoritarios como con elementos democráticos. Por lo tanto, el proceso de democratización se ha orientado en ambas líneas:

Democratization along liberal lines requires a capacity on the part of ruling groups to accommodate new social elements, and progressively to share political rights and duties with them. Democratization along populist lines characteristically follows upon the failure of pre-existing governing groups to accommodate additional social elements, which thereupon seek the destruction of the old ruling groups and the institutional basis for their authority (Kronhauser 1960: 132).

No todos los autores enfatizan la incompatibilidad de los elementos democráticos con el populismo. En algunos casos, según escribe Margaret Canovan, la idea de la democracia radicalizada en tanto canal de participación directa a través de referendos o iniciativas populares, prevalece por sobre el elemento autoritario del régimen (Canovan 1981: 172). Canovan se pregunta de qué manera podría la democracia genuina no ser populista (Canovan 1981: 173). Esta autora se refiere al concepto de populismo como una herramienta aplicable tanto para el estudio de la democracia directa y sus mecanismos como para la definición específica de regímenes populistas autoritarios, y cita como ejemplo el peronismo argentino (Canovan 1981: 174). Ernesto Laclau se confronta con la dificultad de aprehensión de la diversidad inherente al populismo tomando como ejemplo la tipología de Canovan realizada en 1981 (Laclau 2005a:17-20). En un trabajo posterior (Canovan 1999), Canovan caracteriza al populismo como emergente en el hiato existente entre la faceta pragmática de la democracia y la faceta redentora. En otras palabras, el populismo podría traducir el ideal democrático a un idioma aplicable a la realidad política concreta.

Numerosos autores indagaron en este dilema. Mencionaremos aquí a Kurt Weyland, quien afirma que el neopopulismo se diferencia del populismo clásico por ser más compatible con la democracia liberal:

Neopopulism adopts a more antiorganizational stance, reaches followers in the private sphere, and depends on the confidential responses of individual citizens, not on collective manifestations by the people in the public sphere. The volonté de tous has replaced the volonté générale as populism's base of plebiscitarian legitimation. Neopopulism is therefore less mobilizational, transformatory, and redemptive than classical populism, and its inclusionary character is more symbolic than effective. But by appealing to the whole citizenry and by ascertaining the will of the people through votes and poll responses, neopopulism is more representative than classical populism and more compatible with liberal democracy (Weyland 2001: 16).

Siguiendo una línea similar, Andreas Boeckh separa de modo tajante a los populismos autoritarios de los populismos democráticos, equiparando a éstos últimos a la democracia delegativa propuesta por O'Donnell en 1994. La manera en que se incorporan las reglas informales a la estructura institucional formal indica la diferencia entre democracias delegativas respecto a las representativas. En las democracias representativas, las instituciones formales son complementadas por las reglas informales, en tanto adquieren a través de ellas una flexibilidad que les permite adaptarse a los requerimientos de la política cotidiana. En las democracias delegativas, en cambio, las reglas informales reemplazan estructuralmente a las instituciones formales. La limitación al funcionamiento de las instituciones formales puede provenir "desde arriba", es decir que el poder ejecutivo electo democráticamente amplía su poder efectivo a costa de los mecanismos de control parlamentario, o bien puede provenir "desde abajo" en el caso de que las tradiciones clientelares colonicen las instituciones formales (Merkel y Croissant 2000: 20). De ambas formas, el ejercicio del poder se traslada a la persona del líder y su círculo íntimo.

La democracia delegativa expresa, en palabras de O'Donnell, "una manera de concebir y ejercer el poder político" (O'Donnell 2010: 2). Es democrática por haber surgido de elecciones y por respetar libertades políticas básicas, aunque:

Menos liberal y republicana que la democracia representativa. Esto implica no reconocer los límites constitucionales/legales de los poderes del estado que, aunque de diferentes maneras, esas dos corrientes postulan (…) Es por ello mismo fuertemente mayoritaria (O'Donnell 2010: 2).

Tanto la democracia delegativa como el populismo democrático son producto de la reacción popular a una crisis económico-social y tienen como síntoma visible la movilización masiva, consignas antipluralistas y la promoción de canales directos de comunicación con el líder, quien dice encarnar la voluntad de todo el pueblo. La heterogeneidad de los seguidores del líder es contrarrestada por la formación y el fortalecimiento de redes clientelistas. Estas redes se centralizan en el círculo de poder, y, en cierto modo, son estatizadas siguiendo una lógica de búsqueda de rentabilidad.

La diferencia principal entre el populismo autoritario y el democrático es su manera de aproximarse a los órganos constitucionales. El primero directamente anula los poderes legislativo y judicial, mientras que en el segundo se les quita legitimidad a estos poderes de forma tanto retórica como efectiva, sustituyéndolos por instituciones informales y elementos de democracia directa como, por ejemplo, referendos y plebiscitos. Expondremos esto a continuación.

V. La participación política en regímenes populistas. Elementos de democracia directa

Desde un punto de vista instrumental, se entiende por participación política la actividad realizada por individuos o colectivos con la intención de influenciar directa o indirectamente en el proceso de toma de decisiones de gobierno. Esta participación es voluntaria, salvando ciertos medios de coacción democrática, como puede ser la obligatoriedad del voto en algunos países. Normativamente, por otro lado, la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas es un objetivo, una meta y el fundamento de la identidad de una comunidad política. El concepto instrumental se orienta hacia el conflicto potencial, mientras que el normativo está orientado al consenso y la integración del pueblo en su conjunto al sistema político.

Las decisiones políticas son tomadas buscando apoyo en la periferia del poder, utilizando como medio de difusión y persuasión a los círculos ubicados en el medio de estas dos esferas. En sociedades con una cultura política personalista, estas esferas suelen tejer redes cada vez más amplias de favores y contra-favores, que llevan a una desinstitucionalización del sistema político, como hemos visto en el anterior apartado.

En contraste con la realidad latinoamericana, el contexto histórico europeo posibilitó la inserción de derechos de participación fundamentales a lo largo de cuantiosos procesos revolucionarios enmarcados en un desarrollo industrial acelerado. Se destacan entre estos derechos el de libre opinión, reunión, derecho a fundar partidos y asociaciones políticas y el derecho a sufragio. De esta manera, la distribución de roles o competencias tuvo lugar en planos diferenciados: la toma de decisiones sucede en el centro, delegando la mediación y formación de opinión pública a los planos intermedios. Este modo formalmente institucionalizado de participación política se diferencia de las formas no convencionales e informales de participación, en ocasiones violentas, que pueden observarse en la región latinoamericana.

De la misma manera que el concepto de populismo, el concepto de democracia directa se contrapone al tipo de democracia representativa por prescindir del elemento representativo en el ejercicio de poder. Pero la democracia directa, además de ser un tipo específico de dominación, es un procedimiento mediante el cual los ciudadanos toman decisiones sobre cuestiones específicas independientemente del proceso electoral convencional. En este sentido, la democracia directa no es un concepto opuesto a la democracia representativa, sino que dichos elementos de participación inmediata y directa también se pueden constituir como complementarios al sistema representativo en sí. Los mecanismos de la democracia directa hacen sentir al pueblo que es parte activa del proceso de toma de decisiones. Se aplican en su mayoría a cuestiones específicas, problemáticas locales o regionales puntuales sobre las cuales se toma determinaciones mediante referendos, plebiscitos o iniciativas populares (Sereni 2006). Es decir, constituyen instrumentos de acercamiento de la esfera popular a la gestión política.

La Constitución Bolivariana de Venezuela (CBV) del año 1999, base jurídica del régimen chavista, tuvo como objetivo principal introducir el principio de participación directa como fundamento, desplazando el principio representativo, para reorientar la relación entre Estado, economía y sociedad y fundar una nueva identidad ciudadana. Quiso hacer del Estado un espacio participativo, dentro del cual la política fuera construida públicamente, y por otro lado un garante de los derechos sociales, obligado a proveer para cada ciudadano trabajo, educación, salud y vivienda para establecer un régimen de justicia social.

La CBV otorga protagonismo la soberanía popular:

Artículo 5: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

En el capítulo IV "De los Derechos Políticos y del Referendo Popular" (artículos 62 a 74) se incluye expresamente al referendo en sus diferentes modalidades (consultivo, revocatorio, aprobatorio, abrogatorio) como forma de participación institucionalizada paralela al sufragio.

Esto significa una acentuación notable del poder de intervención popular en "materias de especial trascendencia nacional" (artículo 71, CBV), asuntos legislativos (artículos 73 y 74, CBV) e incluso de política internacional, al permitirse someter a referendo "tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales" (artículo 73, CBV) de la mano de formas directas —no representativas— de participación política. Entre las numerosas instancias de participación política directa introducidas durante el inicio del régimen chavista se encuentran el cabildo abierto, el Plan Bolívar 2000, las Misiones y los Círculos Bolivarianos.

El cabildo abierto es un mecanismo de participación política popular a nivel provincial o comunal que promueve el debate en asambleas abiertas de temas presentados por ciudadanos previamente. La segunda instancia participativa nombrada, el programa de infraestructura y política social Plan Bolívar 2000, se inició el 27 de febrero de 1999, exactamente 10 años después del Caracazo, y depende del Ministerio de Defensa. Su meta fue la realización de proyectos de desarrollo de infraestructura, salud y agronomía, la mayoría de ellos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas. El plan fue sometido a duras críticas debido a la falta de sustentabilidad, atribuyéndole intenciones contradictorias con el planteo inicial de desarrollo social como la legitimación y revalorización de las fuerzas armadas en la población y su inclusión encubierta dentro de las actividades gubernamentales. Las misiones, en tercer lugar, son un proyecto educativo implementado a partir del año 2003 con el propósito de fomentar la educación gratuita para adultos. Están basadas en la idea de la refundación de la República. Nombraremos aquí solamente algunas de las primeras misiones: Misión Robinson I y II, dedicada a la alfabetización adulta; Misión Ribas, que ofrece la oportunidad de acceder a un título secundario; Misión Sucre, que lleva adelante un programa descentralizado de educación universitaria; Misión Identidad, dedicada a la integración y educación ciudadana de inmigrantes ilegales; Misión Mercal, capacitadora contable y comercial para cooperativas y pequeños comerciantes, entre otras. Las misiones están agrupadas bajo la Misión Cristo y depende de ministerios nacionales, comunas, municipios o incluso de empresas estatales, como por ejemplo la Misión Ribas, financiada por la empresa petrolera estatal PdVSA. Por último nombramos a los Círculos Bolivarianos, autodenominados la síntesis de la base del poder popular que materializa el principio de la democracia participativa. Desde el año 2002 se ocupan de incentivar a los sectores sociales desplazados a solucionar problemas de diversa índole fomentando su auto-organización. Las reuniones de los Círculos tienen lugar en las llamadas Casas Bolivarianas, una especie de centros comunitarios. Bajo una apariencia de organización horizontal pueden, sin embargo, observarse elementos verticalistas.

Desde los comienzos de su presidencia, Hugo Chávez ha utilizado la estrategia de permanecer en una campaña política continua con el fin de crear en el pueblo la sensación de protagonismo en la toma de decisiones. Durante su primera presidencia fueron llevados a cabo referendos sobre diversos asuntos en un ritmo prácticamente anual, caracterizados por consignas dicotómicas. Se sumó la implementación de una amplia estructura mediática, compuesta por cadenas nacionales frecuentes y programas televisivos de comunicación "directa" con el pueblo, como el dominical "Aló Presidente", así como el desarrollo de poderosas redes sociales vinculadas a la figura presidencial. Éstos tomaron forma de proyectos sociales orientados, en teoría, a fomentar el autogobierno popular. En la práctica, el florecimiento de la corrupción ante los cuantiosos recursos asignados de manera directa a los diversos proyectos, la no consideración de los procesos de maduración ciudadana ante las innovaciones y el proselitismo en tiempos electorales (López Maya 2011) llevaron a empobrecer la capacidad de participación ciudadana directa, acrecentando el desinterés por la participación activa. Los participantes políticos activos se redujeron a pequeños grupos de personas, frecuentemente inmersas en relaciones de clientelismo con los gobiernos locales o regionales.

VI. Movilización top down y bottom up

La introducción de elementos de democracia directa crea, como hemos mostrado, nuevas posibilidades de participación política. Puede contribuir a la apertura de la estructurada democracia de partidos, ampliándola a una democracia más participativa y cercana a la ciudadanía. Esta apertura aumenta la presión sobre los organismos gubernamentales así como el poder legislativo en cuanto al rendimiento de cuentas, lo que lleva a un diálogo más fluido con el pueblo que, en un caso ideal, fomentaría la integración política de éste. Pero en la práctica, frecuentemente el diálogo directo se mezcla con una retórica personalista, que suele terminar en la instalación de un régimen de corte populista. En países con una sociedad civil debilitada, altos índices de pobreza, un sistema educativo insuficiente y una población acostumbrada a la pasividad, que es consecuencia a su vez de su exclusión m sistemática del proceso de toma de decisiones, la simplificación de enunciados y la falta de iniciativa popular llevan a un sistema de movilización top down. Llamamos movilización top down a la rutinización de la relación entre el líder carismático y el pueblo, plasmada en un movimiento centrado en su liderazgo y legitimador del mismo. Este fenómeno se ve acentuado aún más en caso de existir una situación de crisis social y/o económica, debido a que ante el estado de emergencia y un nivel de institucionalización débil, la potestad del líder de brindar respuestas y soluciones inmediatas a problemas urgentes no es cuestionada.

Existen dos dimensiones que Kurt Weyland toma como punto de partida para clasificar los regímenes democráticos latinoamericanos en "liberalismo", "populismo", "basismo" y "concertación" (Weyland 1995). La primera a tomar en cuenta es el rol que desempeñan las élites políticas, o bien, líderes carismáticos en la toma de decisiones respecto a la base popular; la segunda se refiere al mecanismo concreto que introduce la igualdad social como meta. ¿Es este un mecanismo originado por iniciativas de las élites (top down) o son iniciativas populares espontáneas las que presionan a quienes tienen el poder de decisión (bottom up)?

Según la clasificación de Weyland, en el liberalismo la iniciativa política parte del ciudadano individual, siendo este el actor político central, mientras que en el populismo la iniciativa reside en la figura del líder. En este segundo caso, el líder carismático es quien moviliza a las masas populares para quebrar la dominación de las élites tradicionales. Establece una relación casi personal con el pueblo, pasando por alto las instituciones mediadoras. En tercer lugar se menciona el "basismo", que tiene como fin integrar a los sectores sociales más marginalizados tradicionalmente, incentivando una movilización autónoma de éstos. La "concertación", por último, tiene como fin garantizar la supervivencia del sistema político plural, desplazando a un segundo plano la cuestión social. Los partidos políticos asumen funciones diversas en cada modelo: en el liberalismo los partidos políticos suelen ser pragmáticos; en el populismo, personalistas. El basismo presenta un partido popular o partido del pueblo, que convierte las inquietudes populares en consignas extremas y fundamentales. El último caso, la concertación, es un caso menos frecuente y se concentra en un compromiso mutuo que, por lo tanto, excluye cualquier elemento no conciliatorio.

Los cuatro modelos que hemos mencionado brevemente representan cuatro propuestas de solución al dilema que plantea la cuestión de la igualdad social frente a la conservación o no conservación del status quo. Mientras que el liberalismo tiende a la preservación del orden socio-político, el populismo pretende voltear las elites y establecer un mecanismo de redistribución de recursos socioeconómicos. El basismo, por su parte, rechaza la manipulación de las masas inherente al populismo, pretendiendo dar inicio al cambio social mediante el fomento de acciones directas y movilización autónoma de los sectores excluidos del sistema. Dado que este tipo de movilización requiere de tiempo y maduración, los movimientos sociales de base se suelen asociar con grupos de interés ya establecidos. La concertación, finalmente, recurre a reformas graduales, que no suelen alcanzar a los sectores marginales de la sociedad.

Weyland concluye que los modelos bottom up, que promueven la movilización independiente y autónoma de la base popular (liberalismo y basismo) son difíciles de implementar en la realidad, debido a la fuerte desigualdad social estructural entre los sectores populares y la élite fuertemente arraigada. El basismo se tiende a moderar, siguiendo la dirección de la concertación, mientras el liberalismo cobra características populistas al estar la sociedad civil demasiado debilitada como para poder enfrentar la marcada desigualdad social. Las eventuales medidas económicas neoliberales, ajustes y endeudamiento con organismos de crédito internacionales y el incumplimiento de las promesas electorales llevan a la necesidad de canalizar un creciente descontento popular a través de las redes clientelares establecidas y brindarle protagonismo a la figura personalista que lidera frente a la crisis. En sociedades con grandes desigualdades sociales y una frágil cultura política democrática, el liberalismo político conduciría entonces a la instalación e regímenes populistas o neopopulistas.

El concepto de representación entendido como "actuar en nombre de otros" pierde vigencia ante un escenario de estas características, y cobra peso la representación populista, que, gradualmente, "slips into the symbolic ‘stan-ding for' and ultimately into a Hobbesian authorisation whereby the gap is disolved de facto in favor of the representative" (Arditi 2005:96).

Hemos mencionado en el apartado anterior algunos ejemplos de mecanismos de participación ciudadana directa implementados por el chavismo, que no han surgido por iniciativa propia de los sectores populares involucrados. Planes como el Plan Bolívar 2000, fuertemente militarizado, o la creación de los círculos bolivarianos son iniciativas del Estado, que crean un vínculo de dependencia unilateral de los individuos hacia el colectivo que l os incluye. Promueven una participación pasiva y desalientan la participación autónoma y activa, lo cual se ve plasmado en los niveles crecientes de abstención electoral y la caída de los niveles de participación en los frecuentes referendos llevados a cabo entre 1999 y 20041.

VII. Retrospectiva: el rol de la renta petrolera durante el populismo clásico (1958-1989)

En el presente apartado resumiremos en primer lugar el proceso de transición hacia un sistema presidencial bipartidista en Venezuela y su establecimiento a partir de 1969, año en que los partidos AD (Acción Democrática, fundado en 1941) y COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente, fundado en 1946) comienzan a alternarse en el poder. Durante las décadas de 1960 y 1970, la literatura internacional sobre sistemas de partidos presupone que a la consolidación de un sistema de partidos estable en América Latina le debe preceder la superación de la etapa populista. En el caso particular venezolano, esta hipótesis parece no cumplirse. El desarrollo de AD, por ejemplo, de origen marxista con elementos nacionalistas, fue caracterizado históricamente como un partido democrático popular modelo. A partir de los intentos de golpe de Estado del año 1992, esta perspectiva es revisada y la historia política de Venezuela comienza a ser analizada desde el punto de vista de la ruptura democrática (Linz 1978, 1993, 1994, 1997, Diamond y Plattner 1993, O'Donnell 1994, 1996, 1998, Merkel 1996, 1998, 1999, 2000), incorporando el concepto de neopopulismo, con especial interés en la estabilidad institucional (Werz 2005: 38).

La AD avanzó desde sus bases marxistas-revolucionarias hacia la constitución típica de un partido político moderno. Tomó parte de la transición del sistema populista clásico hacia el desarrollismo durante la década de 1960 junto al COPEI, de tinte socialdemócrata. La clasificación de estos partidos como partidos políticos reformistas fue influenciada por el contexto internacional de la Guerra Fría, así como por la teoría de la modernización que había ganado terreno entre numerosos politólogos estadounidenses. Sin embargo, estos estudios dejaron de lado temas como la democratización interna de los partidos políticos y priorizaron la estabilidad política. Pasaron a segundo plano asimismo los problemas de corrupción, patronazgo y los problemas inherentes a la regulación de la representación proporcional partidaria.

En el período tratado, la memoria del último golpe de Estado había sido desplazada por el impacto social de una democracia ineficiente y partidos políticos sin injerencia en el proceso parlamentario. La tendencia al hiperpresidencialismo generalizada en la región, acompañado por procesos delegativos de la toma de decisiones, fomentaba la concentración de poder en el ejecutivo. En Venezuela, además, se sumó una creciente dominación clientelista y de patronazgo político por parte de los dos partidos dominantes, financiada por los inmensos ingresos petroleros. El Estado formalmente seguía garantizando las instancias electorales, mientras SD y COPEI fortalecían su alternancia en el poder tomando el papel de intermediarios exclusivos entre el gobierno y el pueblo.

Fundamento de esta democracia fue el Pacto de Punto Fijo del año 1958, entre los principales partidos políticos del momento AD, COPEI y la Unión Republicana Democrática-URD. El pacto fue fijado en presencia de delegados de los grupos de interés más influyentes del país y tuvo como objetivo el mantenimiento de un sistema democrático integrador que debía incluir tanto a los sectores de clase alta y media como también a las organizaciones sindicales populares. El Partido Comunista de Venezuela, creado en 1931, había sido excluido. Las partes implicadas se comprometían a formar un gobierno de unidad nacional, en base a un plan mínimo compuesto por una nueva constitución, considerada el fundamento jurídico del puntofijismo, planes económicos de desarrollo a largo plazo y la introducción de una legislación referente a cuestiones sociales. Este pacto puede ser considerado como un acuerdo corporativo elitista impuesto "desde arriba", ya que, a pesar de haber sido incluidos amplios sectores hasta entonces marginales de la sociedad venezolana, que de hecho apoyaron el pacto en las elecciones con gran mayoría, éstos no fueron sus impulsores ni protagonistas. Era necesario entonces para el mantenimiento del "sistema populista de conciliación de élites" (Rey 1991) una alta concentración de poder en las corporaciones, en este caso, las cúpulas de los partidos políticos y los sindicatos. Dentro de los partidos, empero, se registraron en los primeros años de vigencia del pacto varias escisiones, cambios en el liderazgo partidario e incapacidad de restituir a antiguos líderes por nuevo personal político-partidario. Este aspecto constituyó uno de los puntos principales de crítica a la "partidocracia" efectuada por el discurso chavista a partir de 1992.

El petróleo constituyó el segundo pilar de la estabilidad política. A partir de la década de 1940 desplazó a los productos tradicionales de exportación y la dependencia de la economía venezolana de la exportación de petróleo fue intensificándose. Los así llamados "petrodólares" permitieron regular hasta mediados de la década de 1970 los crecientes conflictos sociales a través de una controlada redistribución de los ingresos. Bajo el presidente Rómulo Gallegos, de Acción Democrática, se fortaleció durante el trienio adeco, comprendido entre 1945 y 1948, el intervencionismo estatal por medio de proteccionismo económico y subvenciones. La retórica combativa de AD respecto a la antigua oligarquía le garantizó un creciente apoyo popular. A través de las rentas petroleras fue impulsada la industrialización parcial del país, sin recaer el peso financiero sobre las élites nacionales, ya que la renta apropiada por el Estado en cooperación con los Estados miembros de la OPEC provenía de las empresas petroleras internacionales. A partir de la estatización de las empresas petroleras activas en el país en el año 1976, este dominio sobre la renta petrolera fue prácticamente total. La consecuente independencia económica del Estado llevó al extremo la independencia respecto a la sociedad y sus reclamos, que eran satisfechos a través de sobrevaluación monetaria, reducción impositiva y cuantiosas subvenciones y subsidios. El bienestar de cada sector social dependía entonces de su capacidad política de ser partícipe de la distribución de la renta petrolera.

Hacia final de la década de 1970 comienza un proceso de transformación social paulatina que tendrá efectos a largo plazo sobre las élites gobernantes y su posición hegemónica en la sociedad venezolana. El sistema del puntofijismo había llevado a Venezuela a un equilibrio de negociación entre los partidos políticos predominantes a nivel nacional, a saber, AD y COPEI, y en ocasiones, el MAS. Este sistema minimizaba la competencia política entre elites y aún más la posibilidad de participación popular. Ante el final del boom petrolero y frente a la devaluación de 1983, comenzó a aumentar el faccionalismo dentro de los partidos políticos. La creciente división interna llevó a un debilitamiento estructural del sistema establecido. Al mismo tiempo aumentó la demanda de participación por parte de los sectores populares, antes reducida a pequeños grupos y organizaciones como "Queremos elegir", "Escuela de Vecinos", "Fiscales Electorales", así como a entidades académicas y empresariales ligadas a la élite económica, entre otros, "Grupo Santa Lucía" o el "Instituto de Estudios Superiores de Administración". Sectores sociales cada vez más numerosos comenzaron a exigir la limitación del papel preponderante de los partidos políticos y la apertura del espacio político a nuevas propuestas (Álvarez 2004: 151).

El "sistema populista de conciliación de élites" fundado por las élites venezolanas para pacificar al país, fue destruido por un levantamiento popular espontáneo, el Caracazo de 1989. Una movilización popular bottom up, gestada durante más de una década, llevó a una fuerte y violenta reacción del pueblo en contra del statu quo, la partidocracia y la dependencia de la renta petrolera ya en crisis. Durante la década siguiente, nuevos actores políticos intentarán canalizar las demandas del pueblo y refundar un sistema político estable.

Irónicamente, las causas de la estabilidad democrática venezolana elogiada por los Estados Unidos por cumplir con las condiciones formales de las democracias liberales representativas y por ser capaz de minimizar el conflicto social gracias a su economía rentista, fueron precisamente las mismas que explican la crisis política y la inestabilidad durante la década de 1990. La inflexibilidad del sistema político partidario por demás institucionalizado —overinstitutionalized (Ellner y Hellinger 2004: 12)— bloqueó la incorporación de nuevos actores con capacidad de renovación y de toma de decisiones. Un Estado letárgico había bloqueado reformas económicas y políticas urgentes durante tres décadas. Hacia 1980, la contracción económica y, especialmente, la posterior devaluación de 1983 acrecentaron las tensiones sociales y la creciente conciencia por parte de las elites de la necesidad de cambio, siendo insuficientes los pobres intentos de reforma institucional. La legitimidad del sistema político fue cuestionada cada vez más fuerte y abiertamente, como demuestran los golpes de Estado fallidos del año 1992. Recién al final de la década de 1990 el liderazgo fuerte y carismático de Hugo Chávez logrará cohesionar a los sectores populares y alinearlos en su movimiento bolivariano. La movilización pierde, entonces, iniciativa propia e independencia y se transforma en lo que denominamos una movilización vertical o top doum.

VIII. Crisis y ruptura. El chavismo y los inicios de un cambio de paradigma

La década de 1980 irrumpió en Venezuela trayendo consigo un creciente endeudamiento acompañado por la pérdida de credibilidad de la retórica populista y una crisis ideológica de los partidos por falta de proyectos políticos viables a futuro. El mecanismo de reparto de rentas petroleras establecido había introducido, además del clientelismo, mecanismos de corrupción de amplio alcance. Como consecuencia, al mismo tiempo en que el sistema de redistribución de rentas petroleras creaba la imagen de un Estado todopoderoso, patriarcal y protector, la participación de la población en la política nacional era prácticamente nula, pasiva, reducida a la participación electoral esporádica teñida de sospechas de irregularidad.

Como reacción ante la crisis económica y el fuerte endeudamiento del Estado, hacia finales de la década el recientemente electo presidente Carlos Andrés Pérez implementó una serie de reformas estructurales bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este paquete de medidas económicas incluyó la eliminación del control de precios, liberación del tipo de cambio, la apertura de la economía de mercado y con ello la exposición de la precaria industria nacional a la competencia internacional. Los precios se dispararon, mientras que los salarios se estancaron (Carrasquero Aumaitre 2002: 18). El pueblo venezolano reaccionó a las reformas con el "Caracazo" en 1989. La crisis afectó primeramente al sector informal, y los grupos sociales más bajos, antes sostenidos por la repartición de la renta, fueron expulsados por el sistema, intensificándose aún más las tasas de pobreza, indigencia y exclusión social. Los mecanismos integradores con base clientelista perdieron efectividad, dejando traslucir la falta de cohesión social (Boeckh y Graf 2005: 93).

El costo social del cambio rotundo en un patrón de conducta enquis-tado fue inmenso y llevó a la destitución de Carlos Andrés Pérez. Los nuevos comicios registraron la tasa más alta de abstención electoral de la historia posterior a 1958. El nuevo presidente electo, Rafael Caldera, miembro fundador del COPEI posteriormente alejado de éste, estaba sostenido por el partido político Convergencia, de reciente creación. Sus intentos de mantener políticas distributivas al estilo populista fracasaron y tuvieron un impacto económico negativo.

Los intentos de golpe de Estado fallidos en el año 1992 fueron señal del paso de la crisis socioeconómica a un plano político. El ejército, cada vez más politizado, se presentaba como alternativa real al gobierno desprestigiado. La popularidad del entonces coronel Hugo Chávez llegó a un 72 por ciento (Carrasquero Aumaitre 2002: 19) luego de su intento golpista del 4 de febrero. Es entonces cuando se sentaron las bases de su liderazgo posterior. Desde el primer momento, su aparición pública fue en calidad de héroe.

Las elecciones de 1994 dejaron al descubierto el deterioro de la antigua élite gobernante. Se instalaron en la sociedad la anomia, protestas sociales y acciones fuera del circuito institucional. Las protestas sociales habían sido reprimidas bajo el antiguo orden, pero en la lógica del nuevo populismo instalado debían ser escuchadas, dejando traslucir nuevos elementos de contacto directo, no institucionalizado, del gobernante con el pueblo. El pueblo comenzó a cobrar protagonismo en tanto actor democrático. Durante los primeros años de la década de 1990 habían surgido fuerzas políticas nuevas, distintas a los partidos políticos tradicionales, siguiendo un esquema movimientista (López Maya 1999). Entre ellas se encontraban agrupaciones autodenominadas anti-partido, como "Causa Radical". Además, se formaron organizaciones paramilitares estables: el "Movimiento Bolivariano Revolucionario 200", fundado ya en 1983 y nombrado en conmemoración de los 200 años del nacimiento de Simón Bolívar, adquirió calidad de agrupación cívico-militar organizada funcionalmente. Un tercer fenómeno novedoso fueron los efímeros "partidos unipersonales", formados fuera de las instituciones partidarias tradicionales con fines netamente electorales. Ejemplos de ello son los candidatos presidenciales Rafael Caldera en 1993, Irene Sáez Conde en 1998 y Henrique Salas Römer en el mismo año (Werz 2005: 47).

Finalmente, la salida a la crisis tuvo lugar de la mano de un discurso "anti-establishment". En 1998 se produjo una cesura en la historia política venezolana, cuando asumió la presidencia una figura carismática novedosa, el "outsider" político Hugo Chávez. Bajo el lema unificador inherente al populismo (Conaghan 1996: 32), Chávez supo proporcionarle un marco legitimador a su movimiento a través del bolivarianismo, conjunto de valores destinado a la creación de una nueva identidad popular. A través de la reducción de problemáticas complejas a consignas simples y utilizando elementos emotivos y mitológicos logra enmarcar normativa e históricamente a la "Revolución Bolivariana", remontándose a la figura del libertador Simón Bolívar.

Contrarios a la cosmovisión conservadora y eurocéntrica sostenida por el puntofijismo, los valores del bolivarianismo se dividen en tres "raíces", de las cuales la más importante la encarna Simón Bolívar. El tutor y mentor de Bolívar, Simón Rodríguez, representa la segunda raíz, y la tercera raíz, finalmente, la encarna el líder campesino revolucionario Ezequiel Zamora.

La identificación de Chávez con el gran libertador simboliza, desde la cosmovisión chavista, la identificación con la idea de una democracia basada en la soberanía del pueblo, la única soberanía legítima. Siguiendo un sistema dicotómico, la oligarquía queda afuera de la alianza entre peones rurales, pequeños granjeros, trabajadores urbanos y clases medias, ocupando el lugar del enemigo del pueblo y cumpliendo una función estabilizadora para dicha alianza popular, sumamente heterogénea en su interior.

Siguiendo a Rousseau, el líder populista desconfía de la representación no inmediata, por considerar que corrompe la voluntad general. No se considera representante, sino vocero del pueblo (Arditi 2005: 82). El orden social está basado en un convenio entre los miembros de una sociedad, cuya finalidad es conciliar la multitud de voluntades individuales para constituir una voluntad única, la voluntad del pueblo. De esta manera, la voluntad popular se convierte en soberana. Esta soberanía, indelegable, insustituible e ilimitada, es uno de los pilares en los que se apoya el chavismo para justificar la sustitución de la democracia liberal-representativa por una "auténtica democracia representativa, participativa y protagónica" (Chávez 1999).

Chávez apela directamente a Rousseau en un discurso del 2 de agosto del año 2000:

…pero luego, el 6 de diciembre de 1998, ocurrió la llamada por nosotros, tomando el término de Rousseau, la fase contractual o contrato social. Yo te propongo un camino, tú lo aceptas o no. Lo aceptamos, sellamos un contrato (Chávez 2000).

Dicho contrato, la nueva Constitución Bolivariana del año 1999, se convirtió en una suerte de libro sagrado para el régimen, citado textualmente tanto en discursos del presidente Hugo Chávez como en debates y discusiones cotidianas.

Durante los dos primeros años de su mandato, Hugo Chávez permaneció en campaña electoral. Su programa de gobierno no contemplaba en sus comienzos ninguna línea económica clara, y su gestión se vio enmarcada en políticas populistas aisladas. En su primer momento, calificamos al régimen de Hugo Chávez como un populismo estratégico destinado a la conservación y legitimización del poder. En efecto, dado que no hubo un quiebre real ni formal con el sistema democrático ni con el capitalista vigentes en un primer momento, sino que principalmente fue su retórica agresiva, demagógico-simbólica y poco concreta la que provocó un creciente rechazo por parte de vastos sectores de la población hacia el viejo orden, no podemos calificar a esta etapa inicial como revolucionaria, sino como un populismo político-estratégico.

En los años posteriores a 1998, Chávez optó por crear una élite propia, adicta a su persona, institucionalizando nuevamente al país a medida que dejaba de lado las instituciones políticas heredadas, ya casi sin sustento efectivo, y creaba nuevas. El nuevo líder supo capitalizar los elementos del antiguo sistema en su favor y exponer públicamente sus debilidades, las redes de corrupción intrínsecas a éste y reconstruir un nuevo sistema a su medida y necesidad. Desde temprano recurre a la polarización sistemática de la sociedad, deslegitimando las posiciones políticas adversas al ideal bolivariano en construcción, siguiendo una lógica de amigo-enemigo en un sentido schmittiano.

La inclusión efectiva de sectores marginales de la sociedad en el sistema político y social mediante nuevas formas de participación y redistribución de recursos es parte del elemento innovador chavista, ya que estas políticas fueron acompañadas por un nuevo sentimiento de pertenencia plasmado en la construcción de una identidad propia ligada al simbolismo de personajes históricos y movilizados por el carisma del líder. Disentimos aquí, sin embargo, con el postulado de Laclau, quien manifiesta que:

cuando las masas populares que habían sido excluidas se incorporan a la arena política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista liberal democrático, como el populismo. Pero el populismo, lejos de ser un obstáculo, garantiza la democracia, evitando que esta se convierta en mera administración (Arenes 2005: 1),

debido a que el populismo como estrategia política no promueve el desarrollo de una masa popular movilizada de manera independiente, sino que su ideal comunicativo parte de la iniciativa del líder, quien se comunica en intervalos regulares, cotidianos, con el ciudadano. El pueblo como sujeto colectivo no es integrado al proceso de toma de decisiones, sino que es, de hecho, alejado del mismo. A través de la redistribución de ingresos estatales, subsidios y subvenciones, planes sociales y la construcción de fuertes redes clientelares se otorga al ciudadano la sensación de ser parte de un todo, generando de este modo la sensación de obligación de retribución al régimen.

La movilización top down característica del chavismo aplaca la participación política independiente y la capacidad de debate entre sectores opositores, lo cual redunda en que "las masas políticas vírgenes que nunca habían participado en el sistema político excepto a través de formas de extorsión de carácter clientelístico" (Arenes 2005: 1) se encuentren inmersas, precisamente, en un sistema clientelar dirigido por un Estado que controla vertical-mente la incorporación de las masas, creando, según O'Donnell "una ciudadanía socialmente fragmentada y políticamente alienada" (O'Donnell 2010: 3).

Poniendo como ejemplo al régimen de Hugo Chávez, O'Donnell nombra el afán de control desmedido, las nociones de gestas nacionales y la polarización de la escena política como factores de riesgo de deslizamiento autoritario (O'Donnell 2011: 204). Podemos agregar la lógica excluyente del "otro", propia del discurso bolivariano. Éste distingue entre "pueblo" y "oligarquía", colocando a ésta última fuera del concepto "pueblo". En otras palabras, el pueblo en sí abarca en el discurso chavista únicamente a los humildes y desclasados, identificados a lo largo de la historia con los valores bolivarianos. Ellos son los que encarnan la Venezuela "auténtica", y la virtud reside en ellos (Wiles, citado en Arditi 2005: 74). La complejidad de la sociedad moderna, empero, no se ve reflejada en semejante esquema dicotómico excluyente.

IX. Consideraciones finales y perspectivas

Durante la década previa a la asunción de Hugo Chávez a la presidencia se pudo observar en Venezuela un cambio radical en su estructura administrativa e institucional. La creación de nuevas instituciones formales fue acompañada por la aparición de instituciones informales mencionadas antes, que modificaron profundamente las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad. El fracasado modelo de la democracia pactada había traído consigo un gran descontento con la pobre eficiencia y la corrupción del sistema político imperante, deteriorando la confianza en las instituciones, especialmente en los partidos políticos tradicionales (Nolte 2005: 97). En sus inicios, el régimen de Hugo Chávez se concentró en transformar el sistema político existente mediante la penetración personalista del aparato gubernamental, en el marco de un proceso de concentración de poder en la persona del Presidente y en base a la institucionalización informal del Estado.

Por lo tanto, podemos observar que el movimiento Chavista en sus años iniciales quiebra con la etapa neopopulista por estar ligado a un modelo económico sui generis, opuesto a las reformas neoliberales precedentes. Por otra parte, cumple en su etapa inicial con las características fundamentales de un sistema democrático, a saber: elecciones periódicas, libres y secretas, así como libertad de prensa (restringida en los años siguientes progresivamente) y respeto a los Derechos Humanos, a la vez que presenta elementos propios de la democracia delegativa postulada por Guillermo O'Donnell. Este autor plantea que este tipo de democracia "…consists in constituting, through clean elections, a majority that empowers someone to become, for a given number of years, the embodiment and interpreter of the high interests of the nation" (O'Donnell 1994: 60).

O'Donnell agrega posteriormente que, aunque no todas las crisis producen democracias de este tipo, las democracias delegativas suelen ser producto de crisis no solamente socioeconómicas, sino políticas, como en el caso venezolano. Sus líderes surgen de la crisis y continúan alimentando su potencialidad para instalar a su persona como elemento imprescindible de estabilidad (O'Donnell 2010). En el caso venezolano se observa el elemento militarista continuamente presente como símbolo del "estado de emergencia permanente", estratégicamente impulsado a perdurar con el fin de imponer decisiones de corto plazo. De este modo, la estructura político-partidaria es menospreciada y asociada a una élite burguesa corrupta y elitista, ubicándose el poder ejecutivo por sobre cualquier instancia mediadora y poniendo trabas al desarrollo institucional. El presidente se ve con derecho a gobernar sin control horizontal, encarnando en su persona la voluntad popular. Amplios sectores de la sociedad que habían sido excluidos de la participación política durante el puntofijismo se vieron de hecho incluidos en el sistema bolivariano (Magallanes 2005: 81) bajo la consigna de igualdad y equidad del pueblo (y solamente del "pueblo") ante el Estado. Las antiguas redes clientelares fueron sustituidas por un nuevo clientelismo, base de un populismo estratégico para la legitimación de poder, acompañado de elementos delegativos que alejan a Venezuela de ser un Estado de Derecho.

Retomando la tipología de Weyland, afirmamos que el chavismo en su primera etapa, comprendida por la primera presidencia de Hugo Chávez, fue un sistema populista, basado en la movilización desde arriba o top down de las masas populares por el líder carismático con el propósito de establecer una relación directa con el pueblo. El statu quo bipartidista, empero, dominado por los partidos políticos tradicionales y las élites vinculadas a la redistribución de la renta petrolera, no es reemplazado por partidos políticos personalistas, como lo presupone el tipo ideal, sino por un único movimiento sostenido por la mística del discurso bolivariano, excluyendo mediante un discurso agresivo y polarizador del espectro político a partidos opositores como alternativa viable. Instrumentalizando la profunda crisis política y social en la que había caído Venezuela en la década de 1990, Chávez llevó adelante una estrategia de legitimación para garantizar su permanencia en el poder, posicionándose discursiva y simbólicamente como el único capaz de interpretar y llevar a la práctica la auténtica voluntad popular.

El populismo chavista es un populismo político estratégico en tres sentidos: por ser un proyecto de carácter netamente político, sin una estrategia económica concreta ni implementable; por oponerse al esquema neoliberal anterior, propio del neopopulismo; y finalmente, por impedir el desarrollo de instituciones políticas que garanticen una movilización popular autónoma bottom up y de controles horizontales parlamentarios, elemento fundamental de una democracia republicana.

Perspectivas futuras: el rumbo del régimen chavista posterior al período analizado

Desde 2006 Venezuela se mueve hacia un socialismo radicalizado, con una cultura personalista exacerbada por elementos autoritarios. La intención de Chávez a partir de su segunda presidencia fue trabajar hacia un Estado Comunal con base en el colectivo popular, sustituyendo definitivamente a las instituciones de la democracia representativa como alternancia en el poder, pluralismo político y sufragio secreto por decisiones tomadas en asambleas públicas. El Estado se convertiría en un Estado en emergencia permanente, con comandos militares a cargo de la solución de problemas cotidianos. La dicotomía entre Estado y sociedad sería totalmente borrada mediante la lógica militarista inherente al nuevo modelo comunal, propiciando la intolerancia del disenso y la persecución de opositores políticos.

La historiadora Margarita López Maya plantea al socialismo del siglo XXI como una desviación de la democracia participativa hacia un tipo de gobierno autoritario y como un proyecto personal del Presidente. Cuando Chávez lanzó esta idea en 2005 lo presentó como un socialismo distinto del modelo soviético o cubano, como un socialismo a construir. Al dejar vacante la definición precisa del socialismo que pretendía, dio lugar a contradicciones, y al uso del término como un significante vacío, del cual nadie sabe exactamente qué significa, pero no deja de depositar sus aspiraciones en él (Rivera 2011). El elemento autoritario caracterizado por un liderazgo fuertemente verticalista, la restricción de libertades individuales y una movilización top doum se intensifica a partir de la segunda presidencia de Hugo Chávez, aunque el carácter top down de la movilización social es notoria ya desde sus inicios.

Después del fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro, presidente débil y líder sin carisma, enfrenta una coyuntura económica ya no tan próspera, lo que permite la paulatina relajación de la polarización social y política y la emergencia de voces y fuerzas opositoras con creciente capacidad de organización. Desde el año 2010, la Mesa de Unidad Democrática ha ofrecido un contraste al discurso chavista, introduciendo una cultura de discusión, negociación y consenso entre más de 30 partidos a pesar de la falta de recursos para su financiación, que son monopolizados por el Estado. La alternativa de la oposición, como plantea Margarita López Maya (Rivera 2011) es fomentar la construcción de una fuerza política autónoma, desde abajo, mediante pequeñas victorias a nivel local o regional.

Notas

1 Datos y estadísticas de resultados electorales a partir del año 1958 están disponibles en la página web del Poder Electoral: www.cne.gob.ve.

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Fuentes

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