La negociación

Desde tiempos inmemoriales las unidades políticas conviven rodeadas entre si, allí interactúan y comparten experiencias. A partir de esta relación y dependiendo las circunstancias históricas, estas pueden convertirse en grandes aliadas o en potenciales enemigas (Corbacho 2011). Cuando un conflicto emerge, aquellos que detentan posiciones de poder deben optar por recurrir al empleo de alguno o todos los recursos a su disposición para alcanzar su resolución. Generalmente, la primera instancia está atravesada por un proceso de negociación. Si bien esta opción exacerba la vía pacifica y de dialogo, no necesariamente esta fase se agota en el intercambio reciproco de las palabras, sino que también involucra percepciones. Esta singular condición significa que el actor que tenemos en frente conozca, o al menos perciba, nuestras capacidades de poder para enfrentar el conflicto en el caso de que este escale. Siguiendo esta linea de pensamiento, quien argu mente que en esta etapa el factor militar está ausente no solo significa que desconoce la naturaleza del conflicto, sino que también evidenciaría no entender su función para el Estado. En esta opción el instrumento militar contribuye a materializar los objetivos de la política, puesto que representa el reaseguro diplomático de la política exterior y, a su vez, constituye la base de la autonomía que se detenta.

Nelson Jobin, ex Ministro de Defensa de Brasil, argumentaba que “tener hoy una buena defensa es tener la capacidad de decir que no cuando tienes la necesidad de decir que no”². En efecto, Brasil -a diferencia de Argentina- ha tenido una conducción más inteligente y menos errática en materia de defensa. En esa misma línea, en la administración Lula se ha materializado un conjunto de medidas orientadas a abastecer al Estado de un instrumento militar acorde al estatus que pretendía ejercer en el siste ma internacional (Bartolomé 2009). Estas iniciativas, no solo favorecen a mejorar la situación de la seguridad nacional, sino que también contribu yen a moldear el comportamiento de los Estados al momento de negociar, puesto que generan percepciones sobre el resto de las unidades políticas que interactúan.

La Escuela Superior de Guerra (1998) nos recuerda que en la etapa de la negociación los estados pueden optar por ejecutar ejercicios de persua sión o diversión. El primero involucra la transacción, el convencimiento y la creación de intereses comunes; el segundo implica el arbitraje, la media ción y la búsqueda de alianzas. Esta primera forma de concebir un curso de acción en la política exterior obliga a los líderes políticos a enfrentarse constantemente a decisiones que deben tomar para superar aquellas ame nazas que se presenten y mejorar las condiciones de seguridad del Estado tanto en el plano exterior como en la esfera doméstica.

Por su parte, si queremos ilustrar un caso en el historial reciente de nuestro país que atravesó un proceso de negociación signado por la persua sión y luego por la diversión podemos recordar el denominado “Conflicto de las papeleras” entre Argentina y Uruguay. En este caso, dicho conflicto tuvo su génesis en el año 2002 luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciara el proyecto de Montevideo de construir dos plantas papeleras sobre las orillas del Río Uruguay. Ello despertó un des contento generalizado que se tradujo en denuncias de grupos ecologistas y de los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú por el posible impacto ambiental que generarían las plantas³. A medida que se fueron consolidan do las posiciones del litigio, el Estado lo interpretó como una cuestión socialmente problematizada (Oszlak y O’Donnell 1982) y, en efecto, in gresó a la agenda del gobierno. En ese sentido, la cancillería argentina respondió solicitándole explicaciones a Uruguay sobre los efectos ambien tales que generarían las papeleras en las costas y ciudades ribereñas, aun que tales intentos por frenar el propósito de Montevideo no tuvieron efec to. Las obras comenzaron en abril de 2005 y la Argentina le notificó a Uruguay que las mismas violaban el Estatuto del río Uruguay⁴. Con todo, el proceso de persuasión fracasó luego de que el entonces presidente Néstor Kirchner le solicitó a su par uruguayo, Tabaré Vázquez, que suspendiera las obras por 90 días hasta llegar a un acuerdo. Como contrapartida, Vázquez respondió exigiendo el levantamiento de los cortes en las rutas que comu nicaba a ambos Estados que, a su juicio, violaba el principio de la libre circulación.

En noviembre del año 2006 el conflicto se complejizó luego de que Montevideo decidió otorgarle una mayor visibilidad a su poder duro. Como acto de provocación, Uruguay desplegó tropas y envió militares a custodiar la obra de la compañía finlandesa Botnia. Esta orden fue dada expresa mente por el presidente Vázquez, quien dispuso la movilización de 60 efectivos del Regimiento de Infantería N° 9 con asiento en Fray Bentos. Por su parte, la Armada tomó posiciones en la terminal portuaria de Botnia⁵. Asimismo, siguiendo una lógica de decisiones preventivas, el pre sidente uruguayo proyectó la posibilidad de escalar el litigio hacia un conflicto armado⁶. En un encuentro con periodistas en el año 2011, Vázquez hizo referencia al conflicto y sostuvo: “Me reuní con los tres comandantes en jefe y les planteé el escenario, y me dijeron: ‘Bueno, podemos hacer una lucha de guerrilla’”. En aquella reunión, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea uruguaya agregó: “Tenemos cinco aviones y combustible para 24 horas; si salen nuestros cinco aviones no vuelve ninguno”⁷. Incluso se llega ron a hacer gestiones con el gobierno norteamericano de George W. Bush en busca de apoyo externo (Fernández 2011).

A su vez, según se afirma en la investigación de Andrés Alsina en su libro Frente a Frente, como respuesta el presidente Néstor Kirchner -sin desco nocer el análisis de situación proporcionado por la Secretaría de Inteligencia (SI) - ordenó que una unidad de Ingenieros del Ejército argentino se desplegara en Entre Ríos con el objetivo de presionar a Uruguay. La maniobra fue acompañada con ejercicios militares que se llevaron a cabo en la II Briga da Blindada “General Justo José de Urquiza” con asiento en la ciudad de Paraná (Alsina 2016). Asimismo, al siguiente mes, ambientalistas argenti nos y sectores de las ciudades fronterizas con Uruguay cortaron por prime ra vez y de manera indefinida los tres puentes que unía a ambos países⁸.

Finalmente, ambos estados buscaron medios para evitar la escalada del conflicto y apelaron al artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay para re solver el litigio mediante el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El fallo arbitral y vinculante de la Corte por el denominado “Conflicto de las papeleras” el 20 de abril de 2010 representó un típico caso de resolución de conflicto por la vía de la negociación en el marco de la persuasión y luego de la diversión.

La experiencia del conflicto con Uruguay nos demuestra que, incluso cuando los estados adopten una vocación pacífica y su opción estratégica básica sea la negociación y el dialogo como formas de resolución de conflictos; el eventual despliegue y contribución del instrumento militar adecuadamente equipado y moderno no es un recurso incompatible de la política exterior. Por el contrario, la defensa representa una herramienta vital a disposición del poder político para generar el reaseguro de sus inte reses buscando, a su vez, mejorar sus posiciones relativas del escenario re gional o mundial⁹.

Como punto final, cabe destacar que negociar también implica conce der y, en este aspecto, los estados deben tener en claro qué es lo que están dispuestos a ceder. De lo contrario, el intercambio de palabras se limitaría a un proceso en el cual las partes se sientan a manifestar sus posiciones sin dejar grandes márgenes de posibilidades para su resolución. Asimismo, es importante destacar que no todos los estados responden de igual manera y en el mismo grado ante un conflicto. Ello varía en función de la personalidad de los actores¹⁰ y su jerarquía en el sistema internacional. Es por ello que aquellos estados que cuentan con grandes márgenes de maniobra y capacidades de poder pueden eludir la posibilidad de negociar o bien de jar poco margen a tal proceso con el fin dañar de manera consistente a quienes vulneren el orden internacional establecido.

Por todo lo expuesto, sin renunciar a la negociación, los actores involucrados deben prepararse para la posibilidad del fracaso y proyectar eventuales procedimientos coercitivos que los preparen para enfrentar una posible escalada del conflicto.

La compulsión

Cuando la dimensión diplomática de la política exterior de un Estado fracasa luego de haber agotado los recursos de un determinado proceso de negociación, se puede apelar a materializar el reaseguro del Estado: la De fensa Nacional. Sin embargo, escalar el conflicto demanda una estrategia diferente cuyo empleo de medios se ajuste a la opción estratégica de la compulsión. En esa línea, se buscan acciones concretas que contribuyan a generar las oportunidades necesarias para maximizar la preeminencia de los intereses propios, ganando márgenes de maniobra y reduciendo las posibilidades de acción del adversario con el fin de forzarlo a desestimar su voluntad de avanzar en el conflicto. Al mismo tiempo, en esta opción el instrumento militar no solo contribuye, sino que apoya a alcanzar los objetivos fijados por la política. Sin embargo, el uso de la fuerza aún sigue siendo eventual y se desarrolla en función de la gravedad del conflicto. En otros términos, aunque se acepta el riesgo de la crisis, se descarta la inten sión explícita de llegar a un conflicto armado. En sintonía con esta apreciación, existen múltiples acciones que pueden ejecutarse en el marco de la coacción, esta incluye la intimidación y la erosión -entendida como el proceso de desgaste- del adversario.

Al respecto, podemos ejercer determinados recursos de presión, medi das económicas o acciones coercitivas que frecuentemente están combina das (Feinstein y Slaughter 2004). Entre el abanico de medios disponibles, se pueden ejecutar maniobras tales como perjudicar o detener el comercio de un producto vital que pueda proveer de apoyo de los flujos económicos del Estado. Si se logra afectar con suficiente fuerza los principales ingresos de una nación es posible que esta pierda su balance y, a su vez, afecte indirectamente a su área de defensa, esto es, su instrumento militar, su tren de abastecimiento y su logística. Al mismo tiempo, otras acciones coercitivas pueden ser las sanciones o los embargos para bloquear transfe rencias de armas, tecnologías o insumos esenciales que contribuyan a la supervivencia del Estado.

En paralelo con la marcha de las maniobras anteriormente mencionadas, debemos considerar un eventual despliegue del instrumento militar a partir de operaciones de demostración de fuerza. Esto supone pensar en lo que Morgenthau (1986) reconoce como “políticas de prestigio”, un importante recurso que cuentan los Estados para exhibir cierta reputación sobre adversario que tenemos en frente. Su finalidad -a partir de medios tales como un desfile o el despliegue de determinadas capacidades militares- consiste en demostrar o simular ante otras unidades la capacidad que se detenta para hacer valer los intereses propios. Asimismo, tales acciones pueden estar acompañadas de un proceso de “diplomacia armada” (Escuela Superior de Guerra 1998), la misma consiste en una eventual movilización de las Fuerzas Armadas que visibilice la voluntad de ejercer poder, de defender los intereses y, al mismo tiempo, buscando intimidar la voluntad del adversario. En otros términos, se exhibe una profundización del conflicto mediante un escenario de “paz armada” en el cual se posicionan a las FFAA en áreas vitales a las que no se llegaría a tiempo si fuesen recién enviadas una vez iniciadas las hostilidades.

En este aspecto, los ejercicios anteriormente citados pueden influir psicológicamente sobre el adversario en tanto y en cuanto sus capacidades y márgenes de maniobra no sean superiores a las propias, en este caso, existen posibilidades de disuadirlo¹¹. Sin embargo, si tales acciones se ejecutan sobre un actor con similares o superiores capacidades de poder, la profundización del conflicto daría como resultado la emergencia de una carrera armamentística autogenerada. En ese caso, la movilización del ins trumento militar será interpretada como una amenaza que marque la an tesala de la decisión de ir a la guerra.

Ahora bien, siguiendo criterios semejantes a los ya expuestos, es importante resaltar que este estadio suele estar inmiscuido en un contexto de lo que Battaglino (2008) denomina “paz negativa”, en el cual el escenario no involucra un conflicto armado declarado pero el uso de la fuerza es una alternativa viable. En otros términos, no se excluye la posibilidad de mante ner hipótesis de conflictos latentes y una eventual preparación para la guerra.

Con todo, la decisión de escalar a la compulsión obliga a los estados a plantearse si tienen la voluntad de recurrir al uso de la fuerza en caso de que sea necesario, un debate aún ausente en la Argentina. Pues a pesar de que la defensa y la política exterior son complementarias, a nivel “Gran estrategia” tales áreas se encuentras desvinculadas. Ello se pudo ver refleja do con mayor nitidez en el sexenio 2009-2015 a partir del retorno del camino de la confrontación en los foros internacionales por la cuestión Malvinas.

Aunque mantener una presencia constante en los foros puede ser beneficioso y útil para ganar visibilidad y eventuales apoyos de las unidades políticas, en una escalada de conflicto resulta una empresa incompleta si la misma no viene acompañada de acciones que obliguen a la otra parte a replantear su posición para dialogar a partir de la realidad del poder que ambas naciones tienen (Battaleme 2013). Luego de que la administración Fernández de Kirchner comenzó a denunciar sistemáticamente el movi miento de unidades militares y ejercicios en las Malvinas, se generaron las oportunidades necesarias para que el Reino Unido señalara un agravamiento de las condiciones de seguridad en el Atlántico Sur. Ello “no fue producto de acciones reales sino de una retórica indiscriminada y de medidas tales como cerrar los puertos de la región a navíos con bandera de las Islas Malvinas o a buques de guerra que fueran o provinieran de las islas” (Battaleme 2016: 32).

Conscientes de su jerarquía en la estructura del sistema internacional, de su baja aversión al riesgo y su rol como tomadores de riesgo, los británi cos respondieron ejecutando maniobras de demostración de fuerza contra la Argentina con el fin de generar la percepción y recordarnos que la con centración de su poder militar se encuentra siempre presente en el Atlán tico Sur. Entre los ejercicios militares realizados en Malvinas podemos recordar el despliegue de la fragata HMS Iron Duke con entrenamientos regulares en el uso de su sistema de armas. A este se le suma la moviliza ción del destructor HMS Dauntless cuyos radares pueden registrar infor mación de hasta 250 millas (unos 400 kilómetros) y una carga de 48 misiles Sea Viper¹². Tal sistema de armas puede alcanzar velocidades de Mach 4 a Mach 5 en sólo dos segundos, esto es, cuatro o cinco veces más rápidos que la velocidad del sonido¹³.

Acompañando este escenario Londres añadió, a sus ejercicios de de mostración de fuerza, la imposición de restricciones sobre cualquier licen cia de exportación para aquellos productos de tecnología militar o de uso dual que pueda ser funcional a los fines militares de la Argentina. Ello no solo le imposibilitó al país adquirir repuestos y equipos militares de origen británico, sino que gran parte de las capacidades de mantenimiento de los sistemas de armas quedaron paralizados. Entre estos, podemos mencionar el buque ARA Heroína (D-12), un destructor misilístico multipropósito de la Armada Argentina que desde el año 2012 quedó varado en Puerto Belgrano por la avería de una rueda lenta de origen inglés. Lo mismo ocurrió con muchos aviones Pampa que no pudieron operar durante años por la falta de equipamiento británico y buques de superficie que utilizan turbinas Rolls-Royce¹⁴. Esto no solo tuvo un efecto con Reino Unido sino con aquellos Estados que gozan de un marco de interdependencia militar. Por ejemplo, en el año 2014 la empresa sueca Saab descartó la opción de venta de aviones de combate Gripen en Argentina que se habían planifica do adquirir como resultado de un acuerdo a través de Brasil¹⁵. En este caso, Reino Unido bloqueó cualquier intento de transacción de esta flota a la Argentina porque gran parte de sus componentes habían sido suminis trados por la industria británica¹⁶.

A raíz de lo expuesto, los ejercicios de demostración de fuerza y manio bras militares no son sino un medio que hacen a la opción estratégica de la compulsión. En este caso, con el fin de generar percepciones de poder y obligar a la Argentina a considerar la decisión de desescalar el conflicto mediante una vía que decline la confrontación directa. Si bien es lícito argumentar que la estrategia de “entorpecimiento” de los márgenes de maniobra hacia los británicos en el espacio marítimo sudamericano no es desfavorable a nuestros intereses, la disparidad de poder y capacidades hace que, en un estadio de compulsión, la misma pierda fuerza y quede como una muestra más de la dificultad que posee la Argentina al momen to de enfrentar un conflicto.

En términos de Escudé (1999), las capacidades relativas de poder cons tituyen el elemento fundamental para diferenciar entre aquellos Estados que mandan, obedecen y los que son rebeldes. Esta premisa es una condi ción que resulta vital para actuar sobre el resto de los actores que toman decisiones en el tablero mundial y por extensión, representa la mayor ca pacidad a la que recurren los grandes poderes para ejercer influencia y dominación en el escenario internacional (Anzelini 2013).

Ante dicha ecuación, podemos advertir el motivo por el cual la Argen tina ha decidido, en los últimos años, alejarse del camino de la confronta ción diplomática directa y ha evaluado -sin abandonar el reclamo por la soberanía- posibilidades de acercamiento hacia el Reino Unido como tal es el caso del inicio de actividades conjuntas en la Antártida¹⁷. Aunque mediante la vía de la cooperación no se espera obtener una victoria diplo mática mayor al status quo vigente, se busca lograr algún efecto positivo en la búsqueda de oportunidades que generen un margen mayor de acción a la hora de negociar.

La destrucción

Siguiendo la misma línea de pensamiento del presente artículo, la op ción estratégica de la destrucción tiene lugar cuando la solución del con flicto supone la aceptación de encaminarse hacia a un conflicto bélico. En otros términos, representa un acto violento emanado del poder político con el fin de imponer la voluntad por la fuerza y buscando, a su vez, “dominar” la determinación de lucha del enemigo (Fernández Vega 2004). En este sentido, y haciendo uso de la retórica de Von Clausewitz (2004), la guerra siempre tiende hacia el aniquilamiento, es decir, la supresión del poder material del enemigo. Sumado a esto, también implica que los Esta dos tengan la decisión de aceptar la posibilidad del avasallamiento, en efecto, la destrucción de los elementos humanos sobre los que descansa el poder. Tales acciones -que son intrínsecas con el predominio del instru mento militar- son condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de ejecutar un acto de guerra.

Ahora bien, así como lo establece el Libro Blanco de Defensa de la Re pública Argentina del año 2010 (Ministerio de Defensa Nacional 2010), el mundo se caracteriza por una multiplicidad de variables e intereses involucrados cuya complejidad lleva a la dificultad de alcanzar soluciones integrales. Dicho contexto, atravesado por un ambiente incierto, nos per mite advertir que, a pesar de todos los esfuerzos por disuadir al enemigo, no se puede asegurar que la guerra no estallará. Más aun, “muchas veces la guerra es el resultado de un error de cálculo, o sea de una apreciación dema siado optimista respecto a las reacciones del adversario” (Beaufre 1977: 81).

En este sentido, en lo que refiere al historial bélico reciente de la Repú blica Argentina, el Conflicto del Atlántico Sur no fue sino el resultado de múltiples errores de cálculos estratégicos. Galtieri, en un sesgo engañado por la ilegitimidad del régimen dictatorial y el creciente rechazo popular, se lanzó el 2 de abril de 1982 a la aventura de ejecutar un acto de fuerza en las peores condiciones. La empresa de recuperar por la fuerza la soberanía de los archipiélagos del sur con el fin de influir sobre el Reino Unido para “obligarlo” a negociar estaba destinada a fracasar.

Por su parte, el gobierno argentino optó por desplegar una operación militar buscando que el enemigo responda por la vía de la negociación. Sin embargo, los británicos lo interpretaron inmediatamente como un acto de guerra. Probablemente, la Junta Militar no había analizado correctamente la personalidad del actor que teníamos en frente: un Estado con una larga tradición a resolver conflictos sin apelar a la negociación y con una deter minación fuerte y agresiva tendiente a recurrir al uso de la fuerza cuando percibía sus intereses amenazados.

Encadenado también del supuesto antecesor, la coexistencia dictaduras militares tanto en el país como en la región, junto con el mantenimiento de hipótesis de conflictos sin resolver contribuyó a generar relaciones de desconfianza que se tradujeron en una imagen desfavorable de la Argenti na a la hora de buscar apoyos de las unidades políticas. Asimismo, a una escala de proporción similar, se partió del supuesto de que el bloque co munista apoyaría al país por tratarse de un acto de descolonización, En este caso, el orden mundial bipolar garantizaría el equilibrio de los jugado res de veto en las Naciones Unidas. Sin embargo, el escaso conocimiento que la Comunidad Internacional tenía sobre el conflicto de Malvinas hacia poco probable que la Operación Rosario fuese considerada como un acto de liberación colonial en lugar de una agresión bélica. A ello se suma la frágil situación económica de la República Argentina, que volvía inviable desarrollar un esfuerzo militar prolongado en caso de que estalle una guerra.Con todo, el 3 de abril se aprobó la Resolución 502 del Consejo de Seguridad en donde se llamaba al cese de las hostilidades, al retiro de las FFAA argentinas y el inicio de las negociaciones. Votaron a favor 10 países: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Irlanda, Guyana, Uganda, Jordania, Togo, Zaire¹⁸. En contra solo Panamá y cuatro abstenciones: China, España, Polonia y la URSS¹⁹. Esta situación revela que no hubo veto y, por extensión, se había consumado el primer error de cálculo: ahora la Argen tina aparecería como una “agresora” del conflicto.

Muchos analistas han argumentado que, luego de esta Resolución, Ar gentina tenía la última oportunidad para desescalar el conflicto y retirar sus tropas. Sin embargo, se antepuso la hipótesis de que Estados Unidos apoyaría a la Argentina luego de apelar al TIAR o, al menos, mantendría su neutralidad frente a los actores involucrados (Fraga 1983). Por su parte, el avance de la flota británica hacia el teatro de operaciones terminó por hundir todas las esperanzas de forzar a Gran Bretaña a negociar, por el contrario, se pudo advertir una clara determinación por recurrir al empleo de la fuerza.

Por otra parte, los ejercicios de compulsión contra la Argentina tam bién se hicieron presentes luego de que la Comunidad Económica Euro pea aprobó el bloqueo de las importaciones argentinas, ahogando aún más al factor económico. Del mismo modo, Estados Unidos dio por finalizado sus “buenos oficios”, impulsó sanciones contra nuestro país y desconoció la validez del TIAR. Ello no solo terminó por desmoronar los supuestos de los cuales se partían, sino que también marcaba el inicio de una guerra entre un Estado periférico enfrentándose contra la tercera potencia del mundo apoyada por la primera.

El 2 de mayo de 1982 el hundimiento del Crucero ARA “Gral. Belgrano” y, dos días después, el ataque argentino contra la fragata Sheffield terminó por cercenar todas las posibilidades de una salida negociada. Des de ahora comenzaría la guerra propiamente dicha, “callan los diplomáticos y hablarán las armas” (Fraga 1983). Asimismo, ante la ausencia de un contexto internacional favorable y la falta de capacidades militares para enfrentar al enemigo, se fueron de agotando todas esperanzas de rechazar el desembarco y posterior avance de las fuerzas británicas. Si bien Argenti na tenía ataques aéreos exitosos, eran insuficientes para dominar tal espa cio. Ello se debió al retiro precipitado de la Armada, la falta de adecuada información de inteligencia y la ausencia de plataformas aéreas que nos proporcionen mayores márgenes de autonomía en el aire. Por el contrario, Reino Unido mantuvo su iniciativa gracias a sus portaaviones apostados a una distancia conveniente de las islas, los que fueron vitales para otorgarles la ventaja durante la guerra.

Para concluir, podemos advertir que la finalización de todo conflicto armado marca el inicio de un estadio de paz que, si bien desde una mirada liberal es el término de todas hostilidades (Kant 1985), desde una pers pectiva realista no es más que el establecimiento de un determinado orden de dominación que el vencedor le impone al vencido. En otros términos, mientras que en la paz se establece un orden generalmente aceptado, la opción estratégica de la destrucción implica el cuestionamiento de dicho orden por la fuerza. En nuestro caso, la derrota del Conflicto del Atlántico terminó por cercenar cualquier esperanza argentina de recuperar las islas al corto plazo y, a su vez, contribuyó a consolidar las posiciones militares del Reino Unido en las Malvinas quienes, en la actualidad, siguen conservan do su hipótesis de conflicto con la Argentina. Asimismo “en el campo militar y de manera directa, el Reino Unido continua en su lógica de mantener una fuerza disuasoria que cumpla con el rol de denegación de espacio y anti-acceso a los efectos de evitar una sorpresa estratégica simi lar a la de 1982” (Battaleme 2013: 8). Por otra parte, la pérdida de capacidades militares y el abandono que las Fuerzas Armadas sufrieron a partir del retorno de la democracia llevó a que la Argentina y el Reino Unido mantengan una disparidad de poder tan exponencial que se res tringieron a la mínima expresión los márgenes de oportunidades para volver a pensar en una nueva iniciativa armada por parte de nuestro país. Asimismo, reclamar únicamente desde el derecho internacional en Na ciones Unidas -en donde los británicos gozan de poder de veto- se vuelve una iniciativa incoherente, pues es esperar que una unidad políti ca con grandes márgenes de autonomía y poder se siente a negociar con un Estado periférico.

Conclusión

A lo largo del desarrollo que antecede a la presente conclusión hemos expuesto las tres opciones estratégicas que pueden ejecutar los Estados al momento de enfrentar un conflicto determinado. La primera de ellas está atravesada por la negociación, que se orienta a resolver un litigio a partir de medios pacíficos y de dialogo cuyos instrumentos están atravesados por la persuasión y la diversión. La segunda es la compulsión que, en efecto, apela a exacerbar acciones coercitivas y eventuales actos de fuerza sobre el adversario mediante ejercicios de intimidación y la erosión. En tercer lu gar, la destrucción, que supone utilizar todos los elementos disponibles del poder nacional para imponer la voluntad por la fuerza, tales acciones, en sintonía con su apreciación, están signados por el aniquilamiento y el avasallamiento del enemigo. Al respeto, la Tabla I refleja de manera esque mática la lógica de las opciones estratégicas en relación con la escala de un conflicto. Asimismo, y en sintonía con lo anterior, las opciones estratégicas tienen como fin el esfuerzo de orientar los medios disponibles con el pro pósito de modificar la conducta del actor que tenemos en frente a la medi da de los intereses propios.

En esa misma línea, otro elemento necesario a destacar es que las opcio nes estratégicas representan un marco analítico para el estudio de la políti ca exterior de los Estados en relación con su política de Defensa Nacional. Es por ello que las mismas “constituyen las opciones básicas de la estrate gia general y son lo primero que esta estrategia debe definir para resolver un conflicto presente o futuro” (Escuela Superior de Guerra 1998: 15). Asimismo, tanto la negociación como la compulsión y la destrucción no son mutuamente excluyentes, es decir, las mismas no se presentan en esta dos puros. A modo de ejemplo, podemos advertir que durante el Conflicto del Atlántico Sur si bien se estaba ejecutando una contienda bélica en el terreno militar, también se aplicó la compulsión al mismo tiempo que, en el campo diplomático, las negociaciones continuaron su curso desde los foros internacionales.

Asimismo, los casos que hemos abordado para los estudios de cada opción nos permiten comprender cómo el instrumento militar es un re curso vital para salvaguardar los intereses de los Estados, garantizando su seguridad e influyendo sobre la percepción de las demás unidades políti cas. Para el caso del “Conflicto de las papeleras” tanto Argentina como

Uruguay ejecutaron medidas de persuasión que fracasaron y, si bien se apeló al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia, el rol de los militares no fue una alternativa ausente. Asimismo, durante el escenario de militarización del Atlántico Sur, en la administración Fernández de Kirchner, la Argentina pudo percibir a través de maniobras de demostración de fuerza, que los británicos siguen concentrando su poder militar en Malvinas. En esa lógica, podemos advertir que, luego de la guerra, Reino Unido siguió manteniendo su hipótesis de conflicto con la República Argentina. Ello se debe a que continúa existiendo una preocupación real de los ingleses ante la posibilidad de que Argentina complemente sus acciones diplomáticas con el factor mili tar. En ese caso, como argumenta ^Battaleme (2013), se generarían presiones ante la posibilidad de empezar a entrar de manera activa en la zona de exclu sión que, si bien seria vista como un acto de provocación, los impulsaría a pensar en una respuesta más adecuada para hacer valer la línea divisoria que no es considerada legitima por la República Argentina.

Finalmente, para el caso de la destrucción, pudimos reconocer que el Conflicto del Atlántico Sur escaló a partir de numerosos errores de cálculos y una mirada equívoca de la personalidad del enemigo. Ciertamente, en el contexto de la discusión es necesario reconocer que, con el pleno conoci miento de los hechos actuales, es fácil dilucidar cuáles fueron los errores y desaciertos cometidos en la guerra de Malvinas. Sin embargo, ante una determinada situación estratégica, con múltiples actores influyendo sobre el proceso de toma de decisiones, encontrar el cálculo estratégico más ade cuado no es una tarea fácil para los estadistas. Es por ello que la elaboración de una estrategia definida siempre demandará de la visión y confluencia interdisciplinaria de múltiples profesionales.

Como punto final, es necesario reconocer que el presente trabajo de reflexión se fundamentó sobre la base de conflictos de naturaleza interestatal. En relación con ello, un lector relativamente familiarizado con los temas de defensa podría argumentar que en el siglo XXI el campo de la seguridad internacional no se limita únicamente a los actores estatales. Por el contra rio, y como argumenta Eissa (2015) dependiendo el caso de que se trate, se pueden involucrar actores sociales, organizaciones no gubernamentales trasnacionales e internacionales, como así también actores de terceros paí ses. Sin embargo, dado que el objetivo del artículo fue reflejar la importan cia del instrumento militar como un factor vital para el Estado concatenado con la política exterior y, a su vez, reconocer cómo fue la personalidad de la República Argentina al enfrentarse a distintos conflictos a lo largo de su historia reciente, el abordaje de tales estudios fue desestimado por exceder los límites del presente trabajo.

TABLA I Esquema de la escala de un conflicto. Fuente: Elaboración propia.