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On-line version ISSN 1851-9601

Postdata vol.23 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires June 2018

 

Reseñas

LOS “DIÁLOGOS CIUDADANOS”. CHILE ANTE EL GIRO DELIBERATIVO

Francisco Soto y Yanina Welp, LOM ediciones, Santiago, 2017, 222 páginas.

 

El reconocimiento y la puesta en práctica de la participación de la ciudadanía en los espacios públicos es cada vez mayor y las experiencias a lo largo del mundo muestran un abanico de posibilidades. Esto quiere decir que las personas, lejos de desinteresarse por las cuestiones públicas que marcan su cotidiano vivir, demandan mayores y mejores espacios y mecanismos a través de los cuáles puedan asumir un rol de actoría; sin embargo, las instituciones clásicas, en muchos casos, parecen no estar en la misma sintonía y se cierran a los problemas de “la gente común”. En un contexto tal, las fórmulas de cambio constitucional controladas por pequeños grupos decisores y/o intelectuales dejan de ser llamativas ante los ojos de estas sociedades cada vez más inquietas, incluso si se trata de asegurar la idoneidad máxima de las personas encargadas. En definitiva, la legitimidad de los sistemas políticos y sus outputs está cambiando de origen.

Chile, no exento a esta situación, ha venido mostrando síntomas de crisis política que cada vez son más evidentes: disminución de participación electoral, incremento de protestas y pérdida de legitimidad de actores tradicionales como los partidos políticos. Asimismo, y en sincronía con los fenómenos a escala global, el país ha empezado a coquetear con mecanismos de democracia directa (MDD) como una posible solución a dichos problemas. Como resultado, entre 2015 y 2017 se llevó a cabo un proceso inédito para la historia chilena que no solamente pasaba por la modificación del texto constitucional sino empezaba la discusión y el debate, es decir la formación de la agenda, a partir de la población misma a través de los denominados “diálogos ciudadanos”.

Estos hechos abren la puerta para que Francisco Soto y Yanina Welp se dediquen a buscar “argumentos tanto sobre la importancia de incorporar mecanismos de participación ciudadana (…) como sobre los riesgos que los mismos conllevan” (33) y se permitan “situar los ‘diálogos ciudadanos’ en perspectiva comparada” (38). En siete capítulos y a partir del delineamiento de tres hipótesis –que van en torno a la necesidad de adopción de mecanismos de participación ciudadana, la insuficiencia de los mismos que se expresan mediante el voto, y la recolección de experiencias que generan distintas formas de involucramiento ciudadano– los autores analizan los primeros pasos de un proceso con un (todavía) incierto futuro, pero que desde ya da mucho de qué hablar/estudiar.

El libro dedica el penúltimo capítulo a describir a profundidad los “diálogos ciudadanos” llevados a cabo en Chile; antes de eso, en los cinco primeros capítulos, los autores dibujan el escenario más grande donde se podría insertar la reflexión de dicho proceso. En ese sentido, en los capítulos 1 y 2 se dedican a reseñar sobre las dos líneas de investigación en las que insertan su trabajo, mecanismos participativos y procesos de cambio constitucional, respectivamente. El trabajo realizado en el primero de ellos podría considerarse de corte histórico con la reseña de la evolución de los mecanismos de democracia directa (MDD) desde el excepcional caso suizo hasta las heterogéneas experiencias latinoamericanas. En el segundo capítulo, por su parte, el repaso se basa en casos concretos como lo son las transiciones de España, Brasil, Chile, y Polonia y los procesos de cambio constitucional que se llevaron a cabo tras o durante la transición democrática.

Estos dos primeros capítulos empiezan a situar el debate teórico y empírico de dos agendas de investigación generalmente separadas con el objetivo de juntarlas; así, y esta vez centrado solamente en el caso chileno, el libro describe la relación entre participación política y cambio constitucional en la experiencia de los años ochenta. A través de un recorrido por el sistema chileno, incluso previo a 1980, se observa que el referendo o el voto programático “no han tenido cabida en Chile a lo largo de su historia constitucional” (91) y más bien el sufragio y su ampliación han sido la base de legitimidad para el sistema político; al mismo tiempo que se evidencia que el reconocimiento de otras formas de participación directa a través de organizaciones sociales (territoriales y funcionales) fue un hecho en 1971 aunque también, entre otras cosas, sirvió para la justificación del golpe militar en 1973. Finalmente, los autores describen el recorrido que ha tenido el debate constitucional dentro del sistema político chileno hasta la actualidad, donde se topan con el proceso actual caracterizado, a diferencia de las reformas o los intentos de cambio previos, por su “dimensión fundacional” donde se busca “articular una nueva constitución que represente y satisfaga las nuevas demandas de la sociedad chilena contemporánea” (104).

Una vez identificada la ruta por la que (al parecer) Chile seguirá el camino –la Asamblea Constituyente (AC)– el libro se dedica, en los capítulos 4 y 5, a analizar este mecanismo a partir de una comparación amplia sobre la AC en Latinoamérica y otra más concreta en seis casos con énfasis en el papel de la participación ciudadana, respectivamente. Las conclusiones generales más relevantes versan sobre la centralidad de los tribunales superiores de justicia para validar los procesos y de los referendos para legitimarlos; la presencia de dos tipos de procesos: la Constituyente como control político de la ciudadanía o como hegemonía política; la fuerza de la presión social para promover el cambio constitucional aunque, eventualmente, también la necesidad de la aceptación de las élites políticas dada la falta de regulación sobre la iniciativa de la ciudadanía para empezar estos procesos; y la no correspondencia automática entre AC y participación o deliberación ciudadana, para lo que “se necesita de un diseño desplegado a lo largo de todo el proceso y que brinde a los nuevos actores mecanismos concretos para la deliberación, incorporados al debate un espacio que trascienda la dinámica de acuerdos y desacuerdos de la élite política” (163).

Una vez descrito el paisaje amplio, los autores se dedican a describir en profundidad el proceso chileno. Tras una breve reconstrucción del diseño, los autores dan cuenta, de manera general, de cuatro pasos: el encuentro; las bases ciudadanas como resultado del primero, el envío de un proyecto de reforma constitucional; y un proyecto de Constitución a ser debatido durante la siguiente administración y legislatura. El encuentro denominado diálogos ciudadanos contó con diversas etapas pensadas para la recolección de la mayor cantidad de aportaciones de ciudadanos chilenos dentro y fuera del país: los Encuentros Locales auto-convocados (ELA), los Cabildos Provinciales, y los Cabildos Regionales, más la posibilidad de participación digital, formaron la etapa de debate colectivo y terminaron registrando un total de 209.826 participantes y 98.854 actas o formularios.

Los actores involucrados en este proceso, más allá de la ciudadanía que contaba con un rol estelar, pueden juntarse en cinco grupos: Gobierno (con la Secretaría General de la Presidencia el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, y el Ministerio del Interior), Consejo de Observadores, Facilitadores, Comité de Sistematización, y otros actores sociales como partidos políticos, ONGs, o Iglesia; cada uno de éstos contaba con un rol específico dentro de todo el proceso. Gracias a este diseño, el Consejo de Observadores concluyó unánimemente que el proceso se desarrolló de forma transparente, participativa, inclusiva, y sin sesgo político. Aunque cabe resaltar que los autores reconocen con acierto que el “aporte más sustancial (…) se medirá a la larga” (190) ya que solamente con tiempo se verá si se produce un “giro deliberativo” en Chile o si todo queda como una experiencia más.

Para finalizar Soto y Welp proponen una hoja de ruta enfocándose en cómo promover el cambio constitucional, en la justificación de una AC como la mejor opción, y en la propuesta de mecanismos participativos para el proceso y de los que debieran ser incluidos en el nuevo marco constitucional. Como conclusión última queda el aporte de los diálogos ciudadanos antes tantos y semejantes pendientes.

 

Julio Ascarrunz

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