TEORIA

Los estados de la democracia. Bases políticas y policiales del poder estatal en una provincia del norte argentino.*

 

por Celeste Schnyder**

* El artículo retoma parte de las conclusiones de la tesis de doctorado titulada "Política y violencia en la democracia argentina", defendida en octubre de 2011 en la Universidad Nacional de Rosario y tuvo una versión preliminar en la ponencia preparada para el grupo de trabajo "Policiamientos y seguridades" en la X Reunión de Antropología del Mercosur. Los comentarios de la Dra. Sabina Frederic permitieron enriquecer esta propuesta, del mismo modo que las observaciones de la Dra. Cecilia Lesgart. Agradezco los comentarios y sugerencias de los evaluadores que ayudaron a mejorar el trabajo.
** Investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE. E-mail: celesteschnyder@gmail.com.

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Resumen

Los alcances del poder de policía de algunos estados provinciales argentinos sobre el espacio político y sus contradicciones con libertades propias del régimen democrático es el tema de este artículo. La noción de "enemigo interno" subyacente en las leyes orgánicas de las fuerzas policiales, sancionadas en su mayoría bajo una representación autoritaria de la seguridad interior, colocó a determinados sectores de la población bajo sospecha y control de distintos organismos de inteligencia política. A través del caso de los gobiernos "juaristas" en Santiago del Estero (1995-2004), abordamos las modalidades policiales de intervención en la política teniendo en cuenta las funciones formales del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), como los vínculos extrainsritucionales entre dirigentes y el organismo. Aunque la legislación nacional prohibe el espionaje político, las autonomías provinciales y la funcionalidad de la inteligencia política favorecieron a la vigencia del DIP y desalentaron la coordinación de políticas en materia de seguridad democrática.

Palabras clave Estado - democratización - policía-seguridad - Santiago del Estero

The subject ofthis article is the scope ofthe police power ofsome provincial Argentinean states and its contradictions with the liberties attached to a democratic regime. The concept of"internal enemy" underlying in the organic laws of the police forces, which were sanctioned mostly under an authoritarian representation of internal security, placed certain sectors of the population under suspicion and control of different political intelligence agencies. Through the case of "juaristas" governments in Santiago del Estero (1995-2004), we address the modalities ofpolice intervention in politics considering formal functions ofthe Department ofPolice Information (DPI), and extra-institutional linkages between leaders and that organism. Although national law forbids political espionage, provincial autonomies and functionality ofpolitical intelligence favored the continuity ofthe DPI and discouraged coordinating policies ofdemocratic security.

Key words state - democratization - police - security - Santiago del Estero

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I. Introducción

El estudio de los sistemas políticos provinciales ha cobrado creciente relevancia dentro del debate sobre la democracia en Argentina. Sin embargo, el predominio del interés en aspectos vinculados al régimen político ha relegado el papel del Estado, y más específicamente el de las fuerzas de seguridad, en la democratización.

La estabilización de las instituciones fundamentales para el funcionamiento del régimen democrático, permitió que la agenda de investigación, hasta entonces centrada en los procesos y actores de la política nacional, se abriera progresivamente a la incorporación de los niveles locales. O'Donnell fue una de las primeras voces en problematizar en América del Sur la naturaleza territorialmente desigual de los procesos de democratización. Sea porque "sufren más las crisis económicas" o "cuentan con burocracias más débiles que el centro", en las regiones periféricas los sistemas de poder local "tienden a alcanzar grados extremos de dominación personalista y violenta", "que operan según procedimientos incompatibles, cuando no antagónicos, con la legalidad que supuestamente regula el territorio nacional", y, en consecuencia, "varios derechos y garantías de legalidad democrática no tienen efectividad" (O'Donnell 1993: 169). Este interés por la política provincial se vio estimulado además por la redistribución de competencias entre gobiernos nacionales y locales como resultado del proceso de descentralización político-administrativa del Estado que acompañó a la liberalización de las economías (Snyder 1999, Diamond 2002). El "giro hacia el interior" se caracterizó por la preocupación por la permanencia en el poder de elites autoritarias o "familias políticas", sustentadas en sistemas políticos centralizados y personalistas que lograban mantener aisladas a sus provincias de las políticas impulsadas desde el gobierno nacional.

La primer generación de estudios sobre política en provincias, y bajo la impronta de la sociología de cuño weberiano, colocó el eje analítico en el tipo de dominación por medio de la patrimonialización del Estado (Oszlak 1980, Trocello 1998, Saltalamacchia y Silveti 2009). La sociología de la cultura contribuyó a comprender las prácticas clientelares (Auyero 1997), desde el campo historiográfico el papel de las redes familiares y el clientelismo en la dominación política (Falleti, Sislian y Ansaldi 1997). A estas claves analíticas la ciencia política añadió el estudio de las coaliciones electorales y los procesos electorales (Cheresky y Blanquer 2004) para comprender la falta de alternancia en los gobiernos provinciales y los problemas de representación.

Más recientemente la política comparada comenzó a advertir que las variables exploradas hasta entonces eran insuficientes para dar cuenta de la presencia de un fenómeno sui generis. Un nuevo tipo de régimen político emergente de una "zona gris" en la que los procedimientos democráticos pueden convivir con ejercicios del gobierno de características autoritarias (Levitsky y Way 2002, Diamond 2002, Schedler 2002). Estos regímenes híbridos, mixtos o ambiguos nominados como autoritarismo competitivo (Levitsky y Way 2002) o autoritarismo electoral (Schedler 2002), ha dado lugar en América Latina a los estudios relativos al autoritarismo subnacional (Gibson 2004, Gervasoni 2005, Benton 2007, Souza 2009, Durazo Herrmann 2010, Behrend 2011). Estos estudios han recuperado la dimensión territorial de la democratización y han logrado poner de relieve situaciones donde dos niveles de gobierno operan en un mismo territorio bajo diferentes regímenes. Sin embargo el Estado sigue siendo un actor ausente en el debate sobre la democratización pese al consenso en torno que la vigencia de un Estado de derecho es fundamental para la gobernabilidad democrática (PNUD 2004, O'Donnell, Vargas Cullell y Iazzetta 2004, Iazzetta 2007)¹.

Una dimensión del Estado sobre la cual el articulo busca llamar la atención es el papel de las agencias estatales, especialmente a las que le es delegado el monopolio del uso legítimo de la violencia física en los procesos de democratización a nivel local.

Este artículo se posiciona entre dos debates, el de la democratización y el de la llamada "cuestión policial". Pese que el desempeño de las fuerzas de seguridad² afecta la relación del Estado con sus ciudadanos más tangiblemente que cualquier otra institución porque afecta al pleno ejercicio de las libertades civiles y políticas (Eaton 2008, Kobilanski 2011), dichos debates transitaron hasta muy recientemente por carriles paralelos. Multiplicados al ritmo de la emergencia de la brutalidad y corrupción policial como uno de los principales problemas políticos de la post-dictadura, los estudios policiales estuvieron centrados en la identificación de las líneas de acción necesarias para desmontar un modelo institucional verticalista, militarizado, politizado, desprofesionalizado. Siendo la reformulación de la cadena de mandos, la descentralización funcional y territorial, y el diseño de espacios de rendición de cuentas comunitaria e institucional sus principales ejes (Kobilanski 2011). Pero la cuestión policial no puede ser analizada de modo independiente a la conformación del campo de lo estatal y sus prácticas centralizadoras.

En efecto, el mandato de conservar el orden público con el que nacieron las instituciones policiales ha sido orientado a la protección del gobierno, que al resguardo de los derechos y libertades ciudadanas (Frederic y Saín 2008, Barreneche y Galeano 2008). El bajo nivel de autonomía de la actividad policial respecto de las disputas de poder entre facciones políticas ha sido un rasgo presente en distintos momentos de la historia de la policía³. De acuerdo a Barreneche y Galeano (2008) durante la etapa colonial, los "alcaldes de barrio" -funcionarios elegidos anualmente por los cabildos de la metrópoli española para desempeñar las funciones municipales y de vigilancia de la ciudad- fueron aliados estratégicos de los gobernadores intendentes en sus constantes pugnas con los cabildos por el control del espacio urbano. La inestabilidad en la función policial como consecuencia de la subordinación de los alcaldes de barrio a las autoridades capitulares, dio lugar en el periodo independiente -luego de mucha resistencia de parte de los miembros del cabildo como era de esperarse- a la creación de la primer intendencia de policía con una estructura de mando centralizada, personal asalariado, tropa de vigilantes uniformados. La vigilancia de las actividades en los espacios públicos y domésticos para proporcionar información al gobierno, actividad acentuada en el régimen rosista, sentaría las bases de la identificación función policial/defensa del régimen político. Siguiendo con la investigación de Barreneche y Galeano (2008) en el periodo de conformación del Estado moderno (1880-1950) la policía se conformará como un espacio burocrático diferenciado de lo municipal y la justicia. Sin embargo, aquel vínculo con la política no será desmontado. Por el contrario, los gobiernos conservadores de la década de 1930 incentivaron la persecución policial de militantes disidentes. Con el advenimiento del peronismo la profesión policial será reorganizada en base a lineamientos castrenses con el objeto de cortar lazos de las autoridades policiales con dirigentes políticos radicales y conservadores y afirmar su lealtad a los gobernadores. El modelo institucional centralizado, jerárquico, militarizado y orientado a la vigilancia política bajo el que nacieron las policías provinciales en la década de 1940 y 1950, fue funcional a los objetivos de control social de los gobiernos militares y un elemento fundamental para la articulación del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

En este contexto fueron sancionadas en los años sesenta y setenta las leyes orgánicas que ponían en funcionamiento el Departamento de Informaciones Policiales (DIP)⁴, y por las cuales las policías provinciales siguieron rigiéndose durante los noventa y algunas hasta la actualidad. ¿En qué medida puede esperarse que la política interior y sus actores hayan dejado de ser una hipótesis de trabajo policial? ¿En qué medida la policía puede constituirse como un espacio autónomo de los intereses y disputas políticas, en tanto ella forma parte de las prácticas centralizadoras del campo de lo estatal?

Para desentrañar estos interrogantes hemos apelado a la perspectiva de Foucault sobre la policía en tanto posibilita ver más allá de la institución. Percibida como tecnología de gobierno de la población, la policía se presenta como poder de normalización y regulación de los comportamientos (Foucault 1975 y 2000). El análisis del poder de policía, entendido "como racionalidad que trasciende la institución policial pero al mismo tiempo se encarna en ella, en sus prácticas, reglamentos e ideología" (Tiscornia 2004: 81). Considerar a los reglamentos, decretos, leyes o discursos institucionales como analizadores del poder policial, esto es de las facultades estatales por las cuales un gobierno puede restringir libertades públicas con el objeto de conservar el orden público fue una perspectiva fértil para nuestra indagación empírica. Coincidimos con Barreneche y Galeano (2008) en que el estudio de las instituciones policiales constituye un punto de observación privilegiado para analizar la tensión entre centralización y la demanda de descentralización que plantea el ejercicio democrático del poder.

A través de un estudio de caso, los gobiernos del juarismo en Santiago del Estero entre 1995 y 2004, abordamos la relación de los dirigentes partidarios con la policía en un doble registro. Una dimensión formal constituida por los alcances y límites impuestos a la intervención policial sobre la vida política establecidos en la letra de la ley orgánica de la policía santiagueña. Una dimensión informal configurada por los vínculos extra-institucionales entre agentes policiales y dirigentes juaristas en relación a los cuales buscamos identificar cuáles fueron los principios que regularon dicha relación, de qué manera estos principios orientaron su desempeño como policías hacia el control político, y en qué modos la policía formaba parte de la dinámica política. Ambas dimensiones fueron reconstruidas a partir del análisis de documentos policiales, entrevistas en profundidad con agentes que desempeñaron funciones en el DIP durante el periodo estudiado y dirigentes de primera línea del PJ juarista.

El caso santiagueño aporta otra perspectiva del asunto sobre la democratización policial al mostrar que la conducción civil no cancela por sí sola la posibilidad de los excesos policiales. Los intrincados vínculos que unen la "alta policía" con la "baja política" se encuentran profundamente arraigados en una racionalidad política que pervive y se materializa en el poder policial que ostentan algunos Estados provinciales. En última instancia el artículo busca mostrar cómo la gobernabilidad democrática puede ser tensionada por las prácticas centralizadoras que se sustentan en marcos normativos que se cuelan en los intersticios abiertos por la heterogeneidad jurídica inherente a un sistema federal como el argentino, que habilitan prácticas de vigilancia y crean escenarios de criminalización de la política.

En el apartado siguiente realizamos una presentación del caso. El segundo apartado presenta el contexto histórico en el cual se institucionaliza la vigilancia política en la policía santiagueña, atendiendo a los procesos regionales y nacionales que dieron forma a las leyes orgánicas policiales. En el siguiente apartado exploramos las particularidades que tuvo la relación del juarismo con la policía santiagueña, para en el apartado cuarto analizar cómo esos vínculos informales dieron lugar a que la inteligencia policial estuviera predominantemente orientada hacia el control de la actividad política, dentro y fuera del PJ juarista. Para cerrar realizamos un balance de las reformas policiales y, a través de los aportes del caso estudiado, anotamos algunos nudos problemáticos en torno a la cuestión de la conducción policial.

II. El caso: una ventana a las bases políticas-policiales del poder en el norte argentino

El juarismo santiagueño puede ser considerado un caso paradigmático de la tensión centralización y gobernabilidad democrática. Este sector del peronismo conducido por Carlos Arturo Juárez (1917-2010) fue una de las fuerzas políticas que más veces ejerció el gobierno en el periodo post-dicta-dura. La hegemonía electoral y política que había construido durante las décadas del ochenta y noventa fue quebrada por una Intervención Federal. Aprobada por el Senado de la Nación el 31 de marzo de 2004, la medida fue el corolario de la crisis institucional desatada por la protesta social en reclamo por el esclarecimiento de los "crímenes de la Dársena"^{5 6}. El caso de Leyla Bshier y de Patricia Villalba representaron lo que Tiscornia (2008) define como "muerte-acontecimiento"⁷ ya que el encubrimiento policial (y judicial) de quienes eran los principales sospechosos -hijos de funcionarios, funcionarios y el hijo del empresario más importante de la provincia- ponía de relieve el "pacto de reciprocidad"⁸ entre el poder político, económico y la policía. Este fenómeno que ya venía siendo denunciado por organizaciones contra la violencia represiva⁹ y la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero¹⁰, quedó evidenciado con el hallazgo de un archivo con aproximadamente 40 mil carpetas de espionaje político sobre referentes políticos y sociales de la provincia en el edificio donde funcionaba el DIP¹¹.

El vínculo de los dirigentes del juarismo con el DIP no era novedoso. Una mirada retrospectiva a la historia de esta fuerza política permite advertir una relación constitutiva entre ambos.

Los mandatos juaristas tuvieron lugar en momentos clave de la historia nacional como el primer peronismo (1949-1952); la emergencia del peronismo revolucionario (1973-1976); la transición democrática (1983-1986); la reforma neoliberal del Estado realizada bajo el menemismo y la crisis institucional de 2001 (1995-1999 / 1999-2002). Su esposa, Mercedes Marina Aragonés, ocupó el poder ejecutivo durante los primeros años del kirchnerismo (20022004), mientras el caudillo asumía una banca de senador nacional como cierre de su carrera política. A lo largo de sus gobiernos Juárez logró edificar una base territorial propia conformada por una densa red de unidades básicas (UB), reunidas en torno a las cinco ramas del partido¹², que contribuyó a su consolidación electoral y política en los años noventa (Vommaro 2009). En su trayectoria es posible identificar cinco etapas:

1) Formativa (1949-1952). Juárez, un joven abogado sin experiencia partidaria aunque con trayectoria en las filas de la Acción Católica Argentina, fue electo gobernador como candidato del peronismo en un contexto de modernización estatal impulsada en el orden nacional por Perón¹³. Durante su gobierno fueron creadas en 1950 la División de Investigaciones y la Inspección General de Jefaturas Políticas, antecedentes de la Policía Provincial que sería fundada en 1952¹⁴.

2) Estructuración de sus bases de dominación (1973-1976/19831987). Comprende la resolución de las disputas por el monopolio de la representación del PJ que habían alcanzado su punto álgido en las elecciones provinciales de 1973. Por entonces, el apoyo de parte del gobernador de facto Carlos Jensen Viano (1972-1973) al candidato Juárez, desde la perspectiva de la facción peronista alineada a Perón, "no respondió a una estrategia o táctica para la captación de sufragios solamente sino que pareciera haber sellado definitivamente, ya para hacerla realidad desde la función pública, una política del 'acuerdo'"¹⁵. Una vez electo, Juárez mantuvo al DIP que había sido puesto funcionamiento por el gobierno militar saliente. Durante su segundo mandato, el organismo perpetró detenciones ilegales y desapariciones de personas vinculadas a la interna peronista, desarticulando la incipiente renovación partidaria¹⁶.

3) Consolidación electoral y política (1995-1999 y 1999-2002). Etapa en la que el juarismo logró a) el monopolio de la representación partidaria al derogar la Ley de Lemas e instalar a Carlos Juárez como Presidente del PJ y único líder del partido; b) constituir al PJ juarista en un partido predominante al ganar tres elecciones consecutivas de gobernador¹⁷, inclusive las dos elecciones intermedias de diputados provinciales¹⁸, manteniendo la mayoría legislativa en todo el periodo; c) intensificar su trabajo de organización de redes partidarias, UB, en los barrios del aglomerado Santiago - La Banda y en las Intendencias y Comisiones Municipales de los 27 departamentos del interior provincial. En este contexto es creada en 1995 la Dirección General de Seguridad (DGS) integrada por una Secretaría de Informaciones y una Subsecretaría de Seguridad, en cada una de las cuales fueron designados dos de los máximos responsables de la planificación y ejecución de la represión ilegal en la provincia¹⁹.

4) Crisis y desarticulación del PJ juarista (2002-2004). La renuncia de Juárez en diciembre de 2001 a su quinto mandato como gobernador para asumir la banca de senador para la que había sido electo en octubre, desató fuertes rivalidades entre dirigentes por la conducción partidaria. La composición del nuevo gobierno, integrado por un diputado provincial sin peso político propio²⁰ y su esposa "Nina" Aragonés como vicegobernadora, agudizaron la precariedad de los equilibrios internos. La protesta social por el "Doble crimen de la Dársena" profundizó la crisis política que atravesaba el gobierno que pidió la renuncia de los funcionarios involucrados y piezas clave de su armado político²¹, aunque no logró impedir que la provincia fuera intervenida el 31 de marzo de 2004. Juárez fue procesado y detenido en el marco de la causa abierta en la provincia por los delitos de violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1976²². La gobernadora fue detenida en el marco de la causa iniciada por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), por estafa en perjuicio del Estado nacional²³; de la causa por "robo en poblado y banda" como "autora ideológica" del saqueo de la casa e intento de asesinato de un diputado nacional²⁴. Ambos fueron detenidos además en el marco de la causa por espionaje ilegal luego del allanamiento del DIP.

En lo recorrido hasta aquí encontramos que, así como en el orden nacional el peronismo desempeñó un papel importante en la modernización de la actividad policial, en el orden provincial la institucionalización de la vigilancia policial de la política interna ha estado asociada a los gobiernos juaristas.

III. Contexto histórico de la institucionalización de la vigilancia política en la policía santiagueña

Pese que la injerencia policial en la política provincial ha sido, como mostraremos en el próximo apartado, una actividad promovida por los gobiernos juaristas, esto no ha sido el efecto de una desviación institucional de la policía santiagueña, ni la obra de los excesos de un ejercicio "desbocado" del poder. Se trata de un modelo institucional emergente del cruce entre las prácticas de centralización del poder observadas en el siglo XIX, y del proceso de militarización del Estado nacional y sus políticas de seguridad de la segunda mitad del siglo XX.

La unificación de la noción de defensa nacional con la de seguridad interior, difundida en nuestra región a través de la Doctrina de la Seguridad Nacional y aplicada en nuestro país mediante la Ley de Defensa Nacional N° 16970 sancionada en 1967²⁵ por la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973), planteaba que la amenaza a los valores que hacían a la existencia del Estado provenía desde la política interior. Razón por la cual el eje de las acciones de defensa fueron trasladadas al plano interno, siendo las policías provinciales subsumidas a los objetivos militares de defensa nacional y lucha contra el comunismo (Ugarte 2001). La misión de librar una guerra permanente contra "la subversión", un delito de carácter político, trajo consigo la "intensificación de prácticas policiales destinadas al espionaje, la invasión de la vida privada de los ciudadanos, el ejercicio de la coerción por motivos políticos y la creación de divisiones especiales para estos fines" (Oliveira y Tiscornia 1997:62).

La creación formal del DIP en Santiago del Estero data de 1979, cuando fue sancionada la Ley Orgánica de la Policía 4793. No obstante, como se desprende de las propias prácticas escritas del DIP, los primeros registros de seguimientos se remontan a la década del cincuenta. El organismo tiene por función "dirigir la reunión de información, procesarla, evaluarla y difundirla en la medida correspondiente, programando las acciones a adoptarse en lo que a su especialidad respecta, y realizar tareas de contrainteligencia y la confección de los anexos y/o apartados correspondientes a su Jefatura de los planes y órdenes del Jefe de Policía"²⁶. Para ello recopila, clasifica, archiva información relativa a actividades definidas como delictivas y que pueda ser requerida por otros organismos del Estado. Organizado en tres salas (de Situación, Explotación de Prensa, y Operaciones Especiales), y una Sección de Archivos, el personal de la sala Explotación de Prensa, los organismos policiales que conformaban la "cadena de información"²⁷ y distintos tipos de informantes contribuían a: "llevar actualizado el panorama en relación a delitos comunes, actividades subversivas, asuntos políticos, gremiales, estudiantiles, migratorios, turísticos, etc., que tengan repercusión en la jurisdicción y por ende en el ámbito provincial" (Documento interno del D-2, s/f). El análisis de la información recopilada consistía en la elaboración de "hipótesis de conflicto": saber "qué es lo que puede pasar, si tiene connotaciones políticas, de qué manera le puede afectar o no al gobierno"²⁸. La descripción pertenece a un Suboficial principal que prestó servicio en el DIP como agente de calle y en la Sala de Explotación de Prensa entre 1984 y 2004, de quien no ofrecemos más datos para preservar su identidad y, como al resto de los entrevistados, llamaremos con nombres de fantasía.

Aunque formalmente no tiene facultades represivas, en los juicios que investigaron delitos de lesa humanidad en la provincia, se ha constatado que el DIP santiagueño funcionó como centro clandestino de detención, sus agentes como grupos de tareas, y que ha sido una de las fuerzas de seguridad que ejecutaron la represión ilegal durante los gobiernos civiles y militares de la década del setenta²⁹.

En relación a la función de seguridad las leyes orgánicas de las policías provinciales establecen una amplia gama de aspectos que pueden constituirse en asuntos policiales, pero no especifican ni las situaciones que justifican su intervención, ni los procedimientos. Esta ambigüedad habilita que los actores dispongan de un amplio margen de iniciativa y decisión en el desempeño cotidiano de sus funciones (Sain 2008). Aunque otras perspectivas indican que "lo que la policía debe efectuar en nombre de la ley no está por naturaleza comprendida por la ley", ya que ésta, para poder mantener su pretensión de universalidad, debe desplazar lo particular (L'Heuillet 2010).

El espionaje, o sea, no está permitido por la ley. Si vos te vas a regir por la ley no está permitido, pero que es lo que pasa (...) nosotros podemos actuar digamos en la vida privada de las personas o de las instituciones únicamente con orden exclusiva de un juez (...) el problema es que, para que suceda eso, el hecho tiene que estar ya explotado, tiene que haber dejado de ser latente (Entrevista con Suboficial Gómez, julio 2010).

Las intervenciones encubiertas y las acciones clandestinas se ven habilitadas por la función formal que, en la provincia, aún tiene el DIP. Mientras que en el orden nacional la política interna dejó de ser un eje de las acciones de los organismos de inteligencia de las fuerzas militares³⁰, en las jurisdicciones provinciales que no modificaron su estructura orgánica-funcional³¹ sigue siendo hipótesis de trabajo de sus departamentos de informaciones. Los lineamientos normativos policiales dejan de ser letra muerta cuando los consideramos como una práctica escrita del Estado (Muzzopappa y Villalta 2010), emergente de un largo proceso de centralización que volcó a la actividad policial control social y político de la población. Y que ha contribuido (lo sigue haciendo) a la constitución de escenarios de criminalización policial de la disidencia política dentro de los cuales operan los partidos políticos y organizaciones sociales.

La distribución de competencias entre jurisdicciones propia de la organización federal del Estado argentino ha generado un marco normativo en materia de seguridad sumamente heterogéneo, incluso contradictorio, del que los agentes se valen para legitimar sus intervenciones clandestinas sobre las libertades y la privacidad de las personas. En ese marco, en el apartado siguiente nos introducimos en las particularidades que tuvo la relación del juarismo con la policía santiagueña, para luego analizar cómo los vínculos informales de sus dirigentes con la institución dieron lugar a que la actividad policial de recopilación de información estuviera predominantemente orientada hacia la actividad política, dentro y fuera del PJ juarista.

IV. El vínculo dirigentes-policías durante el juarismo

La policía fue una de las agencias estatales donde los ingresos y ascensos estuvieron mediados por lealtades a los dirigentes, especialmente de la Juventud Peronista (JP)³². Siendo el "trabajo político" la forma más habitual de conseguir el "aval" necesario para tener posibilidades de ingresar a la fuerza. Los dirigentes entrevistados -altos dirigentes de las poderosas y populosas JP y la Rama Femenina (RF)- emplean esta expresión para señalar que el apoyo a un dirigente no se reducía al momento de la campaña electoral y el voto³³. Designa una ocupación habitual, duradera, en la que se invierte tiempo, recursos personales, esfuerzo físico, para sostener las distintas actividades del partido, que en el PJ juarista³⁴ estaban distribuidas según el género³⁵, la edad y la posición dentro de la jerarquía partidaria. Por ejemplo era responsabilidad de quienes estaban ubicados en las bases las tareas de afiliar, asistir a reuniones, actos, concentraciones, movilizaciones. Las actividades podían ser realizadas después de la jornada laboral o, en el caso de quienes aún no tenían un empleo pero aspiraban a conseguirlo a través de su trabajo para el partido, podía ser una ocupación de tiempo completo. En cambio quienes habían alcanzado el rango de referentes barriales, además de la afiliación -actividad transversal a todos los estratos del partido-, tenían a su cargo la creación y sostenimiento de UB, así como la gestión de recursos necesarios para la movilización de las bases para actos y concentraciones. Los "trabajadores políticos" consagrados como dirigentes se ocupaban de formar y atraer referentes territoriales capaces de movilizar vecinos para distintos momentos en los que debían hacer visible su poder de convocatoria frente a otros dirigentes o bien ante los conductores del PJ juarista. El sostenimiento de estas actividades en el tiempo era considerado muestra de lealtad necesaria para adquirir el derecho a reclamar algún beneficio, siendo los nombramientos en un cargo de la administración pública uno de los bienes más preciados³⁶. Educación, salud, justicia, fueron áreas emblemáticas del acceso regulado por las distintas ramas partidarias del PJ juarista³⁷. En particular la policía provincial fue una institución donde la dirigencia juarista, especialmente de la JP, tuvo una gran incidencia. Su conductor, Carlos "Pololo" Anahuate, reconoció que "había ocho dirigentes que en forma equitativa proponíamos al gobierno provincial (listas) para que designe a los policías"³⁸. Por el peso de su estructura política³⁹ fue uno de los dirigentes que concentró la mayoría de los lugares de las listas de nombramientos y de ascensos dentro de la policía. Esta rama partidaria reunió a jóvenes de sectores medios, populares urbanos, inclusive hombres en situación de marginalidad, algunos de ellos vinculados a la "barra brava" de los equipos de futbol y actividades ilegales. Su presencia en los actos partidarios se destacaba, sea por la cantidad de hombres que movilizaba, por la animación con los bombos y cánticos, por conseguir los mejores espacios para ubicar los carteles y pancartas de su dirigente. A diferencia de otras ramas masculinas, estos jóvenes debían "poner el cuerpo" sobre todo en tiempos de campaña electoral cuando eran frecuentes los enfrentamientos con militantes de otros partidos por el control de su territorio político. Asociada predominantemente con la fuerza física de sus jóvenes, la mayoría de las designaciones de trabajadores políticos en la policía provinieron de la JP.

Al respecto otro de los policías entrevistados, actualmente Comisario que durante el periodo analizado se desempeñó como Oficial Subinspector, señaló: "no había curso, no había absolutamente nada (...) iban con la designación en la mano y entraban a la Escuela, recibían una pequeña instrucción de un mes y bueno, ya iban a las dependencias" (Entrevista con Comisario Santillán, julio 2010).

Esto coincide con documentos que indican que: "existen nombramientos en el cargo de Agente de Policía de personas que no están debidamente formados, y sin el correspondiente examen psicofísico. Tanto al ingreso a la Institución Policial, como durante su función, no se les hace una adecuada práctica de tiro, no se verifican los antecedentes familiares y socioambientales de los postulantes, pareciera que sólo importa la militancia partidaria de estos y sus familias" (Informe sobre Derechos Humanos en Santiago del Estero 2003).

Inclusive, la práctica de la dirigencia juarista de recompensar a sus seguidores a través de nombramientos en cargos policiales no solo benefició a trabajadores políticos sin formación policial⁴⁰, sino que en algunos casos favoreció a "gente que ha estado en la cárcel" de acuerdo a lo expresado por los propios dirigentes y agentes policiales entrevistados. Las numerosas denuncias contra la policía recogidas por la Secretaria Diocesana para los Derechos Humanos entre 1997 y 2004 dan cuenta de apremios ilegales, tortura y gatillo fácil. La violencia policial emerge como contrapartida de la penetración de dicha forma de regulación partidaria en la carrera policial, en un proceso que ha sido caracterizado por los propios actores policiales como de "desprofesionalización".

"No había una formación específica para el tipo que ingresaba al D2. Cuando yo ingresé me dijeron, "vos vas a trabajar con este" y yo seguía los pasos de ese (...) cuando ingresas te imaginas que vas a ser James Bond!! No había preparación, era improvisar. (.) Encima no se podía venir sin nada" (Entrevista con Suboficial Gómez, julio 2010).

No obstante, este déficit de capacitación formal de los agentes policiales no significó ausencia de formación. En ese sentido los agentes entrevistados explican su desempeño en el DIP en función del aprendizaje de un "modelo de trabajo", heredado de los compañeros con más trayectoria, descripto por el Suboficial Gómez como consistente en "detectar cualquier tipo de conflicto (.) en todos los ámbitos sociales, político, religioso, cultural, estudiantil".

Si la historia institucional ha construido un modelo policial orientado al control político, éste modelo fue profundizado por la regulación partidaria de procesos internos de la institución tales como los ingresos y ascensos que tuvo lugar durante el juarismo. La práctica partidaria de la JP de designar "trabajadores políticos" en la policía, imponía además de obligaciones económicas de los agentes con el dirigente al que debían su designación⁴¹, deberes políticos como la prestación de lo que Saín (2008) denominó "servicios políticos informales" -como el espionaje político, hostigamiento y el ejercicio de presión sobre opositores y adversarios⁴²-; la tolerancia policial respecto de distintas ilegalidades que formaron parte de la actividad de algunos dirigentes y funcionarios juaristas⁴³.

En el próximo apartado analizaremos de qué modos la doble pertenencia de los trabajadores políticos/policías le permitió al juarismo adscribir las funciones de vigilancia policial al servicio del mantenimiento de su hegemonía política.

V. Razón de Estado y saber policial: usos del DIP en el juarismo 1995-2004

Como vimos en los apartados anteriores, la idea del "enemigo interno" se encuentra profundamente arraigada en la institución y en la actividad policial. De modo que cuando los policías entrevistados dicen que su principal función en el DIP era "detectar" y "desarticular cualquier situación contraria al régimen, manifestaciones, personas", no están recitando la letra de la ley orgánica, sino describiendo una actividad constitutiva a la función.

Como vimos en el apartado anterior la función de las actividades de inteligencia era la anticipación de los acontecimientos. Aquí, de acuerdo al Suboficial Gómez, la recopilación de información estuvo presidida por la búsqueda de identificar para desarticular posibles conflictos y acciones de protesta social: "el trabajo diario era ir a observar la cuestión vamos a llamarle la cuestión social, la cuestión gremial, de los movimientos políticos, esa cuestión, que es nada más que informar que es lo que está sucediendo".

De la observación de algunos legajos personales es posible advertir la diversidad de fuentes de la que podía provenir la información⁴⁴. Así, la ficha policial podía ser acompañada de "informes ambientales", registros de seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías, recortes de prensa escrita, entre otros. En los casos de personas que fueron alguna vez detenidas, especialmente durante el terrorismo de Estado, sus legajos contienen además declaraciones obtenidas bajo interrogatorio (Margaría y Schnyder 2013).

En la producción de estos informes intervenían, además los agentes del DIP informantes empleados por la Subsecretaría de Informaciones que prestaban servicio en distintas áreas de la administración pública provincial⁴⁵. Pese lo reducido del personal policial afectado, el DIP pudo sostener la actualización de sus legajos en base a sus vínculos con actores del espacio político. "No necesitábamos tener un aparato", explica el Suboficial Gómez, porque "nos llegaba la información porque había temor y por querer acomodarse" de parte de distintos "trabajadores políticos", especialmente de aquellos que se desempeñaban en distintas áreas de la administración pública⁴⁶. La información, pero también chismes y rumores, fueron estrategias políticas privilegiadas para ubicar a una persona bajo sospecha policial y en el centro de las actividades de seguimiento del DIP. Las personas que estaban bajo sospecha policial eran por lo general dirigentes políticos y funcionarios, militantes y referentes de organizaciones sociales y religiosas, estudiantes, sindicalistas, periodistas, entre otros. La participación de "trabajadores políticos" para el funcionamiento de este dispositivo de espionaje acentuó la orientación de la recopilación de información hacia la actividad política, dentro y fuera del PJ juarista. Esto se advierte en los criterios que guiaban el seguimiento.

Cuando los entrevistados refieren al espionaje en términos generales indican que se trata de "tener información de dirigentes, de políticos, de cualquiera, de cualquier persona que le interesaba al gobierno", "saber a qué signo político pertenece", "saber en qué cosas turbias o no andan determinadas personas" (Entrevista con Comisario Santillán, julio 2010). Pero cuando profundizamos sobre cómo era hacer espionaje durante el juarismo el campo de cuestiones relevadas se ve ampliado. Desde "saber si el tipo tenía amantes, si vivía con sus hijos, como se llamaba su señora, sus familiares, de qué vivía, quienes eran sus vecinos", hasta establecer si un "trabajador político", fuera dirigente o militante de base, "estaba o continuaba trabajando en política para el oficialismo o si se ha pasado de bando". El control policial de la dirigencia fue confirmada por uno los dirigentes de la JP entrevistados: "Los que trabajábamos políticamente teníamos por costumbre ver [en nuestras actividades] al personal policial del D2, ellos nos hacían los "ambientales (...) cuando nosotros teníamos las reuniones políticas, Carlos Juárez escribía sobre esos informes que le pasaba la policía (...) El chequeaba [nuestro trabajo] con los ambientales, anotaba sobre esos informes que le mandaban y sabía tener hasta dos o tres ambientales por cada uno" (Entrevista con dirigente, agosto 2010).

Abocados a la tarea de controlar la lealtad de la dirigencia fue usual que la función prestada como policías se viera confundida con sus obligaciones como "trabajadores políticos". "todos los gobiernos han manejado la parte de información como un servicio para el gobierno (...) había que proteger a los dirigentes (...) tenías que ponerte la camiseta, actuar con esa parcialidad del oficialismo cuando había contiendas o enfrentamientos con sectores políticos (...) eso era como una ley, era una norma" (Entrevista con Comisario Santillán, julio 2010).

El discurso de los agentes y dirigentes coinciden en que la gestión de la política no sería posible sin la capacidad de anticipación a los acontecimientos que proporcionaría la inteligencia política. No sería posible la gobernabilidad política sin la ayuda del ojo policial que haga "transparente" al poder los procesos que fluyen en el cuerpo social sobre el que éste gobierna. Esta imagen de la política heredera de un modelo castrense que la redujo a un "teatro de operaciones" exclusivo de las fuerzas de seguridad, operaba a tal punto que podía seguir siendo como argumento de legitimación del espionaje décadas después del colapso de la dictadura:

Cuando yo entré al gobierno, hace más de cincuenta años, encontré esta oficina de informaciones con ese cúmulo de carpetas y números, y me puse a indagar por qué existía ese volumen inmenso de papeles referidos a la vida de las personas. Me encontré con una información policial sobre ellas, no un seguimiento, es distinto a lo que algunos llaman Gestapo a la oficina de informaciones.

-¿La oficina de informaciones era para espiar a los santiagueños o a los opositores?

Yo no la tenía a la oficina, la heredé a ésta hace cincuenta años, yo no armé esa oficina, esa oficina ya estaba. Yo pensé, incluso en desarticularla, pero después advertí que esa oficina así era necesaria para poder gobernar. ¿Si la oficina de informaciones desaparecía, cuando necesitaba un informe con respecto al desempeño de un funcionario de nivel que estaría desempeñando sus tareas en el interior o si yo quería informarme si la educación estaba marchando adecuadamente, si había justicia, si había o no asaltos, si había o no bandas de ladrones, si fulano de tal, que venía a pedir un puesto, que antes...

-¿Usted utilizó los datos de esa oficina?

Claro, todos los gobiernos la necesitaban.

(Carlos Juárez, en A dos voces, programa emitido en el canal TN, miércoles 10 de marzo de 2004, énfasis nuestro)

Se puede objetar que la inteligencia política nació con la misión de prevenir y detener complots, de "proteger" la política (L'Heuillet 2010). Sin embargo, es necesario distinguir la preservación de los fundamentos del Estado, la protección de condiciones institucionales para la acción de gobierno, del uso de la inteligencia para la reproducción de la hegemonía política de una facción política en el ejercicio del poder gubernamental.

VI. Notas finales: las policías, una deuda pendiente de la democracia argentina

En diciembre del año 2013 se cumplieron treinta años de vigencia ininterrumpida del régimen democrático en la Argentina. En paralelo, se producían graves incidentes como consecuencia de los acuartelamientos policiales que comenzaron en Córdoba y rápidamente se replicaron en dieciséis provincias⁴⁷. Los saqueos a supermercados y comercios, robos a particulares, destrozos en la vía pública, y ciudadanos armados en autodefensa, componían escenarios provinciales caóticos propiciados por el quite de colaboración de los efectivos policiales pese a que en nuestro país las fuerzas de seguridad no están sindicalizadas. La sensación de inseguridad se vio agravada por los muertos y heridos que arrojaron los incidentes que acompañaron a las huelgas policiales. La medida de fuerza fue considerada por el gobierno nacional como una acción extorsiva ya que el reclamo por aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo incluía la exigencia de que fueran reincorporados policías exonerados de la fuerza⁴⁸. El poder de veto sobre cualquier política de reforma que afecte sus intereses fue demostrado por las fuerzas policiales en las jornadas de diciembre de 2013. La situación de caos, incertidumbre e inseguridad a la que fueron arrojados los argentinos pronto dejó claro la capacidad que tiene la policía para producir las condiciones para un acelerado deterioro de las bases de legitimidad de un gobierno. Esta percepción de que las fuerzas policiales podían convertirse en un factor de desestabilización democrática se vio reforzada por los antecedentes locales y regionales que tenían los acuartelamientos. En efecto, el año anterior había tenido lugar la protesta de Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval y el intento de destitución del presidente de Bolivia Evo Morales. Dos años antes policías acuartelados atentaron contra la vida del presidente Rafael Correa en Ecuador. En ese contexto el oficialismo, las principales fuerzas de la oposición y distintas organizaciones sociales coincidieron en el repudio de los acuartelamientos y en la necesidad de democratizar las fuerzas policiales. Durante el acto oficial por los 30 años de la democracia la presidente Cristina Fernández interpeló a los gobernadores a que "de la misma manera que en estos treinta años a partir de procesos difíciles, complejos, logramos una nueva Ley de Defensa, una reincorporación y reinserción de nuestras Fuerzas Armadas a los procesos democráticos, hay que hacer lo mismo en cada una de las jurisdicciones con las policías provinciales de una buena vez por todas"⁴⁹ (Acto por los 30 años de la Democracia: Palabras de la Presidenta de la Nación, 11 de Diciembre de 2013). La acción estatal en materia de seguridad encontraba un cerco complejo de franquear en las autonomías provinciales.

El reclamo de que las provincias avanzaran hacia el control civil de las policías no era una demanda novedosa. Durante la transición democrática las fuerzas armadas fueron desplazadas de la conducción de las fuerzas policiales, devolviéndola a los gobernadores sin que se promoviera ninguna otra modificación. Con el recrudecimiento de los usos abusivos y/o letales de la fuerza y las denuncias periodísticas de casos de corrupción policial durante los años noventa se iniciarían en algunas provincias modificaciones sobre sus policías, siendo "la bonaerense" un caso emblemático, seguida por los procesos reformistas en Santa Fe, Mendoza, Chubut, entre otras. Los principales cambios introducidos por las reformas incluyeron mayor presencia policial en las calles; la separación de la función preventiva de la investiga; la promoción de la participación ciudadana; la creación de órganos de contralor de los poderes ejecutivo y el legislativo, y de mecanismos de rendición de cuentas vertical y horizontal (Kobilanski 2011). Sin embargo, un balance de todo el periodo muestra que las acciones reformistas iniciadas no han sido mantenidas en el tiempo (Kobilanski 2011)⁵⁰. Aún más, las experiencias fallidas favorecieron al reclamo de políticas de "mano dura". Tal vez una excepción a esta discontinuidad en las políticas de seguridad sea el Programa Nacional de Capacitación, Apoyo a la Formación y Actualización de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad impulsado desde el año 2004 por el Estado Nacional a través del Consejo de Seguridad Interior. El programa, al que se adhirieron las provincias en el año 2005, fue pensado como "un conjunto de acciones académicas que vinculan su preparación con el interés mismo de la propia sociedad, sus problemas y expectativas" (Robaldo 2006:31-32). El contenido curricular incorporó temas como las nuevas formas de crimen organizado, violencia intrafamiliar con impacto en la escuela, narcocriminalidad, trata de personas como nuevo modo de esclavitud, seguridad turística y deportiva (Robaldo 2006).

En este marco de inconsistencia en las políticas reformistas surgió en el año 2009 el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), un acuerdo multisectorial en torno a diez puntos básicos para una política de seguridad democrática y respetuosa de los derechos humanos⁵¹. Pero no fue hasta los incidentes durante la toma de tierras en el Parque Indoamericano en el barrio de Lugano de la ciudad de Buenos Aires -cuando la represión de la policía federal y de la policía metropolitana quebró la política de no represión de la protesta social sostenida como política de Estado-, que el gobierno nacional decidió adoptar una política coordinada en materia de seguridad por medio de la creación en diciembre de 2010 de un Ministerio de Defensa en base a los lineamientos del ASD.

Aquella decisión política orientada a coordinar pero también controlar el accionar policial, se vio interpelada tres años después por los acuartelamientos de las policías provinciales. Si bien las provincias habían realizado algunos avances en sus policías en términos de formación y actualización, de tecnificación, de incorporación de la participación comunitaria, de descentralización territorial y funcional; los incidentes de diciembre de 2013 muestran que las políticas de democratización de las policías no terminan de articular una crítica de la policía como racionalidad de gobierno.

Es que el divorcio entre los debates sobre la democratización y estudios policiales parece haber confinado la reforma policial a un tema fundamentalmente administrativo. A través del caso presentado buscamos mostrar que, así como no se puede comprender el arraigo de un modelo institucional militarizado sin atender al proceso de formación estatal, la democratización policial no puede ser diseñada sin desmadejar los intrincados vínculos que unen la "alta policía" con la "baja política".

La tesis del "autogobierno policial" (Sain 2008) que ha guiado buena parte de los esfuerzos por domesticar las policías ha derivado en la demanda de conducción civil. ¿Pero hasta qué punto la conducción de la fuerza por parte de una autoridad política elegida democráticamente cancela por si sola la posibilidad de los excesos policiales?

El caso santiagueño aporta otra perspectiva del asunto. Durante el periodo estudiado la policía ha respondido estrictamente a la conducción política del poder ejecutivo provincial. Sin embargo, la actividad policial se ha mostrado funcional a las necesidades de control político del juarismo. La inteligencia policial que le ha permitido al juarismo manipular las condiciones institucionales en las que se desarrollaba la vida política, no ha sido un emergente del autogobierno policial, sino una línea de acción promovida por la propia autoridad política. La "alta policía", como define a la policía de inteligencia L'Heuillet (2010), no es más que el reverso de la "baja política" que se vale de las informaciones para condicionar los procesos políticos, en el caso santiagueño a favor de los intereses partidarios del gobierno. Pero que ocurre cuando esa misma policía, favorece o habilita una situación de desborde social para reclamar por la ruptura de un "pacto de reciprocidad" en el marco de las modificaciones introducidas en sus estructuras.

Desmadejar los vínculos política-policía supone avanzar en una crítica de la racionalidad política que subyace a las prácticas de centralización del poder y que tiene en la policía una tecnología de gobierno. Una crítica del poder policial que se sustenta en marcos normativos que habilitan prácticas de vigilancia y crean escenarios de criminalización de la política, que se cuelan en los intersticios de la heterogeneidad jurídica inherente a un sistema federal como el argentino.

 

Notas

1 En general durante los años noventa se han discutido aspectos vinculados a la reforma del Estado, su rol en la economía, el tipo de políticas sociales, los mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos. Recientemente se publicaron dos dossiers dedicados al Estado. Publicado en el año 2007, el dossier "El Estado como problema y solución. Políticas públicas y reformas estatales en la provincia de Buenos Aires" coordinado por Antonio Camou, Mabel Hoyos y Germán Soprano fue publicado en el N° 4 de la revista Cuestiones de Sociología. Revista de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En el año 2010 la Revista de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile publicó en su volumen 32, N° 3, el dossier "El Estado latinoamericano en su laberinto" coordinado por David Altman y Juan Pablo Luna.

2 Estas se componen, además de por las fuerzas policiales provinciales, por cuerpos de seguridad dependientes del gobierno nacional: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria En este trabajo nos focalizamos en las primeras, por ello utilizaremos el término en sentido restringido para referir a la policía.

³ La baja autonomía de la policía respecto del poder político ha tenido al menos dos razones. Por un lado, la relación institucional que deben mantener las policías con los gobernadores dada su dependencia respecto de los poderes ejecutivos establecida por las respectivas constituciones provinciales. Por otro lado, la intervención recurrente de las fuerzas policiales en las disputas por el poder entre las distintas facciones políticas.

⁴ La estructura orgánica de las policías provinciales se encuentra divida en departamentos identificados con un número que indica su importancia dentro de la fuerza: D1 es Departamento Personal, D2 Departamento de Informaciones Policiales, D3 Departamento Operaciones, D4 Departamento Logística, D5 Departamento Judicial. Los DIP tienen un antecedente en las Divisiones de Orden Político surgidas dentro de la fuerza en la década de 1930bajo el gobierno de Justo.

5 El domingo 6 de febrero de 2003 fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres jóvenes en un monte ubicado en La Dársena, una localidad del departamento Banda, ubicado en el noreste de Santiago del Estero. Leyla Bshier, de 22 años, había desaparecido el 16 de enero. Veintiún días después sólo reaparecieron sus huesos y cabellos. Patricia Villalba, de 25 años, había sido secuestrada, torturada y asesinada apenas unas horas antes del hallazgo de su cuerpo. El rumor que pronto se instaló entre los santiagueños señalaba que Leyla habría fallecido en una fiesta en la que participaron "hijos del poder" y altos funcionarios del Juarismo. Y que Patricia, habría tomado conocimiento de las circunstancias de la muerte de Leyla, habría sido asesinada para encubrirlo.

6 Para un análisis de esta protesta consultar Saltalamacchia y Silveti (2009).

7 De acuerdo a Tiscornia (2008) se trata de un hecho singular que condensa y muestra un conjunto de prácticas violentas que quedan invisibilizadas como efecto de un complejo proceso de legitimación armado sobre saberes policiales, sobre normas jurídicas, sobre costumbres institucionales. Esa transparencia permite que un caso singular adquiera la capacidad de constituirse en un conjunto problemático que contiene en sí a todos los casos del mismo tipo.

8 Sain (2008) describe este pacto consistente en el encubrimiento político y protección a jefes y cuadros policiales corruptos o vinculados con actividades delictivas, a cambio de "prestación de servicios políticos informales" de la policía como el espionaje y tareas de inteligencia o el hostigamiento y el ejercicio de presión sobre opositores y adversarios.

9 Como la organización "Madres del dolor" y la "Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional".

10 En 1999, cuando el juarismo fue reelecto con el 52 por ciento de los votos, el 65 por ciento de las denuncias recibidas por la Secretaría involucraba a la policía y el 23 por ciento al poder judicial/poder ejecutivo, entre otras instituciones estatales. En el mismo sentido el "Informe Santiago", publicado en octubre de 2003 por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, puso de relieve la existencia de espionaje, persecución, torturas, detenciones ilegales, realizada por la policía provincial contra miembros de organizaciones sociales y partidos políticos durante los gobiernos juaristas de la postdictadura.

11 La justicia provincial y federal ordenaron el 5 y 6 de marzo de 2004 el allanamiento del edificio del DIP tras los pedidos de habeas data que fueron presentados por particulares y por referentes de la Asamblea para los Derechos Humanos, respectivamente. En las dependencias del DIP fueron encontradas dos computadoras y veinte armarios que archivaban entre 30 y 40 mil carpetas con informes ambientales, escuchas telefónicas, recortes de prensa, fotografías de funcionarios, jueces, periodistas, dirigentes políticos, sindicales y de organizaciones sociales, profesionales, estudiantes, obispos y sacerdotes, entre otros.

12 El PJ juarista estaba estructurado en cuatro ramas masculinas (Juventud Peronista, Generación Intermedia, Rama Gremial, Rama Política) y una rama femenina.

13 Para un estudio de los orígenes del peronismo santiagueño consultar Martínez, Ana Teresa (2008).

14 Fue creada por el Gobernador justicialista Francisco González.

15 Solicitada firmada por Ramiro López Bustos, candidato en 1973 a gobernador del Movimiento Integración y Desarrollo (MID) y referente provincial de Perón. Diario El Liberal, 15/11/1973.

16 No desconocemos la existencia de otros partidos, como Tres Banderas (TB) y la Corriente Renovadora (CR), que desafiaron al PJ juarista en las elecciones generales de 1983 en el caso del primero, y de 1987 y 1991 en el caso del segundo. Sin embargo, estos partidos fueron desprendimientos del Juarismo y sus referentes, Robin Zaieck (TB) y Cesar Iturre (CR), se desempeñaron ambos como Ministro de Gobierno en el segundo y tercer mandato, respectivamente.

17 El caudal de votos del Juarismo fue creciendo en cada elección. En los comicios del 14 de mayo 1995, con el sublema Cruzada Santiagueña consiguió el 34 por ciento de los votos, en los comicios del 22 de agosto de 1999 el PJ con el nombre Frente Justicialista obtuvo el 52 por ciento de los votos que trepó al 68 por ciento en las elecciones del 15 de septiembre de 2002. Cabe destacar que en el periodo que nos ocupa el Juarismo reformó la Constitución Provincial en el año 1997. Entre otros aspectos, introducía la reelección del Gobernador y del Vicegobernador y reformas en la ley electoral que contribuyeron a constituir al PJ juarista en un partido predominante. Establecía un sistema combinado de distrito único con circunscripciones para la distribución de bancas legislativas. Así, la provincia conforma un circuito único en el primer turno electoral, la primera fuerza obtenía dos tercios de las bancas y el tercio restante era asignado por sistema D'Hondt. En cambio, en las elecciones para renovar mandatos la provincia era dividida en seis circunscripciones, cinco de las cuales elegían cuatro diputados, tres para la mayoría y uno para la minoría, mientras que en la circunscripción restante, cinco bancas eran para la mayoría y tres para la minoría. Nos referimos a las elecciones de Diputado Provinciales del 26 de octubre de 1997, donde el PJ obtuvo el 51 por ciento de los votos y a las del 14 de octubre de 2001 donde obtuvo el 53 por ciento.

18 Nos referimos al Comisario Antonio Musa Azar y el Mayor Jorge D'Amico.

19 Nos referimos al por entonces diputado provincial Carlos Díaz.

20 Como el vicegobernador Darío Moreno (Jefe político de la Rama Política del PJ juarista), el Subsecretario de Informaciones Antonio Musa Azar, al diputado provincial Carlos

21 "Pololo" Anahuate (máximos referentes del juarismo y jefe político de la Juventud Peronista). Moreno, Musa Azar y Anahuate fueron posteriormente procesados y detenidos junto al primer juez de la causa, Mario Castillo Solá, y el Defensor del Pueblo Gilberto Perduca, el Jefe de Policía, tres agentes policiales del DIP entre otros, por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento agravado.

22 La Justicia Federal ordenó en 2007 la acumulación de todas las causas por violaciones a los derechos humanos. Quedaron constituidas cuatro megacausas. Se agruparon, por un lado, los crímenes cometidos en el periodo constitucional 1973-1976 y, por otro lado, los crímenes ocurridos durante la dictadura militar. A su vez, cada período fue subdividido en los casos de desapariciones forzadas de personas y los casos de secuestros y torturas que no se hayan constituido en la desaparición posterior. Juárez fue procesado en el marco de la megacausa que investiga 14 desapariciones ocurridas durante su tercer mandato, como "presunto autor mediato del delito de privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado de Emilio Alberto Abdala". El caso de Abdala permitió el procesamiento del exgobernador. En enero de 2008, el juez federal Guillermo Molinari consideró a Juárez como "autor intelectual de apremios y torturas" y "jefe de una asociación ilícita" que provocó la desaparición de al menos catorce personas, entre los años 1973 y 1975. Finalmente, en julio de 2010, fue desprocesado porque una pericia médica lo declaró inimputable por senilidad.

23 La acusación fue presentada por el cobro de 505 mil pesos de una jubilación incompatible con el ejercicio de la función pública.

24 Se trata del justicialista José Oscar Figueroa.

²⁵ Un antecedente de militarización y subordinación de las policías provinciales a las Fuerzas Armadas fue el plan Conmoción Interna del Estado (CONINTES) de marzo de 1960.

²⁶ Artículo 175° del Reglamento de la Ley Orgánica 4793 de la Policía de Santiago del Estero.

Conformada por las Unidades Regionales, Comisarias y Subcomisarías de Santiago del Estero.

Entrevista con Suboficial Gómez, julio 2010.

El informe Nunca Más elaborado por la CONADEP identificó como centros clandestinos de detención los D-2 de las policías de Córdoba, Mendoza, Misiones, San Juan, Jujuy y Santiago del Estero. En la actualidad está siendo investigada la participación del D-2 en actividades represivas durante la dictadura en el marco de los juicios contra los represores que se están desarrollando en las provincias de Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero.

³⁰ Como efectos de la implementación de la Ley de Defensa Nacional 23554 (1988), la Ley de Seguridad Interior 24059 (1992) y la Ley de Inteligencia Nacional (2001).

³¹ Las policías de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, a partir de la segunda mitad de la década del noventa, afrontaron una serie de reformas institucionales vinculadas al gobierno y control de las policías; las instancias de participación ciudadana en el diseño de la actividad policial; la organización de las policías en razón de su especializa-ción, centralización o descentralización; y los elementos del perfil profesional.

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (2004), Informe Santiago (p. 11).

Gaztañaga (2008) también ha trabajado las acepciones de la noción de trabajo político entre los militantes del justicialismo entrerriano. Desde su perspectiva dicha noción "aparece asociada al trabajo militante, es decir, al quehacer proselitista cuyo objetivo último es conseguir el voto a favor de un partido o fracción partidaria en el caso de una elección interna" Gaztañaga (2008: 136).

En la tradición peronista mientras que las mujeres tendrían una predisposición "natural" a la ayuda social, los hombres están destinados a la discusión y la gestión política. Si bien esta representación estructuró al PJ juarista, tal como lo refleja la separación del espacio femenino -la RF- de los masculinos, asignándole una nítida orientación asistencialista, las dirigentes tuvieron un alto perfil político. Para un estudio profundo sobre la Rama Femenina santiagueña, consultar Godoy (2010).

El espacio femenino estaba representando en la Rama Femenina. Los hombres jóvenes participaban a través de la Juventud Peronista (JP) o de la Generación Intermedia (GI). Los funcionarios y dirigentes partidarios de trayectoria y los dirigentes sindicales de la CGT estaban representados en la Rama Política y Rama Sindical, respectivamente.

El Informe Santiago vincula el acceso al empleo en el Poder Judicial con la mediación de la diputada Cristina Flores, una encumbrada dirigente de la RF (p. 12-13). En ese mismo sentido, una entrevistada manifestó que Flores "se aseguró el piso con Tribunales, tenía secretarías, tenía jueces, secretarias, pro-secretarias y empleadas de tribunales". Otro caso paradigmático estuvo dado por el Consejo de Educación, el que fue intervenido en 1997 hasta2004 cuando fue normalizado por disposición de la última Intervención Federal. "Al desaparecer las Juntas de Calificación y Clasificación constituida por docentes elegidos por los docentes y ser reemplazados por personas seleccionadas por el Ejecutivo, se hace factible un manejo discrecional de las designaciones" (ElLiberal23/01/1997).

Ver nota al pie N° 5.

Declaración en la etapa de indagatorias en el proceso judicial por el Doble crimen de la Dársena. Los dirigentes a los que se refirió eran los diputados provinciales Carlos Segiesnowicz (dirigente de la Rama Sindical), Carlos Salido (Rama Política), Basualdo, Escobar Correa e Inserra Espeche (Generación Intermedia) y el diputado nacional Domingo Pinto Bruchmann. Página/12, 25/11/2003.

Su trabajo político lo posicionó como candidato para diferentes cargos electivos: fue concejal en 1995, diputado provincial en 1999 y ocupó el tercer lugar en la lista de candidatos a diputado nacional en abril de 2003.

⁴⁰ El Reglamento de la Ley 4794 de Generalidades para el Personal Policial establece que el ingreso del personal está supeditado a la aprobación de los cursos de capacitación dictados en la Escuela de Policía. Para el ingreso al personal de Comando, se debe aprobar el curso que tendrá una duración mínima de 2 años (art. 18°). Para ingresar al personal de servicios se debe aprobar los cursos que para cada escalafón determine la Dirección de la Escuela Lorenzo Lugones (art. 33°).

⁴¹ En el año 2004, policías, ex militantes de la JP denunciaron haber recibido "presiones por parte de Anauate que, valiéndose del cargo que ostentaba, exigía a cada uno una suma de dinero que oscilaba entre 70 y 100 pesos todos los meses bajo amenaza de ser trasladado a lugares inhóspitos". El Diputado fue procesado por el delito de extorsión (Página/12, 18/11/2006).

⁴² A modo de ejemplo se puede señalar el atentado contra el diputado nacional Figueroa, donde alrededor de 500 hombres de la JP rodearon su domicilio particular ubicado en la zona céntrica de la ciudad capital, a cinco cuadras de lajefatura de policía, sin que la policía provincial interviniera pese al llamado de auxilio del diputado. Un oficial retirado de la policía provincial declaró durante el juicio que investigó el ataque a la casa de Figueroa que habrían participado del operativo el diputado nacional Pinto Bruchmann, los diputados provinciales Salido y Anahuate, el Susecretario de Seguridad D'Amico y el Susecretario de Informaciones Musa Azar, siendo éste último quien habría ordenado al Jefe de Policía Tomás Lescano liberar la zona. Cabe destacar respecto de los diputados mencionados que Anahuate señaló que solían realizar nombramientos dentro de la policía.

⁴³ El diputado provincial Anahuate, máximo dirigente de la JP, fue sindicado como integrante de una organización delictiva dedicada a escuchas ilegales, extorsión, robos de automotores en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Rosario, robo de animales exóticos y abigeato, narcotráfico, que habría estado integrada además por el juez del fuero provincial Mario Castillo Solá y cuyo jefe habría sido el Subsecretario de Informaciones, Musa Azar. Auto de procesamiento de la causa judicial por el Crimen de la Dársena.

El archivo del DIP no es de acceso público. Se encuentra bajo custodia de Gendarmería Nacional debido a que algunos de sus legajos han sido elementos de prueba en el marco de dos causas judiciales: espionaje ilegal seguida contra los Juárez (ya concluida) y la llamada Megacausa en el marco de la cual se realizaron los juicios contra los responsables de la represión ilegal en la provincia. Otros tipos de informe son los informes departamentales que se componen de "panoramas diarios", partes enviados por las dependencias policiales que conforman la "cadena de información" sobre las llamadas actividades subversivas, asuntos políticos, gremiales, estudiantiles, y de recortes de prensa escrita sobre actividades de partidos políticos, gremios, asociaciones profesionales y organizaciones sociales relevada por la Sala de Explotación de Prensa. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) es un ejemplo de organización considerada subversiva. "Informe reservado. Una investigación sobre los servicios de inteligencia de la provincia" (Suplemento "El Liberal Investiga" N° 1, 19/05/2000).

"Tanto la subsecretaría como el D-2 se apoyan en una red de informantes a los que la subsecretaría paga un sueldo y que abarca todos los ámbitos de la administración pública y de la sociedad: hay docentes, empleados del IPVU, de Defensa Civil, de la Secretaría de la Gobernación y hasta periodistas (...) sus sueldos según fuentes cercanas a este organismo, oscilan entre 500, 1000, 1500 y 2000 pesos de acuerdo a la jerarquía y de la información que se pueda aportar". "Informe reservado. Una investigación sobre los servicios de inteligencia de la provincia" (Suplemento "El Liberal Investiga" N° 1, 19/05/2000).

Los agentes entrevistados identificaron altos funcionarios de distintos estamentos del Estado (jueces, ministros, diputados); empleados públicos; dirigentes, referentes y militantes de las redes partidarias; dirigentes gremiales.

Los únicos distritos donde no se registraron protestas son la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Santiago del Estero.

"Que una de las provincias castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el cambio provoca", Horacio Vertbisky, "El antídoto" en Página/12, 15-1-2015.

Disponible en www.presidencia.gob.ar.

"En los casos de la reforma policial bonaerense y mendocina, las expectativas que generaron las reformas policiales pronto cayeron en saco roto. La imposibilidad de mostrar resultados tangibles de la efectividad de la reforma policial en el corto plazo contribuyó a generar un estado de opinión pública que pareció acompañar su congelamiento hacia el año 1999 en Buenos Aires, y a algunos cambios institucionales en Mendoza, como el nombramiento de un comisario al frente de la conducción de la policía provincial. Esto fue seguido por amenazas de insubordinación y chantaje de los sectores policiales afectados por los cambios. Si bien en un principio fue posible alcanzar ciertos resultados favorables en la segunda etapa de la reforma bonaerense de 2004, la existencia de un discurso contrarreformista que tiene más recursos para reunir bases de apoyo, permite reunir una coalición de intereses más exitosa para revertir el proceso reformista en ambos casos" (Kobilansky 2011:14).

⁵¹ "El 29 de diciembre de 2009, en el Congreso de la Nación se presentan diez propuestas orientadas sobre tres ejes: fuerzas de seguridad, poder judicial y política penitenciaria. Se había logrado un gran acuerdo multisectorial del que sólo estaban ausentes el Partido Propuesta Republicana (PRO) y partidos o alianzas de la derecha tradicional. Además de los principales referentes de partidos políticos y de organizaciones sociales y gremiales, adhirieron y asistieron al acto un número ponderable de investigadores sociales y decanos de facultades de las universidades públicas" (Tiscornia 2013:17).

 

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42. Fuentes consultadas
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45. Documentos oficiales
46. "Principales puntos que deben tener en cuenta los señores Jefes de Unidades Regionales, Comisarías y Sub-comisarías, referente al enlace de información con del Departamento de Informaciones Policiales (D-2)". Documento interno del D2 "Directivas para las Unidades Regionales, Comisarías y Sub-comisarías", s/f.
47. Ley de Inteligencia Nacional 25520, Boletín Oficial de la Nación, 06-12-2001.
48. Ley Orgánica de la Policía de la provincia de Santiago del Estero 4793, Boletín Oficial de Santiago del Estero, noviembre, 2004.
49. Reglamento de la Ley 4794 de Generalidades para el Personal Policial de Santiago del Estero, 1979.
50. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (2004), Informe Santiago. Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero (2003), Informe sobre Derechos Humanos en Santiago del Estero.